Normalmente, se muestran ambas visiones como opuestas, en circunstancias que no tendría por qué haber una colisión entre una política comprensiva de todos los factores que inciden en el fenómeno delictual, con la persecución eficaz e implacable de los delincuentes, especialmente en los delitos de mayor connotación social.

La delincuencia debe ser enfrentada con políticas integrales, que incluyan las tareas de prevención psicosocial y policial, los programas dirigidos a niños y jóvenes vulnerables, la inclusión en materia educacional, la situación del empleo juvenil, la política de drogas, la rehabilitación social e incorporación laboral de los reclusos y también el trabajo en materia de salud mental y la forma en que construimos las ciudades y sus redes de relaciones. Sin duda, todos éstos son factores que inciden en la realidad delictual del país.

Este enfoque integral no se contradice con el endurecimiento de las penas y la restricción de la aplicación de medidas alternativas para su cumplimiento.

Algo similar ocurre con el tema del control de identidad, el que aparentemente se opondría a la protección de derechos individuales o a las garantías del nuevo proceso penal.

No comparto ese punto de vista. En primer lugar, porque el control de identidad forma parte de las funciones de resguardo del orden y la seguridad pública que corresponde a las policías, más que a los procedimientos de investigación criminal.

Además, porque estoy seguro de que las instituciones policiales cuentan con la capacidad profesional para hacer un uso racional y adecuado de esta facultad. Si se cometiesen abusos, hoy existe una ciudadanía más consciente de sus derechos y poseedora de mecanismos de control público que permitirán que esos casos puntuales sean efectivamente sancionados.

Nada de esto ocurría hace algunos años, cuando tal atribución era percibida con desconfianza por buena parte de la ciudadanía y se podía aplicar con criterios de discriminación arbitraria, fundada en motivos de raza, etnia, nacionalidad, ideología, opinión política u orientación sexual.

El país ha cambiado. En muchos aspectos para bien, pero también ha retrocedido en algunas materias.

La seguridad ciudadana se ha transformado en uno de los temas que  mayor preocupación y ansiedad está generando en los chilenos, los que esperan una respuesta más completa y contundente de parte de los órganos del Estado, policías, fiscales, jueces, gobierno y municipalidades.

El proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, apunta en la dirección correcta. No puede ser de otro modo pues el Estado de Chile no se puede permitir un fracaso en esta materia y debe hacer uso de todas las herramientas que pone a su disposición el derecho para enfrentar la delincuencia.

Aplicar penas severas y ejemplares no impide que, en su momento, se aplique también la compasión, cuando se pueda constatar la rehabilitación y las posibilidades efectivas de reinserción de los condenados.

En este sentido, resulta conveniente considerar la revisión del Código Penal para ajustar la escala de penas que actualmente se aplica, y al mismo tiempo, establecer los tribunales de cumplimiento de condenas, que permitirán tener una instancia de evaluación objetiva de los méritos para aplicar medidas de cumplimiento alternativos.

Pero nada de esto tendrá sentido si no atacamos con la misma fuerza los delitos de cuello y corbata, sobre todo cuando son millones los afectados, no ya por el temor de ser objeto de un delito, sino como víctimas directas de las maniobras de estafa, colusión o negociaciones incompatibles, que dañan tan fuertemente a consumidores, cotizantes de AFP o pequeños empresarios y accionistas.

En definitiva, nada de esto tendrá sentido, si seguimos siendo una de las economías más desiguales del mundo y no perseveramos en el camino de reducir las enormes brechas de desigualdad que actualmente existen en nuestro país.

Pero los problemas no acaban allí. Otra de las grandes razones del malestar social la constituyen, sin lugar a duda, los conflictos regionales. En la base de éstos se encuentra siempre el mismo problema: los frutos del progreso y las ganancias parecen no ser compartidos con los habitantes de las regiones donde éstos se producen.

Frente a ese panorama, no es difícil prever que los conflictos entre empresas energéticas y las comunidades van a ir en aumento. Aysén es quizás el ejemplo más mediático, pero los hechos demuestran que este tipo de problemas comienzan a ser la regla y no una excepción.

El año 2014 el Atlas Global de Justicia Ambiental ubicó a nuestro país en el puesto número 10 en el ranking de los países con más conflictos ambientales derivados de proyectos energéticos en curso.

Lo anterior pone de relevancia al menos dos situaciones que debemos atender oportunamente.

Por un lado, velar por la necesaria democratización regional, que entregue a las comunidades y a los ciudadanos, en general, servicios energéticos a precios justos y por otro, impulsar una política medioambiental robusta, que ponga el acento en el uso de energías renovables.

El proyecto que establece mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas –aprobado hace pocas semanas en el Senado- avanza en la dirección correcta, en tanto busca paliar algunas de las externalidades negativas aquí señaladas.

Mediante la implementación del principio de reconocimiento de la generación local se favorece a los habitantes de localidades históricamente postergadas y relegadas. Así, cuando haya mayor generación de energía en Chiloé, las comunidades deberán recibir los beneficios de aquello.

Y también está la equidad tarifaria residencial, que avanza en regular un mercado de servicios básicos, donde el derecho de cada ciudadano a contar con electricidad no pueda estar sujeto a la fijación arbitraria de precios.

Si realmente queremos modernizar nuestro país, debemos saber salir del círculo vicioso en el que nos atrapa la centralización: la cosecha de los frutos de la inversión económica y energética debe favorecer a la población en general, y no solo a quienes ya viven en mejores condiciones.

Tampoco se trata de desconocer lo que hemos crecido. A nivel internacional somos vistos como un país sólido estable y con crecimiento sostenido, sobresaliendo incluso entre nuestros vecinos del continente. Sin embargo, la realidad de la nación se basa en una enorme segregación social en la que el 1% de la población se lleva el 31% de lo producido por el trabajo de todos los  chilenos.

Ahora bien, si pensamos en la solución no podemos desconocer la realidad geográfica de Chile, donde las regiones han vivido la sistemática postergación a causa del peso que hemos otorgado a la Región Metropolitana, Santiago.

No podemos hablar de país, de nación, de chilenos y chilenas, si no estamos dispuestos a superar esta “uniformidad” mentirosa que ha desconocido la real riqueza que posee nuestro territorio y sus habitantes, la cual es su diversidad.

El centralismo ha causado un gran pesimismo en la gente que no vive en Santiago, y yo lo he sentido desde siempre. Sin embargo, no estoy dispuesto a naturalizar esta situación, cayendo en la resignación y en la invisibilización de este gran problema que tenemos en frente y que provoca descontento social y la imposibilidad de conseguir un crecimiento y desarrollo con cohesión y real sentido de pertenencia y patriotismo entre los habitantes de norte a sur.

Es importante, aclarar que el modelo de regionalización que nos rige actualmente fue impuesto por Pinochet, quien lo diseñó sobre la base de criterios geomilitares, en vez de sustentarse disciplinas geográficas, socio-antropológicas, culturales y económicas. Se trata, por tanto, de un modelo que no sólo carece de legitimidad, sino que además ha producido negativos efectos de centralismo e inequidad, lo cual ha impedido transformarnos en un país integrado.

Autores y estudiosos de las realidad regional de diversos países sostienen que para equilibrar o compensar los poderes centrales no queda otra cosa que crear regiones fuertes y poderosas.

Por ello, tenemos que visibilizar el problema, no acostumbrarnos a la realidad actual, no naturalizar los procedimientos y fórmulas que siendo sinceros no nos han servido, y que por tanto, tenemos que reformular, situándonos ya en otro paradigma.

Ahora es el turno de las modificaciones al sistema de las relaciones laborales. Se acusa que no están dirigidas a incorporar más jóvenes y mujeres al mundo del trabajo y que no se potencia la capacitación. Sin embargo, esos objetivos -que todos compartimos- no son propios del derecho colectivo del trabajo, y requieren, por tanto, de otro tipo de medidas y cambios que debemos hacer como país para dar un nuevo impulso a la productividad y competitividad.

Como si se tratase del peor de los males se argumenta que, más que laboral, la reforma es sindical, aunque ello en si nada tiene de malo. Por cierto, es mucho más que una reforma sindical. Constituirá un avance para los trabajadores sindicalizados, que contarán con reglas más justas para negociar colectivamente con sus empleadores. Y, a través de la extensión de los beneficios obtenidos con sus negociaciones, también podrán favorecer a los trabajadores sin afiliación sindical.

Lamentablemente, hay un sector de la sociedad chilena que siempre ve amenazas en el horizonte. Hoy es el turno de los sindicatos, aunque en el fondo, el temor es al diálogo y a enfrentar nuestras diferencias. Dicho de otra forma, es el miedo a la democracia.

Se pretende, entonces, generar una distancia entre trabajadores y sindicatos, apelando al clima de desconfianza que prima en el país, instalando la idea de que los sindicatos adquirirían un poder ilimitado, lo que se transformaría en fuente de abusos contra las empresas e, incluso, contra sus propios afiliados o los trabajadores no sindicalizados.

Un país que desconfía no avanza, mucho menos si la desconfianza recae sobre los millones de chilenos que constituyen la masa laboral.

Una sociedad moderna espera que el Estado cumpla un rol regulador y fiscalizador, y que trabajadores y empleadores tengan espacio y garantías para acordar una serie de materias por sí mismos, de manera proactiva y en igualdad de condiciones, no sólo en cuanto a salarios y beneficios sino también aquellas destinadas a conciliar el trabajo con la vida familiar, la elaboración de planes de igualdad de oportunidades y de equidad de género, la capacitación, la reconversión productiva y el desarrollo de mecanismos para solucionar controversias.

El eje central del Gobierno de la Presidenta Bachelet es la equidad. La reforma laboral apunta a generar equidad en la negociación entre empleadores y trabajadores.

Así, durante la recién pasada legislatura, el sistema binominal para las elecciones parlamentarias fue reemplazado por uno de carácter proporcional que garantiza mayor equidad. Además, los chilenos residentes en el extranjero conquistaron su derecho a votar y participar en los procesos electorales del país.

Hoy, en el marco de la discusión del proyecto de fortalecimiento de la transparencia de la democracia, estamos trabajando en la generación de condiciones más justas para el desarrollo de los partidos políticos y la competencia electoral.

También hemos abordado, a través de otra iniciativa legal en plena discusión, la sanción de pérdida del cargos para parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales y concejales que infrinjan las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral. Se trata de materias clave para la calidad de la democracia

Es cierto que algunas de estas iniciativas tienen su origen en las irregularidades del sistema político que hemos conocido en el último tiempo.Pero con éstas y otras propuestas, próximas a discutirse, se está haciendo el trabajo lento y perseverante que apunta a desarticular, una a una, todas las barreras, las trampas y los obstáculos que han impedido la expresión auténtica y plena de la voluntad ciudadana.

Es probable que la gente no valore hoy estos esfuerzos en toda su dimensión, pues la estridencia y la mordacidad de las redes sociales suele apagar la voz pausada y reflexiva de quienes reconocen cada avance. Es natural, pues la desconfianza y  el individualismo han calado profundo en nuestra sociedad.

Por supuesto, la clase política, como consecuencia de sus errores, tiene responsabilidad en ello.

A través de la Agenda para la Transparencia y la Probidad, el Gobierno, la Nueva Mayoría -y progresivamente también la Oposición- nos estamos haciendo cargo de esa realidad.

Esperamos que las chilenas y chilenos asuman un rol activo en cuanto a ser verdaderos titulares de derechos y no meros beneficiarios de subsidios. Dicho de otro modo, más ciudadanos y menos consumidores.

La semana última, el Senado aprobó un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones laborales de un importante grupo de trabajadores del sistema primario, lo que constituye un avance y una mejora para los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en los centros de salud municipales, muchas veces con contratos precarios o calificados en categorías inferiores a las que amerita la titulación técnica de nivel superior que poseen.

Sin embargo, el proyecto no dispone de recursos adicionales para aquellas funciones dedicadas a la atención de salud propiamente tal.

Si la preocupación principal del Gobierno apunta a resolver las necesidades de las personas, resulta razonable que los proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo, además de resolver las reivindicaciones legítimas de los trabajadores, también permitan que los municipios puedan contratar más especialistas, más enfermeras y más técnicos de nivel superior.

Ahora que se habla de reorientar la agenda y los compromisos del Gobierno, los esfuerzos en salud deberían, necesariamente, orientarse a reducir las listas de espera tanto de consultas médicas como de intervenciones quirúrgicas, que generan malestar e incertidumbre entre miles de pacientes a lo largo de todo el país.

Sólo en la Región de Los Lagos, hay 59.937 personas en lista de espera por una consulta médica y 14.200 pacientes esperando por una intervención quirúrgica.

Si el realismo evidencia la dificultad de construir todos los hospitales comprometidos, al menos no renunciemos a la idea de disminuir sustancialmente las listas de espera en los centros de salud del país, y resolver así un problema concreto y urgente de una parte importante de la población.

La atención primaria puede ayudar a reducir la lista de espera de especialistas. Sin embargo, en vez de fortalecerla, se aumenta la carga financiera de su administración, que desde hace años arrastra un fuerte déficit.

Las reivindicaciones de los funcionarios son completamente legítimas, pero su financiamiento debe ser de total responsabilidad de la autoridad central, lo que en este proyecto una vez más, no se está cumpliendo.

Por años, las regiones han figurado principalmente en caso de tragedias y crímenes y eventualmente por alguna controversia de tipo ambiental. Muy pocas veces aparecen como protagonistas en sucesos de otra índole. La explicación desde el centro es tan sencilla como insuficiente: aparecen cuando constituyen noticia. 

Sin embargo, y a pesar del malestar con la TV abierta, la VIII encuesta de televisión realizada por el CNTV señala que una amplia mayoría de los televidentes afirma no conocer algún canal de TV de su región, ciudad y localidad. Entre la minoría que sí los conoce, si bien se manifiesta una valoración positiva e importante respecto del sentido de localidad, hay también una crítica bastante dura a la calidad de la programación de estos canales.

Sabemos que hay un grupo de canales de pequeño o mediano tamaño, que con bastante esfuerzo y mucha creatividad -con las que suplen la escasez de recursos-, están desarrollando proyectos en distintas zonas del país.

Ellos reconocen la existencia de fondos para promover, financiar y subsidiar la producción, transmisión y difusión de programas de nivel cultural o de interés nacional o regional, pero se quejan –y con razón- de la insuficiencia del Fondo de Medios Locales que administra la SEGEGOB y de la inequidad en la distribución de recursos por concepto de publicidad del Gobierno, los que se concentran en los grandes medios, obviando una responsabilidad superior del Estado, la de colaborar con la supervivencia de los medios locales con el propósito de garantizar, precisamente, la diversidad de contenidos, pautas y posturas editoriales.

La misma encuesta del CNTV, señala que –para los encuestados- las empresas auspiciadoras y los empresarios en general, el gobierno y los artistas, son los actores más influyentes en la TV.En el otro extremo, los indígenas, las minorías sexuales, y los sectores populares aparecen como los menos influyentes.

Cabe preguntarse entonces, hasta qué punto los medios garantizan la diversidad de voces –como suelen afirmarlo en sus declaraciones de intenciones- y hasta qué punto se centran en el negocio de visibilizar a los poderosos y reafirmar su influencia.

Hoy, con la nueva ley de TV Digital, está garantizado el aspecto técnico  -se va a ver y oír mucho mejor- pero queda pendiente el desafío de la calidad de la programación y de la integración territorial y social que garantice el pluralismo y la diversidad que tanto buscamos.

Sabemos que el desarrollo de Chile dependerá del nivel de desarrollo de sus regiones pero los avances son tímidos, o su tramitación ha resultado, cuando menos, lenta. Y nos quedamos a la orilla de un camino que debimos haber comenzado a recorrer hace bastante tiempo.

El proyecto de Reforma Constitucional que establece la elección directa de intendentes está recién en primer trámite. Falta aún el segundo trámite y luego hay que despachar la ley regulatoria. Nadie discute que elegir al intendente mediante un sistema democrático en la propia región es un progreso, pero al día de hoy no tenemos claridad si esa elección será el 2017 o incluso el 2021.

Algo similar ocurrió con la elección directa de los Consejeros Regionales. La ciudadanía los votó por primera vez en 2013, sin saber con claridad cuál es el rol del CORE –a pesar de que existe desde hace décadas-, y sin saber los propios candidatos en qué condiciones realizarían sus labores.

Con urgencia, tuvimos que legislar sobre las funciones y atribuciones del Presidente del Core y también para establecer algunas mejoras básicas en las condiciones laborales de los consejeros.

El proyecto de fortalecimiento de la regionalización fue ingresado al Congreso en octubre de 2011, y hoy se encuentra en segundo trámite con una extensa indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo en enero último, que recoge parcialmente algunas propuestas de la Comisión Presidencial para la Descentralización.

Sin embargo, este proyecto no logra –a mi modo de ver- desprenderse completamente del estilo centralista, en tanto propone un modelo de transferencias de competencias rígido y complejo, con muchos requisitos  para materializar la transferencia propiamente tal. Además, establece la figura del gobernador regional, que resta atribuciones al intendente electo, y propone el incremento de divisiones y unidades regionales.

Así, hay un riesgo inminente de sobrepoblar las dependencias de los gobiernos regionales con mayor burocracia y conformar una estructura obesa, difícil de moverse con la agilidad que el desarrollo de las regiones exige.

El panorama no es del todo alentador. Se requiere de un impulso más concreto, menos burocrático y más eficiente, de modo que el compromiso de fortalecer la regionalización tenga un correlato concreto en gobiernos regionales y municipios que cuenten con capacidades y recursos económicos y humanos para constituir, efectivamente, un aporte a la descentralización y a las aspiraciones de las regiones.

Se trata de una iniciativa que busca fortalecer los mecanismos de control social y transparencia para asegurar la probidad pública en el ejercicio de la función pública, la prevención de conflictos de intereses y la separación tajante entre negocios y política.

El deterioro de la confianza hacia la actividad política y la función pública viene arrastrándose desde hace tiempo.

Las instituciones y el sistema político tardaron mucho tiempo en reaccionar frente a signos que hace años se venían presentado y que fueron horadando la legitimidad del sistema, dañando su imagen y levantando barreras difíciles de franquear entre la política y la ciudadanía.

El retroceso de lo público en función de lo privado –propiciado desde la década de los 70- generó en Chile un tipo de acción política que construyó una relación indebida con el sector empresarial, lo que decantó en una crisis general de cuyos efectos hemos sido testigos directos en los últimos meses. Y si bien los casos de corrupción conocidos han sido aislados, la gente ha perdido confianza en el sistema y reclama una nueva forma de relacionarse con el poder político y económico.

La mejor manera de enfrentar los males de la política es con más y mejor política.Ese es el verdadero desafío que enfrentamos. En ese sentido, a los esfuerzos en materia de transparencia y probidad conocidos en las últimas semanas, se suman otras leyes –ya aprobadas o en proceso de discusión- que apuntan a fortalecer nuestro sistema democrático, como el término del sistema electoral binominal y su reemplazo por uno de carácter proporcional o la iniciativa que establecerá límites a la reelección de autoridades.

Así, los partidos políticos e independientes representados en el Congreso Nacional están haciendo su trabajo, mejorar la política desde la política.

Pero al final del día, éste no es un problema que afecte sólo a los políticos. Es un problema de la sociedad chilena en su conjunto. Por lo tanto, los cambios legales por sí solos no bastan para resolver el nudo crítico en el que nos encontramos. Es necesario un cambio de conducta general, con una ciudadanía más formada e informada y con actores políticos capaces de fijar con claridad y energía sus posiciones personales y colectivas.

Quienes nos dedicamos a la actividad política desde cargos de elección popular, estamos conminados a representar los intereses de la comunidad, no a formar una elite cerrada que espera a que pase el temporal para seguir haciendo lo mismo de siempre.

Nuestro imperativo, entonces, apunta a tener la humildad para reconocer lo que somos, el coraje para defendernos de las acusaciones injustas y la voluntad para cambiar aquellas prácticas que nos alejan de las personas.

Por medio de voceros oficiosos como el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Sweet, la dirigencia empresarial de organismos como CPC y SOFOFA, dejan en claro que no son partidarios de la simetría de las relaciones entre trabajadores y empleadores, y que prefieren las empresas en que no existan sindicatos ni liderazgos laborales.

Resulta curioso, y hasta contradictorio, que el empresariado chileno, formado en colegios y universidades católicas, omita los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia y siga promoviendo un estilo de gestión empresarial que niega los derechos básicos de los trabajadores -como su organización en sindicatos- y prefiera a los “grupos negociadores”, sin fuero ni protecciones.

La modernidad empresarial no puede aparecer sólo cuando hay que firmar acuerdos de libre comercio que amplían mercados para sus productos, para transformarse en conservadurismo cuando se trata de mejorar las relaciones laborales y reconocer a los sindicatos. Este comportamiento representa una cultura empresarial que no le hace bien al país ni menos a su desarrollo productivo.

El proyecto del Gobierno imprime mayor adaptabilidad y dinamismo al mercado laboral, al permitir que trabajadores –debidamente representados por sindicatos – y empleadores puedan acordar la aplicación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo relativas a la jornada laboral y  extender las materias a negociar colectivamente.

También promueve la titularidad sindical, elimina los grupos negociadores cuando en una empresa hay sindicatos, elimina los reemplazos en las huelgas y crea los servicios mínimos en caso de huelga legal.

Está demostrado que la mayor productividad se logra con empresas que invierten en capital humano, innovación y tecnología, promueven climas laborales de colaboración/cooperación, respetan la organización de los trabajadores y acogen la negociación colectiva amplia para concordar materias como los incentivos salariales.

La propuesta  del Ejecutivo apunta a generar una nueva cultura en las empresas donde los sindicatos dialoguen con sus empleadores. El sindicalismo, en tanto, debiera valorar estos avances y construir una mayoría que otorgue legitimidad social a esta reforma laboral, dejando en evidencia la minoría que descalifica la iniciativa sin valorar el avance legislativo que este proyecto significa para el mundo del trabajo.

En el Congreso vamos a escuchar todas las opiniones. Ése es el espacio para analizar y perfeccionar el proyecto del Gobierno. Lo que no resulta presentable es que se pretenda paralizar este necesario debate a través de campañas negativas por parte del empresariado.

En esa oportunidad, siendo candidato al senado, planteé con claridad que dicho impedimento afectaría de manera notoria a Puerto Montt, uno de los principales puertos del sur del país, que en los últimos 15 años ha visto florecer el desarrollo del turismo marítimo.

Hace pocos días, la denuncia fue ratificada por el capitán holandés Wouter Van Hoogdalem, capitán del Crucero Zaandam, que cerró la reciente temporada de cruceros por la Patagonia.

Los datos son claros. Un 30% de los actuales cruceros que realizan el circuito patagónico requerirán de más altura que la establecida en el proyecto para cruzar el canal.

Las tendencias en construcción naval apuntan a desarrollo de naves cada vez más grandes y la mayor demanda por recorrer las costas del sur austral impone también a las empresas la necesidad de destinar buques de gran calado para cubrir esta ruta.

Por tanto, el que se espera sea el mayor puente de Sudamérica no puede convertirse, al mismo tiempo, en la mayor barrera turística para los cruceros.

La licitación para la construcción de esta mega obra realizada durante la administración de Sebastián Piñera priorizó el impacto comunicacional por sobre el futuro marítimo y turístico de la zona. Ello explica que no se prestara la debida atención a los requerimientos de la industria de cruceros.

Afortunadamente, aún hay tiempo para enmendar la omisión y buscar una solución que, por cierto, no va a resultar barata, pero que requiere del mayor esfuerzo por parte del ministerio de Obras Públicas.

No podemos permitirnos el lujo de convertir Chacao en un nuevo Puente Cau Cau, donde por acelerar los procesos para el lucimiento del ex Presidente Piñera las cosas se hicieron mal.

Lo mismo ocurrió con varios hospitales a lo largo de todo el país que fueron inaugurados y puestos en funcionamiento de manera parcial, como sucedió con el centro asistencial de Puerto Montt, donde recién en estos días se está licitando la construcción de un jardín infantil para atender los requerimientos de los funcionarios.

Mi compromiso es el de realizar todas las gestiones necesarias ante las autoridades del MOP para resolver la diferencia en la altura consignada en el proyecto del Puente Chacao, que afectaría el ingreso de cruceros de gran calado al puerto de la capital regional.

La base de la molestia de los pescadores de Chiloé o de Puerto Montt es la misma de los hombres de mar de las zonas centro y norte del país.

Han pedido, repetidamente, el pronto inicio de la revisión de la Ley de Pesca, que consideran abiertamente perjudicial para su sector, la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, y la agilización de normativas legales como la Ley de Bonificación del Repoblamiento y cultivo de Algas, la ley Bentónica y la ley de regularización de caletas, que entregará la titularidad de estos espacios a la pesca artesanal y sus organizaciones, entre otras.

Como respuesta a sus peticiones, han recibido excusas y nuevos compromisos para establecer agendas, cronogramas y mesas de trabajo. Y, en último término, cuando han protestado en la calle, han sido duramente reprimidos por la policía, como ha ocurrido esta semana en Dalcahue, Ancud y otros sectores de la provincia de Chiloé.

Estos hechos, lejos de contribuir a mejorar la situación, no hacen más que minar la confianza de los pescadores artesanales en el funcionamiento de la institucionalidad del sector.

Los pescadores artesanales no están a la espera de bonos ni de nuevas medidas paliativas. Los parlamentarios tampoco podemos seguir remendando, indefinidamente, una legislación pesquera que no sólo se ha quedado atrás en el tiempo, sino que además presenta deficiencias de fondo y que le da la espalda a una actividad productiva tan relevante para el país, como lo es la pesca artesanal.

Hoy, el imperativo es avanzar en el conjunto de temas relacionados con la pesca que, hasta el momento, han quedado relegados a un segundo plano de la agenda.  Hacen falta líneas de trabajo claras y cronogramas precisos, en los que se involucre activamente a los pescadores artesanales en la definición de soluciones permanentes, eficientes y válidas. Por de pronto, mi compromiso como parlamentario representante de una Región pesquera y como integrante de la comisión de Pesca del Senado, es trabajar con ahínco por construir una política pesquera a la altura de lo que el país necesita.

Sólo de ese modo será posible entregar a las miles de familias que viven de esta actividad la tranquilidad y seguridad necesaria para el desarrollo de su actividad, y dejar atrás los recurrentes episodios de conflicto que no hacen otra cosa que alterar la paz social y el normal funcionamiento del conjunto del país.