Lo más cómodo pareciera ser optar por aquéllas donde nuestro estatus quo no se modifique sustancialmente y donde el riesgo sea mínimo y ojalá nada se mueva.

Eso, a menos que nos encontremos en una situación distinta, que puede, en definitiva, modificar nuestros destinos y el de las próximas generaciones.

Lo que buscamos hoy es, precisamente, aquello: dar un salto histórico, avanzar hacia un mejor estado de cosas.La intención, entonces, es luchar por una causa que provoca, que gatilla adrenalina y que, en definitiva, genera pasión y convicción a la vez. Allí, las decisiones cuentan y son indispensables y vale la pena salir del letargo o la comodidad para ser protagonista.

Por eso, hoy, cuando los desafíos son enormes y cuando existe la posibilidad cierta de escribir un nuevo periodo en la historia de Chile, con mayor equidad y justicia, las decisiones no pueden adoptarse desde la inercia, la comodidad y la costumbre.

Y, me refiero en concreto a la tarea que ya se asoma y que nos conducirá hacia una nueva Constitución.

Así las cosas, el llamado es a participar, a dejar a un lado la apatía y la comodidad, a manifestarnos con energía frente a aquellos conceptos y garantías que anhelamos se plasmen en una nueva Carta Fundamental; derechos esenciales que debieran plasmarse,  para que no haya excusa ni argucia legal que impida invocarlos: igualdad real, dignidad y un nuevo rayado de cancha para desterrar abusos, discriminación y asimetrías que hoy no reciben la sanción que todos esperamos.

Nuestra Constitución fue concebida sin democracia y participación, como una relación a la que le falta libertad, legitimidad y mística.La sentimos lejana, distante, no encontramos en ella las respuestas que buscamos;  no la sentimos el espejo necesario para vernos y reconocernos.

La Presidenta ha anunciado un proceso constituyente, paso a paso. Y si bien será el próximo Congreso el que decida el camino a seguir, incluyendo entre algunas de las opciones la Asamblea Constituyente y el Plebiscito, nosotros habilitaremos los quorum y adelantaremos parte de la tarea.

Pronto comenzará el trabajo de formación cívica en todo el país, indispensable y vital; la tarea de seducir al colectivo y de procurar que todos puedan aportar. Es la idea, porque el sueño y la tarea, es de todos y no de unos pocos.

Hemos propuesto que la Biblioteca del Congreso lidere el proceso, aportando objetividad, neutralidad y capacidad profesional de alto nivel, que los facilitadores estén certificados y que juntos construyamos la memoria histórica de un momento que espero podemos recordar en un futuro como una etapa sin duda especial.

Esperamos que nuestras propuestas sean acogidas y que este órgano del Congreso pueda ser actor fundamental en un proceso formador, especialmente en la realización de los cabildos, donde se recopilará opinión valiosa de cada uno de los ciudadanos participantes.

Todo es posible cuando las energías se suman y cuando el colectivo adquiere el rol necesario para cambiar el orden de las cosas, para demostrar que hasta lo más increíble puede  concretarse, siempre y cuando no olvidemos que, un camino cierto y legítimo, es garantizar el importante mandato del pueblo, con  voluntad, convicción, decisión y el profundo sentimiento de buscar un futuro mejor.

Lo que decidamos hoy, tendrá un efecto directo en las futuras generaciones. Si la nueva Constitución logra ser un espejo real de nuestro colectivo, podremos realmente decir que es nuestra, o que estamos en ella con absoluta legitimidad.

Tu aporte, y el de todos, será clave. Por eso, sin miedo, sin inercia, sin comodidad. ¡Participa!Vale la pena, es necesario y será indispensable.

Y, hoy estamos frente a una de ellas. Es que construir, entre todos, una nueva Constitución no es menor. Es , sin duda, un momento histórico, donde la voz de todas y todos debe ser escuchada, donde el espacio debe ser generoso y amplio para instalar las opiniones y demandas de todos los sectores, avanzando luego en el diseño final, concordando aquéllos ejes que, como colectivo, añoramos sean los pilares de nuestra Carta Fundamental. Esa que sin duda se asoma al debate y a la agenda pública en un camino, felizmente, sin retorno.

Es por eso que aunque la actividad política se encuentre desprestigiada, todos y todas estamos llamados  a participar. Con esto, no sólo se derriban los mitos, sino que además comenzamos a avanzar en los contenidos de lo que debería ser esta nueva Constitución. Y si bien hay que aclarar que esto no será resuelto en este periodo presidencial, sí se sentarán las bases para que el próximo Congreso, que será electo en 2017, sin el sistema binominal, adopte el camino que mejor nos conduzca a buen puerto, a un nuevo texto constitucional, que a diferencia del actual, nacerá en democracia.

Sabemos que la modificación no será fácil, por eso valoro que el gobierno comience este cambio con un periodo de generación de conciencia ciudadana, a través de un proceso de educación cívica, que permita que la comunidad sepa cómo avanzamos hacia un país que tenga un Estado de derechos sociales garantizados en su carta magna, para que todas las personas puedan llegar tan alto y tan lejos como su capacidad le permita, sin obstáculos de ningún tipo; sin desigualdades y sin abusos.

La tarea que tendrá el actual Congreso, del cual soy parte, es habilitar al próximo Congreso. Luego vendrá el momento de elegir, tal como lo dijo la Presidenta, entre  una comisión de senadores y diputados; una Asamblea Constituyente, un grupo de parlamentarios y representantes sociales elegidos por la comunidad, o un plebiscito.

Desde mi punto de vista, me parece que la mejor forma de validación final es un plebiscito informado, documentado, para que sean los propios ciudadanos los protagonistas de este cambio. De ahí la necesidad de participar de este proceso y no restarse, pues Chile se merece una nueva Constitución.

Estamos en democracia, por eso no podemos negarnos a la posibilidad de que sea la comunidad informada la que participe activamente en la redacción de nuestra carta magna.

Eso no es adoctrinar, como han dicho personeros de oposición, sino que es respetar a nuestra comunidad, sus puntos de vista, y entregarles todas las herramientas para que, cuando sea el momento pertinente, puedan hacerse parte de la conformación de un país más justo e igualitario, y eso debe expresarse explícitamente en el contenido de esta nueva Constitución, que según reciente encuesta, el 71% de los chilenos apoya y valora.

Frente a esta invitación, ¡sólo sumarnos!

Su desprestigio se origina en múltiples factores, entre los que destacan la escasa adaptación de estas instituciones –los partidos- a los cambios sociales y a una importante autonomía ciudadana; la poca transparencia y algunos casos que revelan conflictos de interés y problemas de probidad. Se han ido acumulando hechos, se han sumado decepciones y, para ser honestos, la política no ha estado a la altura. Ha escaseado la empatía, ha faltado humildad y, no se percibe una real sintonía con las nuevas necesidades de millones de ciudadanos empoderados y cansados de abusos y ausencias de respuestas efectivas.

Poco se sabe, además,  de las estructuras internas, de su financiamiento y, también, de cómo adoptan algunas decisiones.

Es en este contexto cuando la tramitación de la nueva ley de partidos cobra especial relevancia y me refiero a la iniciativa que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos en Chile, que forma parte de la Agenda pro Transparencia y Probidad, agenda a la hemos comprometido nuestro apoyo desde la Cámara de Diputados.

Ello, porque si será el Estado el que financie a los partidos, o sea, todos los chilenos y chilenas, obviamente, el colectivo está en su legítimo derecho de exigir estándares más altos, transparencia y normas que permitan no sólo abrir puertas y ventanas, sino asegurar un mejor funcionamiento de los partidos, esenciales  en una democracia donde los ciudadanos tienen el derecho a saber qué financian, cómo y por qué.

¿Se soluciona todo con leyes tolerancia cero a la corrupción o malas prácticas? Lo más probable es que no. Pues ello de poco sirve si no hay voluntad de cambio, si no entendemos que la vara es más alta para quien dice tener vocación de servicio; que la política y el dinero no van de la mano; que los conflictos de interés existen y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad.

Por eso,  el proyecto que actualmente se tramita en la comisión de Constitución de la Cámara, debe ser analizado en detalle y con rigor. La reciente Encuesta CEP arrojó como resultado que la confianza en los partidos políticos apenas se instala en un tres por ciento, mientras que el Congreso en seis puntos .Qué esperamos entonces para intentar por lo menos, cambiar el rumbo?

La ciudadanía siente que los partidos están configurados para que respondan a una élite, donde el poder se reparte entre unos pocos. El financiamiento público nos obliga, y en buena hora, a replantearnos y a dar señales claras de modernización y transparencia en estas instituciones.

Este proyecto, si lo tramitamos bien, puede modificar sustancialmente el funcionamiento de los partidos. Reitero, si la sociedad en su conjunto, a través de fondos y recursos públicos, va a financiarlos, tiene todo el derecho a exigir altos estándares en cuanto a funcionamiento y transparencia, separando definitivamente política y dinero.

La organización interna debe asegurar espacios para las minorías; las mujeres deben tener un lugar acorde con el Chile real; las órdenes de partido, si es que se aprueban, deben ser claras y conocidas por todos; el manejo de los recursos exige transparencia y  accountability; la constitución de partidos requiere procedimientos y exigencias previamente explicitadas; hay que normar qué  tipo de inversión podrán realizar los partidos, la información relativa a cada uno de los militantes, la publicación de intereses de los candidatos; los umbrales para la constitución de los partidos regionales y, regular bien quiénes serán los  beneficiados del financiamiento público.

Las reglas del juego deben cambiar y la invitación es a no temer, sino a estar a la altura de los tiempos, estos que se ven complejos y donde recuperar la confianza puede parecer una utopía.

Para quienes  creemos en la política, esto no debe ser un obstáculo, sino un apasionante desafío. Colaborar para reinstalar la gran política, basada en las convicciones y no en las conveniencias, pensando en los votantes y no en los aportantes.

En diversas regiones del país, han sido varias las movilizaciones de trabajadores, quienes han salido a protestar por sus condiciones laborales. Y si bien esperamos que la reforma laboral, una vez aprobada, contribuya efectivamente a equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, con relaciones más simétricas y justas, hay otros hechos que no forman parte de esta reforma y que están sobre la mesa.

Me refiero a la subcontratación, a la externalización de servicios o proceso conocido como outsourcing; una experiencia que se ha ido multiplicado y que, en muchos casos, ha generado trabajadores de primera y segunda categoría, con una precaria condición laboral.

Empleados que,  trabajando para la misma empresa que el resto, viven cotidianamente situaciones absolutamente distintas y no sólo en materia de remuneraciones, sino de lugares de trabajo, acceso a beneficios, lugares para alimentarse y vestirse que distan mucho de la dignidad que todos aspiramos para cada uno de los trabajadores del país. Hay que recordar que las primeras demandas de los subcontratados del cobre eran, precisamente, condiciones mínimas de seguridad e higiene.

Si hemos luchado incansablemente para que no existan ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría –con importantes reformas al respecto-  no cabe duda que este desafío se extiende, también, al mundo laboral. Cosa no fácil, cuando observamos que cada vez más, las empresas tienden a externalizar muchas de sus actividades,  levantando una muralla entre las condiciones y beneficios de quienes forman parte de la empresa y los subcontratados.

Se trata, por cierto, de un fenómeno extendido en la gran mayoría de los sectores productivos del país; pero, es en la minería donde se concentra  la mayor cantidad de subcontratados a nivel nacional, con un 58,3%. Sólo en Codelco,  7 de cada 10 trabajadores son externos.

En la comisión de Trabajo hemos coincidido en  avanzar en forma paralela a la reforma.Estamos revisando varias mociones que buscan, precisamente, llenar los vacíos legales de una ley, promulgada en el 2006, que requiere de cambios. Y no se trata de estar en contra de la subcontratación; pero, ésta, debe realizarse bajo ciertos parámetros y normas que garanticen que no estaremos frente a una precarización laboral.

De hecho, hay que precisar que, hoy, las movilizaciones de los subcontratistas no cuentan con normas que protejan a los trabajadores, ni con el reconocimiento de la autoridad, invisibilizando  la legitimidad del conflicto.

Sin embargo, no basta con agilizar las leyes si no hay voluntad política ni conciencia en el empresariado. Si no comprenden que avanzar en mayor justicia laboral se traduce en beneficios directos para las empresas; mientras más modernas, transparentes y equilibradas son las relaciones, mayor es el crecimiento, la productividad y la lealtad de los trabajadores con su fuente de trabajo. Mejor, por lo tanto, para el país.

Quienes insisten en mantener los principios del Plan laboral de 1979 sólo creen en monólogos e imposiciones. La externalización no puede ser un fenómeno sin límites; menos, si Chile se propone a avanzar laboralmente con una legislación más justa y moderna.

Avanzado el tiempo, todo calza y entendemos lo que en algún momento parecía complejo.

Así las cosas, en política también ocurre.  Numerosas conductas y decisiones pasadas han generado en el país un clima de desconfianza, pero también un punto de inflexión importante, con conceptos que llegaron para instalarse, después de meses de una amplia difusión de decenas de casos que han mermado, con razón, la credibilidad ciudadana en sus instituciones.

Transparencia y participación ciudadana. Son los dos conceptos que, como pilares,  hoy se levantan aún venciendo los temores de algunos, las resistencias atávicas, la incertidumbre y la crítica de otros.

Por eso, hoy, la invitación es a entender, convocar y actuar.  Analizar  las causas del estado actual de desconfianza, requiere esfuerzo y voluntad, claro está; pero también autodominio, humildad, empatía y convicción para entender todo lo ocurrido como una gran oportunidad.

Las causas de este estado de deterioro son diversas, y nos incluyen a todos, como sociedad; pero quizás sea la asimétrica distribución del poder aquélla que más haya calado en el alma y en el colectivo. Porque si existe un común denominador en todos los casos conocidos es la palabra abuso, algo que ya nadie tolera ni perdona y, en buena hora.

Por eso, a las propuestas emanadas de la Comisión anticorrupción, convocada por la Presidenta de la República –que significará el envío de numerosos proyectos al Congreso-  desde la Cámara de Diputados hemos decidido sumar  una serie de medidas administrativas complementarias, que buscan dar un paso más allá y exigir aquello que hoy nadie podría rechazar: absoluta transparencia pro activa, con incremento de participación ciudadana. Ello, si se cumple a cabalidad, nos permitirá estar entre los cinco primeros países en el mundo con normas más avanzadas en esta materia.

Ello, porque quienes ocupamos un escaño en el Parlamento, llegamos aquí para cumplir un mandato del soberano, del pueblo, por un tiempo determinado; y, para eso, hay recursos públicos involucrados. Doble razón para rendir cuentas, para transparentar nuestras conductas, para apoyar las leyes que apunten en esta dirección,  para terminar con las zonas opacas que han permitido relaciones insanas entre el dinero y la política.

Pero, en este escenario, habrá luz roja también para el sector privado, porque además de la transparencia, hay que avanzar en disminuir las brechas de desigualdad y,  aquello, francamente no es posible si no terminamos con esa legítima frustración de millones de personas que se sienten esquilmadas a la hora de relacionarse con los grandes grupos económicos.

A la luz de los hechos, no cabe duda que nos encontramos frente a una gran oportunidad. No nos quedaremos al borde del camino; por el contrario, desde esta vereda, el compromiso es colaborar en la construcción de la ruta, asegurando, obviamente,  amplia participación ciudadana.

Un pésimo regalo que el Gobierno le entrega a a millones de chilenos y chilenas que quedarán prácticamente amarrados con un reglamento, dictado por el ministerio de Economía, que los deja en clara indefensión.

Se trata del reglamento por consentimiento explícito, que deja a los consumidores de brazos cruzados frente al aumento de comisiones por parte de los bancos y el retail.Así las cosas, nuevamente la pistola al pecho de los consumidores, secuestrados por un sistema asimétrico que hoy el Gobierno avala y promueve.

Por eso, 31 diputados hemos presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional, pues estamos convencidos que se están vulnerando derechos esenciales de todo consumidor.

Seamos precisos. Efectivamente, el presidente tiene la facultad de dictar reglamentos para complementar una ley de la República. Sin embargo, son facultades muy restringidas ya que no puede excederse en los contenidos, ni mucho menos contradecir el espíritu y texto de la ley, es decir, no puede reemplazar la voluntad soberana del Poder Legislativo.

En este caso, con este polémico reglamento, creemos que ello está ocurriendo, pues estamos convencidos que un cambio de esta naturaleza debiera pasar por una ley, es decir por el Congreso, y no por un reglamento que, además, se dicta en un momento especial.

En materia de derechos del consumidor, el actuar del Ejecutivo pareciera haberlas olvidado. Dos son los ejemplos que lo demuestran claramente.

El primero de ellos dice relación con los mandatos irrevocables y los denominados “mandatos en blanco” a favor del proveedor. La ley del consumidor los prohíbe ya que no ofrecen un equilibrio entre las partes y conceden amplias facultades a las empresas para, incluso, reconocer deudas en nombre de los consumidores.

En este mismo sentido la Corte Suprema estableció en el reconocido “Fallo CENCOSUD” la nulidad de estas cláusulas por estimarlas del todo abusivas y contrarias al espíritu protector de las normas de consumo.

Pese al despliegue comunicacional que hizo en esa oportunidad el Gobierno, para alabar el triunfo que esta sentencia significaba para los consumidores, en materia reglamentaria, optó por contradecirla abiertamente. ¿Cómo? Simplemente restringiendo en el reglamento de ejecución hasta tal punto la facultad del consumidor para revocar un mandato, que convirtió el texto de la ley en algo completamente inútil. (Decreto N° 42 y 43).

El segundo caso, reciente y de mayor peligro, es el que hemos calificado como el peor regalo que el Gobierno pudo darle a los consumidores: el reglamento que buscamos frenar.

En las postrimerías de su mandato, el actual Ejecutivo busca reglamentar una materia sumamente sensible en el ámbito del consumo: las modificaciones unilaterales de los contratos.

El reglamento establece la forma en que los proveedores pueden modificar unilateralmente los contratos y consagra, paradójicamente, un derecho no a favor del consumidor sino a favor del proveedor, de poner término al contrato en caso de que los clientes no acepten las nuevas condiciones fijadas por él. El reglamento, en síntesis, consagra un total y absoluto control sobre las formas de contratación a favor del proveedor.

¿Será casual reglar materias de esta relevancia, y en abierto perjuicio de los consumidores, al término del mandato presidencial y cuando estaba el proceso electoral en marcha, que se sabe, distraería la atención de la opinión pública?

¿Será una forma de compensarlos ante la nueva ley que limita la tasa máxima convencional?

Sobre este tema ya han reaccionado las asociaciones de consumidores y académicos de derecho civil a través de la prensa, quienes han señalado que las normas sobre consentimiento son de rango legal y no reglamentario, debiendo el Parlamento pronunciarse sobre esto.

Por estas razones, es que a todas luces el Decreto 153, que autoriza el reglamento en cuestión, es un claro retroceso a la Ley 19.496. El Ejecutivo ha decidido dictar con un apuro que cuesta comprender, una reglamentación que causará perjuicio a miles de familias que han visto en el crédito una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida ¿Cuántas de ellas podrán negarse a estas alzas bajo la amenaza de perder sus líneas de crédito?

Es una lástima que existiendo esfuerzos del Poder Legislativo y del Judicial, en orden a fortalecer el estatuto de los consumidores con reformas legales, y hacer cumplir la ley a favor de los más débiles pronunciando fallos emblemáticos, sea el Ejecutivo el que utilice sus atribuciones reglamentarias para borrar con el codo lo que se ha decidido democráticamente a través de un proceso legislativo.

En suma, un pésimo regalo para los consumidores: ¡exigimos ticket de cambio!

Pues bien, en el marco de la discusión presupuestaria 2013, debemos denunciar, con preocupación, la verdadera desprotección en la que estarían quedando los consumidores del país, por la significativa reducción de recursos que tendrán los programas de protección de los consumidores. Tijeras y recorte para un área sensible y de alto impacto para las chilenas y chilenos.

En rigor, el Sernac tiene una caída global presupuestaria del -2%. Se rebaja el ítem Bienes y Servicios de Consumo en -5,3%; su gasto en personal crece levemente en 3,6% y la adquisición de programas informáticos cae en -28%. Estas son malas señales.

La protección de los consumidores contra los abusos de las grandes empresas y prestadores de servicios tiene que manifestarse con mayor fuerza, y la señal que da el Gobierno es inquietante, pues la única instancia que tienen los consumidores para buscar protección, es el Sernac y las superintendencias.

Lo que está ocurriendo con las superintendencias es grave, pues después de todos los escándalos que hemos conocido, como por ejemplo el caso La Polar, lo que corresponde es fortalecerlas y no congelarlas. Además, la Fiscalía Nacional Económica tiene un mínimo crecimiento de 1,6% y su dotación máxima sigue en 101 funcionarios. Una muy mala señal.

Este servicio en su lucha contra las malas prácticas empresariales debiera tener un reforzamiento de su dotación de profesionales, que puedan fiscalizar a las empresas y eso no ocurre con la FNE.

Asimismo, el presupuesto de la Superintendencia de Valores y Seguros, encargada de fiscalizar los mercados financieros, cae en -3,8%, el gasto en personal crece apenas 0,6% y la dotación de la Superintendencia queda congelada en 328 funcionarios.

Y las malas noticias suman y siguen, porque los recursos destinados al fortalecimiento de las asociaciones de consumidores, que es la única manera que tiene las personas para protegerse en el mercado, no tiene variaciones respecto del año anterior, es decir, el aumento es del 0%.

Quienes han abusado de los consumidores van a tener los mismos controles que tenían antes, y eso no es bueno, ya que, dada la evidencia empírica de que los consumidores son abusados, lo óptimo habría sido aumentar los recursos y no congelarlos.

Es bueno que la gente sepa, que de las denuncias que llegan al Sernac, el 40% de las personas quedan insatisfechas, porque no se llega a una solución pro consumidor. Contar con más recursos, proporcionados por el Estado, para que estos abusos terminen, es fundamental para tener una sociedad más justa y equitativa.

Además de ser una pésima señal, sin pudor alguno se cambian promesas de campaña, se pasan a llevar protocolos establecidos en el gobierno anterior y se retrocede en un tema de alto impacto para el país. Renunciar a esta meta y disminuirla es grave; lo que corresponde es poner manos a la obra y buscar caminos eficientes en el uso de la energía.

Lo que hace el ministro de Energía y el Gobierno es dar explicaciones de los problemas que tenemos en materia de energía, pero no toman ninguna decisión para ahorrarla, para hacer más eficiente su uso y menos para incentivar energías renovables no convencionales.

Creo que, con esto, el gobierno expresa cuál es su verdadero objetivo en materia energética: no hacer grandes innovaciones, que sigan los grandes proyectos de termoeléctricas, que sigan las grandes represas tipo Hidroaysén, y continuar con el paradigma tradicional.

El Ejecutivo confirma su decisión de seguir el mismo camino de siempre, sin incluir medidas inteligentes, que es lo que está haciendo el mundo en general y esto nos condena a seguir siendo un país con un alto uso de carbón en su matriz energética, con alta ineficiencia, vulnerabilidad, dependencia y, especialmente, una incapacidad para usar las potencialidades que tenemos en energías renovables no convencionales.

Lo más preocupante, es que en la glosa del ministerio de Energía para el presupuesto 2013, los recursos destinados a la Acción de Eficiencia Energética llegan a cerca de 7 mil 500 millones de pesos, que si bien aumenta en comparación con 2012, es infinitamente inferior a los 33 mil millones de pesos que se aprobaron en 2010.

Lamentablemente, el plan del gobierno es tibio. Se pretende llegar a un 12% de ahorro en la demanda, cuando los estudios indican que perfectamente podemos llegar a un 20% al 2020, pues así lo permite la capacidad existente. Chile puede hacer más, sobre todo en sectores como la industria, la minería, la edificación y el transporte.

El presupuesto que estamos discutiendo entrega 5 mil 600 millones de pesos para ERNC, 24% más que en 2012, que llegaba a 4 mil 600 millones. Si bien hay un aumento, es irrelevante respecto de aquello que el país puede proporcionar.

Todos estos indicadores explican por qué el Gobierno dejó de comprometerse con la meta del 20/20 en materia energética.

Sus declaraciones, refiriéndose a este proceso como un negocio, demuestran su ignorancia en el tema y apuntan a una concepción de que el buen negocio tiene que ser para los privados y no para todos los chilenos, como podría ser a través de una corporación estatal, especialmente creada para estos fines.

Longueira ha mostrado un desconocimiento profundo de la evolución de estos mercados, ya que las decisiones se deberían tomar con una mirada estratégica de futuro y parece que él, como político, tiene una mirada cortoplacista, y que casualmente coincide con el beneficio de una empresa.

Cabe mencionar que la participación chilena en el mercado del litio, en la década de los ’90, pasó de un 15% a un 51%, lo que expresa que su explotación es trascendental para el país.

De acuerdo a proyecciones, en 2020 el mercado será de 2 mil millones de dólares anuales, con base en baterías de autos e industriales. Las proyecciones a largo plazo, incluso, estipulan que la producción de litio al 2061 será 9.3 veces mayor. Al 2020, el precio por tonelada de litio, que hoy está a poco más de 5 mil dólares, podría llegar a 7 mil dólares, lo que habla de un crecimiento sustantivo de las ganancias que hoy Chile se perderá. Las cifras no mienten, por lo que la licitación que se hizo irá en directo beneficio de Soquimich y en perjuicio del país.

La discusión del litio debe entenderse dentro de un marco más amplio y pensando en el bien de Chile. Por ello, debe ser el catalizador de la discusión de las políticas públicas de explotación de nuestros recursos naturales.

Esta licitación a 20 años plazo, cuando sabemos que el mercado del litio va a ser muy positivo, es regalar el país y no hacer un buen negocio.

Estas decisiones de gobierno demuestran que tenemos un ministro conservador, tradicional en su mirada y que no vislumbra que el futuro desarrollo del mundo, donde Chile puede jugar un rol importante aportando el litio como un elemento para mejorar tecnologías que son contaminantes y deterioradoras del medio ambiente.

Lo he dicho en otras oportunidades: es el momento del litio.cl (para todos los chilenos) y no litio.com (para las empresas). El gobierno ratifica su sesgo ideológico de que el negocio siempre tiene que ser para los privados y no para el país.

Para ello,  se requiere de una mirada con enfoque integral, que permita  reflexionar sobre el tipo de desarrollo que el país quiere emprender, tomando la opción del desarrollo con energía sustentable, con un claro rol rector del Estado.

No podemos quedarnos sólo con la preocupación de viabilizar grandes inversiones en algunos proyectos de generación de energía, pues ello implica una mirada acotada de un desafío integral que debemos asumir.

El fallo de la Corte Suprema en contra de la Central Castilla implica que Chile debe modificar claramente la política energética asumida en las últimas décadas, el desierto florece y esperamos que con este “Supremazo” algunas cosas comiencen a cambiar.

El Estado ha renunciado a jugar un papel de definiciones estratégicas de lo que quiere como desarrollo energético. No cabe duda que debe dejar el histórico paradigma de neutralidad tecnológica, donde le da lo mismo qué tipo o fuente de generación se quiere desarrollar. Esto último permite que sea el sector privado quien establezca qué tipo de proyectos energéticos se presentan, dónde y con qué tipo de fuente de generación.

Necesitamos realizar una estimación ajustada de la demanda energética para el desarrollo sustentable, lo que lleva a establecer como prioridad nacional un programa de ahorro energético y otro de eficiencia energética, que son la punta de lanza de las políticas energéticas de la UE, donde el gobierno ha hecho muy poco, pese a existir un plan elaborado en el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet, que implica un 20% menos de consumo de energía eléctrica.

El Estado debe dar señales de que no quiere seguir carbonizando nuestra matriz energética, y en eso Castilla era todo lo contrario.

En esta misma línea, es urgente legislar y normar el funcionamiento en Chile de redes inteligentes de electricidad que mejorarían la eficiencia en forma significativa y permitiría que toda la población aporte al mejor uso de la energía eléctrica, especialmente el sector productivo.

Asimismo, es clave que se termine con proyectos que se presentan separados a evaluación ambiental, debiendo hacerlo en una sola presentación, ya que esto sería una señal potente.

Junto con optar por las energías renovables y con los incentivos y exigencias pertinentes, debemos regular el funcionamiento del mercado de generación de energía eléctrica, permitiendo la participación de nuevos actores, ojalá con generación de energías renovables, pero ello implica modificar el actual modelo de cálculo marginalista que no ha permitido innovar tecnológicamente y tampoco ha garantizado bajos precios en generación y provisión de energía eléctrica.

Para avanzar en esta línea, y dado que las exigencias de huella de carbono serán mucho más explícitas para nuestros productos de exportación en muchos mercados del mundo, debemos establecer, como país, un período de transición para ir migrando desde proyectos de generación eléctrica con fuentes sucias hacia los de generación más limpia, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, donde es clave definir plazos realistas pero con una clara opción por descarbonizar nuestra matriz energética.

Es la única forma de concretar un compromiso real con el desarrollo sustentable para las futuras generaciones.

Buscando terminar con estos abusos y mejorar los derechos de los propietarios de inmuebles arrendados, presenté un proyecto de ley que modifica la normativa que rige dichos contratos, acortando los plazos en los juicios que les permiten recuperar el inmueble y expulsar a quien no les paga la renta.

Hoy la norma protege más a los deudores morosos que a los propietarios, por eso necesitamos modificar la ley de arrendamiento de predios urbanos.

Según las estadísticas oficiales, anualmente se tramitan 15 mil juicios de término de contrato de arrendamiento por no pago de rentas, pero como sólo uno de cada cuatro casos se judicializa, estamos abordando una situación que afecta a casi 60 mil familias en Chile, que con mucho esfuerzo se han endeudado para adquirir un bien raíz, con el fin de generar un nuevo ingreso para el hogar. Este es un nuevo problema social que legislativamente se debe resolver.

Dentro de las normas que afectan a los propietarios, están los excesivos plazos que existen para cada una de las etapas de dichos juicios, los que pueden durar hasta 10 meses, además de 3 meses adicionales para ejecutar la sentencia, recuperando el inmueble con auxilio de la fuerza pública y expulsando de el al deudor.

Por ello, este proyecto acorta el plazo total a 3 o 4 meses pues modifica procedimientos que dilatan la tramitación, disminuyendo significativamente la extensión de estos juicios, limitando así los abusos que hoy viven muchas familias.

Además, la actual legislación establece que debe ser el propietario (arrendador) quien debe notificar la suspensión de servicios básicos domiciliarios, por medio de un receptor judicial, a las empresas que lo suministran.

Así, si el arrendatario no ha pagado los servicios de agua, luz y gas, el propietario debe gastar por cada notificación para que esas cuentas no le sean cobradas. Por ello, hay que modificar esta normativa, estableciendo que será el tribunal, quien mediante un oficio a las empresas en cuestión, informe esa situación.

Afortunadamente, he logrado el apoyo de varios integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues comparten la idea que ellas irán en directo beneficio de muchas familias que han sufrido el abuso de arrendatarios morosos que han dilatado por meses la devolución de la vivienda que ocupan. Espero que el gobierno entienda este problema como un tema social y le ponga urgencia a su discusión.