Pero en cuanto a ética se hable en los medios de comunicación, aquella ligada al intento de reproducir la verdad de los hechos detrás de un micrófono, hoy son muchos los que han encontrado tierra fértil para despedazar a Jadue y al casildense. Al primero con connotaciones delictuales y al segundo con mediciones éticas, el facilismo y populismo de algunos que callaron en su momento, pero que hoy hacen leña del árbol caído, son tintes abundantes hoy en televisión, radio y prensa escrita.

Lo interesante de analizar, cuando en medio del triunfo y del éxito “que produce ceguera” como lo decía Marcelo Bielsa, es que esta ceguera no sólo aplica a Sampaoli, sino que aplica también para los medios masivos de comunicación deportivos que, salvo honrosas excepciones, nunca advirtieron detrás del encandilante título de la Copa América, de los oscuros negocios de Jadue ni de las acciones- presuntamente- de dudosa ética que llevó a cabo Sampaoli en nuestro país.

Son varias las situaciones en que se vió a Sampaoli faltándole el respeto a nuestro país, como cuando visitó a la presidenta Bachelet a La Moneda con jeans. No se me ocurre ver a Pellegrini visitando a la reina Isabel vestido de jeans. Como cuando cerró un camino que accedía al centro de concentración de la selección en el Monasterio Celeste al interior de Rancagua, lugar donde reside gente en la tranquilidad del campo.

Se podrían enumerar muchas acciones, que describen una actitud de soberbia y prepotente de Sampaoli con nuestro país, con nuestra gente. ¿El dinero lo cegó o lo desenmascaró? Nadie lo sabe, no se conoce mucho de su pasado.

Un personaje que se siente rehén en un país donde ha hecho lo que ha querido, en un país donde llegó cuando nadie lo conocía y donde hoy tiene la posibilidad de ir a Zurich a esperar ser elegido el mejor técnico del mundo. ¿Mérito de él? Por supuesto y en parte, ¿gracias a quién? A un país, a una dirigencia que creyó en su proyecto y a una generación de jugadores formados por Sulantay y luego potenciados por Bielsa.

Y hoy aparece como trending topic Eduardo Bonvallet, ¿porqué? Simplemente por haber dicho en su momento las cosas que sucedían al interior de la ANFP entre Sampaoli y Jadue, sin compromisos, sin amiguismo y con completa objetividad.

Las formas de Bonvallet son discutibles, pero el fondo era la realidad y hoy nadie puede rebatírselo al señalar que “El Viejo Chico” como lo apodaba él, no sentía amor por la camiseta de Chile, no manejaba muchos sistemas tácticos y tenía un comportamiento ético digno de alguien a quién sólo le importa el dinero.

Hoy es fácil y rentable para los medios decirlo, en su momento pocos lo dijeron y era antipopular, uno de ellos fue Bonvallet quien hoy cumpliría 60 años, el mismo día en que Sampaoli deja a La Roja.

Antes, ya vienen arrastrándose dos conflictos importantes: Alto Maipo, hidroeléctrica perteneciente a la transnacional AES Gener y a Antofagasta Minerals y Caimanes, cuyo conflicto es con Minera Los Pelambres en la región de Coquimbo.

AES Gener se dedica a la producción y distribución de energía eléctrica en Chile. En el año 2013, esta sociedad anunció la venta del 40% del proyecto Alto Maipo a Antofagasta Minerals, que corresponde a una de las compañías mineras privadas más importante de Chile y que es controlada por el Grupo Luksic. Este grupo a su vez está conformado, entre otras mineras, por Minera Los Pelambres que está enfocada al rubro del molibdeno y oro.

Esta transacción de Alto Maipo a Antofagasta Minerals, también estableció la venta de energía para la operación de Minera Los Pelambres por un plazo de 20 años.

Todo lo anterior se trata de un “negocio entre privados”, frase favorita del gobierno. Pero nada es blanco y negro, pues existen impactos sociales y ambientales que se analizan a continuación.

En primer lugar, el río Maipo es la columna vertebral de la cuenca del Maipo, que abarca casi el 100% de la superficie de la región Metropolitana. Abastece al Gran Santiago de agua potable, permite el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura en las zonas medias y bajas de la cuenca, y dota de un pulmón verde regulador del clima de la región otorgando paisajes inigualables a menos de una hora de la capital. Lo último permite el mantenimiento de ecosistemas ricos en flora y fauna, existencia de glaciares, lugares de esparcimiento y recreación, desarrollo rural y turístico en sectores como el Cajón del Maipo e Isla de Maipo.

Cómo ha sido la tónica de la mayoría de estos Proyectos en Chile, éste se ha llevado a cabo bajo la nula consulta vinculante con las comunidades locales, sin canales genuinos de participación ciudadana y con múltiples acuerdos “entre privados” que incluyen información de difícil acceso para un ciudadano común.

En segundo lugar, dada la vinculación del negocio energético con Minera Los Pelambres, debemos dirigirnos al sector en que se encuentra este Proyecto. Región de Coquimbo al interior de Los Vilos, más específicamente en el cauce del estero El Pupío, en el cual esta minera ha construido un tranque de relaves denominado El Mauro.

Las comunidades locales agrupadas en el Comité de Defensa del Valle del Pupío, han denunciado que el funcionamiento de este tranque de relaves ha provocado serios perjuicios para el desarrollo natural de la zona, al contaminar napas subterráneas y alterar el normal escurrimiento de las aguas del estero, estresando aún más una zona que ya presenta problemas de escasez de agua.

Respecto de este tema, la propia Corte Suprema falló en octubre del año pasado, ordenando a Minera Los Pelambres a restablecer el cauce normal de las aguas del estero El Pupío y demoler total o parcialmente el tranque de relaves El Mauro.

Los ciudadanos y organizaciones sociales de Caimanes sólo están exigiendo lo mínimo: que se cumpla lo dictaminado por la justicia. Eso ni siquiera se trata de demandas sociales, simplemente de que la ley se cumpla, sea igual para todos y acatada con la premura que se le exige a todos los chilenos.

Ante el silencio del gobierno y de la mayoría de los medios de comunicación, este tema ha permanecido en el oscurantismo, mientras una pequeña localidad como Caimanes (que fluctúa entre 1.000 y 2.000 habitantes) lucha por lo justo contra una de las Mineras más poderosas del país, contra el Grupo Luksic y ¿contra el propio gobierno?

Al contrario de lo esperable, es decir, que el gobierno exija el cumplimiento de las órdenes judiciales, éste ha enviado un contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros a la localidad de Caimanes para reprimir las manifestaciones locales. Ya que ante la injusticia del caso, los habitantes se han tomado la ruta que une el pueblo con las instalaciones mineras, una situación completamente Kafkiana y clarificadora de cómo ha operado el gobierno actual en un caso que toca la fibra principal por el cual la clase política ha sido cuestionada por la opinión pública en los últimos meses: la forma en que se financian las campañas y el cobro de los favores políticos

Esto no se trata sólo de un conflicto entre Caimanes y Minera Los Pelambres, más bien representa el conflicto entre el pueblo chileno y la elite económica que nos gobierna. Tiene una arista judicial, ambiental y social, pero también una arista profundamente simbólica. El resultado de este conflicto será visto como la orientación y fuerza obligada bajo la cual las futuras demandas sociales tendrán que plantarse frente al poder económico establecido.

Finalmente, Caimanes constituirá un precedente hacia una nueva actitud más radicalizada de los frentes activistas y la evidencia del abuso abrumador de poder que existe en Chile.

Primero, el agua es un bien de características únicas, dado que cumple tres funciones principales: social (debe usarse en beneficio de la sociedad), ecológica (es fuente de vida para el medio ambiente) y económica (no existe actividad productiva alguna que no utilice agua).

En la mayoría de los países, el agua es de dominio público del Estado y lo normal es conceder derechos para su uso a particulares, también es normal que estos derechos sean protegidos con cláusulas constitucionales de propiedad privada, para asegurarle garantías mínimas al inversor. Hasta acá vamos relativamente bien.

Lo anormal y que en ninguna parte del mundo se ha hecho, es entregar derechos de agua en forma incondicionada, a perpetuidad y donde la transferencia de éstos sea entregada libremente al mercado. Y es lo que precisamente sucede en Chile, ejemplo único en el mundo de lo que no debe hacerse en materias de agua.

Acá hay tres puntos importantes.

Primero, el problema no es la existencia de derechos de agua ni su otorgamiento bajo la figura de propiedad privada, más bien es cómo está definida esta figura, sin ningún condicionamiento, a perpetuidad y sin garantías de que su uso sea en directo beneficio para los intereses del país.Hasta el momento, por décadas, el beneficio sólo se lo han llevado magnates privados y en general hacia fuera del país (gran minería, energía, forestales y agroindustrias).

Segundo, un punto transcendente es definir el mecanismo de transferencia de estos derechos de agua entre los titulares y qué rol jugará el Estado para regular estas acciones y defender el interés público y asegurar el beneficio social. La complejidad del ciclo hidrológico es de tal magnitud, que el mercado no puede operar libremente y nunca lo operará, aunque Milton Friedman resucite y baje de los cielos.

Se habla de un uso eficiente del recurso al defender el mercado de aguas ¿qué diablos significa esto? ¿Asegurarle las ganancias a las mineras, forestales, agroindustrias o Pentas, que pagan irrisorios impuestos y royalties?

Asegurar un uso eficiente del recurso significa incorporar no sólo la variable económica, sino también las variables sociales y ecológicas. El agua debe ser usada para un fin socialmente beneficioso, es decir para el interés público. Deben respetarse los derechos ancestrales y proteger los sistemas ecológicos, únicos en el mundo y de amplias oportunidades para el turismo.

Un tercer punto, se hace necesario que la legislación abogue por la solución de los conflictos actuales, reconociendo los usos preexistentes y ancestrales. Para ser justos, hay que resaltar que la propuesta de reconocer el agua como un derecho humano y priorizar el agua para consumo humano y saneamiento, es positiva. Pero ello significa en la práctica “tocar” la famosa Constitución y asegurar constitucionalmente este derecho humano, y restablecer la integridad de la tierra con el agua, en el caso de los territorios indígenas o ancestrales.

Lo genuino y bien intencionado, es que las reformas legales busquen proteger los medios de subsistencia de los sectores más marginales, tales como pequeños agricultores, comunidades de autoabastecimiento y pueblos ancestrales, para así asegurar el equilibrio social, económico y ecológico que requieren los tiempos actuales.

Hoy se ha visto a parlamentarios, incluso del PC, celebrando la definición del agua como un “Bien nacional de uso público”. Me pregunto, ¿esto es ignorancia de la comisión parlamentaria, o es una falacia, un engaño y un escupitajo a la cara al país?, porque esta definición ya está incorporada en el Código de Aguas desde 1951.

El diablo está en los detalles, eso lo saben los parlamentarios, el problema está en cuáles son las condiciones que establece la Constitución y el Código Civil sobre la definición del derecho de propiedad privada sobre el uso del agua. Por favor, no nos sigan engañando, el agua no espera, el cambio climático está encima y una vez más como siempre en la historia de este país, serán los más pobres y marginados los que sufrirán las consecuencias.

El jefe actual de la DGA en la propia web institucional (ver http://goo.gl/vG7hJ8 ), señala que las propuestas “son coherentes con la Constitución”, cuando precisamente los cambios necesarios para llevar a la práctica que el agua sea un “Bien Nacional de uso Público” son modificaciones que no deben ser “coherentes” con la Constitución actual.

La propia DGA se contradice al señalar que el agua no es un bien de mercado, pero a la vez quiere fortalecer el buen funcionamiento de éste. Bueno, ¿estás o no estás con el mercado?, se debe transparentar esta postura al país. Ellos señalan en su web institucional que no son enemigos del mercado, luego podemos esperar que cualquier modificación al Código de Aguas será para sólo fortalecerlo. Basta de gatopardismos, la sociedad está cansada de ello.

Importantes son las palabras del Obispo de Aysén, Luis Infanti “Hay leyes que son inhumanas y lógicamente nos llevan a exigir a los que tienen responsabilidades en la construcción y aprobación de éstas, a que de una vez se hagan leyes que faciliten la vida de las personas y no a su marginación, su aplastamiento y su muerte” (ver entrevista http://goo.gl/JFPXb1 ).

Si bien no existe una bola de cristal para conocer el escenario climático e hídrico futuro de nuestro país, sí se cuenta con elementos previsibles y comunes presentes en diversos estudios realizados por instituciones y centros de especialización en el tema.

Hay claridad de que el aprovechamiento o demanda por agua aumentará por razones de crecimiento económico y poblacional, y la disponibilidad del recurso hídrico sufrirá disminuciones producto del cambio climático, el cual estima un avance de las regiones secas y desérticas hacia el sur chileno.

En general, se ha establecido que Chile es vulnerable a los impactos del cambio climático y es previsible que esta situación tenga consecuencias negativas tanto para las actividades productivas como para el medio ambiente y la población. Por lo tanto, existe un escenario futuro relativamente certero bajo el cual se puede afirmar que la escasez hídrica aumentará desde el norte hasta la zona centro sur del país.

Según lo anterior, no es mucho lo que razonablemente se puede hacer para modificar esta tendencia, por una parte el cambio climático obedece a causas globales y el modelo productivo económico chileno basado en la extracción de recursos naturales está tanto o más arraigado que el modelo de aguas de origen militar.

Lo que sí se puede hacer hoy, es preparar los instrumentos legales y normativos adecuados para darle flexibilidad necesaria al sistema de gestión hídrica, que le permita enfrentar las consecuencias del cambio climático y poder adaptarse a la fuerte variación climática que se incrementará en el futuro.

Por ejemplo, hay regiones donde hoy la sequía es una situación de emergencia pero que en el futuro se presentará como una condición permanente, bajo lo cual deberán ajustarse los instrumentos de emergencia por sequías.

Cuando se asume que no se puede hacer nada para evitar un futuro cambio, la otra vía de solución es prepararse para enfrentarlos y dotar de capacidad de adaptación al sistema.

Por tanto, es necesario que la actual discusión de reforma al Código de Aguas, considere la adaptación al cambio climático como eje principal de las propuestas, no obstante, lo preocupante radica en que esta variable no se ha visto como materia o eje de discusión, la que ha estado diluida en cuestiones netamente ideológicas y cortoplacistas.

La fuerte presión de la clase empresarial chilena, dotada de una limitada visión cortoplacista y acostumbrada a vociferar las bondades de un libre mercado que no existe, pero silente al operar en un contexto económico marcado por oligopolios; aquella clase es la principal fuerza opositora a los cambios fundamentales al Código de Aguas, con el fin de mantener el estado actual de las cosas que le ha reportado suculentos beneficios económicos por más de tres décadas.

Al revisar los cambios propuestos al Código de Aguas, se encuentra la introducción de caducidad y revisión de los nuevos derechos de agua a los 30 años de otorgados.Sin embargo, se mantendría la perpetuidad de los derechos actualmente otorgados que conforman más de un 80% de la disponibilidad hídrica del país. En este ítem, no se ha considerado que el cambio climático planteará futuras variaciones en la disponibilidad de agua que obedecerán a escalas temporales inferiores a 30 años, por el contrario y una vez más el criterio utilizado es netamente productivo y económico.

Otro de los elementos ausentes, es el mejoramiento de la democracia interna de las organizaciones de usuarios, que son las que en la práctica gestionan el agua en nuestro país, un punto esencial para reducir las desigualdades de poder que existen en el mundo hídrico.

Tampoco se aborda otorgar a la Dirección General de Aguas (DGA), facultades y recursos para que pueda operar dentro de una realidad cambiante y heterogénea, que planteará diversos escenarios y problemáticas en cada región del país.

Finalmente no se ha planteado la discusión de fondo, acaso si el mercado de aguas resulta ser el método más apto para la repartición del recurso en contextos de escasez futura y si es así, qué necesidades de regulación requiere.

Muchos temas ausentes y ejes principales no considerados, preocupante si se piensa que el ciclo de reformas al Código de Aguas ha tenido al menos una frecuencia mínima de 20 años. Hoy que se plantea el tema hídrico en el centro de la agenda país, se puede perder esta valiosa oportunidad para realizar fuertes avances.

Corría el año 1981, cuando en Chile se practicaba una política de Estado antimarxista institucionalizada en la CNI antes denominada DINA.Se torturaba y se mataba tal cual lo revelaron después las comisiones Rettig y Valech. Esto no fue sino la representación máxima del miedo que el gobierno militar le tenía al poder constituyente y ciudadano, el cual se combatía con represión y terror.

Desde este mismo miedo, se origina la contrarrevolución más feroz que se haya aplicado en la historia chilena.El proceso social endémico llevado por décadas es brutalmente interrumpido y se incorpora una tendencia artificiosa en el modelo de desarrollo del país, se reduce el Estado a su mínima expresión y las decisiones se dejan al libre mercado. Comienza el experimento de neoliberalismo chilensis.

Volaron desde Chicago las células del cerebro intelectual que conformaron el marco legal que hasta hoy rige las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. Los adoctrinados por las políticas neoliberales de Milton Friedman, pensadas a miles de kilómetros de nuestra angosta faja de tierra, ya habían implantado una nueva constitución militar el año anterior (1980), la misma que sería legitimada 25 años después por el ex Presidente Lagos. El mismo personaje del dedo inquisidor en la década de los ochenta.

Ese mismo año 81 se originaba el Código de Aguas, con la misma lógica del miedo al poder de la gente, la minimización del Estado, la entrega de las decisiones al mercado y la prescindencia de la democracia.

Un Código elaborado entre gallos y medianoche, entre torturas y matanzas, cuando la atención pública estaba fijada en preocupaciones mayores y no en cómo se administraba el agua.

En los campos había ignorancia ante esta artimaña legal.Incluso hasta el día de hoy usted puede entrevistar a pequeños campesinos que creen que el agua está unida a la tierra, pero este Código de Aguas separó el agua de la tierra, sin ninguna consideración social ni ambiental.

Así es como desde el Código de Aguas de 1967, que preparó el camino para la Reforma Agraria pasando las aguas a dominio público y entregándolas a los usuarios en calidad de concesionarios, se derivó en un Código de Aguas neoliberal que entregó las aguas a perpetuidad bajo la figura de la propiedad privada con la posibilidad de su libre transacción comercial en el mercado, tal cual lo es una manzana o un automóvil.

Pero este vital recurso no es una manzana ni un automóvil y es importante recalcar que si bien el agua es un bien económico, también es un bien social y ambiental. El mundo productivo no puede funcionar sin agua, la sociedad se ha desarrollado culturalmente en torno al agua y el medio ambiente está determinado por el agua.

Entonces, lo grave es que el actual Código no se hace cargo de estas dos últimas variantes, mientras que sólo se ha hecho cargo de la parte económica y a medias, ya que ha favorecido la concentración, la especulación y la desigualdad en la distribución hídrica. Esto principalmente a causa de la falta de información de la que el Estado es responsable y la excesiva judicialización de los conflictos hídricos, donde ganan los que pagan mejores abogados.

Por ello, es fundamental realizar cambios profundos en el Código de Aguas (requiere quórums calificados), que garanticen el agua como un bien social, incluyendo el derecho humano al agua, la prioridad del consumo humano por sobre las necesidades de las grandes empresas y el respeto por las comunidades indígenas.

También debe garantizar la protección de los ecosistemas, ya que la extracción ilimitada en sectores como Copiapó ha dejado ríos prácticamente secos, fauna inexistente e impactos directos en la vida cotidiana de la gente.

El cambio climático es una silenciosa realidad que azota el clima chileno.Se estima que cada año el desierto avanza 400 metros hacia el sur (algunos señalan hasta 1 km), un cambio bastante más rápido que lo que se cree, mucho más que las soluciones que puedan emanar de la institucionalidad chilena.

En virtud de eso, se hace imprescindible hoy sentar las bases de un modelo hídrico sustentable que incorpore la variable social y ambiental, y regule el uso económico de este recurso, bajo un marco legal flexible para enfrentar los impactos del cambio climático y una fuerte presencia del Estado como actor principal.

Los conflictos por agua serán cada vez mayores, se enfrentan pequeños agricultores a grandes empresarios con todo el poder económico, político e incluso legal.

Claro ejemplo ha sido el caso de Petorca, donde la justicia ha fallado en contra del dirigente de Modatima por denunciar usufructo y robo de agua de un pez gordo vinculado a las altas esferas de la política nacional.

Una verdadera vergüenza para este país, fruto del miedo que el Estado tiene hacia las decisiones soberanas del pueblo, el mismo miedo bajo el cual nació la actual legislación hídrica, que a fin de cuentas es el reflejo de una legislación creada en dictadura.

Lo anterior, dado que en Chile, a las dificultades propias de la gestión hídrica se suma la existencia del libre mercado de aguas, el cuál es un problema en sí mismo, porque supone un principio básico de la economía, que al aumentar la demanda por el recurso entonces también aumenta la cantidad ofertada y por lo tanto, el sistema debe llegar a un nuevo equilibrio por acción y gracia de una “mano invisible”.

Cabe señalar que por condición natural, la disponibilidad de agua u “oferta hídrica” no sólo es limitada y finita, sino que más aún,la proyección realizada por diversos estudios indica que producto del cambio climático esta oferta será cada vez menor.

Por otro lado y para agudizar más el problema,la demanda por agua será cada día más alta debido al crecimiento económico y al propio calentamiento global. Luego esto permite prever un panorama de constante escasez hídrica en el país, de no mediar políticas públicas adecuadas.

De lo anterior se desprende que, como mal se informa, los principales problemas del país en materia de aguas no son debido a sequías (disponibilidad de agua) sino por la escasez (diferencia entre lo demandado y lo disponible).

Esto es importante incorporarlo, ya que cambia el carácter del problema desde algo puntual (sequías) a algo permanente y sostenido en el tiempo (escasez).Por lo tanto, las soluciones deben pasar desde la gestión de emergencias a medidas estructurales que involucren la forma como se administra el agua.

Revisando el programa de Bachelet en esta materia, puede observarse que se basa esencialmente en lo que pueda dictar una supuesta Nueva Constitución que reconocerá “el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos”declarando“las aguas como bienes nacionales de uso público”.

Situación nada nueva, ya que el actual código de aguas de 1981 ya las declara, luego el problema radica en el régimen de propiedad privada que rige a los derechos de agua,que está conformado para asegurar el pleno funcionamiento de un mercado de aguas con nula regulación estatal y que contrarresta cualquier intención de darle una connotación de bien nacional de uso público.

Por otro lado, la oferta bacheletista señala que “se delegará en el legislador la regulación del procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que se reconozca a los particulares sobre las aguas”.Es decir, se dejará al parlamento (el mismo que demoró 15 años en modificar estéticamente el código de aguas en el año 2005) que “regule” el actual procedimiento en que el Estado constituye los derechos de agua.

Así, el objetivo es “mejorar” lo existente, sin tocar en absoluto los mecanismos de transferencia actuales ni menos cuestionar la presencia del mercado en la asignación del vital recurso.No se cuestiona en lo más mínimo la base ideológica neoliberal con la que se construyó el modelo hídrico en la dictadura.

Otra promesa de este programa indica que, en sus primeros 100 días el Gobierno nombrará a un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, para identificar y avanzar en soluciones a la escasez de agua en el país. Se analizará una normativa que haga posible la existencia de la figura “recursos hídricos con fines sociales”.

Esto podrá establecer usos prioritarios, pero siempre dentro del modelo de mercado de aguas, lo cual entregará respuesta en situaciones críticas, pero no frente a un escenario de carácter permanente como lo será la escasez futura.

Por otro lado, el cambio climático impactará fuertemente a los recursos hídricos de nuestro país, en tanto el rumbo en esta materia ha sido mal y peligrosamente enfocado sólo en la mitigación de gases efecto invernadero y el mercado de bonos de carbono, situación que sólo va en beneficio de corporaciones y empresas que participan en dicho mercado.

El programa de Bachelet ofrece una continuidad en éstas políticas cambiándole el nombre al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad por el de “Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático” y entregándole la misión de elaborar con la máxima celeridad posible un nuevo Plan Nacional de Cambio Climático, orientando las medidas hacia una economía baja en carbono con la meta de cumplir el compromiso de emisiones asumido por Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de Cambio Climático.

El programa no incluye medidas orientadas a la adaptación de nuestras normas legales, prácticas y políticas públicas a una realidad hídrica incipiente e irreversible, como será el permanente déficit hídrico en que se verá enfrentado gran parte del territorio nacional.

Es imperativo establecer de manera clara el plan futuro de políticas públicas en materia de aguas, de modo que permita un análisis crítico de la ciudadanía y los grupos expertos, la situación actual y futura ya no permite ambigüedades, ni enmascaradas invitaciones al statu quo,como las que aparentemente presenta el programa de Bachelet.

Sólo algunos candidatos con menor presencia en los medios plantean reformas profundas al modelo de aguas. Las principales candidaturas del establishment binominal, preso y testaferro del interés de los grandes grupos económicos del país, poco y nada postulan sobre esta materia.

Los calmantes para pasar la noche, que han dado la concertación y la alianza derechista militar, ya no surten efecto y ahora el insomnio es crónico.

Cuando la presencia de gusanos es evidente, lo lógico es abrir la fruta y ubicar aquellas partes que requieren limpieza antes que todo se pudra. Esto es lo que requiere el modelo de aguas, ubicar dónde se encuentran los gusanos, es decir, los problemas.

Los principales dardos críticos apuntan hacia la falta de legitimidad de origen y la imposicióndel paradigma neoliberal en el modelo de aguas. La reforma al Código de Aguas de 1981 reflejó el miedo de la dictadura hacia la ciudadanía, prescindiendo de mecanismos efectivos de participación y estableciendo un carácter dictatorial y militar que prioriza las resoluciones judiciales por sobre la gestión de conflictos entre actores.

En definitiva, el Código de Aguas refleja la esencia ideológica de la criminal y terrorista dictadura de Pinochet y del aprovechamiento político-constitucional que hizo su férreo brazo civil en aquellos años, que hasta hoy deja caer sus garras para seguir beneficiando desvergonzadamente a los mismos sectores de antaño.

En este cuerpo “legal”, se definió el agua como un derecho de propiedad privada que puede transferirse, arrendarse o tratarse como cualquier bien de consumo dentro de las reglas del libre mercado, en ausencia de toda regulación estatal.

No se contemplaron consideraciones sociales, el agua que abastece el consumo humano en comunidades vulnerables no tiene ninguna prioridad de uso frente a mineras o empresas industriales.Las prioridades vienen dadas por la mano invisible del mercado, bajo la premisa de maximizar la utilidad económica individual.

Este marco legal tampoco permite formas efectivas de planificación estatal, que tome en cuenta variables ambientales, necesidades energéticas, características geográficas locales o de cuencas, impactos del cambio climático o aspectos básicos de democracia interna en las Organizaciones de Usuarios, que son los entes que administran el recurso hídrico en Chile.

El modelo subsidiario impuesto en la constitución político-militar, externalizó las labores del Estado en este tipo de organizaciones privadas sin fines de lucro. Sus funciones, responsabilidades, formas de capturar recursos y el tipo de democracia interna para elegir a sus representantes están definidas en el propio Código de Aguas.

Es necesario detenerse en este último punto, que tiene que ver con la democracia al interior del modelo hídrico. Para otra discusión se puede plantear la crítica sistémica y los caminos reales para renacionalizar el agua.

Todo sistema democrático que se precie de tal, que haya sido concebido bajo un noble y genuino interés público debe propender a corregir las asimetrías de poder que existen entre los actores pertenecientes a dicho sistema. Ahí radica la importancia de escarbar sobre los mecanismos de representación que existen al interior de estos organismos administradores de agua, en un sistema que ha generado y aumentado las desigualdades.

Un punto crítico a destacar, es que el Código de Aguas establece un método de representación interna en las Organizaciones de Usuarios regido por un mecanismo de cómputo de votos dado por “un voto, una acción”. Bajo esta fórmula, quien tiene más acciones (es decir, quién tiene mayor proporción de agua para extraer respecto del total de la organización) tiene mayor capacidad de voto y por ende mayor poder.

Esto beneficia directamente a los grandes usuarios del agua, no contribuye a disminuir esas asimetrías de poder existentes y se traduce en un sistema antidemocrático, al resultar ineficaz en la tarea de redistribuir cuotas de poder.

Siempre es conveniente salir de la caverna de Platón y conocer otras realidades. En países vecinos se han establecido métodos de representación que equilibran el interés particular y el interés colectivo de una comunidad de agua. Las fórmulas son diversas, por cierto ninguna puede plantearse sin conocer la realidad del sistema chileno, pero ayudan a ampliar la visión.

A la hora de hablar de problemas al interior del sistema de aguas, encontramos este tipo de enclaves que contribuyen a la desigualdad, benefician directamente a grandes actores, desincentiva la participación de los pequeños usuarios, perpetúa la representación en unos pocos y merma la capacidad de transparencia en el uso de los recursos que cada ente administra.

La superficialidad del debate actual, las frases para el bronce, la orientación mercantil basada en prácticas de marketing que tienen las campañas presidenciales, evita en forma lamentable, negativa y perjudicial, que estos temas entren con la debida fortaleza en la agenda pública y política.

Es esencial, que quienes poseen el conocimiento puedan difundir estas realidades y contribuir a profundizar el debate sobre el agua.El país sigue en una analfabeta situación frente a las condiciones de nuestro vital recurso.

¿Cómo catalogar la educación? ¿Es un bien económico o un derecho social? En Chile, el debate ideológico sobre estas preguntas ha deambulado entre dos marcados extremos; mientras sectores neoliberales históricamente encasillan la educación como un bien económico, grupos más progresistas la defienden de manera estoica como un derecho social.

La versión neoliberal,que promueve minimizar la intervención del Estado en materias económicas y sociales, defiende el mercado como garante de un equilibrio.Es decir, trata la educación como un bien económico sometido a la oferta, demanda, competencia y precio, como un eslabón más en la cadena productiva del mercado.

En este escenario, la educación como bien económico asume la maximización de recursos como objetivo prioritario, quedando relegada a una mera herramienta de producción.

Sin embargo, la educación no es un bien económico (ni de consumo), pues se trata de una experiencia de vida que trasciende a la componente económica de un bien.¿Por qué? Porque la educación no se gasta, no conlleva un desgravamen ni se acaba al transferirse, como si sucede con un automóvil.

Más aún, la educación no se pierde, sino que crece y se potencia, cumpliendo un rol de cohesión social, constituyéndose como un motor de transformación y desarrollo histórico para la sociedad.

Por esta razón, además del activo y necesario debate sobre el lucro y la calidad, generado a partir del movimiento estudiantil del año 2011, debe cuestionarse también la finalidad de la educación, dado que ésta debiera ser pilar fundamental en la formación de ciudadanía crítica y no una fabricación en serie de individuos con conocimientos adquiridos, realidad funcional y conveniente para el mercado, pero que deriva en un aumento las desigualdades sociales.

Desde un punto de vista progresista, la educación entendida como “bien social” se fundamenta en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) firmado y ratificado por Chile.

Este pacto reconoce el derecho de todo individuo a la educación para alcanzar “el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”. Así, la educación otorga herramientas para promover una participación activa y efectiva de las personas en los rumbos que debe tomar la sociedad, bajo el pleno conocimiento de sus derechos y responsabilidades.

Con este argumento, la educación se consolida como una herramienta imprescindible para consolidar otros derechos humanos.

Lo anterior implica que el Estado chileno, como protector social, debiera velar por la prestación libre, universal y obligatoria de la educación en todos sus niveles, sin discriminación, para así proteger otros derechos humanos.

Ahora bien, desde el punto de vista de los derechos universales, éstos se entienden como el conjunto de derechos individuales que en pos de un objetivo particular reciben una denominación común. Un ejemplo es el derecho universal a la libertad de pensamiento y de expresión. Así, se infiere que todo derecho universal es tanto un derecho individual como social.

En este contexto, la educación se consolida como un derecho que permite acceder a otros derechos básicos como la dignidad y fortalecer canales de acceso a mayor información.

Consolidar el acceso a la información es relevante, porque permite a las personas ejercer su derecho a elegir en libertad, actuar en conciencia respecto de sus valores, así como respetar los derechos ajenos.

Así, la educación entendida hoy en día como la transferencia formal de información estructurada, debe ser protagonista en impulsar el libre pensamiento de las personas y la formación de ciudadanos con conciencia crítica de las estructuras sociales que lo abrazan, permitiéndoles la movilidad social necesaria para acceder a mejores oportunidades.

Por las razones anteriores, la educación sí debe ser considerada como un derecho desde el primer respiro de todo ser humano, tal como lo son el derecho a la libertad y la salud. La educación ayuda a entender cómo funciona el mundo, consolida el conocimiento previo, permite aprender de los errores del pasado e incentiva el desafío de extender sus fronteras.

Un reflejo de que considerar y asegurar la educación como un derecho rinde frutos, son aquellas sociedades donde ésta es entendida como una herramienta que minimiza la segregación social.

Finlandia, uno de los líderes del informe PISA, considera la educación como un derecho de libre acceso para proteger lo que ellos mismos denominan su tesoro más preciado: las generaciones jóvenes como futuro de su sociedad, logrando tasas de deserción escolar muy bajas. Esto, a diferencia del caso de Chile, que ocupa lugares en el ranking OECD por debajo de la media.

Entonces, que la pancarta de marcha diga “La educacion sí es un derecho”.

Co autor de la columna es  el estudiante de doctorado en Purdue University, Felipe Ochoa Cornejo, ingeniero civil (M.S.c) de la Universidad de Chile.

También es una lástima, que no todo el mundo pueda obtener un tratamiento psiquiátrico al alcance de su bolsillo…mas no sea un derecho adquirido.

Lástima es, que no todo el mundo pueda tratar sus enfermedades en clínicas cuyo valor diario exceden a un día de residencia en el Hotel Sheraton.

Lástima que no todo el mundo, cuando sufre una enfermedad, pueda tener el trato mediático benevolente por parte de la clase política, en cambio la mayoría debe ser aplastado por economicistas planes de ISAPRES y un sistema laboral abusivo que ofrece pocos mecanismos de transmisión de poder para los trabajadores.

Lástima que no de todos, la clase política se preocupe de la situación de salud de una persona, en cambio tienen la facilidad para gestar y perfeccionar un sistema de salud basado en el lucro, formando parte de directorios y siendo accionistas de las propias ISAPRES, farmacias coludidas o Clínicas.

Lástima que existan cartas de gente que decidió partir de este mundo, producto de un sistema que no les otorgó la ayuda oportuna, enfrentándose a una pared de incomprensión muchas veces generada por la ignorancia, la falta de educación y la nula posibilidad de sanación debido a que tratamientos y medicamentos psiquiátricos no estuvieron al alcance o simplemente no pudieron sostenerse económicamente.

Lástima que no a todos los delincuentes se les castigue otorgándoles “educación gratuita” en clases de ética y lástima también que nuestros niños no puedan recibir educación cívica como corresponde en su colegio. En cambio, a los coludidos de las farmacias se les otorga ese beneficio.

Y a propósito de educación, también es una lástima que no todo el mundo pueda ejercer libremente el denominado derecho a la libertad de enseñanza y escoger para sus hijos el colegio que mejor les parece, sólo porque su arancel excede el sueldo mínimo o incluso el doble de éste.

Esto si bien no genera depresión, al menos indignación o el mal estigmatizado “resentimiento social”.

Lástima que escaseen recursos para informar a la gente de sus derechos, de enseñar a nuestros niños habilidades blandas y cívicas. A diferencia, no se observan dificultades para promocionar los logros del gobierno de turno y campañas electorales como una verdadera oferta de bebidas gaseosas.

Es una lástima que tengamos que financiar primarias con nuestros impuestos a un sector que representa el 20% de las preferencias, y lástima que finalmente este proceso termine desacreditado por una enfermedad que genera preexistencias en el sistema de previsión de salud privada (léase ISAPRES).

De pasada, es una lástima que un candidato que sacó un 3% del total de votos del padrón electoral en las primarias, tenga la cobertura mediática, el aparataje estatal,con mensaje presidencial incluido, para conformar una realidad ficticia de representación que empata artificialmente las opciones que se le muestran a la ciudadanía.

Es una lástima la bajada de un candidato que defendía a las PYMES, pero también es una lástima que no todas las personas puedan formar sus pequeñas empresas con el apoyo de recursos provenientes de una AFP, a diferencia de los grandes oligopolios que manejan ciertos mercados del país.

También es una lástima que la propia clase política practique de urgencia una legislación para resguardar las utilidades de las AFP´s cuando sus usuarios hacen uso de su legítimo derecho a la libertad (tan defendida por esos mismos sectores) de elegir su tipo de fondo más conveniente. En cambio, proyectos de ley para proteger derechos de consumidores tardan años en salir.

Lástima que en lugares como el Estadio El Morro de Talcahuano, aún persistan los campamentos originados a causa del terremoto del año 2010. En cambio, proliferan masiva y rápidamente numerosos proyectos inmobiliarios privados en todas las ciudades a lo largo de nuestro país, sin siquiera hacerse cargo de los impactos negativos que generan sobre la vialidad urbana y entorno social/identidad de un lugar.

Lástima que medidas para controlar la contaminación en ciudades del sur, como impedir el uso de leña, sean de aplicación inmediata, en cambio, establecer una matriz energética sustentable, económica y socialmente beneficiosa para las personas y no para los oligopolios energéticos existentes en Chile sea materia inundada de intereses privados y políticos, alejados de las necesidades de la gente.

Es una lástima, pero me disculpo del tono irónico que puedan poseer estas opiniones y reflexiones personales, que naturalmente me surgen a raíz de lo ocurrido con la reciente bajada de uno de los candidatos presidenciales electos en las recientes primarias.

Sin embargo, y para ser positivo a fin de cuentas, encuentro que no es una lástima que muchas voces empiecen a alzarse, muchas mentes tomen conciencia y que algunos dinosaurios de la política empiecen a bajarse, a retraer su constante aparición mediática, porque ya es irrisorio e insolente para algunas personas su simple aparición en los medios.

Tal como decía Charly García, esos dinosaurios algún día van a desaparecer.

La primera, la legitimidad de origen, se refiere a cómo se ha adquirido el poder y bajo cuáles mecanismos se ha accedido a éste, lo que permite discernir si un gobierno fue electo o no en elecciones libres y justas.

Un segundo elemento, tiene que ver con la legitimidad de ejercicio, que apunta a la forma en que un gobierno toma las decisiones, de qué manera se vincula con la sociedad y si lo hace o no en el marco de un estado democrático de derechos.

De este modo, para revisar el actual estado de legitimidad del sistema político chileno hay que remontarse a su origen, aquella época constituyente y fundacional que correspondió al período comprendido entre el 5 de octubre de 1988 (Plebiscito Nacional) y el 11 de marzo de 1990 (inicio del período presidencial de Patricio Aylwin).

Luego del triunfo del No el año 1988, la entonces Concertación y el Régimen Militar acordaron realizar una reforma constitucional con el objetivo de lograr un “transición consensual a la democracia” y darle “legitimidad de origen” a la Constitución Política de 1980. Ambos sectores llamaron a aprobar esta reforma en el plebiscito constitucional del 30 de julio de 1989 y el resultado fue un 91,25% de aprobación, lo cual sirvió para reforzar y darle continuidad al proyecto político iniciado en el Régimen Militar.

Con este resultado, la Constitución de 1980 adquirió una supuesta legitimidad de origen, con una ciudadanía contextualizada en un periodo de inminente término de la dictadura y regreso a la democracia, sin mayor información referente al significado de aquel plebiscito, más que la idea general de otorgarle apoyo a la iniciativa de establecer las “bases para la transición”, en un ambiente de consenso y bajo un espíritu de unidad nacional. Por esto, hoy llama la atención que la propia Concertación cuestione la legitimidad de la actual Constitución.

El contenido de esta reforma es conocido: la aceptación constitucional del Sistema Binominal, la generación de las Leyes Orgánicas Constitucionales que requieren de 4/7 de los votos en el congreso, y las reformas constitucionales que necesitan 3/5 (o 2/3) de votos en el congreso.

Un ejemplo claro es la famosa LOCE, publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990 (último día del régimen militar), que entre sus contenidos disponía el reconocimiento oficial del Estado a establecimientos educacionales.

De facto, al revisar las fechas de envío de los estatutos fundacionales para aprobación de las instituciones de educación superior, resulta que 24 de las 35 universidades privadas que actualmente conforman el sistema de educación superior, fueron reconocidas oficialmente en el período comprendido entre el año 1988 y el mes de Marzo de 1990 (previo al cambio de mando).

Otro resultado de esta reforma, fue la renuncia a la convocatoria de plebiscitos constitucionales de origen presidencial. En otras palabras, se renunció al mismo mecanismo que le otorgaba legitimidad de origen a la Constitución de 1980 y al Plebiscito de 1989. Esto significaba considerar como no válidas ambas acciones, pese a que a través de ellas Chile recuperó la democracia y la propia Concertación accedió al gobierno. Podría señalarse que la Constitución de 1980 era “más democrática” antes de las reformas del año 1989.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, resulta políticamente dificultoso (por decir lo menos) y discursivamente poco creíble aquellas propuestas que plantean cambiar la constitución desde el parlamento actual y bajo las propias reglas de juego que la rigen.

El país se encuentra en una grave crisis de representatividad reflejada en el bajo apoyo a la clase política y en las masivas manifestaciones ciudadanas. De esta forma, el actual sistema constitucional que ya presentaba dudas en su legitimidad de origen, a pasar de los años ha demostrado carecer también de legitimidad de ejercicio.

Esto puede interpretarse como un completo fracaso del modelo, en la búsqueda interminable y propia que tienen las sociedades por perfeccionar su democracia.

Seguramente, el país se encuentra en un nuevo periodo constitucional y una hermosa oportunidad para que el poder originario logre reflejar sus intereses en una nueva carta magna. Pero esto no es sencillo, hoy no son pocos los candidatos presidenciales que plantean la realización de una Asamblea Constituyente, mientras que nadie es demasiado claro en señalar bajo qué tipo de reglas se desarrollará.

Hay que estar atentos, ya que las medidas que se tomen hoy impactarán de alguna manera en el largo plazo, con resultados de difícil detección.

Es absolutamente necesario que como ciudadanos podamos comprender que la Constitución impacta a diario en nuestras vidas, en la forma como nos relacionamos con el poder, con el trabajo, con el sistema de salud, con el sistema educacional o de pensiones, en definitiva en el grado en que nuestros derechos básicos se encuentran o no consagrados. Prácticamente toda forma de relación con el poder se encuentra fundado en este cuerpo leguleyo, éste define de qué manera puede desarrollarse la democracia.

Una democracia sana debe permitir redistribuir las asimetrías de poder existentes. Al contrario, una democracia enferma da como resultado la concentración de poder, inequidad, baja representatividad del sistema político y su incapacidad para dar respuestas a las demandas sociales. Al parecer, gran parte de los síntomas de esta enfermedad, están presentes en nuestro sistema político.

Todo ello, con el objetivo de exportar grandes cantidades de agua dulce provenientes de los campos de hielo desde la Patagonia chilena hacia Catar. Esta operación ya estaría en marcha.

Lo curioso, es que se indica que el agua sería extraída por una empresa chilena que ya posee la concesión para recoger hasta 8 metros cúbicos por segundo (más de la mitad del agua que consume diariamente Santiago), y con posibilidades de obtener permisos para recolectar aún más.Las aguas se canalizarían desde el derretimiento natural, captándola antes de su salida al mar.

En primer lugar (de ser así), llama la atención que esto se trate de una simple “concesión”, cuando en Chile las aguas pertenecen a privados bajo la figura legal del derecho de propiedad.

También llama la atención, que funcionarios del Estado chileno tengan la preocupación de realizar negocios de ésta índole, cuando en la zona centro-norte urgen medidas para solucionar el tema de la escasez de agua presente, que incluso ha llegado a afectar al consumo humano.

Las principales interrogantes cuando se analiza el modelo de explotación de recursos naturales, tales como el agua, cobre o litio, se deben orientar a identificar quiénes son los beneficiados de dicha actividad, hacia dónde van los réditos económicos y cuáles son los intereses atendidos, si acaso se correlacionan con los del país, región o bien con los de unos pocos magnates internacionales.

En ese sentido, es preciso señalar que Chile no exporta minerales o materias primas sólo en su forma bruta, porque de alguna forma existen procesos que se llevan a cabo para lograr un producto terminado y preparado para ser embarcado rumbo a los centros de consumo mundial.

Dentro de estos procesos, un insumo esencial es el agua, que es de cierta forma “renovable” en términos anuales, pero su incierta disponibilidad legal, geográfica y estacional la transforma en un bien escaso y hasta en algunos casos no renovable. Lo mismo ocurre para el rubro hidroeléctrico.

Siguiendo esta lógica y bajo un sistema tributario paradisiaco para las grandes empresas extractoras de materias primas, éstas exportan productos que utilizan éste vital recurso para sus procesos, generándose una enmascarada exportación de agua (que es un bien nacional de uso público), desde lugares donde es escasa y de gran valor, hacia zonas en que su uso deja un beneficio económico privado o bien estatal en otros países, a través de sus propios sistemas tributarios.

El caso más notable se ha producidoen el sector hidroeléctrico, cuando el Consorcio Enersis dueño de casi el 80% de los derechos de agua no consuntivos de Chile, fue vendido el año 2007 a Endesa España. Posteriormente, en el año 2009 la empresa italiana ENEL compra el 92% de Endesa España, quedando en posición de captura del inicial Consorcio Enersis, con la particularidad de que ENEL es 32% estatal italiana.

Conclusión, el estado italiano tiene mayor injerencia que el estado chileno sobre los derechos no consuntivos de las aguas que bajan por los ríos de la cordillera andina.

Entonces, cuando nos preocupamos de la soberanía chilena frente a Bolivia, ¿no es ultrajar la soberanía chilena dejar nuestras aguas bajo neta potestad extranjera? Y para colmo de males, el gobierno hoy maneja la idea de establecer un mercado exportador de aguas. Simplemente deplorable e inaceptable.

Como adicional, no existen mecanismos realmente efectivos que permitan a la opinión pública tener injerencia frente a este tipo de decisiones.

Es cosa de recordar el triste espectáculo de Punta de Choros.

Esto simplemente obedece a un tema político, donde el sistema de representación en cualquier comunidad de intereses tiene una influencia importante sobre el nivel de participación y decisiones finales.

En Chile, el sistema de representación para toma de decisiones en torno al agua, queda delimitada sólo a los organismos privados de administración del agua, los cuales además se rigen por un sistema de cómputo de votos que apunta a la concentración e inequidad.

Este modelo neoliberal de aguas chileno sacralizado en el Código de Aguas, fue elaborado por la intelectualidad pinochetista bajo los cánones de Milton Friedman. Los resultados han arrojado una excesiva concentración de derechos, falta de representatividad, bajos mecanismosde participación y dificultades para realizar la gestión interna del sistema, arrojando sectores completamente capturados.

De esta manera, queda al descubierto un modelo de exportación de agua con importantes falencias y desequilibrios, sin claridad hacia dónde van los beneficios ni a qué intereses satisface.

Esta nueva propuesta del embajador Tarud, desenmascara un mercado de exportación que viene funcionando hace un par de décadas de manera encubierta e indirecta, bajo el cual el Estado chileno no recibe recursos económicos por el uso privado de un Bien Nacional de Uso Público, más bien el directo beneficio es para los intereses foráneos.

La vulnerabilidad de Chile respecto del dominio de sus aguas es de extrema gravedad, urgen las reformas y la difusión de este complejo tema para el entendimiento de la ciudadanía.

El modelo chileno de gestión de agua tiene su raíz en el Código de Aguas de 1981, texto legal que fuera tramado y promulgado en plena dictadura, cuando las preocupaciones de la sociedad civil definitivamente eran otras.

Este cuerpo leguleyo, plasmó en su esencia el mismo modelo neoliberal que hoy está impregnado en todas las esferas de la sociedad chilena: educación, salud, minería, por nombrar algunos sectores de importancia.

Esto es necesariamente cierto, dado que la ideología de reducir la intervención del Estado a su mínima expresión (corriente Neoliberal), queda expresada en el modelo hídrico chileno al entregar las decisiones a la “mano invisible del mercado”. Para lograr esto, se requirió de un fuerte amarre legal: el derecho de propiedad.

Esto se construye principalmente con dos elementos legales. El primero proviene del artículo N°5 del Código de Aguas donde se establece que “las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”. Es decir, el agua es un bien de toda la nación, entregándosele a los usuarios un derecho gratuito y perpetuo que les permite aprovechar este recurso para su interés particular.

El segundo elemento legal para completar este entramado, fue sellado por la intelectualidad pinochetista de la época en la Constitución de 1980, al consagrar la privatización más acérrima existente en el mundo en materias de agua: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (Artículo N°19).

Y sabido es que el diablo está en los detalles, dado que lo anterior significa que el derecho de propiedad recae sobre el uso de las aguas y no sobre las aguas mismas, las que en teoría siguen siendo un bien de toda la nación. Una verdadera trampa legal.

Todo esto podría sonar bien y aceptable en la teoría. Pero sabido es que el mercado no tiene consideraciones sociales ni menos ambientales.Luego casi por definición, un sistema hídrico que opera sobre la base del libre mercado no es sustentable, agregando que en este caso el Estado tiene un casi nulo poder de intervención y regulación.

Por poner un ejemplo, Endesa tiene casi el 90% de los derechos de agua no consuntivos en este país, generando una situación de monopolio en el sector hidroeléctrico, lo cual no genera precisamente la eficiencia que se le pedía al modelo privatizador, una de las grandes justificaciones para reemplazar “la ineficiencia” estatal.

Sabido es que los monopolios poco regulados tienen el incentivo a cobrar precios más altos y producir menos, colocando el interés particular por sobre el público, algo inaceptable en materia energética para un país que aspira a ser desarrollado.

Agua transable en el mercado y una nula capacidad estatal para planificar proyectos ni establecer alguna prioridad ambiental. No se habla de equidad y participación ciudadana, variables prácticamente ausentes en este modelo hídrico.

El modelo de agua chileno no prioriza entre usuarios, más bien se basa en la competencia mercantil entre éstos. Por ejemplo, en el norte el uso para consumo humano entra a batallar directamente con el uso de agua para la minería. Situación que va en desmedro del derecho humano al agua reconocido explícitamente por la ONU en resolución 64/292. Ni hablar de los derechos ancestrales de agua con aplicación del Convenio 169.

Desde el punto de vista económico y del interés nacional, la eficiencia prometida con este modelo de mercados de agua ha resultado contradictoria. Por ejemplo, en las regiones donde el agua es más escasa, el valor del derecho de agua aumenta exorbitantemente y quienes terminan adquiriéndolos y concentrándolos son los grandes actores de la minería o industria.

Éstos últimos utilizan el agua como un insumo clave para su producción y generan millones de dólares en utilidades gracias a este vital recurso, lo cual bajo un régimen tributario que les resulta siempre favorable terminan llevando el beneficio neto por el uso de un bien nacional hacia arcas extranjeras.

Es decir, no hay un mecanismo directo y eficaz que permita direccionar parte de los beneficios obtenidos por el uso del agua hacia el Estado, y orientarlos hacia metas sociales o causas de interés público.

El diagnóstico, desde un punto de vista sustentable parece lapidario. El mercado de aguas hace agua, porque tal cual como rige hoy en Chile dista mucho de plantear soluciones a futuro, los abusos y concentración de poder en esta materia son hechos públicamente conocidos y serán cada vez más marcados en el futuro, con el agravante adicional que presentará el cambio climático.

La democracia debe servir como instrumento efectivo para redistribuir las asimetrías de poder que existen en la sociedad, cuando no lo hace, el sistema comienza a perder su legitimidad y urgen las reformas.

Es lo que pasa en Chile en materia de aguas, luego la sociedad civil debe prestar atención a las propuestas y ofertones electorales sobre este tema, sabido es que el demonio está en los detalles.