“Mientras el gobierno invierte escandalosos recursos del Estado para resguardar los predios de plantaciones de las empresas forestales, CONAF apenas destina en promedio 4,5% de su presupuesto para fiscalizar el resguardo del bosque nativo”.

No podía ser de otra forma. Además de todos los pecados que se le atribuyen a las plantaciones, ahora se le suma la responsabilidad por la tala ilegal de alerces.Absolutamente delirante.

Sin embargo, ésta es básicamente la razón por la que en Chile ya no se planta. Una campaña de desprestigio y ataque sostenido a las plantaciones forestales, utilizando metáforas, analogías y argumentos rebuscados que son difundidos por un grupo de personas que maltratan severamente la racionalidad de los argumentos.

Sobre la frase en cuestión, llama la atención la exactitud con que precisan los montos del presupuesto de CONAF destinados a fiscalización y la vaguedad de los montos con que afirman que el Estado resguarda los predios de las empresas. No publican cifras, ni porcentajes respecto del presupuesto nacional, se limitan a un “escandalosos recursos”.

El argumento podría aplicarse, por extensión, a todos los gastos superfluos que realiza el Estado y que superan en montos a los destinados a la fiscalización de talas ilegales por CONAF. Se me ocurren varios. Pero en realidad no es argumento, solo es diatriba.

La liviandad para opinar está desatada. También se afirma como justificación del rechazo a una prórroga del fomento forestal, que durante los últimos años ha aumentado la sustitución del bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, lo que ha provocado una pérdida en la biodiversidad nacional. Esta aseveración es falsa e imposible de probar con cifras. La sustitución de bosque nativo por plantaciones ha sufrido una tendencia decreciente en los últimos quince años y está lejos de ser un problema en la actualidad.

Uno pensaría que la abrumadora evidencia terminaría imponiéndose sobre estos dichos carentes de fundamento, pero no. Siguen como si nada, impertérritos, manteniendo un discurso que tenía sentido hace veinte o treinta años, pero no en el Chile actual.

Por otra parte, el gobierno poco hace para plantear con fuerza una visión objetiva sobre la situación del bosque nativo en Chile. Insistir, por ejemplo, en la ausencia de una relación de impacto entre las plantaciones y la superficie actual de bosque nativo; o bien destacar la necesidad urgente de seguir impulsando la forestación de terrenos desnudos (que los tenemos no por miles, sino por millones de hectáreas).

Esta falta de protagonismo del gobierno (no de este en particular, sino más bien de todos los que han enfrentado este tema en los últimos años), explica en buena parte la hegemonía de un pensamiento francamente errado respecto al impacto actual de las plantaciones sobre el bosque nativo y en general sobre todos los supuestos impactos que las plantaciones producen, llevando a creer que son una amenaza para el país.

Mientras el gobierno no adopte una posición clara respecto al aporte que las plantaciones forestales hacen al país, este deterioro de la imagen del sector forestal no mejorará y los instrumentos de fomento que se presenten al Congreso sufrirán una discusión que los maltratará injustamente.

Una tercer aspecto que merece pronunciarse sobre el, es la falta de realismo de quienes plantean propuestas alternativas al fomento forestal en los término que lo conocemos. Quienes se oponen tenazmente a la prórroga del fomento forestal, deslizan algunas propuestas que además de vagas, difícilmente podrían ser adoptadas por el gobierno, ya sea por los costos asociados o por el incierto impacto social que las acompaña.

Antonio Lara, por ejemplo, académico de la Universidad Austral y firme detractor de los monocultivos, ha señalado que en reemplazo de la prórroga, debiera plantearse un fomento forestal focalizado en la conservación y restauración del bosque nativo para la recuperación de los servicios ecosistémicos, tales como la provisión de agua en cantidad y calidad.

En la misma línea WWF señala que es urgente poner incentivos a actividades que fortalezcan los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica, la mitigación y adaptación al cambio climático, el desarrollo local sustentable, y los derechos de los pueblos indígenas.

Para quienes encuentran pertinentes estas propuestas, es necesario recordarles que Chile cuenta con una Ley de Bosque Nativo desde el año 2008, la que en estos siete años, por distintas razones, no ha logrado impulsar un aumento importante de su superficie manejada (ya sea con fines productivos o con fines de protección).

Quienes proponen un instrumento de fomento financiado por el Estado para la restauración del bosque nativo, saben bien de los magros resultados de la ley de bosque nativo.

Saben bien que no hemos sido capaces de afrontar exitosamente el desafío de su manejo y ahora proponen algo mucho más difícil y ciertamente más costoso: la restauración ecológica. Un desafío que no les genera rentabilidad económica ni social a los propietarios de los bosques restaurados. Porque, hasta ahora, la rentabilidad económica basada en el pago por servicios ambientales a los propietarios de los bosques (por agua, como plantea Lara), es una quimera.

No podemos proponer un instrumento de fomento a la restauración de los bosques, cuando aún no hemos sido capaces, por ejemplo, de detener su degradación por manejo no sustentable (extracción ilegal de leña principalmente). Saltarnos estos pasos y avanzar hacia la restauración con fondos públicos es caro y equivocado. El gobierno lo sabe, por lo tanto no acogerá una propuesta en los términos en que se plantean. Pero tampoco parece estar dispuesto a enfrentar el rechazo de un grupo minoritario de parlamentarios y sacar adelante en el Congreso una prórroga del fomento forestal. El resultado hasta ahora es el inmovilismo para el sector.

Han aparecido columnas de opinión que repiten sistemáticamente una idea: las plantaciones forestales con especies exóticas son nefastas, culpables de una serie de males sociales y ambientales, representando lo peor del capitalismo extractivista de los recursos naturales del país.

Han actualizado el discurso incluyendo aspectos de la coyuntura como es el financiamiento irregular de la política y asociándolo a los controladores de los principales grupos empresariales forestales, Matte y Angelini; mezclando todo en un discurso político-económico-ecológico-cultural que no presenta fisuras. Es un discurso por momentos rabioso, principalmente el que se canaliza a través de las redes sociales.

Esta convicción ciega respecto a su propósito y al valor de sus argumentos, ha influido en un grupo importante de tomadores de decisión en del gobierno y del Congreso, además de convencer a una parte importante de la población, personas legas en la materia que aceptan como artículos de fe opiniones tan descabelladas como que las especies exóticas (pino y eucalipto) destruyen el suelo en el que crecen.

Valga toda esta introducción para afirmar que la extensión del fomento forestal en Chile vive un escenario extremadamente complejo. Aun aprobándose la prórroga, es poco probable que los próximos tres años veamos cifras de forestación significativas en el país. El impulso forestador se ha perdido en estos tres años sin bonificaciones (2013-2015) y reactivar las capacidades humanas y técnicas no es algo que se logre de la noche a la mañana.

Incluso aprobando la prórroga, ya existe un daño permanente. Se ha instalado en forma exitosa la idea de que plantar es malo, o al menos plantar especies exóticas con fines productivos. Quizás sea la más dolorosa derrota para el “País forestal” que pretendemos ser.

Esta derrota, sin embargo, es vista como una victoria por los detractores de las plantaciones. Su aspiración es un nuevo fomento forestal con especies nativas, sin cuestionarse su viabilidad técnica en los suelos degradados disponibles e indiferentes al eventual destino productivo que los pequeños y medianos propietarios quisieran darle a sus terrenos.

Son precisamente estos propietarios quienes poseen la superficie que actualmente se encuentra desnuda y en proceso de degradación y no saben quién es Matte o Angelini, solo saben que sin ayuda del Estado no van a plantar y que, obviamente, les gustaría decidir qué especie plantar y qué hacer con esas plantaciones. Pero al parecer no se les quiere confiar esa elección. En una suerte de cruzada ambiental por los bosques nativos y el agua, los molinos de viento que deben ser combatidos resultan ser las plantaciones.

La eventual derrota de las plantaciones es también la derrota del bosque nativo. Las plantaciones forestales son necesarias. Proveen bienes y servicios que la humanidad requiere en forma creciente. Si pretendemos conservar nuestros recursos nativos, no sólo como país, sino como planeta, las plantaciones forestales son la principal estrategia para reducir la presión de uso de los bosques naturales.

Pero esto no lo mencionan los detractores de las plantaciones. La argumentación productiva está ausente. Pareciera que observaran el problema desde afuera y que no fueran consumidores de madera o de papel. Pero eso es imposible, ya que todos somos consumidores de madera y papel.

Otro aspecto omitido en este furioso debate es el rol que ha jugado y juega la agricultura. Históricamente la agricultura ha sido la principal causa de la deforestación mundial y seguirá siendo en el futuro la principal amenaza a la conservación de los bosques.

La creciente demanda de alimentos para una población que no solo aumenta en número sino también en calidad y esperanza de vida es la que amenazará la existencia de los bosques naturales, especialmente en países con una institucionalidad forestal débil. Es imposible analizar la dinámica de los bosques naturales en el mundo sin considerar el impacto de la agricultura.

Pretender que este es un tema en que se relacionan únicamente dos variables: plantaciones exóticas y bosque nativo es, nuevamente, desinformar. Afortunadamente, tanto desde la agricultura, como desde las plantaciones forestales, la amenaza de sustitución del bosque nativo en Chile está controlada. Pero hay quienes nunca van a reconocer esto.

La conclusión es que, en una materia tan importante para el país, el nivel del debate es pobre. Es violento, agresivo, a ratos irracional. Se desinforma con tal de ganar un espacio de opinión. Nada bueno va a salir como política pública forestal en un escenario como este. Perderán, como siempre, los que no pueden avanzar sin ayuda del Estado y miran desde afuera este debate que no los considera.

Precisamente en La Araucanía se acuñó el término “Tormenta de fuego”, que alude al mensaje que un funcionario municipal de la comuna de Galvarino publicó en octubre de 2014 en su Facebook y que fue ampliamente rechazado por lo que se entendió como un llamado a provocar intencionalmente incendios forestales como una suerte de reivindicación territorial.

El mensaje textual señalaba, “se viene, se viene el verano Weichafes toda la gente del Wallmapu a prepararse para erradicar estas malditas forestales con una sola acción “TORMENTA DE FUEGO EN EL WALLMAPU” 25 de diciembre hasta el 25 de marzo, nuestra lucha por recuperar nuestro territorio usurpado ya está en otra etapa y no daremos pies atrás, fuera las forestales y los usurpadores del Wallmapu, hoy la lucha es por la autonomía del Pueblo Mapuche”.

El tema no es anecdótico, ya que por estos días el cuerpo de bomberos de Malleco y la Dirección Regional de CONAF se han enfrascado en un áspero debate respecto precisamente al origen de los numerosos incendios en la zona.

Joel Cárcamo, comandante del cuerpo de bomberos de Malleco señaló que “la mayoría de los incendios forestales que ocurren en la región son intencionales”, mientras que Mario Acuña, actual director regional de CONAF respondió que “estamos en condiciones de asegurar que nosotros no vemos intencionalidad en los incendios forestales, porque cuando llegamos, lo hacemos para combatir el fuego”.

La discusión evidentemente tiene un trasfondo más allá de la necesaria búsqueda de las causas de los siniestros, ya que el origen intencional de los incendios forestales en la región de La Araucanía, de confirmarse, debería abordarse como un problema ambiental y policial, pero también político; aspecto que probablemente el director regional de Conaf, Mario Acuña, no desea endilgarle al Gobierno a través del Intendente Francisco Huenchumilla. De ahí que sus declaraciones busquen aparentemente bajarle el nivel de conflictividad al posible origen de los actuales incendios forestales en la zona.

A esta discusión, sin embargo, le falta la necesaria perspectiva que entregan las tendencias.Históricamente el análisis de las causas de los incendios forestales es responsabilidad de CONAF, quien publica sus resultados cada año una vez que finaliza la temporada de incendios.

Sin perjuicio de que se deben esperar los resultados de la actual temporada, se puede señalar que un estudio realizado por el Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile, en base a los registros de causas específicas del sistema estadístico de manejo del fuego de CONAF para el período 1976-2013, arrojó que la intencionalidad ha aumentado desde un 13,4% en el período 1976-1980 a un 39,6% en el período 2011-2013, siendo de hecho la principal causa de incendios, seguida en segundo lugar por el tránsito de peatones con un 32%. Estas estadísticas son a nivel nacional.

En vista de las cifras anteriores, los comentarios del comandante de bomberos respecto a la intencionalidad de los incendios forestales en la región de La Araucanía no debería ser descartada en forma tan tajante como lo ha hecho el director regional de CONAF.

Existe una tendencia en las cifras históricas que avala estas aprehensiones, por lo que se debe colocar especial énfasis a nivel logístico de combate, a nivel policial y por cierto a nivel político, respecto a esta realidad que algunos parecen empeñarse en desconocer.

Las acciones existen, son reales y constituyen un avance, tanto en adaptación como en mitigación. Conviene recordar que la mitigación consiste en disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) y/o incrementar la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera mediante sumideros (por ejemplo bosques). La adaptación en cambio se refiere a actividades realizadas por individuos o sistemas, para evitar, resistir o aprovechar los cambios y los efectos del clima, actuales o previstos.

En materia de adaptación ha sido aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Con anterioridad ya habían sido elaborados y publicados los planes de adaptación para los sectores Silvoagropecuario y Biodiversidad. En materia de mitigación,  fueron presentados en octubre los resultados de la Fase 2 del proyecto MAPS (acrónimo que en inglés se refiere a Mitigation Action Plans and Scenarios), proyecto que busca modelar y discutir escenarios posibles de mitigación de gases de efecto invernadero en Chile.

El proyecto MAPS identificó 96 posibles medidas de mitigación de emisiones de GEI, de ellas destacó 29 que presentan el mayor potencial de abatimiento, divididas en siete sectores: energía eléctrica, transporte, industria y minería, forestal, sector comercial, público y residencial (CPR), residuos y agropecuario.

El estudio señala que el fomento a la forestación es una de las principales medidas que mitiga GEI, con un potencial de 4,4 millones de tCO₂eq al año, sólo superada por medidas más polémicas como una expansión hidroeléctrica en Aysén (12 millones de tCO₂eq anuales) o de difícil implementación como es la interconexión energética regional con otros países (6,6 millones de tCO₂eq anuales).

La forestación, en cambio, es una medida costo efectiva y de más fácil implementación, ya que llevamos cuarenta años de experiencia en esta materia a través del D.L. 701 y que tiene una demanda asegurada de pequeños y medianos propietarios que poseen cerca de dos millones de hectáreas desnudas que pueden ser forestadas. Ninguna medida en los sectores industrial, minero, agropecuario o de transporte ni siquiera se acerca al potencial de mitigación de la forestación.

Lamentablemente, la disminución de las tasas de forestación anual ha hecho que el aporte de las plantaciones a la captura de carbono se reduzca en los últimos años. La bonificación forestal expiró el año 2012 y se han cumplido dos años sin apoyo del Estado, lo que ha significado caídas históricas en las tasas de forestación. De hecho el año 2013 se plantaron 6.600 hectáreas en todo el país, la cifra más baja de la que se tenga registro.

Por otra parte, la cosecha de biomasa de dichas plantaciones está tendiendo a igualarse con el crecimiento de la masa forestal plantada, llevando a un balance cero en término de emisiones y capturas. Esto significa que solo el establecimiento de una superficie incremental de plantaciones, podrá revertir el descenso en las capturas de GEI.

En el caso del bosque nativo, los bosques secundarios o renovales son quienes generan la mayor captura de carbono, sin embargo estas formaciones vegetales en algunos años también entrarán en un régimen de balance cero entre capturas y emisiones. El escenario para los próximos años es pesimista en cuanto al potencial de reducción de emisiones por partes de bosques y plantaciones.

Resulta difícil de entender entonces que no haya una política más decidida de fomento a la forestación de suelos desnudos, cualquiera sea la especie que se utilice, nativa o exótica, por parte del Estado.

Lamentablemente la crítica que han sufrido los cultivos forestales por parte de grupos que desconocen o niegan el valioso papel que juegan las plantaciones en la provisión de bienes y servicios indispensables para el bienestar humano ha permeado a la autoridad y ha debilitado la convicción que debiera tener el Estado respecto al aporte económico, ambiental y social que produce la forestación de suelos desnudos.

Ha faltado por parte de nuestras autoridades una mirada estratégica para reconocer en la forestación la principal herramienta para cumplir nuestros compromisos internacionales de reducción de emisiones, para detener la desertificación que avanza desde el norte, para generar mayor superficie plantada y revertir la concentración del patrimonio forestal en pocas manos, para lograr algún grado de autonomía de materia prima por parte de las pymes forestales, para evitar la pérdida de suelo y dejar de regalarlo a los ríos.

Sin embargo, y  pese a los evidentes beneficios de cubrir suelos desnudos, la probabilidad de que el fomento a la forestación sea descontinuado indefinidamente es muy alta. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades han perdido la convicción de que plantar es bueno para el país.

¿Mencionarán esto en la COP20?

La aparición del senador opinando sobre este instrumento de fomento no es nueva. De hecho, junto a los senadores Navarro (Bío-Bío) y Quintana (Araucanía) son los principales detractores en el Senado a la continuidad del Decreto Ley 701 de fomento forestal.

El desarrollo forestal chileno basado en plantaciones gozaba hasta principios de los años noventa de una percepción relativamente positiva por parte de la población, por su efecto de recuperación de suelos afectados por una agricultura no sustentable.

Sin embargo, a partir de la década de los noventa esta percepción se ha vuelto negativa, siendo los monocultivos forestales atacados con vehemencia por diversas organizaciones ambientales, sociales, indígenas y hasta religiosas. Posiblemente esta situación es inédita y no se da con la misma intensidad en ninguna otra parte del mundo.

Al contrario, la tendencia mundial es que sean los monocultivos agrícolas (vides, cítricos, maíz, soya, palma aceitera) los que generan mayor rechazo de la comunidad por su impacto sobre la eliminación de bosques, principalmente tropicales, como es el caso de Brasil. De hecho el 80% de la deforestación mundial es obra de la agricultura.

El rechazo a las plantaciones forestales y a los instrumentos provenientes del Estado que las fomentan, se ha cristalizado en algunas banderas de lucha como fue en un principio la sustitución del bosque nativo.

Una vez que este tema se “enfrió”, básicamente por compromisos voluntarios de las empresas forestales de no sustituir bosque nativo o de los sellos ambientales adquiridos, la trinchera del activismo contra las plantaciones se trasladó a su impacto sobre la disponibilidad de agua para las comunidades y a su efecto sobre la pobreza rural (migración acentuada y bajos Índices de Desarrollo Humano). Ahora se ha agregado la aplicación del Convenio 169 de la OIT respecto a la consulta indígena. Toda esta batería argumental es la que a su vez utiliza el senador De Urresti.

Lo que omite el senador son las necesidades a las que el fomento forestal responde. Omite señalar que es un imperativo para el país cubrir suelos erosionados y que este desafío debe realizarse a través de una cobertura forestal que sea viable, es decir, que sea capaz de sobrevivir y ocupar exitosamente el terreno y que además entregue beneficios económicos a sus propietarios, lo que a su vez depende de la existencia de un mercado para la comercialización de sus productos.

El senador no menciona estos desafíos. Por el contrario, defiende una línea argumental que plantea transformar el actual instrumento de fomento productivo, con énfasis en la protección del suelo, en un “nuevo” instrumento de recuperación ecológica de ecosistemas a través de la forestación exclusiva con especies nativas, focalizado en pequeños propietarios.

Quienes defienden este fomento exclusivo de plantaciones con especies nativas, seguramente sienten que están realizando un valioso aporte al país, una suerte de reivindicación ambiental.Nada más alejado de la realidad, ya que terminaremos con un instrumento de fomento sin utilidad práctica y subutilizado (similar a lo que ocurre con el fondo para el fomento al manejo de la Ley de Bosque Nativo).

Las especies nativas no crecen en los suelos degradados que son el objeto de este instrumento; no tienen desarrollado un mercado formal de comercialización, ni precios atractivos para los pequeños propietarios, sin mencionar las rotaciones más largas, que desincentivarían su plantación.

Si a todas estas dificultades le sumamos que los propietarios deben endeudarse previamente para plantar y esperar un año o más para recuperar la inversión, parece muy improbable que un instrumento como este tenga éxito. Lamentablemente el senador y quienes comparten su visión omiten esto y les transfieren la solución de este problema a los mismos propietarios forestales empobrecidos, que ven en la forestación con especies de rápido crecimiento una forma de mejorar su calidad de vida, no así con la forestación de especies nativas.

Los pequeños propietarios forestales y las comunidades indígenas que desean acceder a la ayuda del Estado para plantar saben muy bien esto. Saben de los inconvenientes técnicos y económicos de establecer plantaciones de especies nativas en terrenos degradados. Pero el deseo de parlamentarios y organizaciones ambientalistas de excluir las especies exóticas, los privan del derecho a elegir qué especies plantar en sus propios terrenos. A ellos, sin embargo, parece no ser necesario consultarles la opinión, a diferencia de las comunidades indígenas amparadas por el Convenio 169 que menciona el senador De Urresti.

Quienes sostienen el planteamiento de excluir las especies exóticas del fomento estatal, omiten consultar a quienes más se debe escuchar: a quienes desean plantar y tener la libertad de elegir qué especie plantar en sus terrenos. También es tiempo de consultarles a ellos.

Sin embargo, aún no se ha escuchado un pronunciamiento crítico respecto al impacto que tendría el proyecto sobre la actual gestión de los bosques realizada por el servicio forestal, Conaf.

A diferencia de lo que pudiera parecer el proyecto a primera vista, es decir, una iniciativa limitada a crear un servicio del Estado, el texto se asemeja más a una Ley de Biodiversidad encubierta, con un alcance territorial mayor al que supone la administración conjunta del actual Snaspe y las áreas marinas. Esto se constata al revisar los diversos instrumentos que se crean para gestionar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas.

Gestionar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas es, en gran medida, gestionar la totalidad de los bosques nativos del país, ya que la mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta se encuentra en los ecosistemas boscosos y Chile no es la excepción.

Desde el punto de vista de la eficacia de la gestión, la entrega de atribuciones normativas al Servicio de Biodiversidad fuera de las áreas protegidas no es trivial, ya que dichas atribuciones se superpondrán a las atribuciones que ya ejerce el servicio forestal, Conaf.

¿Es absolutamente necesaria esta gestión suplementaria de los bosques nativos desde el ministerio del Medio Ambiente?

¿Acaso se fundamenta en alguna evaluación crítica de la gestión de los recursos forestales a través de la Ley de Bosques de 1931, del D.L. 701/1974, del D.S. 259/1980 o de la Ley de Bosque Nativo y sus reglamentos?

¿Existe tal vez un informe del ministerio del Medio Ambiente que desconozcamos respecto a una deficiente gestión por parte del Ministerio de Agricultura y de Conaf?

Todas estas son interrogantes válidas, dado que Medio Ambiente ha sido extremadamente vago al precisar los alcances de su iniciativa legal en esta materia.

¿En qué consistirá exactamente esta gestión de los bosques fuera de las áreas protegidas desde el ministerio de Medio Ambiente? Las definiciones de los instrumentos contenidos en el proyecto hablan de nuevas regulaciones y restricciones de uso sobre ecosistemas degradados o amenazados, las que serán adicionales a las ya existentes en la normativa sectorial y que serán definidas a través de la vía reglamentaria (es decir, sin discusión legislativa).

La actual Ley de Bosque Nativo lleva tan solo cinco años de implementación; cinco años de intensas acciones de divulgación y capacitación, que no han bastado aún para lograr el completo entendimiento del texto legal por parte de los propietarios de bosque nativo.

Resulta que ahora deberemos informar a esos propietarios que sus bosques serán sometidos a nuevas regulaciones, procedentes de un nuevo organismo del Estado, regulaciones de uso distintas de las existentes en la Ley de Bosque Nativo que tanto ha costado que internalicen. A modo de ejemplo, pequeños propietarios de bosque nativo degradado, podrían ver incrementada la dificultad de aprovechamiento de sus recursos, en caso que posean patrimonio forestal definido como ecosistema amenazado o ecosistema degradado (Art. 3 del proyecto de ley).

Este posible escenario no hará más que incrementar las trabas que tienen los propietarios de bosque nativo para utilizar sus recursos. Será sin duda una buena noticia para quienes malentienden la idea de conservación y la asimilan a la inmovilidad estricta de los recursos naturales aun a costa del deseo de sus propietarios.

Pero no nos engañemos, no es una buena noticia. Ante un aumento de la dificultad para utilizar sus recursos naturales, los propietarios podrán optar por un aprovechamiento de baja escala al margen de la ley (extracción de leña en la mayoría de los casos), o bien derechamente abandonarán el manejo de sus bosques por resultarles de nulo valor; introducirán animales, afectando la regeneración y acelerando los procesos de degradación de dichos bosques.

Esto no será novedad, ya que la ausencia de una intervención silvícola oportuna sobre recursos forestales que ya han sido históricamente alterados por el hombre, lleva finalmente a su degradación y posteriormente a su desaparición. El uso sustentable de los recursos naturales es la mejor oportunidad de evitar su degradación. A eso llamamos conservación, no a la inmovilidad por exceso de regulación y posterior abandono de los bosques.

Este no es un escenario alarmista. Es únicamente un escenario posible ante la aprobación de un proyecto que entregue atribuciones al ministerio del Medio Ambiente para imponer restricciones al uso de los recursos naturales (bosque) fuera de las áreas protegidas, sin conocimiento previo y discusión con el servicio forestal del Estado, y a través de una vía reglamentaria que rehúye el debate legislativo.

Esto en teoría ya debería estar resuelto a partir de la generalización del desarrollo sustentable como paradigma de desarrollo moderno, que entiende estas acciones como complementarias.Sin embargo, en el día a día persisten visiones que plantean lo incompatible de ambos objetivos sobre el territorio.

En el caso del proyecto de biodiversidad, surgen voces que justifican la creación de un nuevo servicio dependiente del ministerio del Medio Ambiente, aduciendo la inconveniencia de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf), una entidad según ellos orientada al fomento productivo, esté a cargo de las áreas protegidas y por lo tanto de la principal herramienta de conservación de la diversidad biológica en el país.

Esta visión separatista es defendida por quienes entienden la protección de la naturaleza como un objetivo en si mismo, alejado de los objetivos generales de desarrollo de un país. A esta visión le falta mayor reflexión y entender que no todas las actividades productivas pueden ser analizadas desde un único enfoque.

En el caso de los bosques, éstos albergan el 80% de la biodiversidad terrestre del planeta.Por lo tanto, cualquier iniciativa de protección de la biodiversidad debe considerar a los bosques como objetivos prioritarios de conservación.

Sin embargo, junto con lo anterior, son recursos naturales claves para aportar al bienestar humano a través de la provisión de bienes como la madera, los productos no madereros, alimentos y servicios ambientales tan esenciales como la provisión de agua, la captura de carbono o la protección del suelo. Los bosques, a su vez, poseen variadas estructuras de propiedad, desde mayoritariamente públicos en algunos países, pasando por una tenencia mixta (es el caso de Chile), hasta un propiedad mayoritariamente privada.

Todo lo anterior configura un complejo escenario para el diseño de políticas públicas que busquen compatibilizar los objetivos de producción y protección.

Los bosques, finalmente, no pueden ser separados en forma simplista, elaborando leyes en ejercicios teóricos que no integren variables económicas, sociales, ambientales, territoriales, culturales, los usos históricos de los recursos, las demandas sociales de sus propietarios, o amenazas externas como el cambio climático y el cambio de uso del suelo. Los bosques no permiten una separación tan gruesa y eso es lo que muchos no quieren o no pueden entender.

En teoría, señalan algunos, un Servicio de Biodiversidad administrado por el ministerio del Medio Ambiente, sería más eficiente que la actual administración que ejerce el servicio forestal del Estado. La eficiencia estaría dada porque el servicio forestal, al estar orientado al fomento productivo, privilegiaría las metas de producción por sobre las metas de protección.Esta, sin embargo, es una afirmación genérica que no es fácilmente comprobable (y de hecho no está comprobada).

Dado que 70% de los bosques en Chile no están bajo protección oficial en parques o reservas, la misma teoría indicaría que el ministerio del Medio Ambiente debería hacerse cargo (regulando su uso) de todos los bosques en Chile: públicos y privados, dentro y fuera de las áreas protegidas. Sólo así la biodiversidad tendría el nivel de prioridad que se pretende.

Pero… ¿dónde están los especialistas en bosque nativo y de su biodiversidad asociada? Naturalmente en el servicio forestal del Estado y no en el ministerio del Medio Ambiente.

¿Especialistas en qué? Naturalmente en protección y producción, es decir, en manejo forestal sustentable. ¿Cómo ejerce el manejo sustentable el servicio forestal? Bueno, a través de leyes sectoriales como la ley de Bosque Nativo que posee en su artículo 19 una poderosa herramienta de protección de la biodiversidad.

Finalmente, quienes afirman con seguridad que un traspaso de las áreas protegidas al ministerio del Medio Ambiente aseguraría una protección más eficiente de la biodiversidad al estar separados los componentes de producción y protección, harían bien en revisar el caso de la tramitación ambiental de la ampliación de la mina Cerro Colorado de BHP Billiton.

Este caso enfrenta en la actualidad al ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier con el senador Fulvio Rossi, debido al despido del Seremi de Medio Ambiente por insistir en un rechazo del proyecto y acusaciones del mismo Seremi respecto a presiones ejercidas desde Santiago por facilitar su aprobación.

Nadie podría señalar a la luz de estos antecedentes que el ministerio del Medio Ambiente está libre de presiones o que no le preocupa el fomento productivo, en este caso el fomento a la minería. Por otra parte, los procesos de evaluación del SEA están llenos de denuncias de presiones a la hora de votar la aprobación de los proyectos.

¿Están acaso separados los componentes de protección y producción en la evaluación del SEA? ¿Están separados los componentes de protección y producción al elaborar normas de emisión? Pareciera que no.

La abstracción simplista de la separación solo plantea expectativas inexistentes en aquellos que creen que la mejor estrategia para proteger la naturaleza es enajenándola y alejándola de las personas y de sus necesidades.

Esa visión es una renuncia a pensar políticas públicas de protección integradoras que, entendiendo la importancia de conservar la biodiversidad, la consideran un recurso esencial para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Esta es precisamente la visión de la Convención sobre la Diversidad Biológica, que Chile suscribió hace veinte años.

Sin embargo, estos principios están siendo sobrepasados por uno más peligroso, que está detrás de la serie generalizada de rechazos a megaproyectos de inversión: el principio del no desarrollo.

Hace unas semanas, Ricardo Bosshard, máximo representante de WWF en Chile, señaló en entrevista a la revista Qué Pasa y en relación al rechazo al proyecto Hidroaysén, que a WWF les gustaría promover el “no desarrollo” en la Patagonia.

Con otro lenguaje, pero en la misma línea, Douglas Tompkins aparece señalando en un diario. “Hay que dejar que la Patagonia busque su desarrollo a través del turismo y que los proyectos eléctricos se instalen en el norte”.Tompkins a su vez crítica las ansias de crecimiento desmedido de una sociedad que depende de recursos finitos. Señala que no se pueden compatibilizar esos aspectos.

En la práctica, el no desarrollo que plantean Bosshard y Tompkins es un desarrollo territorial a baja escala, no industrial, con tal cantidad de restricciones (básicamente restricciones de consumo) que es inviable como política nacional de desarrollo para cualquier nación y ciertamente inviable para Chile.

Bajo esta mirada, el consumo sería objeto de un reproche moral. Las personas demandarían, consumirían y posteriormente reemplazarían productos no esenciales, en una búsqueda de compensar carencias espirituales no satisfechas. Estamos incompletos y por eso consumimos.

Bajo esta mirada, el desarrollo local a baja escala vendría a reconstruir el balance entre las personas y la naturaleza, que la modernidad ha alterado.

Es una mirada válida, como todas. Pero que en la práctica ha desembocado en una campaña de rechazo a prácticamente todo tipo de proyectos: energéticos, mineros, inmobiliarios, forestales; a una intransigencia ante cualquier alteración de la naturaleza; a un menosprecio hacia el crecimiento económico y a los proyectos de desarrollo industrial; a una demonización de cualquier iniciativa que alimente un modelo productivo con más consumo y alteración de la naturaleza.

Como complemento, esta mirada idealiza la vida natural, la ruralidad, carente del vértigo del consumo urbano, representándola como un modelo de desarrollo local a escala humana, cuando mayoritariamente es precariedad y falta de servicios básicos.

De hecho, el modelo de no desarrollo que defiende Douglas Tompkins, solo puede ser adoptado por dos grupos de personas. Aquellos como él, millonarios que optan voluntariamente por una vida alejada de las oportunidades que le entrega la modernidad, más cercana a una vida rural de alto estándar, trabajando sus miles de hectáreas de bosques como si fueran proyectos de paisajismo.

Y por otra parte, las comunidades rurales aisladas, también privadas de los beneficios de la modernidad, aunque no voluntariamente. Sin colegios, sin médicos generales y mucho menos médicos especialistas, sin abastecimiento eléctrico permanente, sin agua potable, sin caminos ni transporte (no se trasladan en avionetas). Este grupo vive el modelo del no desarrollo forzosamente y no se ufanan de ello, más bien lo lamentan.

En el medio está el 90% de la población. Por una parte, imposibilitados de vivir una idílica vida de alto estándar cercana a la naturaleza y por otra, ahuyentados de la precariedad rural por la falta de servicios básicos, hacemos lo mejor que podemos en las ciudades. Y no somos ciegos, tontos o ignorantes por esta elección. Por consumir y buscar el desarrollo alejados de una contemplación mística de la naturaleza.

Esto no es una crítica a las iniciativas de conservación de la naturaleza, las que por cierto son absolutamente válidas y necesarias.

Más bien es un llamado de atención a la deformación de estos anhelos, a su exacerbación y a la ausencia de una consideración utilitarista de los recursos naturales, que también es válida y necesaria.

Paradojalmente, esta visión utilitarista, llamada desarrollo sustentable, es la más segura forma de conservar en el largo plazo los recursos naturales. No podemos, como política pública, depender del altruismo de millonarios nacionales o extranjeros, que junto con hacer llamados a la conservación critican nuestra forma de vida, llamándonos a adoptar una suerte de no desarrollo.

Opiniones como las del geógrafo Luis Álvarez, quien no duda en catalogar al eucalipto como una de las principales amenazas a los cerros de Valparaíso (El Mercurio de Valparaíso, 22 de abril); o la de Mary Kalin, Premio Nacional de Ciencias, quien afirma que estos desastres se explican por la alta inflamabilidad de especies como el eucalipto, el pino o la acacia (La Tercera, 15 de abril).

Comentarios como estos se han incrementado en el último tiempo, constituyéndose en una corriente de opinión claramente identificada con el rechazo a las plantaciones de especies exóticas, denominados monocultivos forestales.

Este rechazo se traduce en una campaña por comunicar a la opinión pública las externalidades negativas producidas por estos cultivos que, vistas en su conjunto, parecieran llevar a la inevitable conclusión de que las plantaciones forestales son la principal amenaza nacional a la naturaleza, a la salud de la población, a la calidad de vida de las comunidades rurales y a la soberanía alimentaria, lo que quiera que esta frase pueda significar.

Haciendo un breve resumen de las críticas a los monocultivos están la destrucción del bosque nativo, la escasez de agua en toda la zona sur, la migración de la población rural a las ciudades, la muerte de las abejas de los productores apícolas y los incendios forestales que afectan a los poblados rurales.

Se habla además en forma genérica del uso de químicos y su impacto en el ambiente, y además se agregan consideraciones económicas como la concentración de la industria.

¿Puede una industria ser tan mala? ¿Pueden un par de especies forestales ser tan negativas y producir los problemas ambientales que se afirman? Incendios, erosión, sequía y pobreza.

La respuesta no importa. La idea ya está instalada, existe un gran número de conversos y su estrategia se basa únicamente en buscar hechos que puedan confirmar sus creencias.Tomar hechos, datos parciales y hacer extrapolaciones generales y afirmaciones tajantes.

Por otra parte, esta creencia se complementa con una exacerbación de los atributos positivos de la vegetación nativa, ensalzando sus beneficios ambientales, sociales y espirituales. No es malo ensalzar la naturaleza, salvo que a través de este canto a lo natural se ataque a la vegetación exótica, que naturalmente tiene su espacio y función propia.Función productiva y ambiental.

Lo más preocupante de este enfoque maniqueista de la naturaleza es que se ha generado la falsa idea de que existen árboles malos, árboles que afectan al medio ambiente. Que destruyen la tierra. Estas son aseveraciones graves, desplegadas por gente sin ningún conocimiento, y lo que es peor, por profesionales de las ciencias ambientales y forestales.

Yo estudié ciencias forestales y tengo diecisiete años de experiencia profesional y no entiendo cómo un árbol puede destruir la tierra. Sería una paradoja evolutiva si tal cosa existiera.Pero no existe.

Simplificar el discurso, buscar un enemigo sobre el que aglutinar la crítica, manipular la información, aprovechar cualquier coyuntura (incendio en Valparaíso), para insistir con el Mensaje. Todas estas son estrategias utilizadas por los detractores de “lo exótico”.

La estrategia ha funcionado y vemos hoy como el discurso en contra de la vegetación exótica se vuelve transversal y escala hasta los tomadores de decisión. Es así como un grupo de parlamentarios se han opuesto a extender el fomento forestal en Chile, convencidos de que plantar con apoyo financiero del Estado es bueno, pero sólo si son plantas nativas.

Esta visión extremista de lo que se entiende como defensa de la naturaleza, debe ser confrontada con fuerza a través de políticas públicas basadas en la sustentabilidad del desarrollo y con un sustento científico. Parece obvio, pero hasta ahora esto no se ha producido y estamos a merced de grupos que vociferan el apocalipsis ambiental a la vuelta de la esquina.

¿Quién los confrontará?

Los indicadores abarcan aspectos sanitaros (Salud, Calidad del Aire, Agua Potable y Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas), y aspectos relativos al aprovechamiento de los recursos naturales y su impacto asociado (Agricultura, Forestal, Pesca, Biodiversidad y Energía).

En conjunto, reflejan de manera bastante precisa la situación de los países en esta materia.

Además, al contar con evaluaciones desde el año 2002, es posible determinar avances y retrocesos para cada país a nivel consolidado y para cada uno de los indicadores.

Para un conjunto de 178 países evaluados el año 2014, Chile está en la posición 29 a nivel mundial, por sobre Estados Unidos, que se ubicó en el puesto 33. Es además el país mejor evaluado de Latinoamérica, seguido por Ecuador (53) y Costa Rica (54).

Respecto al indicador Forestal, Chile tiene la mejor valoración: 100 puntos de 100, y se ubica en el primer lugar. Este logro lo comparte con otros 14 países, entre los que destacan naciones desarrolladas como Nueva Zelandia y Australia. Además, el indicador se ha mantenido con esta alta valoración desde el año 2002.

En lo específico, el indicador Forestal evalúa el cambio en la cobertura forestal de los países en el período, cuantificando pérdidas y ganancias. Esto lo realiza a través del análisis de imágenes satelitales que estudian aquellas formaciones que poseen un cobertura de copas igual o superior al 50%.En Chile la definición legal de bosque considera una cobertura de copas del 10% para la zona mediterránea y de 25% en la zona sur.

El resultado de la componente forestal tiene además un valor añadido para nuestro país.La propiedad de los bosques en Chile es mayoritariamente privada, por lo tanto, reducir la pérdida de bosques es un desafío aún más complejo del que enfrentan países con una superficie de bosques mayoritariamente estatales, en los que es más directa la aplicación de regulaciones.

Además, tanto los organismos internacionales de seguimiento ambiental, como FAO con su reporte de la situación de los bosques en el mundo, así como los estudios de entidades privadas como la Universidad de Yale, no hacen la odiosa distinción entre bosques naturales y plantaciones forestales.En el entendido que las últimas son una estrategia válida de generar cubierta forestal en sitios descubiertos y sometidos a procesos de erosión. Evidentemente no sustituyendo valiosos bosques nativos.

Lamentablemente, la alta valoración de la componente forestal en el EPI contrasta con la negativa percepción que tienen los chilenos sobre el estado de sus bosques.

A pesar de que las tendencias son positivas desde hace varios años y que los organismos internacionales reconocen los avances de Chile en la reducción de las pérdidas de bosques, esto no se transmite a la ciudadanía. Una ciudadanía que manifiesta altos niveles de interés y preocupación, pero que está desinformada respecto a las cifras.

La desinformación de la gente en esta materia es responsabilidad de todos. Desde los servicios públicos en materia forestal, las universidades y los centros de investigación, las organizaciones gremiales y no gubernamentales y, por supuesto, de las mismas personas que levantan las banderas de la protección y conservación de los bosques.

Si bien es cierto que el lenguaje alarmista moviliza y presiona en forma efectiva a la autoridad, no es menos cierto que las políticas públicas requieren de un espacio de reflexión y participación ciudadana informada, responsable y propositiva.

Es hora de que se reconozca en forma transversal que Chile, en cualquier evaluación ambiental internacional, respecto de sus recursos forestales presentará buenos indicadores, que lo ubicarán entre los mejores países del mundo y en un referente del combate a la deforestación, la protección de su biodiversidad y la sustentabilidad de su desarrollo forestal.

Persisten importantes desafíos, pero el alarmismo debe dar paso al reconocimiento de lo avanzado y a la certeza de que nuestro desempeño sigue una sólida tendencia de mejora en el tiempo.

Pero también afecta la salud de las personas a través de la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero y, en forma más directa, la amenaza a la vida de las personas, sus casas y propiedades, su trabajo. Los incendios forestales son una de las principales amenazas a la vida y al ambiente en el sector rural y en la interfaz urbano-rural.

En forma inédita, la alta incidencia de incendios forestales esta temporada ha comenzado a afectar a la población urbana, como es el caso de la nube de humo que se extendió sobre Santiago el último fin de semana, o la amenaza a la ciudad de Angol producto de la cercanía de los focos de incendios en esa zona.

También en este conjunto de impactos negativos debe considerarse el corte reiterado de las autopistas interurbanas, impidiendo que las familias puedan viajar en forma segura a sus lugares de veraneo.

Lamentablemente la cobertura periodística está mayoritariamente orientada a dar cuenta del hecho puntual y no hace un análisis más profundo del fenómeno global.

¿Por qué sufrimos año tras año el flagelo de los incendios forestales? ¿Acaso son inevitables? ¿Su aumento se debe a falta de recursos para el combate? ¿Lo estamos haciendo bien en materia de prevención?

La emergencia deja poco espacio para la reflexión y cuando las brasas comienzan a apagarse, otros problemas más urgentes desplazan de la agenda a los incendios.

Comienza el invierno y los episodios de contaminación en las ciudades, el año escolar, los tacos.Termina una temporada más y los análisis sólo le corresponden a la Conaf y al ministerio de Agricultura.

En términos de balances, los incendios forestales muestran estadísticas históricas que no son para nada positivas. Existe una sistemática afectación de superficie que promedia las 50.000 hectáreas anuales. Sin embargo, muchas veces ocurren episodios extraordinarios que incrementan estas cifras como fue la temporada 2011-2012 con el incendio del Parque Torres del Paine (17.000 ha.) o los incendios en la región del Biobío del cerro Cayumanque. Esa temporada la superficie afectada superó las 80.000 hectáreas.

El periodo 2012-2013 sufrió una drástica caída respecto a la temporada anterior.Sin embargo ahora estamos en presencia de una especialmente activa en materia de incendios.Probablemente una de las peores en los últimos años, por la cantidad de superficie afectada ¿Cuáles son las razones que explican esta situación?

Se insiste por una parte en el tema de los recursos. Sin embargo no se trata de más recursos para el combate. Podríamos duplicar o triplicar las brigadas y sólo tendríamos más gente combatiendo los mismos cinco mil incendios que se producen anualmente.

¿El incremento de recursos reduciría esa cifra? Tal vez los atacaríamos más rápido, llegaríamos antes a los focos. Sólo tal vez, dependiendo de las condiciones de clima y accesibilidad. Lo seguro es que seguirán existiendo los incendios forestales si no se enfrenta el factor humano que los provoca.

Otros han señalado recientemente que la causa es el aumento sostenido de la superficie de plantaciones, principalmente Pinus radiata y Eucalyptus, lo que ha generado un paisaje homogéneo, continuo y más combustible, por ende mayor riesgo de incendios y vulnerabilidad de las comunidades aledañas. Nuevamente esta explicación omite el factor humano en el origen de los incendios.

En momentos en que sobran las opiniones y muchos aprovechan de pasarle cuentas a las plantaciones forestales por estos incendios, es conveniente recordar que detrás de cada uno de estos siniestros hay personas que los originaron.

Los incendios no se generan espontáneamente, hay personas, con nombre y apellido, con rostro, que originaron este desastre para el medio ambiente, para la biodiversidad y para todas las familias afectadas.

Negligencia o intencionalidad, finalmente el origen siempre es humano.Humana es la práctica de lanzar fuegos artificiales en áreas con vegetación, humana es la práctica de acampar en zonas no habilitadas y descuidar las fogatas, humana es la práctica de quemar intencionalmente plantaciones forestales por antiguas querellas entre vecinos.

Humana es la costumbre de postergar la limpieza de quebradas y zonas aledañas a poblaciones, reduciendo el combustible potencial en temporada alta.

Humana es la costumbre de quemar residuos agrícolas o basura en las cercanías a zonas con vegetación y presencia de viento.

Hay a mi juicio dos consideraciones claves en la temática de los incendios forestales.

En primer lugar parte enfrentar decididamente el factor humano en el origen de los incendios forestales, analizar las causas, perseguir a los culpables, educar a la población, entender las motivaciones detrás de la intencionalidad de muchos siniestros.

En segundo término, afrontar este tema como un desafío de alcance nacional que involucre a toda la ciudadanía, tanto de áreas urbanas como rurales. Efectivamente es un tema de interés nacional, que sin embargo no tiene la relevancia para la población que sí debería tener.

No se trata solo de combatir los incendios forestales, sino de evitar que se originen.Ese objetivo es tarea de todos.

Hidroaysén es el caso más emblemático, pero han surgido también pronunciamientos de algunos de los candidatos y candidatas por los proyectos hidroeléctricos en el río Achibueno (Región del Maule), Alto Maipo (Región Metropolitana), entre otros.

Por una parte, hay candidatos como Parisi, Sfeir, Claude, MEO que rechazan, por distintas consideraciones, proyectos como Hidroaysén.Aunque no queda claro qué implica este rechazo.

En la práctica todos los proyectos energéticos que la normativa señala (Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente), deben pasar por una evaluación ambiental, es decir, un proceso administrativo claramente definido en sus etapas, plazos y requerimientos.

¿Dónde se aplicaría entonces el “rechazo” que señalan estos candidatos. No se entiende.

Posiblemente estos candidatos ignoran que la aprobación o rechazo de proyectos energéticos en Chile (o cualquier proyecto sometido a evaluación ambiental) no funciona a partir de una decisión arbitraria y personal del Presidente o Presidenta de la República.

No hay tal cosa como un pulgar hacia arriba o hacia abajo como con los gladiadores en el coliseo romano, que selle el destino de un proyecto.Tampoco un plebiscito, como señala MEO.

Incluso en la discutida intervención del Presidente Piñera respecto al proyecto Barrancones, su intervención se limitó a hacer gestiones personales con los titulares del proyecto, ya que en el plano legal el proyecto había recibido su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y perfectamente los titulares pudieron haber desatendido la solicitud del Presidente. Inadecuado como fue, al menos no se forzó la institucionalidad ambiental (aunque sí se la debilitó).

Por otra parte, hay otros candidatos que usan un lenguaje más sutil al referirse al futuro de determinados proyectos eléctricos. Es el caso de Bachelet e Hidroaysén, en el que no queda clara su opinión al respecto. Afirma que el proyecto tal como está no es viable.

Es decir, se refugia en consideraciones técnicas para plantear un rechazo.Sin embargo, el proceso administrativo de evaluación ambiental discrepa de su planteamiento y le entregó la RCA al proyecto. En este caso, o la institucionalidad ambiental no funciona, o la candidata está equivocada.

El mismo argumento utiliza la candidata con el proyecto hidroeléctrico del río Achibueno.En este caso señaló textualmente “vengo a comprometerme con ustedes -si soy electa Presidenta- en mi gobierno no vamos a apoyar el proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Achibueno porque no cumple ni con los estándares técnicos, ni procedimentales y mucho menos con los estándares de participación ciudadana”.

De acuerdo a lo que afirma la candidata, con tal nivel de incumplimiento el proyecto se caería solo y no sería necesaria una intervención adicional, de rechazo o apoyo. Caso contrario, si el proyecto tiene una formulación impecable, tampoco requiere una intervención adicional de la autoridad.

¿A qué se refiere entonces con “no apoyar” el proyecto? Acaso se estaba refiriendo a una hipotética situación como la que ocurrió en su administración, en la que se apoyó el proyecto central termoeléctrica Campiche de AES Gener a través de la modificación realizada por el ministerio de Vivienda a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) respecto del uso de suelo de actividades productivas en la zona de emplazamiento del proyecto? ¿Es ese el apoyo incremental, al margen del proceso administrativo de evaluación ambiental, al que Bachelet se refería?

Si fuera así, se podría leer de su declaración que en esta ocasión no cometería el error de apoyar el proyecto del Achibueno como lo hizo con Campiche.A pesar de que la ex Presidenta debiera saber que, legalmente hablando, los proyectos no necesitan “apoyos”.Cumplen o no cumplen.

Cualquiera sean las interpretaciones que se puedan hacer de las afirmaciones de Bachelet, o de lo que opinan los restantes candidatos presidenciales respecto a su apoyo o rechazo a proyecto energéticos, la verdad es que todos comparten como denominador común una falta de entendimiento de cómo funciona (o debería funcionar) la evaluación ambiental como proceso administrativo del Estado. Los candidatos no pueden sentirse libres de manifestarse a favor o en contra de decisiones que llevan un curso administrativo alejado de su esfera de decisión.

Pareciera existir un convencimiento de que es más relevante la intervención presidencial, o los recursos judiciales en Tribunales, para sacar adelante o hacer fracasar proyectos “complejos”.

Este menosprecio por la importancia resolutiva de la evaluación ambiental es lo más preocupante de las recientes intervenciones de los candidatos y candidatas presidenciales.