La trata de personas es un crimen gravísimo y se considera una forma de esclavitud moderna. Afecta principalmente a mujeres y niñas pues constituye una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y de los estereotipos de género que mantienen la subordinación de las mujeres.

La Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas –promovida por Naciones Unidas y a la que las autoridades chilenas se suman a partir de este año–da cuenta de la importancia del compromiso conjunto de actores estatales y de la sociedad civil para enfrentar estos crímenes, puesto que Chile, desde hace ya varios años es reconocidamente un país de origen, tránsito y, más notoriamente, de destino para las víctimas de trata, además de la que existe entre regiones dentro del país.

Tras la ratificación del Protocolo internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños, conocido como el “Protocolo de Palermo”, en 2004, correspondió al Estado de Chile la aprobación de una legislación especial en la materia.

Es así como en 2011 se dicta la Ley Nº 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Esta Ley constituye un hito al criminalizar específicamente estos graves delitos, favoreciendo la persecución criminal de los tratantes y la visibilidad de las víctimas.

No obstante, la normativa aprobada se centró en lo penal y omitió considerar medidas integrales para enfrentar este flagelo. La Ley Nº 20.507 no contempla medidas de prevención, recursos presupuestarios, capacitación a funcionarios/as públicos/as, policías ni a operadores/as de justicia, como tampoco consagra los derechos de las víctimas a recibir protección y asistencia ni se plantean medidas para su reparación.

De ahí que los resultados observables a cuatro años de su dictación, sean limitados. El número de casos de trata en que efectivamente se aplican las sanciones penales previstas es bajísimo a la fecha y la efectividad de las herramientas disponibles para la identificación de las víctimas requiere una urgente evaluación por las autoridades.

Igualmente se requiere de una amplia reflexión acerca de las causas de la trata y el rol que los clientes de “servicios” sexuales en condiciones de explotación, así como de “mano de obra barata” en el agro, minería, construcción, restoranes –entre otros rubros– tienen en ésta tragedia humana, pues en la “demanda” está a la base de la explotación de seres humanos.

Además, importantes desafíos presenta la atención de las víctimas.Ello aun teniendo claridad de que el número detectado está muy por debajo de la real magnitud del problema. El rescate de ellas, frecuentemente extranjeras, impone la necesidad de brindar servicios inmediatos de protección, hospedaje, alimentación y atención médica de urgencia y de salud sexual, pero asimismo mantener la asistencia en el tiempo.

La profunda afectación a la dignidad propia de todo ser humano y la violación de los derechos y libertades más básicas, ha llevado a los Estados a comprometerse internacionalmente y asumir obligaciones jurídicas en materia de atención y asistencia de las víctimas de trata para la restitución de sus derechos, relevándose la preocupación por su atención médica, sicológica, jurídica y social, regularización migratoria, oportunidades de educación y trabajo, reintegración social plena, revinculación familiar y reparación, y no únicamente su eventual participación en los proceso judiciales contra los tratantes.

Brindar esta atención requiere de servicios especializados integrados por personal debidamente capacitado que cuente con los recursos necesarios para ello, además de oportunas coordinaciones entre diversos organismos públicos y privados.

Cabe esperar que la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas constituya un aporte a la visibilización de este problema en el país y a incrementar el compromiso de la sociedad en su conjunto con las víctimas, reconociéndolas como tales y denunciando a quienes explotan y comercian con seres humanos aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

Pero principalmente cabe esperar un mayor compromiso de las autoridades en la prevención de la trata, en la investigación y juzgamiento de los responsables, en la capacitación de funcionarios/as públicos/as y quienes aplican la ley, en la protección de las víctimas, su atención y asistencia, la restitución de sus derechos y la reparación de las consecuencias de la violación a sus derechos humanos.

Así se acordó por mayoría en la última sesión de la Comisión de Salud, por lo que el próximo martes 7 de julio se recibirá al Ministro Eyzaguirre –recientemente a cargo de la SEGPRES- junto a las Ministras Claudia Pascual de SERNAM, Carmen Castillo de Salud y Javiera Blanco de Justicia, en forma previa a dicha votación.

La propuesta de reformar el Código Sanitario para regular la posibilidad de las mujeres y niñas de acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, riesgo vital e inviabilidad fetal corresponde a uno de los principales compromisos sobre derechos de las mujeres contenido en el Programa de Gobierno de la Nueva Mayoría y fue presentado por la Presidenta Bachelet a comienzos del presente año.

Su presentación responde a una creciente demanda de la ciudadanía por marcos normativos que resguarden la protección de las mujeres, al menos en las tres causales específicas que se contemplan. En los últimos años son numerosas las encuestas de opinión que dan cuenta de esta demanda ciudadana situando entre un 60% y un 80% el acuerdo en legislar el aborto en caso de violación, inviabilidad o necesidades de salud, y entre un 20% y 30% a decisión libre de la mujer.

Por citar solo uno de dichos estudios de opinión, la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2014 de Corporación Humanas muestra que el 79,2% de las mujeres está de acuerdo con legalizar el aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer, el 74,2% en caso de graves malformaciones fetales y el 72,9% si el embarazo es producto de una violación.

En tanto el 22,4% expresa su acuerdo con la legalización si la mujer tiene muchos hijos y no puede hacerse cargo de más, el 20,9% por cualquier razón que la mujer decida, y el 19,1%, en cambio, no está de acuerdo bajo ninguna circunstancia. Además, la referida Encuesta da cuenta que el 28,5% de las mujeres consultadas ha conocido a alguna mujer que se ha realizado un aborto y que el 52% considera que las mujeres que se han practicado un aborto no deben ir a la cárcel (Corporación Humanas, Diciembre de 2014).

Asimismo el proyecto procura enfrentar la responsabilidad internacional del Estado de Chile comprometida con la vigencia de la legislación punitiva que vulnera los derechos humanos de las mujeres en el país y que numerosos organismos internacionales desde hace 15 años sistemáticamente vienen reprochando en diversos foros mundiales de que Chile participa.

De hecho, solo el año pasado el Estado de Chile debió afrontar ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas las recomendaciones de reforma a la normativa penal formulada por una decena de países, oportunidad en que el Estado refirió el Programa de Gobierno y el compromiso de legislar al menos en tres casos específicos.

Igualmente, en julio de 2014, el Comité de Derechos Humanos se vio en la necesidad de reiterar sus recomendaciones previas (1999 y 2007) en relación a la problemática de la clandestinidad del aborto y legalizar el aborto terapéutico y en caso de violación. En tanto, en septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la Mujer del Consejo de Derechos Humanos, tras su primera visita al país se manifestó en similar sentido, enfatizando en la necesaria protección que debe brindarse a las adolescentes y las niñas frente a la violencia sexual.

Pese a que en la inmensa mayoría de naciones desarrolladas la legislación permite el aborto a decisión de la mujer dentro del primer trimestre del embarazo –e incluso en períodos más extensos en importante numero de países–, garantizando su acceso a la atención sanitaria requerida para ello e igualmente la interrupción del embarazo por causal terapéutica e inviabilidad fetal (modelo mixto de plazo e indicaciones), en Chile se debate únicamente respecto de tres causales (modelo de indicaciones). De ahí que preocupe el retraso en la discusión legislativa y el conjunto de argumentaciones morales y religiosas esgrimidas para oponerse a ello.

La criminalización total del aborto es incompatible con un estado democrático de derecho. El respeto a la libertad de conciencia, pensamiento y religión, pilar de la democracia, contenido en los tratados internacionales de que Chile es signatario importa el resguardo de todas las creencias y que no pueda el Estado imponerse a las conciencias individuales.

Por ello no puede mantenerse vigente una legislación punitiva que ampara únicamente las creencias de un determinado sector, imponiéndose ésta al conjunto de la población chilena que puede legítimamente profesar otras creencias morales o religiosas. Más aun, cuando se trata solamente de regular situaciones especificas y puntuales que afectan a las mujeres cuesta entender que la protección de derechos tan básicos como una vida libre de cualquier forma de violencia y el derecho a la vida y a la integridad personal de las mujeres y las niñas no sean el centro del debate y que en cambio se sigan planteando reparos a una reforma legal a todas luces necesaria.

El proyecto que plantea legislar sobre aborto en tres causales es un mínimo ético que cuenta con amplio respaldo ciudadano, que los y las parlamentarias comprometidas con los derechos de las mujeres apoyan, que las instituciones internacionales de derechos humanos demandan y que organizaciones de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país valoran por lo que se espera sea aprobado en general por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y avance prontamente en su tramitación legislativa.

No obstante, la prioridad que revisten las reformas políticas para la transparencia, probidad y calidad de la política no puede excusar mantener retrasadas las numerosas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que el Estado de Chile ha asumido, que los organismos internacionales sistemática y reiteradamente le reprochan su tardanza y que el propio Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría contempla.

Tras haberse presentado al Parlamento el Mensaje presidencial para la despenalización del aborto en tres causales, se espera que la Presidenta reafirme su compromiso y anuncie urgencia legislativa para acelerar el debate.

Asimismo que se impulsará la reforma a la sociedad conyugal, que el Senado no ha debatido pese a que por ocho años se mantiene incumplido el Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego que se denunciara la violación de las garantías de igualdad de derechos y no discriminación (caso Sonia Arce contra Chile).

La recientemente aprobada reforma electoral aplicable a la elección de diputados/as y senadores/as (Ley Nº 20.840) que instituye mecanismos para la participación equilibrada entre hombres y mujeres debe ser complementada con nuevas propuestas para la inclusión de la paridad en el conjunto del sistema político (elección de alcaldesas/as, concejales/as, consejeros/as regionales, en los órganos de los partidos políticos y en nominación de autoridades gubernamentales, embajadores/as y representantes ante organismos internacionales y directivos de empresas públicas). Y también se espera conocer anuncios sobre legislación integral frente a la violencia contra las mujeres.

Igualmente se espera que la Presidenta reafirme su compromiso con una legislación que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes y un sistema de protección integral a la infancia. Y en materia de derechos humanos de personas migrantes, conocer la nueva propuesta sobre Ley de Migración y Extranjería en reemplazo de la actual normativa, vigente desde el primer año de la dictadura cívico militar.

En cuanto a la institucionalidad en derechos humanos que el país requiere, se confía conocer la propuesta sobre Defensoría de las Personas que la Presidenta ha comprometido, institución fundamental para la protección y defensa de los derechos de las personas; que se respaldará la tarea del Instituto Nacional de Derechos Humanos mediante la correspondiente asignación de recursos y que se continuará apoyando la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos para contar al interior del aparato gubernamental con un ente coordinador de las iniciativas sectoriales.

Pero también se requiere conocer si se impulsará el establecimiento de un mecanismo permanente para la calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, contemplando medidas especiales para el registro, calificación y reparación de mujeres que sufrieron violencia sexual.

Tras la dictación de la Ley que crea el acuerdo de unión civil (Ley Nº 20.830) que reconoce y protege la diversidad de familias en el país se requiere conocer cómo el Gobierno impulsará el debate de las mociones sobre matrimonio igualitario y la necesidad de contar en el país con un estatuto jurídico para los hijos e hijas de parejas del mismo sexo.Asimismo, el apoyo que se otorgará a la Ley de identidad de género que se debate ante el Senado.

En tanto, se espera conocer las propuestas que desde el Ejecutivo se presentarán para reformar la Justicia Militar de modo que se garantice el debido proceso y únicamente se reserve al conocimiento de delitos de función militar cometidos por militares, asegurando que jamás conozca de delitos cometidos contra civiles. Que se proseguirá apoyando el debate de la nulidad del Decreto Ley de Amnistía de 1978 y de las iniciativas para garantizar la imprescriptibilidad,  no amnistía e improcedencia de indultos y prescripción gradual respecto de los crímenes de lesa humanidad, como asimismo el debate sobre tipificación e imprescriptibilidad de la tortura que tantos años se ha retrasado.

La necesidad de legislar en estas materias ha sido persistentemente relevada por los numerosos organismos internacionales que vigilan al Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de los tratados de derechos humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De ahí que numerosas organizaciones de la sociedad civil –como las que se articulan en el Observatorio Parlamentario que coordina Corporación Humanas–desde hace años plantean sus demandas ciudadanas en torno al cumplimiento de las obligaciones pendientes y de los compromisos programáticos, constituyendo la Cuenta Pública Presidencial un hito crucial para conocer cuanto de ello se asume desde el Gobierno.

Pese al gran respaldo ciudadano que diversas encuestas de opinión desde hace años vienen mostrando frente a la legalización del aborto en las tres causales que el proyecto contempla, inmediatamente se alzan voces estridentes oponiéndose a lo que al Parlamento corresponde resolver, pudiendo advertirse lo complejo que resultará el debate cuando quienes se oponen al proyecto no parecen querer debatir sino más bien buscar que su posición continúe prevaleciendo.

Inadecuados e improcedentes anuncios y llamados se han conocido tras la presentación de la propuesta de ley, rayando en el límite de lo que imponen las reglas democráticas en un Estado de Derecho. Esto representa un riesgo no solo para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres –gravemente vulnerados según han reiterado numerosos organismos de Naciones Unidas por la criminalización total del aborto que el proyecto busca al menos en tres causales corregir– sino también para la convivencia social misma, basada en el respeto a la legalidad vigente y el rol que corresponde a las distintas instituciones públicas y privadas existentes en una determinada sociedad.

La más alta autoridad de la Universidad Católica fue la primera en advertir que en los establecimientos de salud vinculados a dicha universidad no se cumpliría la ley. Señaló que en dichos recintos no se realizarán los abortos previstos en la ley y que los profesionales de la salud dispuestos a practicarlos no pueden trabajar en ellos.

Pretende el Rector que sus “principios y valores más profundos” les permitirían ubicarse por sobre la legalidad vigente y desentenderse de uno de los pilares del Estado democrático de derecho, la igualdad ante la ley. Expresado simplemente este principio determina que la ley se aplica a todas las personas sin privilegios que permitan a determinados sectores excusarse de ello y, asimismo, obliga a todas las personas más allá incluso de sus preferencias personales o creencias.

En tanto, pretendiendo desconocer la separación del Estado y la iglesia, reconocida por la Constitución Política desde hace casi un siglo, una alta autoridad católica formula un llamado a la movilización social en contra del proyecto gubernamental aun cuando admitió que a los obispos no les corresponde tal función.

Como mínimo el llamado a la movilización ciudadana de una autoridad religiosa aparece grotesco y preocupante pues excede el ámbito propio de la fe. Pero mas grave aun resulta su interferencia en asuntos propiamente civiles, como es el funcionamiento del Congreso Nacional, llamando a los congresistas a votar este proyecto en base a sus creencias religiosas.

El Parlamento es expresión de la soberanía popular y pretender se convierta en un reducto eclesial o que en lugar de observar la Constitución y las leyes se legisle en base a las sagradas escrituras es propio de estados confesionales, que no es el caso de Chile, y está fuera de las reglas democráticas que nos rigen.

De ahí que el requerimiento gubernamental a sostener un debate democrático con “respeto y tolerancia” –como señaló el Vicepresidente de la República– resulte tibio e insuficiente frente a la evidente intolerancia expresada por la jerarquía católica y su principal centro académico.

Es indudable que al Estado corresponde garantizar el respeto a la libertad de conciencia y religión de todas las personas. Pero de todas las personas y no solamente de los católicos y de quienes se oponen al aborto. Hasta ahora la legislación sobre aborto únicamente ha expresado las creencias religiosas y morales de quienes se oponen al aborto y niegan el derecho de autodeterminación de las mujeres – que ciertamente excede las tres hipótesis que el proyecto contiene –y ello no es propio de un Estado Laico en que se respetan los derechos de todas las personas sin discriminación. Por ello es tan importante este proyecto de ley que algunos sectores pretenden impedir y que la ciudadanía mayoritariamente respalda.

A partir de marzo el Parlamento debatirá al respecto y quedará en evidencia que no existe ningún fundamento racional –religiosos y sobrenaturales pueden abundar pero no es en base a ello que debe legislarse– para continuar obligando a las mujeres a llevar a término un embarazo que es riesgoso para ella, es resultado de la violencia sexual o si la criatura es inviable. Conviene llamar a las cosas por su nombre y reconocer que ello es tortura y que por eso debe derogarse de la legislación chilena.

Los y las congresistas han sido elegidos para representar los intereses de la ciudadanía –no del clero- y les corresponde legislar en función del bien común y el respeto a los derechos humanos, tal como indica cualquier Constitución Política incluso una no democrática como la vigente en el país.

Por ello se espera que en el debate que se avecina los y las parlamentarias estén a la altura de lo que sus deberes les imponen y legislen en resguardo de los derechos de las mujeres, pues es la vigencia del sistema democrático lo que está en juego.

Estas niñas no tuvieron ninguna alternativa que llevar a término sus embarazos, una para dar a luz a una criatura que murió a los pocos días, tal como el diagnóstico médico indicaba, y la otra para ver nacer al hijo de su propio padre.Cuesta imaginar un sufrimiento más intenso y es difícil no pensar en un daño permanente para estas niñas, o al menos de muy largo plazo. Pero lo que torna aun más grave este dolor es que sea inflingido por el propio Estado. De ahí que Naciones Unidas defina que la imposibilidad de interrumpir ciertos embarazos –como en caso de inviabilidad fetal– constituye tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, a lo largo de este año se ha informado de numerosas mujeres que tras sufrir complicaciones por abortos clandestinos, no solo no recibieron la atención y apoyo compasivos que a los profesionales de la salud corresponde brindar, sino que además fueron denunciadas a la policía por los mismos profesionales a quienes confiaron su “secreto”, trastocándose la relación médico-paciente desde el cuidado y confidencialidad a la persecución y estigma.

Ciertamente los invasivos procesos policiales que de ello surgieron inhiben fuertemente a las mujeres que puedan padecer complicaciones derivadas de aborto de acudir a centros médicos, incrementando los riesgos para su vida y salud.

El conocimiento público generado por la prensa evidentemente es solo una parte de la realidad que enfrentan miles de mujeres y niñas en el país, pero enrostra dolorosamente que el retraso que las autoridades mantienen para enfrentar este problema, pese a los compromisos contenidos en el Programa de Gobierno y reforzados por la Presidenta Bachelet en su primera Cuenta Pública, tiene impactos directos en la vida de quienes siguen padeciendo las consecuencias de la criminalización total del aborto.

A contravía de los avances internacionales en torno a la progresiva legalización y acceso a aborto seguro para proteger la vida y salud de las mujeres, además de fortalecer la educación sexual y las medidas preventivas para evitar los embarazos no deseados, Chile mantiene sin cambios la legislación punitiva heredada de la dictadura.

Ello le ha valido al Estado recibir periódicos y sistemáticos reproches de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas por la falta de garantías a los derechos de las mujeres y las niñas y la necesidad de reformar las normas que imponen la penalización; recomendándose permitir el aborto, al menos en ciertos casos (Consejo de Derechos Humanos, 2014; Comité de Derechos Humanos, en 1999, 2007 y 2014; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1999, 2006 y 2012; Comité de Derechos del Niño, en 2007 y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2004).

Pero también la autoridades se desentienden de las crecientes demandas ciudadanas por reformas legales que permitan proteger los derechos de las mujeres y las niñas, profundizando la brecha entre la ciudadanía y sus representantes.

Entre otros estudios de opinión, la Novena Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2013 de Corporación Humanas, da cuenta del 84% de respaldo a legalizar el aborto terapéutico y de un 80% de apoyo a legalizarlo en caso de violación así como frente a malformaciones incompatibles con la vida. Además, el 29% de las encuestadas expresa su acuerdo con la legalización por cualquier razón que la mujer decida, el 24% por motivos económicos y el 28%, en cambio, en ningún caso.

De ahí que el impulso al debate legislativo que congresistas comprometidos con los derechos de las mujeres –que han presentado diversas mociones tanto en la Cámara de Diputados como en Senado– represente una gran oportunidad de cambio.

Proyectos de ley para despenalizar el aborto en tres causales, riesgo de vida o salud de la mujer, violación e inviabilidad, e incluso a decisión de la mujer dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, serán prontamente debatidos en el Parlamento.

Recientemente la Comisión de Salud de la Cámara Baja recibió a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer para conocer la agenda gubernamental en la materia, mientras en el Senado, la Comisión de Salud ha definido dar inicio a la discusión de algunas de las mociones.

Chile requiere contar prontamente con una legislación que permita la interrupción segura del embarazo en caso de riesgo para la mujer, violencia sexual e inviabilidad, así como debatir para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a decidir respecto de la maternidad y sobre su propio plan de vida, libremente, sin coerción ni bajo amenaza penal.

Ocho años después se espera que la Presidenta se refiera a cómo impulsará uno de sus principales compromisos, una nueva Constitución para Chile. Una Constitución orientada a la protección de los derechos de las personas y formulada desde la ciudadanía.

En el nuevo orden institucional que la Mandataria anunciará, los derechos de las mujeres son centrales, como indica el Programa de Gobierno. Despenalización del aborto al menos en determinadas causales, derechos sexuales y reproductivos, paridad en la participación política, protección frente a la violencia, igualdad de derechos en las relaciones familiares, incluyendo la retrasada reforma a la sociedad conyugal, acceso al trabajo en condiciones de justicia y seguridad social, entre las principales medidas.

Pero también derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues carecemos de una Ley integral de protección de la infancia y de la institucionalidad adecuada. Derechos de mujeres y hombres migrantes y derechos de los pueblos indígenas, en especial al territorio, agua y derechos de participación.

Debiera la Presidenta orientar sobre el próximo debate del matrimonio igualitario, además del acuerdo de vida en pareja que el Presidente Piñera impulsó. Ello sin omitir el compromiso del Gobierno y de sus parlamentarios con un estatuto jurídico para los hijos e hijas de parejas del mismo sexo, pues son miles las familias que merecen y requieren ser reconocidas y protegidas jurídicamente como las familias que son.

La Defensoría de las Personas ya fue planteada en su previa administración y sigue pendiente en el Parlamento. Además, la Subsecretaría de Derechos Humanos que el Gobierno anterior propuso requiere de recursos suficientes y amplias atribuciones para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, además de la reparación de las violaciones.

También debe retomar la Presidenta la dilatada reforma a la Justicia Militar y tipificar la tortura, que también en democracia es cometida por agentes del Estado.

Volver a impulsar el debate para consagrar la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar, asegurar el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y la sanción de los responsables, garantías de no repetición y la plena reparación de las víctimas, especialmente de las mujeres sometidas a violencia sexual.

La Presidenta refrendará su compromiso con la reforma educacional y el financiamiento que requiere la educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de Chile. Y también el compromiso de su Gobierno con las reformas políticas y electorales que permitan la representación equilibrada de las distintas fuerzas políticas existentes en el país y aseguren que tanto hombres como mujeres puedan participar y que las mujeres contarán con el financiamiento especial que requieren para revertir la histórica exclusión.

Cuatro años es un período breve por lo que se esperan anuncios claros y tiempos precisos. La deuda que en materia de derechos humanos y democracia el país mantiene se arrastra por demasiado tiempo, como los organismos internacionales desde hace años vienen señalando, y es obligación de las autoridades revertirla, en representación de ciudadanos y ciudadanas.

Complejo avanzar en la verdad y justicia requerida, que el propio Presidente comprometió en su Programa de Gobierno, si no se fortalecen medidas para ello y para la reparación de las víctimas y sus familias, junto a garantías de no repetición.

En tanto resultó novedoso que el Presidente abordara el acuerdo de vida en pareja, pues en las tres cuentas anteriores nada había mencionado sobre su anuncio de campaña. Pese al retraso, se valora que se comprometiera a impulsar este debate legislativo que por meses no ha podido avanzar en el Senado, aunque para ello deberá confrontar a su propia coalición y, ciertamente, imprimirle una celeridad que hasta ahora no ha mostrado.

También se escuchó un discurso comprometido con los pueblos indígenas, su reconocimiento constitucional, mecanismo de consulta y políticas de integración. Pero después de cuatro años hubiera sido mejor escuchar resultados concretos. Y a un Presidente más interesado en el diálogo social en vez de insistir en la criminalización y el recurso a leyes de excepción como la Ley Antiterrorista que, al contrario de lo señalado por Piñera, no satisface ningún estándar internacional y ha sido severamente reprochada por numerosos organismos de Naciones Unidas.

Insistió el Primer Mandatario en desconocer la condición de sujetas de derechos y ciudadanas plenas de las mujeres, que el derecho internacional hace décadas consagra, al ubicarnos como instrumentos para el sostén de las familias y destacando algunas medidas en tal sentido.

Omitió referirse a la importancia de reformar el sistema electoral para garantizar la adecuada representación de las fuerzas políticas y la participación paritaria entre hombres y mujeres, mediante mecanismos obligatorios para los partidos políticos y financiamiento especial a candidatas.

En tanto, repitió su anuncio de voto de chilenos en el exterior, aunque ahora requiriendo la previa inscripción en las embajadas y sin insistir en el requisito de haber viajado antes al país. Más vale tarde que nunca.

Por último, uno de los anuncios más pintorescos fue el bono por el tercer hijo, de dudosa efectividad para incrementar la natalidad.

Fomentar y proteger –seriamente- la maternidad requiere asegurar a las mujeres, en primer lugar, que ésta sea voluntaria, derechos sexuales y reproductivos, empleos de calidad, terminar con la brecha salarial, pensiones dignas, atención de salud no discriminatoria y ciertamente políticas para avanzar en la responsabilidad compartida de padres y madres, como la sala cuna para trabajadores y trabajadoras, anteriormente anunciada pero hoy silenciada.

En el país son muchas las parejas que para ver cumplida su decisión de tener hijos se someten a técnicas de fertilización asistida. Esta particular forma de constituir familia cuenta con el amparo y protección de la legislación chilena, que reconoce la filiación y parentesco de estos niños aun cuando –obviamente- no existe un vínculo biológico con al menos uno de sus progenitores. Pero si se trata de madres lesbianas, hemos constatado que el Registro Civil se ha negado a reconocer el vínculo filial de la madre (que no dio a luz) con sus hijos, como si en este caso no existiera igualmente una familia.

Alexandra y Alejandra no piden otra cosa que el reconocimiento de la realidad. Ellas son una familia. Desde hace seis años viven juntas en una relación familiar y desde hace tres, cuidan y velan por sus hijos, brindándoles desde su nacimiento protección y amor; y les preocupa que sus hijos no puedan exigir –como cualquier otro niño chileno- los derechos que les corresponden a ser cuidados, criados y educados por su familia, y eventualmente, derechos hereditarios y patrimoniales.

Por ello, las madres han acudido a la justicia, para que ésta cautele los derechos fundamentales y garantías constitucionales que la negativa arbitraria del Registro Civil vulnera, especialmente el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, la protección de la familia, el derecho a la vida privada y el derecho a la integridad síquica, además de los derechos de los niños.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de protección basada en que no se habría señalado la “ilegalidad en que se ha incurrido”, pese a que el recurso judicial se interpuso ante la arbitrariedad –no la ilegalidad- del rechazo por el Registro Civil a reconocer la maternidad de Alexandra. En palabras de la Corte Suprema “una acción arbitraria consiste en un acto o proceder (…) contrario a la justicia” y es eso lo que se alega en este recurso.

Es la propia Constitución Política (Artículo 20) la que establece el recurso de protección como una acción cautelar para reestablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que vulneran derechos fundamentales. Precisamente por ello se ha estimado que es ésta la acción judicial idónea para asegurar el respeto y protección de los derechos de estas mujeres y sus hijos.

Ante la inadmisibilidad pronunciada, Corporación Humanas –que representa a las madres ante los tribunales de justicia- presentará un recuso de reposición a fin de que la Corte de Apelaciones reconsidere su decisión inicial y se aboque a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada: la evidente violación de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación y a la protección de la familia, entre otros, cometida contra las madres y sus hijos.

Dada la centralidad de la protección de las garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico chileno, lo esperable es que sean los tribunales nacionales los que resuelvan este caso, pues a ellos corresponde asegurar que en el país los derechos humanos se respeten sin discriminación.

La orientación sexual no puede ser un impedimento para que el Estado de Chile –todos y cada uno de los Poderes del Estado y los órganos públicos- reconozca la familia de estas madres y se protejan jurídicamente sus derechos y los de sus hijos.

Esta iniciativa posibilita al Parlamento saldar la deuda que desde hace décadas mantiene con las mujeres chilenas, a quienes se relega a una ciudadanía de segunda clase.

Es inaceptable que en un Estado democrático de derecho se prive a la mitad de la población (las mujeres) de un derecho fundamental como es el de decidir autónomamente y en base a sus propias convicciones frente a un embarazo que pone en riesgo su vida o su salud, que es resultado de una violación, o si se trata de una criatura inviable.

En situaciones tan dramáticas como éstas a las mujeres se les impide decidir.Simplemente el Estado obliga a llevar a término el embarazo, bajo la amenaza del castigo penal. Sin considerar el sufrimiento de las mujeres se impone un embarazo forzado, lo que a juicio de organismos internacionales no es otra cosa que una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, cometido por agentes estatales, que causa graves daños a las mujeres.

Por décadas las autoridades han eludido un debate fundamental, manteniendo vigentes normas heredadas de la Dictadura Militar que conculcan los derechos de las mujeres. Aun antes de que fuera reconocido el derecho a voto, las mujeres chilenas tenían derecho al aborto terapéutico, hasta que en 1989 las autoridades militares que gobernaban el país, en alianza con la jerarquía eclesiástica, lo derogaron.

De allí la importancia de la propuesta que han presentado los senadores Gómez, Rossi e Isabel Allende, para permitir que las mujeres puedan decidir si interrumpen o llevan a término un embarazo si arriesga su vida o salud física o mental, si es producto de una violación o técnica de reproducción asistida no consentida, o si la criatura es inviable.

Al cumplirse un año (el 4 de abril próximo) desde que en el Senado no se alcanzara la mayoría parlamentaria suficiente para debatir sobre despenalización del aborto en determinadas situaciones y fueran archivadas las mociones al respecto, es urgente reanudar el debate.

La ciudadanía demanda reformas legales que protejan los derechos de las mujeres. Más del 70% de las chilenas apoya una ley sobre aborto terapéutico, el 70% en caso de malformaciones graves y el 60% en caso de violación (Octava Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011 de Corporación Humanas). Además, desde 1999 diversos organismos internacionales le han reprochado al Estado de Chile la vigencia de leyes que impiden garantizar los derechos de las mujeres, recomendándole su pronta modificación.

En un año de elecciones presidenciales y parlamentarias resulta clave que quienes aspiran a dirigir el país expresen su compromiso con los derechos de las mujeres. El Parlamento debe responder a las demandas ciudadanas y las autoridades asegurar que se cumplan las obligaciones internacionales.

Es urgente avanzar en la discusión y aprobación de leyes que reconozcan a las mujeres como sujetas de derechos, pero para ello, legisladores y legisladoras deben representar los intereses de la ciudadanía y no priorizar –como lo han hecho anteriormente- sus creencias personales de carácter moral o religioso.

Nadie podría dudar que se trata de una discusión de la mayor relevancia y que lo que está en juego son valores fundamentales en un Estado democrático de derecho: la dignidad propia de todo ser humano, la igualdad de derechos, la no discriminación, la libertad personal y la autonomía individual.

Del mismo modo, es ampliamente conocido que en el país todavía existe una deuda tremenda en materia de reconocimiento y protección de los derechos de quienes conviven, sean de diferente o del mismo sexo.

Por eso se valora que el proyecto gubernamental –como las mociones sobre uniones civiles presentadas en los últimos años- apunte a resolver, al menos en parte, la discriminación que afecta a muchas parejas y familias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia dictada contra el Estado de Chile en el caso Karen Atala, dictaminó expresamente que está prohibida cualquier discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género.

Pero también señaló la Corte –sentando un precedente no sólo para Chile, sino también para los demás países de la región- que las familias están definidas por su vínculos afectivos, por lo que sin atender a si existe o no matrimonio, y con independencia de si se trata de parejas de distinto o de igual sexo, los Estados están obligados a reconocer y proteger los derechos de las personas y sus relaciones familiares.

Es este el debate que debe dar el parlamento chileno: reconocer y proteger los lazos afectivos y familiares de quienes conviven, heterosexuales y homosexuales. Central resulta en ello plasmar efectivamente principios constitucionales como la dignidad propia de toda persona y la igualdad de derechos.

Lo que el debate legislativo recién iniciado debe enfrentar es que la igualdad de derechos consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales no admite que los derechos y obligaciones propias del matrimonio y las relaciones familiares se reserven únicamente a algunas personas excluyendo de ellos a quienes tienen una orientación sexual diversa.

Ni la Constitución ni las leyes son instrumentos que deban recoger las creencias morales, filosóficas o religiosas de las autoridades o de ciertos sectores de la población, aun si se tratara de creencias mayoritarias.

Sostener, como lo hace el Presidente de la República, sus Ministros/as de Estado, parte de los parlamentarios y entidades religiosas, que existiría una cierta esencia o naturaleza en el matrimonio es precisamente una de dichas creencias, que ha estado a la base de la marginación de lesbianas y homosexuales de la protección de sus derechos.

Por lo demás esta creencia de que el matrimonio sólo corresponde a un hombre y una mujer es uno de los pilares que sustenta el proyecto de ley sobre acuerdo de vida en pareja, como lo ha señalado la ministra Secretaria General de Gobierno en su presentación ante el Senado. Ello impacta sustantivamente en los contenidos de la propuesta legal, puesto que se plantea un estatuto de jerarquía notablemente inferior a las relaciones de convivencia.

Ciertamente se requiere regular las relaciones patrimoniales de quienes conviven, la seguridad social y los efectos hereditarios, pero ello no puede llevar a eludir la cuestión central que es el reconocimiento de su calidad de familia, lo que el proyecto gubernamental deliberadamente omite.

El debate parlamentario se anticipa complejo y extenso pues ni para el propio Ejecutivo reviste la prioridad suficiente como para asignarle urgencia legislativa, aun a riesgo de no dar cumplimiento a uno de los principales compromisos de campaña, pero la necesidad de garantizar la igualdad de derechos a todas las personas sin discriminaciones basadas en la orientación sexual exige el mayor esfuerzo.

Es de esperar que en el año que queda al actual Gobierno se pueda efectivamente avanzar hacia un marco jurídico coherente con las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido en materia de igualdad y no discriminación.

La bajísima aprobación ciudadana a la actual administración debiera motivar un giro en las políticas propuestas y aplicadas a la fecha y dar cuenta de la importancia real de los derechos humanos en un Estado democrático, acorde a las demandas ciudadanas por universalidad de derechos y participación en la toma de decisiones públicas.

Mejorar la calidad de la democracia implica sustituir el sistema electoral por uno más inclusivo, representativo y paritario.

La participación política equilibrada entre hombres y mujeres –exigida por organismos internacionales y comprometida por el Gobierno- debe incorporarse en las reformas al régimen electoral, primarias, financiamiento electoral y partidos políticos que el Ejecutivo promueve.

Además, se espera conocer el 21 de mayo cuándo se debatirá el Acuerdo de Vida en Pareja propuesto en 2011 pero sin el respaldo suficiente de los legisladores de la coalición gobernante; y de qué modo se corregirán las graves falencias de la ley sobre discriminación recientemente aprobada por el Congreso, que omite medidas preventivas y de acción afirmativa y consagra una inconstitucional jerarquía de derechos.

El Presidente debe detallar los contenidos de la anunciada modificación a las salas cuna, para terminar con la discriminación de las trabajadoras y avanzar en la corresponsabilidad de padres y madres; e imponer tiempos precisos al debate sobre derechos de trabajadoras de casa particular, uno de los empleos más desprotegidos.

Igualmente, cómo impulsará el rezagado debate de la Defensoría de las Personas, clave en la protección, promoción y defensa de los derechos humanos; plazos concretos a la reforma pendiente a la Justicia Militar comprometida por el Gobierno y mandatada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como para la derogación del Decreto Ley de Amnistía, también ordenada por dicha Corte.

Asimismo, cómo  garantizará que las medidas que afectan a pueblos indígenas les sean debidamente consultadas y de qué modo se promoverá el debate sobre reconocimiento constitucional a estos pueblos, comprometido internacionalmente.

El Presidente puede marcar una gran diferencia reactivando la agenda legislativa sobre derechos humanos y democracia. Ello contribuirá a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.

Nadie duda de la importancia simbólica que pueden tener -y de hecho tienen- ciertas leyes, especialmente si declaran principios tan sustantivos como la igualdad y la no discriminación y la prohibición de discriminar en base al sexo, la orientación sexual y la identidad de género de las personas, entre otras.

Pero de allí a creer que es suficiente contar con normas declarativas sin mecanismos eficaces que permitan cumplirlos, es otra cosa.

La normativa aprobada por el Parlamento omite señalar con claridad -como correspondería a un Estado democrático de derecho respetuoso de sus compromisos internacionales- que su objetivo es la prevención, sanción, erradicación y reparación de la discriminación.

Tampoco detalla las obligaciones que corresponderían a cada uno de los poderes y órganos del Estado para garantizar efectivamente la igualdad de derechos entre todas las personas; ni se asigna presupuesto alguno a tan relevante tarea estatal.

Pese al cúmulo de argumentos recibidos por los parlamentarios de parte de numerosas organizaciones de derechos humanos, de la diversidad sexual y académicos -durante toda la discusión y especialmente convocados a la Comisión Mixta-, éstos insistieron en una propuesta mediocre.

La importancia de una acción judicial especial no sustituye la necesidad de implementar medidas de acción afirmativa para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos a todas las personas, especialmente a aquellos colectivos históricamente discriminados.

Y, peor aún, desconociendo las obligaciones internacionales y las normas constitucionales, los legisladores mantuvieron un norma inconstitucional que jerarquiza los derechos humanos entre primera y segunda categoría.

Se ha optado por privilegiar derechos como la vida privada, la libertad de enseñanza, de culto o de emprendimiento económico, entre otros, por sobre la igualdad, privando de eficacia al reclamo judicial cuando se cometa discriminación y ésta se justifique en base a dichos derechos.

Cabe esperar que el Tribunal Constitucional se desempeñe a la altura del desafío que la igualdad y la no discriminación imponen, corrigiendo este grave problema a solicitud de parlamentarios comprometidos con los derechos de las personas.