El ministro, responsable de la seguridad interior, había viajado varias veces a la región, incluso acompañado de los jefes policiales, con el fin de escuchar a las víctimas de los ataques incendiarios, resolver medidas de apoyo a ellas y reforzar los planes de contención de los grupos violentos.

¿Cómo explicar su marginación? Si se descuenta la intención de zaherir a la Democracia Cristiana, que sería absurda, además de dañina para la propia estabilidad del gobierno, quizás prevaleció en los colaboradores de la Presidenta el deseo de mostrarla actuando con autonomía -a lo que tiene pleno derecho-, pero sin considerar los previsibles efectos políticos de esa manera de proceder en este ámbito específico.

En la DC hubo unanimidad para rechazar el maltrato. Comprensiblemente, el ministro presentó su renuncia, la que fue rechazada por la Presidenta. Corresponde destacar la rectitud y el sentido del deber con que actuó Burgos en una hora muy difícil para él, para su partido y para el gobierno. Son esos momentos en que un político debe definir cuáles son los valores a defender en primer lugar.

Por respeto a sí mismo, no dudó en poner el cargo a disposición de la Mandataria, y por respeto a ella, luego de que reconoció el error y le reafirmó su confianza, él aceptó seguir en el cargo, no sin antes decirle “que esta situación no se podía repetir”. Burgos debe haber puesto muchas cosas en la balanza, pero sobre todo la necesidad de evitar males mayores. En eso consiste precisamente la ética de la responsabilidad, y hay que resaltarlo.

En las encuestas, la mayoría opina que el país va por mal camino y manifiesta desacuerdo con las reformas tributaria, educacional y laboral.  Hace varios meses que la desaprobación a la Presidenta supera el 60%. La inquietud por el estancamiento económico y la baja inversión es muy justificada. Pero no hay duda de que el problema mayor es político, pues se relaciona con el rumbo del gobierno y en particular con las incongruencias que no ha sido capaz de resolver.

Está demostrado que una coalición cuyos integrantes no tienen un horizonte compartido es muy difícil que gobierne eficazmente. Tal es el caso de la Nueva Mayoría, en cuyo seno son muy profundas las diferencias sobre cómo entender el progreso y cómo concebir la lucha contra la desigualdad. Allí está el núcleo de las dificultades.

La Presidenta debe convencerse de que no hay espacio para nuevos experimentos y que necesita actuar con gran realismo para crear un ambiente de confianza y estabilidad. La Moneda debe alentar el dinamismo de la economía, desatar los nudos legislativos y evitar cualquier iniciativa que traiga más ruido y confusión. La discusión de la ley de educación superior no puede repetir los errores cometidos con las otras reformas.

En definitiva, este año la mandataria debe decidir cómo quiere que termine su gobierno: con un balance relativamente aceptable, o empantanado en una agenda sin prioridades, impotente para dar una salida a los problemas que le cayeron encima o que generó por su propia cuenta.

El Estado tiene que focalizar el gasto público, con el fin de atender las necesidades principales, en particular aquellas referidas a las condiciones de vida de los sectores que están en desventaja.Hay que evitar que las familias que salieron de la pobreza puedan recaer en ella. Chile no puede retroceder respecto de lo mucho que avanzó en los últimos 25 años.

En octubre elegiremos alcaldes y concejales en un clima de fuerte escepticismo de amplios sectores, lo que podría estimular la abstención, facilitada hoy por el voto voluntario. Así las cosas, nadie está en condiciones de anticipar cómo se comportará el electorado después de la crisis del financiamiento fraudulento de las campañas, que acentuó el descrédito de los partidos. Con todo, el pronunciamiento de los electores implicará un juicio sobre el actual estado de cosas y una señal sobre el futuro. Es probable que la campaña municipal marque también el inicio de la campaña presidencial.

En este contexto, el llamado proceso constituyente, que será simultáneo a la competencia electoral, es completamente disfuncional para el objetivo de concentrar las energías y los recursos del gobierno en la atención de las necesidades de la población. Se pueden enredar todavía más las cosas, y el costo lo pagará el gobierno. Es legítimo debatir sobre la posibilidad de cambiar la Constitución parcial o totalmente, pero son demasiados los interrogantes sobre la metodología,  y no habrá tiempo ni calma para discutir seriamente el fondo de los eventuales cambios.

El gobierno tiene la obligación de hacer mejor las cosas en 2016, porque si no es así, el país se verá en problemas demasiado serios. Es positivo que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, haya defendido la racionalidad fiscal y la necesidad de estimular el crecimiento; porque ello no se consideró al comienzo del gobierno, se cometieron gruesos errores. La lección hay que aprenderla sobre la marcha. El país necesita potenciar la colaboración entre el Estado y el sector privado, lo que implica apoyar el emprendimiento, la inversión y la creación de empleos.

Debemos trabajar duro para tener una sociedad más justa, pero impedir a toda costa que Chile caiga en la trampa del populismo, de cuyos estragos son un ejemplo elocuente las catástrofes de Venezuela y Argentina. De todos nosotros depende que el país perfeccione sus instituciones democráticas y genere condiciones para el diálogo y los grandes acuerdos nacionales. Así podrá progresar de verdad.

Se confirmó que era ampliamente mayoritaria la voluntad de cambio y quedó demostrado el valor de la unidad de las diversas corrientes que lo propiciaban. El parlamento estará ahora dirigido por las agrupaciones de la Mesa de Unidad Democrática, en tanto que el gobierno seguirá en manos de Nicolás Maduro y el bloque político-militar que lo acompaña. No será fácil establecer una relación constructiva entre ambos poderes, pero será indispensable para sacar a Venezuela de la crítica situación económica y social en que se encuentra.

Es valioso que el grupo gobernante haya reconocido rápido su derrota y que haya moderado el lenguaje virulento que lo ha caracterizado. Ojalá que eso indique que se hace cargo de que los venezolanos votaron por un cambio de rumbo, y que cualquier intento de usar el enorme poder que ha acumulado durante 17 años para bloquear ese cambio significará nuevos desgarramientos para un país que los ha tenido en exceso.

Si el domingo 6 hubiera habido una elección presidencial, Maduro tendría que estarse preparando para dejar el poder. Lo salvó el hecho de que fuera una elección legislativa. En todo caso, los venezolanos se pronunciaron nítidamente en contra de lo que él ha representado.

Es de esperar que se abra un ciclo democratizador en Venezuela, de término de las arbitrariedades, de restablecimiento de la división de poderes. Hay que conseguir la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos. Se requiere poner fin al sometimiento del poder judicial a los dictados del gobierno. Es indispensable reforzar las libertades públicas.

Las fuerzas armadas deben convencerse de que pertenecen a la nación, no a una secta ideológica o a un partido político. Lo más importante es que la sociedad venezolana deje atrás la polarización odiosa y avance hacia el reencuentro nacional.

Será esencial que las fuerzas de la Mesa de Unidad Democrática se mantengan cohesionadas y actúen con gran serenidad para enfrentar los complejos retos que vienen. Han dado un paso gigantesco con su triunfo. Ahora, deben trabajar inteligentemente para atender las necesidades más urgentes de la población: abastecimiento de productos esenciales, estabilidad económica, control de la inflación, lucha contra la delincuencia, freno a la corrupción y al narcotráfico, protección de los derechos ciudadanos, etc.

Será indispensable dialogar con los sectores más realistas del grupo gobernante, aquellos que entienden que la política de trincheras no le sirve a Venezuela. Es evidente que se ha producido un cambio profundo en el sentir de la sociedad, y lo lógico será asegurar más adelante, mediante los procedimientos legales, que la mayoría ejerza la conducción del país. La tarea del cambio requerirá un nuevo gobierno.

Esperemos que la patria de Bolívar transite hacia una democracia en forma. No será sencillo porque el chavismo ha cometido demasiados abusos, que incluso forzaron a miles de venezolanos a marchar al exilio. Se requerirá, pues, mucha buena voluntad para asegurar el tránsito pacífico hacia un Estado de Derecho irreprochablemente democrático, en el que los gobernantes tengan claros los límites de su poder y, por ejemplo, no puedan disponer de los recursos públicos como si fueran propios.

Maduro y su gente cometerían un error colosal si se propusieran resistir el avance de la sociedad venezolana hacia la normalidad democrática, hacia una convivencia en la que no sea necesario vestirse con los colores de la bandera o del partido gobernante, en que sean posibles la diversidad cultural y política, en fin, una sociedad abierta, en la que vayan quedando en el pasado las consignas de la división y el odio.

Es difícil imaginar que Maduro siga al frente del gobierno Por supuesto que la perspectiva de la renovación exigirá un cambio de gobierno

El ex presidente del gobierno español Felipe González declaró que el resultado electoral en Venezuela ha sido “un grito cívico de rebeldía por el cambio”. Tiene mucha razón. América Latina debe apoyar ese cambio, debe ayudar a que los venezolanos avancen hacia un mejor futuro, hacia una vida sin miedo.

Ha costado mucho que la libertad eche raíces firmes en nuestro continente, pero los venezolanos acaban de demostrar que hay que batallar por ella hasta en las condiciones más difíciles. Bravo por Venezuela.

Eso es lo que revelan todas las encuestas, algunas de las cuales registran una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales a favor de la oposición.

El 90% por ciento de los venezolanos considera que la situación del país es mala, y el 67% se pronuncia incluso por el término del mandato de Nicolás Maduro. No es extraño. Hace ya mucho tiempo que la población vive una situación angustiosa en la que se combinan la falta de muchos productos esenciales, el mercado negro y el retroceso de los ingresos.

El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción económica de 10% y una inflación de 190% para este año. Están lejanos los tiempos en que el alto precio del petróleo le permitía a Chávez financiar múltiples subsidios a los grupos vulnerables, y hasta regalar plata los gobiernos amigos. Hoy, la pobreza no cesa de crecer.

El populismo ha devastado un país que en los años 70 estuvo en la delantera de América Latina en la marcha al desarrollo, y constituía además una especie de isla democrática en la región.

La experiencia chavista ha degradado a Venezuela social, económica e institucionalmente, y ha demostrado que nunca crece tanto la corrupción como bajo un régimen autoritario.

En octubre pasado, 13 miembros de Tribunal Supremo de Justicia, por presión del gobierno,  “aceptaron” dejar sus cargos un año antes de lo establecido por la Constitución, el objetivo era reemplazarlos por jueces leales a Maduro y la camarilla gobernante.

Y ya hemos visto a qué extremos ha llegado el control de los tribunales en el caso del líder opositor Leopoldo López, cuya libertad sigue siendo reclamada por numerosas entidades defensoras de los derechos humanos.

Muchos analistas creen que la oposición puede obtener la mayoría simple de la Asamblea Nacional, y que hasta podría lograr los tres quintos, con lo cual tendría facultades para destituir ministros y renovar el Poder Electoral. Si lograra los dos tercios, podría convocar a una asamblea constituyente.

En todo caso, el control oficialista del Tribunal Supremo de Justicia podría bloquear las decisiones del Parlamento. De todas maneras, un amplio triunfo opositor tendría un potente efecto político dentro y fuera de Venezuela, que ampliaría las posibilidades de materializar un cambio de fondo.

¿Reconocerá Maduro un triunfo de la oposición? Esa es la gran duda, sobre todo después que amenazó con salir a las calles y gobernar “con el pueblo en una unión cívico-militar” si el Partido Socialista Unificado de Venezuela pierde las elecciones. La excusa sería, cómo no, “salvar la revolución”.

Maduro se muestra a sí mismo como el jefe político y militar de una imaginaria gesta revolucionaria, pero en realidad es solo el patético representante de una camarilla sin Dios ni ley, dispuesta a cualquier cosa para defender sus negociados y prebendas.

Como hemos visto, los amigos chilenos de Maduro solo se limitan a proclamar como único principio “la no intervención” en los asuntos de Venezuela. Es un cuento, defienden a Maduro porque lo consideran su camarada, con lo que revelan que en realidad no creen en el valor universal de los derechos humanos.

Otra gente se confunde, aun hoy, con la patraña de que Maduro representa a “la izquierda” del continente, y consideran que por eso, y haga lo que haga, hay que apoyarlo.

Es una confusión penosa. Los déspotas pueden levantar banderas de izquierda o de derecha, declararse cristianos y presentarse como defensores de la patria, pero todo eso es solo una coartada para quedarse indefinidamente en el poder, violar los derechos individuales, alentar la violencia contra los opositores, en fin, cometer tropelías como las que han tenido lugar en Venezuela por tanto tiempo. El asesinato de un dirigente opositor hace pocos días muestra a las claras cuán lejos ha llegado la falta de escrúpulos de quienes gobiernan.

Sería lamentable que se cerrara la posibilidad de un tránsito pacífico hacia la democratización.Asegurar que ello no ocurra depende en gran medida de la actitud de la comunidad internacional, y por supuesto de los gobiernos de la región. Esperemos que nuestro gobierno no tenga una actitud pasiva o indulgente frente a los abusos de Maduro, y que se mantenga particularmente alerta respecto de lo que ocurra en estos días y sobre todo el 6 de diciembre.

Deseamos de todo corazón que los venezolanos puedan abrirse paso hacia la libertad y el derecho. Ojala que los líderes opositores no caigan en las trampas que pueda tender el régimen para suspender las elecciones o desconocer sus resultados.

Han llegado a Venezuela numerosos observadores extranjeros que buscan ayudar con su presencia a que el proceso electoral sea limpio. La prensa internacional concentra su interés en lo que allí pueda ocurrir, y ello contribuye a dificultar las maniobras del oficialismo.

No hay neutralidad posible. Estamos firmemente al lado de los hombres y mujeres de Venezuela que no se han dejado intimidar y han vencido el miedo, que han bregado duro para ir ganando cada día nuevos espacios de expresión independiente, que se han unido por encima de cualquier diferencia, y gracias a cuyo esfuerzo hoy se ve cercana la posibilidad de una victoria democrática. Somos solidarios con su admirable lucha por la libertad.

O se olvidaron de lo que habían estudiado, o se dejaron intimidar por el discurso refundacional, u optaron por decirle sí a la candidata para no arriesgar los nombramientos futuros. Hoy estamos viendo el resultado de hacer promesas que no se podían ni se podrán cumplir. El ejemplo mayor es la gratuidad imposible en la educación superior.

A comienzos de 2013, antes de que partiera formalmente la campaña, Bachelet afirmó que lo justo era que los padres que disponían de suficientes medios económicos financiaran los estudios superiores de sus hijos, e hizo referencia al caso de su hija Sofía Henríquez, estudiante de Sicología en la Universidad Diego Portales, cuyos estudios ella pagaba. Sin embargo, luego modificó su punto de vista e hizo suyo el planteamiento de la gratuidad universal, que era la bandera de la Confech. En rigor, ello implicaba que el Estado pagara la educación superior de quienes no lo necesitaban. O sea, un subsidio para ricos.

En el cambio de criterio de Bachelet influyó la teorización hecha por la economista Claudia Sanhueza, académica de la UDP, que sostenía que, mediante una fuerte carga tributaria, como la de Noruega o Finlandia, era posible financiar la educación superior de todos los estudiantes. Y puesto que la reforma tributaria tenía como objetivo principal recaudar recursos para la “reforma estructural de la educación”, se podía garantizar la gratuidad.

En una columna publicada el año pasado, Sanhueza sostuvo: “De hecho, la idea política que está detrás del principio universalista es: de cada uno de acuerdo a sus posibilidades, a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Esto quiere decir, provisión para todos (necesidad) financiada con impuestos progresivos (posibilidad)” (La Tercera, 02/10/ 2014).

Ni más ni menos que el principio del socialismo, que proclamó Karl Marx en su obra “Crítica del Programa de Gotha”, publicada póstumamente en 1891. Cada uno aporta lo que puede y recibe lo que necesita. En la fase superior, la sociedad comunista, Marx afirmaba que regiría el principio “de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.

La cuestión es cómo se traduce el principio universalista en derechos garantizados por el Estado en todos los ámbitos relativos al bienestar de las personas (alimentación, salud, vivienda, educación, etc.), y por supuesto en un país concreto, Chile, no en un país metafísico. En definitiva, cómo se hace para que esa fórmula de escritorio funcione en la práctica. Y sin olvidar la historia de los proyectos igualitaristas que, finalmente, terminaron socializando la pobreza.

Es de sentido común que el Estado debe atender ciertas necesidades antes que otras, lo cual implica establecer prioridades de gasto social, o sea focalizar el uso de los recursos públicos, que nunca son suficientes para atender todos los requerimientos y que dependen de que la economía crezca. Como sabemos, la focalización fue decisiva para reducir la pobreza y lograr que surgiera una nueva clase media en nuestro país.

Pero Sanhueza no está de acuerdo con el gasto público focalizado. Su punto de vista ya era transparente en un artículo publicado en 2013 junto al abogado Fernando Atria, que se titulaba “Focalización: un atentado a la igualdad”. Tal cual.

Allí decían ambos: “A pesar del “relativo consenso” de los expertos y la “sabiduría popular”, la tesis que sostiene que un gasto social orientado por el principio de focalización es más redistributivo que uno orientado por el principio universalista es falsa, y los argumentos que se han ofrecido para sostenerla ahora son seriamente deficitarios. El problema con el análisis de impacto distributivo estático es que no considera el impacto dinámico de la focalización. Una consecuencia obvia del principio de focalización es que los pobres recibirán la educación o protección de la salud que el Estado pueda financiar mientras los ricos recibirán lo que cada uno pueda comprar. Esto implica la existencia de un sistema público o públicamente financiado para pobres y un sistema privadamente financiado para ricos, segregando ambos sistemas. Una vez que los sistemas están segregados, es inevitable que los servicios para pobres serán peores que los servicios para ricos” (La Tercera, 27/08/2013).

En suma, para Sanhueza y Atria lo progresista era poner fin a la focalización y establecer la doctrina del universalismo. ¡Es increíble que los ministros de Hacienda de los últimos 25 años no se hayan dado cuenta de que ese era el camino hacia la tierra feliz!

Con todo, el programa presidencial de Bachelet optó por focalizar los recursos en el 70% de los estudiantes de educación superior más vulnerables durante este gobierno, y crear condiciones para llegar al 100% dos años después (o sea, cuando haya otro gobierno).

Este año, la Presidenta rebajó el objetivo de la gratuidad a 60% y lo acotó a las instituciones del Consejo de Rectores y las privadas que cumplieran con los requisitos fijados por el Mineduc (fundaciones sin fines de lucro, acreditación por 4 años, gobierno universitario “participativo”, aceptación de los aranceles que fije el ministerio, aumento de solo 2,7% de la matrícula en 2016, etc.)

Hoy, el objetivo es cubrir el 50%, y muchos dudan de que incluso esa cifra se cumpla siquiera en las universidades estatales, lo que puede significar un fuerte déficit para varias de ellas. Y estamos hablando solo de los aranceles, y no de todos los otros rubros del gasto universitario, por ejemplo los recursos asignados a la investigación.

La situación de hoy es un gran desbarajuste, que ha dejado al descubierto, por ejemplo, que los alumnos vulnerables serán discriminados según la institución en que se matricularon antes de que existieran las nuevas normas. La gratuidad no será universal, sino discriminatoria. Y todo esto fijado en las pocas líneas de una glosa de la ley de presupuesto de 2016, no en una ley especial que sea discutida a fondo en el Congreso.

Aunque la ministra Delpiano hace su mejor esfuerzo por explicar los cambios de posición, la tarea excede sus fuerzas. No hay fondos suficientes para financiar las incoherencias, improvisaciones y faltas de criterio que se establecieron en el Mineduc antes de que ella llegara, cuando era ministro Nicolás Eyzaguirre.

Si el propósito era favorecer a los estudiantes de las familias vulnerables, ¿por qué el Mineduc no concentró desde el principio sus esfuerzos y recursos en mejorar y extender el sistema de becas que ya estaba en funcionamiento? Y la respuesta que han dado los cerebros del Mineduc es que el gobierno propicia un “cambio de paradigma”, que rechaza el subsidio a la demanda.

¿Y por qué tiene que ser así? Pues porque eso es lo progresista. Según los cálculos, solo unos 90 mil estudiantes de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, es decir los más vulnerables, podrán acceder a la gratuidad en 2016, mientras que más de medio millón quedará fuera de ella.

¿Qué viene ahora? Una enconada disputa por la distribución de los fondos del próximo año contemplados en la famosa glosa presupuestaria, en la que prevalecerán los intereses corporativos de las universidades del Consejo de Rectores, más específicamente de las estatales, y se perderá de vista el objetivo de apoyar a los estudiantes que más requieren ayuda.

Primarán las relaciones de poder, y sobre todo la cercanía de algunos rectores con el actual gobierno. Es posible que sobrevenga una larga confrontación acerca de la constitucionalidad y legalidad de las exigencias que quiere imponer el Mineduc a las universidades privadas, antiguas y nuevas, que no están dispuestas a perder su autonomía. Y es posible también que algunas casas de estudio, como la Universidad Alberto Hurtado, tengan muchas dificultades para sobrevivir.

Hay quienes creen que todo esto obedece a un calculado plan del actual gobierno para estatizar la educación. De ser cierto, sería una estatización hecha por planificadores infinitamente torpes. No ha habido propiamente un plan, sino más bien un intento tosco y desarticulado de acrecentar el peso del Estado en la educación ¡sin que el Estado tenga siquiera capacidad para administrar bien lo que hoy tiene en sus manos!

En el fondo, mareo refundacional con poca ropa. Lo que hemos visto ha sido precario, confuso y con escaso sustento, vale decir un parto de los montes. Pero el ratón que surgió de ese parto está causando grandes descalabros.

Chile podría hacer las cosas mejor, mucho mejor. Pero para eso, las políticas públicas deben concebirse con sentido nacional, y no tratar de sintonizar con las consignas de la calle, ni de imponer esquemas voluntaristas que chocan con la realidad. Se trata no solo de introducir mayores elementos de justicia en el acceso a la educación superior, sino de elevar la calidad de la educación en todos los niveles.

Sería lamentable que, por efecto de políticas mal diseñadas, se acentuara la segmentación educacional y que incluso retrocedieran las mejores universidades. El país seguirá teniendo provisión mixta de educación, y hay que asegurar que los recursos del Estado vayan hacia todas las instituciones que entreguen un aporte de calidad al país y apoyen a todos los estudiantes meritorios que lo necesitan. Es indispensable que el Congreso discuta una estrategia de desarrollo de la educación superior que merezca el nombre de tal.

Como sea, no queda sino afrontar la emergencia con la voluntad de demostrar que es cierto que, frente a las desgracias, los chilenos somos capaces de unirnos y de actuar con sentido nacional. Lo primero es, naturalmente, auxiliar a las familias de Illapel, Coquimbo, Tongoy, Combarbalá, Salamanca, Canela, Concón y otros lugares, cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables, y también a quienes perdieron o vieron dañados sus locales comerciales, etc.

La tarea es enorme: remover escombros, limpiar las vías, asegurar el agua potable y la electricidad, demoler las construcciones más dañadas, instalar viviendas de emergencia, etc.Luego, habrá que reparar la infraestructura dañada, reforzar la protección del borde costero e impulsar otras obras, todo lo cual demandará grandes recursos.

Al César lo que es del César. Corresponde reconocer que la Presidenta Bachelet encabezó eficientemente la respuesta del gobierno desde la primera hora.

Gracias a que los informes técnicos no demoraron, el ministro Jorge Burgos entregó tempranamente la alerta de tsunami, lo que tuvo inmenso valor. La población valora que la mandataria y los ministros se hayan desplazado a la zona afectada para resolver las urgencias. Igualmente que Carabineros y las Fuerzas Armadas hayan cumplido con su deber de apoyo a la comunidad.

Es valioso que se haya consolidado una “cultura de emergencia” entre nosotros. Pocos países pueden evacuar en un par de horas y sin grandes trastornos a cerca de un millón de personas a lo largo de más de 3 mil kilómetros de costa. Podemos sentirnos orgullosos.

No cabe duda de que Chile ha aprendido de sus tragedias. El SHOA de hoy es mucho mejor que en 2010, también la ONEMI, y sobre todo hay una capacidad mayor de reacción del gobierno, las intendencias, los municipios, etc. Pero ya sabemos que las catástrofes dejan una tarea que no se podrá cumplir en poco tiempo. En las próximas semanas, vendrán inevitablemente las muestras de impaciencia de los damnificados porque no todo se arregla con la rapidez que ellos necesitan.

En esta hora, se impone el realismo en materia de gasto público. Solo la reposición de la infraestructura pública del puerto de Coquimbo se estima en más de 7 mil millones de pesos. Será obligatorio reasignar recursos en un momento de bajo crecimiento y alta inflación, lo que exigirá que la Presidenta le hable claro al país respecto de las prioridades.

Burgos ya dijo que habrá que apretarse el cinturón, y eso no será fácil de entender por parte de quienes creen que el Estado es una especie de Rey Midas. Será clave que Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, y Sergio Granados, director de Presupuesto, expliquen crudamente que el país enfrenta dificultades que podrían agravarse si no se actúa con disciplina fiscal. Lo primero es no sumar nuevos proyectos onerosos al presupuesto del Estado y, ciertamente, combatir el dispendio.

Ojalá que los pequeños cálculos políticos no prevalezcan en este momento. Frente a una situación tan difícil, necesitamos espíritu de comunidad, disposición de contribuir a las soluciones, verdadera generosidad.

En esta hora, la unidad es un imperativa. ¿Que aportará la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sofofa, la SNA y los demás gremios empresariales?

¿Se les ocurre alguna manera de colaborar a los dirigentes de la CUT? ¿La Confech ya está inscribiendo brigadas de estudiantes universitarios para ayudar como voluntarios en la zona? Necesitamos que la solidaridad se exprese en los hechos.

La responsabilidad del gobierno es crear condiciones para la colaboración de todos los sectores. Como sabemos, la Presidenta ha enfrentado un período políticamente muy complejo, pero tiene hoy la oportunidad de mostrar que ella crece ante las dificultades. Deberá dedicar muchas energías a liderar los trabajos de reconstrucción. Obras son amores. Los chilenos valorarán si ella y el gobierno actúan con energía y diligencia.

Hoy es más necesario que nunca que la Presidenta despeje los focos de incertidumbre política. Eso implica dar una salida realista a las controversias legislativas sobre las reformas y, naturalmente, acotar la agenda para el tiempo que queda.

El gobierno no puede perder el tiempo en debates inconducentes sobre materias que no podrán zanjarse en este período, como la Constitución.

Hay que escuchar a esa mayoría que pide poner en primer lugar la lucha contra la delincuencia, los esfuerzos por mejorar la atención de salud y elevar la calidad de las escuelas públicas. A eso se han agregado ahora los inmensos retos que dejó la catástrofe. Solo sirve gobernar con los pies en la tierra.

En este caso, ha quedado en evidencia que usaron métodos no precisamente santos para influir, presionar y hasta amenazar para bloquear la posibilidad de que un sacerdote respetado por su labor social y crítico de la jerarquía, Felipe Berríos, fuera designado capellán de La Moneda, y para impedir que Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante de Karadima, integrara una comisión pontificia de previsión de los abusos sexuales. Los cardenales lograron ambos objetivos. No cabe duda que son poderosos.

Las autoridades eclesiásticas han jugado históricamente un papel político. Lo han hecho al tomar posición frente a los asuntos sociales, económicos, culturales y morales. Nadie discute su derecho, y el de cualquier eclesiástico, a pronunciarse sobre los dilemas de este tiempo. Es lo que hace el Papa. El problema es, como siempre, el de los fines y los medios, el de la congruencia moral, en definitiva el de la decencia.

Errázuriz y Ezzati no imaginaban, por supuesto, que sus maniobras iban a trascender a la opinión pública. Tampoco lo imaginaban los empresarios y políticos que hoy enfrentan las indagaciones del Ministerio Público.

Vivimos en una época en que casi todo se termina sabiendo, lo cual obliga a las figuras públicas, y particularmente a quienes detentan cargos de representación, altas funciones en el Estado y el sector privado, a ser prudentes y, en lo posible, rectos.

Con mayor razón deberían actuar así quienes, por representar a una institución religiosa, se han acostumbrado a pontificar sobre el bien y el mal y a dar lecciones de moralidad a todo el mundo. Se trata de la cuestión de los escrúpulos, definitoria de los principios y la forma de actuar de cada ser humano. La cuestión es no dejarse impresionar por las apariencias: nos consta que las instituciones sirven no pocas veces para esconder las miserias humanas.

“Es un sinsentido invitar a Carlos Cruz- dice Errázuriz en un mail de abril de 2013-, que va a falsear la verdad, para que obtengan una buena información los obispos. Por lo demás, ¿cómo lo invitan a él, y no invitan  además a quién presente las cosas desde nuestro punto de vista. Por otra parte, él va a utilizar la invitación para seguir dañando a la iglesia”.

¿A qué se refiere Errázuriz cuando dice “nuestro punto de vista”? ¿A la necesidad de combatir los abusos sexuales intramuros? No parece ser esa su preocupación, sino la urgencia de ahogar las afirmaciones de Cruz y demás víctimas de Karadima de que la jerarquía de la Iglesia no solo se tapó los ojos ante las fechorías, sino que tuvo una actitud de connivencia con los culpables. Eso es lo que le provoca mayor desazón.  “La serpiente no prevalece”, proclama al final de ese mail, seguro de encarnar la pureza y seguro también de que sus adversarios representan al demonio.

Es muy cierto que el hábito no hace al monje. Y que los ropajes cardenalicios no sirven para cubrir la inanidad moral. Es legítimo, entonces, que los católicos levanten la voz, pidan cuentas y exijan transparencia. El ambiente de opacidad y secreto que ha predominado dentro de la Iglesia por mucho tiempo es el que ha facilitado las cosas a los abusadores de toda clase.

La lucha por la decencia no debe detenerse ante ningún muro. En una sociedad abierta como la que queremos tener, los ciudadanos no debemos dejarnos intimidar por ningún poder, ni político, ni económico, ni militar, ni gremial, ni comunicacional, ni eclesiástico. Nos asiste el derecho de criticar a cualquiera que abuse del poder que ostenta.

Hace tres meses, la mandataria actuó acertadamente al reemplazar a los cuatro ministros del equipo político, pero en el cónclave del 3 de agosto y luego en la entrevista de La Tercera, el 9 de agosto, eludió la autocrítica, entregó explicaciones artificiales sobre las causas de la desaprobación ciudadana y dio señales confusas sobre lo que realmente quiere.

Es obvio que su gestión no puede depender de la “correcta interpretación” del eslogan realismo sin renuncia, inventado por los asesores del Segundo Piso de La Moneda para demostrar que sus consejos a la mandataria han sido siempre atinados. Es como si trataran de mantener el tono épico de los inicios. Pero no es épica lo que hace falta en estos días, sino sentido de la realidad. Por su propio bien, la Presidenta debe apoyar los esfuerzos de los ministros Burgos y Valdés para enderezar lo torcido, que es mucho.

¿Cómo se llegó a esta situación? Por el encadenamiento de una visión distorsionada de la realidad nacional, un diagnóstico equivocado de las necesidades y un programa inflamado de espíritu refundacional, el cual terminó plasmándose en reformas mal concebidas y peor implementadas. La reforma “estructural” de la educación ha sido un ejemplo de chapucería, improvisación y foco equivocado, y el ministro Eyzaguirre no puede mirar hacia otro lado, como si él no tuviera nada que ver en el asunto.

Es hora de reconocerlo: el proyecto político con el que Bachelet volvió a La Moneda no pasó la prueba de la práctica. Tributario de las concepciones de la vieja izquierda, dicho proyecto se empeñó en negar los fundamentos del progreso anterior y buscó remodelar el país sobre la base de acrecentar el peso del Estado.

La mayor responsabilidad por el enfoque, las metas y las promesas es, por supuesto, de la Presidenta, pero los partidos de la Nueva Mayoría no pueden lavarse las manos, tampoco sus parlamentarios, que en su momento privilegiaron los dividendos electorales de arrimarse a la popularidad de Bachelet y renunciaron a su deber de medir las consecuencias de un programa desorbitado.

Ese cuadro queda ilustrado con el hecho de que, en medio de la euforia, surgió dentro de la DC una “corriente bacheletista”, cuyos representantes –más papistas que el Papa-, no dudaron el año pasado en desautorizar permanentemente a Ignacio Walker, presidente del partido entonces, con tal de congraciarse con la mandataria. Bueno, cambió la dirección del viento y esa corriente ya no existe.

Fue revelador lo ocurrido con el PC. Antes del cónclave, su presidente amenazó explícitamente con abandonar la Nueva Mayoría (y se supone que los cargos de gobierno) si no se cumplía el programa. ¿Cuánto influyó eso en el estado de ánimo de la mandataria? No poco, al parecer.

Por razones de biografía política, quizás pocas cosas afligen más a la Presidenta que la eventualidad de pasar a la historia como una persona que “le falló” a la izquierda que ella asocia con las antiguas banderas revolucionarias. Los dirigentes comunistas están conscientes de eso cuando presionan por el cumplimiento del programa. Sin embargo, el programa podría estar 100% cumplido, pero con efectos tales como la recesión de la economía, mayor desempleo, alta inflación, descenso de la inversión privada y derrumbe de la imagen de país confiable que Chile construyó en 25 años. ¿Acaso basta con agitar el programa como si fuera el libro rojo de Mao para que el pueblo sea feliz?

El dogmatismo programático es, en el fondo, la negación de la política, porque esta exige flexibilidad, diálogo y articulación de acuerdos. La Presidenta gobierna para 17 millones de chilenos y su obligación es evitar que el país caiga en el estancamiento o retroceda debido a la aplicación de políticas públicas erradas.

Precisamente por ello, debe poner fin a los equívocos y no seguir afirmando que, por razones presupuestarias, la gratuidad universal en la educación superior va a tomar más tiempo que los 6 años que se habían calculado. ¡Pero si ella va a gobernar solo 4 años, y ni siquiera está asegurado que en 2016 haya gratuidad para el 50% de los alumnos más vulnerables de todas las instituciones acreditadas! Fue equivocado plantear expectativas desmesuradas, pero es mucho peor no reconocerlo.

No están en discusión las buenas intenciones de la Presidenta, pero eso no basta para salir del atolladero. Los chilenos la respetarán en la medida de que reconozca las dificultades y haga opciones de sentido común. Parece obvio, pero ella será la mayor beneficiada si Burgos y Valdés consiguen estabilizar el barco.

Todos los partidos de la Nueva Mayoría están sacando cuentas sobre los costos y beneficios de mantenerse cerca o lejos de La Moneda. La Presidenta intuye por supuesto que ningún partido, ni siquiera el PS, se inmolará por un gobierno con escaso respaldo. El próximo año habrá elecciones municipales y seguramente los carteles de propaganda mostrarán a los candidatos a alcaldes y concejales en compañía de los precandidatos presidenciales.

Por todo esto, la Presidenta tiene que ayudarse a sí misma si desea que otros la ayuden.Necesita pensar en el conjunto del país más que en la NM, y eso implica corregir lo que sea necesario para restablecer la confianza. Hay que apostar por el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

Los recursos del Estado deben focalizarse en la atención de las necesidades de los sectores más vulnerables, en primer lugar el mejoramiento de la salud pública. Es urgente salvar a los colegios públicos antes de que se queden sin alumnos. Se requiere una acción mucho más eficaz contra la delincuencia. Hay que avanzar con las leyes de probidad y transparencia. ¡Y decirle de una buena vez a los chilenos que no habrá una nueva Constitución bajo este gobierno y que lo mejor es que ello sea resuelto por el próximo Congreso!

Quizás nada provoca mayor inquietud en la población que la posibilidad de que se genere una situación de desgobierno. Y ese temor puede ser alimentado por la confusión sobre el rumbo que seguirá el gobierno, los pronunciamientos equívocos y las idas y venidas sobre las metas de este período. Un gobierno errático simplemente no inspira respeto.

Para que no se debiliten la gobernabilidad y la estabilidad, es vital que las fuerzas de gobierno y de oposición actúen con sensatez y sentido nacional, cualesquiera que sean las circunstancias.

Esa es la realidad, y debe ser doloroso reconocerlo para la mandataria, que se había acostumbrado al aprecio de la mayoría de los chilenos. Por cierto que lo ocurrido no se explica solo por el cariño o la falta de cariño, pero está probado que los sentimientos gravitan decisivamente en las mareas sociales y políticas. Y no existen los cariños incondicionales.

Nada ha alimentado tanto los sentimientos negativos de mucha gente como la impresión de que las promesas de campaña carecían de sustento. El sentimiento de engaño es muy intenso.

Expresión de ello es la caída del apoyo de las mujeres a la Presidenta, que pareció incombustible por largo tiempo. Empezó a bajar igual que el apoyo de los hombres desde septiembre/octubre de 2014, cuando muchas madres que enviaban a sus hijos a un colegio particular subvencionado por considerarlo un poco mejor que los municipales, en el que por lo menos había orden y las clases no se interrumpían con paros y tomas, se dieron cuenta de que la Presidenta quería cambiar eso sin ofrecer verdaderas garantías de que habría una “educación pública, gratuita y de calidad”.

Y tenían razón para desconfiar: las escuelas municipales no han mejorado en nada en este período. Incluso, se siguen retirando alumnos por efecto del paro de profesores.

El 65% de desaprobación a la gestión del gobierno habla por sí solo. Es muy grande la desilusión por el rumbo errático, las improvisaciones y los errores del gobierno, que se hicieron más patentes debido a que la retórica oficialista partió anunciando poco menos que el inicio de una era luminosa.

Es útil recordar el tono soberbio y sentencioso que usaban algunos senadores y diputados de la Nueva Mayoría en las primeras semanas: embriagados por la mayoría obtenida en el Congreso, se sentían llamados a cumplir una gran misión. Los ministros de La Moneda anunciaban que el país no volvería a la democracia de los consensos, lo que daba a entender que el oficialismo no se molestaría en escuchar a los opositores. Deberá figurar en la historia de la Cámara la aprobación por parte de los diputados oficialistas del proyecto de reforma tributaria con disciplina “militar”, sin discusión, casi golpeando los tacones.

La exaltación refundacional impidió una gestión realista, que concentrara los esfuerzos y los recursos en las necesidades principales. Extrañamente, los redactores del programa creyeron que la economía tenía un piloto automático y crecería sin problemas, por lo que solo había que preocuparse de cómo gastar la plata. El choque con la realidad fue violento.

El crecimiento de 2015 difícilmente superará el 2%; la inversión privada ha experimentado la caída más aguda desde 1986; el déficit fiscal podría llegar a 3%; la inflación en 12 meses va en 4,4%, lo que supera la meta del Banco Central; el desempleo está en 6,6% y con tendencia al alza; la recaudación fiscal será 2,9% menor a la programada, etc.

Está visto que ningún programa es la Biblia, que no se construyen políticas públicas sólidas sobre la base de consignas, que no basta con decir que un proyecto es progresista para que lo sea en realidad, en fin, que la chapucería legislativa se paga muy caro.

No hay forma de liberar de responsabilidad a la Presidenta por lo ocurrido. En nuestro régimen político, el gobernante dispone de amplias atribuciones constitucionales para definir el rumbo, armar los equipos y fijar las prioridades. En consecuencia, tiene que responder por los resultados.

Por cierto que la mandataria no es la única responsable de lo ocurrido. Los dirigentes de los partidos no pueden lavarse las manos. Se podría elaborar una antología de las declaraciones rimbombantes de senadores y diputados oficialistas que llamaban a ser leales con el programa como si este hubiera sido la Biblia.

¿Y qué decir de los intelectuales que fueron los inspiradores del “otro modelo”? Algunos de ellos llegaron a oponerse a la focalización del gasto público en los sectores más vulnerables, porque a su juicio lo mejor era –como si Chile fuera Noruega o Canadá-, subir los impuestos para asegurar “la universalidad de los bienes públicos”. Ellos fueron los padrinos del disparate de la gratuidad universal en la educación superior, que resultó ser, además, un auténtico volador de luces. O sea, ingeniería social despegada de la realidad.

Es meritorio que la Presidenta haya resuelto dar un giro hacia el realismo, lo que implica reconocer que no podrá cumplir todo lo prometido. Pero ello debe traducirse en opciones claras. El gobierno debe empeñarse en despejar los factores de desconfianza y reactivar la economía, dar una respuesta contundente a la delincuencia, atender las necesidades más urgentes en el campo de la salud, elevar la calidad de las escuelas municipales antes de que se queden sin alumnos.

No hay espacio para experimentos de resultado incierto. Las concesiones al populismo han causado demasiado daño. Sería lamentable mantener la ambigüedad respecto del asunto de la Constitución, que lo mejor es que sea abordado por el próximo Congreso.

La Presidenta debe marcar un rumbo que reduzca la incertidumbre y asegure la gobernabilidad, aunque eso no sea comprendido por todos los miembros de la Nueva Mayoría.Guillermo Teillier, presidente del PC, acaba de decir: “en el cónclave veremos si la Nueva Mayoría puede continuar o no hacia adelante” (LT, 19/07). A ese punto hemos llegado.

Cada partido responderá ante el país por lo que haga o deje de hacer. La misión de la Presidenta tiene que estar por encima de los cálculos partidistas. Ella es la jefa del Estado, tiene un mandato ante el país en su conjunto y debe ejercer sus atribuciones plenamente.

Si quiere ser respetada, no puede dejarse intimidar. Su obligación es proteger el interés colectivo en cualquier circunstancia, para lo cual debe estar dispuesta a tomar las decisiones que sean necesarias para que Chile recupere la posibilidad de progresar.

En el fondo, los ciudadanos –sobre todo, las mujeres-, habían establecido un nexo emocional con ella, cuyos orígenes parecían claros: era la hija del general Bachelet, una víctima de la dictadura; ella misma había sufrido los rigores de la represión pinochetista; había sido ministra de Salud y de Defensa del Presidente Lagos y su primer gobierno siguió la fructífera senda de los gobiernos concertacionistas y consiguió logros significativos en materia de protección social.

Ese fue el capital que le permitió ganar con 62% la elección de 2013. Los electores le entregaron un voto de confianza a ella, no a su conglomerado. Votaron por la inclusión social y contra las desigualdades, pero no por un programa que pocos habían leído, y menos por proyectos de ley que ni siquiera existían.

Lo determinante fue el vínculo afectivo con una mujer hacia la cual, hay que insistir en ello, había crecido una corriente de simpatía que ya desearían tener muchos gobernantes. No cabe duda que un gobernante que empatiza fácilmente con la gente tiene una gran ventaja. Eso no es suficiente para gobernar bien, pero mientras dura se le facilitan las cosas.

Esa buena voluntad hacia Michelle Bachelet ya no existe. Se rompió el vínculo afectivo de ella con la mayoría de los chilenos. La valoración de sus atributos personales se vino abajo en las encuestas. La empatía ya no funciona y la credibilidad está muy dañada. Más aún: ha crecido la mala voluntad hacia ella, incluso la tendencia a “no perdonarle nada”, lo que podría llevar incluso a no reconocerle nada y no creerle nada. La política puede ser muy cruel.

La primera causa de lo ocurrido es que ella y sus colaboradores efectuaron un diagnóstico errado de la realidad nacional, del cual surgió un programa marcado por la idea de efectuar un gran viraje en la vida del país, cuyo fundamento era hacer crecer el peso de “lo estatal” en todos los ámbitos.

En 14 meses, se demostró que no era suficiente hablar de “transformaciones estructurales” para que el país fuera más igualitario. Las reformas debían estar bien concebidas y representar un progreso claro, y a poco andar la mayoría percibió lo contrario en el caso de la reforma tributaria y la educacional.

La Presidenta pagó muy caro el impacto público de los negocios de su hijo y su nuera, como también de su propia dificultad para articular una posición coherente al respecto. A ello se agrega ahora el “factor Martelli”: en los próximos días, el encargado de la caja pagadora de la precampaña presidencial de Bachelet declarará ante los fiscales, y ello puede acarrear un nuevo sismo político

En tal contexto, el Mensaje del 21 de mayo no fue lo que se necesitaba para enfrentar la crisis de confianza. Mostró solo un incipiente esfuerzo por reconocer las dificultades y ajustar la hoja de ruta del gobierno. Se esperaba la concreción de un plan que alentara más resueltamente la inversión privada, el crecimiento económico y la creación de empleos, pero eso implicaba aclarar qué pasará con la reforma laboral, frente a la cual hay muchas dudas.

Faltó un eje articulador en la lista de anuncios. El cambio de gabinete todavía no se nota respecto del estilo de gestión. Es positivo que el Mensaje haya anunciado diversos beneficios para los sectores más desprotegidos, pero si la economía no rinde lo suficiente, las medidas de protección no se sostendrán.

En la campaña, hubo demasiadas promesas que el Estado no está en condiciones de financiar, de las cuales la más notoria fue la que ofreció “gratuidad universal en la educación superior”. El año pasado, entrevistada por Cooperativa, la Presidenta dijo que en 2016 habría “gratuidad para todos y todas”. Pues bien, el gobierno no podrá hacer realidad esa promesa desmesurada y, por consiguiente, quienes creyeron en ella se sentirán estafados. La lección es rotunda: no se deben hacer promesas que no se pueden cumplir.

Sobre la Constitución, la Presidenta dijo en el Mensaje: “Llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Ello debe ocurrir en el contexto de un Acuerdo Político Amplio, transparente y de cara al país, que sostenga este proceso”.

¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sentido tienen los adjetivos incidente, institucional, legítimo, confiable, transparente? Por si fuera poca la confusión, ciertos diputados entusiastas insisten en pedirle a la Presidenta que llame a un plebiscito para avanzar hacia la asamblea constituyente. Es un regalo envenenado. Cualquier plebiscito en las actuales condiciones, sería una oportunidad para manifestar la desaprobación a la propia Presidenta.

A la mandataria parece preocuparle sobremanera mantener a su lado a los 7 partidos de la Nueva Mayoría. No es sencillo porque se trata de un conglomerado muy heterogéneo. Para conseguirlo, trata de no incomodar a ninguno de los partidos. O sea, equilibrio precario, hasta que dure. El problema es, por supuesto, cómo juzgan esta situación todos los chilenos que no tienen cercanía alguna con la Nueva Mayoría.

El tiempo útil que le queda al gobierno son dos años: en mayo del 2017 la suerte estará echada y los candidatos presidenciales taparán al gobierno. Hay que aprovechar ese tiempo para realizar una gestión realista, que estimule la actividad económica y atienda las necesidades de seguridad, salud, educación, previsión. Chile tiene fortalezas que hay que potenciar, para lo cual el gobierno debe fomentar los grandes acuerdos.

La agenda de probidad y transparencia es una oportunidad para sanear el financiamiento de la política, combatir la corrupción y mejorar las instituciones de fiscalización. Si allí se consiguen avances reales, estos serán más importantes que varias reformas del programa.

¿Recuperará autoridad la Presidenta? Ojalá sea así, pero nadie puede garantizarlo. Las revelaciones sobre las platas de su campaña pueden provocar nuevos problemas, frente a los cuales es deseable que el gabinete que encabeza el ministro Jorge Burgos sepa actuar con cabeza fría, y por supuesto con la verdad.

Es lo que han propuesto algunos parlamentarios como vía para elegir luego una asamblea constituyente de la que, supuestamente, saldría una mejor Constitución.

A esos parlamentarios, dicho sea de paso, no se les pasa por la mente la idea de poner sus cargos a disposición de ese eventual “poder constituyente”, y no les preocupa la posibilidad de que Chile tenga dos Parlamentos. Con gran desaprensión, los presidentes de las comisiones de Constitución del Senado (A. de Urresti) y de la Cámara (L. Soto) le pidieron hace poco a la Presidenta Bachelet que llame a ese plebiscito que supuestamente le haría bien a su gobierno y al país.

Cuando la presidenta de la CUT dice “legislar”, se deduce que apela a los poderes Ejecutivo y Legislativo. En este caso, se trataría de materializar otra reforma a la Constitución vigente, que se sumaría a las decenas de reformas aprobadas desde 1989. Incluso del discurso del 28 de abril se desprende que la Presidenta propondrá nuevas reformas constitucionales, como el límite a la reelección en los cargos de representación popular, la pérdida del cargo parlamentario y la autonomía del Servel.

Como sabemos, los plebiscitos consisten en responder SI o NO a una determinada consulta, y siempre será determinante quién la redacta. Pero también es posible imaginar una consulta con varias alternativas. Es claro que la elección de una asamblea constituyente sería una de ellas.

Otra podría ser el proceso de “diálogos, debates, consultas y cabildos” que propuso la Presidenta, aunque no precisó cómo se haría eso. Y otra que el Congreso y el gobierno definan un texto, que luego sea ratificado en un referéndum.

Supongamos que el Congreso y el gobierno alcanzan el improbable acuerdo de realizar el plebiscito este año, y que gana la opción de elegir una asamblea constituyente. Como esta no figura en la Constitución, el Legislativo y el Ejecutivo tendrían que consensuar un modo de concebirla en términos legales, lo que no sería sencillo. Habría que precisar, por ejemplo, cuántos integrantes tendría la AC y cómo serían elegidos, si a través de listas nacionales o con representantes de los distritos y circunscripciones electorales. ¿Cuándo serían elegidos? ¿Este año también, o el próximo junto a los alcaldes y concejales, o el 2017 junto al Presidente y los parlamentarios?

Antes de elegir la asamblea, en la que se supone que participarían todas las fuerzas políticas que tienen existencia legal, sería indispensable aclarar si los actuales senadores y diputados podrán ser también integrantes de ella, o si eso será incompatible.

Quizás los diputados de la “bancada por la asamblea constituyente” creen que podrían ocupar dos cargos a la vez. ¿Durante cuánto tiempo sesionaría? ¿Un semestre? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Más? Y una vez que concluya su tarea, ¿a qué órgano institucional le entregaría el nuevo texto? ¿Al Congreso? Y este, ¿podría rechazar ciertas disposiciones? ¿A la Presidenta? Y ella, ¿podría modificar el texto?

La AC podría, por ejemplo, acordar que haya un parlamento unicameral, o establecer un régimen parlamentario, o reemplazar el sistema unitario por el federal, o resolver que los jueces sean elegidos en votación popular, o fusionar las instituciones policiales, o fijar en 15 años la edad mínima para votar, etc.

¿Cómo se resolverían las diferencias entre la asamblea, el gobierno y el Congreso?¿Habría un período de presentaciones ante el Tribunal Constitucional?

¿Se pediría a la Corte Suprema que se pronuncie? Y mientras tanto, ¿cómo vería el mundo este enorme maremágnum?

Son muchas las preguntas que podrían formularse sobre los efectos que tendría el hecho de que el país se embarcara en un proceso intrincado y de resultado incierto. Por supuesto que es legítimo el debate constitucional, pero es indispensable proceder con rigor. Más allá de las consignas, lo responsable es considerar el contexto político, económico y social de hoy. En política, parece aconsejable no dar un paso sin pensar en cuáles serán los siguientes

Lo que se está proponiendo es una vía de polarización política que, además de ser dañina para nuestra convivencia, no le conviene en ningún caso al gobierno.

¿No han considerado los partidarios del plebiscito la posibilidad de que, independientemente de la pregunta que se haga, la consulta adquiera el carácter de un referéndum sobre el gobierno de la Presidenta Bachelet? Podría ser la oportunidad para que se unan todos los que desaprueban su gestión. Eso sí que es serio.

Si de todo esto surgen mejores formas de proteger el interés colectivo, controles más eficaces de la probidad e instituciones mejor equipadas para aplicar las leyes, habrá valido la pena el trago amargo. Pero para eso es indispensable que prevalezca el sentido nacional y no la mezquindad corporativa. Las propuestas de la comisión Engel pueden ser el punto de partida para sanear la política y levantar mejores defensas contra la corrupción.

Ha llegado el momento de dar una batalla frontal contra el tráfico de influencias, práctica de la cual el caso Caval parece ser paradigmático. Cada detalle que se va conociendo del negocio de las tierras en Machalí lleva a pensar que aquí actuaron varias personas “desinhibidas”. La nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, podría ser sometida a proceso, y no se puede descartar que Sebastián Dávalos también lo sea: lo concreto es que mucha gente se pregunta qué hizo y no hizo él durante el año que tuvo oficina en La Moneda.

Por si fuera poco, otro fiscal investiga ahora a Caval por su asesoría a una empresa que ganó licitaciones en los hospitales públicos. Todo esto lleva a pensar que Caval era una empresa que operaba con “ventajas comparativas”.

Tenemos que evitar que nuestra convivencia se degrade por la vía de difundir infundios o acusaciones gratuitas, entre otras cosas porque ello ayuda a escabullirse a los que sí han cometido delitos.

En este sentido, hay que aplaudir que, por fin, el Ministerio Público haya tomado la iniciativa para perseguir las responsabilidades comprometidas en el “negocio de la basura” en algunos municipios. Los allanamientos en Maipú y Cerro Navia indican que la investigación va en serio.Era vox populi este maloliente asunto, en el que podrían estar envueltos algunos parlamentarios, pero no se había hecho nada al respecto. La situación cambió con la nueva fiscal, y eso merece ser valorado.

Para enfrentar la crisis de confianza, haría falta un gobierno con mayor autoridad política, que no tuviera que estar dando explicaciones sobre los antecedentes de sus funcionarios. Por desgracia, no es así. Hay un gabinete muy desgastado, con algunos ministros preocupados sobre todo de mantenerse en el cargo. Finalmente, ella tendrá el equipo que quiera tener, y asumirá las consecuencias. Con su propio liderazgo debilitado, su espacio de maniobra es reducido. ¿Cuál es el límite? El desgobierno, naturalmente.

La prioridad política es hoy la gobernabilidad, y eso exige que el Ejecutivo inspire respeto. Solo así podrá liderar la batalla por la transparencia y la corrección de procedimientos. El 21 de mayo es la oportunidad para que la Presidenta le aclare al país sus intenciones y sus planes. No sirve un discurso como los de campaña. Lo que hace falta es una hoja de ruta realista, que tenga en cuenta que es muy alta la desconfianza.

Si ella insiste en que lo importante es “cumplir el programa”, debe tener claro que la mayoría de los chilenos tienen legítimas dudas al respecto. Pasó al primer lugar de la agenda algo que no estaba en el programa: la exigencia de sanear las prácticas políticas. Y la evaluación final de la Presidenta dependerá en gran medida de lo que haga en ese terreno.

Ha llegado el momento de establecer el financiamiento público de los partidos, con aportes acotados de las personas, lo que permitirá fiscalizar los ingresos y gastos. Ese será un golpe al poder de los “grandes accionistas”, los cuales, gracias a su condición de recaudadores de los aportes privados, construyeron grandes redes clientelares.

Varios senadores ilustran lo anterior: son verdaderos señores feudales en su región, ponen y sacan funcionarios en las secretarías ministeriales, intendencias y gobernaciones, imponen a sus incondicionales como candidatos a alcaldes y diputados, etc.

Queda mucho por hacer para que el Estado resista mejor las presiones y defienda más eficazmente el interés colectivo. Hay que impedir que el Estado sea capturado por partidos, gremios, empresas de lobby u otros grupos de interés. Ello exige transparentar todos los contratos en el aparato estatal, terminar con la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, sancionar cualquier falta a la probidad, etc.

Depende en primer lugar de la Presidenta que el país pueda superar la crisis de confianza y mejorar sus instituciones. Este año será muy agitado, con demandas múltiples y desfiles de todo tipo. Se necesitará, pues, una conducción coherente y firme, que dé certidumbre a la población de que el gobierno actuará con sentido republicano y buen criterio, ajeno a cualquier tentación populista.

Todo sugiere que en las listas de SQM aparecerán moros y cristianos, vale decir tanto integrantes de la Nueva Mayoría como de la Alianza, actuales parlamentarios, allegados suyos e incluso ministros. También están siendo investigadas las empresas Ripley, Corpbanca y Alsacia, y nadie sabe lo que pueda surgir de allí.

¿Es reciente esta modalidad de financiamiento de la política? No lo es, y se supone que el SII no lo ignoraba. Lo concreto es que dicho sistema se hunde hoy ignominiosamente, y las consecuencias políticas están a la vista. La percepción predominante en la sociedad chilena es que en este asunto no hay inocentes.Pues bien, ha llegado la hora de cortar los turbios nexos entre el mundo de la política y el mundo de los negocios, uno de cuyos efectos más corrosivos ha sido volver borrosas las fronteras entre lo público y lo privado.

¿Hasta dónde llegarán las investigaciones del Ministerio Público? Nadie lo sabe. Solo hay que señalar que esta es una oportunidad para que Chile avance en materia de probidad y transparencia. La sanción de las ilegalidades nos hace bien como país y permite reforzar el sentido de decencia.

El fracaso de la operación política destinada a obstaculizar la investigación del caso Soquimich, que incluyó una maniobra ante el Tribunal Constitucional, aporta una advertencia definitiva: cualquier intento de tapar las ilegalidades de los amigos no solo será estéril, sino que además acentuará la condena social.

En todo caso, corresponde reafirmar el principio de que nadie puede ser condenado anticipadamente. Ni los fiscales ni los jueces pueden actuar arbitrariamente. Ningún funcionario, por alto que sea su cargo, es la encarnación de la justicia. El Estado de Derecho exige que hasta los fiscales sean fiscalizados.

Debemos celebrar la capacidad de reacción que ha mostrado la sociedad chilena frente a la faltas contra la probidad, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, las negociaciones incompatibles, el cohecho, el nepotismo, los contratos con trampas, los intercambios de favores entre el sector público y el privado, en fin, todo aquello que crea el caldo de cultivo para la corrupción. Un dato revelador es que cada día pesan menos los alineamientos políticos al momento de condenar las trapacerías.

En esta situación, en la que sobran los motivos de desconfianza, mucha gente observa los pasos de la Presidenta Bachelet. Es evidente que el caso Caval afectó su liderazgo y acentuó la desaprobación a su gobierno. Precisamente por eso, ella tiene que dejar en claro que cumplirá con sus deberes constitucionales por encima de cualquier consideración familiar.

La evaluación sobre su gestión dependerá decisivamente de cómo actúe frente al caso que compromete a su hijo, cuya investigación todavía puede reservar momentos desagradables. Por el bien de Chile, lo deseable es que cumpla sus 4 años de mandato en las mejores condiciones posibles.

La primera exigencia de todas las fuerzas políticas es defender sin vacilaciones los procedimientos constitucionales y legales, sostener la autoridad de los tres poderes del Estado y velar por la gobernabilidad. Todos los sectores deben colaborar para que el país encuentre una salida racional a la situación presente, que permita neutralizar el riesgo de una crisis institucional. El lenguaje tremendista no sirve para ello.

Tenemos que perfeccionar las instituciones, en particular los mecanismos destinados a garantizar la corrección de procedimientos tanto en el ámbito público como en el privado. Será mejor si los partidos impulsan un gran cambio en el terreno de la ética como requisito para regenerar la política, y conseguir entre otras cosas que los ciudadanos valoren el derecho a voto.

Ello exige que se conviertan en instituciones sometidas a rigurosa fiscalización, en las que no existan los “accionistas mayoritarios”. Corresponde establecer el financiamiento público de la política, y permitir solo el aporte privado de las personas, no de las empresas.

No olvidemos que la democracia es vulnerable. Hoy no se divisa una amenaza sediciosa, pero los riesgos pueden venir por otro lado: el desprestigio de los políticos, la demagogia y el desgobierno.

Todo ello ofrece terreno propicio al populismo, que hoy se manifiesta en fórmulas estridentes que son solo apariencias de solución para los problemas del país, como la consigna de la asamblea constituyente, sobre la cual sus voceros se cuidan de no entrar en detalles. Tiene mucha razón el ex Presidente Lagos al decir: “Nada se puede construir desde fojas cero. Los países progresan gradualmente, no saltando de ruptura en ruptura” (LT, 29/03).

El 21 de mayo, la Presidenta tiene la oportunidad de proponer al Congreso una vía de superación de las dificultades. Lo primero es crear un clima de confianza y de diálogo, alentar el espíritu republicano y rechazar toda forma de politiquería. Será crucial que ella establezca una interlocución fluida con todos los sectores para articular políticas de Estado en la economía, la educación, la salud, etc.

Ha saltado al primer lugar de la agenda el reto de fortalecer la probidad, la transparencia y la corrección de procedimientos en el Estado, y consiguientemente perfeccionar los mecanismos de fiscalización. Pronto habrá que nombrar un nuevo Fiscal Nacional y un nuevo Contralor General.El país espera que sean personas de excelencia.

Para responder a las actuales exigencias, acrecentadas por el inmenso desastre del norte, la Presidenta necesita designar un nuevo gabinete, que sea políticamente fuerte y que defina con lucidez una hoja de ruta muy realista. Es la primera condición para superar la crisis de confianza y fortalecer la democracia.