Principalmente, porque junto con dar señales equívocas en torno al esfuerzo -por el aumento de los puntajes- también su aplicación ejerce una violencia simbólica hacia las personas que viven de manera más precaria.

Por estas razones se exponía la necesidad de terminar con la focalización hacia los grupos más pobres centrándose en políticas universales y que identificaran o focalizaran en los más ricos para excluirlos de ciertos beneficios sociales, dado que en nuestro país el tema de las vulnerabilidades sociales atraviesa a un significativo número de habitantes.

Este debate entra en contradicción con lo que ha sido la política del actual gobierno el cual desde el primer día se puso por misión el mejorar la focalización en los que más pobres o según sus palabras en “los verdaderos pobres”. Para ello creó una comisión de expertos el 2010 y luego cambió la unidad de focalización por la División de focalización en el ministerio de Desarrollo Social cuya misión es implementar la Nueva Ficha de Protección Social.

Supuestamente durante el año 2012 se realizaría el proceso de refichaje y durante el año 2013 la Nueva Ficha estaría operativa, sin embargo, estamos comenzando el 2014 y se ha decidido cancelar su aplicación hasta que el nuevo gobierno tome la decisión y aún no se conocen aspectos sustantivos de su posible futura aplicación.

Si bien sabemos que la Nueva Ficha incluye preguntas sobre gastos, patrimonio, enfermedades catastróficas y que la información será validada por otras fuentes de información sustituyéndose el privilegio del auto reporte, no sabemos aspectos sustantivos, que hasta el día de hoy son un verdadero secreto.

a. Cuál es el algoritmo de cálculo del puntaje de la Nueva Ficha y, por tanto, las ponderaciones de cada una de las variables o dimensiones.

b. Cuántas personas que antes eran beneficiarios quedarán fuera de ellos con la nueva focalización.

Estas dos preguntas tuve la oportunidad de hacérselas al ministro de Desarrollo Social en el seminario señalado,  no obtuve ninguna respuesta.

Hace pocos días se anuncia la suspensión del proceso, situación que parece acertada frente a la incertidumbre anteriormente señalada, pero nadie nos ha dado una explicación en relación a los recursos invertidos en un proceso no ejecutado, ni en las razones de los atrasos, ni por qué el proyecto estrella del nuevo ministerio de Desarrollo Social no vio la luz durante toda su gestión.

Será un nuevo error del “gobierno de excelencia”, nos hemos acostumbrado a ellos pero eso no quita que como ciudadanos exijamos explicaciones.

La construcción y uso de este instrumento de focalización no es neutro en el sentido que responde a un modelo de desarrollo de la Política Social.

La estigmatización y consecuencias de su aplicación así lo muestran, si bien el próximo gobierno comprometió en su programa cambios a la Nueva Ficha, aún no sabemos las consecuencias que podría tener la aplicación de ésta.

Tiene la oportunidad de cambiar la mirada, sin embargo, frente a la situación de incertidumbre actual y de congelamiento de los puntajes debe estar preparado para un momento de transición de fácil operación.

Diversos autores distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

La ciudadanía activa pone junto a los derechos, la noción de responsabilidad que los ciudadanos tienen con la comunidad política a la que pertenecen.Se trata de una ciudadanía que va más allá del interés personal, y se suma al interés colectivo a partir del sentido de justicia y de responsabilidad.

Para que la ciudadanía activa sea posible, al Estado le corresponde la noción de rendir cuentas y a la sociedad civil la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollar ciudadanía activa.

Ello significa que el Estado tiene una responsabilidad ante la ciudadanía y ésta a su vez, tiene como tarea exigir en conciencia el “derecho a tener derechos” y el cumplimiento de los compromisos sociales de los gobiernos en las materias correspondientes.

La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Como señala Nuria Cunil (2004) para tener una ciudadanía activa no da lo mismo cualquier Estado, sino que requerimos de un Estado fuerte y dispuesto a avanzar en instituciones que validen la solidaridad, la diversidad, la deliberación dentro de una cultura hegemónica que no enfatiza estos valores.

Es por eso que tengo candidata, tengo clara mi preferencia, para que nunca más los chilenos y chilenas entreguemos nuestra soberanía popular a los representantes quedándonos mientras gobiernan en nuestra vida familiar, laboral y privada.Sino que debemos desarrollar una ciudadanía activa obligándolos a cumplir con las promesas de campaña, a considerar nuestras demandas, a avanzar en una nueva gobernabilidad que se hace con nosotros y no a espaldas del Pueblo.

Ese es el nuevo Chile que quiero, el que hay que refundar a través de una Nueva Constitución en un proceso donde todas y todos despertemos y estemos dentro.

Así se ha visto a través de las movilizaciones ciudadanas regionales de los últimos meses y en los resultados de la última encuesta CEP, donde el 73% de los encuestados está a favor de medidas para descentralizar el país, iniciativa que está incluso por sobre una reforma tributaria y cambios al sistema binominal.

Lo lamentable es que estos llamados de atención de la ciudadanía, incorporados en mayor o menor medida en los programas de gobierno, no se han reflejado en la discusión país que se llevó a cabo en los debates presidenciales, dejando fuera un tema de interés para 17 millones de chilenos y chilenas. Pero por sobre todo para el 60% que vive fuera de la Región Metropolitana.

No están incorporadas en los debates presidenciales propuestas tan relevantes como la elección directa de intendentes; la creación por ley de un fondo de convergencia regional; reformas a la institucionalidad encargada de generar información estadística y tributaria para asegurar datos regionales; la implementación de programas de superación de la pobreza que garanticen un ingreso básico, donde el monto y los criterios de asignación sean territorialmente diferenciados; el contar con médicos especialistas en diversos territorios y mejorar la calidad de la salud pública, indispensables para un país que aspira al desarrollo.

Estamos convencidos de que si no incorporamos medidas concretas, la necesidad de descentralización no se materializará y el desarrollo regional quedará nuevamente en el olvido de las prioridades de la agenda gubernamental.

Por tanto, es clave que las políticas públicas incorporen el concepto de cohesión territorial para que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables y podamos avanzar en justicia social.

Sin embargo, en la carrera presidencial durante esta semana se han desplegado los slogan de campaña y gráfica de al menos dos significativas postulantes; la candidata de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet con su slogan “Chile de Todos” y la candidata de la Alianza por Chile Evelyn Matthei con “Ganemos Todos”.

Es curioso como mediante el uso de dos o tres palabras se pueden visualizar los modelos que se encuentran en cada uno de estas candidaturas y que sin duda resultan diferentes.

Por una parte al decir “Chile de Todos” se hace mención a un proyecto inclusivo, donde todas y todos somos parte de el y por tanto, te invita construir, te hace corresponsable del desarrollo de una comunidad. Enfatizando la idea de igualdad que ya se expresó durante la campaña de primarias presidenciales.

Mientras que el slogan “Ganemos Todos” lleva a mirar la vida en comunidad como una competencia donde se gana o se pierde y se sustenta en una contradicción, para que alguien gane otro debe perder, y es imposible que todos ganemos porque entonces no hay ganador.

Este slogan deja en evidencia el modelo neoliberal que impera en la derecha, donde se parte de la base que un modelo de libre competencia genera crecimiento y si el país crece todos creceremos.

Sin embargo, las cifras han demostrado que no existe una relación directa entre crecimiento, desarrollo e igualdad de oportunidades, sino que es necesario políticas públicas donde el Estado ejerza un rol fundamental para que la distribución de la riqueza sea posible y eso no se da sólo por el hecho de jugar a ganador.

La carrera presidencial comienza la próxima semana esperamos ver el despliegue de éstos modelos distintos de sociedad con mayor claridad durante su desarrollo, donde los ciudadanos y ciudadanas en un clima de debate y deliberación puedan visualizar cual es el futuro que desean para nuestro país en los próximos años con un avance de propuestas concretas pero también de una estrategia de desarrollo viable.

También esto se evidencia en la toma de decisiones.Los espacios de acceso a influir en el poder están distribuidos desigualmente.

Rosanvallon (2012) señala que la ciudadanía es una modalidad de expresión de una sociedad de iguales.“En este caso la igualdad se expresa en el modo de una inclusión, de una participación. El ciudadano es considerado bajo las dos formas de aprehender un sujeto: portador de derechos propios y miembro de una comunidad. Esta figura de la igualdad es a la vez del orden de una medida y de una relación”.

Para avanzar en esta ciudadanía debemos progresar en derechos sociales garantizados que nos permitan condiciones de vida de mayor igualdad y dignidad para todas y todos los miembros de esta comunidad, pero también debemos avanzar en el derecho a participar de las decisiones de nuestra comunidad. Para ello es fundamental contar con participación ciudadana.

Llevamos años escuchando conceptos como ciudadanía y participación pero de tanto nombrarlos han perdido contenido. Hoy no solo hay que nombrarlos sino que sustanciarlos.

Queremos ciudadanía para avanzar en igualdad e inclusión y queremos participación para transformar nuestra comunidad. Queremos avanzar para que efectivamente la voz de todos y todas tenga peso en la toma de decisiones sobre aspectos importantes del que hacer nacional.

Para ello primero debemos tener una Constitución Política que sea legítima en su concepción, que contenga la voz de la mayoría, que sea fruto de la deliberación ciudadana y que por supuesto asuma a la participación como un derecho fundamental hoy ausente. En segundo lugar es necesario contar con mecanismos de participación ciudadana que permitan sumar nuestras voces al quehacer público. Entre otros.

Que existan referéndum, donde todas y todos podamos opinar sobre leyes y temas significativos para el país.

Que los ciudadanos y ciudadanas podamos presentar iniciativas populares de ley, ayudando a nuestros representantes en forma corresponsable en la tarea legislativa.

Que todas las autoridades entreguen cuentas públicas comprensibles y útiles a los ciudadanos y ciudadanas, en un momento adecuado para dialogar sobre ella y proyectar la acción de futuro.

Que se pueda decir en qué invertir el presupuesto comunal y regional a través de presupuestos participativos comunales y regionales.

Que los y las ciudadanas decidamos en forma vinculante el plan regulador comunal de donde vivimos y habitamos. Y que contemos con igualdad de recursos técnicos e informativos para exponer nuestras opiniones a la comunidad sobre este instrumento tan significativo.

Que las evaluaciones ambientales consideren la opinión de los vecinos y vecinas y se asuman planes de compensación y mitigación consensuados. Con una institucionalidad que fiscalice su funcionamiento y cumplimiento en forma efectiva, sancionando en serio cuando no se cumpla.

Que en las elecciones municipales votemos por programas y no sólo por caras y si una vez electos no cumplen podamos revocar su mandato por incumplimiento de programa.

Que exista una Defensoría de las personas que promueva y defienda el cumplimiento de estos derechos ciudadanos en forma autónoma en todos los servicios públicos.

Hoy es el momento, no perdamos la oportunidad de avanzar en democracia.Queremos participación ciudadana para transformar Chile.

Se inicia así el segundo semestre del año con la campaña presidencial en pleno donde los ganadores de la primaria enarbolaban principios tendientes a cerrar brechas existentes en Chile tanto desde la disminución de la desigualdad como desde el avanzar en la justicia.

Este contexto parece oportuno para plantear una significativa desigualdad e injusticia que observamos en el país, aunque muchas veces invisibilizada, la desigualdad territorial.

El destino de la mayoría de los chilenos y chilenas depende en gran medida del lugar donde se nace, crece o vive, y no de sus capacidades y esfuerzo, porque las oportunidades de desarrollo y bienestar están concentradas en unos pocos territorios, en desmedro de otros. Situación que quita oportunidades de desarrollo para el país, lo que según los expertos implica empezar a perder capacidad de crecimiento.

Estas desigualdades territoriales se han expresado en las últimas movilizaciones regionales de Punta Arenas, Aysén, Freirina, Calama y ahora último en Quellón. Aunque no tenemos en nuestro país muchas cifras desagregadas y confiables a nivel regional y comunal algunas de ellas nos muestran estas evidencias de desigualdad.

Con un promedio nacional de 36%, la informalidad laboral fluctúa desde los registros de O’Higgins y Antofagasta en torno a un 29%, hasta el 47% de la Araucanía. Maule, Los Lagos y Los Ríos también presentan niveles importantes de informalidad, en torno a 40%.

El PIB per cápita regionalizado da cuenta de la desigual distribución territorial del ingreso, dado que sólo 4 de las 15 regiones del país superan el promedio nacional correspondiendo éstas a las tres regiones de perfil minero (Antofagasta, Tarapacá y Atacama) y a la Región Metropolitana de Santiago.

El 72.9% de la población pobre con discapacidad de larga duración reside en regiones distintas a la Metropolitana.

Estas brechas sectoriales a nivel territorial son evidentes y no podrán disminuirse con políticas públicas que sean ciegas a ellas como ha ocurrido en muchas oportunidades.

Es imprescindible poner en la agenda pública en este año electoral la necesidad de este cambio en la mirada y para ello un grupo de profesionales ha puesto a disposición de los diversos candidatos presidenciales, la Nueva Agenda Regional que Chile necesita para avanzar en cohesión territorial entendida como los cambios requeridos para que las personas en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo y que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables.

Además que exista convergencia rápida para que las grandes brechas de hoy se reduzcan hasta niveles compatibles con el de una sociedad que aspira a considerarse desarrollada.

Durante el taller se analizaron cifras alarmantes de desigualdad territorial en diversas áreas que evidencian la necesidad de implementar políticas en esta dirección no sólo porque es éticamente condenable, sino porque en buena medida son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias; y porque constituyen un obstáculo al desarrollo, de las personas, familias y comunidades que viven en los territorios rezagados, lo que afecta también al desarrollo general de nuestro país.

Entre las cifras observadas, en los datos de pobreza, la región de la Araucanía aparece como la más pobre del país con un 22,9%, frente a un 11,5% de la capital.

En empleo, los trabajadores que reciben el salario mínimo o menos corresponden a nivel nacional a un 17,4%. No obstante, por territorio, estas cifras casi se duplican, llegando en el Maule al 30%, la Araucanía 29%, Los Lagos 28%, Los Ríos 25%, Bio-Bío 24%, Valparaíso y Coquimbo 20%.

En educación, también es posible advertir estas inequidades en los resultados de la PSU. El puntaje promedio de los estudiantes de la Región Metropolitana fue de 514 puntos, mientras que en Arica-Parinacota sólo alcanzó los 467 puntos, y en ninguna otra región superó los 500 puntos promedio.

Con esta mirada fresca analicé la Cuenta Pública a la nación del Presidente Sebastián Piñera, constatando que la desigualdad territorial está ausente de la política pública hoy en día.

Es más, el concepto de descentralización aparece sólo una vez en todo el discurso, pero sólo asociado a supuestos avances en estos tres años de gobierno. No hay ninguna palabra que se condiga con propuestas nuevas.

Afirma “hemos dado pasos mucho más largos y veloces en favor de nuestras regiones y comunas, transfiriéndoles más recursos, funciones, atribuciones y responsabilidades. Así por ejemplo, entre 2010 y 2013 el Fondo Nacional de Desarrollo Regional creció en un 55%, y el Fondo Común Municipal aumentó en un 21%. Esto ha permitido que, en promedio, las regiones estén creciendo más rápido que el país, contribuyendo así a una auténtica descentralización de Chile”. Además de la aprobación de la elección directa de los Consejeros Regionales.

A nuestro juicio, Chile más que descentralización, requiere un desarrollo con cohesión territorial, no se trata sólo de transferir poder desde el nivel central de gobierno hacia el nivel regional, sino que en los territorios se potencie una verdadera revolución de capacidades y emprendimientos.

Esperamos que si el tema estuvo ausente en esta cuenta pública podamos tener avances en los programas de los candidatos presidenciales y en el próximo gobierno.

Creo que es imprescindible poner el tema del programa nuevamente al centro, sobre todo cuando he leído declaraciones de algunos personeros de la tradicional concertación señalar que a partir del 1 de julio el tema programático “entra a revisión o se parte de nuevo” como si se tratara de una negociación para apoyar al candidato o candidata ganador de las primarias.

El desprestigio del sistema político chileno se encuentra en niveles peligrosos, así lo muestran todos los estudios que se han realizado en los últimos 10 años y, con inscripción automática y voto voluntario, es significativo hacer campañas que sean convocantes y movilizadoras de la ciudadanía.

A mi juicio, no tener primarias parlamentarias en los territorios dificulta la posibilidad de una participación masiva en las primarias presidenciales de la oposición.

Más aún cuando las encuestas muestran tanta distancia entre los participantes, existiendo poca competencia y parecer una carrera corrida. Lo único que podría lograr motivar al votante para que un día domingo 30 de junio se levante a votar podría ser la diferenciación programática entre los distintos candidatos. Situación que ha comenzado a esbozarse en las últimas semanas, pero que debería quedar bastante más clara a la brevedad para ser comprendida por el votante común.

En la primaria desarrollada en la comuna de Providencia en la elección municipal se optó por desarrollar un programa común en forma participativa y se votaba por el candidato o candidata que se creía podía llevar adelante de mejor forma ese ideario y ser electoralmente más competitivo para derrotar a Labbe. Había un programa común y la forma en que se construyó fue abierta y amplia. Al parecer ese no ha sido el camino escogido por la oposición actualmente.

Para ello es clave que el proceso de discusión y construcción de los programas sea amplio y participativo. Que las opciones sean claras y diferenciadoras.

Que su contenido no sólo emerja del típico trabajo en comisiones de expertos y diálogos ciudadanos, sino que incluya una serie de mecanismos de democracia directa como consultas ciudadanas, cabildos territoriales y temáticos, que se ocupen las nuevas tecnologías de información, entre otras formas.

Que busque interesar a la ciudadanía en un debate sobre el Chile que queremos y las diferencias que se presentan para abordarlo.

Donde efectivamente se recojan las opiniones diversas, se busquen consensos, se muestren disensos y se viabilicen las propuestas –qué se puede hacer, qué no, por qué, con qué, cuándo y cómo- en un diálogo amplio que vaya construyendo masa crítica capaz de ejercer su ciudadanía en forma coherente y desarrollar un activo control ciudadano en la implementación posterior de este programa.

Pero para ello tiene que existir claridad desde hoy que cuando vamos a primarias no sólo gana el candidato o candidata que tiene más votos, sino también el programa con el cual se ha presentado a la ciudadanía en ese proceso.

Es de una inconsecuencia total pensar en que se vota candidata o candidato escindido del programa que presenta y que luego se discute todo de nuevo. Como si todo fuera fruto de negociaciones a cuatro paredes. Hoy la ciudadanía nos exige coherencia y transparencia, no sigamos defraudando.

Luego de la primaria habrá espacio para seguir avanzando en la discusión del programa con la ciudadanía a lo largo de todo Chile, contrastando posiciones con las de la derecha que se ha parapetado en la defensa total al modelo institucional económico, político y social desde la Constitución hasta el lucro en la educación.

Es así como en nuestro país vimos su fortalecimiento paulatino desde principios del siglo pasado, con posterioridad a la denominada cuestión social, con el Estado Protector para luego avanzar en nuestro incipiente Estado de Bienestar con políticas sociales universales que permitieron un avance significativo en cobertura, hasta el Estado Subsidiario que impuso la Dictadura con una política social focalizada que a partir de los ´90 -con matices de Estado Social de mercado- se ha mantenido hasta el día de hoy.

Las políticas sociales, también denominadas contra la exclusión, políticas de inclusión social, contra la pobreza, de empoderamiento, dan cuenta en la realidad actual de su objetivo principal: disminuir la brecha de desigualdad, aumentar la capacidad –social y laboral- de los sectores más vulnerables y reducir el malestar social facilitando la generación de formas de organización y participación en la gestión pública.

Hoy el país está necesitando un cambio en el modelo de desarrollo y por supuesto en la lógica de sus políticas sociales. Un aspecto significativo, queda en evidencia tras los resultados del último CENSO 2012 que nos muestran que los cambios demográficos se vinculan con la expresión particular de la nueva cuestión social en el país. Hoy requerimos de políticas sociales activas que permitan la cohesión territorial.

La desigualdad territorial en la entrega de derechos sociales va generando un despoblamiento de ciertas zonas que se expresa en movimientos de población desde pequeñas localidades hacia ciudades intermedias y desde ahí a grandes urbes. Todo lo cual impacta directamente en las condiciones de vida de la población.

Entre los factores que producirían este fenómeno de despoblamiento de ciertas zonas se encuentran: precarización del empleo, acceso a la salud, a la educación, a bienes culturales, a tecnologías de la información, entre otras.

Como señala Carballeda “la distribución espacial que queda como resultante del movimiento poblacional es en sí misma problemática. El éxodo rural, al generar un descenso de la población, trae como consecuencia características especiales al proceso de despoblamiento, que se expresan en el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios y equipamiento, el desaprovechamiento de la capacidad instalada, cuestiones que llevan entre otras dificultades a la desertización socioeconómica y a un desvertebramiento del territorio”.

De esta forma se hace necesario que el Estado adquiera un rol activo y central como ordenador, planificador y garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. Este es un tema que ha estado ausente de la agenda pública, no se han incentivado políticas sociales relativas a la cuestión poblacional, no se ha buscado un equilibrio territorial, espacial y social.

No se ha incluido la lógica de la cohesión territorial en la política social donde hoy se vuelve evidente la necesidad de una intervención social que articule la política social con las potencialidades de los diversos territorios, a nivel regional, provincial, comunal y de pequeños poblados.

Los medios de comunicación frente al secretismo que rodea a la ex mandataria repiten lo mismo mil veces hablando del “entorno” sin aportar ningún dato nuevo y buscan descubrir quién es el “elegido” que está haciendo el programa.

Creo que un punto no abordado y necesario de situar en el escenario actual es discutir cómo construimos el programa y qué hacemos para poder cumplirlo.

El desprestigio del sistema político chileno se encuentra en niveles peligrosos, así lo muestran todos los estudios que se han realizado en los últimos 10 años y, con inscripción automática y voto voluntario, más que preguntarse el mecanismo para definir la primaria (ley corta de primarias) sería bueno saber cuánta gente quiere ir a votar a una.

Tengo la percepción que si bien las primarias legitiman la selección de un candidato la temática hoy está situada más como un tema relevante de la clase política que de la ciudadanía. Y eso debido al nulo despliegue de ideas de futuro de país que se observa en el debate. Cuáles son las ideas que movilizarán a la ciudadanía a inclinarse por un candidato y no por otro en una primaria y luego en una elección es algo ausente.

En la primaria desarrollada en la comuna de Providencia en la elección municipal pasada se optó por desarrollar un programa común en forma participativa y se votaba en la primaria por el candidato o candidata que se creía podía llevar adelante de mejor forma ese ideario y ser electoralmente más competitivo para derrotar a Labbé. Había un programa común y la forma en que se construyó fue abierta y amplia.

En las primarias presidenciales de junio desde la oposición parece existir un relativo consenso con respecto a quien es la candidata más competitiva. Por tanto, la justificación de su desarrollo es que efectivamente existan matices programáticos distintos entre los diversos candidatos que se puedan poner en el debate y movilizar al electorado a participar de la primaria y luego de la elección.

Para ello es clave que el proceso de discusión y construcción del o de los programas sea amplio y participativo. Que salga del típico trabajo en comisiones de expertos y diálogos ciudadanos e incluya una serie de mecanismos de democracia directa como consultas ciudadanas, encuestas de opinión, cabildos territoriales y temáticos, que se ocupen las nuevas tecnologías de información, entre otras formas. Donde efectivamente se recojan las opiniones diversas, se busquen consensos, se muestren disensos y se viabilicen las propuestas –qué se puede hacer, qué no, por qué, con qué, cuándo y cómo- en un diálogo amplio que vaya construyendo masa crítica capaz de ejercer su ciudadanía en forma coherente y desarrollar un activo control ciudadano en la implementación posterior de este programa.

La carrera no está ganada, la campaña se vislumbra dura, necesitamos hacer las cosas en forma distinta, para lograr resultados distintos y poder desarrollar los cambios y transformaciones que este país requiere construyendo una nueva mayoría social.

Algunos privilegian la gobernabilidad desde el statu quo y viven desde el temor, prefiriendo bajar expectativas, este país merece una gobernanza distinta y una oportunidad para volver a soñar.

Hace unos días se desarrolló el lanzamiento del programa de monitoreo Santiago cómo vamos, asistieron más de un centenar de vecinos, vecinas, académicos, representantes de la sociedad civil, las y los alcaldes electos Josefa Errázuriz, Gonzalo Durán, Carolina Tohá, Daniel Jadue y Carlos Cuadrado, quienes se comprometieron con medidas concretas para mejorar la participación ciudadana en sus comunas.

Dentro de las medidas comprometidas se pueden mencionar: Josefa Errázuriz de Providencia, anunció la implementación de 9 medidas en los primeros 120 días de su gestión. Las que incluían mejoras a la ordenanza de participación y al reglamento de los Consejos de la Sociedad Civil, creación de una “Defensora Municipal para el Respeto de la Diversidad y la Inclusión Social”, organismo que deberá velar por el respeto de los derechos ciudadanos. También destacó la transparencia que tendrán desde ahora los Concejos Municipales, que serán transmitidos por streaming y propuso reuniones ampliadas de los Consejos de la Sociedad Civil a nivel regional y nacional.

Daniel Jadue, de Recoleta anunció la realización de al menos 6 congresos comunales para actualizar el plan de desarrollo comunal, donde participarán las Juntas de Vecinos, los adultos mayores y los clubes deportivos, entre otras organizaciones. Además propuso organizar un Plebiscito comunal “para que la ciudadanía se pronuncie sobre Asamblea Constituyente y una nueva constitución política”.

Gonzalo Durán, de Independencia anunció la creación de una Oficina Municipal de participación ciudadana, entre otras medidas y se comprometió a realizar caminatas sistemáticas por todos los barrios de su comuna en compañía de vecinos y dirigentes, para constatar en terreno los problemas prioritarios de las personas.

La alcaldesa electa de Santiago, Carolina Tohá, señaló que gestionaría un nuevo plan regulador de la zona Sur Oriente con participación de la ciudadanía. También destacó la formación de una Unidad de Participación en la Dirección de Desarrollo Comunitario para hacerse cargo de la diversidad. Se comprometió a organizar claustros en todos los establecimientos educacionales públicos “para recuperar los proyectos educativos y superar el ambiente de conflicto que han dejado las movilizaciones y que ha sido intencionado por la autoridad”.

Carlos Cuadrado, de Huechuraba al igual que el resto de los alcaldes participantes se comprometió a cumplir el programa de gobierno municipal presentado por su candidatura de cara a la ciudadanía, durante la reciente elección municipal 2012. Incluir en éste iniciativas concretas para promover la participación ciudadana en la gestión pública y el acceso a la información pública municipal, tres de las cuales serán aprobadas durante los primeros 90 días de su gestión y trabajar en conjunto con el programa Santiago cómo vamos para el desarrollo de indicadores de calidad de vida y gestión urbana a nivel comunal, que permitan a la ciudadanía monitorear anualmente el desempeño del Municipio que encabeza.

Es necesario que el mayor número de organizaciones, vecinos y vecinas de estas comunas conozcan estos compromisos de sus futuras autoridades para poder desarrollar una ciudadanía activa, que ejerza control social, entendido como un tipo de participación ciudadana orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de personas y/u organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales, que busca que los ciudadanos -organizados o no- puedan incidir en la esfera pública, ya sea formalmente, por medio de su inclusión en comités de obra, órganos colegiados como los consejos de organizaciones comunales de la sociedad civil, etc. o indirectamente, por medio de la activación de los sistemas de quejas y denuncias.

Con una ciudadanía activa y autoridades comprometidas con la participación será posible correr el cerco y avanzar en esta tarea aún pendiente con el fortalecimiento de nuestra democracia.

La cantidad de consejeros no podrá ser inferior al doble, ni superior al triple de los concejales en ejercicio de cada comuna.

De la misma forma, un reglamento sometido por el alcalde al Concejo Municipal, determina la integración, organización, competencia y funcionamiento de éste Consejo, así como la forma de auto convocarse, cuando al menos un tercio de sus participantes así lo decida. La Ley 20.500 le entrega a losCOSOClas siguientes funciones que anteriormentetenían los CESCOS:

-Informar sobre presupuesto de inversión anual, Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO) y modificaciones al Plan Regulador Comunal.

- Pronunciarse en el mes de marzo de cada año, sobre la Cuenta Pública del alcalde, cobertura y eficiencia de los servicios municipales.

- Interponer recursos de reclamación.

- Adicionalmente, agrega las siguientes nuevas funciones:

- Pronunciarse anualmente sobre las materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el Concejo Municipal.

Los consejeros deben informar a sus respectivas organizaciones, con debida anticipación para recibir consultas y opiniones, acerca de la propuesta de presupuesto, del Plan Comunal de Desarrollo, las modificaciones al Plan Regulador Comunal y cualquier materia relevante que les haya presentado el alcalde o el Concejo.

De esta forma, esta nueva institucionalidad a nivel comunal tiene nuevas atribuciones y busca que los vecinos y vecinas estén representados en su interior a través de sus organizaciones territoriales, funcionales, gremiales y de interés público.

Si bien, tiene definidas por ley algunas atribuciones, como se ha señalado es resorte del alcalde y su Concejo Comunal entregar otras funciones a su quehacer por medio de la ordenanza de participación comunal para que pueda aprovecharse el Consejo como un espacio de deliberación y participación ciudadana.

Desde Ciudad Viva se desarrolló el primer Monitoreo a la implementación de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública a nivel Municipal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile 2012.

En general, los resultados del monitoreo muestran que la mayoría de las municipalidades del país no ha avanzado mucho en la implementación de la normativa, de esta forma, no cumplen con los mínimos legales establecidos. Por lo tanto, las nuevas autoridades cuentan con amplios espacios para crecer en la materia y hacer efectivo el incluir la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones sobre la gestión local.

Un ejemplo de ello tiene relación con los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil donde se observa que en su gran mayoría los municipios han aprobado los reglamentos que regirán a los COSOC (95% de 147 casos), pero poco más de la mitad los ha constituido realmente (con fecha marzo 2012 un 56% los había formado fecha que se considera atrasada según lo señalado por ley).

Por otro lado, resulta preocupante la enorme mayoría que no cuenta con una partida presupuestaria clara y pública para el funcionamiento de los COSOC (4% de 140 casos).Se incluyó este indicador puesto que un pronunciamiento de la Contraloría General de la República señala que para lograr mayor autonomía de estos Consejos necesitan presupuesto establecido, que les otorgue la posibilidad de jugar un rol más relevante que el que antiguamente asumieron los Consejos Económico Sociales (CESCOS).

Sería significativo un estudio de casos donde se pudiera analizar la forma en que estos Consejos se constituyeron, si se han reunido y qué decisiones han tomado, puesto que su sola conformación no asegura la utilidad del órgano.

Una propuesta que podrían asumir las nuevas autoridades electas a nivel comunal que han tomado las banderas de la necesidad de nuevos espacio de participación en la gestión comunal es fortalecer el espacio de los COSOC en sus municipalidades, considerando entre otras propuestas.

Primero, que la elección de los Consejeros de la Sociedad Civil se realice a través de un proceso informado y difundido por los medios que cuente el municipio (diario comunal, mail a organizaciones, cartas, diarios murales, página web, entre otros) entre los dirigentes sociales y los vecinos/as.

Esta elección sería a través de un voto secreto en urna y los Consejeros deberían inscribirse con antelación a la votación y presentar un plan de trabajo en una asamblea donde se invitaría a todos los dirigentes de la comunidad antes de la elección.

Segundo, los Consejos de la Sociedad Civil deberán contar con un ítem dentro del presupuesto municipal para asegurar su funcionamiento con autonomía.

Tercero, se someterá a consulta al Consejo y con el tiempo debido para previa consulta a sus bases, no sólo lo que señala la ley 20.500, sino que otras materias relevantes a nivel comunal como: Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), modificaciones a Ordenanza de Participación Ciudadana, diagnóstico y posterior desarrollo del plan comunal de seguridad, construcción de grandes obras e implementación de programas sociales de cobertura significativa, entre otras.

La Ley de participación entrega algunos mecanismos para avanzar en incluir las voces de los vecinos y vecinas en la gestión comunal, pero poco se ha avanzado en ello a un año y medio de su promulgación. Hoy pueden establecerse compromisos con las nuevas autoridades con la esperanza de fortalecer nuestra democracia en el espacio local.