La mayoría consiste en una foto del o la candidata sola o acompañada, a veces hay una consigna y muy ocasionalmente, una propuesta programática.

Otro tanto sucede en el espectro radial, cuñas grabadas y tal vez, un jingle musical, se repiten una y otra vez –cansadoramente- a lo largo del día.

Con una deficiente ley, los límites al gasto electoral no constituyen límite alguno, generando condiciones de privilegio para las candidaturas presidenciales y parlamentarias que cuentan con financiamiento propio y privado.

A ello se agrega un amplio abanico de “regalitos” : espejos, aros, bolsos de compra, lápices, dulces, etc., en algunos casos sujetos a foto con el candidato.

¿De cuál democracia estábamos hablando? ¿De cuál igualdad de condiciones?

La ciudadanía ha aprendido a discriminar y a no deslumbrarse con el poder publicitario, pero esta invasión se suma a los malestares con la política institucional fuertemente mediática, de cuñas y consignas.

Nueve candidatas y candidatos presidenciales dan cuenta de la fragmentación y la renuencia de algunos sectores de la ciudadanía a validar a partidos políticos que consideran “apernados” en el binominalismo, pero también reflejan la multiplicación de sensibilidades políticas y sociales que se instalan en el nuevo ciclo que se abre en la política chilena.

Especial interés revisten las tres candidaturas de mujeres que hacen visible la pluralidad del femenino político y social, desterrando definitivamente la visión de “la mujer chilena”:

Michelle Bachelet, Evelyn Matthei y Roxana Miranda, sus discursos y propuestas expresan, sin duda, el avance de las mujeres y su capacidad de representar al conjunto de la sociedad y no sólo a mujeres.Tienen en común fuerza y elocuencia que convocan y ponen en el escenario al más amplio espectro socio-político.

Sobresale el aporte identitario y testimonial popular de Roxana Miranda que se ha hecho respetar en todos los debates.

Propuestas más, propuestas menos, las tres han apelado a las mujeres en su campaña, aunque no siempre las y los comunicadores sociales les han consultado al respecto, salvo en relación al cliché de los temas “valóricos”, en esta oportunidad, despenalización del aborto y matrimonio igualitario.

Es imperioso subsanar este evidente déficit aportando información a la ciudadanía interesada en conocer las agendas de género de candidatas y candidatos.

Más aún cuando en los sucesivos debates, no ha existido mención alguna para abordar una de las problemáticas más graves que afecta la vida de las mujeres y sus familias: la violencia en la relación de pareja.

A la fecha van 34 mujeres asesinadas por sus ( o ex) parejas y son pocos los y las candidatas que tienen propuestas concretas en el marco de su gestión legislativa y ejecutiva al respecto, desconociendo los tratados internacionales suscritos por Chile a los que ellos y ellas deberán cumplir de ser electas.

Incestos, violencia sexual con resultado de embarazo, femicidios que aumentan, horribles crímenes contra mujeres han sorprendido a la opinión pública. En muchos casos, estos hechos coinciden con graves condiciones de pobreza.

¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde están las instituciones que deben garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres? ¿Qué ha sucedido con la legislación aprobada?¿Por qué no se han aprobado leyes que mejorarían la protección de esos derechos?

Hace un año el Senado decidió no debatir en torno a una legislación que considerara causales para despenalizar el aborto, un derecho que existió hasta el año 1989, cuando la dictadura militar lo eliminó del Código Sanitario.

En mayo el ministerio de Salud, cuando finalmente entregó el reglamento para la ley 20.418 (2010) sobre derechos en materia de regulación de la fertilidad que consagra la obligación del Estado de garantizar educación sexual en la enseñanza media, este no establece las condiciones para la educación sexual que deben entregar los establecimientos, sólo reitera el derecho. El programa “Contacto” puso al descubierto las insuficiencias del ministerio de Educación en el cumplimiento de este mandato.

En enero de este año, el SERNAM obligó a la oficina ONU en Chile a retirar los afiches de la campaña “Mujeres por más”, destinada a crear conciencia sobre la discriminación que sufren las mujeres, acusando la utilización de cifras desactualizadas. Pues bien, en lo que va corrido del año, los femicidios casi duplican aquellos acaecidos en 2012 en los primeros 5 meses.

Un informe del Poder Judicial y UNICEF dio cuenta de los graves abusos sexuales y violaciones de los derechos de los niños en el SENAME, institución que debía cautelarlos.

Hasta la fecha el proyecto de Ley de Protección integral de la infancia duerme en el Senado, sin patrocinio del Ejecutivo y sin urgencia para su discusión.

Cada una de estas “renuncias” del Estado a su rol de protección y promoción de derechos deja a niñas y mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En este contexto, organizaciones de feministas y jóvenes convocaron a la primera marcha y movilización nacional destinada a reponer el debate en torno al derecho al aborto, bajo el lema “Aborto libre, seguro y gratuito”.

Miles de jóvenes, mujeres y hombres, expusieron las reivindicaciones históricas de los movimientos de mujeres en toda América Latina: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Terminada la marcha, un grupo muy pequeño de manifestantes ingresó a la Catedral, donde se desarrollaba una misa y descargó su rabia y frustración, apuntando al rol que históricamente ha jugado la Iglesia Católica en la subordinación de las mujeres y como freno a los derechos sexuales y reproductivos.

No compartimos esa acción y rechazamos la violencia cuando se trata de abrir espacios de debate. Sin embargo, esos hechos no pueden llevarnos a ignorar el llamado de atención de los miles de manifestantes, sus organizaciones y movimientos a la sociedad y a las autoridades, en cuanto a asumir una realidad en extremo dolorosa de vulneración sistemática de derechos.

Es importante avanzar y aportar elementos para el debate en torno a los graves problemas señalados. Las organizaciones de la sociedad civil queremos contribuir a construir puentes de diálogo con las y los actores sociales y con las instituciones responsables de prevenirlos y de sancionar la violación de derechos de mujeres y niñas.

Estudiantes, trabajadores y algunas comunidades se han subido al escenario desde el cuestionamiento a la clase política y su interés genuino en promover las grandes reformas que ellos buscan. Entre los estudiantes, la toma de colegios definidos como locales de votación, puso en tensión la institucionalidad electoral. ¿De qué sirven las primarias si se mantienen las mismas prácticas e intereses en los partidos que participan en ellas?

El espacio para la política se amplía, pero no necesariamente el gobierno y algunos actores políticos están dispuestos a admitir a nuevos actores en la disputa por la construcción de sociedad.

El número de votantes en las primarias puede favorecer a uno u otro candidato y por lo tanto, asistimos a los tiras y afloja detrás de las bambalinas en la derecha: casi nos quedamos sin la mini-franja obligatoria en la televisión abierta, reduciendo la información y convocatoria a la ciudadanía.

Al mismo tiempo, ante las tomas de colegios el gobierno respondió con la fuerza y bloqueó los caminos de diálogo político impulsados por alcaldes y alcaldesas con los estudiantes, empujando la radicalización del movimiento y también desvalorizando a las autoridades comunales a los ojos de los estudiantes y la ciudadanía. Se cierra así el espacio para la política.

¿Cuántos ciudadanos/as llegarán el 30 a votar? ¿Qué harán los partidos y candidaturas para trasladar ciudadanos/as más o menos convencidos y conscientes a votar?

El voto voluntario ha demostrado ser tierra fértil para la práctica de nuevas formas de cohecho, especialmente en sectores con mayores necesidades, sean económicas, de vivienda, de salud, o de mínima calidad de vida.¿Mejorarán las primarias la política?

Las mujeres asistimos a una realidad contradictoria: Michelle Bachelet, comprometida con el avance de las mujeres, probablemente ganará las primarias y también las elecciones de noviembre, pero los partidos que la apoyan han bloqueado eficazmente la posibilidad de que lleguen más mujeres al Parlamento, a pesar de sus normas internas de equilibrio de género. ¿Una forma de contrarrestar–controlar-balancear su poder, poder de mujer?

Coincide este hecho con la absolución de Karina Sepúlveda en un segundo juicio por el homicidio de su pareja que puso al descubierto las consecuencias de una cultura basada en el desigual reparto de poder entre mujeres y hombres.

También las falencias de políticas públicas que deberían asegurar a las mujeres una vida sin violencia: física, psicológica, sexual, económica o simbólica, y de los administradores de justicia para aplicar una ley que reconoce la especificidad de la violencia de género.

Profundizar la democracia, como dijimos en 1989, requiere avanzar a una cultura de igualdad en lo público y en lo privado, porque “Si la mujer no está, la democracia no es tal”.

Los actores y movimientos sociales –estudiantiles, de trabajadores, de vecinos y habitantes de una diversidad de localidades, de la diversidad sexual- por miles salieron a las calles: dieron cuenta de sus avances organizativos, expresaron sus demandas y plantearon propuestas a la ciudadanía.

Las escasas encuestas han revelado cuan asentadas están esas propuestas en la opinión pública. Las redes sociales virtuales, por su parte, se han hecho presentes con fuerza –a veces con indignación e ironía- ante fallos judiciales y revelaciones que revelan la indefensión de quienes hemos sido reducidos a consumidores, con escasos derechos.

En el ámbito político partidario, definitivamente las dirigencias de la oposición nos dejaron sin las anheladas elecciones primarias parlamentarias legales.

Eran una promesa que compensaba la falta de participación que aqueja a nuestra institucionalidad política y que, aunque restringida a la definición de candidaturas, había puesto en marcha las energías de distintos actores y reanimado importantes debates sobre la calidad de nuestra democracia.

Día a día se va desnudando la actividad política tradicional, día a día vemos caer un follaje que ha logrado por años esconder malas prácticas en que trenzas, tendencias, lotes o sensibilidades hacen y deshacen, borrando en los hechos lo que dicen las declaraciones de principios, los estatutos y programas partidarios.

Se terminó la música de las declaraciones políticamente correctas, se han reventado los globos de colores y apagado los fuegos de artificio. Cuan Cenicienta después de las 12 de la noche, aparecen los ratones, las sandías y calabazas que nos habían entretenido y embelesado.

Se ha reclamado un liderazgo que ponga atajo a este desnudamiento, que vuelva a instalar el follaje y la música. De nada serviría.

Sólo cabe alentar que se complete el proceso, que los reyes desnudos se enfrenten a una ciudadanía adulta, ya no a súbditos, que ensayen ejercicios de honestidad, que dejen el paso a los nuevos actores a lo largo y ancho del país.

Es el momento de la espera, porque en la desnudez del invierno se va incubando una mejor democracia que sólo reaparecerá en la primavera si todo lo podrido se ha fundido en el compost.

Con el correr de los años, su cercanía a la montaña, la existencia de numerosas parcelas y la tranquilidad de sus calles abrieron un espacio para las inmobiliarias y centros comerciales, perdiendo lugares tradicionales de diversión como La Brujas, Casamilá y Las Perdices.El centro comercial que reemplazó a Las Brujas sigue siendo una herida traumática para los vecinos. Por otra parte, su ubicación entre las Condes y las comunas del sur la han transformado crecientemente, junto con Peñalolén, en una comuna de pasada.

El plano regulador vigente, aprobado con insuficiente participación ciudadana, generó condiciones para una mayor penetración de proyectos inmobiliarios y se han multiplicado los condominios y edificios –una gran cantidad se encuentra en ejecución- sin ninguna consideración al impacto vial que tienen y tendrán.

Las bellas calles arboladas se hacen totalmente insuficientes para recibir la cantidad de automóviles y camionetas 4×4 de los nuevos moradores creando tremendos atochamientos y dificultades en la vida cotidiana de los y las reininas.

La aprobación de la construcción del Mall en Plaza Egaña, ampliamente resistido en la comuna, ha generado no sólo increíbles molestias a las y los vecinos, sino también la realización de obras de mitigación del impacto vial que se traducen en numerosos desvíos del tránsito por calles pequeñas dentro de las comunas de La Reina y Peñalolén que no dan a basto. La expansión de actividades del Cine Hoytts hace casi intransitable -en las tardes- el cruce Vespucio con Simón Bolívar y los vecinos del sector no tienen donde estacionar sus vehículos. El acceso a la comuna se hace más y más difícil.

Sólo la movilización ciudadana ha frenado el proyecto del MOP que hacía pasar la Autopista Vespucio Oriente por calles interiores de las comunas de La Reina y Peñalolén elaborado a espaldas del Municipio. Se consiguió un compromiso con las actuales autoridades de que dicha autopista irá por la actual Avenida Américo Vespucio en túnel minero. Sin embargo, no se han reunido las comisiones técnicas comprometidas y se ha llamado a licitación para la construcción del tramo El Salto-Príncipe de Gales en forma separada, sin contar con una definición para el tramo Príncipe de Gales–Avda. Grecia. Ello hace dudar a los vecinos de que se respete lo comprometido.

Aprovechando estas indefiniciones y los temores de muchos vecinos, las inmobiliarias ya han comenzado a hacer ofertas de compra a las casas que podrían ser expropiadas, con lamentables consecuencias para la conservación del estilo y calidad de vida en esos sectores.

Paralelamente, y sin consideración de los vecinos y del mismo municipio, el MOP está licitando el ensanche de la calle Vicente Pérez Rosales y Pepe Vila, desde Bilbao. Sería otra vía de pasaje entre las comunas de Las Condes y el sur. Las calles Carlos Ossandón y Padre Hurtado ya son rutas de pasaje en las que se han multiplicado los semáforos y deteriorado las condiciones de seguridad para los vecinos por la velocidad y volumen del tránsito. Se dificulta así la vida vecinal, el libre tránsito de peatones, y también el desplazamiento en bicicleta.

Frente a la creciente destrucción de la comuna de La Reina, a su patrimonio material e inmaterial y a su calidad de vida, bajo la presión de las inmobiliarias y del crecimiento del parque automotriz, sólo cabe la movilización ciudadana y la acción coordinada con las autoridades locales.

En los Diálogos vecinales organizados por el Municipio se ha escuchado el clamor de los vecinos y sin duda, este subirá de tono y formas de expresión. Como vecina he asumido un compromiso con las organizaciones vecinales y continuaré apoyando la defensa de La Reina.

Dos aluviones en la cuenca del Maipo han dejado a millones de santiaguinos sin agua –con secuelas en filtros tapados, matrices rotas, que han significado nuevos cortes en algunas comunas, y un incendio que destruyó 75 viviendas en una quebrada de Valparaíso, en que faltó el agua, no podían entrar los carros de bomberos,1.200 damnificados, y que pudo tener consecuencias mucho peores.

Como especie humana –arrogándonos una supuesta superioridad- hemos introducido innumerables y dramáticas modificaciones a nuestros entornos naturales y hoy día sufrimos las consecuencias.

La desertificación creciente de nuestro país –y de la región-, el empobrecimiento de la biodiversidad y la desaparición de especies, el calentamiento global con sus consecuencias en el cambio climático, las lluvias, los huracanes, etc. son expresión de la intervención humana y frente a ello somos incapaces de actuar más que reparando daños.

Se agrava esta situación cuando son intereses empresariales privados los que deciden en materias estratégicas –como el agua- sin que exista una evaluación anticipada de las consecuencias de sus decisiones.

Sin duda, los estudios de impacto ambiental han representado un avance, pero el país ha sido testigo de cómo se han revertido decisiones cuando la autoridad política se alinea con los intereses privados. Lo más grave es la ausencia de una mirada integral sobre los temas ligados al manejo de las cuencas, a la titularidad de las aguas, la constructibilidad de terrenos de alto interés para las inmobiliarias pero con riesgos diversos, por mencionar los casos más a la vista.

El debate en torno a la propiedad de los recursos naturales y a la provisión de servicios básicos reaparece entonces con fuerza. Es del todo insuficiente la aplicación de multas en fiscalizaciones que llegan siempre tarde y cuyo monto, apenas afecta las utilidades de las empresas.

El Estado, en el modelo actual, llega tarde a atender las necesidades de la población. El supuesto de la responsabilidad de las empresas, cuyo único contrapeso es la evaluación de los consumidores, de anticipar dificultades, de realizar las inversiones oportunamente, de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar incendios como el de Valparaíso, es equivocado. Lo mismo sucedió con los mineros hace dos años y todavía no se modifica la norma sobre seguridad prometida por el gobierno.

“Otro desarrollo es posible” ha sido la consigna de los Foros Sociales y de los pueblos por dos décadas y en América Latina son varios los gobiernos que buscan alternativas a la depredación que impone el capitalismo en su fase actual, no sin tensiones porque el dilema entre crecimiento y desarrollo no es fácil de resolver.

De allí la lucha de distintos movimientos sociales y su búsqueda de articulación, para evaluar la situación y proponer alternativas. La Cumbre de los Pueblos, -por la justicia social, la solidaridad internacional y la soberanía de los pueblos- realizada en Santiago durante el mes de enero, fue un esfuerzo más en la búsqueda de un desarrollo alternativo.

Sin ser una panacea, porque si se analiza con atención la ley aprobada, las estructuras partidarias conservan el poder de decisión en gran medida, esta ha abierto la esperanza en la renovación de la política, el cierre de la brecha con la ciudadanía, la posibilidad de que surjan nuevos liderazgos.

De hecho, su utilización en varias comunas para las elecciones municipales permitió cambios altamente valorados por organizaciones y movimientos. Sin embargo, en otras los resultados sólo confirmaron la vigencia de fuertes aparatos partidarios y los candidatos electos fracasaron en las elecciones de octubre, como vaticinaron las candidaturas derrotadas.

Es decir, las primarias también pueden ser manipuladas y reproducir el statu quo partidario.

Al acercarse las elecciones presidenciales y parlamentarias, algunos partidos han manifestado que todos los candidatos de la oposición al gobierno deberían ser elegidos -en cada distrito y circunscripción- en las primarias legales del 30 de junio. Se trataría de primarias de una oposición unida.

Incluso más, algunos partidos se han comprometido a usar este mecanismo para elegir a sus candidatos cuando -en su interior- haya más de un aspirante, mediante primarias abiertas y ciudadanas, es decir, en primarias en que voten sus militantes y los independientes que estén en el padrón electoral del distrito o circunscripción correspondiente.

Se señala en estos partidos que sería inaceptable haber comprometido esfuerzos para legalizar las primarias y luego no utilizar dicho mecanismo. En el caso de las primarias del 30 de junio, ello garantizaría, además, una participación masiva al producirse en simultaneidad con la elección del candidato presidencial opositor.

No obstante, a medida que van apareciendo pre-candidaturas al interior de los partidos –dentro y fuera de la Concertación- y en nuevas agrupaciones opositoras, han surgido argumentos y circunstancias que hacen peligrar su realización.

Al interior de la Concertación se ha señalado que “el que tiene, mantiene” -en virtud del sistema electoral binominal vigente-, se teme los desafíos al interior de los subpactos y/o pactos de las municipales, se discute en torno a la amplitud del arco opositor a considerar y a los posibles pactos por omisión, se señala además la aparición de tensiones, desgastes y costos para los partidos. Todo ello pone en riesgo el entusiasmo y compromiso de los partidos unos meses atrás.

Para completar este panorama, han reaparecido las encuestas telefónicas, algo que resulta del todo sorprendente puesto que el fracaso de aquellas realizadas con anterioridad a las elecciones municipales debería haber eliminado del todo su consideración en esta oportunidad.

Valga recordar que, ejecutadas a través de la red fija de teléfonos, sólo representan -en promedio- al 45% de los hogares (25% en el quintil más pobre y 68% en el quintil más rico), sin mención a las edades de los eventuales encuestados/as. Con semejante error muestral su rechazo debería estar fuera de discusión. Más aún si se agrega la dificultad que reviste preguntar por preferencias electorales en un escenario de voto voluntario.

Olvidan quienes vuelven a apoyar las decisiones por encuestas, que cuando las encuestas son válidas, sus resultados no equivalen a elecciones, que sólo hablan del conocimiento de un candidato o candidata. Si bien muestran una realidad, no reemplazan la toma de decisiones de las y los ciudadanos.

Se acerca la hora de la verdad para los partidos de la Concertación, ante una oportunidad histórica de recoger las demandas mayoritarias de la ciudadanía y de romper con la exclusión política.

¿Creen efectivamente en una democracia participativa como camino a superar la crisis de representatividad?

¿Creen que la construcción de nuevas mayorías requiere candidaturas más ciudadanas, ligadas o reconocidas por los movimientos sociales?

¿Creen en la necesidad de iniciar nuevas prácticas, que permitan romper con el estancamiento que impone el sistema electoral binominal?

Está en juego la democracia y la posibilidad que el país vuelva a creer en la política. Para ello, las primarias, sin ser perfectas, son un camino que permite avanzar en esa dirección.

Quedará como pendiente, fortalecer la institucionalidad de los partidos, pero al menos es iniciar el camino.

¿Quién responde por ello? ¿Cómo se cumple el derecho a la educación para las niñas?

Estos resultados revelan que los colegios no están dando a las niñas y jóvenes la educación que se merecen, es decir, que no están cumpliendo con su objetivo de entregarles las herramientas necesarias para el pleno desarrollo de sus potencialidades como personas. Por el contrario, el sistema escolar reproduce un orden cultural que privilegia ciertas habilidades para los hombres (la razón y el intelecto) y otras para las mujeres (los afectos y emociones) asociadas a estereotipos de género.

Las brechas entre mujeres y hombres en la PSU son lamentables y son la continuación de las brechas presentes en las pruebas SIMCE, y en las pruebas internacionales PISA y TIMMS, en que los resultados de Chile difieren sustancialmente de aquellos de los países europeos, asiáticos y Australia, con los que nos gusta compararnos.

Los esfuerzos impulsados a través de modificaciones en el curriculum y en los textos escolares desde 1990, no han tenido el impacto esperado, manteniéndose la discriminación por género.

Esta se produce a través de los contenidos que se transmiten en los libros de texto, del currículo, las prácticas en el aula, la estructuración de las actividades y los espacios en la escuela, de la interacción entre los propios niños y niñas, y del uso del lenguaje sexista –que invisibiliza o desvalora lo femenino.

Las expectativas de profesoras y profesores respecto de las habilidades de sus alumnas y alumnos afectan su aprendizaje y están marcadas por los estereotipos de género y se traducen en una preparación distinta en valores, prácticas sociales y habilidades que inciden en su futuro vocacional y profesional. La docencia y la dinámica escolar no son neutras al género: tienen un resultado, un efecto, en la vida de alumnas y alumnos.

Ello no debe sorprender si examinamos las mallas curriculares de las escuelas de pedagogía en las universidades que forman a profesoras y profesores, que no incluye formación sobre género. Estas brechas deben ser objeto de análisis y consideración durante la formación de profesores, ya que es expresiva de fenómenos socio-culturales que la escuela puede y debe contribuir a modificar.

La enseñanza puede reducir, perpetuar o aumentar la desigualdad de género o brechas de género existentes, modificar o mantener las relaciones de poder y las jerarquías de género.

¿Consideran los estándares aprobados por el Ministerio de Educación para la formación de profesoras y profesores que “Saber enseñar la disciplina” exige conocer cómo aprenden las y los alumnos los contenidos del currículo escolar y cómo logran los objetivos fundamentales?

¿Conocen los obstáculos de aprendizaje de cada contenido, sus representaciones más naturales, las dificultades y los errores más frecuentes y su origen?

En el caso de la matemática, ¿conocen las actitudes y creencias que suelen intervenir en los procesos de aprendizaje, las relaciones afectivas que llevan a la ansiedad matemática? ¿Saben identificar aproximaciones y estrategias para motivar mejor su aprendizaje, despertar interés en los estudiantes y atraer su atención?

Llevamos dos años en que la reforma del sistema escolar está en agenda, sin embargo, para nada se ha mencionado la eliminación del sexismo como condición necesaria asegurar la calidad deseada.

La formación inicial de las y los docentes debe incorporar los contenidos y metodologías necesarias para garantizar un cierre de la brecha que instala desigualdades desde la educación pre-escolar. Sólo así el Estado podrá garantizar efectivamente el derecho de las niñas a la educación, sin hipotecar su futuro y los esfuerzos de sus familias.

De la indignación y movilización masiva en las calles del año 2011, pasamos a fuertes demandas ciudadanas -contra el centralismo, el deterioro del medioambiente, la educación superior, etc.- y el país entró de lleno al calendario electoral, con elecciones municipales el 2012 y parlamentarias y presidenciales el 2013.

Los resultados de la elección municipal, con 60% promedio de abstención, revelaron que la indignación se podía expresar también en las urnas, cuestionando un gastado sistema político y su “democracia de baja intensidad”, tan baja que no convoca siquiera para votar.

Al mismo tiempo, la práctica de algunas elecciones primarias mostró un camino para la recuperación del sentido de la participación política democrática. Con gusto a poco, puesto que la ciudadanía aspira a grandes cambios, como es contar con una nueva Constitución Política.

Termina el año con una Ley de elecciones primarias y se aprestan distintos candidatos y una candidata presidenciales para participar en ellas.

Se abre también el debate sobre las primarias para decidir candidaturas al Parlamento. Comienza así un nuevo ciclo político en que los partidos deberán demostrar que han aprendido la lección de los últimos años: principalmente que la democracia necesita la participación de todos los actores sociales y que los movimientos sociales son claves para construir una mejor sociedad, una mejor democracia, aquella que anticipan con sus propuestas, acciones y prácticas, como lo han demostrado los estudiantes.

Los partidos, precandidatos y precandidatas rendirán en los próximos meses una verdadera Prueba de Aptitud Democrática en sus propuestas programáticas y en sus listas de candidatos y candidatas al Parlamento.

¿Cuántas mujeres, jóvenes, representantes de los pueblos originarios y los movimientos sociales llevarán en sus listas?

¿Comprometerán las reformas que la ciudadanía pide día a día: nueva Constitución, reforma tributaria, igualdad de género, educación pública gratuita y de calidad, entre otras?

Sin encuestas de opinión pública de Adimark y cuando el país asiste a una nueva crisis de gobierno, se confirman el valor del juego democrático en que la soberanía vuelve al pueblo y la política debe responder a las demandas ciudadanas.

Es así entonces que la ciudadanía tendrá la oportunidad de evaluar a los partidos y precandidatos y lo hará con su participación, con sus preferencias o mediante la abstención en estos procesos electorales.

Vivimos en una “sociedad salarial”, es decir, estructurada sobre la base del trabajo asalariado, a pesar de todas las transformaciones que ha experimentado, en que los contratos y los acuerdos de trabajo han adoptado modalidades muy diversas y las relaciones laborales tienen un elevado grado de incertidumbre.

Es visible el deterioro de las condiciones laborales en los nuevos empleos, y la inestabilidad es hoy día un rasgo central del trabajo.

Robert Castel acuñó el concepto de “precariado” –versus asalariado- para referirse a la condición que viven actualmente trabajadoras y trabajadores asalariados, a la pérdida de las funciones integradoras del trabajo, a la desregulación y fragilización de la condición salarial, frente a la fortaleza del capital y su capacidad para extraer ganancias exponenciales en el contexto de la economía globalizada y transnacionalizada.

Uno de los compromisos de campaña del Presidente Piñera fue la creación de un millón de nuevos empleos durante su gobierno. De allí la importancia asignada a los datos que arroja trimestralmente la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE).

La ironía es que su medición corresponde a todos los y las que obtuvieron remuneración por al menos un día trabajado durante la semana anterior a la encuesta, es decir, ignora las condiciones de trabajo y la precariedad de los empleos creados, muy lejanas al “trabajo decente” establecido como estándar a alcanzar por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque se señala la existencia de contratos, no se especifica su calidad, tampoco se informa el porcentaje de sindicalizados/as en esos nuevos empleos, ni de negociaciones colectivas que los vayan a proteger.

El país enfrenta una enorme paradoja: se crean empleos, pero en condiciones de gran precariedad –una elevada proporción son por cuenta propia, y el salario mínimo, cuando es el único ingreso familiar, deja bajo la línea de pobreza a miles de hogares, en gran proporción, encabezados por mujeres.

En 2005, el Obispo Goic pidió un “salario ético” de $ 250.000 que el Presidente Piñera tradujo en su campaña como “ingreso ético familiar”. Sus políticas para materializarlo olvidaron totalmente el sentido de justicia social que tenía la idea del salario ético, es decir, ser una remuneración justa por el trabajo realizado, que permita vivir con dignidad, y asistimos, entonces, a la proliferación de bonos para las familias más pobres, algunos condicionados (estudios de los hijos, controles de salud al día, etc.), y casi todos, una nueva carga sobre los hombros de las mujeres, como si fueran las únicas responsables del bienestar familiar en esos sectores.

Este año la discusión se da con un país sensibilizado y alerta frente al aumento de las desigualdades, al deterioro de la capacidad adquisitiva de los ingresos y a las enormes utilidades que muestran los bancos y las grandes empresas, incluidas las que administran los fondos de pensiones de chilenos y chilenas.

El gobierno no ha conversado con la dirigencia sindical y por el contrario, intenta instalar la amenaza de la crisis económica mundial sobre los empleos, de modo de contener la presión por un mejor salario mínimo.

Todo indica que el deseable “sueldo ético” o “sueldo digno”, no será alcanzado bajo esta administración, con el argumento de que ganar $ 191.000 es mejor que estar cesante.Tampoco que sea posible en el corto o mediano plazo.

Mientras, se seguirá apostando por la precarización laboral (flexibilidad, reza el eufemismo), el aporte gratuito del trabajo y el tiempo de las mujeres en las tareas reproductivas y de cuidado, la lluvia de bonos sociales, sin importar el incremento de las desigualdades, el deterioro de la convivencia nacional, la acumulación del resentimiento y la percepción de abandono y exclusión de sectores mayoritarios, un verdadero “precariado” en expansión.

Para ello debía impulsar cambios legislativos, políticas y programas para sectores específicos, pero sobre todo, instrumentos que instalaran la igualdad y la no discriminación como objetivo de todas las políticas, de forma transversal.

Existe consenso en que entre 1990 y 2010 hubo avances significativos, que cambió definitivamente el lugar de las mujeres en la sociedad y la cultura.

Se instaló en el sentido común y en los discursos públicos el rechazo al machismo y la discriminación, se elevó decididamente la participación laboral femenina, porcentajes crecientes de mujeres accedieron a cargos de gobierno, proceso coronado con la elección de Michelle Bachelet en la Presidencia de la República.

La llegada del Presidente Piñera marcó un punto de inflexión en ese proceso y a dos años de gobierno tiene poco que mostrar. Más allá de la aprobación de la ley que amplió el pos natal, la participación de mujeres en cargos de gobierno se ha reducido en todos los ámbitos (sólo 18% en el gabinete) y el SERNAM está lejos de cumplir con los objetivos para los que fue creado.

Entre los retrocesos señalados por expertas y dirigentas sociales está el cambio de foco del quehacer del SERNAM: desde las mujeres en tanto sujetos de derecho autónomas, a las “mujeres madres” sujetadas a la familia y los roles tradicionales.

Por ejemplo, hoy día su portal da cuenta de la campaña “Mujer y maternidad”, informa sobre el “Nuevo postnatal” y sobre el cierre del Programa “Mujer Emprende en Familia”.

No se menciona ninguna acción que apunte a los derechos reproductivos de las adolescentes, derecho a la información y a la anticoncepción, como establece la ley, de modo de evitar los embarazos no deseados a tiempo, antes de tener que atender a adolescentes que no pudieron evitarlo.

El impacto mediático de las campañas y actividades de la Ministra parecen más importantes que los resultados y efectos de dichas acciones sobre la situación de las mujeres.

Es el caso de las campañas contra la violencia, bien evaluadas por los expertos en marketing, pero sin resultados medibles. No es posible afirmar que las campañas “Maricón es el que le pega a la mujer” y “Maricón 2.0” han reducido la violencia y el femicidio, cuando semanalmente los medios dan cuenta de horribles crímenes contra mujeres.

La positiva evaluación de la Ministra –79% entre el 54% que declara conocerla- parece influir más en la agenda del SERNAM que las situaciones de discriminación que se arrastran y renuevan.

Por ejemplo, el caso de las trabajadoras de casa particular, que luchan por el Convenio 189 de la OIT que establece la jornada de 8 horas; o las trabajadoras agrícolas temporeras gravemente afectadas por la propuesta de ley de Estatuto Laboral Agrícola; o la falta de apoyo a la ley de representación equilibrada de hombres y mujeres en el acceso y ejercicio de cargos de elección popular o la despenalización del aborto terapéutico.

Pero tal vez una de los retrocesos más graves ha sido la pérdida de peso político del SERNAM y su rol coordinador de políticas para el conjunto del Estado.

Su inclusión en el ministerio de Desarrollo Social es problemática: la misión del SERNAM –centrada en la igualdad- hace inconveniente su ubicación en este Ministerio destinado a las políticas hacia la pobreza, porque reduce a las mujeres a “grupo vulnerable” y sólo las ve en su rol de intermediarias de los programas de mitigación de la pobreza, y como un agente disciplinador de las familias.

Finalmente, el país ha retrocedido cada vez que el SERNAM ha sido débil en la censura y rechazo al sexismo, el machismo y la discriminación de las mujeres, y las mujeres han dejado de ver en el SERNAM una institución que las empodera.

Resulta una ironía que al cumplir éste 21 años de existencia, quien es responsable en el gobierno de promover a las mujeres cuestione por “poco simpática” a la líder juvenil más importante de Chile y América Latina, reconocida como figura internacional, Camila Vallejo.

El país reconoce sus aportes y valora sus cualidades de líder juvenil que propone cambios profundos para construir una patria justa y sin discriminación. Este SERNAM no.

La eliminación de la discriminación, entendida como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,  independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, cultural y civil o en cualquiera otra esfera” (art. 1), requiere la acción mancomunada del Estado.

La legislación, que consagra el orden de la sociedad considera adecuado y justo, que establece los derechos de sus integrantes y entrega herramientas para la acción del Estado destinadas a materializar ese orden es clave para cumplir con el mandato de la CEDAW.

Sin duda, y ya lo hemos examinado al cumplirse 20 años de políticas públicas para la igualdad de hombre  y mujeres, los avances en nuestro país han sido significativos.

Ello no hubiera sido posible sin las propuestas del Movimiento de Mujeres, de sus organizaciones y líderes, que cristalizaron en los años 80 en una agenda para avanzar en democracia e igualdad.

“Democracia en el País y en la Casa”, rezaba la consigna en sus marchas multitudinarias. La iniciativa de los Gobiernos también fue fundamental, pero también del Parlamento, donde se han consagrado los nuevos derechos y la eliminación de numerosas discriminaciones basadas en el género. Las mociones de parlamentarias y parlamentarios y su concurso a la hora de elaborar y aprobar nuevas leyes han sido clave.

Pero bien sabemos que la democracia chilena cojea, que su capacidad de representación es limitada y que hoy día vive un visible cuestionamiento desde la ciudadanía.

La subrepresentación de las mujeres en el Parlamento es evidente, la que se agrega a los déficits o ausencia de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones, con un sistema electoral que privilegia a los sectores conservadores.

El presidencialismo excesivo y el centralismo que le imprimió la Constitución impuesta en 1980 han dificultado, y a veces imposibilitado, contar con derechos y leyes que la ciudadanía espera, como se manifiesta en incontables encuestas de opinión año tras año.

La distancia entre la ciudadanía y el Parlamento -y entre el Parlamento y la ciudadanía- es causa y efecto de la institucionalidad vigente, con graves consecuencias.

De hecho, al tiempo que frena la agenda por la igualdad de género, ha deteriorado el respaldo de las mujeres a la política y sus instituciones, como se aprecia en la 8° Encuesta Nacional de Corporación Humanas “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011″.

Cerrar esta brecha es un desafío mayor que requiere reformas institucionales de fondo, como son una nueva Constitución elaborada con el concurso de mujeres de todos los sectores políticos y sociales, la reforma al sistema electoral binominal -incluyendo la representación equilibrada de mujeres y hombres-, la reforma de los partidos políticos, etc.

La aprobación de la inscripción automática en los registros electorales -y su implementación para las próximas elecciones municipales- podría ser un anuncio de la voluntad de los actores políticos de abrirse plenamente a la ciudadanía.

Paralelamente, la experiencia reciente nos muestra que es posible avanzar a partir de la voluntad compartida de los actores involucrados, en este caso, las y los parlamentarios y las organizaciones de mujeres.

El reconocimiento de las organizaciones y sus líderes, la invitación a las comisiones de trabajo de ambas Cámaras legislativas, la solicitud de asesoría técnica a expertas/os, por una parte, pero también la búsqueda de interlocución desde las organizaciones y movimientos, y la fiscalización y presión desde los medios de comunicación, en las redes sociales, en las antesalas y bancas del Parlamento son los caminos que han mostrado eficacia para el logro de nuevos derechos.