Lo anterior, ha sido criticado, pues para algunos importa un freno al empleo femenino.Asimismo, se cuestiona que el beneficio se restrinja sólo a empresas de mediano tamaño que superen el umbral exigido.

Por ello se ha anunciado, desde ya hace bastante tiempo, que se promovería una reforma que universalizaría el acceso. El Presidente Piñera acaba de insistir en ello con ocasión del Día del Niño.

El texto se encontraría en las etapas finales de su redacción y, según se ha informado, utilizaría como financiamiento el 1% de la actual cotización de cargo del empleador al seguro de cesantía.

Eso significa en concreto que el gobierno trasladaría el costo de las salas cunas a los trabajadores, a través de una muy grave e inaceptable “letra chica”.

Lo que debe tenerse claro es que la cotización del empleador al seguro de cesantía (1,6% de la remuneración) es descontada, al momento del despido, íntegramente, de la indemnización por años de servicio, por lo que en definitiva es sólo un préstamo o anticipo que hace la empresa al trabajador, pero que luego recupera.

Por lo tanto, cualquier mecanismo que implique echar mano a esa cotización, mal llamada del empleador, implica en la práctica hacer recaer el costo de la sala cuna en el trabajador.

El Ejecutivo ha caído en una total improvisación en estas materias. Sólo en mayo pasado se anunció que este 1% se redestinaría a ahorro previsional, lo que fue incluso justificado públicamente por la entonces ministra del Trabajo y actual candidata presidencial, Evelyn Matthei.

La iniciativa consideraría también un cambio en la fórmula de cálculo de los ingresos imponibles incluyendo asignaciones como colación y transporte.

Ello parte de una premisa equivocada. Se quiere dar por sentado que la capitalización individual sólo requiere algunos ajustes menores, cuando en realidad lo que está en cuestión es el sistema mismo, que no cumplió sus promesas originales y que no genera pensiones dignas.

Antes de cualquier enmienda, particularmente si se pretende incrementar las cotizaciones, se requiere devolver la confianza de los trabajadores en el ahorro previsional y ello sólo se produce generando un debate en torno a sus fundamentos.

Antes de buscar modificaciones de tipo cosmético debe establecerse que este sistema fracasó y que las AFP no tienen credibilidad alguna. Los trabajadores sienten que están tirando su dinero a un saco roto.

Precisamente la necesidad de aumentar la cotización es la manifestación más evidente que el sistema, como tal, está agotado y no cumplió sus expectativas, pues se vuelve atrás sobre uno de sus principales ejes.

En 1981 se engañó a millones de trabajadores diciéndoles que con menos ahorro que el que aportaban a las Cajas iban a obtener mejores pensiones. Eso no se cumplió y ahora pretenden volver atrás sin discutir en profundidad ni explicarle a los chilenos este rotundo error.

No es posible que durante lo que resta de la actual administración se pueda avanzar en una modificación del sistema previsional.

Lo único realista es iniciar una discusión profunda y seria sobre el sistema en su totalidad, como lo hizo recientemente una comisión especial del Senado, pero cualquier enmienda legal deberá ser impulsada por el próximo gobierno.

Durante la discusión se sostuvo – y así consta en los informes legislativos – que la creación de estas alternativas sólo generaría resultados positivos. Se lograría una asignación más eficiente de los recursos, se mejoraría y especializaría el servicio que prestan las AFP de elección de cartera y se incentivaría a los cotizantes a buscar mayor información y sentirse partícipes en la administración, generando mayor conciencia y responsabilidad sobre el ahorro previsional.

Durante dicha discusión no se plantearon grandes dudas ni observaciones negativas sustantivas respecto de esta materia.

Sólo se expuso, sin ser objeto principal de debate, que los cambios reiterados podrían motivar incrementos de costos en la gestión, por lo que se estableció la posibilidad de cobrar una comisión a partir del tercer traspaso en un año. Las objeciones más frecuentes y reiteradas, eran más bien de escepticismo acerca de la real posibilidad de que los afiliados pudieran aprovechar estas opciones. Se sostenía que la única información disponible provenía de las propias administradoras. La experiencia del fondo dos, creado tres años antes era lapidaria. Sólo lo utilizaron doscientos cincuenta personas.

Pues bien. Diez años después a consecuencia de la inestabilidad de los mercados, que se prolonga desde la crisis del 2008, esta herramienta comienza a ser usada por los afiliados. Éstos empiezan a preocuparse y a analizar las posibilidades que el sistema les ofrece para precaverse de las caídas bursátiles y aprovechar de mejor modo los ciclos ascendentes en los mercados.Se crean, asimismo, entidades destinadas a proporcionar información y orientar a los usuarios.

Se estima que unas cien mil personas se cambiaron al Fondo E, en abril pasado. Una cifra algo menor lo hizo en enero, pero esa vez buscando mayor riesgo. El porcentaje de traspasos es relativamente bajo sobre el universo potencial. Hoy tenemos casi cinco millones de cotizantes y nueve y medio millones de afiliados.Vale decir los movimientos significan menos del 2% del total de cotizantes.

Sin embargo, se han encendido las alertas. Las administradoras, agentes económicos y organismos reguladores han expresado preocupación producto de los impactos de estas corridas en la rentabilidad de los instrumentos de inversión.

O sea, el mecanismo que todos aplaudieron era bueno mientras nadie lo utilizaba.Ahora que se ocupa, aún en forma tan residual, es casi el apocalipsis.

Curiosamente, entre las opciones que se analizan para evitar estas transferencias y sus efectos, está poner en funcionamiento la comisión por el tercer traspaso anual, que hasta ahora no se ha implementado. Ahí sí todo calza. Las AFP han visto por esta vía una interesante perspectiva.

Viendo como sus primas hermanas las Isapres empezaron a incrementar por la vía de la prima AUGE las utilidades que se han visto dificultadas de obtener por efectos de alzas en los planes, las administradoras han advertido que de incrementarse los traspasos hay acá un “emprendimiento” interesante.

Es necesario analizar con mayor perspectiva el funcionamiento de esta nueva realidad y tener prudencia en los anuncios de restricciones al mecanismo de modo de no caer en contradicciones con los mensajes que se entregaron antes de la implementación de esta ley.

Es muy poco serio promover reformas y desdecirse justo cuando éstas empiezan a ser utilizadas. Este tipo de advertencias y opiniones lo único que hacen es seguir sembrando desconfianza en el actual sistema previsional.

Más grave aún es cuando los empleadores utilizan en provecho propio la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones la morosidad del sistema previsional alcanzaría, a marzo de 2012, a unos US$ 1.800 millones.Por ello es imprescindible no sólo apuntar decididamente contra la sub cotización, sino también reforzar los procedimientos y sanciones contra los empleadores que declaran las cotizaciones de sus trabajadores y no las integran en las AFP.

Apropiarse indebidamente de las cotizaciones de los trabajadores no sólo es una infracción previsional, sino también un delito, por lo que se requiere agilizar los mecanismos de cobro y reforzar las sanciones, incluso penales, a los empleadores que incumplen su obligación de retener y enterar estos recursos en las administradoras de fondos de pensiones.

No podemos caer en el contrasentido de agravar sanciones a la sub cotización, o sea cuando se cotiza por menos y mantener la posibilidad de declarar y no pagar, o sea no cotizar nada.

Como es muy difícil que el propio trabajador ejerza acciones contra su empleador mientras dura su contrato, por la necesidad de conservar el empleo, es imprescindible obligar a las administradoras a ser más eficaces en el cobro en representación del trabajador y fortalecer las sanciones. Debe instarse a que procedan con agilidad, pues está comprobado que la posibilidad de recuperar los recursos es mucho mayor cuando se actúa apenas se produce el incumplimiento.

Tanto en la pasada reforma previsional como en forma independiente se han presentado indicaciones y mociones tendientes a imponer plazos y responsabilizar a las AFP por el cobro oportuno y reforzar, también, las sanciones a los empleadores.

Esperamos que sean consideradas en eventuales modificaciones legales.

El Código Aeronáutico, que regula la relación entre las aerolíneas y los pasajeros, data de 1990, época en que el tráfico aéreo no se encontraba tan extendido. Sólo en la última década los pasajeros transportados se han más que duplicado, desde casi unos 6 millones el 2002 a más de 14 millones el año recién pasado.

Pues bien, desde los ’90 la legislación sobre esta materia en todo el mundo, ha tenido numerosos cambios para fortalecer los derechos de los usuarios.

En Europa, por ejemplo, tras el reglamento de 2004, ya se analiza una segunda gran reforma, que en general sigue avanzando en los derechos de éstos, fortaleciendo las compensaciones, aunque otorga, también, un margen un poco mayor de tiempo a las aerolíneas para imprevistos. En Chile, en cambio, la normativa permanece intacta.

Fruto de esta falta de actualización y desajuste, se dan situaciones injustas e inexplicables como que el pasajero que sale de Santiago hacia Madrid tiene más derechos que el que sale del mismo aeropuerto hacia Punta Arenas, aunque lo haga en la misma aerolínea. Ello afecta muy especialmente a los usuarios de zonas extremas, como Magallanes, que se ven expuestos a constantes abusos, cambios de horarios y retardos.

Presenté el año 2006 un proyecto de ley sobre la materia (http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=4982&prmBL=4595-15), que ya fue aprobado en el Senado y que se encuentra detenido en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Entre las principales materias que la iniciativa legal busca reformar se encuentra incorporar una mayor transparencia en la venta de pasajes, de modo que el usuario sepa con claridad las restricciones a que éstos se encuentran sometidos.

Asimismo, modifica el régimen de indemnizaciones por suspensiones y cancelación de vuelos. Debemos avanzar a un sistema de reparaciones predeterminado e inmediato, en función de la duración de los vuelos y el retardo producido, sin perjuicio que los pasajeros puedan acreditar daños mayores, por ejemplo, en hoteles o conexiones y ser debidamente e íntegramente compensados. Además, los procedimientos judiciales deben reformarse para resolver con rapidez los conflictos que se susciten.

Un área tan relevante para el desarrollo del país y, muy especialmente para la conectividad de parte sustantiva de nuestro territorio, no puede permanecer en esta burbuja del pasado ni menos al arbitrio de los operadores, más aún con la escasa competencia existente.

Es hora de que los organismos respectivos, como el ministerio de Economía, la Junta de Aeronáutica Civil y el SERNAC avancen en una normativa que siga cautelando la seguridad, como factor principal, pero que también fortalezca los derechos de los usuarios, especialmente en caso de suspensión o cancelación de vuelos.

Entre las fórmulas que se han escuchado con más fuerza están el muy impopular aumento en la edad de jubilación y, como alternativa, el incremento, en diversa magnitud de la cotización obligatoria. Lo último no deja de ser curioso por cuanto precisamente entre las promesas del actual sistema en sus inicios estuvo que se entregarían mejores jubilaciones con imposiciones menores que las que se aportaban a las cajas.

Pues bien. Evidentemente cualquier modificación en la materia es muy discutible y generar ambiente y consenso para una reforma a gran escala, improbable. La desconfianza en las AFP por sus altas utilidades a expensas de los afiliados dificulta todo avance.

Sin embargo, entre los anuncios, en materia laboral, realizados por el Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional de televisión, hay uno que apunta precisamente en uno de estos sentidos: la reasignación de un punto de la cotización correspondiente al seguro de desempleo a las cuentas de capitalización individual.

Se persigue aumentar el ahorro previsional sin que sea notorio para los afiliados.Según se trate de contratos a plazos fijo o indefinido, todo o buena parte de la cotización al seguro de cesantía constituye un aporte momentáneo del empleador, pero que es posteriormente descontado de la indemnización por años de servicio a que tiene derecho el trabajador.

Redestinar una parte de la cotización del seguro de cesantía a las cuentas de ahorro previsional significa, en los hechos, que se aumentará la cotización a las AFP, de un modo que el trabajador no lo note, pues serán inicialmente pagadas por el empleador, pero serán descontadas al momento del finiquito.

Hay que revisar el texto que se enviará al Congreso, pero a menos que se elimine el artículo que permite hoy al empleador recuperar la cotización descontándola de la indemnización por años de servicio, cuestión muy poco probable, esto es un aumento de la cotización previsional con letra chica, buscando que el trabajador no lo vea reflejado en su liquidación mensual.

No resulta razonable. Antes de realizar modificaciones parciales lo que debe hacerse es discutir una reforma profunda a la capitalización individual, que ha fracasado entregando pensiones miserables.

Tenemos otra abstención, que no ha merecido tanta atención de la opinión pública y que es, también, muy preocupante. Se trata del elevado rechazo de los trabajadores independientes a afiliarse en las AFP’s.

Este año se comenzó a aplicar, en forma gradual, la medida contenida en la reforma previsional, que pretende incentivar que los trabajadores por cuenta propia se incorporen al sistema de capitalización individual.

Quienes acepten adherir cotizarán por ahora en forma voluntaria por el 40% de sus remuneraciones imponibles, el año venidero será por el 70%, hasta llegar el 2014 al 100%. El 2015 se deberá cotizar por el total de los ingresos imponibles, pero además la afiliación será obligatoria.

Sin embargo, las cifras entregadas por la subsecretaría de Previsión Social son desalentadoras. Hacia fines del 2011 se estimaba que unos 400.000 trabajadores podrían comenzar a cotizar. A la fecha unos 125.000 ya han manifestado su decisión de no adherir al sistema y se espera que la cifra de rechazos sea mayor conforme se acerca la Operación Renta, último plazo para optar.

Es probable que, en definitiva, más del 80 o incluso del 90% de los consultados se nieguen a destinar parte de sus actuales ingresos a este fin. No es aventurado pensar, además, que si, como en lo electoral, se abriera la posibilidad de otros mecanismos, incluso obligatorios de ahorro, la estampida sería también masiva.

Es una nueva y rotunda demostración del fracaso absoluto del actual sistema de pensiones que refleja la profunda desconfianza de los chilenos en un régimen que entrega pensiones miserables a un costo muy elevado. Nadie quiere destinar una parte de su sueldo a una caja sin fondo como es el sistema de capitalización individual, que sólo ha servido para enriquecer a los dueños de las administradoras.

El Gobierno equivoca el camino al centrar su foco en estudiar medidas para flexibilizar o modificar la gradualidad y los plazos. Es como jugar al sillón de Don Otto con la previsión de los chilenos, eludiendo el tema principal.

Lo que se necesita – y no podemos seguir evadiendo – es una profunda reforma al sistema previsional que mejore el nivel de las pensiones y recupere la confianza que se perdió desde el mismo momento en que se impuso este régimen por la fuerza en la década de los ’80.

El cambio del mecanismo de capitalización individual debe ser un eje sustantivo de la próxima campaña presidencial y parlamentaria. Con la Presidenta Bachelet se amplió la cobertura a sectores excluidos, que era, sin duda, la falencia más urgente.

El nuevo paso es reformar profundamente el sistema para incorporar mayor solidaridad, disminuir el nivel de riesgo a que son sometidos los fondos, terminar con los elevados costos en comisiones y, en definitiva, lograr pensiones  dignas.

Ese es el verdadero camino para incentivar la cotización y terminar con esta abstención que también nos debe preocupar. No adoptar ahora decisiones sigue condenando a millones de adultos mayores a la pobreza y a otros millones de trabajadores a un futuro incierto, sea por no imponer o por hacerlo en un sistema ineficaz como el vigente.

Los fondos de pensiones de los chilenos están en una permanente lotería, producto de este sistema previsional que los deja expuestos a maniobras anómalas y especulativas.

El semáforo rojo lo ha encendido esta vez la filial chilena de ENDESA ESPAÑA (EE), que anunció este miércoles que sujetaría a la decisión de una Junta Extraordinaria, que se realizará en septiembre, un aumento en el capital social de hasta US$ 8.020 millones, suma que los accionistas minoritarios deberían aportar en recursos frescos, en tanto la
controladora, lo hará con activos en empresas relacionadas.

A consecuencia de esta información, los títulos del holding energético cayeron durante dos días consecutivos en la Bolsa de Santiago, sobre un 13% el jueves y un 3.6% el viernes.

El mercado ha cuestionado la oportunidad de la operación, el incierto destino de los recursos y la existencia de sobrevaloración de activos y vinculación con empresas relacionadas. Se ha imputado, asimismo, que se trata de una hábil jugada
tendiente a evitar los resguardos legales a favor de los accionistas minoritarios y a recoger en Chile recursos frescos que para la matriz española hoy son difíciles de conseguir en Europa.

Como siempre, el pato de la boda, de ese juego fuerte de grandes apostadores son los trabajadores chilenos, cuyos ahorros previsionales son administrados por las AFP´s.Éstas cuentan con acciones que representan el 13% de ENERSIS. Como la baja en el valor bursátil de la firma en estos dos días ha sido cercano a los US$ 2.000 millones eso impacta gravemente en los fondos. Los cotizantes han perdido entrejueves y viernes unos 300 millones de dólares.

Y esto no para. Las pérdidas podrían seguir incrementándose, pues las administradoras se encuentran ahora en la encrucijada de tener que concurrir al aumento de capital, aportando recursos a una cartera de proyectos inciertos y en condiciones leoninas o ver diluida su participación en la compañía.

Es imprescindible la inmediata intervención de las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, como también que las propias AFP’s agoten las acciones legales y administrativas tendientes a impugnar esta operación y resguardar el interés de los afiliados.

Debe clarificarse los detalles del incremento patrimonial resguardando a los accionistas minoritarios y la eventualidad que ENDESA esté utilizando a la filial chilena para obtener financiamiento que hoy le resulta difícil recoger en el viejo continente y que quizás ni siquiera irá a proyectos, sino sólo a hacer caja o pagar dividendos.

Es otra hoja en el largo libro de escándalos que afectan al sistema de capitalización individual. Apenas nos recuperábamos del desastre bursátil de La Polar, ahora tenemos éste.

Año tras año los fondos de los afiliados se diluyen por este tipo de maniobras bursátiles. Es cierto que en este caso las AFP´s son las víctimas, pero también es verdad que es el sistema el que permite e incluso alienta que los ahorros de los chilenos queden expuestos a las contingencias externas y a la codicia de algunos, en esta eterna lotería, que ya está pareciéndose más al “pepito paga doble”.

Porque insiste en un sistema de administración pesquera (las cuotas por armador), a las que unos pocos nos opusimos el 2002 y que hemos confirmado que llevaron al colapso de las pesquerías, pese a que fueron planteadas como la solución del problema. Hoy las capturas de las principales especies han caído a niveles históricos.

Porque las cuotas indefinidas y transferibles constituyen claramente una privatización del mar, entregando definitivamente a unos pocos y para siempre los recursos marinos que pertenecen a todos los chilenos. No hay derechos adquiridos respecto de los bienes públicos.

Porque favorece al mismo sector industrial beneficiado por largos años y que ha llevado a la sobre explotación de los recursos del mar. Se premiará a quienes han depredado nuestras costas, tal como se hizo con la salmonicultura.

Porque mantiene y agudizará la concentración de la industria pesquera en unas cuantas familias, sin establecer límites ni flexibilizar las rígidas barreras de entrada de la actividad, lo que no resulta conveniente bajo ningún análisis económico serio.

Porque entrega casi gratuitamente los recursos pesqueros del país al sector industrial, atendido que el nivel de las patentes y derechos de explotación que se proponen son insignificantes en comparación a la cuantía de las utilidades obtenidas en las últimas décadas. La magnitud de esos aportes debe ser concordante con su valor de mercado y suficiente para financiar la investigación, la fiscalización y la protección social.

Porque pese a los avances que significa restarle poder decisorio a los Consejos y haber desechado el Panel de Expertos, persiste un esquema que favorece la incidencia y presión de los interesados en la administración de las pesquerías y mantiene rangos importantes de discrecionalidad en manos del gobierno de turno.

Porque no se asegura los recursos para que se desarrolle una Investigación pesquera pública de calidad, con planes de mediano y largo plazo que garantice que las decisiones de administración se orienten efectivamente hacia la sustentabilidad.

Porque no se establecen medidas que permitan una adecuada fiscalización ni sanciones eficaces y ejemplarizadoras contra quienes violando la ley obtienen beneficios ilegítimos.

Porque no se considera a los pueblos originarios, muchos de los cuales han explotado ancestralmente los recursos del mar.

Allí estaba el germen del progreso de Chile, liderado por una categoría superior, el empresario, hombre de naturaleza singular, que arriesgaba su patrimonio y esfuerzo en pos de una idea o proyecto. El Estado y todo lo que oliera a colectivo o solidario era digno del máximo desprecio y debía ser abolido. La regulación fue considerada un entorpecimiento innecesario a la iniciativa particular y la fiscalización casi una herejía.

¿Se acuerda de los spots en que se citaba a Abraham Lincoln para enfatizar las ventajas del mercado y del emprendimiento privado? La libre empresa crea, crea en la libre empresa, resumía la máxima de esta nueva religión neoliberal chilensis.

Décadas después, algunos de esos argumentos se han ido cambiando o relativizando, según la conveniencia. Muchos firmes teóricos de estas ideas se han venido dando volteretas intelectuales dignas de campeón olímpico. Veamos.

Nos dijeron que cualquiera podía emprender, que todo aquél que tuviera capacidad y recursos debía hacerlo. En la pesca, ello significaría que quien pueda capturar lo haga.

Cómo los recursos son pocos y pertenecen a todos los chilenos (algunos discuten esta obviedad), las cuotas industriales las asigna el Estado. Para que la teoría se hiciera realidad podrían haber licitaciones, o sea vender, aunque sea alguna fracción de las cuotas al mejor postor. Así ganaría el Fisco que obtiene recursos y se salvaguarda el principio básico de que puedan ingresar nuevos operadores.

Pero estos curiosos seguidores de Friedman se dan un doble mortal atrás notable y han llegado a defender el oligopolio, esto es que las cuotas se asignen entre los mismos y que no se admitan nuevos operadores, sino en el caso absolutamente teórico (y entregado a los mismos interesados) de que sobren peces. Sorprendente.

Nos señalaron que la concentración era una distorsión peligrosa. Para que funcionara el mercado nadie debía tener porciones muy grandes. Así la competencia favorecería a consumidores y usuarios.

Sin embargo, cuando Ud. fundamenta en ese sentido y se atreve a sostener que podrían establecerse límites de participación de mercado en la misma pesca, en la acuicultura, en los medios de comunicación o prohibirse la integración vertical de laboratorios y farmacias, sin arrugar una ceja, se sostiene que deben fomentarse las economías de escala, las que permiten un mejor uso de los recursos. Notable.

Otro tanto ocurre con los plazos de las concesiones. Hasta hace algunos años era obvio que todo tuviera un límite. Nos dijeron que ello permitiría estimular a que el concesionario lo hiciera bien para aspirar a retener su derecho, al tiempo que se motivaba a que nuevos emprendedores se interesaran en postular a hacerlo mejor que el actual, en la renovación correspondiente.

Ahora, resulta que en televisión, cuotas pesqueras, acuicultura, casinos de juego, por poner algunos ejemplos, los plazos molestan.

El argumento varió exactamente en 180°. Se dice que sobre el final de la concesión, el concesionario pierde interés y eso lo lleva a sobreexplotar los recursos entregados o a descuidarlos y dejar de invertir. La conclusión obvia de esta lógica es que las concesiones deben ser indefinidas. O sea, ya no es la posibilidad de cambio y de ingreso de nuevos oferentes lo que alienta el emprendimiento, sino la certeza absoluta.

¿Y la competencia? ¿Y el mercado? ¿Y los emprendedores? No se oye. O sea, neoliberalismo a la chilena. Ni tan libre. Ni tanto mercado.

Es buena la libre competencia, pero mejor es tener seguridad y no correr riesgo alguno.

Es bueno el mercado, pero siempre que el Estado me preste (o mejor aún, me regale) el capital, sea éste cobre, litio, porciones de mar, peces o espectro radioeléctrico.

Hay un sector que sí tiene una renta garantizada. Son las AFP. Pase lo que pase, sus utilidades están a salvo.El sistema contempla, entre otras, las comisiones por depósitos, vale decir, de lo que cada trabajador aporta a su cuenta, una parte se destina a la administración.

El problema es que esa parte que se destina a la gestión no va ligada al resultado. O sea, si los fondos disminuyen, las AFP mantienen sus costos y utilidades a salvo.

El parlamento peruano inició la discusión de un proyecto de ley que limita las comisiones que se cobran a los cotizantes cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa. Ello es un espaldarazo a la posibilidad de modificar sustantivamente el sistema de comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones, también, en nuestro país, como lo he venido planteando desde el año pasado.

El actual esquema, donde las AFP tienen una renta garantizada, independiente del éxito de la gestión que realizan para cuidar e incrementar los recursos de los afiliados, es un abuso.

Pero no es el único problema. También debe regularse el costo de administración. El sistema de comisiones fijadas a discreción por las AFP tampoco da para más.

En los últimos años, hemos visto que las licitaciones que se llevan a cabo, tras la reforma previsional, para adjudicar la cartera de nuevos afiliados, ocasionaron una rebaja sustantiva y sistemática de las comisiones. Hoy la AFP que menos cobra presenta una comisión de 0.77%, en tanto la más cara es 2.36%. Las restantes se ubican entre 1.27% y 1.54%.

Estos niveles, cercanos al 1.4% de promedio, sólo se lograron a partir precisamente del 2009, cuando la licitación de nuevos afiliados obligaron a transparentar un poco los costos y provocaron alguna competencia. Hasta antes de eso y por casi 30 años hubo comisiones cercanas al 3%, incluso complementadas con cobros fijos.

Ello demuestra claramente que por años se ha venido trabajando con márgenes excesivos con grave perjuicio para los afiliados.

Si quiere tener una idea, de cuánto significa esa fracción porcentual, aparentemente escasa, en términos simples, ponga atención a lo siguiente.

Si consideramos el 0.77% de la AFP más barata y el 2.36% de la más cara, la diferencia anual en costo para el usuario será $ 100.000 anuales para un nivel de sueldo moderado, de aproximadamente $ 500.000 mensuales. A más sueldo mayor diferencia.

Si esto lo llevamos a toda la vida laboral del afiliado puede tener un enorme impacto en su pensión futura. Si se usan las cifras que las propias AFP utilizan para incentivar el ahorro voluntario, los $100.000 anuales de diferencia en las comisiones y, por tanto de menos ahorro previsional en toda la vida laboral significarían una diferencia en la jubilación de unos $ 130.000 mensuales. (Leyó bien)

Es probable que las AFP le digan que la menor tasa que oferta la que menos cobra deriva de la economía a escala que logra por el paquete de nuevos afiliados. Mal argumento. Las más grandes tienen hasta 8 veces más clientes y no logran el mismo rendimiento. Ahora, si la explicación son los costos en promoción, es aún peor explicación, pues significa que Ud. financia con sus ahorros, la precaria competencia del sistema.

Es urgente que el ministerio del Trabajo y Previsión Social revise esta situación. Acá radica una de las principales causas de las bajas pensiones.

Sin embargo, tampoco debemos confundirnos. La discusión profunda que debe hacerse es el cambio definitivo de este sistema previsional por uno donde se solidaricen los riesgos y se disminuyan los costos de administración, terminando con el lucro de las administradoras.

¿Y si desde el ’80 las comisiones hubieran sido 0.77% en lugar de 3%?

Los dichos de la secretaria de Estado son una manifestación de la “rigidez ideológica” con que autoridades de Gobierno y “expertos” responden ante cualquier planteamiento que pretenda introducir modificaciones al actual sistema previsional, administrado por las AFP.

Los defensores de la capitalización individual reaccionan en base a estereotipos generados hace décadas, en forma interesada para desprestigiar el antiguo sistema, lo que les impide evaluar objetivamente otras alternativas de inversión para las cotizaciones de los trabajadores y les lleva a sostener con dientes y muelas un sistema que ha probado ser un fracaso absoluto.

La necesidad de justificar el cambio del sistema de reparto, constituido por las Cajas de Previsión a la capitalización individual, se fundamentó al inicio de los ’80, en la mala administración de los fondos y el déficit público (que no escapan al actual) y en las inequidades del antiguo régimen.

A partir de dichas afirmaciones se construyeron muchos mitos. Uno de ellos es que el Estado es siempre ineficiente y se gasta la plata en lo que no debe. Eso es lo que ha querido señalar la Ministra al rechazar la interpelación del timonel de la multisindical para modificar el sistema previsional.

Si bien, efectivamente, el sistema antiguo tenía imperfecciones, no es efectivo que sólo la administración privada sea eficiente. Por de pronto, ésta no lo es. El problema es ajustar las cotizaciones con los beneficios y evitar los abusos, pero de ahí a sostener que el Estado siempre destina los recursos en otras cosas, es una apreciación aventurada.

Tal como ocurre hoy con el Fondo de Estabilización Económica y Social, es perfectamente posible asegurar por ley, la transparencia y rigurosidad en la administración de los recursos y alejarlos del uso discrecional del gobierno de turno, por lo que lo dicho por la Ministra Matthei es inexacto.

Asimismo, la titular del Trabajo y Previsión Social yerra al culpar exclusivamente a las lagunas previsionales motivadas en la cesantía de las bajas pensiones.

Un sistema previsional debe hacerse cargo de las contingencias más frecuentes en materia de empleo y es un hecho que éste no las prevé adecuadamente, desde el minuto en que hay una menor densidad de imposiciones que la esperada al crearse el sistema.

El sólo hecho que la realidad laboral sea distinta a lo presupuestado, ya por tres décadas, como dice la Ministra y esto afecte gravemente el nivel de ahorro previsional es una razón potente para estudiar un cambio en el sistema.

Es evidente que el desempleo no es la única causa de las bajas pensiones. Hay otros factores tales como la caída sistemática en la rentabilidad y los efectos de las crisis externas producto de una inversión de los fondos extremadamente audaz y sensible a las variaciones internacionales.

Hay muchos trabajadores que han cotizado en este sistema en forma regular por décadas, a niveles equivalentes a sueldos profesionales y administrativos, sin grandes lagunas y sus pensiones son igualmente escasas, por lo que la cesantía no explica necesariamente el fracaso rotundo de la capitalización individual.

Es necesario que se ponga sobre la mesa el sistema previsional y se estudien con seriedad correcciones que mejoren el rendimiento de los fondos y disminuyan las abusivas utilidades de las administradoras. La comisión por depósitos no da para más. Debe cobrarse, moderadamente, sólo cuando hay rentabilidad en los fondos.

Contar con un sistema de previsión eficiente, que no se base en el lucro de privados, que solidarice de mejor modo los riesgos y que otorgue seguridad a todos debe ser, sin lugar a dudas, junto con una reforma tributaria profunda, un tema principal de las próximas elecciones presidenciales.