No sólo la persecución penal del delito lleva a rebajar los niveles de inseguridad y de ocurrencia de los mismos, por lo que desde un primer minuto, fue mi intención como legislador,  hacer notar que no sólo aumentando las penas y llevando a más personas a la cárcel, como sociedad, solucionaremos el tema de la delincuencia.

Este proyecto tiene dos pecados que tratamos de desnudar y, en consecuencia, corregir en la discusión legislativa:  el primero, fue demostrar la inconveniencia de que se aprobara la modificación propuesta a la ley que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad; la cual resultaba en la práctica, por ejemplo, en que un condenado, sin antecedentes previos, por una infracción a la Ley N°20.000,  no pudiera acceder a una pena alternativa a la privación de su libertad. Afortunadamente dicho cambio legal fue rechazado por la Cámara de Diputados.

En segundo término, nos encontramos con lo que se ha denominado como el “control preventivo de identidad”, el cual no voté favorablemente en la sala, compartiendo la opinión de la Corte Suprema en términos a sostener que éste afecta los derechos civiles y esenciales de todas las personas.

Resulta inaceptable la facultad que se le confiere a las policías para registrar las vestimentas en toda detención. Ciertas medidas contenidas en el proyecto de Ley significan un retroceso mayúsculo al principio de inocencia bajo el cual nadie debería poder ser detenido sin antecedentes especiales y exclusivamente sobre la base de una denuncia o imputación objetiva y no el mero parecer de un agente del orden, basado, por ejemplo, en la apariencia personal de cualquier persona.

El Gobierno ha errado el camino, tomando la vía fácil, escuchando el clamor popular de penas más altas y con menos posibilidades de condenas cumplidas en el medio libre. Tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, después de haber leído el Informe de la Corte Suprema y discutir esta nueva normativa en la sala de la Cámara, y compartimos el diagnóstico y reparos a la Agenda Corta Antidelincuencia. Por lo mismo, voté en contra de que los reos primerizos no pudieran tener salidas alternativas a las penas y no apoyé el control preventivo de identidad.

La prevención y la reinserción resultan ser el mejor camino para frenar la delincuencia, la experiencia comparada lo demuestra, en República Dominicana, bajo un modelo de reeducación probado con 9 mil internos, han logrado que la tasa de reincidencia sea del orden del 3%. En Chile, esas cifras se elevan por sobre el 50%, demostrando que gran parte del problema se encuentra en el sistema carcelario y no necesariamente en la condena impuesta a quien comete un ilícito.

Parece ser que en este caso el hecho de haber consumido esporádicamente marihuana, antes de dar a luz  fue la causa expuesta; pero, ¿dónde queda el sentido común y los tratados internacionales que nos obligan y, en buena hora, a velar por el verdadero interés del niño?

La autoridad médica del Hospital decidió adoptar tres medidas administrativas que escapan completamente a su competencia porque se trataba de medidas que dejan sin efecto o restringen derechos fundamentales de los niños y sus padres.

1) Retener a la recién nacida en el Hospital, vulnerando el derecho de la  niña a vivir con sus padres y el derecho de los padres a criarla y cuidarla; derecho que la Convención de los Derechos del Niño garantiza a todas las personas.

2) Permitir sólo  que la niña fuera vista por su madre durante dos horas y media al día, segmentadas en tres sesiones, con lo cual se  limitó el derecho de padres e hijos a mantener una relación directa y regular.

3) Prohibir absolutamente a la madre amamantar a su hija, afectando el proceso de apego entre madre e hija, pilar fundamental del desarrollo psíquico y emocional de la pequeña.

Hoy, afortunadamente,  madre e hija están juntas como todos anhelábamos, pero las dudas y preguntas siguen sobre la mesa, porque un hecho como éste debe, sin duda remecernos, no puede quedar en el limbo.

Por ello, llamo  a la Ministra Carmen Castillo a instruir sumarios y una exhaustiva investigación al respecto, de tal forma que no se repita este verdadero secuestro de un recién nacido.

Nadie duda sobre las facultades y obligaciones que tiene un centro de salud en esta materia, informando, como corresponde, acerca de posibles riesgos en casos concretos, sumando la evidencia científica existente en pro y en contra de  cada situación.

Sin embargo, no es racional ni  legal  intentar prevenir la vulneración de un derecho fundamental, como la salud,  violando abiertamente otro dos esenciales de los menores:  a vivir con sus padres  y ser criado por éstos y permanecer en contacto directo con ellos. El tema no es menor.

Más aún porque nos recuerda una de las conclusiones más preocupantes de la comisión que investigó las irregularidades en el Sename, donde, después de conocer muchos casos, expusimos la cruda realidad de menores que, so pretexto de problemas económicos en sus familias, fueron arrebatados de sus padres, generándose hechos muy similares a secuestros, donde se fractura una relación clave y esencial, la relación entre padres e hijos.

Si hay problemas y dificultades,  el Estado debe apoyar a los padres y familias, acompañarlos, pero no separarlos de sus hijos. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, impulsar las políticas públicas necesarias para poner  en el nivel que corresponde el derecho de los niños, niñas y adolescentes, con garantías explícitas y apoyo concreto para contener los casos más difíciles. Esta, es tarea primordial.

Fue la Ley N° 20.603 la que modificó las sanciones alternativas a las penas privativas de libertad, incluyendo este elemento de modernidad al sistema penitenciario. Esto constituye no sólo una política pública de Estado,  aprobada por el legislador con financiamiento asignado, sino también una oportunidad para innovar y avanzar en este ámbito.

El sistema detecta inmediatamente los casos de condenados que infringen las condiciones de las tobilleras. Al respecto,  un 10% de estos ha incumplido, lo cual se ha informado inmediatamente al tribunal. Como legisladores, podemos estar satisfechos, pero atentos a su desarrollo, porque una innovación como la señalada significa un cambio cultural y un desafío institucional, implementándose gradualmente, con monitoreo permanente, revisión de protocolos y ajustes necesarios para su extensión y profundización.

Hoy se aplica en los casos de reclusión parcial, pero ello podría ampliarse. Las evaluaciones que realice Gendarmería nos podrían dar luces de los tiempos de espera de condenados que solicitan el sistema, evaluar su uso para otras áreas que necesiten mejorar los controles de decisiones judiciales, y así liberar a carabineros de estas responsabilidades como la Libertad Vigilada Intensiva, medidas cautelares, Violencia Intrafamiliar o Violencia en los estadios, por mencionar algunas áreas de desarrollo.

Por eso, esperamos que estos primeros meses de operación, la experiencia nos permita evaluar la coordinación, gestión y control de la operación y así proyectar avances en el uso de la tecnología en la agenda de seguridad. Debe entenderse que este cambio cultural exige una implementación gradual e incremental.

Un sistema como el descrito conlleva múltiples beneficios, al fomentar sanciones alternativas a la privación de libertad, liberar espacio en las cárceles, reduciendo la cantidad de personas encarceladas y disminuyendo el hacinamiento carcelario, con una medida más económica que el encarcelamiento.

Por otra parte, los indicadores de reincidencia muestran que los casos de condenados que cumplen sus sanciones en el medio libre tienen mayor probabilidad de éxito en su resocialización.

Existen mayores oportunidades de desarrollar acciones de resocialización mediante sus propias redes sociales y se evita el contagio criminógeno o el denominado aprendizaje de la cárcel. Y, adicionalmente, con este sistema mejoramos los controles de decisiones judiciales.

Actualmente, el sistema se aplica a 67 condenados a reclusión nocturna en el país. El proceso no ha sido fácil, especialmente en la adjudicación, ajuste y configuración de la empresa proveedora a los requerimientos de Gendarmería de Chile. Pero tampoco lo será en el futuro, porque su uso supone enormes desafíos para las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

Normalmente, los proveedores de tecnología entregan sus servicios a la institución requirente.Sin embargo, en este caso, por las características de la aplicación de una sanción judicial, su instalación y operación exige de capacidad de coordinación, gestión e intercomunicación en línea con los distintos actores involucrados.

Así, se requiere contar con procesos enlazados y comunicación en sintonía entre los Tribunales de Justicia, el Fiscal o el Defensor, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, junto con la empresa proveedora del sistema. Toda esta interacción en a lo menos los procesos de análisis sobre factibilidad técnica, instalación del dispositivo, y el control de la medida. Es un gran desafío. Capacitación, comunicación e interconexión y adecuados protocolos de actuación son elementos esenciales para su éxito.

En suma, una tarea de todos, y con evidentes logros hasta el momento.

Desde que conocimos algunas de las conclusiones de la investigación realizada por el Poder Judicial y la Unicef sobre cómo viven los 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado, la marea de denuncias no ha cesado.

Pusimos de inmediato los antecedentes en la Fiscalía Nacional, nombrándose un fiscal especial y un equipo de expertos que tienen la misión de investigar los posibles delitos cometidos en contra de menores.

Sumemos la vulneración de sus derechos y una serie de aristas que hemos descubierto en el camino, incluyendo el verdadero secuestro de menores, por parte del Estado, a padres con dificultades económicas cuyo calvario es indescriptible.

Y sólo para nombrar parte de las conclusiones, en las Aldeas Infantiles SOS, institución que fue examinada a fondo por la comisión, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor”, concluye el informe. Se precisa que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores.

Pero todavía hay quienes pretenden lavarse las manos, todavía hay quienes se escudan en críticas estadísticas en lugar de reconocer el fracaso de un sistema que pensado para proteger a los más desvalidos, los hiere día a día, los separa de sus familias y pretende borrarles la memoria a punta de castigos.

Así son los Pilatos del Chile contemporáneo que se agotan en la metodología, persiguen a la jueza Jeldres, le abren cuaderno investigativo por una ficha de prueba que hasta un neófito sabría distinguir, desacreditando a los investigadores y optando por encerrar más y más niños.

Los casos que hemos recibido sólo nos ratifican que la comisión Jeldres tenía razón, que es inaceptable que alguien o algunos hayan tratado de frenar la difusión del informe. Cuando un país fracasa en una materia tan sensible como ésta, lo único aceptable es reconocer el fracaso y enmendar el rumbo. Pero, para que ello ocurra, debe instalarse la verdad, con absoluta transparencia.

Lo anterior, porque el abuso sexual en los niños es la forma más extrema de violencia ejercida contra ellos; es el peor de los abusos. Pero así también lo son el castigo, la separación de sus familias, la indolencia y la ausencia de protección.

La política de puertas cerradas no tiene espacio cuando se trata de menores en riesgo social.No hay permiso, entonces, para dedicarse a buscar justificaciones. La valentía se premia, y quien diga la verdad por lo menos tendrá el reconocimiento de quienes sí quieren cambiar el rumbo de la historia de los menores vulnerables en Chile.

Desde la Cámara de Diputados seguimos fiscalizando y sabemos que el Ministerio Público sigue investigando. Las conclusiones no estarán lejos de lo que ya sabemos y, obviamente, ya nadie podrá esquivar esta vergonzosa realidad o pretender que con dos o tres anuncios parafernálicos se acaba el problema.

No basta con cerrar dos o tres centros, no basta con formalizar a quienes abusaron o seguir entregando niños en adopción, con argumentos, a ratos bastante dudosos.

Este es un tema que requiere cirugía mayor, y que sin duda pondremos sobre la mesa en esta etapa electoral, pues se trata de una gran reforma y una que puede cambiar el futuro, liberando a miles de niños de un sistema que sólo los castiga y que, en definitiva, constituye una bomba de tiempo.

Por ello, el debate surgido en torno a la franja electoral para las próximas primarias del mes de junio no es menor. Muy por el contrario.

Pero hagamos algo de memoria. Como es sabido, el proyecto del gobierno en Televisión Digital plantea licitaciones sin contraprestación o royalty alguno a unas pocas empresas privadas de capitales nacionales y extranjeros y con duraciones excesivamente largas, en la práctica perpetuas, concesiones que se plantean como definidas en la norma.

Públicamente, y en sostenidas columnas, he defendido que para los consumidores de nuestro país la televisión pública debe ser gratuita, más allá de la forma en cómo esta llega a cada región y comuna.

Lo mismo dije en su oportunidad en la discusión de la Ley de Pesca en la cual denunciamos la ausencia de obligaciones que establezcan verdaderas exigencias, y no eufemismos regulatorios, que legitimen a las grandes empresas en el lucro de un recurso que es de todos los chilenos y no un botín de disputa y compensaciones entre industrias.

Pertenezco al grupo de parlamentarios que planteó esto de manera fuerte y sin complejos, ya que se trataba de defender principios idénticos frente a mercados regulados, distintos pero donde la síntesis nos llevaba a lo mismo: defender gratuitad, no rivalidad y no exclusión.

En definitiva, reivindicar los bienes públicos de todos los chilenos, así de sencillo, así de claro, sin sofismas en las batallas de las empresas, sin enarbolar banderas de intereses colectivos so pretexto de motivaciones individuales.

Pues bien, a meses de las primeras elecciones primarias verdaderamente universales que tendrá Chile volvemos a reeditar una discusión similar, alertando a tiempo el riesgo de que millones de compatriotas sean precariamente informados sobre un hecho tan relevante como lo es la oferta programática de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Sus propuestas y sus mensajes no deben tener precio en el único espacio en el que pueden realmente compartir en igualdad de condiciones, la Televisión Abierta.

Logramos aprobar en la Ley N° 20.568, sobre Inscripción Automática y votaciones, una norma que establecía una franja completamente gratuita para las próximas primarias del mes de junio. Sin embargo, después del lobby efectuado por Anatel, el Gobierno decidió enviar un veto para suprimir dicha disposición. Envió un proyecto a cambio, que reduce el tiempo para la franja y que tendremos que ver contra el tiempo, en una jugada que no corresponde.

Impresentable que cuatro familias, dueñas de los canales de televisión abierta en Chile y a los que les fue entregado un espectro para ejercer una función pública sobre el cual han gozado de un derecho prácticamente ilimitado, con millonarias ganancias, pretendan ahora poner cortapisas limitando gravosamente la libertad de informar y traicionando la razón de ser del espectro que utilizan.

Para que este proceso sea exitoso, el de las próximas primarias, no sólo necesitamos la suficiente pedagogía para los votantes, sino acceso a la información y, en este sentido, la franja gratuita para todos los candidatos es un derecho de los votantes y un deber de quienes tienen en su propiedad los medios de información. Un derecho que no transaremos.

Y no es porque sean mujeres, sino por lo que ello implica, especialmente a la hora de decidir, implementar y ejecutar. Cuando se es capaz de mirar un poco más allá, de empatizar con el otro y descubrir soluciones fuera de los límites y estructuras habituales.Entonces, estamos hablando de avanzar sin fronteras, algo que para las mujeres es natural, como también lo es una manera distinta de relacionarse con el poder, agregando la vocación de servicio, pero real.

Hoy, este es mi reconocimiento y compromiso para apoyar con entusiasmo y celeridad aquellas iniciativas que permitan una mayor y real participación de la mujer en el desarrollo de Chile.

Cuesta entender por qué aún seguimos en un mundo mayoritariamente masculino a la hora de analizar los cargos de representación popular, los cargos de jefatura e incluso en lo que respecta a las inaceptables brechas salariales.

Un desarrollo democrático con más integración social requiere valorar y potenciar el rol de las mujeres en la sociedad, pero con muestras reales y comenzando por el día a día.

Al respecto, se ha dicho que ha aumentado la empleabilidad de las mujeres, pero lo que no se dice es que esto ha sido con salarios mínimos y que persiste la injusta y odiosa diferencia entre sueldos pagados a hombres y mujeres por una misma función.

De hecho, las mujeres con título universitario reciben como ingreso sólo un 63,6% de lo que ganan en promedio los hombres con equivalentes estudios.

Y si de participación política habláramos, la verdad es que Chile se encuentra en los últimos lugares de los rankings sobre igualdad de género de América Latina y la OCDE, contando, por ejemplo, con un escaso 13,9 % de participación femenina en cargos parlamentarios, un 12,7% de alcaldesas y un 24,9% de concejalas.

Se ha informado de un proyecto que establecería incentivos económicos a los partidos si aumentan o aseguran la participación de determinado porcentaje de mujeres en sus cargos y candidaturas. Pero, ¿bastará sólo con aquello?

Hay países en el mundo que han llegado a establecer sanciones económicas a las colectividades que no consideren la igualdad de género. Pero, sin duda, los cambios deben ir acompañados de compromisos colectivos, de reconocimientos culturales, de una nueva forma de relacionarnos.De no callar frente a estas diferencias que persisten y que deben ser denunciadas.

La invitación, por lo tanto, es a comenzar por el reconocimiento explícito y real del enorme aporte de las mujeres en el día a día, en los diversos roles que desarrollan, muchas veces con multiplicidad de funciones.

De hecho, la última encuesta Casen señaló que la participación de las mujeres como jefas de hogar ha aumentado sistemática y permanentemente. El año 2003 era un 26% y, en el año 2011 un 39% de los hogares chilenos tienen a una mujer como jefa de hogar.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, no hay espacio para ofertas, insisto, sólo para un compromiso colectivo y sincero para despejar el camino y asegurar nuevos tiempos de mayor participación a las mujeres, aquéllas que han traspaso las fronteras, con su mirada, sus acciones y propuestas cotidianas.

En La Moneda parecen no entender que las chilenas y chilenos ya están cansados y que, así como ocurrió en educación, la próxima bomba de tiempo se encuentra en el mercado de la salud. Una palabra que no quisiéramos usar, pues mercado, evidentemente, suena a compra y a venta y con la salud de todos no se juega ni se apuesta; es un derecho consagrado en nuestra Constitución.

El primer intento del Gobierno fracasó por muerte natural, espontánea y casi sin discusión. No hubo piso para una iniciativa que no incluía aspectos básicos reclamados por la ciudadanía, que dicen relación con las preexistencias, las discriminaciones y la captura de los usuarios en planes injustos y reajustados con criterios establecidos por las isapres , obviamente, en perjuicio de la gente.

El segundo proyecto, rechazado en gran parte por la Cámara de Diputados, pasó al Senado para su segundo trámite, que se reactivará en marzo.Al votar en contra, manifestamos como bancada DC nuestras críticas, siempre dispuestos a colaborar en una instancia de diálogo, pero el Gobierno no accedió.

Votamos en contra del IPC de la salud, y de las discriminaciones que persistían en los planes complementarios. Reclamamos por la necesidad de contar con un instrumento que de garantías para establecer un real IPC y no uno favorable para los dueños de las Isapres; y, con la misma fuerza, pedimos el fin de todo tipo de discriminación en los planes complementarios que deberán contratar los usuarios, ya sea por género, edad u otra condición.

Agregamos, además, un tema clave, el de la integración vertical, pues mientras los dueños de las aseguradoras sean los mismos que los de clínicas y laboratorios, los precios y condiciones de los planes seguirán siendo a favor de los grupos económicos y no pensando en el acceso justo e igualitario a la salud de todos quienes, por ley, cotizan mensualmente en las Isapres.

Claro está que es un negocio redondo, pues las cotizaciones están establecidas por ley y mensualmente las Isapres reciben miles de millones de pesos. Como contraste, a la hora de recibir los beneficios, los comentarios de la inmensa mayoría de los usuarios son negativos y la percepción que existe es que se trata de un mal servicio y de un abuso más, entre otros tantos.

La integración vertical, entonces, ha pasado a ser una integración perversa, que no se sostiene y que vulnera lo establecido en la propia ley, pues el artículo 173 del DFLNº 1 de 2006, señala que las isapres tienen como objeto exclusivo “el financiamiento de las prestaciones y beneficios de la salud, así como las actividades que sean afines o complementarias a ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores” ; hoy vemos que, en la práctica, esto no está ocurriendo y las isapres están vinculadas a clínicas y laboratorios”.

La integración vertical es parte del negocio de las Isapres, cuyo mercado, con un total de 13 operadores, es controlado en un 96,27 % por cinco actores: Banmédica y Vida Tres, que se consideran unidos por la estrecha vinculación de sus accionistas (25,23 %); Consalud (21,73 %); Cruz Blanca (19,77 %) del grupo Said; Colmena Golden Cross (16,07 %) y Mas Vida S.A. (13,41 %).

La bancada DC presentó una indicación que pedía el término total de esta integración durante la tramitación en la Cámara. Ahora, esperamos que este problema quede definitivamente solucionado en el Senado.

Será un tema clave, pues habrá que buscar las fórmulas legales que impidan que las Isapres vulneren la ley, tal como ocurrió en el sector educación, con los desastrosos resultados que hoy todos conocemos. En esta cruzada, la de terminar con esta integración perversa, no hay tregua ni acuerdo, sólo exigir el cumplimiento de la ley, sin inventos ni parafernalias entre sociedades.

La sociedad conyugal permite a la mujer afirmar, en términos simples, que “todo lo tuyo es nuestro en partes por igual y lo mío es mío”. En efecto, el marido actualmente tiene la obligación, como administrador, de llevar su patrimonio a la sociedad. La mujer en cambio, es protegida con su patrimonio reservado, manteniendo separadamente y como propio, todo lo obtenido, por tanto, como fruto de su trabajo.

En segundo orden, el marido no es jefe de la sociedad como comúnmente se argumenta, sino un mero administrador con facultades limitadas.

En términos simples, podríamos afirmar que el hombre es una especie de gerente general y la mujer único miembro del directorio respectivo.

Así, los actos de trascendencia jurídica, como la compra de una casa con crédito hipotecario, su venta e incluso la promesa de una venta, cuando pertenezca a la sociedad, no pueden ser decisiones tomadas arbitrariamente por el marido, sino que la ley exige el acuerdo de ambos cónyuges. Otros actos de administración, pueden también ser realizados por la mujer.

En síntesis, nuestra regulación consagra una protección especial al cónyuge que generalmente está en una situación de mayor vulnerabilidad económica y lo salvaguarda de una eventual mala administración.

La sociedad conyugal es un régimen que vela por la protección de la mujer, entregándole importantes herramientas para asegurar su bienestar económico: el establecimiento de su patrimonio reservado separado del social o el beneficio que tiene al término del matrimonio, pudiendo optar por asumir o no las deudas de la sociedad dependiendo de la buena o mala administración que ha realizado el marido (renuncia a los gananciales).

Son muchas las críticas realizadas a este régimen de bienes, las que dicen relación con la desigualdad que genera el hecho de que la mujer no pueda administrar la sociedad o su patrimonio propio.

Sin embargo, en pos de avanzar en una situación de igualdad, el proyecto de ley del Gobierno en discusión, retrocede en los beneficios, dejándola expuesta a incertidumbres económicas, como sucederá con la eliminación paulatina del patrimonio reservado de la mujer. Así de preocupante, por ello, ojo con este proyecto.

Una reforma legislativa debiera estar orientada a eliminar resabios machistas como los enunciados en el Código Civil cuando hace referencia a que el marido es el “jefe” de la sociedad o el derecho a que la mujer pueda administrar su patrimonio propio y el social.

Realizar transformaciones radicales desnaturalizará esta institución, cuestión lógica si se considera que el principio de igualdad colisionará con la discriminación positiva que inspira a la sociedad conyugal, institución creada para dar protección al cónyuge más vulnerable.

No podemos sino señalar la incidencia decisiva que en la recta final de esta larga tramitación, tuviera el caso del joven Daniel Zamudio, quien lamentablemente perdió la vida producto de los prejuicios, el odio e intolerancia.

Su tragedia sensibilizó a todo un país y a nosotros como legisladores en el debate parlamentario, por lo que no podemos sino reivindicar, públicamente, como mínima compensación a su aportación y sacrificio, el que dicha ley se promulgue y publique con su nombre. Creemos que este es el mínimo reconocimiento que nuestro país le debe a Daniel.

Volviendo al proyecto aprobado, éste representa importantes avances. En primer lugar, porque entrega un mensaje claro a la sociedad sobre el valor del respeto a los derechos humanos de toda persona, especialmente, de aquellos en una situación de desventaja.

Además, porque avanza desde lo meramente declarativo, al establecimiento de una acción judicial concreta a quienes son víctimas de un acto discriminatorio para recurrir ante los tribunales de justicia, con una correlativa sanción.

Finalmente, y lo más importante, porque obliga al Estado a elaborar e implementar políticas destinadas a garantizar, a toda persona, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

Sin embargo, en la ley hay un gran ausente: las acciones afirmativas específicas.

Estas medidas buscan corregir desventajas y concretar el principio de igualdad de oportunidades, a través de reformas legales y administrativas, como lo sería la implementación de programas sociales dirigidos a estas minorías, campañas educacionales para promover una sana convivencia, entre otras.

Hoy tenemos la posibilidad de avanzar hacia una sociedad más tolerante, pero también corremos el riesgo de estancarnos en simples declaraciones de buena voluntad, que no se traduzcan en medidas legislativas o administrativas claras en pos de la promoción del respeto e igualdad.

Este temor es cierto y de alguna forma lo pudimos observar en el discurso presidencial de este 21 de mayo, ocasión en que el Presidente Piñera valoró la aprobación del proyecto, pero no realizó anuncios específicos de acciones para acabar con la discriminación en nuestro país.

Es necesario abrir hoy el debate y comprender el fenómeno de la discriminación y sus orígenes. Sólo de este modo se podrán implementar políticas públicas efectivas y de calidad, destinadas a educar, prevenir y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, sobre la base del respeto, tolerancia y no discriminación.

Hemos claramente avanzado, pero seamos claros, aún quedan temas pendientes.

Quiénes enarbolan este discurso, sin embargo, pierden de vista que el espectro en cuestión está siendo asignado de forma gratuita, principalmente a empresas privadas, para continuar con el servicio que hoy prestan.

¿Qué sentido tiene entregarles “en bandeja” y de forma gratuita a estas empresas un negocio tan lucrativo como las telecomunicaciones cuando mediante una licitación competitiva tanto el Estado como los consumidores podrían ver mejor representados sus intereses?

¿Por qué en Chile tienen que seguir existiendo empresas privilegiadas, que por el sólo hecho de pertenecer a los grandes grupos económicos del país tienen privilegios que no alcanzan a todos quienes quieren hacer televisión?

¿Por qué unos no tienen que pasar por procedimientos concursales y otros sí?

¿Por qué el espectro es limitado para algunos y para otros está asegurado?

Detrás de estas interrogantes hay cuestiones tan esenciales como el principio de igualdad ante la ley y libre competencia para los entrantes, más allá de su tamaño y procedencia.

Esta no es una discusión de la industria de “cableros” v/s TV abierta, es una discusión que incluye a futuros canales de TV que emprendan en el negocio de la Televisión Digital y que no pueden estar sujetos a reglas más estrictas que aquellos que ya ingresaron a la cancha.

Pero por sobre todas las cosas es una discusión sobre como aumentar la calidad de la oferta, mejorando cobertura y disminuyendo precios para el consumidor final: el ciudadano.

No entender esta cuestión significa replicar, veinte años después, el mismo yerro que en su minuto significó otorgar concesiones gratuitas e indefinidas a canales vinculados a proyectos universitarios, en aras de privilegiar contenidos culturales. La historia de cómo falló la intención del legislador en esa regulación es conocida.

Parece inaceptable que el Estado no discuta el verdadero uso del espectro que se está destinando a la TVDT, que se esté asignando gratuitamente a los actuales operadores y que, sin mayor reflexión, a los grupos económicos más poderosos del país el Estado les entregue un gigantesco subsidio que en definitiva afectará a los bolsillos de los ciudadanos.

El Ejecutivo en esto no está siendo eficiente, ya que en la práctica no solo promueve concentración en unos pocos, sino que además hace un uso poco eficiente de un bien escaso como el espectro.

El espectro debe ser destinado únicamente a la televisión mientras no se discuta la verdadera forma de aprovechar el dividendo digital y dada la alta afección que tenemos sobre el derecho de propiedad, es que resulta indispensable que ese espectro se asigne por un breve período de tiempo, en concesiones definidas, evaluables, competitivas, transparentes y en iguales condiciones para todos.

Seguimos considerando que las concesiones a 25 años son excesivas y volverán a generar distorsiones de contenidos y asimetrías de mercado.

Como hemos dicho hasta la saciedad, al ser el espectro un bien público, el Estado no puede considerar razones de esta categoría, para su asignación, más allá de los conflictos que las compañías o la industria pretendan levantar en su propio beneficio, disfrazando muchas veces argumentos corporativos, con intereses colectivos supuestos.

Debemos sacar “al pizarrón” al Gobierno y pedirle que de a conocer públicamente su Plan de Radiodifusión Televisiva, para saber exactamente cuál es el espacio disponible, que actores podrán entrar a jugar, a que costo y en que lugares. Esto se viene pidiendo desde el primer trámite legislativo y la subsecretaría de Telecomunicaciones no ha dado “señales” al respecto.

En la Cámara de Diputados seremos férreos defensores que este gran cambio que significa la TVDT no sea un “Gato Pardo”, en perjuicio de los consumidores.

Lejos de las ideas matrices del proyecto enviado en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, una ley que debería regular la migración tecnológica de la TV desde su actual formato analógico al nuevo estándar digital, aprovechando las ventajas de la nueva tecnología en beneficio de los usuarios y del Estado, el panorama se ve hoy enredado llegando a un punto en que se amenaza su viabilidad legislativa

Más de seiscientas indicaciones se han presentado en el segundo trámite constitucional en el Senado; apuntan a temas completamente diversos como es el caso de la denominada retransmisión consentida o la autorización de cobro para todo o parte de los contenidos transmitidos en la televisión abierta.

La lógica política y economía procesal indican que lo primero debiera ser abordado a través de una ley especifica (propiedad intelectual o industrial), mientras que lo segundo debiera simplemente prohibirse ya que el espectro que se les asigna a los actuales operadores se entrega de forma gratuita y sin concurso, manteniendo las actuales condiciones y a cambio de televisión de libre recepción, es decir, abierta y gratuita.

Tan grave como lo anterior es que los legisladores desaprovechemos la oportunidad histórica de discutir un estatuto de televisión pública acorde con los tiempos que corren y con arreglo a los principios de gratuidad, acceso, pluralismo, fomento cultural y cobertura de la futura televisión.

Pero ¿qué es lo que podría estar detrás de todo esto?

¿Será que grandes grupos empresariales, nacionales y extranjeros, algunos dueños de canales abiertos, ven en esta nueva regulación una oportunidad para mejorar su negocio, cobrando nuevos servicios, dentro del espectro asignado de forma gratuita (so pretexto de derechos adquiridos) para generar nuevos productos?

No queremos apresurar la respuesta y nuestra responsabilidad es escuchar a todos los grupos y personas con intereses involucrados pero fijando principios y estándares intransables para todos por igual, en un proceso de asignación que no podría ser sino a través de licitaciones competitivas, públicas, abiertas y definidas.

Pero esto, que parece una “obviedad”, dejo de ser regla en nuestra TV actual, a cuyas empresas se les asignó espectro público, en forma gratuita e indefinida, con la condición de que las Universidades (otrora propietarias) y el Estado (en el caso de TVN) emitieran televisión de libre recepción para todos los chilenos, contribuyendo con ello al desarrollo cultural del país.

Todos sabemos que en la actualidad las Universidades vendieron sus canales y la televisión estructuró un modelo de negocios anclado en el avisaje y en la dictadura del people meter.

A esta distorsión se sumaron los problemas de cobertura de la señal abierta para llegar a todas las comunas y zonas de nuestro país, dificultando especialmente en áreas rurales la recepción de canales. Para estos chilenos, también titulares del derecho de ver televisión pública, la única forma de captar adecuadamente señal se dio por la vía de antenas receptoras satelitales o contratos de suscripción de cable.

Sería saludable entonces, recuperar el correcto sendero de política pública en esta discusión, concentrándonos en la llegada de la televisión digital a todos los hogares del país, lo que no puede seguir convertido exclusivamente en una discusión sobre la búsqueda de ingresos para los canales de televisión con ausencia de obligaciones de interés público.

A los millones de chilenos les interesa que la futura televisión digital entre a sus hogares, de manera gratuita, con más diversidad y oferta, en zonas urbanas y rurales.

Para ello, es necesario no perder el eje del debate: una mejor televisión para todos los chilenos, gratuita para el caso de la televisión abierta, sin segmentación de contenidos, (cobrando por algunos y transmitiendo sin costo otros), sujeta a concesiones definidas, evaluables, competitivas, transparentes y en igual condiciones para incumbentes y entrantes.

Si a esta discusión le sumamos un bonus track en revivir la discusión, por separado y en su sede, del proyecto de “TVN”, en hora buena.

Preocupa saber que un satélite puesto en órbita en diciembre de 2011 y calibrado en órbita con excelentes resultados en febrero de 2012, aún no puede poner a disposición de Chile y, del mundo entero, las imágenes que ya deben estar en archivos y las que técnicamente puede tomar ante los requerimientos públicos y privados. Lo anterior, porque no existen políticas nacionales respecto al acceso a estas imágenes ni sobre una decisión política de Estado respecto de los precios a cobrar a nivel nacional e internacional.

Después de más de 30 años de funcionamiento de comisiones asesoras presidenciales dedicadas al espacio ultraterrestre en Chile, no hemos sido capaces de cumplir los mandatos encargados.

El 17 de julio del año 2001, se creó la última comisión asesora presidencial denominada Agencia Chilena del Espacio con la principal misión de proponer una Política Espacial Nacional y elaborar y proponer una institucionalidad para una efectiva Agencia Espacial nacional, con patrimonio y personalidad jurídica propio, a través de un adecuado y consensuado Proyecto de Ley.

Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se dio el gran y esperado paso de autorizar la compra del satélite chileno a través de una licitación pública internacional, adjudicada en julio de 2008 y usando los fondos de la Ley Reservada del Cobre, con la condición de que fuera un proyecto dual, nacional, es decir, para satisfacer los requerimientos de todos los sectores civiles y militares del país.

Sin embargo, hoy, la Fuerza Aérea de Chile al parecer ha debido absorber no sólo la carga de operar el satélite desde una base aérea sino que, además, da la impresión que se le estaría entregando la responsabilidad de hacerse cargo de las políticas nacionales de uso del recurso satelital, de su difusión a niveles estudiantiles y haciendo de contraparte nacional ante las autoridades espaciales de otros países.

Entendemos, que lo anterior no está en el deseo ni en el espíritu de la FACH ni de ninguna rama de las Fuerzas Armadas y que ha debido tomar algunas iniciativas ante la ausencia de otro organismo civil con responsabilidades encargadas por el gobierno de Chile.

La misma FACH y toda la comisión asesora presidencial, integrada por 14 miembros, ya recomendaba el año 2006 el traslado de la Presidencia de la Comisión, radicada hasta 2008 en la subsecretaría de Aviación del ministerio de Defensa a otro ministerio del ámbito civil, lo que efectivamente se llevó a cabo a comienzos del año 2009, mediante DS, asentando la nueva presidencia de la Comisión Asesora en la subsecretaría de Economía, con presupuestos asignados para su funcionamiento hasta el año 2011.

Después de funcionar esta Comisión más de 2 años (2009 – 2011), se toma conocimiento de que el Decreto Supremo 0144 nunca fue publicado en el Diario Oficial, por lo que hoy ni siquiera tenemos una Comisión Asesora de nivel presidencial, dejando al descubierto una asignación presupuestaria irregular por parte de la Dirección de Presupuesto y volviendo como diría un abogado a fojas cero, es decir, a una comisión funcionando en el ministerio de Defensa que aún no se conoce de ninguna reactivación.

Ya es tiempo de tomar en serio la importancia del uso de la tecnología espacial con fines pacíficos y hacer bien las cosas.

Ya no es necesario probar que la tecnología satelital es necesaria y eficiente en las telecomunicaciones, en la meteorología, en la navegación y posicionamiento global, en la astronomía y en tantos campos de la ciencia y de la tecnología.

Es cosa de enterarse cómo los países desarrollados y en desarrollo luchan por tener un cupo en este conocimiento e incluso en el área de la exploración espacial.

Ya no sólo nos han dejado atrás en materias espaciales nuestros vecinos Brasil y Argentina, sino que además Venezuela y Bolivia han tomado decisiones importantes no sólo adquiriendo satélites de telecomunicaciones y de observación de la tierra, sino que además creando sus agencias espaciales.

Es cierto que nuestro nuevo satélite exhibe una característica que nos llena de orgullo y expectativas y es que posee la más alta resolución espacial en el continente sudamericano (1,45 metros en pancromático y 5.8 metros en multiespectral), aunque el período de revisita sobre un mismo punto en forma perpendicular es de 37 días, mejorada sustancialmente a 3 – 5 días por su capacidad de giro satelital en su eje longitudinal.

Ya tenemos un problema de Política Espacial de Estado y es que éste satélite, como es normal en su tipo, fue diseñado y construido para un período de vida útil de 5 años.

Por lo tanto, ya estamos atrasados si queremos tener un satélite de remplazo antes que el SSOT termine o se degrade en su funcionamiento, ya cabe la pregunta obvia: ¿a quién le encargamos todos los estudios preliminares de factibilidad, de definición de la misión, el llamado a propuesta, construcción, lanzamiento, seguros, etc.?

Queremos solicitar al señor Presidente de la República que imparta las instrucciones adecuadas para que en muy corto plazo – ojalá durante 2012 – de manera transparente, con participación de todos los expertos espaciales y satelitales con que cuenta Chile, contemos con una buena propuesta de desarrollo espacial para Chile, que considere un Proyecto de Ley para crear una Agencia Espacial, la respectiva Política Espacial Nacional, una definición de presupuesto de corto y mediano plazo.

Para este efecto, se pone a disposición del gobierno todos los estudios y recursos humanos especializados con que contamos, con el compromiso de utilizar todos los recursos ya disponibles en nuestras Fuerzas Armadas y en especial de la Fuerza Aérea, las universidades, el sector público y privado y poniendo en funcionamiento urgente la Comisión Asesora Presidencial denominada Agencia Chilena del Espacio disponible en el ministerio de Defensa, como una medida provisoria de corto plazo, mientras se activa otra solución de consenso.

Sabemos que el Presidente Piñera está interesado en este tema, lo que lo motivó a separar importantes tiempos de su agenda para estar presente en el lanzamiento de nuestro satélite y también haber dado algunas instrucciones para considerar la creación de una Agencia en el sector de Telecomunicaciones, que estimamos debe ser evaluada y transparentada.

Por eso, le solicitamos que incluya el tema del desarrollo espacial en Chile dentro de su próximo mensaje del 21 de mayo.