Muchos han puesto el acento en su nuevo reconocimiento de no haber actuado oportunamente para poner atajo a ese tipo de prácticas. No es lo que quiero resaltar. Más importante me parece haber colocado la lucha contra la corrupción, el saneamiento de las instituciones y la  modernización del Estado en el centro de la actividad del Gobierno.

Para los que asistimos al acto quedó claro que los espesos muros de la Moneda no impidieron que una gobernante atenta y celosa en el cumplimiento del servicio público, oyera el clamor ciudadano. Recordé cuando siendo joven, escuché al General De Gaulle afirmar frente a una multitud en Argelia que clamaba por la independencia: “he escuchado y he entendido”, y cuando Ricardo Lagos ante los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial, afirmara otro tanto ante sus partidarios desconcertados de no haber obtenido el triunfo.

Ayer en la Moneda tuve la certeza que M. Bachelet comunicó a todos los chilenos que había escuchado y había entendido la inquietud y los anhelos de la gente.

Frente al nuevo escenario, M. Bachelet no se ha dejado obnubilar por el inmovilismo y la inercia. Ella se ha puesto a la cabeza de una gran tarea. Todavía resuenan en los oídos de mi generación aquellas hermosas palabras: “…la humanidad ha dicho basta y ha echado a andar”.

Efectivamente, hoy en varios países la gente – que está mejor informada – ha dicho basta a  la corrupción, sobre todo después de las irresponsables conductas de empresarios y banqueros que contribuyeron a desatar la crisis financiera del 2008. En Brasil ha salido a las calles, en México están aprobando un conjunto de reformas legales en favor de la probidad, Hillary Clinton ha comenzado su campaña presidencial denunciando la indebida influencia del poder económico en la política, España está conmovida por los escándalos y en Portugal hay un ex Primer Ministro procesado, al igual que el ex Presidente de Francia  N. Sarkozy y el Vicepresidente de Argentina. Para no hablar de la batahola que por décadas ha sacudido al banco del Vaticano y que ha llevado al actual Papa ha introducir cambios profundos.

Como me decía el otro día la responsable del organismo que vela por la transparencia en Canadá, corrupción hay en todos los países, lo importante es saberla detectar a tiempo, denunciar a los responsables, hacer claridad sobre los hechos y sancionar los delitos que se cometen, y si es necesario hacer los cambios legales necesarios para prevenir nuevas irregularidades.

A eso nos ha convocado la Presidenta. Con decisión ha señalado una ruta, y humildemente ha pedido nuestro apoyo. El aplauso de los asistentes reveló que su solicitud fue bien recibida por todos. Ahora, hay que poner manos a la obra para que Chile supere este clima de recelo y desconfianza y podamos mirar con la frente en alto el futuro. No podemos permitir que la corrupción se vuelva sistema, ni que las instituciones sean capturadas por los poderes fácticos o el crimen organizado o que las malas prácticas se vuelvan algo habitual y tolerado.

El 2009 M. Bachelet promulgó la ley 20.285 sobre transparencia de la información pública y creó el Consejo para la Transparencia. En esa ocasión ella dijo que el Estado debía ser transparente como una pecera.

Hoy Chile ocupa un lugar de excelencia en los indicadores de la iniciativa sobre “gobierno abierto”, que permite el control y la participación de los ciudadanos.  La metáfora de la pecera debe extenderse a toda la sociedad: al sector privado y a la sociedad civil. No debe haber barreras al conocimiento ni zonas de opacidad, que favorecen los abusos de poder de cualquier naturaleza.

Pero no cabe duda que entre PENTA y UDI había (o hay) una visión compartida de la sociedad.PENTA no financiaba ni siquiera a los candidatos de RN. Más bien los enfrentaba apoyando a sus competidores en el sistema binominal.

¿Cómo explicar, en cambio,  la “generosidad” de SQM que destinaba millones de dólares a la política?

SQM aparece más ligada a lo que va quedando del “pinochetismo”, al lado amable de la obra del régimen militar, eso que muchos llaman – nuevamente en forma esquemática y con cierto eufemismo de sacristía – “el modelo”. Así lo revelan sus controladores y la composición de su directorio. No es tampoco un grupo económico “neutral”.

Surge, entonces, una gran interrogante,¿por qué SQM financiaba las campañas de algunos candidatos de la Nueva Mayoría y algunos centros de pensamiento progresistas? ¿Acaso tenían un ideario político compartido? Ciertamente no. ¿Cuál era el cálculo o la intención de SQM?

¿Acomodarse a las nuevas circunstancias políticas, favorecer las querellas y divisiones dentro del progresismo o influir en sus decisiones? ¿ Que todo cambiara para que todo siguiera igual, siguiendo al personaje del Gatopardo?

Se podrá argumentar que muchos grupos económicos o grandes empresas ayudan a candidatos de diversos partidos. Pero la gran diferencia es que ellos no son tan militantes de una postura política extrema como SQM. Son simplemente empresarios, cada cual con su propia historia. Y en el caso de SQM la historia cuenta. Los símbolos tienen importancia. ¡Quién desconoce que J. Ponce fue durante  un cierto tiempo, yerno de A. Pinochet, gracias a lo cual hizo su fortuna!

Es normal que al momento de hacer un aporte no haya necesariamente una comunidad de visiones entre  el empresario que dona y el candidato   que recibe el aporte, pero cuando uno de ellos se coloca en una posición extrema, como ocurre con SQM, resulta más difícil argumentar que la relación sea normal.

¿Qué puede haber llevado a SQM a tocar las puertas del progresismo y a algunos de sus representantes a abrirlas tan fácilmente? ¿Por qué esa empresa fue tan dadivosa repartiendo dinero – comprando estudios justificados o no – a tantos sectores diversos, y sobre todo a quienes hacen de su pluma o de la tribuna que ocupan un arma de combate contra lo que creen sus directores y gerentes? ¿Eran verdaderamente necesarios esos trabajos  para el  giro de SQM?

Me refiero incluso a los aportes que se pudieron haber hecho legalmente a las candidaturas del progresismo. Mi reparo es político, antes que jurídico. Me golpeó un letrero que vi el otro día en la marcha de los estudiantes: “Derechistas e izquierdistas, financiados por los fascistas”. Puede ser exagerado, pero revela el malestar de los jóvenes frente a situaciones inexplicables. Sobre todo cuando los beneficiados pertenecen a los sectores que proclaman a todos los vientos sus críticas radicales al “modelo”.

¿Es políticamente neutro el dinero? Depende, en cada caso, del monto de los aportes y de la diversidad de las fuentes. Pero si, además del tema simbólico de vincularse con el ex yerno de Pinochet, la relación con SQM era desproporcionada o muy relevante, entonces las dudas se acrecientan. No basta con afirmar que “hay que cerrar los ojos” al momento de buscar el financiamiento de la política; por el contrario, en un terreno tan riesgoso como el que media entre el poder económico y el sistema político, hay que estar siempre atentos para evitar conflictos de intereses reales o aparentes. 

Estos días he recordado la obra de Dürrenmatt “La visita de la vieja dama”, en que la millonaria protagonista vuelve a Güllen su pueblo natal, para cumplir un acto de venganza comprando la conciencia de sus menesterosos y ambiciosos habitantes; el clásico drama queda expresado en la conocida frase: “El mundo me convirtió en una puta y ahora yo convertiré el mundo en un burdel» («Die Welt machte mich zu einer Hure, nun mache ich sie zu einem Bordell», en su versión original.

O tal vez – como en el conocido poema de Quevedo – el dinero también servirá esta vez para purificar la deshonra.

Quien la práctica no se fija en los medios. Le importa sólo el objetivo, obnubilado por el resplandor de lo que promete mayor felicidad. Etimológicamente, en su origen latino, el término “corrupción” remite a la idea de “romper o hacer pedazos”. Lo que se quebrantan son las reglas del buen comportamiento, de la probidad, trasgrediendo normas legales y éticas, porque el atajo que ella ofrece, supone despojarse de  las virtudes públicas.

La corrupción implica un riesgo. Si permanece oculta, inadvertida o tolerada, quien la práctica obtiene un premio, pero si es descubierto, sufre un castigo. Como todo riesgo basado en la suerte, produce una cierta adrenalina. El encanto está en la recompensa y también en la apuesta que desafía a la fortuna.

He recordado la clásica película de Buñuel “El discreto encanto de la burguesía”, con que obtuvo el Oscar en 1972. La historia es simple: un grupo de burgueses invitados a cenar donde una pareja de amigos, al no encontrar al dueño de casa, buscan un restaurante donde poder comer y departir con tranquilidad.

Ese grupo está rodeado del encanto de una cierta forma tranquila de disfrutar la vida, sin mayores sobresaltos. Pero Buñuel se encarga de introducir una serie de elementos propios del surrealismo, que perturban el idílico cuadro de los comensales, sacando a la luz los meandros desconcertantes sobre los que se funda la vida burguesa.

La reunión entre este selecto grupo de amigos se verá interrumpida por eventos extraordinarios, algunos reales y otros producto de su imaginación. La alternancia entre lo real y lo onírico produce giros inesperados en la trama, en la que intervienen militares, un obispo, policías, guerrilleros y campesinos,  frustrando los intentos de los protagonistas  por sentarse a comer y gozar del encanto de ser burgueses.

Hay una escena sugerente, los protagonistas terminan defecando en común y comiendo cada uno en un baño solitario. Es el mundo patas para arriba, como en el mítico país de Jauja donde los animales domestican a los hombres.

Algo así ha sucedido, en diversas escalas y modalidades, con los escándalos que han sacudido la vida pública nacional: las colusiones, el caso cascadas, el uso de información privilegiada, Penta y Caval. Ninguno de sus protagonistas ha podido seguir disfrutando del secreto encanto de la corrupción. Sus tropelías han sido descubiertas, provocando investigaciones mediáticas y procesos judiciales. Como en el film de Buñuel, no pudieron sentarse tranquilamente a cenar y dar rienda suelta a la convivencia.

Más allá de la suerte que corran las investigaciones y procesos judiciales en curso, las conductas de los afectados han merecido una sanción social y un reproche ciudadano categórico e inapelable. Lo que habla bien de la capacidad de reacción de nuestra sociedad.

Puede ser que el Fiscal Gajardo al referirse a Penta como “una máquina para defraudar al Fisco”, haya usado una metáfora, como lo sostuvo el Fiscal Nacional, pero la licencia oratoria en los estrados fue eficaz para graficar la comisión de delitos graves y reiterados que al afectar las arcas públicas, lesiona el bien común de todos las personas.

El discreto encanto de la corrupción se ha desvanecido, como en un  juego de espejos que súbitamente se triza, y con él se han esfumado las tan ansiadas comodidades y el sueño de disfrutar mejor las oportunidades que ofrece la vida. El encanto  se ha trastocado en pesadilla.”Nos tratan como si fuéramos mafiosos” ha afirmado uno de los protagonistas.

Esa agenda tiene un contenido bien definido, que se ha ido materializando en diversas iniciativas legislativas, como la reforma constitucional que consagra el principio de transparencia del Estado, el proyecto de ley que regula el fideicomiso ciego y perfecciona las declaraciones de patrimonio e intereses de las autoridades, el proyecto que refuerza al Consejo para la Transparencia y regula la publicidad de los correos electrónicos de las autoridades o el que regula el financiamiento de la actividad política y robustece el papel del SERVEL como órgano fiscalizador, entre otros.

Ciertamente esta lista debería ser complementada con medidas destinadas a mejorar también la probidad en el sector privado. En este campo es necesario revisar la sanción del delito de colusión, el proyecto que refuerza al SERNAC para garantizar los derechos de los consumidores, evaluar la aplicación de la ley de acceso a la información pública a las universidades privadas que reciben fondos públicos, mejorar la información que las empresas colocan a disposición del público, seguir el actual proceso de reforma de la Bolsa de comercio.

Será también muy relevante ver como se aplica la reforma tributaria y cuanto se pueda reducir la elusión a la hora del pago de los impuestos.

La lista de medidas podría continuar. Lo importante es la señal política, que debiera traducirse no sólo en la aprobación de nuevos cuerpos legales, sino también en un cambio cultural y de mentalidad capaz de dar origen a buenas prácticas.  Es fundamental recuperar la fe pública en las instituciones públicas y privadas.

Para lograrlo partimos de una buena base. Chile es un país bien ubicado en el Índice de Transparencia Internacional en cuanto a percepción de la corrupción: ocupa el lugar 21. En general es un país probo. Los escándalos recientes remecen la conciencia ciudadana y sirven para recordarnos que no podemos dormirnos en los laureles y que la lucha contra la corrupción  es una tarea constante.

El peligro acecha por doquier, muchas veces en niveles intermedios de la Administración del Estado o de las empresas. La Contraloría General de la República ha advertido de los peligros que existen en el ámbito municipal, por ejemplo con la desviación de fondos de la subvención preferencial hacia fines ajenos a la educación. También en esos puntos se debe poner la atención y cuando sea procedente, ejercer el poder punitivo.

Nadie debería restarse al llamado presidencial. Mientras fiscales y jueces hacen su tarea juzgando los ilícitos cometidos, el país debe sacar lecciones de lo ocurrido y avanzar hacia nuevos estadios de ética pública. Es una tarea que a todos debe convocar.

En los próximos días se pondrá a prueba la eficacia del llamado presidencial y la generosidad con que respondan los diversos actores políticos, de la empresa y de la sociedad civil.

En tales circunstancias las legislaciones de los países, salvo muy contadas excepciones, entregan la responsabilidad de la decisión a la mujer, normalmente luego de una serie de asesorías médicas y sicológicas, o al médico cuando la vida de la madre corre peligro. En Chile el Gobierno ha propuesto un proyecto acotado a tres causales y ha propuesto la objeción de conciencia para el médico.

Lo primero que hay que señalar es que los casos propuestos en el proyecto de ley en que el aborto dejaría de ser delito, deben ser abordados con responsabilidad por todos los intervinientes: en primer lugar, la mujer y luego los equipos de salud. La futura madre es la que pone en movimiento el proceso. El vacío que presenta el proyecto es que no establece claramente su derecho a recurrir a un centro hospitalario ni la obligación de prestarle asistencia, salvo en el caso que su vida esté en peligro inminente.

Si no hay una obligación perentoria de actuar establecida por la ley, la objeción de conciencia carece de fundamento, pues el personal de salud podría no intervenir esgrimiendo cualquier argumento. Por eso la Ley 20.418 sobre anticonceptivos y la píldora del día después estableció claramente el derecho de las mujeres a ser informadas en la red pública de salud y a recibir los anticonceptivos que elijan. Tal derecho y su correspondiente obligación sólo puede ser ejercido  la red pública de salud, no en los establecimientos privados.

Sería conveniente que este punto se clarificara en el debate parlamentario. Si se establece el derecho al aborto en los casos especificados por la ley – no simplemente su despenalización -, cabe entonces estipular la objeción de conciencia, que debe extenderse a todo el personal de salud que podría intervenir en la interrupción del embarazo. Así ocurre prácticamente en todos los países.

El Tribunal Constitucional español ha dicho que la objeción de conciencia se funda en la libertad de pensamiento y de creencia garantizada por la Constitución y que para ser invocada, no requiere de una ley que la reglamente. Efectivamente, España es uno de los pocos países europeos que no tienen una ley al respecto, y la objeción de conciencia se ha ido consagrando por la vía jurisprudencial. El TC ha dicho que la puede invocar cualquiera persona que esté llamada a intervenir en la operación: médico, matrona, enfermera, anestesista, personal auxiliar, etc., y no puede hacerlo el resto del personal sanitario.

La ley, en el caso chileno, debería clarificar este punto y no dejarlo al parecer de los tribunales. La objeción de conciencia de hecho puede abarcar a un centro hospitalario como tal: si sus equipos médicos en su conjunto la invocan, ese hospital quedaría inhabilitado para practicar el aborto.

Para evitar discusiones y que las mujeres tengan claridad donde pueden recurrir, sería preferible que la propia ley estableciera si la obligación de practicar el aborto comprende sólo a la red pública de salud como lo señala la ley 20.148, o si abarca al sistema privado. ¿Sólo FONASA o también las Isapres? Podría igualmente establecerse una excepción para los centros de salud ligados a las Iglesias cristianas que se han manifestado públicamente en contra del proyecto.

En lo referente a la Iglesia Católica, hay que tener en cuenta que la función sanitaria de sus centros de salud está imbricada con sus tareas pastorales y religiosas, que según la Ley de Cultos se rigen por el Derecho Canónico. Para fines de este año el Vaticano está organizando una reunión internacional de hospitales católicos para abordar precisamente el tema de los abortos que se realizan en algunos de ellos, principalmente en Irlanda, Cataluña y EE.UU. La posición de la iglesia es que sus centros de salud deben abstenerse de practicar el aborto.

Es la postura que ha adoptado el Rector de la PUC y otros centros de salud católicos. No se trata de que al hacerlo se pongan fuera de la ley del Estado. Están pidiendo que se haga con ellos una excepción dado su definición confesional y el carácter plural de la sociedad  chilena, reconocido en la Constitución. La igualdad ante la ley – como ha sostenido reiteradamente el TC chileno – consiste en tratar igualmente a quienes se encuentran en la misma condición, y ello en este caso no ocurre dado el carácter religioso de algunos hospitales.

Otro punto que ha comenzado a despertar polémica es el grado de libertad que los parlamentarios tendrían para emitir su voto, dado el programa de gobierno y las resoluciones adoptadas por algunos partidos políticos sobre la materia. El punto se ha concentrado en la DC.

S. Mico y E. Safirio han recordado que P. Zapata dejó estampada una excepción sobre el aborto al momento de elaborar el programa de gobierno y han sostenido, además, que los parlamentarios DC estarían obligados a rechazar en general del proyecto haciendo mención a una resolución en tal sentido del Congreso Doctrinario de la DC.

El tema es interesante. Según el derecho vigente ni el programa de gobierno, ni la decisión de la DC podría conculcar la libertad de voto de sus parlamentarios. La Constitución se inclina abiertamente por la libertad de conciencia de los representantes de la ciudadanía. Si con posterioridad se pretendiera aplicar sanciones a los parlamentarios que hubieren aprobado el proyecto de ley, el asunto podría terminar en los Tribunales de Justicia.

Obviamente estas materias tan delicadas que tocan las creencias más sentidas de cada parlamentario, deberían resolverse por la vía del acuerdo político a partir de la libertad de voto de diputados y senadores. No sería, por lo demás, la primera vez que ocurre.

Como esa libertad puede no coincidir con la opinión de quienes votaron por los actuales representantes, podría estudiarse la posibilidad de que en definitiva el asunto sea resuelto directamente por los ciudadanos en un plebiscito. Así ocurrió, por ejemplo en Italia hace varias décadas. Para ello bastaría un artículo transitorio en la Constitución concordado entre todas las fuerzas políticas.

Las dos veces que he estado en Cuba tuve esa indefinible sensación de entrar en los años 60: los autos, los edificios, las costumbres, los esquemas políticos, la televisión. En síntesis, un proceso que  fue de vanguardia, se anquilosaba a ojos vista. Las novelas de Padura nos introducen en los intersticios sociales de ese inmovilismo, tanto a través de la mirada de su personaje detective Mario Conde, como en las obras más directamente política sobre Trotsky y Mercader, y sobre la persecución de los “herejes”, personificados en los judíos que huyen del nazismo y pretenden desembarcar en la isla.

Cada vez que me tocó tratar el tema cubano en los EE.UU. encontré una actitud cerrada, casi ciega, como si les costara reconocer sus errores. Algo muy distinto, por ejemplo, a su actitud frente a Vietnam, país con el cual colaboraban política y económicamente luego de haber perdido una guerra cruenta e injusta. Pero la consigna con Cuba era un rotundo “no” a cualquier medida que pudiera ser interpretada como apertura.

Se dice que en ello influía el lobby cubano y el peso electoral que esa comunidad de exiliados e inmigrantes tiene en Florida. Pero se percibía en esa actitud cerrada de las autoridades norteamericanas algo más, un factor adicional al mero realismo geopolítico o electoral, como si quisieran castigar la rebeldía de la isla, su desenfado político, su desafío nacionalista que hunde sus raíces en Martí, pero que sin duda se expresa en la figura de Fidel.

Por años todo permaneció igual: cada uno en su trinchera. En tanto, desapareció el comunismo y el escenario internacional se cargó de nuevas amenazas provenientes del fundamentalismo islámico. El ALBA fue como el canto del cisne: la ilusión de un cambio radical, que sin embargo no siguieron ni Bolivia, ni Ecuador donde la moneda sigue siendo el dólar, ni Nicaragua donde el gobierno mantiene una estrecha alianza con los empresarios. El problema se  plantea con el mejor alumno del curso, Venezuela sacudida como está por una crisis económica, social y política de envergadura, y donde algunos  líderes de oposición y estudiantiles siguen presos por motivos de conciencia.

El anuncio simultáneo del cambio de hoja en La Habana y Washington, pone fin al anquilosamiento de un esquema de relaciones anacrónico. Por fin se mueven las piezas en el tablero. Ahora podrán enfrentarse los problemas reales, una vez que concluya el proceso de normalización, termine el embargo y la sociedad cubana se abra al mundo.

Esta nueva situación tendrá un influjo positivo en toda América Latina. No es una casualidad que horas después de darse a conocer la noticia, las FARC decretaran un cese unilateral de hostilidades, lo que da un nuevo impulso al proceso de paz en Colombia. ¿Sería posible esperar cambios significativos también en Venezuela?

El tema estaba, en todo caso, en la agenda de conversaciones que por largos meses cubanos y norteamericanos mantuvieron en Canadá con una labor mediadora del Vaticano. No hay que pasar por alto que el actual Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin viene de desempeñarse por varios años como Nuncio en Caracas.

Sería necesario que en este nuevo cuadro se cerrara definitivamente la cárcel de Guantánamo y las personas allí detenidas, que han sido sometidas a tormentos y torturas, pudieran recuperar la libertad. Muchos países – entre ellos Chile – deberían abrir sus puertas para recibirlos, como hizo el presidente Mujica en Uruguay.

Más que preguntar quién gana y quién pierde, lo que importa es mirar con esperanza una página nueva que se abre en la relación entre EE.UU. y Cuba, una página todavía cargada de incógnitas, pero también preñada de futuro donde deberá primar la colaboración, los derechos humanos, las libertades y el dinamismo económico.

El pasado ha quedado definitivamente atrás y la guerra fría ha sido desterrada de nuestro continente.

Mientras lo leía, pensé en la gran cantidad de paralelismos que desde hace cerca de un cuarto de siglo venimos descubriendo entre los procesos de recuperación democrática en España y en nuestro país.

En conversaciones privadas, coloquios o debates políticos, en cuántas oportunidades no nos hemos entregado al entretenido ejercicio de elucubrar quién fue nuestro Suárez, quién nuestro Felipe González, cuándo concluyó la transición  y si calzan Piñera y Aznar. O en ámbitos de la cultura de transición, preguntarnos por nuestros Almodóvar y Carmen Maura. O a quién ponemos ante Javier Marías, Pérez Reverte o Javier Cercas, y si hubo entre nosotros un instante crucial como lo fue la toma de las Cortes por Tejeros y la intervención del Rey contra el golpe.

Estos debates tienen sus límites y sus mañas. Es más que evidente que cada experiencia política es única e irrepetible, que acá se hizo la transición con el dictador vivo y bien enfundado en su uniforme, que fuimos cambiando la sociedad y la  Constitución en forma gradual, haciendo de Chile un país más próspero con una democracia más representativa de todos y menos tutelada por algunos, en un contexto regional muy diferente a la UE.

Y sin embargo, los paralelos no por eso resultan inútiles. Cuántas puertas nos pueden abrir para mejor entender tendencias de comunidad y diversidad, de continuidad y cambio. Se facilita la comprensión de la realidad propia a partir de contemplar la de la ajena.

Vuelvo a la columna de Pardo. En dos palabras lo que el filósofo sostiene es que tras la crisis financiera internacional desatada el 2008 y de la cual España, Europa y buena parte del mundo aún no terminan de mal recuperarse, la generación de relevo en España ha roto con la tradición que la ataba al proceso de superación de la dictadura franquista y de la tardía inserción de España en la Europa de postguerra, la Europa de la democracia social de derecho y del Estado de bienestar.

En términos de Tony Judt, “se han olvidado del siglo XX”. Esta ruptura con el pasado, a su juicio, es bien diferente a la continua obligación freudiana de “matar al padre” que bien analiza Ortega y Gasset, rito con el cual habrían cumplido los actores de la transición española al desembarazarse progresivamente de los padres y abuelos que venían combatiendo en alguno de los dos bandos desde 1936, tal vez desde antes. Esta ruptura partió por aprovechar la trágica experiencia de los mayores para evitar repetir los horrores de la guerra civil.

El corte con el pasado que hoy se reivindica por parte de la generación de relevo es de distinta naturaleza. La premisa es el completo fracaso de la transición,  incluso asimilándola con una suerte de proyección “moderada” de la dictadura: un país de banqueros codiciosos, políticos corruptos y periodistas vendidos, propios del llamado “modelo neoliberal”. Estos jóvenes que comienzan sus lides en la política buscan una transición definitiva y la construcción de una democracia auténtica; algunos – influidos por el anarquismo – se la imaginan sin banqueros, sin partidos, ni prensa. En esta cruzada fundacional el ejercicio de la soberanía directa online es de rigor.

Ahora bien, en el caso español, para Pardo, este  rechazo a la sociedad  post dictatorial es responsabilidad de los padres que sobreprotegieron a sus hijos e idealizaron la transición, sin preocuparse de enseñarles que la democracia no siempre se presenta con ropajes brillantes.

Hoy los jóvenes al ver “a la dama demacrada y maltrecha”, en palabras del autor, simplemente se niegan a reconocerla. ¿Quién podrá hoy convencer a los hijos ya crecidos  que la señora no es incompatible con estrecheces económicas, con corrupción, con poderes fácticos y que no sirve liquidar el sistema democrático y sus instituciones, que precisamente están para combatir esos males?, ¿quién les dirá que para acudir a votar no se necesita hacerlo con la ilusión de cambiar el mundo, que muchas veces las alternativas políticas son más modestas, pero no por ello menos importantes para la gente?

¿Quién los convencerá de la importancia de los Parlamentos, los Tribunales, los Gobiernos y la prensa libre para defender a la sociedad de los “poderes salvajes”? “Parafraseando a Fassninder – afirma Pardo – la política no siempre es divertida y casi nunca es un gran espectáculo…que a menudo la democracia resulta tan pesada como una sesión parlamentaria o un decreto ley sobre aguas residuales…y que la “gran política” es la que se hace en ese día a día grisáceo y descolorido y no la que se anuncia en los medios a bombo y platillo en tiempo real o la que pone en tensión a las multitudes en la calle”.

Y Pardo concluye su columna afirmando que “si nadie les dice ( a los jóvenes) que la democracia ya está en pie ( aunque nunca puede darse por acabada) y que de lo que se trata es de no destruirla, de no dilapidar esa herencia política a la cual deben ellos su libertad, si no se consigue transmitir esa experiencia que sus protagonistas ocultaron tras un cuento autocomplaciente, seguirán empeñados en construir “un nuevo régimen” y será imposible sacar el debate del pozo de la ficción en el que se halla, y en el cual las quimeras de la soberanía garantizan la soberanía de las quimeras en el discurso político”.

Walter Benjamin, comienza recordando Pardo, afirmaba que las guerras y las crisis económicas generan, además de penurias materiales, esta pobreza de experiencia, y sentimiento de peculiar simpleza de tener que comenzar desde cero.

A propósito de artistas e intelectuales europeos en tiempos de guerra, concluyo con un recuerdo rápido: hay un ensayo de Hannah Arendt sobre la brecha entre el pasado y el futuro que se abre con el aforismo fantástico del poeta surrealista y resistente francés René Char “Nuestra herencia no está precedida de ningún testamento”.

¡Es la libertad, que tiene sus exigencias!

El eje de este gobierno es la reforma educacional, que hoy aparece empatada en la opinión pública entre partidarios y detractores. Es algo decepcionante si se tiene en cuenta su importancia para el futuro del país.

Como bien ha dicho A. Touraine en una reciente entrevista no hay que perder de vista que a través de la educación la sociedad se proyecta en el tiempo. Junto con el interés de cada cual de progresar en la vida, está el bien común de un país que depende de la proyección de su cultura. El mismo Touraine recuerda el carácter mixto del sistema chileno y su razón de ser.

En materia educacional se busca ampliar sustantivamente la cobertura de la educación pre escolar para que mejore su cuidado y su aprendizaje en los primeros años, período esencial para su desarrollo futuro. Es un éxito importante que el proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad para llevar a cabo esta tarea, haya sido aprobado en forma prácticamente unánime en el Senado. La JUNJI e INTEGRA deberán trabajar más coordinadamente y las iniciativas privadas tendrán una supervigilancia que garantice su calidad.

En la educación primaria y básica se busca terminar con el lucro privado con los recursos fiscales que el Estado aporta para cumplir con el mandato constitucional de financiar un sistema gratuito. En realidad, con la legislación actual los sostenedores no podrían extraer ganancias con la subvención. Pero la ley no se aplica.

La Superintendencia de Educación es una institución reciente y la CGR ha centrado su fiscalización en los Municipios resultados desalentadores sobre el uso de la subvención preferencial y la subvención de la educación diferencial.

En un estudio de Chile Transparente se pudieron detectar diversas falencias que permiten el despilfarro de los recursos públicos cuando no su mal uso o malversación. Junto con debatir en el Congreso la nueva normativa propuesta, el Ministerio ce Educación debería fiscalizar desde ya el uso de los recursos públicos.

La sustitución del copago con un aumento de la subvención pública, gradual en el tiempo, apunta a eliminar una de las causales de la segregación social. No es la única, ni siquiera la que tiene mayor incidencia. Pero este cambio sería una señal importante en favor de una mayor integración social en los colegios.

El proyecto también apunta a mejorar la prohibición de cualquier discriminación arbitraria en la admisión de los alumnos a los establecimientos escolares.El sistema propuesto – la inscripción centralizada a través de un sistema computacional – puede ser discutible, pero el propósito es claro: que los padres elijan los colegios sin sufrir ningún tipo de entorpecimiento o menoscabo.

Hoy en la ley existe una disposición que apunta en ese sentido. Pero nuevamente no se cumple. Por eso la autoridad debería encargarse de que no quede en letra muerta.

Habría que poner mayor énfasis en el mejoramiento de la educación pública sin distraer el debate sobre cómo acceder a los colegios llamados emblemáticos. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos por clase? ¿qué hacer efectivamente útil durante la jornada escolar completa? ¿ cómo especializar los colegios según las necesidades del entorno? Para no hablar de la prioridad que escuelas y liceos debieran tener en la preocupación de la Agencia de Calidad de la Educación, que debiera poner su foco en lo que sucede en la sala de clases y en el ambiente de convivencia escolar.

Pronto debiera presentarse el proyecto de carrera docente, que debiera contar con el apoyo del magisterio. Los profesores del sector público debieran contar con una perspectiva profesional y una remuneración que hicieran más atractivo a los maestros desempeñarse en los liceos que en los colegios particulares.

Sobre la gratuidad en la educación superior – universidades, CFT e IP – es una de las demandas más sentidas del movimiento estudiantil y de sus familias, agobiadas como están por pagos excesivos. A mi juicio resulta además inaceptable que las becas cubran sólo el arancel referencial y no el efectivo. Este es un punto que no admite demora.

Se podrán discutir muchos aspectos, como su implementación en el tiempo, las exigencias que se coloquen a las universidades, CFT e IP para acceder al sistema, pero no su finalidad principal: equiparar a todos los estudiantes cualquiera que sea el origen social y económico de sus familias.

Es tan importante esta tarea que resulta contraproducente poner sobre la mesa hoy si el aporte a las universidades estatales debe ser equivalente o superior al aporte del resto de las universidades de Consejo de Rectores que tienen una clara vocación pública. Distrae el debate hacia asuntos secundarios y divide las fuerzas que debieran apoyar los cambios.

Paralelamente debiera haber una comisión presidencial que evaluara los currículos de enseñanza actuales para ponerlos a tono con las exigencias actuales del conocimiento y su trasmisión. El traspaso de conocimiento en un mundo que evoluciona en forma tan vertiginosa, se ha convertido en un desafío para todos los países. Sus resultados debieran traducirse en propuestas de cambio que el Ministerio pudiera luego someter al Consejo Nacional de Educación.

Uno de los puntos más relevantes debiera ser la vinculación de la escuela con su entorno y en la enseñanza media el nexo entre enseñanza y experiencia de trabajo.Mucho se puede aprender, por ejemplo, de la enseñanza dual en Alemania.

Estas tareas que son verdaderos objetivos nacionales, deberían unir a los chilenos y no separarlos en estériles debates doctrinarios o en la mera defensa de intereses de grupos corporativos.

“Para que no sea” – perdone don Nicanor – “una reforma imaginaria”.

De paso por EE.UU., pienso en la paradoja del Presidente Obama. Su imagen en televisión aparece un tanto gastada: el pelo blanco da cuenta del peso que ha debido llevar todos estos años. Pese a la evidente reactivación de la economía, se advierte en el ambiente un cierto estupor frente a los últimos acontecimientos y a la incapacidad evidente de la política – y por tanto del gobierno – de dominarlos o al menos de controlar sus efectos negativos.El gobierno aparece a remolque de los hechos.

El polvorín del Medio Oriente demuestra que los EE.UU. no pueden poner orden como en el pasado. La invasión de Irak del 2003 ha terminado en un total fracaso. Busch pensaba hacer de Irak una democracia modelo para la región, y hoy tenemos un país sumido en profundos conflictos étnicos y religiosos que amenazan con su subsistencia.

Obama prometió poner fin a la intervención en Irak y mandó llamar un alto porcentaje del contingente militar, pero ahora frente al avance inesperado del extremismo islamista sunita, ha vuelto a ordenar bombardeos y enviar 300 oficiales de refuerzo.

La decapitación inhumana del periodista norteamericano J. Foley secuestrado en Libia, ha estremecido a la sociedad norteamericana. Su verdugo, con rostro cubierto, se expresaba en un correcto inglés británico. Del seno de las sociedades occidentales salen los combatientes fanáticos. Muchos musulmanes que viven en EE.UU. y Europa no esconden su simpatía por el islamismo combatiente.

Mas allá del conflicto entre Israel y Hamas, de la involución autoritaria de la primavera árabe y del fracaso de algunos Estados como Libia y Siria, la región aparece atravesada por un conflicto frontal entre sunitas y chiítas que pone en cuestión la configuración de las fronteras surgidas luego de la caída del imperio otomano. Tan profunda es la envergadura de los acontecimientos en curso.

A eso se suma el deterioro de las relaciones con Rusia y la crisis ucraniana que no parece terminar. En el corazón de Europa ha estallado un grave conflicto cuyo desarrollo violento ha afectado la recuperación económica de la UE y la economía rusa.

¿Cómo se configurará el nuevo equilibrio europeo, luego del fin de la guerra fría, la disolución de la URSS y de Yugoslavia?

¿Alguien pudo prever el enfrentamiento entre Kiev y Moscú, el retorno de Crimea a Rusia y la guerra en el oriente de Ucrania que ha dejado a cientos de miles de desplazados?

Pero los dolores de cabeza de Obama no terminan en la esfera internacional, que ha provocado las criticas de H. Clinton.

El recrudecimiento de los conflictos raciales en Missouri era lo que menos podía esperar un Presidente que simboliza la reivindicación de los derechos de las minorías raciales, especialmente de los afrodescendientes. La policía, en su mayoría blanca, actúa con mano dura y ha matado a dos jóvenes negros, encendiendo la protesta racial.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia y durante un tiempo el toque de queda. El hecho que un afro decendiente llegara a la presidencia es un dato importante para la igualdad racial, pero por si sola no alcanza a cambiar los fuertes estereotipos discriminatorios que priman en el sur de los EE.UU.

Además está el problema migratorio. Obama prometió enfrentar el tema, pero no ha podido por el rechazo de los republicano en el Congreso. Para colmo ha venido la avalancha de niños hondureños, salvadoreños y guatemaltecos pasando ilegalmente las fronteras. Son decenas de miles, que la policía lleva a albergues a la espera de una decisión judicial que puede tardar meses. El Congreso le niega a Obama fondos especiales para enfrentar este desafío humanitario.

Es verdad que Obama logró aprobar la reforma a la salud que permite entregar cobertura médica a millones de personas que carecían de ella. Pero su implementación no ha sido del todo fácil, generando más de algún problema social y político.

Los gobiernos llegan con planes, programas e intenciones transformadoras y muchas veces se encuentran con una realidad social y económica adversa, que tal vez no tomaron en consideración al definir su línea de acción.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo gobernar sociedades complejas que algunos definen como líquidas, donde el comportamiento de los agentes sociales no es estable?

Me viene a la mente la tesis de Naim de que en la actualidad el poder ha tendido a diluirse, afectando sobre todo a las grandes instituciones, entre ellas los sistemas de gobierno.

¿Será que la solidez pétrea de los grandes edificios del centro cívico de Washington no logran esconder la debilidad nueva de las decisiones de quienes los habitan, incapaces de determinar el curso de los acontecimientos en un mundo global?

Brezinski, buen conocedor de la política internacional, ha declarado que desde hace tiempo los presidentes de EE.UU. no cuentan con la capacidad de imponer orden, pero que la diferencia es que ahora Obama lo sabe.

Maquiavelo hablaba de la fortuna, es decir, el azar, como un factor decisivo en el éxito o el fracaso de la acción política. ¿Qué hacer cuando un programa de gobierno queda superado por los desafíos de la realidad? ¿Persistir en el o aceptar el nuevo escenario?Ha sido la gran duda de Obama.

Maquiavelo también señalaba que para introducir cambios profundos y duraderos en las repúblicas, es conveniente hacerlo en forma gradual y sin alardear de esas transformaciones, a fin de evitar reacciones adversas. Los ciudadanos deben acostumbrarse a los cambios y llegar a considerarlos normales y convenientes.

La pitonisa del oráculo de Delfos que los gobernantes griegos consultaban, vaticinaba sentada en un trípode y envuelta en los vapores que surgían de las rocas, dictando sentencias esencialmente equívocas.

Nadie tiene la llave del futuro. Menos en política. Por eso ella fue definida justamente como un arte, donde se conjugan la ciencia, la intuición y el acaso.

La derrota en la elección presidencial y parlamentaria ha hecho patente una crisis de fondo en la derecha, cuya primera manifestación es su fragmentación política. Cuando alguno de sus políticos o intelectuales clama por la “lealtad a nuestras ideas” o llama a preservar la “identidad del sector”, sus palabras resuenan como el tañido de una campana lejana.

Tampoco hay acuerdo entre ellos sobre el real significado del gobierno de Sebastián Piñera. Algunos lo acusan de haber cedido en los principios y haber gobernado con ideas ajenas; otros, de no haber impulsado con decisión el surgimiento de una “nueva derecha” libre del peso del régimen militar. Por eso – a diferencia de lo ocurrido con M. Bachelet cuando terminó su primera presidencia – no hay consenso sobre su regreso a la Moneda.Incluso hay sectores que como lo expresa J. Novoa, se oponen a esa hipótesis.

En la dirección de la UDI y de RN ha habido un cambio generacional importante. Pero todavía los nuevos dirigentes no logran perfilar una línea política renovada.La discusión sobre la nueva declaración de principios de la UDI y, en especial, sobre la forma de tratar la dictadura de Pinochet, no encuentra hasta ahora una fórmula de consenso.

Quienes quieren emitir un juicio más categórico de crítica por las violaciones a los derechos humanos y las libertades públicas, no logran vencer la resistencia de quienes quieren mantener el equilibrio entre “lo positivo y lo negativo” de su obra y herencia.

RN, por su parte, dice buscar el centro político, pero margina a Amplitud, mantiene una firme adhesión a ciertas posturas conservadoras y ha mostrado una posición bastante agresiva hacia la reforma educacional del gobierno. Incluso pareciera que A. Allamand quisiera proyectar su liderazgo convirtiéndose en el campeón de la anti reforma.

¿Cómo, entonces, podría ese partido inclinarse hacia posiciones más liberales y cumplir un papel articulador en el sistema político? Otro botón de muestra: mientras la bancada de diputados de RN interpelaba al ministro del Interior por la violencia en la Araucanía, el senador Espina dialogaba con el Intendente Huenchumilla. Nadie sabe cuál será su decisión al momento de votar el cambio al binominal.

Este desconcierto opositor ha hecho, en la práctica, que la crítica a la acción del Gobierno se haya desplazado de la esfera parlamentaria y política a la esfera social y mediática. Así sucedió con la reforma tributaria, donde la voz cantante la tuvieron los gremios empresariales y los nuevos dirigentes gremiales de la pequeña empresa.

Algo similar, pese a los esfuerzos de Allamand, está sucediendo con la reforma educacional: los sostenedores y las agrupaciones de padres y apoderados están tomando un rol protagónico.

La carencia de una dialéctica seria entre la Nueva Mayoría y la Alianza, ha redundado también en la agudización de las discrepancias al interior de la coalición de gobierno. No se trata de inhibir la deliberación democrática, pero ella debiera estar animada por la argumentación en torno a grandes ideas y no por el comidillo sobre lo que dijo o no dijo una autoridad o una reiterada apelación a principios doctrinarios demasiado generales para dar cuenta de la realidad nacional.

Todo ello desorienta a la opinión pública sobre la naturaleza y alcance de las reformas en curso y redunda en un aumento del descrédito de la política, que a todos debiera inquietar.

Así ha sucedido, por ejemplo, con el debate, un tanto hermético, sobre la llamada “política de los acuerdos”, como si la gente no fuera capaz de comprender por experiencia propia que en la vida es normal que a veces se acuerden posiciones, como también lo es que se mantengan las diferencias cuando ellas aparecen insalvables. Lo importante es que ni lo uno ni lo otro rebaje el clima político del país.

Volviendo a la derecha, ella corre el riesgo de ser sobrepasada por la dinámica de la sociedad, si no hace un esfuerzo serio por sintonizar con el Chile de hoy y con el pensamiento y los intereses de quienes tradicionalmente le han brindado su apoyo.

Al hacerlo debe elegir – y perdonen la simplificación – entre una posición conservadora cerrada como la del “tea party” en los EE.UU. o la del Partido Conservador de D. Cameron en el Reino Unido que gobierna con los liberales; y si usamos un referente regional, entre Santos y Uribe en Colombia, uno abierto a negociar la paz y el otro aferrado a una solución militar.

Esta puesta al día debe articular de un modo nuevo las tradiciones conservadora y liberal que siempre han animado a la derecha chilena. Sólo así podrá competir para volver a gobernar.

Creo pertinente volver a lo esencial. Hay muchos otros temas relevantes que forzosamente quedarán fuera de este esquema, que sólo pretende recordar la estructura básica de la reforma.

El sistema educacional chileno tiene una cobertura adecuada y en su evaluación aparece como el mejor de América Latina. Pero requiere de importantes cambios que deben partir de lo que existe para acercarse gradualmente hacia un ideal posible.

En primer lugar hay que hacer una fuerte inversión en educación pre escolar subiendo sus exigencias formativas, para lo cual es necesario crear el sistema institucional apropiado en el Ministerio de Educación. Todos saben que un acceso masivo a este nivel formativo es esencial para ir afirmando una igualdad de oportunidades, nivelando las desigualdades provenientes del origen familiar y social.

En segundo lugar, hay que poner en marcha un plan de fortalecimiento de la educación pública en todos los planos: infraestructura, subvención, aprovechamiento de la jornada escolar completa, etc. Muchas de esas medidas no requieren cambios legislativos. Para implementarlo bastan las atribuciones con que cuenta el Ministerio. Un papel importante debe desempeñar aquí la Agencia de Calidad.

Ese plan debe culminar con una ley que consagre la desmunicipalización de los colegios. Aquí es importante definir bien la nueva estructura pública de los establecimientos. En el primer gobierno Bachelet se propuso que fueran corporaciones regionales de derecho público abiertas a la comunidad, ahora se habla de servicios descentralizados siguiendo el modelo del sector salud.

En todo caso, se tratará de un proyecto de largo debate parlamentario y de implementación gradual a lo largo del país. Tal vez se podría comenzar a experimentar desde ya el nuevo sistema mediante convenios entre algunos municipios y los servicios provinciales de educación.

En tercer lugar, hay que diseñar la carrera docente mejorando la calidad y la remuneración de los profesores. Ello supone un proyecto de ley cuyo debate en el Parlamento dependerá del grado de acuerdo que tenga el Colegio de Profesores.

Respecto a la educación particular subvencionada, el proyecto actualmente enviado a la Cámara de Diputados, que contempla el fin del lucro, del copago y de la selección, sería conveniente desglosarlo al menos en dos partes: el fin del copago, que requiere quórum simple y sobre el cual puede haber mayor acuerdo, repensando los plazos, y las otras dos materias que requieren para su aprobación de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio.

Sobre el lucro, hay que tener presente que la actual ley exige que los sostenedores sean personas jurídicas de giro único – y faltan todavía cerca de 1.400 sostenedores que se acojan a esta exigencia -, justamente para que la Superintendencia pueda fiscalizar mejor que no se pueda lucrar con la subvención fiscal.

Ese organismo podría desde ahora trabajar en esa línea, evitando así que la discusión de este tema se contamine con divagaciones ideológicas. La Contraloría General de la República podría hacer una contribución importante para reafirmar este principio estableciendo los criterios diferenciadores entre una justa remuneración del sostenedor o recuperación de su inversión, por una parte, y el retiro de “ganancias” por otra.

El tema de la selección debe ser definido en la ley, avanzando a partir de lo que ya establece la ley. En todo caso parece adecuado que haya un diálogo entre la familia y la directiva del establecimiento para que exista sintonía en la orientación de la enseñanza de los niños. Aquí el criterio básico es “el proyecto educativo”, que debe ser precisado para que no dé pábulo a discriminaciones arbitrarias. No parece, sin embargo, adecuado confiar el tema a un sistema computacional anónimo como establece el proyecto.

En cuarto lugar, es importante que el Ministerio cumpla con el plazo, previsto por la ley, del cambio de los años del ciclo de enseñanza: en vez de 8 de básica y cuatro de media, seis y seis años respectivamente. Lo que tendrá un impacto en los profesores.

Lo que no debe ponerse en cuestión es el carácter mixto del sistema de provisión de la enseñanza, logrando un adecuado equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Al contrario, la reforma debe ser percibida como una nueva oportunidad para mejorar la implementación de ambos principios constitucionalmente garantizados.

En quinto lugar, está el tema de la educación superior: CFT, IP y Universidades. Es el campo que requiere mayores cambios. Muy poco se avanzó desde el retorno a la democracia. No había ideas claras al respecto, no había un movimiento estudiantil activo y cada establecimiento luchaba por sus intereses corporativos sin remitirse a parámetros generales.

El punto central es el de la gratuidad.

El programa de gobierno es claro sobre la gratuidad universal y sobre los plazos para alcanzarla. Para lograrlo habrá que definir por ley los requisitos que las universidades, los CFT y los IP – públicas y privadas – deberán cumplir para acceder a la subvención estatal.

En este punto hay que ser muy exigente y reformar el sistema de acreditación, haciéndolo obligatorio y devolviéndole la seriedad perdida. En este contexto se pueden definir las carreras que el Estado financiará y su duración.

La ley deberá definir un período de transición, especialmente para aquellas universidades privadas que cuentan con un gran número de alumnos y no han alcanzado la acreditación necesaria. Por cierto, podrá haber universidades privadas de calidad que no aspiren a la subvención fiscal y se financien con la matrícula de sus alumnos.

El gobierno anterior de M. Bachelet legó la estructura básica del sistema escolar: la Agencia de Calidad, la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación. Es un importante aporte que no ha sido valorado como debiera.Ahora hay que dar los pasos que faltan.

Para implementar la reforma hay que lograr los acuerdos políticos y sociales necesarios.No será un camino libre de tropiezos y dificultades. Lo importante es que no se pierda de vista el norte y se conduzcan los cambios con claridad y sentido político.

¿No habían los partidos de derecha realizado una fuerte campaña en su contra ganando incluso a una parte significativa de la opinión pública? Por su parte, ¿no había la Nueva Mayoría anunciado a los cuatro vientos el fin de la “política de los acuerdos”?

Sin embargo, hay ciertos datos que explican el giro de los principales actores políticos.

El proyecto tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados encontraba dificultades para ser votado por los propios senadores de gobierno, que insistieron en que había que articular varios objetivos que no estaban plenamente garantizados en la iniciativa: a) una mayor recaudación para financiar las reformas sociales; b) mayor justicia tributaria y c) un eficaz incentivo al ahorro y la inversión, clave para el crecimiento.

Más que el debate sobre “el corazón de la reforma”, fue importante la distinción entre objetivos y mecanismos, para permitir un debate parlamentario más profundo e informado del tema.

No habría habido ningún revuelo mayor si al momento de la votación en general del proyecto, hubieran apoyado la iniciativa las fuerzas de gobierno y hubieran votado en contra las de oposición. Los votos de RN y UDI no eran, en este caso, indispensables para que el proyecto avanzara. La sorpresa se produjo por la probación unánime.

Primero, hay que señalar que no se pueden lamentar los partidos de Gobierno de que una iniciativa propia termine concitando un apoyo tan amplio, si se han mantenido los objetivos básicos y se han diseñado mejor los mecanismos para lograrlos.

Quiere ello decir que la idea de una reforma tributaria profunda había terminado por ser aceptada por la sociedad como una necesidad para alcanzar mayor justicia social y mejorar la educación. Y eso no es poco. Pese a las críticas al proyecto, la idea de fondo ganó espacio. En términos de Gramsci, diríamos que se volvió hegemónica. Pasó a formar parte de un “sentido común”. Se avanzó en lo que ese autor llamaba metafóricamente “guerra de posiciones”.

Me recuerda lo ocurrido con la nacionalización del cobre en la época de Allende, que terminó siendo aprobada en forma unánime por el Congreso. Nadie se lamentó por ello.Nadie puso en duda el sentido de ese cambio.

Algo parecido sucedió con las principales reformas durante los gobiernos de la Concertación con la reforma procesal penal, el AUGE, la pensión básica solidaria, la institucionalidad medio ambiental, la ley general de educación y los sucesivos cambios constitucionales que han ido democratizando y modernizando nuestro sistema político.

Las sociedades evolucionan, cambia la cultura, y ello se refleja en la política. El Parlamento – más allá de su variada composición política – no permanece insensible a estas transformaciones.

No es coherente denostar la política de los acuerdos en el pasado y, al mismo tiempo, propiciarla en el presente.

Hay que reconocer que entre ambos períodos hay muchas diferencias, pero no tantas como para establecer un muro infranqueable entre la época de la Concertación y la de la Nueva Mayoría. Una de ellas es que hasta el actual mandato presidencial, nunca los gobiernos contaron con mayoría parlamentaria en ambas cámaras, salvo en un período muy breve en el 2006, que terminó con la partida de parlamentarios de varios partidos de la coalición gobernante.

El actual Gobierno cuanta con mayoría tanto en la Cámara como en el Senado. Pero hay que tener en cuenta dos circunstancias: primero, se trata de una mayoría heterogénea que para funcionar exige un gran esfuerzo de trabajo pre legislativo, y, en segundo lugar, los quórum supra mayoritarios exigen el apoyo de alguna fuerza o grupo opositor para llevar a cabo ciertas reformas, como la del sistema binominal y ciertos puntos claves de la educacional ( fin del lucro, por ejemplo).

En un acuerdo de gobierno como el actual, al que concurren fuerzas políticas muy diversas, no se puede dar por sentada, como un dato obvio, el funcionamiento de la mayoría parlamentaria correspondiente. Su unidad de criterio será siempre el fruto de un trabajo político persistente. Ningún partido debe sentirse menoscabado, pasado a llevar o no tomado en consideración. No cabe el predominio de ninguno de ellos. Todos deben respetarse a partir de su identidad.

Es natural que en los debates parlamentarios puedan surgir discrepancias de criterio, sobre todo cuando hay que negociar con algún sector opositor para aprobar una iniciativa.Algunos prefieren “morir con las botas puestas” dando un testimonio de coherencia; otros apelarán a la responsabilidad de gobernar aduciendo que a un Gobierno se lo juzga por sus resultados más que por sus buenos propósitos. Ahí surge, en toda su envergadura, el arte de la conducción política.

El trabajo parlamentario consiste en discutir los proyectos de ley. El Gobierno tiene una mayor iniciativa, pero el Parlamento conserva el poder decisorio de aprobar, modificar o rechazar lo que se le propone. El Congreso en Chile tiene una cuota importante de poder, incluso la minoría opositora luego de las reformas constitucionales del 2005 a las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Nadie puede pasar ninguna aplanadora.

El debate a fondo no puede ser obviado. Los proyectos mejoran luego de ese ejercicio de argumentación y de auscultación y examen. Ese proceso, si es bien llevado, puede dar origen a amplios acuerdos. Así lo afirmaban H. Kelsen al reflexionar sobre la formación de la ley y para resolver las diferencias, existe el principio de mayoría.

Más que debatir en abstracto sobre “la política de los acuerdos” y los nuevos acuerdos que ahora se dice que se buscan para avanzar, como si en el pasado no hubiera sido así, lo importante es que las fuerzas políticas de gobierno y oposición animen un trabajo parlamentario serio, que puede tener momentos de convergencia y de disenso, y que debe concluir en normas legales adecuadas para enfrentar los desafíos del país.

Ello, por lo demás, no debe llevar a confundir las funciones del gobierno y la oposición en el Parlamento. La dialéctica entre ambos siempre será de competencia de cara a la opinión pública teniendo en cuenta los desafíos electorales, lo que no excluye la colaboración puntual en torno a ciertas iniciativas en interés del país.