Si bien deberían tener la principal exposición ya que de hecho cruzaron la frontera, (aparentemente sin darse cuenta), fueron apresados por carabineros de Chile, son procesados ahora por el Ministerio Público y además han sido nombrados héroes nacionales en Bolivia; en realidad juegan un rol bastante secundario.

El más reciente enfrentamiento entre los gobiernos de Chile y Bolivia ha mostrado que son muchos los estigmas, los resentimientos y sin duda los cálculos políticos que aún prevalecen en ambos países.Lamentable, para dos países que comparten no sólo una frontera sino también una cultura milenaria.

La cultura aymara desarrollada cuando no estaban las fronteras entre Bolivia, Perú y Chile que pone énfasis en la colaboración, el reconocimiento de diferencias y sobretodo el amor por la tierra. Pero bueno, al parecer estamos muy lejos de lo ancestral y muy cerca de lo terrenal.

Los soldados se negaron (como era de esperar) a una solución anticipada que los dejara en libertad pero sin declararlos inocentes. De hecho, ahora alojados en la casa de un diputado esperan el juicio. En paralelo, aparecen los otros actores que llevan el tono del debate: los gobiernos o mejor dicho los Presidentes de ambos países.

Este conflicto le viene bien al Presidente de Bolivia, que además ha confirmado su interés por una nueva reelección.

Es un conflicto que presenta a uno de los países más pobres de América Latina conflictuado, maltratado y ridiculizado por uno de los países más ricos de la región.

Las imágenes no son detalles en este reality y el Presidente Morales las ha manejado a la perfección,dejando en claro que Bolivia es una vez más víctima, de un vecino poco amistoso.

Hasta ese momento, es muy probable que la mayoría de gobiernos que enfrentan situaciones similares (prácticamente todos) reconocieran como un error la judicialización de un problema que podría haber sido tratado con mucho más celeridad y menos prensa,pero Morales ha cruzado algunos límites, en su discurso, que no se permiten incluso en el reality regional.

Los adjetivos utilizados para denostar al Presidente Piñera son inaceptables y nos regresan al pasado. Las declaraciones personalizadas se salieron del libreto y por ende es posible que por un rato Morales será castigado por la audiencia. Pero el discurso nacionalista tiene sus resultados al interior de los países, lo que auspicia una retórica encendida. Sobretodo si el juicio termina diciendo que los soldados entraron a Chile sin darse cuenta.

Pero para los debates, como para el tango, se requieren dos.

En el otro ángulo de la cámara está el Presidente Piñera, cuyas declaraciones también le pueden haber generado beneficios políticos momentáneos. Pero los beneficios son más personales que nacionales, ya que Chile es muy posible que esté quedando como el amigo molesto del colegio, aquel que siempre demuestra su poder y capacidad económica, aquel que habla desde una posición de cierta superioridad. De ser así, en el reparto de libretos el gobierno de Chile ha logrado quedarse con el menos empático.

Todos sabemos que al final logra sintonía pero es retirado rápidamente de los escenarios.

¿Y los precandidatos presidenciales? En general, han guardado silencio para no quedar pegados a los problemas que traerá esta anécdota. Por que no hay que confundirse, el arresto de los soldados no es un punto de inflexión en la relación entre los dos países, ni cambiará las estrategias de lucha contra el contrabando, ni acercará una salida al mar para Bolivia.

Sin embargo, en este escenario los presidenciables tienen la oportunidad de hablar de la integración latinoamericana, de los beneficios de la relación positiva y privilegiada con los vecinos y sin duda de los mejores mecanismos para luchar contra el narcotráfico y el contrabando.

Y claro la pregunta que queda es, ¿si los soldados son considerados inocentes, decidirán denunciar al Estado Chileno?

La segunda temporada de este reality esperemos no se confirme. Nos hace daño a todos andar buscando problemas en vez de soluciones a los grandes desafíos que todos compartimos.

Chile por su parte respondió que el apego a la ley es lo primero y que los tres soldados (todos menores de 20 años) que portaban fusiles entraron a territorio nacional sin permiso y por ende deben seguir el proceso legal correspondiente.

Así, lo que podría haber sido una anécdota de una relación compleja entre dos países se ha convertido en un hecho clave para la retórica boliviana que refuerza la sensación internacional que Chile es un país conflictivo.

¿Por qué no se expulsó rápidamente a los militares, se mostró la sorpresa por el hecho y se dio vuelta a la página?

La única explicación que queda abierta es que exista evidencia que los tres soldados son parte de una asociación ilícita vinculada al narcotráfico, al contrabando de autos o algún otro hecho delictivo. Porque claramente con fusiles no estaban tramando una intervención militar de proporciones. De ser así, la evidencia debería haberse mostrado con rapidez para resolver un problema que más que legal es estratégico.

El Presidente Morales ha puesto con claridad el tema del acceso al mar como uno de los pilares de su gobierno. Este objetivo se vincula con una retórica inflamada contra Chile, las intervenciones históricas y los hechos del presente.

Chile de forma estratégica debería continuar con su interés por conversar con el país vecino, abriendo las puertas para un mayor desarrollo y oportunidades para todos en la región. Ese es su mejor escenario, demostrando preocupación y apoyo para la generación de oportunidades de colaboración regional, dejando de mostrarse como el vecino más fuerte y mejor armado, y principalmente tomando decisiones claras sobre detalles que pueden abrir espacios de conflicto.

En este punto entra la situación de los jóvenes soldados bolivianos. El realismo en política a veces es un buen consejero y por ende ya esto debería ser un tema pasado, una anécdota preocupante pero no medular.

La experiencia ha demostrado que las mejores relaciones vecinales solo traen beneficios para todos, en este caso no será una excepción. Chile puede dar una solución rápida demostrando que no hay problema y que todo lo que queda por avanzar es vía cooperación y desarrollo. De otra forma es muy posible que quede empantanado en un proceso con muy pocas vías de solución aparentes.

La letra chica del proceso esta aún por descifrarse. No hay mucha claridad sobre lo que implica el rol de acompañante en un proceso que tendrá turbulencias y posiblemente larga duración.  Más allá de los detalles que deberán ser aclarados, la invitación que hace el gobierno colombiano debe ser entendida en Chile como un reconocimiento de su liderazgo regional.

En política internacional los equilibrios son siempre el mejor escenario. Es por esto tal vez que se buscó un país que está lejos de apoyar el proceso revolucionario o las reivindicaciones iniciales de las fuerzas guerrilleras colombianas.

Muy por el contrario, Chile ha demostrado su distancia frente a estas acciones no sólo en el actual gobierno de centro derecha sino que a lo largo de las dos décadas de gobierno concertacionista.

La negociación por la paz, es una conversación entre dos que requieren llegar a acuerdos donde las declaraciones insultantes, la creatividad en la reflexión y la falta de información no tienen cabida.  Chile tiene la oportunidad de mostrar al mundo que más allá de sus declaraciones internas, puede levantarse a la altura de un hecho histórico para aportar en la solución de un conflicto que desangra a un país hermano.

Venezuela, en medio de un escenario electoral  complejo, jugará su rol de acompañante de formas posiblemente variantes. Ya salieron los anuncios del candidato Capriles diciendo que si gana no aceptará guerrilleros en su territorio. Así, es posible que su participación se politice y genere algunas fricciones en el camino.

Chile debe mostrar su liderazgo haciendo lo contrario. Mostrando que la convicción de la paz está presente en todos los sectores políticos y que en ningún caso se apelará a esta participación para tratar de generar ganancias electorales.

El proceso será largo y tendrá retrocesos  esporádicos. Eso es lo único claro y evidente. Las expectativas deben ser mesuradas y las posibilidades de un cese al fuego completo, una desmovilización total y el ingreso de las FARC a la arena electoral no pueden estar en la agenda del corto o incluso mediano plazo.

Sin embargo, el Presidente Santos ha demostrado con certeza que como en la mayoría de casos similares en el mundo, terminar con la violencia no se logra con enfrentamiento y violencia.  Ha mostrado que el camino de la conversación y la negociación es importante incluso cuando uno enfrenta un ejército que se logra rearmar constantemente.

Santos ha reconocido que la fuerza de los acuerdos podrían permitir que Colombia siga en su ruta de crecimiento económico y desarrollo de políticas sociales. El Presidente ha puesto en claro que para luchar contra la injusticia, la desigualdad y la pobreza se debe terminar con el conflicto.

Acompañar este proceso podrá generar en la élite política chilena una reflexión sobre estos últimos puntos, que bien vendrían para mirar hacia adentro y definir cuales son los mejores mecanismos para integrar, validar, reconocer y construir un país integrador.

Así, la invitación de Colombia no sólo permitirá reconocer el liderazgo regional y las fortalezas institucionales de Chile en América Latina, tal vez aún más importante permitirá que Chile reconozca que los caminos del diálogo son los más productivos cuando se enfrentan procesos de desencuentro nacional.  Las lecciones por tanto pueden ser muy valiosas.

Sin duda, con buena información policial se pueden tomar mejores decisiones para combatir y prevenir el delito.

En este sentido las denuncias, los decomisos y las detenciones son indicadores que no sirven necesariamente para evaluar el trabajo sino más bien para caracterizar la situación en un determinado territorio.

¿O alguien piensa que una comisaria con más detenidos es más eficiente?Espero que no, de ser así el incentivo para la detención sería demasiado evidente y perderíamos todos los beneficios de contar con un buen sistema de información.

Lo mismo con las denuncias que desincentivadas pueden generar todo tipo de estrategias para disminuir la intención ciudadana a realizarla.

Carabineros de Chile cuenta con un sistema de información reconocido en América Latina como profesional y serio. Esto mucho antes de la llegada de los asesores norteamericanos y la puesta en escena de sus datos en la web. Desde hace bastante tiempo que las mismas fuentes policiales han reconocido que se requieren de indicadores más serios y complejos para analizar la situación de inseguridad y la efectividad de la labor policial.

Es por esto que al menos sorprende que los datos que se han publicado por el nuevo STAD se basen exactamente en uno de estos indicadores: las denuncias.

Miro las fichas y encuentro que un comisario tuvo una disminución en la última semana de 57% de los robos con violencia, y de 44% en los últimos 28 días. Ya parece análisis de la bolsa donde las subidas y bajadas son explicadas por definiciones de un mercado cada vez más invisible.

Pero, ¿realmente es posible adjudicarle a este comisario los resultados expuestos? No lo creo, y los datos no parecen tener relación con el aumento del 29% y 22% de los robos en lugar no habitado en los mismos periodos. ¿Esta información podría decirnos algo? No mucho, salvo que hay una expectativa que publicándolos se logrará una mayor efectividad policial.

Adicionalmente se suman los datos comunales de victimización los cuales marcan una referencia pero para el análisis del comisario aportan poco. En este caso en la comuna de Providencia la victimización aumentó y alcanzó al 35.1% de los hogares en el 2011.

En la búsqueda de transparencia y revisión de efectividad sería clave que el gobierno incluya al menos tres datos. La cantidad de efectivos que trabajan en esta comisaria, la infraestructura de vehículos con la que cuenta y la importancia de los programas locales de seguridad.

Comparar efectividad policial en comisarias mal equipadas, con limitada dotación y poca colaboración del municipio con aquellas que se encuentran en circunstancias totalmente diferentes no sólo es poco serio sino también injusto para los Carabineros que ahí trabajan.

Incluir estos datos no debe tomar mucho tiempo y ciertamente alertaría a ciudadanos y vecinos sobre la (in)justa distribución de los recursos policiales y la efectividad de la colaboración a nivel local.

La transparencia en datos policiales es un camino sin retorno. Si realmente estamos hablando de interés en la mejor y mayor efectividad policial revisar los datos es un imperativo.

Revisar las descripciones de las comisarias que en algunos casos ayudan en procesos de estigmatización territorial, una urgencia.

Incluir información de la presencia policial, una necesidad para tener claro que no estamos frente a una estrategia de marketing gubernamental sino frente a una nueva forma de entender las acciones de seguridad ciudadana.

De este total no más del 10% son consumidores problemáticos, representando 27 millones de personas en todo el mundo. Como se dijo previamente los números no han variado significativamente, el problema de las drogas revisado en detalle podría ser un tema de política pública que finalmente afecta a muchos menos personas que la pobreza, la marginalidad, la exclusión o incluso la mala calidad educativa.

¿Por qué entonces dedicamos tanto presupuesto e interés a un problema que parece no ser tan amplio como se podría analizar inicialmente?

Las explicaciones son múltiples pero la realidad es que la inversión en la guerra contra las drogas ha tenido beneficios poco auspiciosos. Los mercados de consumidores de algún elemento que funcione en términos alucinógenos se extiende cambiando tal vez de gusto pero buscando los mismos incentivos de evasión.

¿No sería entonces mejor preguntarse por qué más de 200 millones de personas consideraron consumir drogas en algún momento del año?

¿Qué nos lleva como sociedades o individuos por esa decisión?

Volvamos a los datos. América Latina es la principal productora de cocaína. La buena noticia es que los países que más demandaban este producto (América del Norte o más claro aún Estados Unidos) han bajado su demanda y consumo.

Esto explicado por el incremento de la presencia de las drogas sintéticas o químicas que como hemos visto en los medios de comunicación masiva tienen consecuencias en sus consumidores profundamente dañinas.

En Colombia en los últimos años el nivel de producción de cocaína ha bajado pero ha sido contrarrestado por un incremento de la producción en Bolivia y Perú.Lamentablemente la demanda de cocaína en Europa no ha decaído y hacía allá estaría el camino de la cocaína peruano-boliviana. Además mercados emergentes se consolidan como el de Australia.

Delante nuestro pasamos de países de tránsito a consumo. Los problemas de salud pública que este cambio implican son profundos y no han sido enfrentados correctamente en la mayoría de los países de la región.Seguimos enfrascados en políticas de decomisos y detenciones dejando de lado las necesarias iniciativas de rehabilitación y sobretodo educación vinculada al consumo y sus consecuencias.

La droga más consumida sigue siendo la marihuana. En la mayoría de casos con fines recreativos y solo tímidamente vinculada con consumo problemático. La poca utilidad de “perseguir plantas” ha quedado en claro en los debates que se han originado en los últimos años. Pero concentrarnos en este tema también invisibiliza las complejidades del problema de la droga. Partiendo por la generación en aumento de una demanda ciudadana cada vez de menor edad que consume todo tipo de medicamentos (una de las drogas más usadas también) así como alcohol y sustancias ilegales.

La información sobre el consumo y tráfico de drogas permite refocalizar el problema, reconocer los avances y desafíos, revisar las acciones que se vienen desarrollando y sobretodo priorizar la acción ciudadana y política.

En Chile el gobierno presenta con entusiasmo la droga decomisada, reconocimiento a la labor policial encargada de estos temas, pero en ningún caso un buen indicador que vamos ganando la guerra al consumo.Por el contrario, mientras más droga se decomisa, es evidente que más droga hay en el mercado y por ende el problema tiende a considerarse como más complejo.

Las drogas merecen un lugar privilegiado en nuestros debates de salud pública, de educación y sin duda de seguridad. Dejarlas relegadas en este último espacio y criminalizar todo lo vinculado con la droga es un camino infructuoso.

Imposible tratar de tapar el sol con un dedo, lo bueno es que los datos, los expertos y hoy en día incluso muchos políticos así lo confirman.

Desarrollo sin inclusión ha sido la principal deuda del proceso de las últimas décadas que trajo de la mano la elección del actual presidente Ollanta Humala que proponía inclusión, equidad y desarrollo con responsabilidad.

Los más pobres del país votaron por el candidato Humala pensando que serían parte de las preocupaciones del gobierno, los más ricos declaraban su fastidio y preocupación frente a propuestas que sonaban izquierdistas.

En poco tiempo las cosas han cambiado mucho. Más allá de las negociaciones políticas, de los múltiples cambios en el gabinete y de las peleas mediáticas entre los diversos actores sociales, la duda principal es si aún queda en el gobierno la preocupación por la inclusión y el desarrollo con responsabilidad.

El proceso de CONGA es un ejemplo excelente para describir el proceso nacional. El gobierno se encontró con un proyecto aprobado y en camino que tiene serios impactos ambientales y sociales.Con una inversión de real importancia y vinculación con múltiples actores nacionales de relevancia. Con una ciudadanía exaltada por décadas de abandono y sensación de explotación por parte de las empresas extractivas. Y por un deterioro de los liderazgos locales marcados por el aprovechamiento, la generación de conflictos y la poca mirada constructiva.

Sin mencionar la corrupción a todo nivel y la nula definición de una estrategia país que piense en desarrollo a largo plazo, descentralización efectiva y especialmente integración de todos en los beneficios del desarrollo.

El Presidente en algún momento habló sobre la dicotomía entre oro y agua ejemplificando la necesidad de inversión pero con cuidado de las comunidades y del medio ambiente.¿Qué hacer? A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, a veces esperar permite avanzar con mejores condiciones, a veces pensar antes de actuar es una buena receta.

Este pareciera ser el caso, por que un mal manejo de esta situación tendrá consecuencias dramáticas en términos de mayor conflictividad social, posible retiro de la inversión privada y en el mediano plazo una paralización de las actividades necesarias y urgentes del gobierno.

El desarrollo del Perú no depende de un proyecto específico pero la forma como el gobierno actúe al respecto mostrará cual son sus prioridades y capacidades de acción.

Lo que está en juego no es un proyecto minero sino un proyecto de país, los líderes nacionales desde todos los espacios deben reconocerlo.

Este era al menos el diagnóstico que se compartía con todos los expertos y centro de estudios durante el gobierno del Presidente Lagos. Los datos de denuncias a la policía no eran suficientes y pasar a una política más efectiva requería la inversión.

En una decisión casi única en América Latina, Chile empezó a realizar de forma permanente una encuesta que más allá de la noticia de victimización, permitiría avanzar en el conocimiento y reacción frente al crimen, las denuncias, la confianza en las instituciones, entre otros múltiples temas.

Todos los cuestionarios y sus modificaciones fueron lentamente consultados y debatidos con múltiples actores. Hay que recordar que la seguridad era un tema de “oposición” y por ende instituciones como Fundación Paz Ciudadana fueron invitados a la mesa de expertos para conversar y especialmente acordar los cambios.

De esta forma podríamos llevar también el debate a los números y resultados en vez de las dudas sobre la idoneidad de las preguntas, las muestras, etc. En este entendido también, fue el INE el considerado más idóneo para realizar la encuesta. Así nació la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).

Es por esto que resulta francamente insólito que el gobierno avise que hoy, jueves santo, saldrán los resultados en la web del INE y que además, sacaron 91 preguntas del cuestionario…¿ Sacaron?

Desde un inicio se asumió que había habido una conversación con los centros de estudio y los expertos para validar este cambio. Al parecer así no ocurrieron las cosas. Interior decidió que algunas preguntas no valían la pena de realizar y las borró. Quiero enfatizar que aún no tenemos claro que preguntas quedaron en el cuestionario, solo se está seguro de lo que aparece hoy en los medios.

¿Será negligencia o falta de entendimiento que estos procesos deben ser compartidos? En cualquier caso, estos cambios (necesarios o no) nos regresan al lodo, a la informalidad, y al discurso de la sospecha. El error está hecho, ojala los especialistas del ministerio del Interior en algún momento expliciten los motivos del cambio y vuelvan a generar espacios de diálogo técnico.

Ahora bien, se cambió el cuestionario pero al parecer se cambiaron dos cosas más.

Primero no se realizó un pretest del nuevo instrumento para ver si relevaba la información que se busca, cosa que en todos los casos anteriores se consideró necesario. Segundo, al parecer tampoco se mantuvo la temporalidad de la toma (en todos los años anteriores entre septiembre y diciembre).

Así, llegamos al dato que debería ser el más importante, según el INE el porcentaje de hogares que ha sido víctima de algún delito fue de 31,1%. Es decir un alza de 2,9 puntos porcentuales respecto del 28,2% del 2010.

Es decir, el dato reconoce un aumento en 126.138 la cantidad de hogares victimizados a nivel nacional, lo que equivale a un incremento de la victimización de 10,3% (datos recién publicados en la web del INE). Analizar los resultados en detalle tomará unos días pero ya en sí mismos lo que aparece hoy no es positivo.

Además el 82% de los entrevistados cree que la delincuencia aumentó el último año y 40% de los chilenos cree que será víctima de un delito durante el año que viene. Noticias nada halagadoras sobre lo que se espera en términos de la efectividad de las medidas implementadas.

Ahora bien, algo bueno se ha hecho en estos años ya que en el periodo 2005 – 2011, explica el INE, la proporción de hogares victimizados muestra una disminución de 7,2 puntos porcentuales.

Ojalá que este análisis se pueda hacer con los expertos en la materia, como corresponde al problema aún considerado más serio por los ciudadanos. Así se podría retomar el camino de la profesionalización, el debate técnico y la confianza en los datos.

De partida ningún ministro de Defensa de los países vecinos ha salido a comentar de los disturbios estudiantiles, de los cambios realizados por el presidente Piñera, su baja aprobación popular, entre otros múltiples temas de actualidad nacional.

Resulta por ende preocupante que el ministro de Defensa en Chile entre en terrenos que podrían ser apropiados para un consultor externo, un especialista o directamente un editorialista de medios.

Si bien los temas de relaciones internacionales están cada vez más vinculados con la Defensa, esto es principalmente por pasos positivos para la consolidación de mecanismos de confianza mutual, participación en misiones de paz e incluso colaboración para temas de desastres naturales u otras necesidades.

La Defensa debe alejarse de la contingencia y mucho más de la apertura de desconfianzas, heridas y grietas que acompañaran las relaciones entre países por múltiples años.

Preocupa aún más la afirmación del Ministro a párrafo seguido de su análisis político regional “tenemos que estar plenamente preparados con nuestra fuerza militar”.

La percepción generalizada de los vecinos (gobiernos y ciudadanos) es que Chile tiene una capacidad bélica sobredimensionada, que nada justifica los gastos en Defensa y que las inequidades geoestratégicas son evidentes.

¿Servirá que el Ministro reitere la condición de ser el mejor armado del barrio? Al contrario, estas declaraciones ponen bencina a un contexto complejo en los países vecinos donde se leen casi como bullying regional.

El ministro Allamand justamente reconociendo que el escenario regional está complicado, que los cambios en los países vecinos no son los mejores y que es representante de un gobierno con bajo apoyo ciudadano y alto reclamo y conflictividad social, debería ser el primero en proponer caminos de conversación, solución y desarrollo ideas de comunidad.

Limitarse en las declaraciones contingentes es un buen primer paso.

Una estrategia importante seria por ejemplo que el tema de la Haya lo resuelvan en el plano de las Cancillerías, que sean los ministros de Relaciones Internacionales los que se pronuncien, con su esperada delicadeza y sutileza diplomática a una solución que dejará disconformes en todos lados.

Entrarle por el lado de la Defensa podría ser el inicio de un debate poco productivo, distanciador y costoso para sociedades como las nuestras, la peruana y la chilena, que día a día estamos más preocupados por la inclusión social, por las inequidades de nuestros aún débiles desarrollos y la mejoría de la calidad de la educación y la salud.

La situación es lamentable, la muerte de cualquier persona es una tragedia que enluta al país.

En el medio de una polarización poco útil donde los discursos altisonantes han marcado la hora, la familia del joven ha demostrado calidad cívica y sin duda altos niveles de responsabilidad.  No ha pasado lo mismo con las instituciones y el mundo político.

La seguridad pública no es cualquier servicio  o bien que entrega el Estado. El monopolio del uso legítimo de la fuerza es una base clave del Estado de Derecho.

Múltiples son los hechos que durante la dictadura militar demuestran la necesidad de fortalecer las capacidades profesionales de la policía pero consolidando el liderazgo civil. Es en este punto donde hay una confusión en nuestro debate.

La policía tiene autonomía profesional para definir las mejores estrategias tácticas a ser utilizadas, la cantidad de personal para ser enviado a una determinada tarea e incluso  los sistemas de evaluación interna.

Pero las decisiones políticas recaen en el gobierno. La forma de cómo se responde, los niveles de fuerza permitidos, las directrices directas de actuación, entre otras deben emanar del Ministerio encargado de la seguridad pública. Para evitar que ante problemas de corte político se diluyan las responsabilidades.

En este caso los errores son múltiples y en algunos casos no tienen excusa.

En primer lugar la institución policial no puede, ni debe comunicar por los medios si creen que tienen o no responsabilidad en el hecho. Al hacerlo deberían tener la autorización explícita del Ministro o Subsecretario para justamente evaluar las consecuencias políticas de dicha declaración.

Si esto no sucedió, es decir si Carabineros decidió sólo comunicar que no tenían vinculación alguna con este caso,  las responsabilidades institucionales son evidentes y se requieren  cambios profundos en la concepción misma de su papel en la generación de comunicación.

Si esto ocurrió, es decir si se consultó al Ministerio del Interior y se dio la aprobación para estas declaraciones se deben buscar responsables claros y consecuencias para una acción que además de totalmente inadecuada es engañosa.

En segundo lugar,  una vez encontrada la declaración de un supuesto involucrado se entrega una información que demuestra serios problemas en el accionar policial en el día de los hechos.

Aparece como preocupante que se explicite que el carabinero involucrado utiliza el arma pública, coloca munición personal, no avisa de su participación y todo eso ocurre sin que nadie más lo vea.

¿Ningún testigo institucional que permita rápidamente identificar que algo pasó?

¿Dónde están los canales de control?

¿Dónde comienzan y terminan las responsabilidades profesionales de orden?

Todas estas interrogantes abren un espacio para las teorías conspirativas que poco beneficio traen a la democracia. Por ende,  las respuestas son urgentes. Sin respuestas no hay liderazgo que merezca mantenerse.

Finalmente,  la ya tradicional respuesta institucional de dar de baja, pasar a retiro o separar a los funcionarios no es suficiente.

En el pasado esta sola acción generaba una sensación de solución que muchas veces no tenia siquiera seguimiento. En el Chile de la disconformidad y de la búsqueda de una mayor participación ciudadana,  el hilo debería dejar de cortarse por lo más delgado y se torna clave la necesidad de respuestas institucionales y políticas a la altura de la tragedia ocurrida.

Es ridículo pensar que cuando un funcionario actúa de forma valerosa y proactiva es un reconocimiento institucional y cuando comete un delito vistiendo uniforme y disparando un arma estatal es un hecho individual.

La política debe estar a la altura de la tragedia también.

El Ministro del Interior es el encargado del orden público y por tanto  tiene una clara responsabilidad sobre los niveles de uso de la fuerza utilizados durante las movilizaciones, los espacios de diálogo abiertos y la altisonancia de muchas de sus declaraciones que trataron de apagar el fuego con bencina.

En este caso pedir su renuncia no es un camino que aporte en mucho. Si es por apremios ilegales, uso de la fuerza y otras actitudes complicadas que se han documentado insistentemente en el sur del país serían muchos los ministros que podrían haber pasados por la misma situación.

Una nueva política en Chile requiere de poner los verdaderos temas en la agenda… sólo algunos urgentes… fin de la justicia militar para los casos policiales, disminución del uso de la fuerza para hechos de orden público que requieren de soluciones políticas,  investigación a fondo de los procedimientos de uso de armas, municiones y operaciones policiales en este tipo de eventos.

Identificación clara y expedita de los niveles de mando en las tareas policiales y directa subordinación en las tareas de comunicación estratégica.

Policía profesional y responsabilidad política son dos elementos claves para tener una estrategia de seguridad ciudadana así como acciones de control del orden público efectivas, eficaces y justas. No hay otro camino alternativo y al parecer en este caso la ciudadanía seguirá persistiendo en castigar a los culpables del homicidio, definir las responsabilidades al interior de la institución y del gobierno.

Los resultados de las encuestas son positivos y el gobierno siente que ha cumplido muchas de las promesas en la temática por lo que la delincuencia dejó de ser centro de la atención. Es cierto que en los últimos años la seguridad no estaba en la parte central del discurso del 21 de mayo pero los gobiernos de la Concertación lograron dejar anuncios relevantes para esta fecha en la materia.

La buena noticia entonces es que al parecer estaríamos mejorando los niveles de seguridad de los ciudadanos. Lo insólito es que mientras esto ocurre, aumenta la intolerancia en la calle. Las manifestaciones de los últimos días, los desencuentros al interior del parlamento, la violencia contra los manifestantes y la compleja respuesta ciudadana marcan un escenario de alta frustración y conflictividad.

La ciudadanía está agotada pero eso no justifica violencia contra funcionarios públicos. La policía debe mantener el orden público pero las bombas lacrimógenas no son herramienta de dialogo. El gobierno y la oposición viven en un enfrentamiento propio de un país donde la gobernabilidad se podría poner en duda en cualquier momento. Hostilidad política pasajera que responde a la crisis propia de la oposición en articular una propuesta y un liderazgo renovador y a una coalición de gobierno que aparece permanente frustrada en su capacidad de comunicar efectivamente sus objetivos y resultados.

El conflicto bien manejado es generador de cambio. Utilizado políticamente, aumentado con fines electorales y potenciado por agendas personales es muy peligroso ya que inicia procesos con destino desconocido.

Los problemas de inseguridad en el país no son solo vinculados a la delincuencia. A fines de los años 90s lo afirmaba un informe del PNUD donde se evidenció que los chilenos se sienten inseguros frente a una vida que es cada vez más precaria, más vulnerable, menos integradora y menos solidaria. El verdadero problema de la frustración y el conflicto emergen hoy con fuerza y deben ser abordados con responsabilidad desde todos los frentes de acción para evitar que sea la violencia la única alternativa de respuesta.

Paradójico pero cierto… Baja el delito pero la sensación de conflictividad, de violencia y de desorden quedó en la percepción ciudadana como uno de los principales hechos del 21 de Mayo.

Las noticias son buenas pero no invisibilizan profundos problemas vinculados al uso cada vez más cotidiano de la violencia para resolver todo tipo de conflictos, la concentración de la victimización en espacios territoriales y sociales específicos y la relativa inoperancia del sistema carcelario y el SENAME para interrumpir carreras criminales.

En este contexto el gobierno del Presidente Piñera está desarrollando iniciativas interesantes como la reformulación del sistema carcelario reconociendo la crisis del sistema y los limitados logros de la experiencia de concesiones en la materia. La presencia de un sostenido apoyo político por parte del Ministro del Interior a los programas y políticas de seguridad ciudadana. Y la formulación de programas que reconocen la necesidad de invertir en programas contra las adicciones por parte de CONACE así como de aumentar la permanencia escolar en el Ministerio de Educación.

Ahora bien, quedan algunas preguntas también sobre dos programas específicos que si bien han tenido amplia cobertura mediática no se conocen sus resultados de corto plazo así como la prospectiva en su implementación.

En primer lugar el programa Barrio en Paz definido por el ejecutivo como un programa de prevención con presencia policial que al parecer se está desarrollando en diversos lugares del país con resultados aún desconocidos. Es cierto que más de dos décadas de iniciativas comunitarias en prevención del delito mostraron las serias dificultades para su implementación, la coordinación con los gobiernos locales y la cuantificación de su impacto.

¿Cuál es la prospectiva de Barrio en Paz? Además de intervenciones específicas, ¿Se cuenta ya con un diseño integral que permita enfrentar el problema es su complejidad? ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales en esta iniciativa? Luego de los resultados de las últimas encuestas aparece además la interrogante si se está redefiniendo este programa para una focalización en las zonas más vulnerables del país donde la victimización es más alta.

En segundo lugar la concentración del trabajo policial en la presencia callejera y las incautaciones de drogas parece tener resultados semanales con importantes niveles de arrestos y decomisos. Pero ¿qué trae este proceso? No queda claro si estas acciones, si bien efectistas, aumentan la calidad del trabajo policial para enfrentar la delincuencia o profesionalizan a los funcionarios policiales en estrategias de investigación y prevención eficientes y efectivas en el largo plazo.

Ad portas del 21 de Mayo , se espera que el discurso presidencial reconozca la necesidad de incorporar nuevos desafíos a la agenda de seguridad ciudadana. Desafíos vinculados con la calidad de las acciones y la intervención temprana para evitar el inicio de posibles carreras criminales. La inequidad es más evidente hoy en la distribución de la inseguridad en el país, se espera que este elemento sea reconocido y enfrentado con rapidez. La concentración del trabajo policial en los barrios más vulnerables sin que esto implique mayores controles de identidad, intervenciones y arrestos, sino trabajo comunitario y verdadera prevención para la cual se requiere de una activa y permanente participación de los municipios.

Así, los desafíos siguen siendo importantes. Rescatando la seguridad ciudadana como política social clave para asegurar crecimiento con equidad, descansando en las capacidades del Estado para aumentar alternativas para una población vulnerable y mostrando resultados en los programas en implementación.