1.- Se renuncia a revertir el calentamiento global, que constituye el objetivo de la Convención firmada en la Cumbre de Río en 1992. El objetivo ahora es evitar que la temperatura planetaria aumente más de 2 grados promedio, procurando no superar los 1,5 grados.

2.- Se creó un nuevo sistema de compromisos de reducción de emisiones, en base a “contribuciones nacionales” que cada país comprometió en París. Pero la suma de esos compromisos es insuficiente, pues no sólo no permite reducir las emisiones para resolver el cambio climático, sino que tampoco logra controlar el calentamiento en más 2°C. Los científicos han advertido que la suma de los compromisos de reducción, implica que a fines de este siglo tendríamos un aumento de temperatura entre 2,7 y 3 grados Celsius. Un desastre climático.

3.- Los compromisos de reducción de emisiones acordados, no son  vinculantes. Su carácter voluntario implica que cada nación debe informar a Naciones Unidas como va con su compromiso, pero no hay multas ni sanciones si no cumple con ellos. Lo cual puede significar la ineficacia o fracaso del acuerdo.

4.- En París se avanzó hacia un sistema flexible de compromisos de reducción de emisiones, que incluye a los países industrializados y a los no industrializados, comprometiéndose un fondo de 100 mil millones de dólares para apoyar las acciones de los países  no industrializados. Pero este compromiso no quedó escrito en el texto del acuerdo de París.

Por todas estas razones las negociaciones de París no constituyen ninguna garantía para revertir el cambio climático o evitar que el calentamiento de la atmósfera continúe hasta más de 2°C, con  todos los impactos y fenómenos extremos que conlleva.

Por eso, se requerirá más que nunca la intervención de  los ciudadanos, tanto para presionar a los Estados a cumplir los compromisos voluntarios realizados en París, como también para concretar nuevas acciones que permitan mantener al año 2100 las condiciones de vida en nuestro planeta, al menos, como hoy las conocemos.

Chile por su ubicación geográfica en la zona andina de América del Sur, posee el 80% de los glaciares de este continente, los que cubren una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte de ellos en Aysén y Magallanes. En la zona norte y centro del país la cantidad de glaciares es menor, pero justamente por ser regiones más áridas, estos cumplen una función criíica para la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Respaldan la provisión de agua potable, el riego agrícola, la mantención de los ecosistemas y todas las actividades económicas del país.

Por esta razón, ya en 2005, ante la amenaza del proyecto minero Pascua Lama, sobre los glaciares de la cuenca del río Huasco, organizaciones ecologístas, mediante el “Acuerdo de Chagual”, acordaron con la entonces candidata Michelle Bachelet, una ley marco para la protección de glaciares. Pero el poderoso sector minero, encabezado por el Consejo Minero, abortó dicha legislación, a pesar de existir una propuesta encomendada por el gobierno y 3 proyectos ingresados a tramitación por diversos parlamentarios. Ni Bachelet, ni su sucesor Sebastián Piñera, expresaron voluntad política para proteger estas importantes reservas de agua dulce.

Diez años después, y al calor de la discusión sobre la expansión de faenas de Codelco Andina 244, sobre varios glaciares en la cuenca del río Aconcagua, un conjunto trasversal de parlamentarios, apoyados por organizaciones ecologistas, ingresaron a tramitación un proyecto de Ley de Protección y Preservación de Glaciares el 20 de mayo de 2014, constituyéndose una “Bancada Glaciar”, cuyos miembros, liderados por el diputado Daniel Melo (PS), fueron las diputadas Camila Vallejo (PC), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI); y los diputados Giorgio Jackson (RD), Vlado Mirosevic (IND), Luis Lemus (PS) y Patricio Vallespín (DC).

En respuesta a dicha iniciativa política, el 21 de mayo de 2014, en su Mensaje a la Nacion, la presidenta Bachelet anunció la presentación de un proyecto de ley para “proteger los glaciares y su entorno”. Pero esta segunda promesa de Bachelet además de tardar más de 10 meses en llegar al Congreso, solo incorporó la protección de los glaciares ubicados  en parques nacionales, los cuales ya están protegidos por la Convención de Washington ratificada por Chile el año 1967.

La suerte de todos los demás glaciares, según la ley del gobierno, quedaría  sometida caso a caso, a merced del sistema de evaluación ambiental, que actualmente evalúa el impacto de proyectos sobre los glaciares, y establece  condiciones que no aseguran su protección. Tal como se ha evidenciado en los casos de Pascua Lama, Pelambres, Andina y Los Bronces, en cuyas áreas de operación, según los glaciólogos Azocar y Brennning, al año 2010 ya  se habían destruído más de 3 kilómetros cuadrados de  glaciares, provocando una pérdida de reservas de agua dulce, equivalente a 34 millones de metros cúbicos.

Por esta razón, los parlamentarios no aceptaron el texto del Ejecutivo, y formularon cambios a la ley, la cual debió empezar a votarse el pasado 10 de junio, en  la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, según indicaba la citación. Pero en lugar de ello, se permitió la exposición de la Dirección General de Aguas, para explicar como dicho servicio catástra y mide el derretimiento de los glaciares, lo cual sumado a las preguntas de rigor de los parlamentarios, impidieron dar inicio a la votación de la Ley.

Ante este escenario, fue el diputado Daniel Melo, secundado por las diputadas, Camila Vallejos y Cristina Girardi, quienes llamaron al gobierno a  no frenar  la votación de la ley de Glaciares, pues ello significaría ceder ante las presiones del Consejo Minero, gremio  que se opone a la protección de los glaciares.

Parlamentarios de todas las corrientes políticas,(desde la UDI al  partido Comunista), han levantado la voz para proteger los glaciares e ingresado indicaciones para reemplazar la propuesta del gobierno, por un texto que proteja los 24.114 glaciares catastrados en el Inventario Nacional de Glaciares.

En tiempos de sequía y en que más de 600 mil personas se abastecen de agua potable con camiones aljibe, es imperativo resguardar los glaciares que cumplen funciones hidrogeológicas que son esenciales para la mantención de caudales. Por ello, una ley de Protección General de los Glaciares debe apuntar a resguardar estas reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en tiempos en que la sequía y el cambio climático afectan fuertemente  la provisión de agua en nuestro país.

Las organizaciones ciudadanas por su parte, han informado que la propuesta del gobierno  deja fuera la protección de los glaciares  en las regiones donde existen explotaciones mineras, por lo cual se presume se perpetuaría la destrucción de glaciares que Barrick, Antofagasta Minerals, Codelco y Anglo American provocan  en las cuencas de los ríos Huasco, Choapa, Aconcagua y Mapocho, de las cuales depende la seguridad hídrica para agua potable y riego de las zonas más densamente pobladas del país.

Esta situación no es aceptable, el gobierno debe tomar la responsabilidad de parar la destrucción de glaciares  en nuestro país, tal como lo ha hecho Argentina al otro lado de los Andes. No puede seguir permitiendo  la explotación minera  en áreas de glaciares, pues en los hechos ampara la destrucción de nuestras reservas  de agua  entre  Atacama y la Región Metropolitana, las zonas más afectadas por la escasez hídrica y la desertificación.  

La sobrevivencia y bienestar de la sociedad chilena y el desarrollo nacional, es posible racionalizando la explotación minera, pero  no es posible sin agua. Esta  es la disyuntiva que enfrenta la sociedad chilena  al  momento de legislar para proteger sus glaciares.

Tras un periodo prolongado de sequía y con gobiernos que no avanzan en políticas públicas para resolver el problema de acceso, protección y derecho humano al agua, conflictos por el agua se repiten a lo largo de todo el país en ríos como el Lluta, Loa, Copiapó, Huasco, Limarí, Choapa, Petorca, Aconcagua, Maipo y Tinguiririca entre otros, donde se reproduce la confrontación entre grandes inversiones (principalmente mineras e hidroeléctricas) y las necesidades de las personas y sus actividades económicas locales. La rebelión de Salamanca y el valle del Choapa a inicios de marzo y la larga epopeya de Caimanes es uno de los casos más dramáticos.

Hoy la sociedad chilena se encuentra convulsionada por conflictos de interés entre el poder económico y el poder político y el agua no ha estado exenta de sufrir los embates de esta peligrosa relación.

En la mayor parte de estos conflictos por el agua, se evidencia tráfico de influencias, discrecionalidad administrativa y variados vicios en la toma de desiciones sobre el acceso y uso de las aguas. Es así como el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner está siendo investigado por operar en favor del proyecto minero Dominga, aprobado en una zona decretada de escases hídrica, mientras los tribunales exigen a Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, devolver el agua al pueblo de Caimanes, entre otros siniestros casos.

La escasez hídrica es multifactorial. Además de la sobreexplotación de las cuencas autorizada por funcionarios del Estado y la intensificación de un modelo productivo extractivista como la minería, Chile es uno de los países que más se ha visto afectado por el Cambio Climático. Desde 2008 sufrimos un proceso largo de sequía que ha mantenido una reducción de 30% a 50% de las precipitaciones dependiendo de la región.  La Comision Económica para America Latina (CEPAL) proyecta entre 2040 y 2070 un aumento en la probabilidad de ocurrencia de sequía en el centro norte y el sur de Chile.

Según la Dirección de Meteorología de Chile existe un déficit pluviométrico importante en el país evidenciado en los registros de las estaciones en Arica, Calama, Valparaíso, Santiago, Juan Fernández, Curicó, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas. Adicionalmente el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia -(CR) {+2} – de la Universidad de Chile, estableció que este 2015 podría moverse entre normal o más seco de lo normal en cuanto a hidrología por lo que completaríamos cinco años continuos de escasas lluvias.

Esta falta de precipitaciones, sumada a la degradación de las cuencas por sobre otorgamiento y sobrexplotación, ha gatillado la dictación de 6 Decretos de Zona de Escasez Hídrica: en la región de Valparaíso en las comunas de San Felipe, Panquehue, Llay Llay, Limache, Concón, Putaendo, Santa María, Catemu, Olmué y en las provincias de Los Andes, Quillota y Petorca; en la región de Coquimbo en las comunas de La Higuera, La Serena, Vicuña, Coquimbo, Paihuano, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y la Provincia del Choapa; y en la región de Atacama en las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco.

Con estos antecedentes de escases hídrica, el ministerio de Hacienda propone agilizar la economía facilitando permisos a 15 proyectos de inversión minera (8 en Antofagasta, 6 en Atacama, 1 en Arica) mientras la Comisión Chilena del Cobre proyecta aumentos de 66% en el consumo de agua de la minería  del cobre entre 2014 y 2025.

Insólitamente el Gobierno y el empresariado minero no consideran la sequía estructural del país, los decretos  de escasez, los malos pronósticos meteorológicos, el cambio climático y la indigna situación de casi un millón de chilenos entre Arica y Chiloé, que subsisten dependiendo de camiones aljibe, al momento de decidir sobre la política pública y las inversiones, condenando a los chilenos a un desarrollo basado en la sobreexplotación y agotamiento de nuestras aguas.

Al respecto la presidenta Bachelet se comprometió en su campaña y nombró un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, pero su informe lleva 8 meses sin presentarlo a la opinión pública.

Comprometió también una reforma al Código de Aguas e ingresó un texto al Congreso, pero la reforma no está a la atura de los cambios legales e institucionales que se requieren y no tiene financiamiento. También comprometió el 21 de mayo pasado una ley para proteger los glaciares, pero envió al parlamento un texto que sólo protege aquellos que están ubicados en parques nacionales y condena a todos los demás a ser negociados caso a caso en el Sistema de Evaluación ambiental, el mismo que ha permitido la destrucción de glaciares en la cuenca del Huasco, Choapa, Aconcagua, Mapocho y Maipo.

En este contexto, Chile recibió el Día Mundial del Agua con sequía, desertificación, con conflictos por el acceso al agua y la ausencia de voluntad política para abordar los cambios estructurales para asegurar el cuidado de nuestro principal bien común que es el agua y los glaciares y el derecho humano al agua y la seguridad hídrica a todos los chilenos.

A pesar del atraso en su tramitación, en espera del patrocinio y la indicación sustitutiva del Gobierno, este cambio legal viene a responder a la actual crisis hídrica que sufre el país producto de  la aplicación por 30 años de un Código que entregó al mercado la gestión del agua, generando además de concentración de la propiedad, su asignación a las actividades con fines de lucro más competitivas, provocando problemas de acceso para las necesidades de subsistencia.

La prolongada sequía de los últimos cinco años ha intensificado este problema, al extremo que además de las graves limitaciones para las economías campesinas del norte y centro del país, hoy más de medio millón de chilenos carecen de acceso al agua potable. 

En el contexto de este marco jurídico  francamente inadecuado, la autoridad ha respondido a la crisis aumentando la distribución de agua potable mediante camiones aljibe desde Atacama a Chiloé, dictando desde 2008 más de 50 decretos de Declaración de Zona de Escasez entre las regiones de Coquimbo y el Maule (IV a VII); ha declarado el Agotamiento de Aguas Superficiales en once ríos y sus afluentes entre las regiones de Antofagasta y Bío-Bío ( II y VIII); además de establecer numerosas “Áreas de Restricción” para evitar nuevas extracciones de aguas subterráneas.

La reforma al Código de Aguas considera cambiar los derechos perpetuos de propiedad sobre las aguas en concesiones temporales, causales para limitar los derechos de aprovechamiento  en base a criterios de interés público y permite establecer reservas para servir necesidades de subsistencia de la población.

Aspectos claves de la reforma  ya aprobados por los parlamentarios son el establecimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento; las prioridades de uso del agua para actividades de subsistencia y preservación de ecosistemas y la integridad de tierras y aguas en el caso de territorios indígenas.

El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento fue establecido por la Asamblea General de la ONU en 2010 y Chile votó a favor de este nuevo derecho, pero no legisló para su aplicación sino 4 años después.

Fue en ese contexto que en marzo de 2011 los diputados Accorsi (PPD), De Urresti (PS), Molina (UDI), Sepúlveda (Ind), León (DC) Teillier (PC), Meza (PRSD), Jaramillo (PPD), Pérez (RN) y Vallespín (DC) ingresaron a tramitación un proyecto de Reforma el Código de Aguas para priorizar el uso del agua para agua potable, producción de alimentos, protección de caudales y actividades de subsistencia; también perfeccionó los caudales ecológicos y liberó del pago de patentes a comunidades indígenas, campesinos y asociaciones de agua potable rural.

La urgencia de un cambio al Código de Aguas no sólo se debe al deber de implementar el mandato de la Asamblea General de la ONU, sino que responde a las crecientes movilizaciones ciudadanas por la recuperación del agua como un bien común y a las  recomendaciones realizadas por el Banco Mundial, que en 2013 encargó hacer cambios profundos a las normas e instituciones que rigen las aguas en Chile.

Tras años de espera, el pasado 7 de enero del 2015, se inició la votación de la reforma en la Comisión de Recursos Hídricos, Sequía y Desertificación de la Cámara de Diputados.En las primeras sesiones los diputados aprobaron un nuevo estatus para el agua como bien público y derecho humano que debe ser garantizado por el Estado.Luego se aprobaron las funciones prioritarias de las aguas, para subsistencia,  preservación ecológica, y la obligación del Estado de priorizar esas funciones y usos esenciales, lo cual cambia en 180 grados el enfoque propietarista y mercantil del Código de Aguas vigente.

Hoy está en manos del Parlamento consagrar de verdad el agua como un bien público y  aprobar una ley que responda a las necesidades de la población, al desarrollo local y de las regiones  y a los desafíos que trae la sequía y el cambio climático.

La votación de la reforma al Código de Aguas hasta ahora ha caminado en la dirección correcta estableciendo el derecho humano al agua y la priorización de usos esenciales de agua potable, saneamiento, preservación ecosistémica y agricultura de subsistencia, todo lo cual debe ser garantizado por el Estado.

La tramitación de esta ley continuará esta semana y los diputados deberán resolver sobre la naturaleza de los derechos de aprovechamiento de agua que es el mayor problema a resolver en el Código de Aguas.

Las opciones son continuar con los actuales derechos de propiedad, entregados a algunos gratuitamente y a perpetuidad, o establecer concesiones temporales asociadas a los usos reales y condicionadas al uso eficiente, los caudales ecológicos y la satisfacción de las necesidades de subsistencia, tales como las domésticas, la agricultura familiar campesina y el cuidado de las fuentes hídricas.

La Resolución de Calificación Ambiental favorable entregada por los Ministros a este proyecto hidroeléctrico contradice todo el procedimiento realizado por la institución del Estado encargada de la evaluación técnica de los proyectos y se justifica exigiendo a la empresa un “programa específico de construcción y mantenimiento del canal de aducción” el cual deberá  ser aprobado por el SEA antes del inicio de las obras.

De esta forma el Comité de Ministros se convierte en el fiscal político de la institucionalidad ambiental para priorizar la inversión por sobre el pronunciamiento del servicio público al que compete la evaluación y los permisos,  retrocediendo a los tiempos en que las decisiones de inversión  dependían de meras decisiones políticas de la autoridad de turno.

La central hidroeléctricael Canelo, tuvo alta exposición pública por causa de la afectación directa al Monasterio de las Carmelitas Descalzas ubicado en la comuna de San José de Maipo y por el fuerte rechazo de la comunidad local y de las religiosas a dicha intervención en sus territorios.

No obstante, no es el primer caso de  intervención del Comité de Ministros durante el gobierno de Bachelet para desautorizar  la decisión del  Servicio de Evaluación Ambiental, y así priorizar inversiones rechazadas ambientalmente por el organismo evaluador, que la misma presidenta  Bachelet asistió crear en su anterior gobierno y que inició sus actividades durante el gobierno Piñera.

El 28 de  julio  el Comité de Ministros  revirtió el rechazo  de la Comisión de Evaluación ambiental de la Región de Tarapacá al proyecto minero Paguanta ; el 17 de noviembre el Comité ordena a la Dirección General de Aguas aprobar la reducción del  tiempo de recuperación  del acuífero “Piedra Pómez” para  viabilizar  la aprobación del proyecto minero Cerro Casale en la región de Atacama  y el 22 de diciembre aprueba  la hidroeléctrica el Canelo que el servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana había rechazado en el mes de julio.

Lo que se configura en estas decisiones es el hecho de que el Comité de Ministros  del ministerio de Medioambiente, constituido por una mayoría de ministros de los sectores productivos,de Minería, de Energía, de Agricultura y de Economía, actúan de organismo revisor del Servicio de Evaluación Ambiental, incorporando condiciones que permiten viabilizar proyectos  rechazados  o de facto aprueban proyectos rechazados por el  organismo  de evaluación ambiental.

También el Comité de Ministros visa las nuevas leyes, normas y políticas ambientales constituyéndose de facto en un comité político que  controla que las nuevas normas o la aplicación de la legislación ambiental se apliquen en la medida de que no inviabilicen o pongan condiciones molestas a los sectores productivos o  proyectos de inversión.  Ello configura una institucionalidad ambiental cautelada por los ministerios productivos, lo cual en este caso ha contribuido a deslegitimar el Sistema de Evaluación Ambiental.

Ningún otro ministerio en Chile tiene un Comité de Ministros que controle su accionar con este tipo de atribuciones. Tampoco se justifica su rol de supervisión dado que la nueva institucionalidad ambiental tiene una Superintendencia donde se puede reclamar sobre la aplicación de la Ley,  y tribunales ambientales si no existiese conformidad con las resoluciones administrativas.

De no resolverse  el cautelaje de  los ministerios productivos sobre la autoridad ambiental no será posible instalar verdaderas condiciones de sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional, lo cual es lamentable para la legitimidad empresarial y para la situación del  patrimonio ambiental  que  enfrentarán las futuras generaciones.

A esta manifestación de demandas ciudadanas por el agua, concurrirán comunidades y organizaciones que enfrentan escasez, problemas de acceso, usurpación, contaminación, agotamiento y degradación de recursos hídricos en las diversas regiones del país.

De facto los conflictos por el agua expresan, no sólo una situación crítica debido a los años de sequía, sino también, una crisis del marco jurídico vigente sobre un bien tan esencial como el agua.

No obstante este evidente problema en la gobernabilidad del agua, confirmado en todos los estudios nacionales e internacionales, incluidos los del Banco Mundial, el Estado de Chile no ha estado a la altura para enfrentarlo, con excepción de un consciente conjunto de parlamentarios que ha presentado en los últimos años una veintena de reformas al Código de Aguas y a la Constitución en materia de aguas.

Tal como ocurrió a partir de 2011 con las marchas sobre desarrollo energético y derecho a la educación, entre otros, crecientemente se amplifica la demanda por el derecho al agua y la recuperación de este bien público para todos los chilenos.

La marcha nacional programada para este sábado 26, se funda en idénticas demandas expresadas en la 1º Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua, realizada a inicios de 2013 y refrendadas por delegados desde Arica a Aysén, en el Cabildo Nacional por la Defensa del Agua y la Vida el pasado mes de octubre.

Siete son las principales demandas que expresa la sociedad chilena sobre las Aguas.Lo primero y central es la propiedad colectiva, el agua es vida y es de todos los seres que dependen de ella, y el rol del Estado no es asignarla en propiedad, sino garantizar bajo una lógica territorial, una gestión democrática, racional, equitativa y eficiente del agua.

La segunda demanda es el fin al lucro: el agua es un bien común y un derecho humano básico y debe ser consagrado como tal en la Constitución

En tercer lugar se demanda una forma de gestión comunitaria de las aguas, dado que los pueblos y comunidades tienen el derecho de decidir sobre sus modos de vida y proteger las aguas para su subsistencia física, económica y cultural, el desarrollo local y regional.

Por esto mismo, la demanda incluye la derogación de los instrumentos privatizadores como el Código de Aguas y el Tratado Binacional Minero que entregan la propiedad del agua como un derecho inalienable a las empresas con fines de lucro, a costa de los derechos, la subsistencia y sustentabilidad de las comunidades y economías locales.

Un quinta demanda clama por Leyes para la vida, es decir un marco institucional que proteja las cuencas y fuentes de agua y en especial los ambientes fragilizados como los glaciares y peri glaciares para preservar las nacientes de las cuencas y la continuidad y sustentabilidad de los flujos hídricos.

En sexto lugar se demanda una reestructuración institucional que termine con la concesión de derechos en cuencas que no se pueden recargar, que no sea funcional a la usurpación de aguas por parte de los más ricos y cómplice de la destrucción de los glaciares y las cuencas.

Finalmente se demanda el fin a la criminalización de organizaciones y dirigentes sociales que luchan por el acceso, protección y recuperación del agua, entre cuyas recientes víctimas se encuentra el secretario general de Modatima, enjuiciado por un ex Ministro de Estado.

Ante estas demandas es importante recordar que actualmente tenemos un marco legal que entrega gratuitamente y a perpetuidad las aguas a los privados sin ninguna prelación de uso; que parte importante de las cuencas y acuíferos subterráneos están sobreexplotados o agotados; que la ley hace difícil que la autoridad pueda denegar derechos y que una vez entregados estos derechos de agua, la autoridad no tiene atribuciones para intervenir.

Así las aguas quedan entregadas a una gestión basada en la oferta y demanda del denominado “mercado de aguas” donde el acceso está cerrado a quienes no pueden adquirirlo.

Chile enfrenta su cuarto año de sequía y un proceso sostenido de desertificación que afecta a casi el 70% del territorio nacional.

Las comunidades afectadas han debido afrontar la escasez, la falta de higiene, la segregación social y el deterioro en sus actividades productivas por no contar con este vital elemento y hoy reclaman la recuperación del agua para fines de interés público.

En el Parlamento existe consenso creciente respecto de la necesidad de reformas al Código de Aguas y a la Constitución y existen decenas de mociones parlamentarias, algunas de las cuales referidas al Código de Aguas, la protección de Glaciares y los Servicios Sanitarios Rurales se encuentran con votación avanzada en el Senado y la Cámara.El nuevo gobierno tiene hoy la oportunidad de patrocinar estas reformas y hacer los cambios que la ciudadanía exige.

La 2º Marcha Nacional por la Recuperación del Agua, es la expresión de estas demandas, tras las cuales existen cientos de conflictos e injusticias donde la ciudadanía reclama responsabilidad, voluntad y acción política.

De no mediar una pronta respuesta del sector político es claro que los conflictos en la gobernabilidad de agua se agravarán a niveles insospechados en el ámbito de la salud, la alimentación y la convivencia social, debido al contexto de mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático.

Según los expertos internacionales, el déficit en la disponibilidad de agua es el impacto más notable del cambio climático y asociado al alza de temperaturas y la baja de las precipitaciones

El Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, presentado hace pocas semanas, advierte sobre el alza de temperaturas, el retroceso de glaciares y baja en lluvias en nuestro continente.

Esperamos que el nuevo gobierno esté a la altura de la responsabilidad ética y política que enfrenta en materia de aguas.

Así, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara de Diputados, durante las próximas semanas.

Los senadores se abocaron al estudio en particular de los temas que habían quedado pendientes en la jornada anterior y que tenían que ver con la oposición u observaciones a las solicitudes de concesiones; notificación y toma de posesión de los predios; indivisibilidad de las concesiones; años de duración de las concesiones y la consulta a los pueblos originarios, además de la norma relativa al procedimiento para la difusión y conocimiento de las solicitudes de concesión.

Cada una de las decisiones tomadas en la Cámara Alta -con la valiosa oposición de los parlamentarios Alejandro Navarro (MAS), Antonio Horvath (RN), José Antonio Gómez (PRSD), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Quintana (PPD), Eugenio Tuma (PPD), Guido Girardi (PPD) y Pedro Muñoz (PS) – está sepultando las legítimas aspiraciones de la ciudadanía por oponerse al trazado de las empresas eléctricas que está respaldando el gobierno de Piñera.

Respecto de consulta a pueblos originarios, vinculado al convenio 169 OIT y aprobada por el Estado chileno, la votación mostró por 17 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención que ésta se puede hacer una vez aprobada la concesión y no antes, como se buscaba.

Pésima decisión, porque al no declararse admisible esta petición del senador Horvath para aplicar el Convenio 169 en el proceso administrativo, si bien el proceso de consulta indígena se hará, no tendrá el carácter de vinculante, razón por la cual será un mero gesto y no una condición para la concesión.

En el tema de la toma material de los predios, pasó con 16 votos a favor y 6 en contra.

Lo que esta norma permite es que, si la empresa que quiere hacer un tendido comprueba que pagó el valor del predio ante tribunales, tiene derecho a empezar las obras, independiente de que existan trámites judiciales pendientes. Y esto vulnera derechamente todo lo plasmado en el Código Civil, sentando un pésimo precedente para el futuro, porque además permite el auxilio de la fuerza pública.

Por otro lado, con 17 votos contra 4, se declararon inadmisibles las indicaciones que pretendían fijar un plazo específico para las concesiones eléctricas.

En la actualidad, la ley vigente establece un plazo indefinido y algunos senadores eran partidarios de acotarla a 10 años. Los senadores Gómez y Navarro pidieron mayores fundamentos para declarar inadmisibles estas indicaciones ya que en otros proyectos se ha legislado para acotar las concesiones.

No obstante, la solicitud no prosperó y se rechazaron las indicaciones; de este modo las concesiones eléctricas serán a perpetuidad como ocurre hoy con el agua, serán para siempre.

La Sala también se centró en definir quiénes serán las personas que tendrán derecho para realizar observaciones u oposiciones cuando una concesión eléctrica afecte sus predios o intereses.

En este aspecto se aprobó mantener el articulado original, que va en la dirección de establecer que sólo los dueños de esas localidades tendrían dicho derecho, dejando de lado la petición de varios diputados y senadores que plantearon ampliar esta facultad a otros individuos. Con su rechazo se dejó de lado la posibilidad de que reclamasen afectados directos de predios vecinos y organizaciones ciudadanas de todo tipo.

El debate que se de próximamente en la Cámara de Diputados junto con las presentaciones que se hagan ante el Tribunal Constitucional serán claves, como también será la capacidad de la ciudadanía para hacerse escuchar y oponerse a esta ley, porque acá nos están mintiendo con el argumento de que todo esto es necesario para el país porque nos falta energía, y no es así, lo que ocurre es que los empresarios del serctor han hecho un lobby feroz, porque quieren la seguridad de que sus iniciativas, como el tendido de HidroAysén, no vayan a judicializarse.

En el Senado, en tanto, se verá otra ley que entrega facilidades a las empresas eléctricas para obtener las servidumbres que les permitan construir líneas de transmisión.

Ambas leyes, aprobadas el miércoles pasado por las Comisiones de Energía del Senado y la Cámara, deberán ser revisadas y votadas ahora por las comisiones y el pleno de ambas cámaras.

El proyecto de ley que acelera el otorgamiento de concesiones eléctricas fue ingresado a tramitación en la Cámara en mayo de 2012, en un paquete legislativo que también incluyó el proyecto de “carretera eléctrica”.

Ambos fueron justificados por el gobierno bajo el argumento de que debían acortarse los plazos para el otorgamiento de servidumbres para construir líneas de transmisión eléctrica, pues de lo contrario, no se podría traer energía de regiones donde se genera a menor costo (como la del Bío-Bío) y por tanto seguiríamos pagando altos costos por la energía, perdiendo competitividad y retardando inversiones.

Este proyecto, que acelera el trámite concesional en beneficio de las empresas eléctricas se aprobó estrechamente en la Comisión de Energía del Senado, pues en las negociaciones con el gobierno no se logró resolver temas asociados a derechos constitucionales fundamentales, como son la oportunidad de la consulta indígena, la cual en virtud del Convenio 169 de la OIT debe aplicarse previo a los actos administrativos del Estado (en este caso, antes de otorgar el decreto de concesión).

Tampoco se logró establecer una prohibición expresa para cruzar áreas silvestres protegidas e indicar que el concesionario eléctrico deba buscar trazados alternativos con el objeto de cumplir con la ley de Áreas Silvestres Protegidas (aprobada, pero sin vigencia en la práctica), que se basa en la Convención de Washington que prohíbe actividades que impacten el ambiente y los valores paisajísticos en las áreas protegidas.

Además de estos dos temas de alto “interés publico”, en el proyecto de ley para el otorgamiento de concesiones el gobierno redujo al extremo las causales de oposición de los afectados por dichas concesiones, con el argumento de que la Superintendencia que entrega el derecho tiene atribuciones limitadas al sector eléctrico, y que la consulta a otros servicios “atrasaría el tramite concesional”.

Este argumento es inaceptable, pues de facto establecería que los organismos del Estado deciden unilateralmente sin tomar en cuenta el estado de derecho en el cual ejercen su autoridad.

Igual falacia se expresa en el proyecto al permitir al concesionario la toma material de los predios aunque existan acciones judiciales pendientes, lo cual significaría imponer las servidumbres en un marco de desigualdad frente a la Ley.

Por estas razones, los senadores José Antonio Gómez (PRSD) y Horvath (RN), votaron en contra de estos artículos en la Comisión de Energía, y mantienen su reserva sobre el proyecto.

Igual oposición existe en la Cámara, donde los parlamentarios de oposición lograron incorporar la obligación de desarrollar la consulta indígena antes de otorgar la concesión, así como a buscar alternativas de trazados para no afectar áreas silvestres protegidas (incisos cuarto y quinto nuevos del artículo 22), junto con dar de forma explícita cumplimiento a las normas legales y tratados internacionales ratificados por Chile.

Todo ello se está eliminando en el Senado y de ahí la imperiosa necesidad de que en la votación que ocurrirá esta semana los y las senadoras puedan reponerlo.

El otro proyecto a votar, también conocido como Ley 20/20, busca establecer una cuota de 20% de ERNC al año 2020.

Originalmente la iniciativa fue presentada por los senadores Horvath, Gómez, Rincón, Allende, Cantero y Orpis en 2010. Siendo rápidamente bloqueado por los sucesivos ministros de energía (Rainieri, Golborne y Echeverría), hasta que en enero de 2012, el cuarto ministro de energía que ha pasado por el Gobierno (Rodrigo Álvarez) lo desbloqueó, resultando aprobado unánimemente por el Senado.

Mantenido el texto por un año y medio sin tramitar en la Comisión de Energía de la Cámara, el proyecto fue finalmente votado el pasado miércoles 12 de junio, luego de una negociación en la que el gobierno retrasó la meta de 20% ERNC en un lustro, dejándola para el año 2025.

El proyecto de Ley – ahora denominado 20/25 – junto con subir la participación de energías limpias en la matriz, crea un sistema de licitaciones públicas de bloques de ERNC a precios competitivos, para dar cumplimiento a la cuota en cada sistema eléctrico, es decir en el Sistema Interconectado Central y en el Sistema Norte Grande.

El período de vigencia de los precios adjudicados a los bloques de energía licitada regirá por diez años consecutivos, a partir de la puesta en marcha de los proyectos y la inyección de su energía al sistema. Este precio estabilizado, facilitará el financiamiento de los proyectos ERNC.

La adjudicación de las licitaciones se efectuará tomando en consideración los volúmenes de energía ofertada y los precios unitarios asociados a ellos, debiendo adjudicarse las ofertas con menores precios.

La apertura de este mecanismo de ingreso al mercado eléctrico, junto a la creación de certificados ERNC (por la energía efectivamente inyectada) en esta ley, aportará más transparencia al mercado eléctrico.

Con ello, Chile avanzará hacia una matriz más limpia y diversificada: se prevé que en virtud de esta ley alcancemos una generación neta entre 3 y 4 mil megawatts el año 2025, y también el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, reduciendo la grave concentración en tres actores que sufre actualmente.

Está por verse, ahora que se acerca el momento en que Senado y la Cámara deberán revisar y concluir la votación de ambas leyes, si nuestros representantes logran finalmente condicionar las inversiones del sector eléctrico al respeto de los derechos indígenas, la conservación de las áreas protegidas y los derechos constitucionales de tenedores y propietarios de predios campesinos, agricultores y emprendedores turísticos, entre otros.

De lo contrario, estarán dando un pase liberado para imponer condiciones de mayor inequidad económica y socioambiental a la población, lo cual ciertamente intensificará la judicialización y los actuales conflictos derivados de proyectos energéticos y eléctricos.

Este reto de sustentabilidad ambiental y política del sector eléctrico también desafía a los nuevos proyectos ERNC, los cuales – al revés de sus predecesores – deberán llegar con un empresariado conciente, renovado y responsable en su relación con las comunidades y territorios de nuestro país.

Luego de la aprobación del ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente durante el gobierno pasado, el Parlamento quedó con la tarea de terminar la tramitación de los tribunales ambientales y el gobierno Piñera con la misión de establecer los reglamentos para el Servicio de Evaluación Ambiental y diseñar la institucionalidad pendiente referida a parques nacionales y protección de biodiversidad

Pues bien, hasta el día de hoy, luego de tres años de gobierno, el reglamento para el Sistema de Evaluación Ambiental aún “duerme” en los cajones de alguna autoridad sin ver la luz ni entrar en vigencia. En consecuencia, se sigue aplicando el antiguo, más restrictivo en términos de participación ciudadana.

Con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el proyecto de Ley realizado por el gobierno contenía un excesivo sesgo de mercado.

No sólo se negó a incorporar la protección de la biodiversidad en términos globales (pues según la autoridad “ponía condiciones de sustentabilidad a la gestión de los recursos naturales”), además contenía mecanismos que arriesgaban la privatización de las áreas silvestres protegidas y no consideró aspectos relevantes demandados tanto por el Senado como por las organizaciones ecologistas para proteger el patrimonio ambiental.

Debido a ello, su tramitación está estancada. Y en consecuencia, las áreas protegidas en Chile continúan en un ‘limbo legal’ y la biodiversidad dispersa en decenas de regulaciones sectoriales.

Esta deuda de una ley y una institucionalidad pública que protejan la biodiversidad se arrastra desde 1992, cuando Chile suscribió el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, en el que los países comprometían esfuerzos para proteger el 10% de sus ecosistemas para el 2010.

Adicionalmente, se contemplaba una serie de medidas como el uso sustentable de recursos naturales, educación sobre relevancia de la biodiversidad v la generación de medidas para la conservación biológica. Sin embargo, Chile aún no está en condiciones de cumplir sus compromisos.

En el ámbito de los residuos, aunque el gobierno anunció una Ley General, en base a la política concluida en el gobierno anterior, esta iniciativa legal tampoco se concretó.

En cambio, el ministerio de Medio Ambiente propuso trabajar enfocándose a la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), iniciativa que apunta a que el productor, o importador de ciertos bienes como envases, embalajes, residuos electrónicos, neumáticos, baterías, aceites y lubricantes, asuma los costos que implica deshacerse de éstos cuando su vida útil haya expirado.

La idea tomó fuerza tras el férreo rechazo de los legisladores a incorporar los “impuestos verdes” en la última reforma tributaria. Pero dicha ley será bastante inútil si no es capaz de incorporar al Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, que ya realizan esta tarea a nivel nacional y hoy son el grupo de trabajadores autogestionados que reciclan la mayor cantidad de desechos en el país, prestando un invaluable servicio a la sociedad.

A nueve meses del término del gobierno, dicho proyecto de Ley tampoco ha sido enviado al Congreso Nacional para su tramitación.

En el ámbito de la energía, el gobierno ha impulsado reformas en la transmisión, tales como la interconexión del SING-SIC, la carretera eléctrica pública y el fast track para acelerar las concesiones eléctricas. Pero siempre conservando el paradigma del desarrollo eléctrico impuesto en los ’80, con la Ley Eléctrica que entrega al sector privado las decisiones sobre generación, transmisión y distribución.

Simultáneamente, y a pesar de estar incluido en su programa de gobierno, la administración Piñera nunca envió al Congreso una ley para aumentar la generación eléctrica mediante energías renovables no convencionales (ERNC) en 20% de la nueva generación para el año 2020.

Al contrario, el gobierno se ha dedicado a obstaculizar la Ley 20/20 presentada por los senadores Gómez, Horvath, Rincón, Allende, Cantero y Orpis, bloqueando su tramitación en la Cámara durante más de un año, luego de que dicha ley fuera aprobada por unanimidad en el Senado, en enero de 2012.

La pronta aprobación de esta Ley por los diputados es absolutamente fundamental para reducir la huella de carbono de la matriz energética chilena, pues ayuda a cumplir el compromiso país ante la Convención de Cambio Climático y diversificar la matriz energética del país, reducir las emisiones locales, reducir los costos de generación y ganar en seguridad energética.

Tampoco el gobierno ha facilitado el perfeccionamiento y dictación del reglamento de net metering, que permitiría a los ciudadanos, a las pymes, a los agricultores, al retail y a otros sectores generar su propia energía – desde fuentes renovables – y a la vez inyectar los excedentes al sistema eléctrico.

Esta figura lograría reducir la demanda y las cuentas de luz para los consumidores generadores. Pero al parecer pesa más la opinión de las empresas distribuidoras, que siguen con la estrategia del “mientras más vendo, más gano”, y que es lo opuesto a las nuevas políticas energéticas a nivel mundial para la seguridad y la sustentabilidad socio ambiental del desarrollo eléctrico.

Está aún por verse, en los 9 meses y medio que le quedan de gestión al actual gobierno, si se decide por enmendar el rumbo o apretar fuerte el acelerador en cuanto al mejoramiento de la política ambiental y energética vigente.

Esto no parece fácil, pues la administración Piñera se ha abocado a “separar aguas”, entendiendo lo ambiental como la mera institucionalidad con que el país aborda estos temas, pero alejando a dicha cartera de los temas productivos, con excepción de una fiebre privatizadora de todo el patrimonio ambiental público a través de diversos formatos de concesiones.

Así lo ha hecho con los recursos marinos en la Ley de Pesca, y lo mismo intenta con la carretera eléctrica, con la ley del borde costero, de las áreas silvestres protegidas y de los terrenos aún bajo propiedad de Fisco y administrados por el ministerio de Bienes Nacionales, algunos de ellos a la venta desde enero.

Si hay una política ambiental clara en el actual gobierno ha sido la de concesionar a manos privadas el patrimonio ambiental de todos los chilenos: peces, borde costero, terrenos fiscales, áreas protegidas…en la misma línea de lo que ocurrió en el pasado con el Código Minero y el Código de Aguas, sin ningún retorno de renta para todos los chilenos, permitiendo que sólo unos pocos aprovechen y se beneficien de los bienes ambientales públicos.

Sin caer en el juego maniqueísta que la Concertación es pro-ambiente y la derecha es anti-ambiente, los hechos muestran que la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417) que crea el Ministerio, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue creada y entró en vigencia en el gobierno anterior. Y que, al contrario de lo que se afirma, el actual gobierno demoró excesivamente su implementación.

Prueba de ello es que la primera acción de la actual ministra, el 15 de marzo de 2010, retiró de Contraloría los decretos con fuerza de ley (DFL) que ponían en operación el ministerio de Medioambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Ese mismo día, Benítez dictó un instructivo, suspendiendo la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Al mismo tiempo, el gobierno le quitó el carácter de “urgente” a la tramitación de los Tribunales Ambientales en el Senado.Todas acciones que atrasaron en un año la instalación de la nueva institucionalidad ambiental.

En el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, el retraso fue mayor, postergándose su operación para finales de 2012, lo que significó un franco retroceso en la fiscalización ambiental que durante todo el gobierno volvió a los servicios y careció de coordinación. Peor aún, ello también retrasó la puesta en marcha de los Tribunales Ambientales, cuya conformación preliminar (pues solo partió el de Santiago) recién se concretó la primera semana de marzo, es decir, a escasos meses de las próximas elecciones presidenciales.

También hay que destacar que la institucionalidad ambiental existente tampoco funciona expeditamente.

Por ejemplo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se ha reunido en escuálidas ocasiones, casi siempre a puertas cerradas y sin dar mayores explicaciones.Ha aprobado proyectos que habían sido rechazados por las regiones (como el caso de Punta Alcalde) y se resiste a pronunciarse sobre algunas reclamaciones, como el caso HidroAysén, donde completa casi 2 años sin el pronunciamiento al que está obligado.

Finalmente, con respecto al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el gobierno ingresó el proyecto respectivo a tramitación en el Congreso Nacional, pero careció de capacidad para responder a las múltiples falencias detectadas por los senadores y no llegó a consenso, por lo cual el proyecto lleva ya dos años de tramitación sin resultados.

Con respecto a la normativa de calidad del aire, la ministra adjudica al actual gobierno la norma para PM 2,5, la de artefactos de combustión a leña, la norma para termoeléctricas y la de refinerías.

Esta última es la única formulada durante su administración, ya que la realidad es que el gobierno del presidente Piñera retrasó la vigencia de la norma de material particulado fino (PM 2,5) a pesar de que en el anteproyecto publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior demostraba el ahorro de 33 mil millones de dólares por reducción de enfermedades respiratorias. Aunque se publicó en 2010, recién entró en vigencia el año pasado.

En el tema aire, el actual gobierno relajó el anteproyecto de norma de termoeléctricas, que había sido publicado en el Diario Oficial por el gobierno anterior, permitiendo mayores emisiones de dióxidos de azufre y dejando fuera límites para las descargas de metales pesados, mercurio, vanadio y níquel. Lo cual es un retroceso, pues dichos tóxicos sí están normados en la norma de incineración vigente.

La ministra también adjudica al actual gobierno la norma para artefactos de combustión a leña, pero la verdad es que la Ley para regular los calefactores había sido ingresada a tramitación por el gobierno pasado el 15 de julio de 2009 (Mensaje 6616/12) a la cual se le hizo pequeños cambios y reingresó un año después en agosto de 2010 (Mensaje 7141/08).

En lo que respecta a los Planes de Descontaminación por PM 10 y SO2 vigentes, estos fueron en su mayoría decretados entre 1992 y 2009, y entre ellos destaca el plan de descontaminación de la RM, la zona donde vive casi el 60% de la población del país, y que está al debe: fue reformulado el año 2009, pero no ha sido implementado completamente.

Además, hoy corresponde declarar a Santiago zona saturada para PM2.5 y elaborar nuevo plan de descontaminación. Algo similar ocurre en Temuco y otras ciudades del sur que no han sido decretadas zonas saturadas en PM2.5, además de Viña y la zona del Valle del Aconcagua.

En el ámbito de la contaminación atmosférica, además, el gobierno se ha negado a implementar el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2010-2020, que permitiría al país reducir la contaminación local y evitar la emisión de 14.501.609 toneladas de CO2 a la atmósfera, permitiendo a Chile ahorrar $970 mil millones de dólares (más de 300 veces lo que valen las nuevas líneas 3 y 6 del Metro).

Tampoco ha cumplido el programa de diversificación de matriz energética, para hacer más limpia la matriz eléctrica, al no respaldar la ley 20/20 (20% de ERNC al año 2020), a pesar de que está escrito en el programa presidencial de Piñera y que el Senado aprobó unánimemente una ley sobre la materia.

Finalmente, la ministra de Medioambiente adjudica a su gobierno la solución de los pasivos ambientales mineros por la dictación de la Ley de Cierre y Abandono de Faenas Mineras. La realidad es que dicho proyecto de ley también es obra del gobierno anterior, al cual el actual Ejecutivo hizo una indicación sustitutiva.

Pero dicho proyecto no remedia los pasivos ambientales mineros, sino que previene la creación de nuevos pasivos de las faenas aún en operación. La solución de los pasivos existentes solo será posible si el gobierno patrocina la Ley de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros, presentado al gobierno por el senador José Antonio Gómez, pero que hasta el día de hoy el ministerio de Minería y el ministerio de Medioambiente se niegan a patrocinar.

En resumen, los hechos demuestran que la actual administración apretó fuerte el freno, y no el acelerador en políticas ambientales.

Esto evidencia que, a pesar de que la derecha tiene entre sus filas parlamentarios con una labor ambiental destacable, como el senador Antonio Horvath, su voluntad política en materia ambiental sigue centrada en intensificar la adjudicación del capital ambiental del país al sector privado, (litio, recursos pesqueros, agua y sanitarias, concesiones eléctricas, borde costero, el bosque, entre otros) más que en llevar adelante las políticas ambientales que requiere un desarrollo sustentable en Chile.

Si bien el episodio no fue causado por la acción humana, ya que se trató un fenómeno climatológico originado por lluvias calientes en la alta cordillera, que causó deslizamientos de tierra y aumentó la turbidez de los ríos que proveen de agua potable a Santiago, sí es relevante indicar que esta crisis de abastecimiento se vio agravada por la intervención de las empresas mineras y eléctricas que han removido gran cantidad de tierra para sus caminos y faenas en las cabeceras de las cuencas de los ríos Mapocho y Maipo en la Región Metropolitana.

Y también por la falta de inversiones de la empresa Aguas Andinas para ejercer responsablemente su concesión, en un contexto de cambio climático y por la acción irresponsable de los diversos gobiernos, que han continuado aprobando proyectos que vulneran la seguridad hídrica de la capital y sus 6 millones de habitantes.

Lo ocurrido en Santiago no es un hecho aislado. El cambio climático que intensifica el fenómeno de las lluvias calientes se ha manifestando durante las últimas décadas, pero las autoridades siguen actuando como si no existiera, arriesgando a la población, la infraestructura y la producción.

El aumento acumulado de la temperatura global del planeta, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) hoy es de más de 0.8 grados Celcius. Sólo desde 1978 a la fecha, el aumento fue de 0,134 grados, según un reciente estudio de la Universidad de Alabama, hecho en base a mediciones satelitales del NOAA y la NASA.

Ante un escenario global y local de incertidumbre climática, que ha aumentado la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como las lluvias torrenciales en zonas altas por causa de la perdida de la isoterma cero, la lógica indica que la sociedad debe adaptarse y re-pensar la forma en que se relaciona con su geografía, estableciendo claramente qué tipo de actividades pueden realizarse en zonas desde donde se obtiene un bien tan preciado como el agua.

En el caso de una ciudad como Santiago, situada a los pies de la cordillera de los Andes, es vital poner un coto a la intervención de los ríos para así mantener a raya la posibilidad de aluviones y arrastre de material a quebradas y ríos.

Chile, lamentablemente, va a la inversa, apostando por la instalación de nuevos proyectos en las cabeceras de las cuencas que, además de alterar el curso y caudal de los ríos, provocan deforestación en zonas de pendientes, que luego tienen un efecto catastrófico, especialmente sobre infraestructura publica y privada, y por añadidura sobre la población.

Prueba de ello es la incidencia de los movimientos de tierra que hoy realiza el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (de AES Gener) en la cuenca del río Maipo, contribuyendo a acrecentar el efecto de los aluviones.

Incertidumbre que se traspasa a vecinos del sector cordillerano de Santiago y la V Región ven la expansión minera de Los Bronces (de Angloamerican), que ha construido un túnel sin permisos bajo el glaciar La Paloma, amenazando su estabilidad; y la ampliación de Andina (Codelco), la cual pretende triplicar su actual área de faenas y en la que la propia cuprífera estatal reconoce que destruirá más de 100 hectáreas de glaciares de roca, afectando las reservas de agua de la cuenca alta de Santiago.

El gobierno, tal como declara en su estrategia de cambio climático, debe pasar a la acción para proteger legalmente los glaciares y además las fuentes de agua dulce que alimentan las cuencas hidrográficas, conservando la cobertura vegetal de estas; restableciendo los caudales ecológicos; e iniciando planes de gestión integrada de cuencas, con participación de organizaciones ciudadanas y usuarios tradicionales del agua.

Es vital que las autoridades entiendan que no pueden seguir avalando la destrucción de los recursos hídricos en el contexto de sequía y cambio climático que enfrentamos. Seguir abriendo la cordillera a la depredación minera y energética es, posiblemente, pan para hoy pero hambre para mañana; y de seguro la imposibilidad de mantener la capital en el valle de Santiago.

Si bien se trata solo de la primera fase, pues el proyecto será visto prontamente en la sala, para iniciar luego su discusión en particular, es relevante que cuatro de los cinco senadores integrantes se pronunciaran a favor y solo uno, el senador José Antonio Gómez, se abstuviera, dando con ello una mala señal sobre lo rápido que puede llegar a concretarse esta iniciativa gubernamental.

De ocurrir esto, tendríamos a un sector de la economía nacional con una legislación que le da preeminencia sobre el resto y, ciertamente, sobre los ciudadanos comunes, pasando por alto consideraciones ambientales que se lograron tras años de lucha en el mismo Parlamento.

Y es que la carretera eléctrica es un proyecto de ley que permite al Estado decidir cuáles de las líneas de transmisión que les presenten los privados serán de interés público, las que después podrán ser impuestas sobre los territorios, sin posibilidad de negociar un cambio al trazado.

De esta forma, los afectados, ya sean comunidades indígenas (recordemos el Convenio 169 OIT), grandes y pequeños agricultores, lecherías, parques nacionales, municipios, emprendimientos turísticos, entre otros, tendrán que aceptar las compensaciones que la empresa plantee con un comité de tasadores, en la medida que no hay posibilidad de oponerse a un trazado de “interés público”.

Pero además la gran diferencia con las obras viales concesionadas es que este trazado se le entrega a los privados a perpetuidad, como ocurre hoy con los derechos de agua.

Dicha medida perfectamente puede ser definida como anti-constitucional, porque nuestra carta fundamental establece el principio de igualdad ante la ley, no solo entre una comunidad y una empresa, sino que también entre distintos emprendimientos productivos. Adicionalmente resulta discriminativa, porque el gobierno entregará a las empresas de transmisión eléctrica caminos hechos, sin la obligación de evaluarlos ambientalmente (incluso al tratarse de áreas silvestres protegidas) y sin la posibilidad de que los afectados lleven el caso a tribunales en forma igualitaria.

Para empeorar las cosas, el proyecto implica un traspaso al cliente final de hasta un 75% del costo de las líneas de transmisión. Es decir, la ciudadanía terminará subsidiando a las grandes mineras y a las grandes generadoras, que obtuvieron de forma gratuita los terrenos para sus trazados.

El gobierno, a través del ministerio de Energía, ha defendido estas medidas, aludiendo a la escasez energética tanto actual como futura del país.Pero ha obviado el hecho de que, por una parte, Chile ya tiene aprobados 15 mil MW para los años venideros (sin incluir HidroaAysén y sin considerar medidas más costo-efectivas como la eficiencia energética), y que la demanda proyectada es para solventar la expansión minera del norte, lo que demuestra que la necesidad de interconexión SIC-SING, agilizar las concesiones y proyectar los trazados, tiene un propósito comercial unilateral y no de bien común.

Esta verdadera “tormenta perfecta” tiene pocos pero importantes actores: el primero, un sector energético que entendió, a raíz de las crecientes protestas ciudadanas, que la institucionalidad ambiental del país, aunque débil, es un freno para sus aspiraciones. En base a eso, pidió al gobierno establecer un mecanismo para facilitar la concreción de futuros proyectos y evitar, de paso, seguir con la “judicialización”.

El segundo actor es el Ejecutivo, que respondió con estas dos iniciativas de Ley (Carretera y Concesiones) que entregan la posibilidad de saltarse varios permisos sectoriales y ambientales –algo que se intentó ya en gobiernos anteriores– y las presenta ante la opinión pública con dos atractivos ganchos publicitarios: su carácter de “pública”, es decir, una ley donde el Estado toma cartas en la energía, asumiendo supuestamente un rol “planificador” y, por otra parte, como una iniciativa favorable para el fomento de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Sin embargo, tanto la asociación de industrias de energías renovables ACERA, como el mismo gerente general de GDF Suez, recientemente declararon que no favorece la inclusión de estas iniciativas por un tema de diferencias de voltaje y porque la transformación requerida encarece aún mas los proyectos.

El último actor es la fecha en que está sucediendo todo: con las vacaciones en mente y 35 grados azotando la zona central, es poca la atención que la ciudadanía presta a estos temas, bastante técnicos y complejos.

A esto se suma que ambos proyectos – carretera eléctrica y concesiones eléctricas- están con urgencia suma y se proyecta una inminente votación que podría dejarlos aprobados antes de febrero.

Y esa es quizás la parte más peligrosa. En un sistema como el chileno, donde sólo el escándalo hace enfocar la mirada ciudadana sobre cosas que han estado ocurriendo mal por años (Ley de Pesca, Acreditación de Universidades, la Polar y un largo etcétera), es difícil resumir en pocas palabras los efectos nefastos de estas leyes sobre la economía nacional y sobre el territorio como para alcanzar a alertar a la población sobre el efecto devastador que ambas leyes ocasionarían.

Esperamos que los parlamentarios, sobre quienes la ciudadanía ha depositado su confianza, y que este año esperan contar con su voto, representen adecuadamente los intereses de todos los chilenos y chilenas, al momento de votar.

Vale la pena sopesarlo, ya que las promesas electorales del Ejecutivo en esta materia no se han alineado con las acciones efectuadas en los tres años de gobierno ya transcurridos.