Por supuesto una vez más los votos en contra son de la UDI, cabría preguntarse qué explica su pertinaz conducta, toda vez que en la comisión, el informe fue aprobado por todos los sectores políticos, incluyendo a los parlamentarios de la UDI.

En mi opinión, podemos explicar este doble estándar, que no refleja más que la pugna interna que se vive actualmente en la derecha, entre la superación y crítica al régimen militar de Pinochet y entre quienes idolatran y resguardan su legado.

En los considerandos, conclusiones y propuestas,expresamos que: “las bases del Sistema de Educación Superior, heredadas del Gobierno Militar, constituyen un sistema basado en el desapego del Estado con las Universidades Públicas, éstas deben participar en un cuasi-mercado educativo, buscando su autofinanciamiento, con limitaciones que impiden la competencia en igualdad de condiciones con las instituciones privadas, las que, tras la promulgación de diversos Decretos del régimen, experimentaron un crecimiento exponencial, a consecuencia de la consagración de procedimientos simples de creación, con escasas barreras académicas, sin fiscalización financiera, sin regulación sobre la oferta de carreras, en un contexto en general, desregulado.

Este sistema desregulado, a partir del retorno a la democracia, se profundizó. Los fundamentos ideológicos sobre los que se sustenta el modelo de Educación Superior en Chile, ha subsistido en la concepción de la educación como un bien de consumo y no un derecho social”.

Esta conclusión central, que no tiene mucho de novedad en verdad, lo es más porque amplios sectores de la derecha están dispuestos a reconocerla y de apoyar la reformulación del sistema educativo, porque en la comisión hemos llegado a la convicción, que el sistema ya no da para más.

Necesitamos de forma urgente regular este sector.Garantizar el fin del lucro y garantizar la calidad del servicio educativo que entregan las instituciones de educación superior, recuperar la perdida fe pública en las instituciones y principalmente, la realización efectiva del derecho a la educación.

En estos últimos días hemos conocido los lamentables hechos acaecidos en la Universidad Andrés Bello.

Alumnos en paro, reclamando por las precarias condiciones del servicio educacional, al mismo tiempo que conocemos los informes que indican que el grupo controlador “Laureate”, de origen estadunidense, retira decenas de millones de dólares por pagos de “acuerdos de gestión” de dudosa legalidad y concreción efectiva, que en nuestra opinión, configuran formas encubiertas de lucro, prohibido en nuestro país.

Esto está pasando en nuestras narices y la opinión pública se pregunta ¿porqué nadie hace nada al respecto?, la interpelación es legítima y merece una respuesta clara y categórica de todos los involucrados: Mineduc, Fiscalía, Impuestos Internos y del Congreso Nacional.

Esto explica el actuar de muchos de nosotros que hemos conformado en el último tiempo ya dos comisiones de investigación, en donde de forma reiterativa, hemos denunciado que en nuestro país, hay instituciones que lucran con los sueños de miles de familias, que esforzadamente, logran que sus hijos e hijas accedan a la educación superior.

El lucro es inaceptable. Llegó la hora de actuar con decisión, honestidad y valentía, la Reforma Educacional en diseño es y debe ser una gran oportunidad.

Es por ello que la forma cómo se distribuyen los recursos públicos no es menor en esta discusión.Una distribución de recursos focalizada en quienes más lo necesitan es fundamental para disminuir las desigualdades e injusticias sociales existentes al interior de nuestra sociedad.

El presidente Piñera en su discurso del 21 de mayo del año 2011 prometió una Subvención Escolar Preferencial para la clase media argumentando que este sector “hasta ahora siempre ha estado postergado”.

El proyecto de ley llegó al Congreso y se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para su estudio.

En el marco de la discusión en general escuchamos intervenciones de invitados que nos dejaron atónitos pues pusieron en evidencia que el proyecto es extremadamente regresivo, exacerba las desigualdades y la segregación en nuestro sistema escolar, debilita la educación pública, favorece la educación privada y, lo más importante, no asegura que los recursos adicionales sean obligatoriamente utilizados en mejorar la calidad de la educación de los niños y jóvenes del país, siendo posible que el aumento de recursos vaya a parar íntegramente al bolsillo de los sostenedores de los colegios.

Los estudios realizados en nuestro país señalan que existe una gran segregación del sistema escolar que no permite la convivencia de estudiantes con distintas características socioeconómicas dentro de un mismo espacio educacional. Esta situación segrega a todo nivel y atenta contra la convivencia social pacífica en el largo plazo.

Uno de los factores esenciales que contribuye a la segregación es el copago que realizan los padres, cuestión que está comprobada, no mejora la calidad de la educación que los niños reciben. Como dijo Mario Waissbluth de Educación 2020, “el copago no compra mejor educación, compra mejores compañeros de curso”.

En la misma línea, Fernando Atria señala en su famoso libro La Mala Educación, que el copago no es más que un criterio de segregación social, es decir, en un tipo de colegio estudian todos los niños en que sus padres pueden pagar $10.000, en otro los que pueden pagar $50.000, en otro los que pueden pagar $200.000 y así sucesivamente. En esta lógica, la educación pública gratuita se transforma en un gueto residual donde estudian los que no pueden pagar nada.

En principio los diputados no podemos oponernos a proyectos que tiendan a mejorar la situación de los sectores más vulnerables y de la clase media de nuestro país, pero proyectos como éste no sólo no favorecen a estos sectores sino que son un beneficio explícito para quienes tienen más, no menos, lo cual no cumple con un mínimo criterio de eficiencia en el gasto de recursos públicos sobre todo cuando el proyecto no establece ni asegura que estos sean utilizados en proyectos de mejoramiento escolar como si establece la ley SEP.

Entendemos que la visión de este gobierno tiene ese sesgo (beneficiar a los que tienen más) pero nuestra misión como legisladores y fiscalizadores es rechazar los aumentos de recursos que no se justifiquen desde el punto de vista de la justicia social y la redistribución de ingresos dentro de nuestra sociedad.

El proyecto eufemísticamente llamado “aumento de subvención escolar para la clase media” no tiene otro objetivo que darle más a quienes más tienen, principio que no comparto.

En paralelo, el encargado de la educación en Chile, el Ministro Beyer, hace enormes esfuerzos por aumentar la ansiedad y el nerviosismo de estos muchachos y sus familias al esconder, de manera torpe, la magnitud de la crisis del sistema de educación superior del país que todos los ciudadanos perciben que se cae pedazos.

Particularmente, las familias de más escasos recursos saben, desde siempre, que no tienen muchas oportunidades y que, por lo tanto, la posibilidad de “ir a la universidad” hace la diferencia, o por lo menos da la esperanza de cambiar el destino tantas veces trazado desde la cuna.

En pocas semanas más millones de chilenos de familias de todo el territorio nacional buscarán los resultados de sus hijos mientras ven en la televisión rectores de universidades y ejecutivos de la CNA presos, dueños de universidades que se esconden fuera del país, fiscales investigando sobornos, un ministro de Justicia (oh paradoja!) dando explicaciones por su concomitancia con el principal inculpado de la corrupción del sistema y, claro, el ministro de Educación repitiendo que todo está bien, que cada suceso, aunque estos sean un montón, son “hechos aislados”.

Lo que hace el Ministro Beyer no es sólo una manifestación más de su conducta irresponsable a cargo de la cartera que mas recursos públicos recibe en el presupuesto de la Nación, es también una afrenta al esfuerzo de los estudiantes que esperan, con los resultados de la PSU, iniciar el camino del progreso tantas veces prometido y que sólo alcanza a tan pocos en un país tan desigual.

Beyer tiene la obligación de decir la verdad. ¿Puede él asegurarles a las familias de los jóvenes que iniciarán el camino del endeudamiento usurero, que el sistema funciona adecuadamente?

Todo el país sabe que Beyer y el gobierno esconden la verdad como últimos guardianes de la defensa de un sistema de educación estructurado para favorecer el lucro de los mismos de siempre, más que para la expansión de las oportunidades para todos.

Y nuestros jóvenes y sus familias avanzan, como en toda tragedia, por un camino cuyo derrotero solo tiene pocas certezas. Una de ellas es que en pocos años más estarán fuertemente endeudados y sus familias habrán hipotecado buena parte de su patrimonio.

Demasiadas universidades privadas están siendo investigadas por corrupción y lucro indebido. Lo sabemos todos, aunque Beyer lo quiera esconder.

Un ministro de estado entra y sale de La Moneda dando explicaciones ridículas e intentando ser gracioso con frases patéticas, propias de todos aquellos que son sorprendidos en conductas impropias y no tienen el coraje de asumirlas, mientras el gobierno que lo sostiene parece ignorar lo que pasa extramuros, como si ello lo alejara de la responsabilidad por el bien común, concepto que por cierto, no entró a palacio en este período.

Vengo entonces a alegar por los jóvenes de la provincia de Malleco y, si se me permite, por los de todo el país.

Reclamo del Ministro Beyer y su gobierno una respuesta franca y honesta aunque ello sea difícil, para asegurar a los estudiantes que, conocidos los resultados de la PSU, podrán postular a un sistema donde sus esperanzas no estén entregadas a la codicia de delincuentes transformados en “proveedores” de educación, si así puede ser llamada esta.

A la Nación le asiste el derecho de reclamar esto de las máximas autoridades del país. La esperanza de cientos de miles de jóvenes y sus familias lo reclama.

A pesar de que no era diputado en la época en que se discutió la ley 20.129 que creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y que dio nacimiento a la Comisión Nacional de Acreditación como ente que certifica la calidad de los planteles de educación superior y sus carreras, la discusión que se dio en ese entonces enfrentó a dos posturas: la del Ejecutivo de ese entonces que pretendía “establecer mecanismos que permitieran dar garantía pública de la calidad de las instituciones de educación superior y de los programas y carreras que ofrecen” y la de parlamentarios de derecha, especialmente de la UDI, que se opusieron a la creación de dicho sistema señalando que el proyecto era inconstitucional porque, según ellos, vulneraba la libertad de enseñanza pues sería un ente público el que certificaría la calidad estandarizando la educación superior.

En ese entonces se opusieron firmemente a que sólo las universidades acreditadas pudiesen acceder al financiamiento. Argumentaron también que lo único que interesaba era que existiera más información para que los estudiantes pudiesen “tomar mejores decisiones” y que incluso, si existía más y mejor información, el proyecto ni siquiera era necesario.

Finalmente, y después de una larguísima discusión, el proyecto fue despachado del Congreso en el 2006.

Después de un tiempo prudente, y de los hechos que han sucedido en los últimos días me gustaría saber qué piensan y cómo evalúan el sistema los parlamentarios que participaron de esta discusión y que defendían a brazo partido estas ideas.

Probablemente señalarán que el problema no fue la ley sino las malas prácticas de algunos, argumento que se invalida con el anuncio del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley que modifique profundamente el sistema de acreditación.

Así, el debate vuelve al Congreso. El Ministro ha dicho incansablemente que si contáramos con una Superintendencia de Educación Superior estos hechos no hubiesen sucedido, delegando su responsabilidad en el Congreso.

Pues bien, después de un estudio profundo del proyecto de ley que envió el Ejecutivo se concluye que la Superintendencia, tal como está hoy, en lugar de prohibir o fiscalizar el lucro regularía el negocio de la educación superior a través de la fiscalización de los contratos entre los alumnos y las universidades (función que hoy ya cumple el Sernac) y la supervisión de que los contratos entre las universidades y sus empresas relacionadas sean “en condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado”.

Esta propuesta es coherente con el discurso de la derecha que señaló, cuando se rechazó el informe de la Comisión investigadora de la Educación Superior (más conocida como “Comisión Lucro”), que se debía poner en discusión si se debía o no permitir el lucro en la educación.

Siempre señalamos que esto ya estaba zanjado por la ley: el lucro en la educación superior está prohibido.

El Presidente Piñera señaló el domingo pasado: “yo comparto que si la ley actual prohíbe el lucro, entonces tenemos que prohibir el lucro”.

Pues bien, estas declaraciones son contrarias a algunas de las ideas matrices del proyecto que crea la Superintendencia y al discurso que ha sostenido la derecha y el Ministro Beyer en los últimos meses que va en la dirección de proteger a las instituciones que han inclumplido la ley.Los innumerables llamados a que el Ministro fiscalice a dichas instituciones no han sido escuchados.

Cuando esto le fue solicitado en la Comisión de Educación del Senado el jueves 29 de noviembre él señaló que no iban a realizar “una cacería de brujas”.

Es más, confirmé que el Ministro no tiene ninguna intención de fiscalizar cuando leí en un diario de circulación nacional el fin de semana pasado que Juan José Ugarte, Jefe de la División de Educación Superior, señaló que a principios de este año recibió un mail anónimo que adjuntaba un contrato entre la Universidad del Mar y la Sociedad Gestión Limitada firmado por Eugenio Díaz.

A pesar de ello Juan José Ugarte señala en la misma entrevista que “nunca hubo señales para anticipar el comportamiento de Díaz” y el Ministro expresó en junio pasado que “no tenía denuncias formales” contra ninguna universidad ¿Debemos pensar entonces que el Ministro miente públicamente?

Hoy es aún más patente que teníamos razón cuando estudiamos el Sistema de Educación Superior en la Comisión Investigadora ¿Para qué se compran acreditaciones si no es para acceder a recursos públicos a través del financiamiento a los estudiantes?

Y el caso de la Universidad del Mar demostró que en algunos casos el acceso a estos recursos no se destinan a mejorar “el proyecto institucional” de algunas universidades privadas, sino directamente al bolsillo de sus dueños o controladores.

Hoy todo el sistema está cuestionado y estamos convencidos de que los hechos de los que hoy somos testigos son sólo la punta del iceberg. Es por ello que continuaremos con nuestros llamados al Ministerio a que cumpla con su deber y fiscalice a todas las instituciones de educación superior sin distinciones, sobre todo aquellas que el mismo Presidente Piñera señaló que son tan malas que “no merecen seguir existiendo”.

Hago también un fuerte llamado a la ciudadanía a que se informe y siga de cerca la discusión que se viene en el Congreso, no sólo de la nueva institucionalidad para la CNA sino también el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior y todos los proyectos relacionados.

Toda la información está disponible en las páginas web de la Cámara de Diputados y del Senado, incluyendo las sesiones de Sala y de Comisión en el caso de la Cámara.

Al parecer es la presión de la opinión pública la única que provoca alguna respuesta de parte del Ejecutivo y sobre todo de un Ministro que no escucha ni siquiera a la Contraloría General de la República que señala que la asistencia de sólo al 29% de las sesiones de la CNA de Juan José Ugarte “amerita la instrucción de un procedimiento disciplinario por parte del ministerio de Educación” cuestión que fue desestimada por el Ministro.

Frente a ello, como en tantas otras materias, el Estado responde de manera inadecuada, tarde y mal.

Desde hace más de un año hemos insistido al ministro de Educación en la necesidad de fiscalizar a las universidades privadas sobre la base de un altísimo nivel de denuncias recogidas por la Comisión Investigadora del funcionamiento de la Educación Superior, instancia que se constituyó en la Cámara de Diputados y cuyo Informe fue rechazado por los parlamentarios de la derecha.

Sumándose a esa conducta irresponsable, el ministro Beyer insistió con majadería que el Mineduc no tenía facultades para fiscalizar, lo que fue cuestionado por distinguidos académicos de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile a quienes solo respondió después de casi un año cuando este Diputado ofició desde la Cámara de Diputados exigiendo que cumpliera su obligación legal de contestar.

En definitiva, Beyer solo confirmó lo que ya sabemos: para el gobierno la educación es un “bien de mercado”, como filosofó el presidente Piñera, y por lo tanto las consecuencias de la gestión de una entidad como la Universidad del Mar debe quedar al arbitrio de las “condiciones del mercado” al no entregar “el producto” ofrecido en las condiciones pactadas en el contrato.

¿Y los 18 mil estudiantes estafados? Pues que se jodan.

Por otro lado, bien sabemos que esta situación no es privativa de la universidad cuestionada sino que así está funcionando buena parte del sistema de educación superior, tanto a nivel universitario como de institutos profesionales.

Es justo demandar del ministro que informe a la ciudadanía de la realidad del conjunto de los establecimientos de educación superior que funcionan en el país utilizando las facultades de fiscalización que le otorga la ley, tal como lo hizo en el caso de la Universidad del Mar. Ello es vital para que los jóvenes y sus familias decidan con toda la información necesaria, aspecto fundamental desde la perspectiva de mercado que tienen en la cartera de educación.

Un grupo de diputados de oposición hemos presentado hace algún tiempo una iniciativa para crear la figura del “interventor” para aquellos casos, como el que comentamos, en que el costo de la irresponsabilidad de algunos repercuta sobre muchos. Por cierto el gobierno no ha querido otorgarle alguna urgencia que permita el trámite de este proyecto.

El Estado tiene como misión esencial el cuidado del bien común, es decir, velar porque la comunidad pueda desarrollarse en función de criterios de justicia, y a falta de esta, intervenir para no ocasionar perjuicios a quienes no son responsables de las causas de los problemas.

Entonces, los estudiantes de la Universidad del Mar no pueden ser abandonados por el Estado. El ministro Beyer tiene una nueva oportunidad para manifestar alguna preocupación por los más débiles, cosa que no ha podido demostrar durante su mandato.

Tal vez el paseo frustrado a la maratón de Nueva York, mientras 18 mil familias chilenas sufrían tanto o más que los afectados por el huracán Sandy y mientras los parlamentarios discutíamos el presupuesto de educación en el parlamento, le haya permitido al ministro reflexionar acerca de sus responsabilidades abandonadas.

¿Será esto posible en un gobierno que se desploma y que deja la huella indeleble de un “pato cojo” iniciado antes de lo previsto?

Difícil. Lo tendremos que hacer, seguramente, con la impronta de una mano acogedora con rostro de mujer que curiosamente llegará desde los mismos rascacielos que el ministro visitó de manera inútil.

A la serie de bochornos, desprolijidades y falta de competencia que ha demostrado el Ejecutivo en los últimos meses, se suma ahora la decisión de retirar, para hacerla de otro modo, la licitación para instalar banderas monumentales en todas las capitales regionales del país.

Aún cuando los autores de esta iniciativa, radicada en el ministerio de Obras Públicas, feudo del ministro-candidato Golborne, no han podido precisar el interés público de una iniciativa que le cuesta al país más de 12 millones de dólares y que fuera incluso objetada por MIDEPLAN, ya que no encuentra justificación social, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversiones, la contumacia propagandística, que usa sin límites recursos públicos en campañas electorales del titular de la cartera, ha decidido seguir adelante con la iniciativa.

Esta puesta en escena de banderas monumentales, aspiración de toda política comunicacional fascistoide (recordar los monumentos de Musolini) y otros próceres de esa vertiente, adolece de una serie de faltas que sus autores, emborrachados por la necesidad de figurar, a costa de los recursos de todos los chilenos, parecen querer ignorar.

En primer lugar, intentaron, con el silencio cómplice de una Contraloría General de la República cada vez mas complaciente con el actual gobierno, saltarse la toma de razón de este organismo, segmentando el llamado a licitación, por región, pese a ser un llamado idéntico para todos, transgrediendo normas de la Ley de Compras Públicas al respecto.

Detectado lo anterior, surgió otro inconveniente debido a que la convocatoria a la licitación la hacía la Dirección de Arquitectura del MOP, que no tiene atribuciones para ello. Solución, radicar el trámite en la Dirección de Obras Públicas.

Como en el viejo chiste, al no poder pronunciar el nombre de la calle donde se produjo el accidente, entonces se traslada al occiso a una calle donde el autor pueda frasear el nombre. Es decir, engaño puro, para seguir con la farsa.

La impudicia en la utilización de los recursos de todos los chilenos debe terminar.

Los montos involucrados en este apoyo a la campaña del ministro Golborne equivalen aproximadamente a dos veces los recursos necesarios para reparar el Hospital de Angol, inutilizado por el terremoto del 27 de Febrero de 2010.

Desgraciadamente, como en muchos planos, no existe relación entre los dichos del Presidente y sus propias actuaciones o las de sus colaboradores.

Represento a un distrito donde se expresa en toda su magnitud el conflicto mapuche, fui gobernador de la zona y he estado, permanentemente, preocupado de dialogar para encontrar soluciones pacíficas a un problema ancestral pero que hoy, dada la toma de conciencia de tantos sectores ciudadanos que reclaman reivindicación de derechos conculcados por decenas de años, tienen la voluntad de expresarse, de muy diversas materias.

Hace pocos días, el gobierno, con la presencia del Presidente, promulgó la creación de la Área de Desarrollo Indígena para la zona de Ercilla, a cuyo acto no fui invitado, pese a ser el representante de los habitantes de esa zona en el Parlamento.

Desgraciadamente esa ha sido la conducta habitual del actual gobierno. Y ella no resulta coherente con llamados a la unidad nacional. Más bien parecen una forma de excluir a los adversarios, aún cuando sean representantes populares, cuando se supone que los actos generan réditos y, claro, incluirlos, cuando se trata de enfrentar problemas.

Ello es propio de los especuladores. Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Esa es la forma de actuar de algunos empresarios y, llevados a la dirección del Estado, no son capaces de entender que, especialmente desde el ejecutivo, la mirada debe estar puesta en función de como se colabora al interés común y no en función de los propios, pequeños o mezquinos intereses grupales.

Así ocurre cuando reparten “fondos sociales”; promueven beneficios para las víctimas de la violencia que a veces alcanza el conflicto mal entendido o en la entrega de diferentes apoyos que la política pública del Estado desarrolla con los habitantes de diferentes parte del territorio.

En todos estos actos hay un denominador común, en nuestra Región de La Araucanía todo se organiza para el lucimiento del senador Espina, que intenta hacer creer a los beneficiarios, generalmente población vulnerable, que todos los beneficios que otorga el estado son fruto de su gestión. Es otra forma de la misma sentencia “aquí no se mueve ninguna hoja sin que yo lo sepa”, parece ser la pretensión senatorial, emulando a su líder y formador.

Sin duda, nada de esto ayuda a la “unidad nacional” y siembra la sospecha razonable acerca de la veracidad y el valor de la apelación presidencial.

¿Costará mucho darse cuenta que lo que mas daño ha hecho a la imagen del gobierno es la escasa credibilidad que tiene su discurso, al comparase con sus propios comportamientos?

Tal vez si aceptaran que no se puede atentar permanente, sistemática y majaderamente contra la inteligencia de los chilenos, que se dan perfecta cuenta de la incoherencia entre el discurso y la acción, podría caer en tierra fértil el llamado presidencial.

¿Es esto muy difícil? Parece que sí.

En ese orden. Claro, primero la seguridad y el despliegue policial; después, las consideraciones sociales. Esa es, por cierto, la orientación de quienes gobiernan. Primero asegurar condiciones para que, como señalan, “se puedan desarrollar con normalidad las actividades productivas” y luego, claro, lueeeeego, las condiciones sociales que generan los actos que ocurren en esa zona del país.

Ha llegado el momento, o tal vez llegó hace mucho, en que el país deba considerar que “el conflicto mapuche” excede, con mucho, la consideración de algunas cuestiones sociales involucradas y, por cierto, va mucho mas allá del orden policial que quiere imponer este gobierno, como si las condiciones de vida ancestrales se arreglaran a balazos. Habría que recordarles que eso ya lo intentó hace 160 años Cornelio Saavedra y, como muchas veces en la historia “los muertos que vos matasteis gozan de buena salud”.

Hoy se pretende nuevamente “pacificar la Araucanía”, como si fuera posible destinar cientos de carabineros, pagados por todos los chilenos, para proteger la riqueza de unos pocos, que han depredado la flora y fauna del territorio, transformando lo que alguna vez fue un lugar digno de habitar, en un conjunto de plantaciones forestales, que sólo benefician la codicia de sus dueños, ocupantes de dudosas credenciales de dominio, muchas veces conseguidas precisamente por la violencia que hoy reclaman y que por décadas han usado en contra de quienes se han opuesto, con argumentos históricos y éticos, a un despojo, no solo de sus propiedades, sino también de las condiciones mínimas de dignidad, que un pueblo nación había construido por siglos, antes de ser invadidos.

Puestas así las cosas, sólo quedan dos opciones y ellas son antagónicas. O se impone la “mesa social” o se impone la policial. Quienes gobiernan apuesta a la segunda, así protegen la propiedad privada, a los herederos de la primera pacificación, a los dominantes.

Otros queremos apostar por la integración de todos. Pero ello tiene una condición: que el Estado de Chile reconozca la existencia, antes que llegara el invasor, de un pueblo nación que habitó estas tierras, a quienes con el paso del tiempo le fueron usurpadas, en un proceso de vasallaje pocas veces conocido en la historia de la humanidad.

Los mapuches tienen derecho a que les sea respetada su historia, su cultura y que el Estado se haga cargo de la restitución de sus condiciones de vida antes de ser perseguidos por los vencedores en una guerra desigual que ellos ni empezaron ni nunca quisieron pelear.

Si esto no se produce, el conflicto no tiene solución. Ni ahora, ni en mucho tiempo más.No es posible seguir observando a la policía chilena disparar incluso contra niños, para defender la propiedad de algunos; ni casas, a veces modestas, quemadas como fruto de la irreflexión de algunos radicalizados.

El gobierno tiene la palabra. O camina de la mano de Hinzpeter o camina de la mano de la paz.

Los que nacimos en La Araucanía sabemos que es mejor el segundo camino. El gobierno también lo sabe. Pero como siempre, se necesita más coraje para hacer la paz, que para hacer la guerra.

El “negocio” de la educación superior mueve varios miles de millones de dólares por año, en su mayoría aportados por el Estado, a través del Crédito que avala y de otras vías como el Aporte Fiscal Indirecto y otros mecanismos.

Salvo el Ministro Beyer, que se ha transformado en el representante de los que lucran con la educación en lugar de encargarse de la educación pública en el país, Chile entero sabe y ahora reconoce que, en general, el sistema de educación superior burla la ley y, por diversos mecanismos, lucra con los recursos que el Estado pone a disposición para el sistema.

Hemos puesto esta información a disposición de la Fiscalía Nacional, quien está investigando la probable existencia de delitos en la administración de los recursos que universidades e institutos controlan.

Lo que ya se sabe, indesmentiblemente, es que muchas de estas instituciones se transan en el mercado como cualquier otro bien. Claro, de manera encubierta; es decir, se compran y venden las participaciones en inmobiliarias y sociedades prestadoras de servicios que es, como ha quedado al desnudo, la manera en que lucran los dueños de las universidades.

La comunidad observa con indignación cómo se desarrolla una oferta reconocidamente de mala calidad y alto costo, que no entrega a la sociedad, profesionales que puedan aportar al país.

Muchos de los recursos aportados por el Estado quedan en la apropiación privada de excedentes ilegítimos; es decir, de aquel lucro prohibido, pero, como en la elusión tributaria, beneficia a quienes sólo ven la posibilidad de enriquecerse con recursos públicos, independiente de la calidad de la contraprestación del servicio que ofrecen.

Desgraciadamente así ha sido la historia del país. Las principales riquezas familiares se han hecho en torno a la capacidad de los sectores dominantes de capturar los recursos del Estado y, tras la apariencia de entregar servicios a los más necesitados, sólo terminan en su propio enriquecimiento, lo que contribuye a una sociedad cada vez más desigual.

La labor de la Cámara de Diputados es representar la crítica política y poner en conocimiento de los ciudadanos los elementos necesarios para reflexionar en torno a los temas que les afectan. Creemos haber cumplido esa misión.

Ahora, debemos enfrentarnos a la verdad, hoy compartida, impulsar la activación de todos los mecanismos de presión social y política tendientes a provocar el cambio necesario, a favor de una educación de mayor calidad; un soporte estatal que permita, efectivamente el acceso de todos y una estructura institucional que impida el lucro. Eso, sabemos es la aspiración de la inmensa mayoría.

También sabemos que algunos no nos acompañarán en este empeño: los empresarios de la educación, los representantes de ellos en la derecha y, desgraciadamente, el ministro de Educación.