El primero alega la falta de flexibilidad y poderes para administrar con libertad a la estatal, agobiado por la burocracia interna e interminables obligaciones de reporte. El segundo se apuró en desmentir cualquier tensión entre los personeros, insistiendo que su celo estuvo siempre puesto en monitorear de cerca la gestión de Hernández, lo que constituye su obligación legal como director y presidente de CODELCO. ¿Quién dice la verdad?

Este evento no puede ser dejado pasar sin una reflexión, pues no se trata de un accidente insignificante en un modelo de gestión inaugurado con fanfarria hace poco tiempo, a propósito de la promulgación de la “Ley de Nuevo Gobierno Corporativo de CODELCO”, que muchos aplaudieron sólo leyendo el titular, pero sin atender a su contenido efectivo.

Como he señalado en otras columnas, la cuestión central del gobierno de la empresa, dice relación con la forma en que se conduce la tensión entre la propiedad de ésta y el poder de administración; esto es, finalmente, el control.

En este contexto, la clave para determinar un modelo virtuoso de gobierno empresarial, consiste en aplicar reglas precisas que fijen la posición de obligaciones y derechos entre los dueños y los administradores, a fin de asegurar que los beneficios de la agregación de valor (¡el maldito lucro!) y los riesgos de la gestión (accountability) vayan a parar a quien efectivamente le correspondan, en cada caso.

En el contexto de una empresa de propiedad del Estado, estos parámetros se deforman y difuminan notablemente. En particular, en el caso chileno, se ha evitado explícitamente una discusión acerca del rol empresarial del Estado en la economía y su función subsidiaria, de modo que los parámetros son todavía más confusos.

El gobierno corporativo de CODELCO, plasmado en sus estatutos y leyes del ramo, es epítome de la confusión de estos roles y sus criterios básicos; toda vez que cuesta distinguir con precisión de relojero suizo, la actuación propia del dueño de la del administrador.

Así, toda clase de desentendimientos puede darse en una regulación que yerra en asignar en el directorio de la empresa, funciones propias del dueño –o junta de accionistas- con las del órgano de administración.

En línea con esa confusión, integra normas de responsabilidad de director de sociedad anónima, a los “directores estatales”, que más bien debieran jugar el rol de junta de accionistas. Como nada queda claro, al final esta “junta de accionistas” se transforma en “directorio” y el director ejecutivo, es identificado con el rol de “gerente general”.

En esta neblina estatutaria, no es raro que los representantes del Estado asuman funciones de administradores, el administrador se queje de interferencia en su acción y, finalmente, lo más grave, colisionen dos visiones que, con legítimo derecho, pretenden definir la política estratégica de la empresa.

Esto fue lo que sucedió en CODELCO, en su decisión de ir o no a la conciliación en la disputa con Anglo-American. Cosas que ocurren cuando las normas de gobierno quedan mal reguladas en la ley o en los contratos.

Entonces, ¿de qué trataba la Ley de Gobierno Societario de CODELCO presentada con tanta pompa? Nada más y nada menos que de cómo repartirse los cargos del directorio dándole una validación política, a la usanza de TVN, pero ni hablar de lo que realmente importa, esto es, cómo definir el destino estratégico de la principal empresa de Chile con claridad de objetivo y sin interferencias políticas, y cómo competir en un mercado de gigantes transnacionales.

Quizás el caso Anglo-American nos ayude a reenfocar el análisis y aplicar modificaciones efectivas y eficientes al gobierno corporativo de CODELCO.

¿Cómo? Simplemente haciendo valer la ley vigente. ¿Por qué? Porque si el resultado del litigio con Anglo-American conlleva daños en los derechos y patrimonio de la estatal, a causa del erróneo ejercicio de la opción de compra de Los Bronces, será esperable que los que aplaudieron alegremente la promulgación de la pretendida Ley de Gobierno Corporativo de CODELCO, tengan la misma energía para perseguir la responsabilidad de aquellos que, con sus decisiones, llevaron a la empresa hacia este frustrante final.

Asumo que tras esa aseveración, damos por hecho que el Estado es un buen administrador de recursos, muestra una limpia hoja de antecedentes de corrupción y su acción en la economía es neutra de externalidades negativas.

Lamentablemente, eso no es verdad.

Esta es la monserga: Si las cadenas de tiendas de farmacia se coluden… ¡Entonces necesitamos una farmacia estatal!

Si las AFPs cobran comisiones exageradas por sus servicios… ¡Entonces necesitamos una AFP estatal!

Si las bombas de bencina no bajan los precios del combustible cuando ENAP anuncia caídas… ¡Entonces necesitamos una bomba estatal!

Si los polleros se coluden… ¡Entonces hay que crear una Empresa Avícola Nacional!

Lo notable es que nadie alega contra los bancos con sus intereses de usura, teniendo en consideración que esto ocurre a pesar de la existencia del Banco de Estado.

Así también, qué decir de nuestras sendas superintendencias de valores y de bancos; escándalos como los de Inverlink y La Polar pasan por nuestras narices y nadie dice “ni pío”… ¡como diría un pollero coludido!

O sea, parece que la mera existencia de más Estado no es una medicina muy efectiva. Curioso. Será que una vez más los slogans son más pegajosos que los porfiados hechos y la evidencia técnica.

Sin embargo, de un análisis más cercano de estos evidentes casos de abuso a los consumidores, se desprende claramente que la clase política clama por “más Estado” sólo cuando los problemas se dan en el output, es decir, a nivel de los usuarios.

Sin embargo, nadie repara en que el problema está en la base, en el input, o sea, a nivel del capital. ¿Qué quiere decir?

Sociológicamente hablando, la “colusión” (por así decirlo) se da aguas arriba.

Se inicia desde el minuto en que los controladores y ejecutivos principales de las grandes empresas, grandes corporaciones financieras, del comercio y la industria, forman parte de una sección muy reducida del país, asisten a los mismos colegios, comulgan en las mismas parroquias, juegan en los mismos columpios de los mismos clubes de golf, se topan en los mismos eventos, vacacionan en los mismos balnearios y centros de esquí, y se vinculan familiarmente unos con otros en una apretada trenza social.

Luego, si uno analiza el corte de los grupos empresariales declarados a la Superintendencia de Valores y Seguros, y después lo cruza con las posiciones de capital accionario en el mercado de valores, verifica que el nivel de concentración del capital es altísimo y la tendencia –desde los años 90 en adelante- no declina.

De este modo, la verdadera colusión surge cuando el poder del capital y los recursos financieros están controlados fuertemente por unos pocos.

Por natural transitividad, la colusión social se torna comercial por pura economía de escala. La colusión al nivel de los consumidores no es más que el reflejo de la verdadera colusión que nace al nivel de los dueños y administradores del capital; se llama concentración de la riqueza, se llama hipercontrol del capital bursátil.

Entonces, es cierto que los efectos abusivos de la falta de competencia, incluyendo la colusión, deben ser combatidos reactivamente cuando los perjudicados son finalmente los consumidores, clientes y usuarios.

Y para esto se requiere una autoridad competente, con facultades, medios y valentía; pero si realmente se quiere atacar el asunto desde la raíz, hay que mirar qué pasa a nivel del capital.

Si la propiedad de los intereses de capital no se atomiza, no será verdad que los derechos del consumidor valen tanto como los del controlador, pues en la unión está la fuerza y la sinergia.

Con la lucha de los 80 y la paciente sabiduría de los 90, Chile transitó hacia la recuperación de la democracia. Pero ésta fue sólo política.

Una tarea está pendiente, y es la democracia del capital. Para un verdadero horizonte liberal, se requiere que la propiedad privada sea diseminada y profundizada.

Sin embargo, la solución, como ven, no es tener “más Estado”, ni más reglas o leyes, pues ya está comprobado que el Estado no es más que un Mentholatum contra el abuso a la clase media.

Es decir, ambos propenden a proteger sus intereses pues son agentes económicos racionales y por ello, no dilapidan sus recursos, no disponen irracionalmente de sus derechos y pugnan por incrementar su capacidad económica y el valor de su patrimonio.

Esto se aplica tanto a accionistas como a directores, gerentes, ejecutivos principales, controladores, minoritarios, inversionistas institucionales, etc.

A todos ellos, la ley les presume ser “buenos padres de familia” y, como tales se les exige cierto grado de responsabilidad en la administración de la empresa la que, según lo establecido por la ley chilena de sociedades anónimas, implica al menos, evitar la dilapidación del patrimonio, conducirse razonablemente en pos de obtener la mayor rentabilidad posible del negocio y optimizar la valorización económica de la empresa.

Prueba de ello es que la ley de sociedades anónimas establece expresamente que estos son entes “con fines de lucro”.

De lo anterior se concluye -en términos estrictos y legalmente hablando- que en la empresa privada no hay espacio para la beneficencia social; todo debe dirigirse a maximizar la rentabilidad de la inversión hecha por los dueños: los accionistas.

Sin embargo, si damos por verdadero que la función de subsidiariedad orientada al bien común justifica y legitima la intervención del Estado en la economía mediante la creación y mantención de empresas que compiten con los privados, entonces algo realmente desquiciado está ocurriendo en la base de estas organizaciones: por una parte, el Estado organiza una empresa para conducirse competitivamente en la economía real, produciendo, proveyendo y comercializando bienes y servicios; pero por otro lado, su interés no es lucrativo, sino puramente subsidiario.

La misma palabra lo dice; rol subsidiario, rol de subsidio. O sea, es el Estado el que interviene en la economía para otorgar un subsidio a los privados, o dicho de otro modo, el accionista o dueño invierte sus recursos, no para ganar una rentabilidad, sino para asignarlos entre los privados por medio de subsidios indirectos (o subsidiariamente).

Por esto es que es tan ilógico pretender que las empresas del Estado sean sometidas a un escrutinio de rentabilidad propio al de una empresa privada; a lo más, puede hablarse utilizando conceptos elegantes y eufemísticos tales como “rentabilidad social”, “responsabilidad social” o, incluso, “felicidad nacional bruta” –en el Reino de Bután.

Cuando los políticos y gobernantes se solazan del impulso con que administran las empresas de propiedad del Estado, con eficiencia y propendiendo a rentabilizar su valor, están confundiendo los conceptos, torciendo gravemente los órdenes jurídicos con significativos efectos, como veremos.

No se puede simplemente, y con cierta alegre soberbia de empresario entrometido en política, decir que a las empresas del Estado se le deben aplicar de golpe y porrazo, las normas de las sociedades anónimas. Las reglas de estas últimas están basadas en un paradigma completamente distinto al de aquellas. Éstas deben ganar plata, las otras deben perderla para conseguir sus objetivos. ¡Esta es la paradoja!

Lo mismo corre para los administradores de estas empresas públicas. No es justo para ellos que se les mida por los patrones de una empresa privada. En su caso, el estándar de exigencia no debiera ser el de obtener determinada rentabilidad para engrosar el erario fiscal, sino perder lo menos posible en la ejecución de su objeto subsidiario.

Como esto no sucede, el Estado está compitiendo directamente con el privado en un área que le está vedada, sobre bases totalmente injustas, a saber:

(a) El Estado mantiene un monopolio regulatorio de modo que puede diseñar las reglas del juego para que le beneficien siempre.

(b) El Estado tiene espaldas financieras basadas en la propiedad universal de los recursos estratégicos y el financiamiento tributario obtiene de los mismos con quien compite.

(c) El aparato público es un inmenso mercado de consumo cautivo para las propias empresas del Estado.

(d) El Estado no paga impuestos, se mete la mano en un bolsillo para pasarse las monedas al del otro lado.

El efecto de la paradoja tiene consecuencias prácticas, relevantes y duras: ¿podría demandarse a los directores de ENAP por el daño patrimonial producido por asegurar precios estables para el petróleo diesel o para entrar en negocios deficitarios con el pretexto de asegurar la “matriz energética”? Si aplicamos las normas de las sociedades anónimas, la respuesta es obvia.

O también, por ejemplo, ¿podríamos demandar a los directores de CODELCO por su cuestionable conducción en el ejercicio de la opción de compra de acciones de AngloAmerican Sur? Al contrario, la respuesta inmediata e instintiva de la clase gobernante fue la de presionar diplomática y políticamente a la empresa privada extranjera, articulando una campaña mediática sin esperar que las instituciones del Estado de derecho actúen.

¿Por qué el Gobierno mete las narices si, supuestamente, CODELCO tiene un gobierno societario independiente? La “verdad de la milanesa” quedó rápidamente desnudada: el gobierno societario de las empresas del Estado estratégicas -como les gusta llamar a los políticos- “vale hongo”.

Los roles confusos llevan a políticas confusas. Por lo tanto, es cada vez más urgente sostener una discusión abierta, transparente e ilustrada sobre el rol de las empresas del Estado, y en base a este debate, rediseñar su gobierno societario para definir correctamente sus paradigmas de administración.

Por favor, evitemos que esto lo resuelva la clase política entre cuatro paredes o facilitando el voto a última hora por un par de prebendas regionales.

Dos consideraciones son relevantes en este análisis: la primera apunta hacia las causas de este debilitamiento o desaparición de la función de subsidiariedad. La segunda se refiere a las estrategias para enfrentar el fenómeno.

Respecto de la primera, es evidente que en muchos de aquellos casos en los que la función de subsidiariedad era débil en su inicio, bastó la intervención estatal para que el privado activara su capacidad de emprendimiento.

Regularmente, la apertura de mercados y la estabilización regulatoria y financiera provocada por la intervención estatal, genera condiciones de rentabilidad que inducen positivamente al privado a continuar en el desarrollo de un mercado abierto por ese emprendimiento estatal. Existen numerosos ejemplos en la minería no metálica o la refinación de combustibles.

Otras causas de debilitamiento se refieren a desarrollos tecnológicos o cambios regulatorios (también monopolio del Estado), que vuelven rentable un negocio que inicialmente no lo era. Los emprendimientos en las áreas de las telecomunicaciones son un buen ejemplo. También el acceso al capital de trabajo y la disponibilidad de recursos son causas de cambio de paradigma.

Por ejemplo, es probable que ningún privado haya sido capaz de construir una carretera hace 50 años, pero con el desarrollo de los mercados financieros y las facilidades regulatorias introducidas, los privados vieron en estos emprendimientos de infraestructura una oportunidad de lucro y entraron en esta área.

Por tanto, si se aplica razonablemente la regla subsidiaria, y el Estado percibe que su intervención en la economía no está sustentada en este principio, no hay dudas: el aparato público debe detener su acción, ya sea para inhibirse de continuar emprendiendo o para desprenderse de esa actividad.

Así, si fue legítimo que emprendiera en el refinamiento de combustibles en el pasado, donde en la actualidad hay evidencia suficiente de la capacidad de los privados de entrar en este negocio, o incluso más, importar los combustibles refinados de mejor calidad y a mucho menor costo, entonces el Estado debiera detener esta actividad o, derechamente, modificar su propiedad ya sea para disponer absolutamente de ella o para permitir modalidades de participación privada en ellas y evitar pérdidas o subsidios injustificados.

O veamos el caso de correos.¿Qué sentido tiene mantener una estructura empresarial como la de correos de Chile que debe competir con los colosos internacionales de correo privado, con mejores estándares de servicio y a costos globales?.

Parte de la segunda pregunta, a esta altura ya está en parte respondida. Pero conviene hacer presente que las herramientas actuales de “privatización” difieren sustantivamente de las alternativas limitadas que los neoliberales propusieron en el pasado como un mantra inviolable.

Esto es, la participación público-privada (PPP o public & private partnership), una modalidad que ha probado ser de mucho éxito y que es, en sus fundamentos, una privatización del emprendimiento estatal.

También hay otras opciones, tales como las fórmulas de participación en la propiedad y, en este sentido, existen en Chile numerosos casos de participación privada o estatal como, por ejemplo, en Zofri, Diario La Nación, Aguas Andinas o el que pretende CODELCO en AngloAmerican Sur (es decir, una verdadera estatización parcial).

Igualmente, es una fórmula de privatización otro mecanismo, probablemente más sofisticado y que permite pasar de contrabando el fenómeno por delante de los ojos de los políticos: privatizar los flujos sin tocar el capital. Esto es lo que hizo CODELCO en su acuerdo de suministro de cobre con la sociedad china Minmetals.

Por ello es que hoy no debiéramos temer a la palabra privatización. Para los políticos, es como decir una grosería en un salón de palacio; pero la verdad sea dicha, para privatizar hoy por hoy, existen diversas alternativas que pasan por las narices de los políticos y de la opinión pública sin mayor alarma.

Los invito a perder la compostura y a abordar la privatización de la mejor forma posible, respecto de todos aquellos emprendimientos estatales donde claramente no hay una real justificación que legitime la intervención del aparato público por sobre el ciudadano privado.

Para eso tenemos que llevar adelante un análisis profundo respecto del desarrollo empresarial de cada firma de propiedad del Estado, su resultado operacional histórico y el rendimiento social que tiene su intervención.

Si la triangulación de estos elementos determina que es un proyecto “de subsidiariedad débil”, el Estado debe ir por su privatización, la que no necesariamente significa vender su propiedad, sino también, permitir la entrada de privados a su capital o buscar fórmulas alternativas, tales como la concesión de administración o la titularización de sus flujos.

Por favor, saquémonos las anteojeras dogmáticas y cambiémoslas por microscopios y transparente luz de día. Pero para esto, los ciudadanos libres de Chile tenemos el derecho de tener una discusión abierta y democrática respecto del tipo de Estado que queremos… y por lo que se ve, los políticos se reservan esta discusión hasta que el pueblo no salga a la calle.Con la misma fuerza con la que debiéramos exigir la intervención del Estado en los emprendimientos de alto valor social, debiéramos exigir que se reste de aquellos en que compite sin justificación subsidiaria.

Hablemos con franqueza. Lo que está haciendo Codelco en su intento por adquirir una parte significativa de la propiedad de la mina ex-La Disputada, es ampliar su acción empresarial; es nacionalizar casi la mitad de una empresa minera privada extranjera; es endeudarse comprometiendo el patrimonio del Fisco en contraposición a las alarmantes necesidades de gasto social del Estado. Pero, como es lo habitual, la culpa es de quien da el afrecho…

Creo que la raíz del problema radica en que los chilenos hemos evitado una discusión sobre el tipo y tamaño del Estado que queremos tener. Entonces, en el descampado de la ignorancia o del desinterés, los poderes políticos y los económicos se acomodan en la dirección del aparato estatal y los ciudadanos, impávidos, tomamos palco frente a los eventos.

Entonces, inmersos en un escenario que finalmente es tierra de nadie, con qué nos encontramos: a un lado de la trinchera, se ubican posiciones más socialistas que defienden la participación activa y preponderante de lo estatal –incluso planificadora-; y en la contraparte, la visión neoliberal que relega al Estado a la “banca de suplentes”.

Parece ser que la respuesta no está en los extremos. Así al menos lo demuestra la experiencia, por lo que una buena forma de conceptualizar una posición intermedia es mediante el denominado “principio de subsidiariedad orientado al bien común”.

¿Y cómo es que llegamos a este “equilibrio de las fuerzas”? Si bien a mediados del siglo XX campeaba la visión de un Estado promotor de la economía, luego la visión neoliberal pareció entronizarse a la caída del comunismo.

Sin embargo, el neocapitalismo plutocrático ha sido víctima de sus propios vicios de codicia y de la creciente animosidad social causada principalmente, por el abuso de las grandes empresas sobre los consumidores y la miopía medioambiental.

Por estas razones, vemos nuevamente emerger un principio libertario y progresista donde, si bien el individuo y la órbita privada son prioritarios, el Estado puede participar –e incluso creemos que debe hacerlo- sin prejuicios, en aquellas áreas donde el bien común lo exige y la iniciativa privada no puede o no quiere ingresar por razones de rentabilidad, costos de inversión, limitación regulatoria, acceso a bienes escasos o por proyección estratégica.

Pero cuidado. La aplicación del principio de subsidiariedad es un arma de doble filo.Y esto se observa en situaciones de diversa índole:

1. Justifica la intervención del Estado en la economía, pero obliga al desprendimiento del emprendimiento público si los parámetros que dieron razón a su organización, se debilitan o desaparecen.

Una empresa del Estado no tiene razón de ser si su acción no está orientada hacia el bien común y a suplir una necesidad de rentabilidad social que la iniciativa privada no ha sido capaz de cubrir en uso de la libertad de emprendimiento económico privado.

2. Otras veces el problema radica en una deficiente regulación, lo que hace que ese emprendimiento privado no despegue porque el Estado interviene limitando los bienes o imponiendo cargas regulatorias ineficientes que encarecen artificialmente un proyecto de negocios y limitan el lucro, volviéndolo deficitario o limitadamente rentable, al punto de estancarlo.

3. Por otro lado, también puede ocurrir que por el monopolio regulatorio que tiene el Estado, le facilita el acceso a determinadas áreas de negocio o le permite iniciar un proyecto en desmedro del privado.

Por mucho que suene a retórica neoliberal, es efectivo que cada vez que la iniciativa de emprendimiento de un privado es limitada por el Estado, hay riqueza y trabajo que están dejando de crearse, y al mismo tiempo, obligando al Estado a incurrir en costos y destinar recursos con una rentabilidad social nunca medida efectivamente y con una eficiencia sin control.

Por ejemplo, qué sentido tiene exigir que el estado organice una cadena de venta de fármacos al detalle, si en Chile hay farmacias como en ningún otro lugar del mundo.

Es cierto que el mercado ha dado muestras de ser bastante imperfecto, pero esto es un problema de las reglas de libre competencia y de protección de los consumidores. Esto se arregla con una autoridad más diligente, no con más emprendimientos deficitarios del Estado.

No obstante, este caso del emprendimiento público puede darse al revés: esto es, que el Estado no reacciona frente a una necesidad social e inhibe su emprendimiento por razones políticas o pura miopía. ¿Dónde el Estado debiera abrir los ojos y actuar empresarialmente? Aquí van algunos ejemplos:

Si queremos abandonar las fuentes contaminantes de energía, sabemos que a Chile le sobra sol… ¿Dónde está la Empresa Nacional de Energía Solar S.A.?

El problema del agua es el tema clave del futuro… ¿Dónde está la Empresa Nacional de Desalinización de Aguas S.A.?

La integración al mundo globalizado por el Chile más marginado, es estratégico para saltar al desarrollo ¿Dónde está la Empresa Nacional de Internet Inalámbrico Rural S.A.?

Y finalmente, si es evidente que los privados no son eficientes para crear una poderosa columna vertebral de transporte de energía eléctrica a lo largo de Chile ¿Dónde está la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica S.A.?

El presupuesto de endeudamiento de Codelco para esta operación, equivale al costo de financiamiento de muchos años de educación superior de calidad.

Entonces ¿cómo se entiende que este negocio sea presentado como la “operación del siglo”?

¿Cuáles son las prioridades reales de este Gobierno?

¿Por qué el Estado tiene que andar comprando empresas privadas extranjeras? ¿De dónde viene esa autorización? ¿Quién revisa esto?

¿Cómo se definen las prioridades del gasto empresarial del Estado?

¿Cuándo es justo que el Estado gaste plata que podría, en vez, ir a satisfacer las dramáticas necesidades que el país tiene en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura?

¿Puede justificarse que el Estado destine recursos de todos los chilenos para competir con los privados en cualquier área?

El tema de fondo apunta, en realidad, a definir por qué pueden o deben existir empresas del Estado, cómo y en qué áreas.

Sobre la existencia y conveniencia de ellas, abundan opiniones y evidencias, tanto técnicas como políticas.

Todas las posiciones presentan argumentos válidos y atendibles que, de alguna manera, legitiman la coexistencia de empresas privadas y públicas bajo ciertas condiciones específicas. Pero la cuestión detrás de la existencia y financiamiento de las empresas estatales, corresponde a un delicado asunto de políticas públicas que, en estricto rigor, debiera estar técnicamente limitado a una fría decisión de finanzas corporativas (o en este caso, de finanzas públicas).

Desgraciadamente, este asunto es políticamente tan sensible y a la vez, tan complejo, desde el punto de vista jurídico y económico, que normalmente esta discusión se transforma en una pura declaración altisonante de consignas y slogans. Pues bien, lo técnico se termina mezclando y cubriendo con meras consideraciones políticas y posiciones dogmáticas. ¡Y de ahí, no salimos!

En ese escenario, ¿podemos entonces tener una discusión sobre el rol empresarial del Estado? No sólo creo que sí podemos; creo que debemos tenerla. Esta discusión es un asunto ciudadano de la mayor relevancia, y debe sostenerse pronto y de una buena vez, de manera abierta, transparente y bien informada.

Vergonzosamente, éste ha sido un debate evitado y pospuesto a lo largo de la historia económica moderna de Chile, porque los intereses privados del capital, los “obispos del neoliberalismo” y los administradores del aparato burocrático del Estado -y de las prebendas que se ofertan en su nombre a los partisanos políticos y apitutados de siempre-, se han encargado de empatar la cancha y no mover estas aguas, a espaldas del pueblo.

Pero antes de tomar posiciones, debemos partir por dilucidar un aspecto que es casi filosófico: Asumimos que el pueblo de Chile está de acuerdo con que el Estado puede y debe intervenir en la economía con un rol empresarial. Si estamos de acuerdo con lo anterior, la inquietud que surge entonces es la siguiente:

¿Cuándo puede-debe intervenir el Estado en la economía como empresario?

Esta pregunta no es nada de etérea o académica. Bien vale recordar que una buena parte de la cuestión política tanto en la anterior elección presidencial como también en la actualidad, tiene que ver con definir “cuánto Estado” queremos los chilenos, cuánta actividad, cuánta intervención queremos de lo público en contraposición al mundo privado.

Las soluciones facilistas, que asumen que en la activa participación del Estado en la economía, existe una panacea al abuso corporativo o a la solución de necesidades sociales, funciona bien como slogan, pero no es una regla de oro aplicable en cualquier caso.

Su éxito o fracaso depende también, en gran medida, de la forma en cómo el Estado decide intervenir.

Volver a los fundamentos, y repensar estos criterios, es una importante necesidad de política pública, pues los desafíos que tiene Chile por delante, incluyen replantear el Estado, su organización, su legitimidad democrática, sus ámbitos de acción, su control y su financiamiento, en atención a las exigencias que impone el proyecto de desarrollo nacional.

En consecuencia, el gobierno societario se concreta en un conjunto de normas que arreglan las relaciones entre los dueños y los administradores, para mejor gestionar la empresa de acuerdo con sus objetivos y estrategias.

Las universidades, incluso las llamadas “públicas”, también son empresas en su sentido organizacional y, por tanto, tienen fines, capital, dueños y administración. Esto significa que, también, podemos someter a las universidades al rigor de las preguntas propias del gobierno societario; no obstante, las respuestas deben enmarcarse dentro de parámetros institucionales específicos de su género, esto es: (I) a sus formas de financiamiento, (II) a la propiedad de su capital, y (III) a los fines de políticas públicas que les importan.

¿Qué concluimos de esto? Lo primero y más evidente, es que las soluciones de gobierno societario que una universidad dada tenga para sí, pueden diferir, respecto de las formas de administración que tenga otra universidad, si alguno de estos parámetros varía significativamente.

Por ejemplo, es lógico que si una universidad tiene financiamiento proveniente del erario nacional, modifique sus mecanismos de control presupuestario y de gasto, para evitar transferencias de recursos que importen subsidios encubiertos a privados o que introduzcan distorsiones de precios en el mercado de la educación universitaria.

Pero resulta clave entender si estos aportes financieros son dados con el carácter de deuda o como capital, pues las formulas de su repago son cruciales en el primer caso, y el carácter de derecho residual, son obvias en el segundo.

Esta distinción es importante, pues si el Estado sólo subsidia para que el cuerpo intermedio (universidad) cumpla un fin de política pública, la capacidad de controlar la administración universitaria o imponer niveles de rendimiento o cumplimiento, es menor y esta relación entre Estado (stakeholder) y la universidad dependerá del contrato negociado entre ambas.

Si se trata de aportes de patrimonio, el Estado tendrá derechos como cualquier accionista (shareholder) y esto limitará radicalmente la capacidad del cuerpo intermedio de auto determinarse o dejar a los académicos y/o estudiantes, la conformación de los cuerpos directivos.

Cualquier ley que aborde este asunto, debe dilucidar y resolver esta interrogante para garantizar qué calidades mínimas y eficiencia presupuestaria irán de la mano con mayores aportes.

De igual manera, si el capital de una universidad es de propiedad de un privado, es lógico que tenga estructuras administrativas distintas a las de una universidad de propiedad del Estado.

Pues bien, esto también se adaptaría de manera distinta si la universidad privada tiene o no fines de lucro para sus dueños. Por ello, asumiendo el caso de una universidad privada con fines de lucro, está claro que su gobierno quedará sujeto al parecer del accionista controlador.

La certificación de su calidad quedará entregada a la capacidad de negociación que tengan los estudiantes y académicos, mirados puramente como contratantes (stakeholders). Sin embargo, si existe en esta negociación, una asimetría de información que implica una posición siempre ganadora para el dueño (shareholder), entonces es justo que la ley intervenga y aplique distorsión regulada para corregir la equivalencia de fuerzas en las curvas de ese mercado.

Ahora bien, si esta universidad privada con fines de lucro recibiera aportes o transferencias (financiamiento) del Estado, entonces, este contratante debe exigir a la universidad y sus dueños, el cumplimiento de estándares de rendimiento, calidad, responsabilidad personal y transparencia, tal como lo hace cualquier banco comercial (stakeholder) en cualquier financiamiento corporativo ordinario.

En definitiva, no existe un patrón único o modelo de gobierno societario para las universidades, sino múltiples alternativas en atención a sus condiciones de financiamiento, capital y fines.

No obstante, en cualquier caso la designación de los administradores debe ser resuelta por la voluntad del “dueño”; donde el caso de las universidades de propiedad del Estado deben considerar las demandas e intereses de los stakeholders o tenedores últimos de los intereses de capital (shareholders): los ciudadanos; pues recordemos bien, el gobierno de turno no es más que un mandatario temporal de la voluntad soberana del pueblo que conformamos cada uno de nosotros.

Segundo, el ánimo de obtener una rentabilidad de la organización de la empresa, no es en sí, esencialmente, contrario o incompatible con el propósito educacional de una universidad, pero es evidente que propone cuestiones graves de control –de gestión, de calidad y de transferencias fiscales- que ameritan el establecimiento de una estructura de monitoreo y regulatoria potente.

El problema es que este aparato de monitoreo puede llegar a ser tan aparatoso y socialmente costoso, que debe cuestionarnos respecto de cuan económicamente eficiente puede llegar a ser en el largo plazo: la vaina puede ser más cara que el sable… o en otras palabras, garantizar calidad y amplio acceso con participación privada en el mercado de la oferta adicional universitaria, puede ser muy caro para un país como el nuestro; y en consecuencia, no por razones de principios, pero sí por razones de eficiencia, debieran ser prohibidas, incluyendo las martingalas montadas para “ordeñar al fisco”.

Tercero, el riesgo de captura de estos consumidores –los estudiantes y sus familias- es alto y la información parece ser asimétrica. Los esfuerzos para equilibrar las cosas no garantizan que el mercado haga su trabajo en forma eficiente en corto plazo.

Los cambios que introduzca cualquier reforma al gobierno societario de las universidades, deben contemplar medidas que mejoren la calidad de la información entregada por la universidad a sus “clientes” –e.g., en términos de transparencia financiera, calidad académica bajo mediciones profundas de rendimiento, y costo de la matricula en función a la empleabilidad efectiva de cada carrera (o sea, de si con lo aprendido, un estudiante podrá pagar cualquier crédito obtenido para financiar sus estudios).

De lo contrario, el otorgamiento del crédito, como la oferta del servicio, es irresponsable y el estudiante es sólo el “jamón del sándwich” de un tinglado comercial con más cara de triangulación financiera que de proyecto académico.

En definitiva, la universidad debe responder a criterios de eficacia y control de gestión basados en presupuestos de largo y corto plazo, que armonicen la consecución de sus objetivos institucionales con un razonable balance de gasto público; como lo haría cualquier otra institución productiva, con la salvedad que la “utilidad” esperada por sus “dueños” responde, adicionalmente, a criterios de “rentabilidad social”.

Desarrollar adecuados gobiernos societarios en las universidades es clave en cualquier intento de reforma educacional. Para eso debemos entender cómo intervienen los parámetros sobre los que se mueve la disciplina de los gobiernos societarios.

Si no lo hacemos, o si la discusión es pobre e ignorante, induciremos el riesgo de tener en un par de años una “Universidad La Polar”… carreras para llegar y llevar.

Este escándalo apunta y reclama a profunda y seria una reflexión nacional sobre la ética empresarial chilena; la incapacidad fiscalizadora de las autoridades competentes; la inadecuada regulación que norma un mercado de capitales cuya morfología ha variado sustantivamente; y, sobre todo, respecto de las razones de fondo de por qué la comunidad de negocios no ejerce sus derechos de manera clara y rotunda en los tribunales ordinarios de justicia.

¿Quiénes y cómo se reparten la responsabilidad en las causas concurrentes en este caso?

En la primera línea de fuego están los directores: personas que, con nombre, apellido y patrimonio para responder, pareciera que no hicieron “la pega”.

Resulta difícil creer que en un negocio tan esencial para esa empresa, los directores no tenían detallado conocimiento de lo que pasaba aguas abajo. Los gerentes hacían y deshacían, es cierto, pero desde las multas en el caso FASA, la SVS dejó claro aquello que la academia ya pregonaba hace años: los directores no tienen sólo el derecho de informarse, si no también, la obligación de hacerlo.

Es decir, no pueden alegar el desconocimiento a menos que dejen constancia de su oposición en actas de sesiones de directorio o que inmediatamente denuncien el fraude de quien les oculta la información.

Sin embargo, estamos conociendo en estas últimas horas, que el directorio aprobó explícitamente las políticas de crédito, de modo que es vergonzoso perseverar en la teoría del desconocimiento sin pretender inducir al engaño de la opinión pública.

Las formas con que se ha conducido comunicacionalmente el directorio de La Polar, en realidad no son la causa del problema, pero agravan las proporciones escandalosas de este caso y hieren el sentido común del ciudadano común y corriente. Por eso es que cunde la indignación y la inquietud nacional.

¿Qué se concluye de esto? Hay que volver sobre la Ley de Sociedades Anónimas y revisar urgentemente la matriz de responsabilidades de los directores y reformular su estándar de diligencia debida.

No muy lejos de los directores, está la empresa de auditoría externa. La simple revisión de los reportes de control interno de La Polar, los informes de la operación y cartera de emisión de tarjetas de créditos, y las certificaciones de los estados financieros a partir de las auditorías realizadas, son de una miopía escalofriante.

Que una empresa internacional, especializada y que cobra muy caro por este servicio, no capture faltas de más de USD400 millones en el negocio esencial del auditado, es inaceptable. Interesantemente, la Ley de Mercado de Valores fue recientemente modificada para mejorar la regulación de las auditoras y conviene preguntarse que siguió fallando aquí.

Un poco más allá en la línea de la responsabilidad se encuentran las empresas clasificadoras de riesgo.

¿Pueden los tenedores de bonos volver a dormir tranquilos con los análisis de estos agentes del mercado de valores? Difícil. Parece que lo mismo que vivió EE.UU. con la crisis subprime, lo estamos viviendo ahora en Chile. Tenemos que preguntarnos por el valor de los reportes de estos clasificadores otorgados en estas condiciones. La SVS definitivamente tiene que empeñar más trabajo en esta área para preservar la fe pública que ha sido, sin duda, sometida a un duro cuestionamiento popular.

No muy lejos están los analistas de diversas casas de inversión.

Ya todos comentan en el mercado la atemorizante temeridad con que varias corredoras de bolsa recomendaron la compra de acciones de La Polar hasta incluso, un día antes que estallara el escándalo… y, como si no bastara, una vez desencadenado el desastre bursátil, algunas de éstas sugirieron a sus clientes la compra de más acciones para esperar el rebote y paliar, así, la pérdida provocada por su propia recomendación previa.

¡Hay que tener sangre fría para darse estas licencias! Sin embargo, lo anterior es entendible si se reconoce que los inversionistas que canalizan sus ahorros siguiendo las recomendaciones de esas casas de inversión, no las penalizan, no ejercen sus derechos, y no demandan en juicio cuando se sienten lesionados en sus derechos o patrimonio por estas recomendaciones tan desacreditadas por los hechos subsiguientes.

¿Qué los paraliza, qué los atemoriza? ¿Influencias? ¿Contactos? ¿Los costos jurisdiccionales? ¿La lentitud y falta de certeza de las resoluciones?

Por eso, el Gobierno tiene que avanzar más decididamente en las exigencias y certificaciones de idoneidad técnica e independencia de juicio que son requeridos a los ejecutivos que trabajan en estas casas de inversión.

Lugar destacado en este concurso de errores lo tienen los reguladores. Tanto la SVS como la SBIF demostraron que no tienen “el músculo” ni “el ojo” para desplegar un control preventivo técnicamente efectivo y oportuno. Sus estructuras son anticuadas, desconocen la ciencia y la esencia de los negocios de quienes pretenden fiscalizar, y su visión de monitoreo está desactualizada.

Hoy el riesgo financiero trasciende y cruza fronteras entre distintos mercados –e.g., el financiero, el de valores, el de seguros, el de pensiones, el de instrumentos derivados, el de divisas, etc.-. Por tanto, es urgente reformar el sistema de control consolidando a esta multiplicidad de reguladores desintegrados que evidencian facultades traslapadas en algunos casos, junto a vacíos en otros, o con competencias desplazadas a otras agencias que las asumen con una autoridad jurídica y orgánicamente debatible –i.e., Banco Central, SERNAC, etc.

En este sentido, dos medidas que están en el horizonte del mercado desde hace años, deben materializarse sin más demora, a saber: primero, la creación de una Superintendencia de Mercado de Capitales que aglutine a todos los reguladores del ramo; y, segundo, la urgente reforma de las normas que regulan las presentaciones que se exige periódicamente a los emisores de valores de oferta pública para mejorar y profundizar el análisis, y afinar la mirada generando núcleos de inteligencia interna en esa institución, que se focalice en los negocios operados por sus fiscalizados.

Efectivamente, se comprueba que existe un notable vacío o problema de eficiencia de la vieja regulación aplicable al mercado de capitales chileno.

Resultó dolorosamente evidente que una emisora de tarjeta de crédito de casa comercial no es distinta a un Banco; por tanto, deben tener regulaciones similares, provisiones y reservas equivalentes y consolidar sus bases de datos para una mejor administración del riesgo sistémico.

Los cabilderos que ayer alegaban que las casas comerciales prestaban lo suyo y no captaban dinero del público ahora guardan avergonzado silencio.  La Polar captaba del público, tanto con series de bonos y otros títulos de deuda, como con gigantescas emisiones de acciones ofrecidas públicamente en el mercado de valores. Lo anterior agregado a un sinnúmero de créditos bancarios.

Esto ha comprometido gravemente la fe pública y se incrusta en la médula misma del mercado de capitales chileno. Entonces, si bien La Polar no tenía “chapa” de banco, es obvio que si operaba como uno, pero completamente “desregulado” para los parámetros de su relevancia en el riesgo sistémico del mercado financiero local. Esa asimetría competitiva debe corregirse ¿Acaso se necesita más evidencia para comprobar que la regulación establecida a mediados del decenio pasado no sirve; es insuficiente?

Argumentan que el problema de fondo es la ausencia de un accionista controlador.

¿Acaso las Chispas de Enersis en los 90 no tenían controlador, o Inverlink no tenía uno, o las farmacias coludidas no tenían controladores fuertes, o las líneas de buses son anónimas, o LAN multada en extranjero no tiene un controlador evidente a la fecha de las infracciones?

En mercados desarrollados conviven sin problemas, empresas con y sin controlador definido. Ni pensar en la meca del capitalismo: EE.UU. ¿Alguien conoce al controlador de la Coca-Cola? Entonces que se haga provecho de estos escándalos para introducir “temas de contrabando” y “echarle agua al molino propio”.

En lo concreto: simplemente no existe evidencia empírica seria y consistente, que pueda sostener que la existencia de un controlador accionario es un seguro eficiente contra el fraude corporativo o la incompetencia de los órganos administradores. La causa en realidad es puramente la irresponsabilidad y, pero, la impunidad comercial.

Al contrario, la desmesurada concentración del poder accionario –está comprobado- sólo contribuye a profundizar la brecha social de desigualdad económica, induce a la falta de competitividad, provoca iliquidez de los mercados y anticipa una mayor volatilidad bursátil.

Hoy ya se especula con la quiebra de La Polar y algunos se apuran en decir que el elefante es muy grande para caer. Lo mismo decían en Wall Street a cerca de Enron, AIG, Lehman Brothers. Y tantos otros que cayeron en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si cae La Polar, que lo sea en cumplimiento de un Estado de Derecho vigoroso en que se defienda el interés de los débiles y de los poderosos, como iguales.

El camino al desarrollo es entendido usualmente como una forma de acceder a mayor bienestar y al fortalecimiento de múltiples derechos civiles, pero se olvida que también implica mayores responsabilidades.

Así, como en tantas otras materias, Chile requiere un consenso nacional expreso sobre la necesidad de avanzar a otro nivel de excelencia y compromiso de crecimiento sustentable, no sólo en lo ecológico, sino también en lo social, como en lo económico; basado siempre en la defensa de la libertad absoluta e inalienable de cada individuo, pero también en la rigurosidad a la hora de hacer valer las responsabilidades civiles, políticas y comerciales de cada uno… como se dice por ahí: “hasta las últimas consecuencias”… o, como se dice ahora, hasta que llegue un “telefonazo de Palacio” o se arreglen las cosas “como caballeros” en el club de golf o en algún restaurant de moda.