Ya la ministra de Salud, el Colegio de Matronas, el Presidente del Colegio Médico, legisladores y Organizaciones de la Sociedad Civil, como también el programa de la Presidenta, habían expresado la importancia de abrir el debate como mínimo acto de respeto por quienes creen que el derecho al aborto es precisamente eso, un derecho del cual la sociedad no puede hacer oídos sordos y seguir escondiendo bajo la alfombra, menos aun cuando sólo en 2013 hubo 17 mil abortos ilegales en el país.

En la actualidad, sólo cinco países del mundo lo mantiene como un crimen, El Salvador, Nicaragua, Malta, El Vaticano y Chile. El aborto en nuestro país es tipificado como un crimen “Contra el orden de las familias y contra la moralidad pública” según el artículo 341 del Código Penal, que señala también el castigo al que serán expuestas las mujeres que lo han consentido, teniendo éstas una rebaja en la pena si lo han hecho por “ocultar su deshonra”.

Pero esto no es un tema que afecta sólo a las mujeres, sino a la sociedad entera aun cuando vayan a ser sólo 19 diputadas y 101 diputados quienes tomen la decisión y 6 senadoras y 32 senadores. El debate no pretende legalizarlo sino despenalizarlo bajo condiciones de seguridad y sólo en tres casos específicos: inviabilidad del feto, violación y riesgo de vida de la madre, contemplando siempre que el aborto es una opción y no una imposición.

Nunca está de más recordar que el aborto era un derecho que estaba garantizado en Chile desde 1931 y que fue derogado en 1989, un año antes de la llegada de la democracia, cuando la dictadura anuló el artículo 119 del Código Sanitario que permitía la interrupción del embarazo con fines terapéuticos en aquellos casos en que la vida de la madre estuviese en riesgo.

Reafirmando la importancia de abrir el debate, un estudio de Flacso de abril de 2011 determinó que el 86,6% de la población chilena consideraba al aborto como un problema grave a nivel país, el 63% como un problema de salud pública, el 94,4% estaba de acuerdo con que Chile debiese revisar su legislación respecto al aborto y el 87,4% consideraba que los pobres están expuestos a abortos más riesgosos, planteando un tema sumamente interesante pero del que poco se habla, la desigualdad en el acceso al aborto.

Los más ricos acceden a abortos igualmente ilegales pero más seguros e incluso tienen la posibilidad de salir fuera del país a lugares donde el aborto es legal, los más pobres acceden a métodos peligrosos, con riesgo de muerte aún mayor para la madre.

Al menos, abrirse a la posibilidad de discutir es entender que debemos ser una sociedad más consciente de los reales problemas de la ciudadanía más allá de la religión, la moral y el cuestionamiento de cuándo comienza la vida.

Acá no se pretende despenalizar todo tipo de aborto, que es el último paso de un largo camino en que se ha fallado en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, uso de la píldora del día después, sino despenalizar en tres casos puntuales, específicos, médicamente acreditables y donde las madres y las familias deben tener la opción a decidir de manera segura.

Simbólicamente la primera mujer Presidenta del Senado le tomará juramento a la primera mujer Presidenta de la República, y en ese gesto democrático se encierra la clave del sello que debe tener este nuevo Gobierno: una gestión más humana, más sensible, más conectada con la ciudadanía, no sólo conscientes de sus demandas sino también atenta a abrir espacios reales de participación y decisión.

Más allá de los complejos escenarios económicos e internacionales que influirán en el nuevo Gobierno, el principal desafío debe ser el hacer los máximos esfuerzos por cumplir las expectativas de quienes confiaron masivamente en la propuesta de la Nueva Mayoría.

Para eso se deben aunar alianzas y criterios que permitan lograr, lo más temprano posible, una reforma tributaria que recaude los fondos para una profunda reforma del sistema educativo, donde el derecho a la educación de calidad esté garantizado y se avance hacia una educación gratuita pero principalmente de calidad.

El Chile que asumirá la Presidenta Bachelet es un Chile consciente, atento, demandante, que quiere que sus autoridades los escuchen, consideren y hagan parte de la toma de decisiones.

La Nueva Mayoría no sólo debe ser una nueva alianza de partidos y fuerzas políticas, sino una nueva formar de ejercer el poder, mucho más conectada a los movimientos ciudadanos y a las demandas de una ciudadanía exigente.

El Chile que asumirá la Presidenta Bachelet es uno de los cinco países con mayor concentración de la riqueza, donde los que concentran mayores ingresos son los que pagan menos impuestos.

Es un país profundamente desigual, que reclama una nueva Constitución que garantice derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente, una Carta Fundamental que recoja el sentir ciudadano y no sólo el de la elite política.

El Chile que asumirá la Presidenta Bachelet es un país donde, según la última encuesta de Derechos Humanos realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 26% de la población cree que su derecho más vulnerado es el acceso a la salud.

Un país donde, según datos de la Fundación Sol, 9 de cada 10 trabajadores asalariados no negocia sus condiciones de trabajo de manera colectiva.

Es un país de grandes desafíos, de una inequidad que golpea y de una ciudadanía ansiosa de que el Gobierno de Michelle Bachelet cumpla con las expectativas de cambio, de igualdad y solidaridad anunciadas en campaña.

Y en ese contexto el desafío de gobernar comienza primero con el desafío de cumplir las promesas y banderas de campaña, que son las que permitirán construir el Chile más justo, equitativo y solidario que todos queremos.

Sin embargo, persiste esa sensación de que las primarias finalmente permiten el triunfo de los candidatos no necesariamente más populares, sino, de aquellos que logran “mover” una máquina partidaria que permita llevar hasta las urnas al mayor número de votantes, deslegitimando un proceso que debiera ser democrático, abierto y ciudadano.

Y precisamente en ello radica la importancia de hacer de las primarias una verdadera fiesta de la democracia, donde sean principalmente las personas, vecinos y vecinas de cada comuna y rincón del país, quienes vayan a votar el próximo domingo y no sólo militantes organizados y disciplinados. Es fundamental, que quien gane estas elecciones, sea un candidato legitimado de manera amplia, rotunda y contundente por la ciudadanía.

Los resultados de esta primaria permitirán extraer diversas conclusiones, pero la más importante será, sin lugar a dudas, la legitimidad del candidato triunfante de cada una de las coaliciones.

Michelle Bachelet ha sido, incluso desde el momento en que dejó La Moneda hace ya 4 años, quien más posibilidades tiene de ganar el próximo domingo y convertirse nuevamente en Presidenta de la República. No sólo encarna la visión y rol de Estado que Chile demanda de sus gobernantes, sino también posee atributos que van más allá de la política y que hoy son especialmente valorados por la ciudadanía: cercanía, empatía, confianza y credibilidad.

Sin embargo, para que regrese a La Moneda se requieren hacer múltiples esfuerzos de convocatoria para el próximo domingo. Quienes han estado trabajando intensamente en su reelección, saben la importancia de que su triunfo sea un triunfo ciudadano, más allá de las estructuras partidarias, más cercano a la gente, a quienes viven en un Chile que requiere cambios urgentes, profundos y determinantes.

El desafío es devolverle a los ciudadanos la credibilidad de su voto, la importancia que tiene el ir a votar, el hacerle sentir a cada uno de los chilenos que sufragar es fundamental, porque es prácticamente el único mecanismo que se tiene para decidir sobre las autoridades.

Porque el voto representa la voluntad de las personas, y ésta es la base de los gobiernos.

Si bien, son primarias voluntarias, decidir es un derecho inherente a cada persona, y el desafío es convocar a hacer de ese derecho una acción, que permita tener unas próximas elecciones rubricadas por los ciudadanos.

Esta vez, la estrategia de denostación se realizó a través de las Ministras, quienes apelando a una igualdad de género sin mucho contenido ni convicción, argumentaron que haber tenido una Presidenta mujer no sirvió para que se incluyeran más mujeres en política, ni para que el género avanzara en sus más sentidas demandas. Las críticas no sólo fueron infundadas sino que, además, superficiales.

El tema de fondo de las mujeres en Chile (y en el mundo) no sólo se resume a la cuenta de Concejalas, Diputadas, Senadoras y Ministras electas o en ejercicio, apelando por este expediente a leyes de cuota u otros incentivos a la participación.

El número de representantes mujeres democráticamente electas no aumentará sólo por decisiones administrativas; la primera preocupación debe ser aumentar la participación laboral de las mujeres, asegurar la igualdad en el ámbito de las remuneraciones, aumentar el acceso a salas cunas y jardines infantiles, extender el acceso a salud preventiva y reproductiva, disminuir la tasa de embarazo adolescente, disminuir la tasa de abortos clandestinos.

Las Ministras y el Gobierno se equivocan en criticar a la ex Presidenta; nunca antes como en su Gobierno hubo más beneficios para las mujeres, partiendo de la simple ecuación de poder contar con educación pre escolar garantizada para poder salir a trabajar.

Por otra parte, el “bono marzo” se justifica porque hay suficiente dinero en las arcas fiscales que permiten dar esta ayuda a la clase media.En un país tan desigual como Chile, los bonos buscan equilibrar la balanza, es cierto, pero cualquier bono, a 8 meses de una elección, huele a clientelismo.

Otorgar un beneficio de esta naturaleza al inicio de un ciclo electoral más bien parece buscar revertir la impopularidad del Presidente y su Gobierno que, dicho sea de paso, está muy lejos de alcanzar el 72% de adhesión que aún hoy mantiene la ex Presidenta Bachelet. Todo indica, por lo demás, que será difícil que Piñera abandone La Moneda con una cifra muy diferente a la que hoy obtiene en cualquier medición de aprobación ciudadana.

No se trata de hacer una defensa ciega del Gobierno de la ex Presidenta: sin lugar a dudas las expectativas ciudadanas sobre su regreso y su eventual Presidencia, hacen que la responsabilidad, orden y compromiso político deba ser aún mayor.También requerirá una nueva forma de hacer política, más ciudadana, menos soberbia y más en sintonía con los sueños, anhelos y expectativas de los ciudadanos.

El 2013 será un año marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre y es tiempo de que todos los candidatos “salgan al pizarrón” y le digan al país cuál es el Chile que quieren y cuáles son las estrategias que deben implementarse para lograrlo.

En el presente, la sociedad exige cambios ya no elaborados desde el mero slogan electoral, desde la mera retórica. La ciudadanía espera cambios reales en la vida cotidiana, mejoras concretas en su calidad de vida y crecientes niveles de justicia en todos los ámbitos del quehacer social. Las demandas ciudadanas, por lo tanto, jugarán un rol muy relevante en las plataformas programáticas de los candidatos, lo que ya ha motivado a uno de los candidatos presidenciales de la Alianza por Chile a invitar a los electores a construir un programa de gobierno, “con tus ideas construimos Chile”, con énfasis en lo social.

Hoy la ciudadanía está mucho más consciente del poder que tiene para demandar más y de mejor manera ideas, propuestas y proyectos país de quienes quieren ser representantes de la soberanía popular; los candidatos tienen que encantar a las personas con sus propuestas programáticas para que el electorado ejerza su derecho libre a votar.

En este contexto, los candidatos de la Alianza centran el debate en descalificaciones personales, con una agresividad sin precedentes en la centro derecha, con dos actores que forman su “popularidad” por medio de estrategias de alto impacto mediático. Se disputan Allamand y Golborne los medios, disputándose su presencia en actos de conmemoración de destrucción y dolor –todavía no superados- como las conmemoraciones del 27F y Juan Fernández.

Por su parte, la oposición hoy tiene varios candidatos.

Orrego viene de un ejercicio democrático que a todas luces es exitoso, pero cuyo impacto no logra modificar su bajo porcentaje de conocimiento y adhesión en las encuestas; su tarea de marzo será entregarle viabilidad a su candidatura, reencantando a sus parlamentarios y militantes para convencerlos de que él representa la mejor opción.

Gómez espera las primarias de julio con una derrota a cuestas y disputando un espacio electoral que parece, por lo menos bajo la mirada de las encuestas, sobrepoblado por otros candidatos.

Velasco, en esta temporada estival enfocó su campaña en la cotidianidad de las vacaciones, viajando por Chile junto a su familia en una casa rodante, a fin de transmitir cercanía y naturalidad. Su desafío general será probar que él puede ser el second best, representando un ideario más bien “liberal progresista” que pueda ser, en el futuro, alternativa al proyecto político de la Concertación.

Enriquez-Ominami, será sin duda la alternativa de los indignados e impacientes, los que cultivan un alto grado de resentimiento con la Concertación y la Alianza: se trata de ese electorado que sólo busca el voto de castigo a los dos bloques mayoritarios.

Por último, Michelle Bachelet, la próxima presidenta para al menos el 56% de la población según los últimos sondeos de opinión, llega a marzo muy validada en todo los ámbitos de la política social, económica, internacional, etc. La opción afirmativa de Bachelet será la condición para que los partidos tradicionales se ordenen bajo su mandato, ya que la opción de que la oposición vuelva a gobernar está en manos del “sí” de Bachelet, por lo que el conglomerado tiene que centrarse en la construcción de un programa común. En este caso el ejercicio es al revés: los partidos tienen que encantar a Bachelet, lograr que acepte el desafío de un segundo periodo que despierta grandes expectativas.

La clase política aún está en deuda con los nuevos tiempos. Desde la última elección presidencial la ciudadanía ha cambiado sustancialmente; hoy hace escuchar mucho más fuerte su voz, está empoderada, tecnologizada y con plena conciencia de su influencia, pero la forma de hacer política no ha cambiado sustantivamente; campañas tradicionales, slogans tradicionales, mítines, reuniones y actividades a la vieja usanza sin realmente escuchar a los ciudadanos, integrando sus preocupaciones y necesidades.

Es hora de que quienes aspiran a liderar el país digan qué piensan y cómo piensan hacer de Chile un país más justo y equitativo, que hagan una campaña de la mano de los ciudadanos acorde a los nuevos tiempos.

Se aparece marzo, esperamos con propuestas y sobre todo, con debate sobre el Chile que queremos, este Chile que mira al mundo con otros ojos, los ojos de la igualdad, la justicia y el desarrollo.

Por de pronto, no queremos un país estigmatizado, donde proceder de determinada comuna o localidad lleve intrínseco un sin número de calificativos que encasillan e incluso determinan el futuro de las personas.

Bien lo saben los vecinos de sectores estigmatizados como La Legua, La Bandera, barrios de Puente Alto o Pudahuel, los habitantes de provincia, los que viven en la periferia de las grandes ciudades.

Pero hay un ejemplo emblemático por su instalación en la agenda política reciente: a muchos vecinos de Maipú les indignó el hecho de que en el video del pre candidato a la presidencia, Laurence Golborne, se calificara a la comuna como un lugar desde donde era casi imposible surgir.

Maipú es mucho más que un lugar donde puede haber dificultades: es una comuna histórica de hombres y mujeres que representan la diversidad de Chile, de familias de esfuerzo, sacrificio y tesón como en tantos otros lugares de nuestro país.

Sin ánimo de establecer una defensa a ultranza de Maipú –lugar que represento como concejala y en la cual hacemos nuestros mejores esfuerzos por impulsar políticas municipales que mejoren sustantivamente la calidad de vida- sino defender la aspiración a un país no discriminador, más inclusivo y respetuoso de sus diferencias.

Y estos conceptos no van sólo al cuidado que se debe tener al querer transmitir un mensaje como la supuesta meritocracia del pre candidato presidencial, sino a cómo entendemos la sociedad y nuestras diferencias de origen, de religión, de cultura, de diversidad sexual, social y económica.

Ésa es la discusión general que debe alinear los posicionamientos políticos que disputarán el voto en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

Ésas son las grandes definiciones que el electorado deberá ponderar, cada vez más críticamente, para establecer su preferencia: que tipo de país queremos, porque aspirar a un país más inclusivo no es apelar a la igualdad sino a la justicia.

Felicitamos a nuestros mejores puntajes PSU, pero no dejamos de pensar en los cientos de miles que comienzan una larga travesía por la vida, desprovistos de las herramientas mínimas para navegar en un mundo de aguas turbulentas, competitivas e inmisericordes.

En otro escenario, hace un par de semanas, un titular de diario pasó casi desapercibido: “Casado, con postgrado y tarjeta bancaria: el perfil del chileno más feliz”. La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen, incluyó por primera vez en su historia una pregunta sobre la felicidad. A raíz de ésta, un importante diario de circulación nacional junto a una casa de estudios, realizaron un desglose de la encuesta y concluyeron que el perfil de los chilenos más felices era casado, con postgrado y tarjeta de crédito.

Los resultados de la PSU y el perfil de la felicidad, podrían no tener un punto en común, pero en el fondo apuntan a lo mismo: una sociedad orientada al éxito, los resultados, al valor de las personas adosado a los números que representa, en vez de a quién realmente es. Una sociedad donde incluso el perfil de los más felices habla de bienes, de consumo y poder adquisitivo.

Creo que somos muchos los que nos negamos a ser parte de una sociedad donde la felicidad se transforma, finalmente, en un bien de consumo.

Una sociedad que se articula para que la felicidad de sus habitantes esté condicionada a posgrados- lo que implica haber pasado por un colegio que permita quedar seleccionado y tener los recursos económicos para pagarlo- entre otros bienes.

Creo que somos muchos los que nos negamos a aceptar que la única palanca de desarrollo social a escala humana sea el crédito, y no el trabajo bien remunerado o un conjunto de garantías que aseguren a todos y todas condiciones mínimas de vida que potencien el crecimiento y el desarrollo, de manera armónica, justa y sustentable.

Los resultados de la PSU y el perfil de felicidad hacen referencia al fundamento mismo de nuestra crisis: la desigualdad, una desigualdad que, entre otros, condena a la mayoría de los jóvenes en riesgo social a una educación de mala calidad, que perpetúa la brecha entre ricos y pobres, que mantiene a las mujeres con menos sueldo que los hombres, a igual función laboral.

Este 2013 será un año marcado por las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, estará cargado de mensajes políticos, de candidatos en las calles, de estrategias y marketing para poder seducir al cada vez más apático elector.

En la forma, todos serán bastante parecidos, pero en el fondo no da lo mismo por quién votar, no da lo mismo quién gobierne una comuna, quién ocupe un asiento en el Parlamento, quién llegue a La Moneda.

No da lo mismo elegir a gobernantes orientados al liberalismo, a las leyes del mercado, a una sociedad del éxito fácil y rápido, que personas que crean que el país se construye entre todos, donde los que más tienen colaboran con los que menos poseen, donde el Estado es un motor de desarrollo equitativo, igualitario, pero también proveedor.

Donde el centro de la actividad política es la persona –sin distinciones de ningún tipo- y donde el principal norte de las políticas públicas es la felicidad genuina de los ciudadanos y ciudadanas.

El desafío de las próximas elecciones será discernir entre liderazgos que orienten al país hacia un modelo más humano y aquellos que intentan perpetuar la desigualdad, el consumismo y la indiferencia.

Este año estuvo marcado por significativos hechos que de una manera simbólica dejaron al descubierto la profunda desconfianza que nos caracteriza como sociedad. Tal vez la más significativa es la desconfianza de la ciudadanía con sus representantes, reflejada con la baja participación en las elecciones municipales de octubre; de los 13.404.084 de potenciales votantes, solo asistió poco menos del 40% a votar, un silencio que se transformó en un potente mensaje de malestar para la clase política.

Pero no sólo la abstención, como mecanismo de protesta-de la cual por lo demás ya se ha escrito bastante- es un ejemplo de aquellos hechos que reflejan cómo somos.

Se desconfía de la autoridad, se desconfía de las instituciones, se desconfía de los jardines infantiles, de las Universidades, del sistema de salud, incluso de las buenas intenciones y hasta de la viabilidad de los proyectos propios. En ese escenario la sociedad sólo tiene dos opciones, encapsularse en el espacio íntimo de la familia sin involucrarse con lo que sucede en el entorno o tomar acciones que como sociedad nos permite volver a creer.

Y ahí es donde está el principal desafío de quienes aspiramos a entregar nuevas propuestas para el próximo gobierno.

Para que la sociedad vuelva a creer se deben ofrecer proyectos concretos, tangibles, realizables, en sintonía con la ciudadanía, alejada de las frases hechas y los estereotipos.

En una palabra reencantar, entregar una visión del Chile que queremos con respeto y vínculo afectivo con los ciudadanos.

Se requiere una sociedad que vuelva a creer-pero no como utopía sino que en la construcción de una sociedad más justa- que la educación pueda ser de calidad, que las empresas no sólo abusen de sus clientes, que los pedófilos, violadores y delincuentes no sean parte de la puerta giratoria.

Una sociedad que no tenga que levantarse para exigir derechos porque estos están garantizados como el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, el derecho a una salud digna y oportuna, el derecho a una educación de calidad, el derecho a la justicia , el derecho a ser respetado por pensar o actuar diferente.

El 2013 será un año electoral donde volverán las frases del marketing y el excesivo Photoshop.

Esto no servirá de nada sin un programa e ideas de futuro que nazcan desde la ciudadanía. Hoy estamos frente a una sociedad consciente, que demanda contenidos, que quiere que los seduzcan con ideas y no con frases hechas, si la clase política no toma conciencia, volverá la desconfianza y la crisis de representatividad será el único ganador junto al malestar ciudadano.

Una cosa es que algunos estén de acuerdo con la dictadura de Pinochet, pero otra muy distinta es negar las atrocidades que ahí se cometieron. La violación a los derechos humanos nunca puede tener justificación.

Esta no es la lucha del bien sobre el mal, sino del tipo de sociedad que queremos construir.Una sociedad donde se respete al que piensa distinto o se celebre a quienes violaron los DD.HH.

Cuesta entender que en el Congreso aún existan parlamentarios como el diputado Iván Moreira, quien justifica la dictadura de Pinochet diciendo que “gracias a él, se salvó a una generación”, cuando lo que realmente sucedió fue la desaparición de generaciones completas, la mutilación de vidas, torturas, quiebres familiares irreparables y hacer que Chile haya tenido los años más duros de su historia.

En nombre de la democracia y la libertad, se han aniquilado pueblos y asesinado a muchos.

El homenaje a Pinochet no se trata del derecho a la libertad de expresión, se trata de qué Chile queremos ser y qué tipo de sociedad construimos a diario con nuestros actos. Existe la convicción de que gran parte de la ciudadanía no quiere un país donde se homenajee a quienes asesinaron, torturaron y mataron sin remordimientos.

Un país que no tiene memoria, es un país que no tiene futuro y no es mantener rencores ni odiosidades, sino reconocer el peso de la historia.

Nuestra sociedad aún está en deuda con su pasado y de cómo podamos resolverlo dependerá nuestro futuro. Porque hay dolores que no se pueden olvidar, es que nuestro deber es construir una sociedad conciente.

No hay forma de pensar que esos niños podrían salir adelante sin el cuidado de sus padres, sin el cariño, apoyo, lucha y entrega de quienes les dieron la vida y los vieron nacer.Estudios científicos avalan la importancia del cuidado de los padres para que los niños salgan adelante, más allá de la ciencia, es también sentido común.

En Chile se da una de las paradojas más duras en materia de salud: un niño menor de un año con una enfermedad catastrófica, tiene el derecho a ser cuidado por sus padres, gracias a la existencia de la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, pero ese mismo niño al momento exacto de cumplir su primer año de vida, queda absolutamente indefenso.

Hoy no existen las licencias médicas para padres de niños oncológicos y muchos papás y mamás se ven en la difícil disyuntiva de renunciar a sus trabajos para dedicarse 100% a sus hijos, o intentar seguir trabajando cuando los ingresos económicos se hacen cada vez más necesarios.

Desde el 2008 descansa en nuestro Parlamento un Proyecto de Ley del Senador Carlos Bianchi, que busca el otorgamiento de licencias médicas para padres de niños oncológicos.

Hoy sólo existe la posibilidad de pedir 10 jornadas de trabajo, las que deben ser recompensadas por el trabajador.

10 jornadas son absolutamente insuficientes para tratamientos que no bajan de los ocho meses como mínimo.

El enterarse de que un hijo tiene cáncer es uno de los golpes más fuertes que puede sufrir una familia, el mundo comienza a girar de otro modo y la vida tiene un antes y un después.

Alrededor de 600 familias podrían verse favorecidas anualmente con este proyecto de Ley, cuando hablamos de “beneficio” no es más que tener el derecho de cuidar a un hijo enfermo, algo que a simple vista no tendría porque estar consagrado en una Ley, porque ya está normado en los Derechos del Niño.

En las últimas semanas un grupo de padres liderados por Carol Alvo, una mamá que pudo dejar de trabajar para cuidar 24 horas a su Sebastián de 6 años, decidió que su posibilidad no tenía por qué estar condicionada a una situación económica, y se puso como meta que su hijo se sanara, pero que también todos los papás de Chile tuvieran el derecho inalienable de cuidar a sus hijos comenzaron una campaña por las redes sociales y medios de comunicación, y han golpeado las puertas de senadores, diputados y el Gobierno.

La campaña va avanzando, ha tenido eco en los medios de comunicación y también el entusiasmo de algunos parlamentarios. Están conscientes que esta Ley establecería un tremendo precedente y no descansarán hasta lograrlo, saben que las buenas intenciones tienen que transformarse en votos en el congreso y recursos del Ejecutivo que hagan sustentable esta modificación del código del trabajo.

La aprobación de esta Ley también es parte de la construcción de una sociedad más justa donde se otorga a los padres el derecho a cuidar a un hijo enfermo de cáncer, independiente de si tiene menos o más de un año de vida, y sin la disyuntiva de tener que dejar de trabajar.

Que el Parlamento asuma el desafío de discutirla, votarla y aprobarla marcaría un precedente que en el futuro podría ampliarse a otras enfermedades catastróficas en niños, pero por sobre todo saldaría una deuda con el derecho a la vida.

“Sin Licencia para cuidar” es el nombre de la Agrupación que reúne a los padres de niños con cáncer que luchan por la aprobación del Proyecto de Ley que modificaría el código del trabajo ampliando las licencias para padres de niños oncológicos.

El discurso del Presidente reflejaba un Chile próspero, pujante, de soluciones a la mano para prácticamente todos los problemas, ejemplificado en una familia “tipo” benefactora de los programas sociales disponible.

Poco se mencionó de las largas esperas en los hospitales, de los niños más vulnerables que llegan a cuarto básico sin entender lo que leen, de los profesores que se forman en nuestras universidades y egresan sin necesariamente poder resolver ejercicios matemáticos simples, de las alarmantes cifras de obesidad y sedentarismo que tienen ya a un tercio de los niños de 6 años con hipertensión o pre diabetes, de las familias sin casa, de la lentitud de la reconstrucción, de los cesantes ilustrados o de los esfuerzos que hacen mucho chilenos para llegar a fin de mes con 180 mil pesos.

Y esa es la pregunta clave. ¿Cuántos chilenos se sintieron parte del Chile del Presidente?¿De qué Chile somos? ¿Del discurso presidencial o del que aún tiene una infinidad de problemas estructurales y que, a pesar de ser parte de la OCDE, está lejos de países realmente desarrollados?

Cuando uno narra un Chile sin mayores dificultades lo que está haciendo no es más que invisibilizar la realidad. Y es precisamente la falta de realidad de la clase política, lo que hace que la ciudadanía confíe cada vez menos en sus autoridades.

La visión de país que tiene nuestra clase gobernante, está directamente relacionada con las políticas públicas que pueden impulsar, y por ende, con la capacidad de dar solución concreta a los problemas reales del país.

La dicotomía que hoy existe entre el Chile real y el Chile que quisiéramos ser, es abismante. Es cierto que en los últimos 20 años se ha avanzando más que en ningún otro período de la historia reciente de nuestro país. Pero aún hay temas pendientes y deudas profundas por solucionar; la distribución de la riqueza, la desigualdad, el acceso a la salud, la vivienda y educación de calidad. Chile requiere un urgente cambio cualitativo.

Es tan importante el contacto real de las autoridades con las necesidades del país, que de lo contrario gobernar se transforma en una toma de decisiones fría y objetiva, sin el pulso de lo que realmente le importa a la ciudadanía. Y ahí es cuando se produce ese alejamiento cada vez más profundo entre la clase política y la sociedad.

La ciudadanía está pidiendo a gritos representatividad y autoridades conectadas con sus problemas.

En poco más de cinco meses, por primera vez veremos si la ciudadanía voluntariamente irá a las urnas a elegir a sus autoridades comunales; seguramente aquellos que estén más conectados con las necesidades del electorado, serán quienes triunfen.

No queremos un Chile discriminador de las mujeres, los pueblos originarios, las religiones y las minorías sexuales.

No queremos un Chile clasista, xenófobo, inquisidor con las minorías, con los otros, con quienes son distintos.

No queremos un Chile en que existan ciudadanos de primera y de segunda categoría, sólo por haber nacido en determinada familia, con determinado apellido o determinada comuna.

Esta es el Chile que no queremos. Los recuentos del año 2011 estarán marcados por la lucha del movimiento estudiantil, la tragedia en Juan Fernández, la histórica inscripción automática y la cada vez más cercana carrera presidencial.

Cuando hacemos balances, siempre se analizan los hechos concretos, objetivos, poco análisis de lo subterráneo, del tipo de sociedad que somos, del legado que le estamos dejando a nuestros hijos, de las cosas que no se ven, pero que se sienten. Si se realizara una encuesta, la mayoría de los ciudadanos no estaría satisfecho con este Chile segregado, dividido, poco inclusivo y discriminador.

Siempre los términos de años son un punto de inflexión para hacer análisis y recuentos.

El 2012 se plantea como un año de grandes desafíos y cambios en la sociedad; vendrán las elecciones municipales y con ello el reacomodo de las fuerzas políticas con reglas del juego diferente como es el voto voluntario, lo cual pondrá un gran desafío a los partidos y candidatos a persuadir a los votantes con una propuesta clara y una forma de gobernar que los impulse a sufragar.

Comenzará fuertemente la campaña presidencial y esperamos que se materialicen los anhelos de igualdad liderados por los estudiantes.

En campaña muchos serán los candidatos que prometerán contribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria, pero el tema de fondo pasa mucho más allá de las promesas, pasa por lo que le estamos transmitiendo a las futuras generaciones.

Humberto Maturana dijo que el futuro de la humanidad no son los niños, somos los adultos con quienes ellos crecen. El desafío está en nosotros.