Ahora, la cuestión pasa por un tema de incapacidad “tecnológica” lo cual es realmente irrisorio e irritante.

La verdad a estas alturas es clara y tiene que ver más bien con el temor que existe en una inmensa mayoría de los políticos en incorporar nuevos electores y por consiguiente algo de incertidumbre y competencia a nuestro sistema político enfermo.

Hace un par de meses se defendía la obligatoriedad del voto señalando entre otros argumentos: los jóvenes y ciudadanos de menores ingresos votarían menos, los gobiernos destinarían menos dinero a las políticas públicas y la distribución del ingreso empeoraría.

Por ende el voto voluntario traería en definitiva consecuencias apocalípticas para la nación, me pregunto,

¿En qué país viven esos señores?

¿Puede empeorar aún más la distribución del ingreso en Chile?

¿La distribución del ingreso cambiará si el voto es obligatorio?

¿Votarían más los “pobres” si el voto fuera obligatorio o más bien la menor o mayor cantidad de pobres votando dependerá de la calidad de la educación que seamos capaces de brindarles como país?

¿Los casi cuatro millones de no inscritos son todos pobres o jóvenes?

Por tanto siempre hay excusas y más excusas para no implementar la inscripción automática y el voto voluntario, incluso muchos siguen esgrimiendo que se deslegitimaría nuestro sistema democrático ya que existe el peligro cierto de que disminuya los potenciales votantes al ser voluntario.

Tal juicio, además de errado, es completamente disociado de la realidad, al respecto, analicemos un ejemplo.

En la segunda vuelta de la última elección presidencial, el total de inscritos en los Registros Electorales eran 8.285.186; de estos, 3.591.182 votaron por Piñera; 3.367.790 por Frei; 244.399 votos nulos y blancos; se abstuvieron de votar 1.081.815, y los no inscritos con derecho a voto se estimaban en aproximadamente 3.850.000.

En consecuencia, el universo electoral, sumando los no inscritos sería de 12.135.186.

Considerando este universo y realizando un ejercicio meramente matemático (y no legal), es posible afirmar que se abstuvo de emitir un voto válido 5.176.214 (no inscritos, abstención, nulos y blancos).

Por consiguiente, Sebastián Piñera fue elegido con menos del 40% del universo electoral -incluido los no inscritos- , no obstante lo anterior, nadie con sentido común diría que nuestro presidente carece de legitimidad democrática.

Tanto en Europa como Estados Unidos la tasa de abstención electoral es altísima 40% al 50% del universo electoral.

El sistema democrático se deslegitima por la falta de competencia en las elecciones tanto a nivel general como las que se producen al interior de los partidos políticos, por la ausencia de liderazgo, la corrupción, instituciones débiles, poder judicial inoperante, entre otros.

En este país, se ha pregonado a los cuatro vientos la defensa de un sistema económico, cuya base fundamental es la libertad y el respeto al emprendimiento de las personas, existiendo mínimas regulaciones al efecto.

Pero en materia política, la cosa cambia y nos ponemos conservadores para asegurar parcelas de poder, el problema de fondo es la falta de competencia del sistema político el cual es cerrado y se encuentra capturado por una elite que no quiere competencia ni menos nuevos actores.

Si bien la inscripción automática y el voto voluntario claramente no es la solución a todos los problemas de legitimidad de nuestro sistema político en parte ayudará a correr el cerco del conservadurismo en estas materias y generará ciertos grados de incertidumbre en las elecciones venideras.

Estos fenómenos los hemos podido apreciar también en otras latitudes con distintas banderas de lucha e intensidad. Desconocemos si responde a episodios esporádicos y estancos, o bien tienen alguna vinculación entre sí.

Yo me inclino por pensar que sí existen ciertos vasos comunicantes que tienen relación fundamentalmente con la deslegitimación de las instituciones tradicionales y el agotamiento de un modelo económico aplicado de manera ortodoxa y desregulada.

La sociedad chilena durante este año se ha visto tensionada fuertemente y muchos han manifestado su preocupación por el “clima” de inestabilidad y las consecuencias nefastas que esto puede traer al país.

Otros tantos han intentado apagar el incendio con bencina mediante expresiones poco afortunadas.

Más allá del resultado de las negociaciones entre el Gobierno y los estudiantes es claro que el clima de tensión en Chile llegó para quedarse y esa es una noticia que muchos no quieren ver, oír ni leer. Pensar que solucionar el tema de la educación, implica necesariamente la desaparición de la tensión social en Chile es de una candidez que raya en lo infantil.

La tensión social tiene múltiples causas y muchas de ellas han quedado en evidencia desde que Chile ingresó con bombos y platillos al grupo selecto de la OCDE.

Cada vez que se hace un cuadro comparativo entre los miembros de la OCDE Chile queda en los últimos lugares.

Por ejemplo: distribución del ingreso, calidad de la educación, precariedad del empleo, acceso a la salud y ahora somos el país con mayor nivel de segregación socio- económica escolar.

En consecuencia, nadie medianamente informado puede señalar que en la sociedad chilena no existe una tensión larvada que se viene gestando desde hace varios años.

Sabemos que nuestro sistema de educación se cae a pedazos, sabemos que existen mercados desregulados, sabemos que existe una pésima distribución del ingreso, pero sin embargo nuestra institucionalidad política no ha estado a las alturas de las circunstancias y ha permitido y favorecido el estatus quo.

Es claro que los paradigmas que permitieron transitar durante los años noventa ya no sirven para abordar los temas de futuro y los cambios que se deben hacer en los próximos años.

La inmensa mayoría me parece que no está ni con generar un modelo marxista, ni comunista ni nada que se le parezca.

Lo que se pide a gritos es realizar los ajustes necesarios para caminar hacía una verdadera economía social de mercado más solidaria con regulaciones y límites claros.

Nuestra tan vapuleada clase política en el estado en el cual se encuentra no está capacitada para llevar a cabo los nuevos desafíos ya que la ciudadanía no confía en ellos; lo cual es gravísimo para una democracia e implica una crisis de enorme envergadura.

Hay una deslegitimación del sistema político y sus instituciones. Entonces la madre de todas las reformas, antes de abordar los desafíos que supone la tensión social ya instalada, es precisamente una gran reforma al sistema político actual que le devuelva la legitimidad.

No basta una ley suelta por acá y otra por allá.

Se debe abordar de manera conjunta el cambio al sistema binominal; nueva ley de partidos políticos que tenga por finalidad fundamental que los partidos no tengan dueños con nombre y apellidos; primarias; cambio en los quórum para aprobar las leyes; límite a la reelección, entre otras.

No abordar los cambios que se necesitan se traducirá en mayor tensión, descontento y conflictos sociales. Todavía estamos a tiempo.

Asimismo, el Gobierno ha señalado que se debe transitar a la brevedad hacia un nuevo trato laboral en distintas áreas, sin embargo, hasta hoy el discurso no se ha plasmado en leyes concretas.

La discusión se ha centrado en un “nuevo trato” de empresa privada versus trabajador, poniéndose el acento en los temas relacionados con la negociación colectiva y por otra parte, la flexibilidad laboral.

Me parece perfecto que se promueva un debate serio en estas materias que propenda a fortalecer los derechos de los trabajadores e incentive la generación de más empleos dignos y en definitiva, una mayor producción a nivel país.

No obstante, echo de menos en el debate, la situación en la que se encuentran miles de trabajadores del sector público cuyo empleo es precario y sometido permanentemente a la discrecionalidad de la autoridad de turno, sobre la base de figuras legales añosas.

Existen a lo menos dos figuras de contratación de personal en el Estatuto Administrativo que dan cuenta del abuso.

En primer lugar, nos encontramos con los empleos a contrata los cuales son definidos por su carácter transitorio y su vigencia es de un año con la posibilidad de renovarse por el mismo periodo, lo cual implica un alto nivel de incertidumbre y angustia para el trabajador que es sometido a un estrés inaceptable.

Muchos de los trabajadores contratados bajo esta modalidad se desempeñan en el Estado durante largos años pudiendo ser despedido sin derecho a indemnización alguna.

En segundo lugar, el artículo 11 del Estatuto Administrativo contempla la posibilidad de contratar a honorarios a profesionales y técnicos o bien, expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de la institución. Incluso se puede contratar a honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos.

La gran mayoría de los trabajadores contratados a honorarios permanecen muchos años en el Estado firmando de manera continua sus contratos, desempeñando funciones propias de la institución, cumpliendo jornada y en consecuencia existiendo habitualidad y continuidad laboral.

A los trabajadores a honorario no se les pagan las cotizaciones previsionales ni tienen derecho a ningún tipo de indemnización.

Si una empresa privada renueva sucesivamente contratos de trabajo, se entiende de inmediato que hay un contrato indefinido y si no se les paga las cotizaciones previsionales a los trabajadores, el empleador puede arriesgar hasta penas de cárcel.

Muchos dirán – incluso lamentablemente los tribunales laborales y la Corte Suprema – que no existe abuso alguno ya que las figuras de contratación se encuentran reguladas y determinadas legalmente.

Sin embargo, si cualquier empresa privada mantuviera a sus trabajadores bajo las condiciones que el Estado lo hace debería ser sancionada y multada por los órganos respectivos.

El Estado se ha amparado en figuras que ya no responden a las necesidades y estándares legales y éticos exigidos para la protección y seguridad de los trabajadores del siglo XXI.

La discusión de fondo finalmente debe centrarse en buscar una forma adecuada para modernizar al Estado, que conjugue por una parte la estabilidad laboral de los trabajadores – no la inamovilidad – con contrato de trabajo derechamente y el establecimiento de mecanismos trasparentes que permitan contratar a los más idóneos, sin depender de la discrecionalidad de la autoridad de turno.

Mientras no seamos capaces de ponernos de acuerdo para hacer las reformas necesarias, el Estado de Chile seguirá siendo el padre Gatica en materia laboral.

En consecuencia, se puede concluir que no existe la voluntad real de hacer esfuerzos para renovar con “mayúscula” la política. Más bien ha sido un eslogan de campaña, finalmente vacío.

Uno de los argumentos que se esgrimen con mayor fuerza para no mantener en la agenda pública el tema de la renovación en la política, es que a la ciudadanía no le interesa y, muestra de lo anterior, es que en ninguna encuesta aparece como un asunto relevante o de interés.

El argumento parte de un supuesto erróneo y finalmente falaz. A la ciudadanía sí le importa la estabilidad económica e institucional del país dado de que su debilitamiento afectaría inexorablemente la vida de todos los chilenos por igual.

Por consiguiente, si la estabilidad económica e institucional del país dependiera de la renovación política, no cabe duda que esta aparecería como relevante en cualquier estudio o encuesta.

Pues bien, el punto es que la estabilidad de Chile sí depende, en gran medida, de la capacidad que tengamos como país de generar una renovación potente de la política en el corto plazo, donde se incorporen nuevos actores y nuevas ideas.

Otro argumento importante que se escucha con bastante frecuencia, es que las nuevas generaciones no muestran preocupación por los “asuntos” políticos y más bien son personas individualistas preocupadas de su metro cuadrado.

En forma peyorativa se les ha denominado la generación de los que no están ni ahí.

Nuevamente el argumento parte de estereotipos y prejuicios que ignoran la realidad, ya que hay un sinnúmero de jóvenes y no tan jóvenes que han volcado sus pasiones en el desarrollo de proyectos sociales y culturales con gran éxito durante los últimos años, probablemente, al no ver espacios reales de participación en el mundo político.

Por lo tanto, el deterioro y desprestigio real del quehacer político y la desconfianza de los ciudadanos hacía los partidos políticos tiene múltiples causas: malas prácticas, falta de transparencia, falta de democracia interna, entre otros.

Es de esperar que la inscripción automática y el voto voluntario, aporten algo a la tensión e incertidumbre que debe tener cualquier elección, y que nuestro sistema binominal ha impedido hasta ahora.

Cuántas veces hemos escuchado esa vieja frase que dicen algunos próceres, que en la política no se regalan los espacios sino hay que tomárselos. Sí, de acuerdo, pero en el esquema actual convengamos es muy difícil, por no decir imposible, que eso suceda.

Pedir que se modifique el sistema binominal a estas alturas es como predicar en el desierto, pero sin embargo se podrían consensuar ciertos cambios legislativos que vayan en la dirección correcta y propendan a la renovación, transparencia y competencia:
1.- establecer procedimientos que faciliten la constitución de los partidos políticos. Actualmente los requisitos para constituir un partido son muy engorrosos y finalmente favorecen a la no competencia.

2.- Limitación a la reelección en cargos de diputados y senadores.

3.- Primarias obligatorias para la elección de los candidatos.