Cuando ponemos a las personas en el centro, cuando el Estado es el llamado a satisfacer una necesidad básica que evoluciona y varía con la velocidad y diversidad que evolucionan las sociedades, es que los árboles no deben impedirnos ver el bosque.

La fragmentación del sistema establece las bases para un enfoque perverso que profundiza en las miradas particulares, institucionales, centrándose en los hechos como asuntos aislados, acotados en el tiempo y en el espacio, algo que, al momento del análisis, impide comprender que las emergencias tienen más similitudes que diferencias, que éstas son permanentes en el tiempo, por lo cual no se debe funcionar sobre el daño y de esta forma comprender que la mirada moderna implica enfocar la gestión de emergencias en cuatro fases: mitigación-prevención, preparación, respuesta, recuperación, y no como la mera administración del daño, como pareciera ser en Chile.

Las emergencias son un componente de la seguridad pública, y así safety y security, son dos palabras que en inglés facilitan la comprensión y amplitud de ésta.

Ya en los 90 tuve la experiencia de estudiar fuera de Chile la operación y gestión de servicio en grandes operaciones, especialmente de esparcimiento y recreación. En aquella época ya se indicaba que el primer estándar a cumplir antes de cualquier evento o actividad, era la seguridad.En el Disney Institute nos decían con claridad que el primer estándar era seguridad, luego cortesía, show y entretención y por último y como cuarto estándar relevante, la eficiencia.

De esta forma, cuando miramos la “premier league” en materia de servicio como son grandes instalaciones de servicio como centros deportivos de clase mundial, resorts, centros vacacionales, eventos de alta seguridad, es posible ver cómo la seguridad es un componente fundamental del espectáculo y no una suerte de externalización que se debe cumplir casi a disgusto… claro, hasta que la tragedia impacta.

Así fue en 1999, cuando la caída de una pasarela dejó dos muertos y 60 heridos, siendo el municipio condenado a pagar casi 1.000 millones de pesos. Recordada también es la tragedia que costó la vida a dos personas  y dejó 49 heridos la madrugada de año nuevo del 2001. Pero más cercano es el caso de la tocata punk en Santiago en abril pasado que le costó la vida a cuatro jóvenes; el caso en el concierto de Rihanna, y por cierto los habituales desórdenes y desmanes en eventos masivos del fútbol nacional.

Nuestro país tiene una deuda impaga con una industria que ya hace tiempo dejó de ser emergente y que se ha consolidado con escasa regulación. Permanecer en el error de creer que estamos frente a un problema de delincuencia, a carencias policiales, o simplemente a un evento en particular, solo permite establecer las bases para siempre encontrar un enemigo externo a quien culpar.

Centrarse en las personas, implica establecer las condiciones para que desarrollen sus actividades de manera segura, que la puesta en escena y la producción de eventos masivos cuenten con una organización que vaya más allá del “show” principal, y se comprenda la urgente necesidad por incorporar responsabilidad y regulación que a la fecha es a lo menos débil, insuficiente y lejana al nivel de país que poseemos, como también a la rentabilidad económica de la industria.

La producción de eventos masivos no es una materia de fanáticos de una actividad en particular, de gente de buena voluntad o de personas bien intencionadas, pues en cada uno de estos espectáculos o reuniones la producción es responsable de cientos o miles de personas que se encuentran con un fin común, el cual muchas veces es eminentemente recreacional.

Diciembre es el mes que más eventos masivos reúne, pero por cierto, y ante la polémica actual respecto de la seguridad en los estadios, es el fútbol el evento masivo más recurrente y sin duda el más cuestionado en materia de seguridad.

Esperemos que este fin de año no tengamos ninguna desgracia que lamentar, deseando también que en 2016 los eventos masivos no cobren más vidas y heridos como ha ocurrido en más de una oportunidad durante el año que termina, pues claramente en materia de seguridad en eventos masivos nos falta mucho por avanzar.

Los años posteriores pareciera que también muestran la otra faceta de una cultura que prefiere olvidar, en vez de asumir y mejorar.

Pero esta negación es desde el principio, desde el momento en que esta tragedia es conocida como el incendio de la cárcel de San Miguel, haciendo pensar que todo se hubiese circunscrito al escaso tiempo que duró el fuego descontrolado. Pero no fue así.

Esta emergencia mostró las múltiples fallas de nuestro sistema penitenciario, el cual tenía claramente identificado que los incendios han sido una de las principales causas de muerte entre la población penal, razón por la cual estaba debidamente establecido en los manuales y resoluciones dictadas por los directivos institucionales, entregando guía y procedimientos ante riñas, motines, incendios y otras situaciones que pudiesen incluso ser acciones de distracción para encubrir una posible fuga. Pero nada de lo escrito sirvió para evitar la tragedia, pues si lo escrito no tiene una debida correlación con lo que hacen las personas, simplemente de poco sirve, y eso lo saben 81 familias.

Una persona, cualquiera que sea la razón por la cual es privada de libertad , ya sea de manera preventiva o condenada,  ingresa a un recinto bajo responsabilidad del Estado, y ello incluye como elemento esencial la protección de su vida, razón por la cual está obligado a establecer las condiciones que aseguren aquello.

El incendio de esa mañana, fue solo la consecuencia de una serie de hechos que, de haberse intervenido a tiempo, probablemente habría evitado la muerte de 81 personas privadas de libertad, pero no de su derecho a la vida.

A eso de la media noche diversos testimonios dan cuenta de una riña, incluido el de vecinos que fueron despertados por los ruidos ocasionados, pero que sorpresivamente no generaron reacción alguna del personal a cargo de la vigilancia del recinto y cuidado de los internos.

Esta riña dio paso al uso del fuego como arma de intimidación y agresión entre grupos rivales, utilizando para ello un cilindro de gas que, estando prohibido, permitió a los internos quemar colchones y otros elementos al interior del recinto en el cual se encontraban encerrados. Todo en el marco de la intención de un grupo por desplazar a otro de lo que se conocía como la “pieza chica”.

Probablemente quienes intervinieron en la riña y quienes no lo hicieron, esperaban que el procedimiento se cumpliera, intervenir, desencerrar, evacuar el recinto y aislar a los involucrados. Pero nada de eso ocurrió y el piso terminó por llenarse de humo, causando la muerte de 81 internos y finalmente dando paso a que el fuego terminara por incendiar una de las alas del piso y afectar parcialmente la otra.

La Justicia estimó que no había responsabilidades penales, no obstante ello no implica que la forma de actuar antes y durante una emergencia cuyo desarrollo tuvo varias horas haya sido la correcta, pues además poco se ha hablado sobre el hecho de que las orientaciones institucionales eran lo suficientemente claras para que se hubiese actuado con prontitud.

Hemos preferido, una vez más, caminar hacia el olvido, transitando por la indiferencia que solo fortalece las bases de una sociedad que evita acercarse hacia la valoración de la vida, sin distinción, donde las personas deben ser el centro, donde el Estado tiene como obligación su protección y cuidado. Un camino que claramente no nos hace mejores.

Han pasado 5 años de la muerte de 81 personas, privadas de libertad, en un recinto donde las competencias mínimas del Estado debían estar en custodiar, encerrar y desencerrar.

En el contexto actual, donde pareciera que el deseo por encerrar, condenar, castigar se mezcla con la frustración de una comunidad víctima de la delincuencia, y donde muchos ya limitan con el deseo de venganza, no está de más recordar una tragedia que sin duda nos muestra la urgente y vigente necesidad de asumir, reconocer y mejorar un sistema penitenciario que en nada contribuye a una sociedad más humana, donde además  nos aleja cada vez más de la aspiración de construir un país más seguro.

Hasta que entendamos que las emergencias ocurren, que para un Estado no pueden ser vistas como hechos aislados aunque su origen, causa, magnitud y duración sean diferentes.

Hasta que asumamos que son situaciones permanentes y que no podemos detenernos a pensar solo cuando se transforman en catástrofes o cuando el ranking las ubican en una posición especial, y tratamos de consolarnos acudiendo al promedio… es que esto ocurre una vez cada 150 años, una de las tantas falsedades que nos llevan a postergar lo impostergable.

Tres terremotos de gran magnitud, capaces de ubicarse no solo dentro de los más potentes a nivel nacional sino que también llamar la atención mundial, dos maremotos, las dos temporadas de incendios forestales más destructivas desde que existe registro, incluyendo incendios catastróficos en una Reserva de la Biósfera (Torres del Paine) y dos en Valparaíso, Patrimonio de la Humanidad, aluviones en el norte, la salida del río Las Minas en Punta Arenas que inundó el centro de la ciudad, erupción de dos volcanes, marejadas destructivas, y sequía,  son solo algunas de las grandes emergencias que hemos debido enfrentar en los últimos cinco años.

Entonces, ¿estamos realmente frente a situaciones aisladas o en realidad debemos considerar las emergencias como un componente relevante de la seguridad pública, tal como ocurre en países desarrollados? Una pregunta que suele evitarse, una respuesta que aún no llega.

Millones de personas afectadas, infraestructura dañada, un impacto económico y gasto para el presupuesto de la nación que para 2015 probablemente supere los 100 mil millones de pesos, son solo alguno de los efectos de estas emergencias.

Inevitable recordar cuando en febrero de 2014, antes que asumiera el actual gobierno, escribía en Cooperativa una columna titulada “Emergencias, posible dolor de cabeza para el nuevo gobierno”, algo que lamentablemente para todos ha terminado siendo algo más que una jaqueca.

Pero ¿pudimos evitar que algunas de estas emergencias ocurrieran? En muchos casos probablemente no, pero ¿eso implica que debemos resignarnos y esperar el golpe?, la respuesta es la misma, no. Aunque pareciera que terminamos creyendo lo contrario.

Pero es curioso, lo que hoy nos enorgullece termina por señalarnos que lo logrado no es fruto de la casualidad sino del esfuerzo constante, de visión y compromiso de Estado, en definitiva somos herederos y beneficiarios de este esfuerzo.

Me refiero por ejemplo a la regulación antisísmica, cuyo desarrollo se observa en 1929 con la Ley General de Urbanismo, y quizás antes con el inicio de la investigación en materia sismológica por iniciativa de la Universidad de Chile y el entonces Presidente Montt, como consecuencia del terremoto de 1906, y que posteriormente llevó a la creación del Servicio Sismológico Nacional, actual Centro Sismológico – CSN.

Entonces luego de cinco intensos años, ¿qué tenemos pendiente? ¿qué podríamos heredar a quienes vendrán, a nuestros hijos y nietos?.

Cada una de estas grandes emergencias presentan a lo menos tres elementos donde la deuda sigue siendo significativa y que, si lo hacemos bien, podría transformarseen un gran legado: ordenamiento territorial y planificación de ciudad en el más amplio sentido de la palabra, organización y entrenamiento comunitario a partir de una política pública que establezca un programa serio, normado, bajo estándares capaces de desarrollar un plan nacional de organización y entrenamiento comunitario, y no iniciativas aisladas y muchas veces cosméticas, y por último una nueva institucionalidad moderna en gestión de emergencias, que aborde de manera eficiente, con competencias, liderazgo y credibilidad el antes, durante y después de las emergencias, como entidad de alto nivel de especialización del Estado, para lo cual se requiere seguir mejorando el actual proyecto en el Senado.

Pero también debemos ser realistas, las soluciones mágicas no existen. Lo que si existe son los resultados que se obtienen del esfuerzo serio, guiados por una visión de Estado, tal como lo fue en su momento el nacimiento y desarrollo de la investigación en sismología así como la regulación en materia de construcción.

Emergencias ¡Hasta Cuándo! Hasta que entendamos esto y nos decidamos a dejar un legado que permita construir comunidades más resistentes y resilientes, pues así comprenderemos que más que negar, debemos asumir que las emergencias seguirán ocurriendo, y por ello debemos desear lo mejor y prepararnos para lo peor.

En diciembre de 2010 el Presidente Piñera confirmaba a Vicente Núñez Pinochet, quien con experiencia en una destacada empresa del retail, había sido designado por el nuevo gobierno de manera interina en marzo de dicho año. Luego de haber quedado en la terna del proceso desarrollado por el Sistema de Alta Dirección Pública, se hacía cargo de manera titular de la principal institución técnica-especializada del Estado en gestión de emergencias y reducción de riesgos de desastres, ONEMI.

A fines de enero de 2012 se confirmaba su renuncia, señalando que dejaba ONEMI con la satisfacción de “haberla reconstruido”.

Fue así como, el ingeniero civil industrial, Benjamín Chacana asumió como director interino durante 2012, debiendo enfrentar, al poco andar,  nuevos cuestionamientos a la robustez de la anunciada ONEMI 2.0 frente  a su actuación ante las lluvias e inundación del centro de Punta Arenas, y diversos sismos que generaron nuevamente demora y contradicciones en entrega de información.

2012 tampoco fue un buen año para el director interino. El trámite del proyecto de nueva institucionalidad que había presentado el Ejecutivo, veía sus primeros problemas al ser cuestionado por ser un cambio de nombre y replicar el sistema histórico. El proyecto de ley estaba lejano de las buenas prácticas internacionales y el desarrollo de la gestión de emergencias.

Chacana terminó su dirección a fines de 2012 traspasando la dirección de ONEMI un nuevo interino, Ricardo Toro, quien asumía en medio de la polémica producto de la fiscalización de los diputados Ricardo Rincón y Gabriel Silber, quienes al fiscalizar a ONEMI en sus instalaciones, encuentrancasi 600 instrumentos que, debiendo estar en proceso de instalación en la red sismológica nacional, aún permanecían embalados y no en manos del ente que por Ley de Presupuestos 2008, 2009, 2010 debía tenerlos, la Universidad de Chile.

En diciembre de 2013, a pocos meses de que asumiera el gobierno de la Presidenta Bachelet, Ricardo Toro fue designado como director titular por el Presidente Piñera, luego de haber quedado en la terna del proceso del Sistema de Alta Dirección Pública.

Los tiempos para Ricardo Toro tampoco han sido de tranquilidad. Cuestionado por una seguidilla de anuncios realizados durante los dos últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, que nuevamente hacía una puesta en escena para dar a entender que ahora sí se había modernizado la ONEMI, a principios de 2014 enfrentaba la denuncia que el compromiso de devolución de instrumentos sismológicos  a la Universidad de Chile estaba lejos de cumplirse, y más aún que 297 acelerógrafos fundamentales para megaterremotos y sistema de alerta de tsunami, permanecían sin conectar.

Rápidamente Ricardo Toro desmentía lo anterior. No sólo fui yo uno de los aludidos y desmentidos, sino que respondió en duros términos en radio Cooperativa al Profesor Jaime Campos, prestigiado sismólogo a nivel internacional y director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile (http://goo.gl/SIEmyT ) , algo que hasta el día de hoy complica al director de ONEMI, pues como consecuencia de las fiscalizaciones realizadas por los diputados Ricardo Rincón, Matías Walker y Gabriel Silber, actualmente la Contraloría General de la República realiza un sumario en el organismo, además de existir claridad que los acelerógrafos no han sido traspasados a la U. de Chile y por ende no se encuentran conectados a la red sismológica.

A pesar de los intentos del gobierno pasado y del director de ONEMI, más temprano que tarde se termina demostrando que la institución técnica está lejos de ser aquella publicitada ONEMI 2.0, o de los anuncios de fortalecimiento pre cambio de gobierno y pos nueva administración que Ricardo Toro se esfuerza en señalar que sí existen.

Estos tres primeros meses nos golpean de manera extremadamente dura, y con ello, aunque aún no termina, tenemos la 3ª temporada más destructiva en materia de incendios forestales desde que se publica registro – 1964.

Pero esta vez pareciera que aunque Conaf y ONEMI intenten convencernos que parecería que estuviésemos ante un brote de piromanía o irresponsabilidad, difícil es que dicho argumento se sustente mucho tiempo cuando al momento de la publicación de esta columna se presentan casi 1600 incendios menos que el año pasado (6010 incendios), al momento la más destructiva en 50 años, quedando una vez más en entredicho la gestión de la respuesta a las emergencias.

Mientras en el sur incendios afectan un patrimonio natural milenario y cultural de valor incalculable, la naturaleza nos pone a prueba y muestra una vez más la frágil, obsoleta y débil institucionalidad técnica en emergencias.

Un sistema fragmentado, centralizado, algo que la misma Presidenta Bachelet calificó en diciembre pasado como una institucionalidad que tiene estructuras de 40 años que urge modernizar, nos pasa la cuenta.

Una estructura que termina por hacer que la autoridad política se vea presionada a tomar el mando de la emergencia, involucrándola más allá de la gestión de liderazgo y política, terminando por hacer labores de gestión, mando y control propios de una institución como ONEMI.

Todo esto frente a una debilidad técnica y estructural, que cabe preguntarse si transcurrido décadas sin modernizar estamos frente a un desafío solamente de voluntad política o en realidad de resistencias al cambio que permanecen más allá de los gobiernos de turno, y donde los directores de ONEMI nos siguen intentando hacer creer que todo es culpa de la naturaleza, centrándose más en ubicar la tragedia dentro del ranking de lo peor que ha ocurrido, en vez de reconocer las debilidades y dejar de ser parte de la resignación, la complacencia y los intentos por mantener un modelo de gestión que no da el ancho.

¿Cuántos de nosotros luego del 27F no pensamos en algún momento, qué pudimos hacer de manera diferente?

Esto probablemente también ha sido parte del sentimiento y vivencia íntima de muchos de los que en ese momento gobernaban, y por qué no decirlo, especialmente de la Presidenta Bachelet.

Por su parte, el gobierno del Presidente Piñera no enfrentaba este momento amargo y de frustración, sino que todo era oportunidad en materia de gestión de emergencias.

Sin embargo, su gobierno desaprovechó, con cierto grado de torpeza, un momento que pudo ser parte de su legado histórico y que terminó por tener tres directores de ONEMI en cuatro años – incluyendo al actual que continuó en sus funciones pos cambio de administración-,  donde cada uno de ellos defendió un proyecto de ley que diciendo que cambiaba el sistema de emergencias, simplemente replicaba un modelo que en algunas áreas presenta décadas de atraso.

Pero eso no fue todo. Al momento de asumir el Presidente Piñera su mandato,  existía un proceso de compra en curso de instrumentos para el fortalecimiento de la red sismológica nacional que implicaría establecer el crecimiento más importante desde su creación a principios del siglo pasado, pero una fiscalización parlamentaria terminó por develar a fines de 2012 que los equipos se encontraban bajo llave en bodegas de ONEMI.

Imagino que más de algún directivo del gobierno anterior, y en especial ante los resultados electorales, desearía una segunda oportunidad. Pero por el momento eso deberá esperar.

Esta semana la Presidenta Bachelet anunció una indicación sustitutiva que modifica el proyecto de ley presentado por el gobierno pasado, y que pretende crear el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, un nombre que consumirá parte importante de los 140 caracteres de twitter, y que reemplazará a la ONEMI.

Claramente este escenario era el menos esperado pos terremoto. La Presidenta Bachelet y un gobierno duramente cuestionado, hoy tiene la posibilidad de modernizar una institucionalidad que como ella misma lo señaló en su Mensaje, posee estructuras de hace 40 años que requieren urgente modernización, y en esto último no puedo estar más de acuerdo.

Una estructura y enfoque con 40 años de atraso no es mera coincidencia, y a lo menos se puede deducir la existencia de resistencias al cambio, inercias e incluso el mero deseo de defender por razones políticas un mal proyecto del gobierno anterior, por lo cual se requerirá de liderazgo y autoridad para realizar las modificaciones que se necesitan, algo que en muchas naciones desarrolladas fue clave al momento de provocar este punto de quiebre, aunque aquello haya sido hace varias décadas.

También es necesario que el gobierno incorpore mejoras al proyecto que ya se observan tan esenciales como necesarias, así como estar dispuestos a trabajar con los parlamentarios en el proceso legislativo para dotar al país de una institucionalidad que esté acorde a los tiempos, a las necesidades y al nivel de desarrollo que con tanto esfuerzo hemos logrado, recogiendo el amplio debate que se dio en el marco de la discusión del cuestionado proyecto durante la administración anterior y también la actual. Pues en esto no se parte de cero.

El proyecto ingresado al Congreso parte con un buen discurso, una buena orientación e introducción en materia de enfoque, recogiendo parte importante de las críticas y propuestas en lo conceptual, pero eso no es suficiente. Se requiere coherencia entre lo que se pretende en el discurso y lo que se establece en lo estructural, de lo contrario se puede cometer el error de comenzar con un buen prólogo y terminar con un mal libro.

El mejor escenario, sin duda es beneficio para todos. En lo que se refiere a las personas, contar con un sistema de emergencias moderno que fortalezca su seguridad, y en lo político, el merecido reconocimiento y por cierto un legado en materia de seguridad pública.

El peor escenario, terminar con una institucionalidad que no represente la modernización que se requiere, donde se reinvente la rueda, terminemos con un híbrido o peor aún con algo similar a lo que precisamente se debe cambiar.

Es el desafío de la Nueva Mayoría, pero en especial de la actual administración. Al final del proceso veremos si se aprovechó esta segunda oportunidad.

Si esta columna no tuviese fecha podría ser perfectamente parte de cualquiera escrita durante los últimos meses, sin embargo eso sólo demuestra que estamos frente a un tema tan repetitivo como complejo, y negarlo es como lo conversado por  Paula Molina y Andrés Kalawsky en Cooperativa el día martes sobre un estudio de la Universidad de Duke – Estados Unidos- que habla sobre la aversión a la solución, cuya conclusión era “cuando uno no tolera la solución posible a un problema, no está dispuesto a solucionar el problema”, según compartió Kalawsky en “Lo que Queda del Día”.

Ser prácticos no es una de nuestras características, y por ello las “bajadas” concretas a soluciones urgentes, suelen diluirse en la búsqueda de un enemigo externo, y como decía Peter Senge en la Quinta Disciplina, “siempre encontrarás a alguien o algo a quién culpar”, y en este transitar se construye la falsa idea de que los problemas son aislados, por ende lo que ocurrió hoy se soluciona casi por un acto de magia.

Pero si esto es un sistema, y la naturaleza de los sistemas es la relación entre los componentes, entonces ¿cómo pueden ser situaciones aisladas?

Es así como no asumimos el real problema. Las cosas fallan, seguirán fallando, y eso es realismo puro. Por ello debemos acostumbrarnos a esta posibilidad, lo que no debe ocurrir es que nos acostumbremos a que sigan fallando y con ello dejemos que la complacencia y la desesperanza aprendida sigan dominando nuestra cultura en gestión de emergencias.

El aumento de fallas en lo cuantitativo y cualitativo tampoco son producto de algo mágico que ocurre de un día para otro, pero el no hacernos cargo y seguir apuntando  con el dedo como forma de distraer la posible mirada de un proceso que probablemente toma años hasta que las crisis comienzan a hacerse más visibles y recurrente, es algo que debemos empezar a abandonar si queremos solucionar los problemas, anticiparlos y por cierto evitar o disminuir el daño en las personas, la confianza y el prestigio de las instituciones.

Lo señalé la semana pasada, la salida del Presidente de Metro no tiene necesariamente impacto en mejorar o empeorar cuestiones que se relacionan con la gestión misma, algo que no es propio de una autoridad de ese nivel. Si fuese así no existirían los gerentes, ni estructuras de gestión.

Pero seguimos enfrascados en discusiones que se resisten a asumir la solución, y por ende a negar el problema, tanto así que si no fuese por la acción de un grupo de diputados, un Subdirector de ONEMI seguiría mirando la emergencia desde la galería, señalando que la institución no tiene injerencia en una materia de que debería ser su expertise, es decir Gestión de Emergencias.

Hoy la comunidad necesita medidas claras que permitan enfrentar las emergencias en transporte, estableciendo dos elementos concretos. Iniciativas de mejoramiento del sistema, que incluya a Metro, comprendiendo que mientras pasen incluso años para que se materialicen, se requiere diseñar un Plan de Gestión de Emergencias y Continuidad Operacional del sistema de transporte y de cada una de las instituciones que lo componen, que mitigue el daño, que prepare al sistema para responder y recuperarse de incidentes críticos con el menor costo para la comunidad. Pues el costo cero en estos casos no existirá, como tampoco será posible asegurar que el sistema no fallará nuevamente, por el contrario, si de algo podemos estar seguros es que sí ocurrirá.

¿ Cuánto estás dispuesto a perder? Es la pregunta que uno debe hacerse permanentemente al momento de gestionar emergencias en cada una de sus fases.

¿Cuánto estamos dispuestos a perder para dejar de reinventar la rueda y abordar un tema cuyo costo está siendo demasiado alto?

Para la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que se creó con motivo de la tragedia ocurrida en Torres del Payne en el verano 2011-2012, se estimaba que, tomando los últimos 31 años a esa fecha, el número de incendios presentaba una escasa variación, incluso en algunos años disminuía su número, a diferencia de la cantidad de hectáreas afectadas que aumentaba de 9,35 hectáreas promedio por incendio en 1980 a 21,5 en 2011.

En esa ocasión ya se hacía evidente la necesidad de incrementar la capacidad de detección precoz, una respuesta rápida y agresiva, pues estábamos frente a una debilidad en el control oportuno de los incendios y no ante la presencia de un fenómeno delictual en expansión.

El verano de 2012 CONAF iniciaba el año enfrentando un incendio devastador como el de Torres del Payne e incendios en el sur de Chile que le costaría la vida a un grupo de brigadistas forestales. Dicho año el aporte fiscal total para el Programa de Manejo del Fuego fue de M$12.484.067.

El verano de 2013 el aporte fiscal al mismo Programa alcanzaba M$16.417.852, ante un año que se veía complejo pues la sequía y las altas temperaturas se extendían por tercer año consecutivo, y las cifras no permitían asegurar un quiebre en la tendencia.

Es decir, similar número de incendios, incremento en la superficie quemada, incluyendo mayor amenaza y compromiso de la vida humana e infraestructura ante lo que se denominan incendios de interfaz urbano-forestal.

A pesar de los datos históricos, de la información disponible, e incluso del hecho que 2013 se presentaba como el tercer año más seco desde 1866, un cuarto año de sequía, y esperando un mal escenario para el verano de 2013-2014, el presupuesto dejado por el gobierno pasado para el Programa de Manejo del Fuego se incrementó solo a M$16.879.294 una cifra insignificante, que mostraría serlo aún más cuando en noviembre de 2013 se presentaban incendios importantes en la Quinta Región,  que se sumarían a una ciudad de Santiago nublada por el humo de grandes incendios en enero de 2014 y que culminaría con la tragedia de Valparaíso.

¿Qué nos espera este año? La verdad es que las condiciones no han variado, al punto que CONAF ya se ha adelantado señalando que se viene una temporada compleja.

Sin embargo, esta situación no se relaciona con un cambio en las condiciones, y es ahí donde radica el problema. Los incendios al ser causados por la acción humana y no naturales, termina por establecer una constante en la cantidad de siniestros, que en los promedios suele no sorprender y permite anticipar.

Las condiciones de base, tanto meteorológicas y del combustible, también se manejan con un grado de conocimiento que permite establecer una razonable aproximación al riesgo de propagación, siendo ésta la variable catastrófica, surgiendo entonces la necesaria y esencial detección oportuna, rápida y agresiva respuesta, algo que ya termina siendo copy/paste de  columnas que llevo algunos años escribiendo en este mismo sentido.

Por otra parte, y siendo algo manejable para el sistema, la logística que permite incrementar rapidez y agresividad en el combate no ha variado significativamente.

La capacidad aérea sigue siendo la misma desde hace demasiados años, manteniéndose en los conservadores 2000 litros por descarga a partir de un helicóptero SOKOL y tres aviones Dromader propios, pero lo más preocupante, el arriendo de helicópteros que aún no se concreta pues la licitación fue declarada desierta, y recién se ha levantado una nueva, que nos mantiene con la incertidumbre sobre la real disponibilidad de la ya débil logística que aún no está contratada, a pesar que la temporada ya se ha iniciado.

Pareciera que aún estamos lejos de materializar un incremento significativo al presupuesto, así como la modernización de nuestro sistema de emergencias que incorpore la real prioridad en esta materia, que nos lleve a mirar más allá de la cordillera, por ejemplo, incorporando aeronaves como los anfibios Bombardier, multipropósito con capacidad de descarga de 6 mil litros y de carga en 12 segundos en sobrevuelo rasante sobre una fuente de agua, ideal para zonas cercanas a la costa chilena o grandes lagos, cuya flexibilidad de uso permite transporte de carga, personal, patrullaje marítimo, y así tener un par de aparatos que perfectamente justificarían su uso de enero a enero, tanto para emergencias de diversa índole, como otras acciones de interés social y nacional, inversión que perfectamente podría ser desde el sector Defensa.

Pero seguimos con un sistema fragmentado, que se mira desde la institución, que aún espera por la tan ansiada modernización que reemplace las invenciones criollas, desplace los egos institucionales y profesionales, ponga  a las personas en el centro y nos permita desear lo mejor y prepararnos para lo peor.

Pero por ahora, parece que en materia de incendios forestales no nos queda más que centrarnos en lo primero, pues huele a quemado.

En emergencias, especialmente aquellas de connotación pública, es un tema especialmente sensible, donde a pesar de los avances en materia normativa y la claridad que existe hace siglos en materia ética, pareciera que Chile aún se resiste a ponerse al día en un ámbito tan importante como sensible, el resguardo de la privacidad y confidencialidad que debe proteger a las víctimas, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de los miembros de los equipos de emergencias.

El terremoto del 27F, diversas emergencias con múltiple víctimas, así como quienes han resultado lesionados por un artefacto explosivo en el sector oriente de la capital, o el joven que falleció esta semana y que inicialmente se ha informado que las lesiones incompatibles con la vida se produjeron presuntamente, producto de la manipulación de un explosivo, nos han mostrado que los juramentos éticos, las orientaciones internacionales en esta materia, así como la normativa vigente es letra muerta.

La privacidad y confidencialidad no es algo nuevo en materia del respeto y relación entre interventor y víctima. Es así como el Juramento Hipocrático (Hipócrates 469-399 AC) señala: “Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas”. (Web Colegio Médico de Chile)

Asimismo, en la Declaración de Génova de la Asociación Médica Mundial de 1948 y enmendada en 1983, 86, 94, 2005 y 2006, se señala “guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente”.

Por su parte el American College of Emergency Physicians, en su código de ética indica que es obligación del médico de urgencias “respetar la privacidad del paciente y revelar información confidencial sólo con el consentimiento del paciente o cuando sea requerido por obligación fundamental como es el deber de proteger a los demás o para obedecer la ley.”

Respecto de nuestra legislación, no está lejos de guiarse por los mismos principios esenciales, es así como en la conocida Ley de Derechos y Deberes del Paciente se indica con claridad que la ficha clínica y la información que surja de ésta, se encuentran sujetas a confidencialidad con las limitantes expresadas en la Ley y que no difieren de las citas antes realizadas. Algo que incluso que el prestador debe asegurar su resguardo por al menos 15 años, y por cierto con la debida reserva.

Sin embargo lo anterior, en cada emergencia que se produce, cada vez que somos testigos del dolor, vemos también como cada uno de estos principios y derechos se vulneran sin que pareciera importarnos.

Puntos de prensa, incluso en el mismo lugar de los hechos y en pleno desarrollo de la emergencia, como también centros asistenciales públicos y privados, copan las imágenes donde quienes deben velar por la privacidad y confidencialidad de la información de las víctimas, hacen lujo de sus conocimientos, y entre palabras muchas veces de difícil comprensión, con detalles propios de una clase de anatomía y la descripción minuciosa de las lesiones, capaz de generarle insomnio a cualquiera, se entrega sin medición alguna, antecedentes de las víctimas que se alejan de toda convención, recomendación o juramento ético.

Lo Derechos Humanos no se relacionan solamente con lo ocurrido en dictadura, no es sólo parte del pasado, es sin duda un desafío pendiente con el presente y con el futuro, es una deuda fundamental en la modernización y profesionalización de nuestro sistema de emergencias.

La confidencialidad y la privacidad en emergencias es sin duda también un acto de respeto por la dignidad de las personas. Es un acto de respeto con la persona, de compasión con las víctimas, entre las cuales se encuentran familias y seres queridos.Es un mínimo necesario para responder a la confianza de aquellos que requieren ayuda, sin mirar su presente ni pasado, el contexto de lo ocurrido, ni otro elemento más que su condición de ser humano.

Cuando atendemos a una persona durante una emergencia, ésta confía íntegramente en que no sólo veremos un paciente, un cuerpo o un inventario de lesiones. Se entrega a los equipos de emergencias en el dolor no sólo físico. Permite que realicemos acciones que en otras condiciones requerirían un claro consentimiento, y el Estado avala nuestra intervención al punto que en ciertos casos ni siquiera la persona puede negarse a nuestra acción.

Sin duda el retraso que presenta nuestro sistema de emergencias, comparado ya no sólo con realidades más modernas, sino que incluso con la aplicación de ciertos preceptos éticos esenciales, es crítico.

En materia de privacidad y confidencialidad en emergencias el Estado en su conjunto falla, algo que va más allá de las instituciones, de si es el sector público o privado, olvidando que el centro son los que sufren y no los egos ni los espectadores.

En definitiva pareciera que olvidamos algo esencial, proteger la dignidad humana a partir de algo básico, respetar su privacidad, su dolor, su autonomía y por cierto el derecho que tiene toda persona a que su intimidad no sea vulnerada, incluso después de su muerte.

Desde la década de los 70 existe una estructura normada en gestión de emergencias de todo tipo – causa u origen, magnitud o duración – que nuestro sistema ha obviado sistemáticamente a partir de argumentos que no resisten ningún análisis técnico.

Para sólo mencionar otros ejemplos, lo mismo ocurre con cosas tan concretas como el número único de emergencias, establecer una aproximación integrada, desde la base hacia arriba (bottom-up), comunitaria, funcional, etc., versus la fragmentada, centralizada (top down), de aproximación política-institucional, que posee nuestro sistema actual de emergencias, características esenciales que no han variado en los últimos 40 años, y cuya mejor expresión de inmovilidad hacia el desarrollo se expresa en la supuesta nueva institucionalidad que presentó el gobierno anterior y cuya discusión se encuentra actualmente en el Senado, y que por cierto replica el modelo histórico.

Dicho esto, queda de manifiesto que difícilmente sería posible asignar responsabilidad sobre la visión técnica y modelo de gestión a un gobierno en particular, no obstante la responsabilidad política que a cada uno le compete en generar las condiciones necesarias para ir avanzando de acuerdo a los tiempos.

Términos como “buenas prácticas” terminan siendo usados de manera abusiva, al igual como “lecciones aprendidas”, que cabe señalar, desde lo técnico, son consideradas como tales solo si el cambio se ha generado, algo que claramente no está reflejado en nuestro sistema de gestión de emergencias y que instala en la comunidad la falsa expectativa de que se ha avanzado en esta materia.

Tuve la oportunidad de asistir a un encuentro donde un funcionario del MINEDUC señaló algo tan simple como cierto, la necesidad de “institucionalizar los aprendizajes”. En definitiva que el dato sea parte de un proceso que construya inteligencia, y que a su vez ésta deje de ser un mero ejercicio académico y parte de una cuña en un buen discurso, para así generar cambio y modernización de un área fundamental en la seguridad pública como es la gestión de emergencias. Algo que en lo técnico es simple, pero que en lo práctico, por alguna razón, no ocurre.

Otro ejemplo es que preferimos seguir utilizando una estructura “criolla”, basada en comités, con un mando de coordinación, un mando técnico y uno de autoridad, absolutamente alejado de lo existente y recomendado hace décadas, pero que curiosamente, aunque la autoridad especializada cambie, siguen defendiendo su existencia, y en cada gran emergencia queda de manifiesto su obsolescencia. Como si fueran abducidas por el “modelo”. ¿Pero será tan así?

Hace ya muchos años aprendí la relación perversa entre la emergencia y el poder, no aquel de carácter político, sino el más puro, el más humano, que con una pizca de mesianismo, termina seduciendo al curandero y fortaleciendo la actuación intuitiva, la reinvención permanente de la rueda, la complacencia, y la cantidad de flashes que suelen acompañar cada incidente. No en vano, quienes están a cargo deciden a quién ayudar, cuándo ayudarlo, y de qué manera hacerlo, cuando las personas más lo necesitan, en un momento crítico donde su vida o necesidades de protección se ven más afectadas o amenazadas.

En Emergency Management hay dos elementos que son habitualmente señalados como parte de las resistencias al cambio más potente que se presentan frente al mejoramiento de los sistemas, los egos y las tradiciones.

Es así como pareciera que la cultura que prevalece en nuestro sistema de emergencias es que si no lo inventamos nosotros, si no lo descubrimos nosotros, no sirve.

Esta mirada termina por hacer que primen los egos, donde la ausencia de la persona como centro de atención y preocupación se relativiza, demorando el desarrollo, impidiendo el aprovechamiento del conocimiento de otros, de lo aprendido desde el dolor que otros han debido vivir, en un ámbito donde el sufrimiento está presente como elemento central para ser evitado o mitigado, donde resulta esencial comunidades más preparadas e involucradas, más resistentes y resilientes.

Es así como en seguridad pública existe un desafío pendiente, modernizar nuestro sistema de emergencias, que en realidad es un desafío de liderazgo y autoridad para superar las resistencias al cambio.

Cuando una emergencia ocurre tendremos dos efectos asociados y que no tienen por qué ser calificados como buenos o malos, simplemente es parte del libreto, especialmente en un país que se acerca al desarrollo. Uno de estos es la judicialización de la emergencia, es decir el legítimo derecho de las víctimas por acudir a la justicia en búsqueda de un proceso que les permita acceder a reparación frente al daño, incluso el de carácter económico.

El segundo efecto, es la politización de la emergencia, que se exacerba en un país hiper conectado con un modelo obsoleto, que no ha incorporado ni las estructuras ni las buenas prácticas internacionales en gestión de emergencias, y que por cierto podrían ayudar a mitigar el impacto.

Sin embargo, hay un tercer elemento, donde este “dolor de cabeza” termina por distraer la tarea de las más altas autoridades del país.

Lo he comentado en innumerables oportunidades, y aunque peque de reiterativo, el actual gobierno no sólo ha debido enfrentar y seguirá enfrentando una situación compleja.Resulta inevitable que ante una institucionalidad débil la emergencia también escale en lo político y sean entonces las más altas autoridades del país las que asuman tareas de gestión en un ámbito que no es de su especialidad, que termina por profundizar la fragmentación sectorial que tiene el sistema e incrementar la vulnerabilidad de lo que debería ser la última línea de defensa, es decir la autoridad política.

La debilidad institucional del organismo especializado y un modelo de gestión obsoleto, han hecho que el traje ya no solo apriete sino que más aún exponga a las máximas autoridades a tener que moverse con dificultad frente a una realidad tan inevitable como históricamente ignorada.

Sin duda el buen manejo del actual ministro del Interior y el subsecretario de dicha cartera han permitido suplir temporalmente las debilidades comunicacionales, técnicas y políticas de la ONEMI.

Sin embargo, esta sobre exposición es una señal de la urgencia que requiere establecer un diseño que permita abordar la gestión de emergencias asumiendo la realidad de nuestro sistema, pues éste no se verá reforzado en el corto plazo, a pesar de las iniciativas que se estén llevando a cabo por mejorar el proyecto de institucionalidad actualmente en el Senado, enviado por el gobierno anterior, y que simplemente replica el modelo de gestión existente pero con diferente nombre.

La interpelación a la ministra de Vivienda es una señal política que no es menor, pues resulta absurdo pensar que a dos meses de ocurrido el terremoto en el norte y posteriormente el incendio en Valparaíso, pueda haber algún argumento técnico que sustente esta decisión, más aún cuando los alcaldes de las zonas afectadas han valorado el trabajo realizado.

Dos meses y medio, un terremoto, incendio forestal, inundaciones, nieve y personas aisladas.

Dos estados de excepción constitucional, declaraciones de zonas de catástrofe, tres delegados presidenciales, una interpelación, y la potencial judicialización, son señales que deben ser correctamente leídas para establecer un diseño de gestión político-técnico que le permita al gobierno abordar las actuales y futuras situaciones con un sistema precario que tiene que administrar de la mejor manera posible, pues mejorarlo tomará tiempo, y donde en el intertanto es inevitable que las emergencias ocurran, pues no todas son evitables, pero sí todas tienen la capacidad de escalar.

Este pilar es tan sólido en la crisis, como tan frágil ante la falta de transparencia, la carencia de mensajes directos, o cualquier acción que pueda crear la más mínima sensación de desconfianza.Un pilar robusto, que si no es cuidado y reforzado permanente se puede deshacer como una estatua de arena frente a la más breve brisa.

Es aquí donde la falta de comprensión y preparación en gestión de emergencias, que ya comienza con una mirada restringida que suele tenerse de esta disciplina y que muchos la asocian exclusivamente a la fase de respuesta, es la puerta de entrada a un círculo vicioso muy común en nuestro medio, donde los mensajes suelen ser construidos con un fin meramente de contención inmediata, pero que en el largo plazo termina siendo un remedio peor que la enfermedad.

Los sismos en el norte no dejan de ser una buena oportunidad de recordar que las verdades a medias abundan en nuestro sistema, trayendo consigo el deterioro sistemático de la confianza, credibilidad y liderazgo de la institucionalidad del Estado responsable de las emergencias.

Pero las verdades a medias no las construye una institución, pues estas son, junto a la comunidad, las víctimas de la acción de personas que en un momento dado deciden construir un relato que muchas veces está cargado de información confusa, excesivamente tecnócrata o por qué no decirlo, simplemente de omisiones injustificables si de establecer un lenguaje directo y transparente se trata.

Para construir una relación de confianza robusta con la comunidad, al menos en emergencias, es fundamental tener claridad sobre la necesidad de establecer una comunicación directa, simple y de alcance masivo, y por cierto absolutamente transparente.

Es algo tan sencillo de entender, pero tan poco practicado. Pues cuando damos a conocer un riesgo, una debilidad o incluso una amenaza, estamos desde ya advirtiendo a la comunidad y estableciendo la primera medida para empujar el autocuidado, a tomar medidas para reducir los riesgos y prepararnos para el peor escenario.

El tsunami menor, la auto evacuación, la evacuación preventiva, son parte de ese lenguaje que evita y resiste la verdad directa y necesaria para una comunidad que requiere estar confiada en que en el peor momento se le dirá qué ocurre y lo que debe hacer.

Es así como tsunami es tsunami, la auto evacuación es simplemente la acción espontánea que la comunidad toma muchas veces frente a la falta de alerta oportuna de la autoridad e incluso por desconfianza.Cuando se dice evacuación preventiva, es solo evacuación, pues toda evacuación busca reducir riesgo de daño a las personas por lo cual su esencia es preventiva.

Una red sismológica robusta y fortalecida, es otra de las tantas verdades a medias, por ser conservador en la calificación.

Instrumentos instalados, que ni siquiera están enchufados, que no envían señal al centro sismológico, y que en realidad solo están puestos en terreno.

Instrumentos enviados a terreno para fortalecer el monitoreo sismológico, en vez de decir que su fin primario es registro científico y no el monitoreo sísmico pues su instalación inicial no contempla comunicaciones robustas para enviar señales al centro de procesamiento, son algunas de las tantas verdades a medias que suelen copar los medios de comunicación y que lamentablemente tienen su origen en importantes responsables del sistema de emergencias, en definitiva de la seguridad pública.

Un ejemplo más concreto y grave aún, corresponde al bullado anuncio del director de ONEMI en enero pasado sobre el SAE, Sistema de Alerta de Emergencias, que anunciaba la instalación de capacidades para alertar vía mensajes a celulares sobre emergencias, el mismo que para la última evacuación, ya en un nuevo gobierno, simplemente no funcionó.

Como se dice hoy elegantemente el accountability tampoco existe en nuestro sistema de emergencias, pero probablemente eso será para otra columna, por ahora me quedo con las verdades a medias.

El 27 F nos golpeó mientras el proceso administrativo para la adquisición de instrumentos que permitirían generar el crecimiento más importante de Chile en materia de red sismológica, prácticamente quintuplicando la cantidad de instrumentos disponible, se encontraba ad portas de obtener las primeras adquisiciones de esta compleja y avanzada tecnología.

El gobierno del Presidente Piñera levantó con fuerza, y no se esperaba menos, la modernización del sistema de emergencias. Qué mejor entonces que iniciar la gestión con 18 millones de dólares en equipos, faltando sólo terminar el proceso de compra y dejar que el sistema operara con normalidad, es decir que la entidad experta en la instalación y que desde principios de 1900, hasta el día de hoy, ha manejado y desarrollado la red sismológica nacional, hiciera lo suyo.

Era para todos el mejor escenario. Un gobierno motivado, impetuoso, buscando la oportunidad para, en sólo cuatro años, establecer logros diferenciadores con administraciones anteriores. Qué mejor que dejar la mejor red sismológica en la historia.

Sin embargo, ocurrió lo inimaginable.

La administración de ONEMI anunciaba cada cierto tiempo, y hasta la semana pasada,que la instalación de equipos sismológicos y robustecimiento de la red era un hecho, mientras pedía, en 2010, de vuelta los recursos entregados al Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, para posteriormente debilitar a esta centenaria institución,la cual reemplazó el Servicio Sismológico por el Centro Sismológico Nacional, fragilizando su institucionalidad y restringiendo prácticamente su existencia y operación, a un convenio que se firma anualmente, cuestión que ha terminado por limitar la mirada de largo plazo y debilitar progresivamente el soporte científico que requiere este componente del sistema de emergencias. Así cada uno de estos anuncios terminó siendo sólo una buena puesta en escena.

En enero pasado el director de ONEMI Ricardo Toro respondió en Cooperativa (http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/director-de-onemi-nego-que-equipos-sismologicos-no-esten-instalados/2014-01-15/093856.html ) enérgicamente al director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el sismólogo Jaime Campos, quien había comentado la fragilidad de la red sismológica en el marco del II Congreso del Futuro, realizado en la sede del ex Congreso Nacional, negando lo señalado por Campos y cuestionando su veracidad.

La conmemoración del 27F se vio nuevamente llena de anuncios y avances en materia del robustecimiento del sistema de emergencias. Sin embargo ya no fue necesario un 8.8 para demostrar su fragilidad.

Una seguidilla de sismos en la zona central, y uno de solo 5.3 Richter, bastó para que la red sismológica no respondiera acorde a lo prometido y por ende a lo esperado por la comunidad.

Demora en la entrega de magnitud, falta de precisión, fue solo la punta del iceberg que hizo que el cuestionamiento de robustez ya no viniera desde quienes trabajamos en el mundo de la gestión de emergencias, sino que de la temerosa ciudadanía que con razón reaccionó molesta, y por cierto los medios de comunicación que buscaron las explicaciones de lo ocurrido.

De esta manera, el Centro Sismológico de la Universidad de Chile cuya existencia se asocia a estos convenios anuales con ONEMI, mecanismo perverso al momento de tener que responder ante la comunidad, ha reconocido de manera clara en las últimas horas lo que se ha venido diciendo por años.

De los cerca de 600 instrumentos, solo el 10% aproximadamente estaría en terreno, de estos pocos, no todos están conectados ni entregando información útil para el sistema de alerta temprana y de maremoto, y más aún la red de comunicaciones que permite que los datos lleguen al centro de procesamiento es frágil y puede verse interrumpida frente a sismos importantes, e incluso por fallas propias de la red de internet.

Esta vez bastó un sismo de magnitud 5,3 Richter para demostrarnos que la protección anunciada no es tal.Uno de las conclusiones inmediatas es comprender que hoy no existe robustez ni de la red sismológica, ni tampoco del sistema de alerta frente a maremotos generados frente a la costa chilena, y que cerca de 600 instrumentos están en alguna parte, pero claramente están lejos de brindar el servicio para el cual fueron adquiridos, y cuya primera prioridad en gestión de emergencias es salvar vidas.

Quedan pocos días para que asuma un nuevo gobierno, el cual deberá retomar lo que simplemente se transformó en un mal paréntesis, es decir reforzar la red sismológica, con una alta probabilidad de algún sismo de magnitud destructiva dentro de los próximos cuatro años.

Sin embargo, también deberá asumir esta tarea con la misma ONEMI que hasta la semana pasada hablaba de importantes avances en esta materia.

Sin duda un complejo panorama para la nueva administración, que recibe un sistema confirmadamente frágil, con serios problemas de credibilidad y confianza, en una materia tanto técnica como política, con la certeza que lo indeseado ocurrirá, aunque no sabemos cuándo, y que claramente no estamos bien preparados.