Aborda con precisión los principales tópicos relativos al diagnóstico de los derechos humanos, pero en esta oportunidad quiero destacar sólo dos puntos del extenso informe.

En primer lugar, el conflicto que en los últimos meses ha suscitado la discusión de proyectos de Ley y su repercusión en los derechos de los pueblos indígenas, tales como las concesiones de parques naturales, zonas turísticas, concesión del litio, y los proyectos de ley de pesca, carretera eléctrica y el decreto 701 que pretende duplicar los monocultivos de plantaciones de pino y eucaliptus, lo que intensificaría los graves impactos que viene causando la industria forestal y que pretenden expandirlo en terrenos de comunidades indígenas y sectores campesinos, entre otros.

Al respecto, el Instituto en sus recomendaciones reitera la obligación de todos los poderes del Estado a garantizar la efectiva implementación del Convenio 169 de la OIT vigente desde 2009, en lo referido al derecho a la consulta y el derecho a participación de los pueblos indígenas, respecto a legislaciones que los afecten directamente.

En este marco, se recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo avanzar en la regulación que garantice el ejercicio de estos derechos.Asimismo, deberá asegurar que, en tanto la normativa sobre consulta no se apruebe, todas las medidas legislativas y administrativas sean debidamente consultadas de acuerdo a dicho convenio.

Los poderes del Estado – dice el Informe – deben garantizar el derecho a la propiedad y posesión a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han ocupado. El INDH reitera la recomendación en orden a que el Poder Ejecutivo y el Congreso establezcan mecanismos adecuados para su determinación, protección y restitución, incluyendo el mecanismo de expropiación y sus correspondientes indemnizaciones en los casos que corresponda.

Al respecto me parece fundamental que tomado en cuenta las principales demandas de los pueblos indígenas, en nuestro caso, el Parlamento debe hacer efectiva esa recomendación de aplicación de la Consulta, para la formulación de todo el proceso de discusión y aprobación leyes que los involucra.

El otro de los temas que quiero relevar de esta versión del Informe 2012, es la valoración que hace el INDH respecto a la discusión sobre el proyecto de Ley de subsecretaría de Derechos Humanos, el cual recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo agilizar la discusión en orden a constituir una instancia gubernamental con capacidad y facultades suficientes con el fin de diseñar, coordinar e implementar políticas públicas de derechos humanos y que guíe el contenido y organicidad de la acción del gobierno en estas materias.

En este tema quiero expresar que la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha realizado un esfuerzo para garantizar la participación de un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos, que han sido invitadas a expresar sus opiniones y sugerencias en relación a dicho proyecto.

Por último, me hago parte del legítimo orgullo de la Directora del INDH, en cuanto al reconocimiento de Naciones Unidas, sobre el carácter plural, autónomo e independiente de dicho organismo, en relación al rol que ha jugado en estos años en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile.

Es una falacia pretender que Israel quiere lograr la Paz, ya que lo que está en juego es – en último término – la destrucción final de Gaza, la ocupación total de los territorios palestinos, y la culminación de una campaña de décadas de limpieza étnica de palestinos.

Es una falsedad absoluta presentar este conflicto como una guerra convencional, en la cual se enfrentan dos ejércitos beligerantes en igualdad de condiciones y en proporcionalidad de medios.

Lo que sucede en Gaza es un Genocidio. Israel utiliza sofisticados aviones bombarderos y buques de guerra para aniquilar a campamentos abarrotados de refugiados, escuelas, edificios, mezquitas y barrios pobres, para atacar a una población que no tiene fuerza aérea, ni defensa antiaérea, ni bunkers de defensa, no tiene barcos artillados, ni helicópteros, ni armas, ni artillería pesada, ni posee un ejército regular. En esta situación lo que allí acontece no puede ser catalogado como una Guerra.

El Estado de Israel alega a su favor, que se está defendiendo de ataques de Hamas – un grupo político guerrillero–que nunca alcanzará el poder de fuego del Ejercito Israelí, pero además el Gobierno de Netanyahu, olvida que son ellos los agresores, los usurpadores de territorios que no les pertenecen. Palestina es hoy un territorio ocupado por el Ejército de Israel. Son ellos los que han cercado a Gaza dejándolo en una situación de absoluta indefensión y aislamiento.

Lo que está ocurriendo viola la Convención de Ginebra, principalmente en lo relativo a la protección de la población civil y los menores de edad y viola la prohibición de uso de armas no permitidas como las llamadas “fósforo blanco” que Israel ha usado en esta operación demoledora y sangrienta que ha costado la vida tanto a mujeres, niños, como a población civil inocente.

Llama profundamente la atención la inexcusable la pasividad y lentitud de reacción de la ONU y la recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Unión Europea, frente a estos cruentos hechos y son inaceptables las declaraciones del Presidente Obama, que dice que “cualquier intento de búsqueda de la paz en la zona debe comenzar con un cese de lanzamiento de cohetes contra Israel”.

Los esfuerzos por lograr la paz son urgentes y fundamentales. La Paz se puede restituir en la medida que Israel esté dispuesta a negociar en serio y a cumplir con los compromisos internacionales, los palestinos exigen no solo poner fin a la operación israelí y los ataques contra líderes milicianos, sino levantar definitivamente el bloqueo contra Gaza.

Sin embargo, Israel prevé que de no llegar a un acuerdo de alto al fuego, prepara una ofensiva a gran escala por tierra, mar y aire, cuyo objetivo inmediato es derrocar al régimen de Hamas en Gaza, para lo cual tiene movilizados a 16.000 reservistas.

La pregunta que nos hacemos en este escenario, ¿es posible lograr la Paz justa y duradera en Palestina?

Al expresar mi solidaridad con el pueblo palestino víctima de esta agresión, también condeno las violaciones a los DD.HH y al derecho internacional humanitario perpetrados por Israel en la Franja de Gaza.

También insto al Gobierno chileno a reclamar del Consejo de Seguridad de la ONU una inmediata intervención a favor del cese del fuego y el envío de una fuerza multinacional de paz que garantice la seguridad y la vida de los civiles víctimas de esta agresión.

Hasta ahí todo normal, dentro de lo previsible de una visita de Estado. Lo insólito es que el Gobierno de Chile, en una actitud incomprensible e inédita, haya vetado la visita del Presidente Rafael Correa a la Universidad de Santiago, aduciendo que no puede garantizar la seguridad del mandatario extranjero, quien preveía tener un encuentro con los estudiantes y la comunidad universitaria.

Las visitas de mandatarios extranjeros son responsabilidad de la Cancillería, quien tiene la obligación de organizar las diversas actividades previstas de antemano, y garantizar que éstas se lleven a efecto según lo programado. Ninguna visita de un mandatario extranjero se improvisa, son meses de preparación entre ambas cancillerías y las direcciones de protocolo y de seguridad.

Por lo mismo resulta insólito que la Cancillería chilena, vete una actividad ya proyectada de un Presidente amigo y aliado de Chile, a una actividad tan relevante como visitar una Universidad de tanto prestigio académico, como es la Universidad de Santiago, argumentando un tema de seguridad.

Si el Estado chileno, no puede garantizar la seguridad de un mandatario extranjero en su territorio, habla muy mal del manejo de la seguridad pública de ese gobierno y en este caso específico del ministerio del Interior.

Además, cabe preguntarse, cuál es la argumentación de la Cancillería, es que acaso ¿temen manifestaciones de los estudiantes contra el Presidente Correa? Ese argumento es absurdo, por el contrario, se supone que un Presidente con el perfil progresista de Correa, sería muy bien recibido por estudiantes y académicos de dicha casa de estudios.

Tal como dice la declaración de la Federación de Estudiantes de la USACH la autoridad “da entender que somos peligrosos, criminales o terroristas, lo cual es un prejuicio que quiere instalar el Gobierno, frente a nuestra fuerte posición como detractores a las políticas privatizadoras, especialmente, en el ámbito educacional.Sentimos una vez más, que el Gobierno de nuestro país está empecinado con amedrentar y deslegitimar la educación pública chilena”.

Al parecer esta es exactamente la razón política de fondo que tuvo el Gobierno, para eliminar esta visita a la Universidad. Evitar que se produjera un diálogo, entre el Presidente Correa y la comunidad universitaria, en torno a lo que han sido las demandas estudiantiles de los últimos meses y la exigencia por calidad, gratuidad, excelencia, en la educación pública en Chile.

Sin temor a equivocarme, creo que el Gobierno simplemente trató de soslayar ese encuentro donde se iba a enjuiciar su política en torno a la educación en presencia de un mandatario extranjero que claramente tendría simpatía por las posiciones de los estudiantes, situación que tendría repercusión inmediata en los medios de comunicación internacionales, a dos días de la elecciones municipales.

Todo lo anterior demuestra la falta de criterio y desprolijidad con que este Gobierno maneja las relaciones internacionales. El evitar que el Presidente Correa visite una Universidad Pública, es una afrenta a un Gobierno amigo de Chile, que entre otras cosas le ha dado todo su apoyo en torno al diferendo que Chile mantiene en la Haya.

Además la reacción del Gobierno, esta decisión implica un agravio a la Universidad de Santiago, a sus autoridades, docentes y alumnos, impidiendo con una premisa de carácter político, un encuentro académico entre un Presidente de la República y la comunidad universitaria.

No existe tal problema de seguridad, lo que hay es un terror a que la agenda educacional fuera tratada en un foro con ribetes internacionales y con una figura relevante como el Presidente Correa.

El Gobierno le debe una contundente explicación al país, a la Universidad, a los estudiantes, y al Gobierno del Ecuador, por un hecho sin precedentes, que implica censurar la actividad de un visitante ilustre como es el Presidente Rafael Correa.

Durante las masivas protestas anti dictatoriales del 4 y 5 de septiembre de 1984, un contingente de Carabineros fuertemente armado ingresó a la población La Victoria, como solían hacerlo, para realizar masivos allanamientos y sofocar la creciente protesta popular.

Los pobladores defendieron su población y la policía respondió con balazos.Uno de los proyectiles atravesó la pared de la casa parroquial donde se encontraba el Padre André Jarlan, quien fue impactado en la cabeza, muriendo instantáneamente. PierreDubois era su compañero y amigo, juntos enfrentaban día a día la represión policial, la persecución despiadada, el hambre, y las luchas del pueblo organizado de La Victoria por alcanzar la libertad y la democracia.

Como parte de la venganza de la dictadura por el atentado a Pinochet, el 8 de Septiembre de 1986, después de allanar la Población, la parroquia y varias capillas, Pierre Dubois fue detenido. Más tarde, el día 11 de Septiembre fue expulsado del país, junto con otros curas franceses, Daniel Carouette y Jaime Lancelot, condenados a un doloroso exilio.

A la sazón era subsecretario del Interior, Alberto Cardemil y ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, quien en la oportunidad declaró que “los sacerdotes participaban en una manifestación en la Población La Victoria, al momento de ser detenidos resistieron la acción de las fuerzas, e incluso, en uno de estos caos, trataron de agredir a las personas que participaban en la detención…” (www.archivovicaria.cl)

Dubois sólo volvió a Chile en 1990, cuando se recupera la democracia. Sin embargo, en toda su permanencia en el extranjero no dejó de pensar en Chile y organizó a los exiliados en Europa, dio testimonio en diversos países y organismos internacionales, sobre la lucha del pueblo chileno, por recuperar el derecho a vivir en libertad.

Dubois fue símbolo de la resistencia pacífica a la dictadura. Frente a la brutalidad policial, a los argumentos criminales de los servicios represivos del régimen, él siempre respondió con el argumento de la unidad y la organización de los pobladores, siempre con las armas de la paz y la no violencia, invariablemente de lado de los más débiles.

A pesar de la entrega solidaria a su pueblo, este país no siempre le respondió con el cariño que él entregó.

Aún me avergüenza recordar el triste episodio vivido en el Senado de la República en el año 2000, cuando una mayoría espuria de la derecha, votó en contra del proyecto que le otorgaba la Nacionalidad por gracia. Esa fue una afrenta que sin embargo él recibió con humildad.Felizmente al año siguiente se pudo remediar tan ignominioso agravio.

Pierre Dubios nos deja una gran lección de valentía, consecuencia, lealtad, gratuidad en la entrega a sus hermanos y de respeto irrestricto por los Derechos Humanos.

Como chilenos, debemos sentirnos orgullosos de hombres como Pierre Dubois, que dejaron su terruño, su familia, su cultura, por venir a nuestro país, simplemente a servir al prójimo.

Francés de nacimiento, chileno no por adopción ni por regalo, sino por el profundo amor a esta tierra y a su gente. Nuestro homenaje, recuerdo y cariño, y un saludo fraterno a su Iglesia popular, a sus amigos y familiares y a los pobladores de La Victoria, quienes fueron su razón de vivir y luchar.

El actual gobierno en forma equivocada, con una mirada ideológica, ha avanzando en el tema de la licitación de litio, haciendo caso omiso de la responsabilidad que como Estado le cabe en generar los mecanismos para explotar y comercializar una riqueza que será fundamental para muchas tecnologías, la cual está siendo cedida de una manera irregular a SQM.

Desde el principio de esta operación hemos cuestionado la transparencia de este proceso, el cual esperamos sea anulado por la Contraloría debido a que no respeta la institucionalidad ambiental, dado que ha ignorado la normativa medioambiental establecida en la ley N° 19.300 sobre bases generales de medio ambiente.

Oportunamente advertimos al Gobierno, que vamos a resistir esta concesión disfrazada, de una riqueza estratégica de Chile, en abierta transgresión de la Constitución y la Ley, ya que el Litio es un mineral no concesionable, sin una Ley especial que así lo permita.

Estos contratos especiales otorgan a las empresas adjudicatarias privilegios inauditos, dejando al país solo un ínfimo porcentaje de lo que produzcan con la explotación del mineral, no más del 7%.

Además, los yacimientos de litio que han sido licitados, afectan a comunidades de pueblos originarios, lo que obliga al Estado a la aplicación del Convenio 169 de la OIT, a través del proceso de Consulta Previa, situación que ha sido omitida por el Gobierno, agregando una nueva causal de nulidad de los contratos especiales.

Considero que la licitación adjudicada a SQM mediante el expediente de los contratos especiales, es ilegítimo en su origen, y que junto al recurso de nulidad presentado ante tribunales por los senadores Isabel Allende, Ximena Rincón y José Antonio Gómez, y los reclamos pendientes de pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República, es necesario y urgente promover desde todas las instancias que estén a nuestro alcance, la nulidad y reversión de estos contratos, para garantizar que efectivamente que el litio siga siendo una riqueza estratégica de todos los chilenos.

Frente a esa situación de inusitada violencia, es que he manifestado mi preocupación ante el señor Director General de Carabineros, porque creo que es inaceptable, que los jóvenes que están en movilizaciones, que están luchando por la educación, se los esté tratando a palos, esposándolos y menos desnudándolos en las comisarías.

Desgraciadamente esta actitud de Carabineros no ha sido una acción aislada, sino que se ha repetido a lo menos en tres oportunidades, lo cual demuestra que hay una conducta concertada frente al tratamiento de los estudiantes.

Como es de conocimiento público, alumnas del Liceo Javiera Carrera, de Santiago, formularon una denuncia que fue refrendada por una apoderada que también cayó detenida, respecto a que habían sido obligadas a desnudarse en el recinto policial, de igual modo, alumnos del Liceo María Luisa Bombal, de Rancagua, que fueron desalojados por la policía, llevados a una comisaría y según declararon les obligaron a sacarse la ropa.

Junto con lo anterior se conoce la denuncia realizada por alumnos de la Universidad Alberto Hurtado, respecto al violento proceder de Carabineros, que ingresaron al recinto universitario para detener a estudiantes atacando a jóvenes sin provocación alguna y mofándose frente a algunos de ellos diciendo que en el bus tenían desnuda a su hermana.

Como era de esperar, finalmente el General Director de Carabineros, frente a estas situaciones tan inconcebibles en el actuar de la fuerza policial, resolvió sancionar a cuatro funcionarios ligados a la represión en el Liceo de Rancagua.

Pero a nuestro entender no se trata solo de aceptar medidas administrativas. En el actuar de Carabineros ha habido la presunción de la comisión de delitos graves, que deben ser investigados, los cuales podrían ser calificados de tortura, de lesiones, y de menoscabo de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, circunstancia que implica una flagrante violación a normas consagradas en instrumentos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de la Mujer y la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Carabineros de Chile, es una fuerza instituida por la Constitución de la República, para el resguardo del orden y la seguridad pública, por lo tanto está obligada a cumplir perentoriamente con la Ley y las normas del estado de derecho.

La forma, los procedimientos con los cuales esta entidad policial cumple su rol, no puede estar reñida ni con la legislación vigente, ni con los estándares internacionales de derechos humanos.

Más allá de las culpas y las sanciones que deben ser ejemplares por la gravedad de los hechos, lo que está en juego, es una visión de cómo en Chile, estamos valorando la vida humana, el respeto a la dignidad de las personas, especialmente de nuestros niños, niñas y jóvenes, de parte de quienes el Estado le ha encargado el uso de las armas y elementos de disuasión del delito y el orden.

En este ámbito hay un claro déficit, una práctica que está completamente errada, porque hoy fueron los estudiantes que protestan, pero ayer fueron los niños mapuches baleados mansalva.

Esas situaciones son las que un Estado Democrático no puede tolerar y es necesario, que se asuman responsabilidades en el más alto nivel, para no seguir lamentando hechos como los denunciados.

Al respecto, me parece importante precisar algunos temas fundamentales. En primer término, es necesario cambiar la mirada del proyecto, ya que no se trata de crear un “Sistema de Emergencias y Protección Civil”, sino poner el énfasis en que se debe implementar un sistema integral de prevención y atención de desastres y de recuperación de su impacto, con una visión de transformación y desarrollo.

El objetivo fundamental de una norma como ésta debe ser evitar las pérdidas de vida, bienes sociales, económicos y ambientales.

En segundo término, es altamente preocupante, que en el actual proyecto se haya dejado fuera a las instituciones de voluntariado que tienen una larga trayectoria de trabajo y una formación altamente valorada y rigurosa en la materia, invirtiendo de sus propios recursos para su capacitación, perfeccionamiento y profesionalización y ahora, frente a la coyuntura de crear una nueva institucionalidad en el tema de desastres, no se considera su opinión en este proyecto.

Y en tercer término y como contrapartida a lo anterior, surge la duda sobre el rol que se le asigna en el proyecto a las Fuerzas Armadas. No se sabe cómo se definió la competencia de éstas en las tareas humanitarias.

Aunque es elemental considerar que éstas tienen las capacidades logísticas de gestión militar para coordinar una respuesta nacional ante un conflicto, ello no necesariamente les otorga la experiencia para coordinar las respuestas más eficientes ante un gran desastre.

Esta actividad requiere de experiencia en el área específica de gestión del riesgo y reducción del riesgo de desastres, por lo cual, surgen las dudas sobre cómo se evaluaron estas competencias para las FFAA.

El delegar con carácter fundamental el rol de las FFAA, “en las tareas vinculadas a la prevención y preparación ante emergencias, así como las labores de respuesta y en la entrega de ayuda humanitaria a la población” , nos lleva a preguntarnos, qué concepto humanitario se está considerando y cómo se garantiza, a través de las Fuerzas Armadas, los estándares humanitarios internacionales, si éstas son garantes, por sobre todo, de la seguridad nacional, y no de la mirada preventiva y en caso necesario de una respuesta humanitaria que requiere la gestión del riesgo y la reducción del mismo ante un desastre.

En este sentido es necesario poner en evidencia que muchas funciones que se otorgan a las FFAA, deberían ser responsabilidad de otros ministerios o agencias, tanto públicas como privadas: Obras Públicas, organismos de socorro, entidades humanitarias y de primera respuesta, como Bomberos, Cruz Roja, Scouts, etc.

En el Decreto N° 737 de 1971 del ministerio de Interior se menciona que las entidades que se deben consultar en el caso de diseño de proyectos de esta envergadura, son las entidades del Estado y los organismos de voluntariado reconocidos. Entonces surge la duda del por qué no se consideró la opinión de éstos en la redacción del actual proyecto, y sin embargo, se le asignan esas responsabilidades a las FFAA.

Chile necesita con urgencia generar una “cultura de prevención”, para lo cual es fundamental trabajar en la implementación de una estrategia que incorpore el concepto de “gestión de riesgo y reducción del riesgo de desastres”, para que estos sean parte de un plan país de desarrollo sostenible.

Sin duda, son estos y otros temas los que estarán presentes en la discusión del mencionado proyecto, cuando éste ingrese a la consideración del Senado.

Usando justificaciones burdas que ya se están haciendo reiterativas, el gobierno nos quiere despojar de lo que nos pertenece. Esta vez avalan su decisión bajo el pretexto que se trata de un “emprendimiento para avanzar” haciendo oídos sordos a  la voz de la mayoría.

Me parece una vergüenza que el gobierno se esconda tras una justificación tan burda como decir que el llamado a licitación obedece a una necesidad de “emprender para avanzar”.

También es una vergüenza  que debamos volver a escuchar que “no tenemos que perder nuestro liderazgo internacional”, la misma razón que años atrás tuvieron para entregar a privados la extracción de nuestra principal riqueza minera, el cobre.

Vergüenza me parece que el gobierno del presidente Sebastián Piñera tome estas decisiones a espalda de los 18 millones de chilenos sin mediar una discusión abierta y transparente en el parlamento.

Si bien es cierto el litio es un recurso natural que también existe en diversas latitudes del mundo, no hay voces divergentes en considerarlo la energía del futuro. Allí radica la importancia de tenerlo en nuestras tierras, ya que es un recurso estratégico para el crecimiento y desarrollo del país. Esa es  la principal razón para considerarlo una riqueza no concesionable.

Ni siquiera eso pareciera perturbar las ansias privatizadoras de las actuales autoridades.

Es por ello que hoy una vez más manifiesto mi categórico rechazo a la forma en que el gobierno ha estado llevando adelante este proceso y demando que se abra una discusión en nuestro Congreso Nacional para que la explotación del litio- el mineral del siglo XXI-  sea hecha por el Estado chileno, mediante una ley emanada desde el Parlamento.

En los 20 años de gobierno de la Concertación Democrática se logró una transición exitosa, se realizaron avances fundamentales en lo político, económico y social. Sin embargo, quedaron déficits importantes en materias relevantes como la participación ciudadana y las reformas políticas, especialmente del sistema binominal.

Así mismo no fuimos capaces de exterminar la concentración de la riqueza, que ha gatillado que Chile sea uno de los países con mayor desigualdad en la Región.

Desde la última elección, el gobierno de la derecha ha profundizado esas insuficiencias, es así como tenemos mayor concentración de la riqueza, un estancamiento de las reformas democráticas, una significativa  insensibilidad frente a las demandas sociales,  y una tendencia privatizadora y a mercantilizar todos los temas.

Pero los tiempos políticos corren rápido y  en 19 meses más volveremos a elegir a un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento. Esta puede ser una elección más, o puede ser un momento de desafíos que gatille cambios profundos, donde los ciudadanos decidan si efectivamente quieren transformaciones de verdad.

Por todo esto, es necesario romper las amarras que nos impiden avanzar y ese perfeccionamiento se debe plasmar entre otras reformas urgentes, en una Nueva Constitución.

Nueva Constitución que consagre los derechos del pueblo a una vida segura, con educación gratuita y de calidad, con salud pública eficiente, oportuna y suficiente, con trabajo y salarios decentes, con viviendas dignas y accesibles para todos, con una seguridad social adecuada, con alimentación sana y garantizada soberanamente, libre de transgénicos y venenos agroindustriales, con oportunidades de perfeccionamiento técnico, científico, artístico, cultural y deportivo accesible a todos.

Una Constitución que consagre los derechos de la naturaleza a ser protegida, cuidada y conservada porque esta es nuestra casa común y la única que tenemos y debemos preservarla sana y limpia para las generaciones que vendrán.

Una Constitución que consagre los derechos a la diversidad, a la libertad de expresión más amplia, que promueva la cimentación de una sociedad incluyente, en que no quepa la discriminación ni las manifestaciones de odio ni intolerancia.

Una Constitución que otorgue a cada ciudadano la certeza de su representación, donde todos podamos impulsar leyes a través de la iniciativa popular, que sea el plebiscito la forma de resolver las demandas que afectan los derechos de la gente cuando las instituciones se inmovilizan, que las personas puedan fiscalizar a sus representantes y también les puedan revocar sus mandatos cuando éstos les defrauden.

Que las promesas de las campañas electorales sean exigibles y demandables, que todas las funciones del Estado a todos los niveles sean de elección popular, incluyendo los jueces, los magistrados, los gobiernos provinciales e  intendentes.

Que cualquier ciudadano pueda ser candidato, que las campañas electorales sean igualitarias para todos, que las regiones,  provincias y comunas tengan acceso proporcional a los recursos del Estado, en forma descentralizada y con autonomía del poder central.

Una Constitución que restablezca el domino soberano sobre nuestras riquezas, el cobre, el litio, el mar y las aguas, que deben ser propiedad de todos los chilenos, que se asegure que esas riquezas se destinen a garantizar el desarrollo y el bienestar de todos y no a convertirse en acumulación de mayores fortunas de unos pocos.

Una Constitución que reparta la carga tributaria con justicia y equidad, forzando a pagar más a los que tienen más y liberando de la carga a los que tienen menos.

En síntesis, es la hora de traspasar el poder a los ciudadanos para empujar las grandes transformaciones, terminando de una vez por todas con los resabios de la dictadura que nos obligó a regirnos por las actuales reglas políticas, hechas a la medida de la Derecha para que nada cambie en este país.

Por eso, uno de los grandes desafíos es justamente promover una Nueva Constitución Política, que sea capaz de plasmar en un texto fundamental  los valores y principios que nos entreguen más democracia, más libertad, más justicia y sobre todo más igualdad.

Es el caso del ex Embajador de Chile en Estados Unidos, Arturo Fernandois, quien cumplió impecablemente el desempeño en sus funciones como representante diplomático, manteniendo siempre un comportamiento de abierta colaboración con todos los estamentos nacionales que debieron realizar actividades oficiales en el país del norte, principalmente, en lo que concierne a nuestro Congreso Nacional.

Cuando él aceptó ser embajador lo hizo por un tiempo limitado atendiendo sus múltiples compromisos académicos que es su vocación principal; por lo mismo, al cumplir su misión con el profesionalismo que lo hizo, se valora y reconocen sus gestos republicanos.

El rol de un Embajador es más que ser el agente de un Gobierno, es una función de Estado, y su representación se amplía a encarnar a la nación, al país en su conjunto. De allí lo considerado y intuitivo, que debe ser la figura de un Embajador.

En efecto, en el ejercicio de su cargo el Embajador Fernandois, siempre veló, con máxima preocupación, por cumplir con la misión de acompañar protocolarmente a quienes por diversos motivos debían cumplir compromisos en ese país, junto con las complejas responsabilidades que implica la Embajada en Estados Unidos.

En el plano personal, puedo expresar mi reconocimiento al señor Fernandois, por el gesto humano que lo honra, como es el hecho de haber participado activamente durante su gestión, en la Ceremonia Anual que se realiza en Washington, para conmemorar el atentado que terminó con la vida de mi padre, el ex Canciller Orlando Letelier.

Ese hecho, es muy significativo y demuestra, que más allá de sus convicciones políticas y de sus estrictas responsabilidades diplomáticas, Fernandois se jugó por encarnar valores solidarios y democráticos que lo enaltecen.

Cabe destacar, que el Embajador Arturo Fermandois cuenta con una sobresaliente trayectoria académica y profesional, como profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios que le otorgó el Premio a la Excelencia Docente, y ha sido profesor visitante en la Escuela de Derecho de Harvard.

Ha escrito varios libros, entre ellos: Derecho Constitucional Económico y Derecho Constitucional Aplicado y es coautor de Reforma Constitucional 2005, además editor de la selección anual de las decisiones jurídicas más relevantes en Chile de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

En las citadas declaraciones Morales expresa que “Bolivia es un país pacifista, y la solución a su justa demanda pasa por caminos concertados por las normas jurídicas internacionales y el principio de la buena fe”.

Valoramos esas expresiones del Presidente Morales, que nos parecen muy acertadas, por lo cual, lo exhorto a superar toda retórica hostil y a prescindir de los calificativos agraviantes como los de “mal vecino”, atribuidos a Chile, con el fin de que ambos países podamos adoptar como principio rector de nuestras relaciones mutuas, los “caminos concertados del Derecho Internacional y la buena fe”, para encausar las diferencias.

Ambas naciones hermanas tenemos mucho de que beneficiarnos mutuamente si nuestras relaciones fraternas transcurrieran por este principio de convivencia.

Además cabe recordar que Chile, ha estado permanentemente dispuesto a avanzar en el camino del diálogo bilateral, con una amplia agenda que nos permiten consolidar cada vez más relaciones de complementación y reciprocidad, que es el único ámbito en el que ambos países encontrarán las respuestas comunes a los desafíos de la integración, el desarrollo, la cooperación mutua y la paz.

Reducir todo el enorme potencial de cooperación para el desarrollo mutuo y las insospechadas dimensiones que puede alcanzar el emprendimiento conjunto en materias mineras, de conectividad vial, de energía y protección de los recursos naturales, sólo a la revisión del tratado de 1904, calificándolo de “injusto” e “incumplido”, limita y restringe un futuro común de cooperación, desperdiciando las enormes posibilidades de desarrollo mancomunado, abriendo – entre otras posibilidades – espacios de acceso libre y autónomo al Asia Pacífico a través de fórmulas modernas, creativas y mutuamente ventajosas.

Chile y Bolivia tienen una vocación de paz, de integración regional y de progreso que debemos fortalecer, mediante un diálogo fluido, construyendo cada vez más, espacios de colaboración, económica, política, científica y turística, en beneficio del bienestar común de nuestros pueblos, que comparten una cultura y una historia comunes.

El Gobierno y en particular el Ministro Hinzpeter no comprenden que el movimiento social y sus demandas son una oportunidad de diálogo, por el contrario, actúan con la lógica del enemigo interno al que hay que derrotar, al que se debe ganar.Esa es una forma muy equivocada de entender a los actores y a los movimientos sociales.

La relación establecida con los movimientos sociales, no puede estar mediada por la fuerza, ni tampoco fundada como si fuera una negociación, en la que una parte gana y la otra pierde.

Se trata de reclamaciones sociales justas e históricas de una región altamente aislada y abandonada, que lo único que pide es respeto, dignidad y tener mayor calidad de vida. La Constitución asegura a todos los habitantes el derecho de petición y de manifestarse libremente. Por tanto el deber de un Estado democrático es proteger a sus habitantes y otorgarles los medios necesarios para su desarrollo como ciudadanos.

En este contexto, rechazamos categóricamente el uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros en medio de las protestas fundamentalmente en Coyhaique y Puerto Aysén, no es posible que el Gobierno con el argumento de proteger el Estado de Derecho y el orden público desaten una inusitada violencia en forma indiscriminada, en contra de la población civil.

La actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros ha sido denunciada, por medios de prensa, por los dirigentes del movimiento social y por los observadores de derechos humanos que han estado presentes en la Región.

Según esas evidencias ha habido uso excesivo de la fuerza, con uso de balines metálicos, que han herido a manifestantes como sucedió con una persona que perdió un ojo, disparos hacia las viviendas de los pobladores, uso masivo de gases lacrimógenos, ingreso de carabineros a las casas de los pobladores, pateando y destruyendo cercos.

Asimismo, es inaceptable y a la vez inconducente que frente a las movilizaciones sociales, la única respuesta sea, el envío de un contingente inusitado de carabineros a la Región, y la presentación de querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado, en contra de pobladores, que no son violentistas, ni ponen en peligro la seguridad del país.

Lo que ha sucedido en Aysén, implica una clara violación a los Derechos Humanos, que amerita, una profunda investigación sobre el proceder de carabineros, que no se limite solo a reconocer excesos, sino que se adopten las medidas disciplinarias y penales que correspondan, que se tomen las resoluciones necesarias, que ayuden a descomprimir la situación, entre ellas, el retiro de las Fuerzas Especiales que han sido trasladadas exprofeso para labores represivas.

Esperamos que el Gobierno recapacite y se comprometa de inmediato a arbitrar las medidas conducentes para normalizar la situación en Aysén y  aceptar el diálogo, que es el único camino posible para avanzar en la solución de las reivindicaciones planteadas, por un movimiento social que tiene el apoyo mayoritario de la población del país.