Se trata de una buena iniciativa pero incompleta, fundamentalmente por la muy baja representación ciudadana con la que cuenta. No basta con quienes la integran.

El principal desafío de Chile a nivel urbano es que las ciudades sean justas. La inequidad territorial es una expresión de la desigualdad social del país. Hay barrios y comunas que lo tienen todo, y otros que destacan por sus carencias.

Conectividad y transportes, seguridad, espacios públicos, servicios públicos y privados y áreas verdes son muy desigualmente emplazados en la ciudad.

Mientras Vitacura tiene 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, comunas como La Pintana tienen menos de 1 metro cuadrado por habitante. Esto es extrapolable al número de carabineros por habitantes, a salas cunas o a farmacias. Esto no puede ser, debe cambiar.

Por ello es imperioso poner en marcha el AUGE de la ciudad, fijando estándares y garantías explícitas por habitantes y barrios en estos temas y en otros más. De ese modo, se podrán equilibrar las actuales inequidades territoriales y lograr que todos los ciudadanos y ciudadanas gocen de los mismos beneficios sin importar en qué lugar de la ciudad nacieron ni donde desarrollan su vida diaria.

Para construir una política pública, por cierto, deben estar los expertos, pero no basta con ellos. Las organizaciones ciudadanas y alcaldes que representan a su comunidad deben estar también mayormente representados en una Comisión de este tipo.

Si bien hay criterios que pueden surgir desde los expertos, también hay intereses contrapuestos y visiones de ciudad y prioridades que pueden ser diferentes o complementarias, desde otras miradas. Esa es una experiencia que no se debe desaprovechar.

Hay muchas otras iniciativas y políticas públicas a discutir e impulsar, como la modernización de las Direcciones de Obras, la flexibilidad de los planos reguladores, mayores compensaciones de empresas a la ciudad, que el alcalde o alcaldesa -con los contrapesos necesarios- tome las decisiones de planificación urbana y vida en ciudad y que se aumenten sus atribuciones o que, en el caso de grandes ciudades, se instaure la figura de un alcalde mayor

También es indispensable que se fortalezca el empoderamiento de los vecinos y autoridades respecto de sus derechos relativos a la ciudad o dotar mejor a la ciudad de pavimentación de calles, pasajes y veredas, de paraderos de locomoción colectiva, de iluminación de calles y plazas y de colectores de aguas lluvias, entre otras infraestructuras de soporte urbano, todas iniciativas positivas, pero el foco debe ser sólo uno: que nuestras ciudades sean justas, y con participación ciudadana efectiva y permanente. Se puede.

Sabemos que estos procesos son signos de los tiempos y fruto del trabajo y esfuerzo de años. Así lo podemos constatar en la experiencia de Europa, que se demoró unos 30 años en concretar su integración, avanzado por etapas hasta su conclusión plena.

En América Latina han proliferado iniciativas de integración regional, tales como el Grupo de Río, ALCA, MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones, pero después de 20 años sólo hay logros limitados. Estas iniciativas han estado orientadas a materias económicas y a reuniones de Jefes de Estado en lo político, sin impulsar una verdadera integración política, aunque ha habido algunos avances como el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, firmado por las Presidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernández en 2009.

Nuestros países requieren una integración verdadera. Para ello, tiene que haber decisiones y liderazgos para proponer y definir la integración. No hay razón en América del Sur para que no tengamos un proceso de integración similar al de Europa.

Más aún, la crisis económica que viven hoy países de esa región y que, de una u otra manera, ha afectado al conjunto de esas naciones, nos sirve de experiencia para distinguir qué errores debemos evitar en estos procesos y cuáles ejemplos conviene seguir.

Los procesos de cambio global muestran que los polos de desarrollo económico se están trasladando hacia los países emergentes, entre los cuales los de la región latinoamericana aparecen entre los más pujantes. Aprovechar esta oportunidad histórica de avanzar al desarrollo se potencia si se combina con integración y se debilita si no hay esfuerzos comunes.

Para ello, debe fijarse un plazo y objetivos.

En el año 2030 las fronteras deben estar todas abiertas, debe haber libertad de trabajo, libertad de circulación de bienes y servicios, aranceles comunes, políticas sociales y de protección de derechos integradoras y, eventualmente, hasta una moneda única y un Parlamento Latinoamericano, como también, la consolidación de una democracia cada vez más profunda y representativa de la voluntad de los pueblos.

El año 2030 está suficientemente lejos para superar los inconvenientes y las resistencias locales pero a la vez lo suficientemente cerca para que sea esta misma generación la que aplique y disfrute este proceso integrador.

Esto traerá beneficios para Chile, no obstante, estos procesos no están exentos de trabas. Chile tiene buen crecimiento económico pero en un futuro cercano deberá enfrentar dificultades en la falta de fuerza de trabajo.

No debemos ver esto como una amenaza sino que como una oportunidad, por ejemplo, para el desarrollo de infraestructura de los puertos y la necesaria apertura cultural a las migraciones intraregionales.

Algunos dicen que la integración llegará sola, casi por inercia. No es así. Se requiere liderazgo, proponernos lograrlo ahora junto a otros países. Si algo positivo tiene llegar tarde es que uno puede aprender de otros.

En Chile son muchas los temas pendientes. Nos enfrentamos al necesario cuidado y protección de las grandes reservas de agua dulce con las que tenemos el privilegio de contar, la obligación de asegurar la provisión de agua potable para todos los habitantes del país en condiciones justas y dignas y la estructura de propiedad de las aguas derivada de una visión crítica de los procesos privatizadores que se han desarrollado hasta ahora en el sector sanitario y eléctrico.

En Maipú, tenemos buenas noticias: somos la única comuna del país donde el agua sigue siendo de propiedad pública.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, es 100% municipal y existe amplio consenso en que continúe siendo siempre así, por el buen servicio, bajo precio y por el aporte que hace a la educación y salud de sus habitantes. Que lo sepan los privatizadores, estén en el gobierno, en la oposición o en los consorcios privados: SMAPA no se vende.

En 2004, recibimos SMAPA con un retraso en la inversión de más de $ 7.600.000.

El año pasado logramos cumplir con el 100% de la inversión comprometida en el plan de desarrollo y para el 2012 realizaremos todas las inversiones contempladas, permitiendo satisfacer de manera eficiente la provisión de agua y alcantarillado a más de 1 millón de personas, demostrando además, que es posible tener una sanitaria pública, 100% municipal.

Todavía hay tareas pendientes, se requiere una institucionalidad especial para las sanitarias públicas, un estatuto de empresa pública que facilite la gestión y la inversión.

A modo de celebración del Día Internacional del Agua, hoy inauguramos un nuevo pozo que reforzará la disponibilidad de agua en Maipú, Estación Central y Cerrillos y esperamos que en un futuro cercano, Chile cuente con un estatuto para los servicios municipales de agua potable que facilite la gestión pública.

En Maipú hemos demostrado que el servicio de agua potable y alcantarillado 100% pública es posible.

Más allá de los innegables problemas de gestión asociados a esta situación, la falta de previsión ante el crecimiento inmobiliario y la urgencia de soluciones, ya encaminadas y con fecha de 30 días, esto es consecuencia también de un problema estructural más profundo, que requiere resolverse para evitar que estas u otras fallas se repitan en el futuro.

Se trata de convertir el Servicio Municipal en una empresa, por cierto, 100% de propiedad del municipio, pero que funcione con los niveles de autonomía, capacidad de financiamiento, proyección estratégica y control corporativo tal como lo hacen todos los operadores de agua potable en el país.

El hecho de ser un servicio municipal, con reglas como la Dirección de Tránsito o cualquier otro del municipio, trae consigo muchas trabas no pensadas para el desarrollo de una empresa sanitaria.

A manera de ejemplo, el personal de SMAPA, incluidos sus directivos, se rige por el estatuto administrativo, lo que limita los sueldos a pagar e impone restricciones acerca de nuevas contrataciones de profesionales y técnicos que se requieren.

Asimismo, el estatuto de servicio municipal establece limitantes a fuentes disponibles para el financiamiento de la inversión necesaria, y problemas de gobierno corporativo, incluido el control de gestión necesario para este tipo de servicios, entre otras debilidades.

Es por ello que desde hace ya varios meses hemos conversado con el Gobierno acerca de la necesidad de cambios en la estructura jurídica administrativa de SMAPA, porque el actual modelo de gestión, tarde o temprano generaría dificultades, no obstante los esfuerzos que se hacen.

De hecho, en septiembre le hicimos llegar al Ministro de Obras Públicas, ministerio donde radica el control y fiscalización de las sanitarias, un proyecto de ley completo que convierta a SMAPA en empresa 100% municipal.

El proyecto, también enviado a parlamentarios de todos los partidos, recoge aspectos laborales, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores y resuelve otros conflictos, de manera que el Gobierno lo haga llegar al Parlamento cuanto antes y sea de fácil tramitación en el Congreso.

Hace ya casi dos décadas el Estado resolvió para el resto de Chile que quienes le prestarían servicios sanitarios tendrían forma de empresa, para mejorar la gestión y el servicio.

Es justo que ahora lo haga, en este caso respetando el trasfondo de una empresa pública al servicio de los vecinos y usuarios del mismo, para el casi millón de habitantes de Maipú, Cerrillos y Estación Central, las áreas que cubre SMAPA, y evitemos que problemas como el que hemos visto estos días se repitan en el futuro.

Sin embargo, para cambiarlo o modificarlo es necesario precisar y acordar en qué ha fracasado y cuáles han sido, pese a todo, avances importantes que todo sistema debería tener.

El fracaso principal está en los recursos. La subvención actual no financia el costo de la educación.

Adicionalmente, los ingresos de los colegios públicos municipales son menores que  los  de los colegios particulares subvencionados, y por cierto de los establecimientos particulares pagados, generándose así un problema de inequidad.

Ni el mejor sistema, ni el mejor administrador o gerente del mundo puede lidiar con esta situación, que además es injusta.

Respecto a la capacidad institucional, la realidad que vivimos en el país es muy diversa.

Hay municipios con capacidad institucional y profesional y municipios a los que se les dificulta esta tarea por diversos factores como geográficos, magnitudes u otras prioridades.

Es por ello que todo nuevo sistema debe hacerse cargo de esta realidad y, por lo tanto, debiera cumplir, al menos, con los siguientes criterios: descentralización, estar financiado respecto al costo y con equidad en relación a los colegios particulares subvencionados, contar con capacidades y controles institucionales y con un responsable a quienes los padres y la ciudadanía exijan.

Es probable que un sistema así signifique corregir corporaciones municipales en lugares donde hay capacidades, incorporando por ejemplo al Ministerio de Educación y a los apoderados a los directorios.

En otros lugares, tendrá que haber una agrupación de establecimientos a nivel supra comunal o provincial.

En todos, eso sí, los recursos deben aumentarse. Por lo tanto, no da lo mismo cuál es la alternativa a la situación actual. Sólo tiene sentido un proceso de desmunicipalización que conlleve a un sistema mejor que el actual para los estudiantes y el país. Parece obvio, pero es necesario decirlo.

Aprovechemos el momento histórico que se presenta.

La historia está llena de sociedades que han sido capaces de hacerlo pero también de otras que han perdido la oportunidad por no lograr acuerdos.

El último informe de Paz Ciudadana-Adimark reveló que el 43% de los hogares de comunas del sector sur poniente y el 40,4% del norponiente, ha sido víctima de delitos en los últimos meses, lo que en ambos casos supera ampliamente la medición de diciembre de 2010, donde se registraba un 35,4% y 35,6%, respectivamente.

Este aumento en la victimización en el sector poniente y sobre todo en el sur poniente, nos obliga a pensar en sus causas y a plantear medidas concretas para reducir la brecha que divide a la capital.

Algunas pistas: mientras en Providencia hay un carabinero por cada 496 habitantes, en Padre Hurtado hay uno cada 929 habitantes; uno cada 962 personas en Pedro Aguirre Cerda y uno cada 1.636 habitantes en Maipú, según cifras de Carabineros.

Es urgente abordar esta desigualdad garantizando una inversión en seguridad ciudadana per cápita más igualitaria para todos los chilenos, especialmente en la Región Metropolitana.

Ello implica distribuir de mejor manera la provisión de recursos humanos, económicos y de infraestructura que permitan enfrentar la delincuencia.

Más ejemplos: mientras Las Condes cuenta con un vehículo de carabineros por cada 6 mil habitantes, Maipú y Pudahuel tienen una dotación de equipamiento vehicular 3 a 4 veces menor.

Entendemos que hay otros criterios técnicos, además de la cantidad de habitantes, para asignar personal y recursos de Carabineros, pero las diferencias son tan abismantes en este sentido entre comunas como Providencia y Las Condes en relación a Maipú, Lo Espejo o PAC, por ejemplo, que cuesta entender su validez.

Hay que transparentar esta situación de manera que sumando todos los criterios, cada habitante de Santiago sepa claramente cuánto invierte el Estado en su seguridad y reclamar cuando esta sea desigual.

Adicionalmente, esta inversión pública debe ser capaz también de reducir las brechas que se producen por la inversión privada en las comunas cuyos habitantes disponen de mayores ingresos, lo que desnivela considerablemente la cancha en desmedro de otras.

En Chile, existen más de 1300 empresas dedicadas a este rubro y un 60% de su demanda correspondía a sistema de alarmas en hogares particulares.

¿Qué pasa con los chilenos que no pueden costear alarmas en sus hogares u otros sistemas pagados?

¿Quién garantiza su seguridad?

Del mismo modo, ¿Qué sucede con municipios que no disponen de recursos para contar con personal y autos propios destinados a prevención en seguridad?

Por último esta inversión per cápita en seguridad debe considerar también al sistema judicial. Observamos en estos días la protesta de los fiscales por el atochamiento de causas que deben investigar. ¿Qué sucede con las fiscalías y tribunales del sector poniente?

Es predecible que este atochamiento sea aún mayor, atendiendo los datos que nos entrega el último estudio de Paz Ciudadana y Adimark. Pero no sólo hay falta de personal humano, sino también de infraestructura: debemos garantizar que las personas que han sido víctimas de un delito cuenten cerca de su residencia de tribunales donde seguir su causa.

De esta forma no se entiende -por ejemplo- que una de las comunas con más habitantes en Chile como Maipú no cuente con una fiscalía, la que fue trasladada por recursos a otra comuna hace algún tiempo.

Tal como hemos propuesto en educación y salud, en seguridad ciudadana es necesario establecer una inversión mínima que permita reducir las brechas en estos servicios que sufren los habitantes de Santiago y muchas otras ciudades.

Ciudad justa para sus habitantes sin importar dónde viva, en qué trabaje, cuál sea su remuneración mensual o su nivel educacional.

El Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales ha elaborado los llamados “Mapas de Oportunidad” que refleja esta realidad. Tal es el caso de la alarmante realidad de la distribución de la Educación. Las diferencias son presumibles: las comunas del sector oriente de la capital, como Las Condes, Providencia y Vitacura tienen un “alto” acceso a oportunidades de educación. En el sector poniente, la realidad es muy distinta.

Es cierto que hay algunos barrios de Maipú que presentan un acceso “alto” a las oportunidades de buena educación, mientras que otros de Estación Central, Independencia, Quilicura, Huechuraba y Colina ofrecen oportunidades de valoración “medio alto”. Pero el gran problema es que el resto de los barrios de estas comunas se clasifican desde un acceso “medio” hacia abajo. En las demás comunas del sector poniente como Pudahuel, Renca, Cerro Navia, Conchalí o San Bernardo predominan casi mayoritariamente las comunas de “bajo” y “medio bajo” oportunidades educacionales.

Estas desigualdades en materia educacional – y en otras áreas como la provisión de servicios, salud, áreas verdes, seguridad, transporte, etc. – están correlacionadas con la situación socioeconómica de sus habitantes. Para enfrentarlas es preciso ante todo cultivar la convicción valórica de que es inadmisible que nuestros hijos tengan distintas oportunidades sólo por el barrio en que viven. Esto que puede parecer evidente, no lo es en tanto, hay sectores políticos que siguen viendo en el chorreo una forma de enfrentar esta situación.

Teniendo la convicción, se produce la acción como señala nuestra experiencia en Maipú.

Dividimos la comuna en 21 barrios definidos por la propia ciudadanía para medir sus oportunidades. Abrimos la participación de los vecinos a través de mesas barriales que nos aportan un nuevo insumo a nuestro quehacer. Definimos una visión de corto y largo plazo (Maipú 2018) recogiendo desafíos desde la comunidad. Sobre lo anterior hemos desarrollado una Política del Abrazo para avanzar en servicio de calidad, dentro de los cuales la educación es prioritaria (esfuerzo que se ha visto reflejado en mediciones como Simce y otras).

Por último, y vale en general como forma de hacer política pública, entendiendo que cada desafío requiere aliados estratégicos. En educación no se puede avanzar si no se considera a la empresa privada, los apoderados, los propios profesores y alumnos.

Nuestra experiencia es que sí se puede hacer un mapa menos desigual en oportunidades de buena educación. Hay que pensar que es posible una Ciudad más Justa, pero a los esfuerzos municipales hay que sumarle leyes y recursos para que todos los barrios sean justos.