La actual Constitución solo despierta un alto grado de desconfianza en el pueblo para decidir sobre su destino lo que se traduce en una institucionalidad política que no responde a la nueva época que estamos viviendo y principalmente a los intereses comunes de los y las chilenas.

El actual Congreso Nacional es débil. Los partidos políticos son sospechosos. La participación ciudadana directa inexistente.En esencia está comprometida ideológicamente con los sectores políticos de la dictadura y de la derecha, a pesar de algunos ajustes que se hicieron durante el gobierno del Presidente Lagos.

El reconocimiento timorato y a regañadientes de los derechos sociales genera un desequilibrio constitucional. La existencia de leyes supra mayoritarias que le conceden poder de veto a los perdedores solo confirma que no logra ser un techo que nos cobije por igual.

El orden constitucional vigente refleja un país muy distinto al Chile real. Para la Carta Fundamental no existen los Pueblos originarios. El texto concentra poder en una sola autoridad.Las Regiones siguen dependiendo de la capital. Las mujeres y los trabajadores no ven reconocidos debidamente sus derechos esenciales.

Pese a los cantos y alabanzas que frecuentemente se escuchan sobre las excelencias del nuevo orden basado en una seguridad que aliente la competencia y el éxito en base únicamente al esfuerzo personal, las encuestas de opinión muestran que el principal temor de los ciudadanos es a la inseguridad en la que viven; inseguridad frente a cómo enfrentar los riesgos de salud, la pérdida de empleo, de cómo financiar la educación de sus hijos, al temor de llegar a la vejez con una jubilación que los condena a la pobreza, de ser agredidos en la vía pública.

La Presidenta haciendo honor a su promesa anunció el inicio de la construcción de la nueva Constitución. Será la oportunidad para garantizara los ciudadanos seguridad y protecciones básicas, demandas que surgen de la sociedad a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros. Cada vez más personas se preguntan para qué les sirve el crecimiento económico y la modernidad institucional si no saben que será de sus vidas y  la de sus familiares en el futuro más próximo.

Esas personas, que constituyen una mayoría apreciable demandan no un regreso al pasado, pero sí una Constitución y en consecuencia un Estado que les otorgue esas seguridades mínimas. Ello supone, después de las impuestas y radicales políticas aplicadas durante la dictadura y mantenidas en su esencia en las últimas décadas, una reconstrucción del Estado y una resocialización de la vida nacional, de tal manera que se avance hacia la construcción de un Estado promotor, controlador, arbitro y generador de nuevos sistemas de solidaridad sistémica que garantice a los ciudadanos la vigencia de sus derechos individuales, la prevalencia del interés público y la seguridad frente a las diversas contingencias de la vida.

En consecuencia la nueva Constitución no puede ser construida sino a través del diálogo social.Es en este sentido que hoy día éste alcanza su verdadera dimensión como vía y como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales, muchos de ellos contrapuestos para alcanzar consensos básicos.

En este diálogo deben participar todas las organizaciones representativas de los diferentes sectores sociales que, precisamente por ello, constituyen la vía mediante la cual defienden sus intereses. Entre estos sectores y organizaciones adquieren una especial relevancia el de los trabajadores: los sindicatos.

Aun a riesgo de parecer extremos, no habrá una nueva Constitución, sino es a través del Diálogo Social. Diálogo que no será posible sin la activa participación ciudadana, de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones que otorgaría legitimidad social al sistema político chileno y devolvería la confianza a la ciudadanía.

El diálogo social surge así como un instrumento y a la vez como una base fundamental para el proceso de reforma constitucional, tanto por su papel catalizador de conflictos de diferente magnitud, como por ser un mecanismo esencial para desarrollar las libertades y derechos fundamentales que son base de la democracia. Se trata, en fin, de un elemento indispensable de progreso social sin el cual al Estado le resultaría más difícil cumplir sus fines a cabalidad.

Será indispensable articular mecanismos o espacios de diálogo que faciliten el encuentro de los intereses en conflicto, fortaleciendo los intercambios de opinión y propiciando las bases mínimas para el consenso. El Diálogo Social será un instrumento esencial para fortalecer los pilares que sustenten la nueva Constitución y, por ende, de la propia democracia.

La cúpula empresarial, la oposición e incluso, lo que es aún más preocupante, algunos senadores y ex ministros pertenecientes a los partidos integrantes de la Nueva Mayoría se han unido en sus esfuerzos para continuar restringiendo estos derechos.

Acaso no perciben que continuarán existiendo demasiadas personas, trabajadores y trabajadoras, para quienes esos derechos son inalcanzables o su consecución muy ardua o simplemente sus derechos conculcados.

No se dan cuenta que con su intolerancia al ejercicio de la libertad sindical están promoviendo una forma de violencia social.

Aún no se dan cuenta que la libertad sindical está en la base de toda la gama de derechos consagrados por las normas internacionales en favor de los trabajadores. Estas normas establecieron un conjunto de límites a las posibilidades de los empleadores de organizar el trabajo y la producción, y esos límites aseguraron la marcha óptima de los sistemas productivos.

No se dan cuenta que hoy, superadas largamente las teorías económicas clásicas que atribuían a la sindicación efectos nocivos para la sociedad, la libertad sindical aparece como un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos empresariales y como uno de los mecanismos más efectivos para incrementar la productividad y forjar el único modelo de competitividad admisible: aquel basado en el respeto de los derechos de los trabajadores. 

Como no se dan cuenta que el déficit de Trabajo Decente en nuestro país tiene entre sus principales causas la falta de libertad sindical y negociación colectiva que impacta negativamente en el empleo, protección social y diálogo social.

Aunque afirmar que la libertad sindical es un derecho humano debería ser suficiente para motivar su respeto irrestricto, hoy es posible afirmar también que la libertad sindical promueve la eficiencia de los sistemas productivos.

En el fondo, de lo que parece tratarse es de la pugna entre dos ideologías. Una, la democrática en su mejor acepción. Otra, profundamente antidemocrática, basada en la ley del más fuerte. Una que, aún con errores y vacilaciones, busca la justicia social. Otra, que parte de la base de que la desigualdad es un motor fundamental del progreso.

Como le resultará obvio al lector, apostamos por la primera de las opciones: la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga como condiciones, caminos y fines para la plena democracia con justicia social; apuesta por la que, sin duda, también han optado el gobierno y la inmensa mayoría de trabajadores, y la que, por tanto, será la ganadora si todos nos empeñamos en ello.

Los indicios son claros y permiten pensar en una política laboral pos neoliberal. Que si bien los cambios propuestos en el proyecto de reforma laboral, que hoy se discute en el Senado, son insuficientes, no han tenido toda la extensión e intensidad que se esperaba o que podrían haber alcanzado,también son necesarias para continuar avanzando en la construcciónde ese Nuevo Modelo de Relaciones Laborales. Un modelo que reconozca la divergencia de intereses y el conflicto inherente a la relación capital-trabajo.

Pero para que los trabajadores y sus organizaciones sindicales en general recuperen los derechos arrebatados por  el plan laboral impuesto por la dictadura, necesitan de su propia fuerza orgánica, que hoy se visualiza como una tarea compleja, que afecta principalmente a la capacidad de conducción de sus dirigentes.

La reestructuración y el fortalecimiento sindical no pueden apoyarse exclusivamente en lo que un gobierno democrático haga en materia legal.

Dice el artículo 347 del actual Código del Trabajo sobre Derecho a huelga que la huelga es un derecho que debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. Se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga.

Esta norma coincide con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, que señala: “…esta Corte  sostuvo  que  la prohibición de reemplazar trabajadores en huelga del artículo 381  del  Código  del  Trabajo  impide  no  solo  contratar  nuevos trabajadores,  sino  también  su  reemplazo  con  personal  que  ya pertenecía a la empresa antes del inicio de la huelga”.

Es muy lamentable que en el Senado los trabajadores y trabajadoras estén sufriendo para mantener las magras modificaciones logradas al Plan Laboral de la Dictadura. Las perspectivas que se tenían eran contrarias.

Esos mismos medios de comunicación informaban que “no hay dos opiniones” en el sentido de permitir el reemplazo con trabajadores de la misma empresa.También publicaban la que sería la “doctrina Cortázar”, en ese mismo sentido, que tendría divididos a los senadores DC.

Cuanta desconfianza produce la denominada “doctrina Cortázar”cuyos  promotores han estado vinculados a empresas que han sido fervorosos defensores del sistema de relaciones laborales impuesto por la dictadura.

El PDC nominó a una comisión que trabajó por meses y que entregó un documento final de consenso que fue adoptado oficialmente por su Consejo Nacional, en el cual, entre otros, reconocía “…el interés real de parte del gobierno en mejorar la situación en Chile de los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Sin embargo, se recordó que los principios y la estructura normativa de estas materias fueron definidas por el Plan Laboral de la Dictadura, y, consecuentemente, todas las modificaciones son rectificaciones o mejoras a una regulación que fue rechazada por la Comisión Política Técnica de la DC, tanto por su origen como por su contenido. Razón por la cual propuso que en un futuro se pueda abordar una reforma integral al derecho laboral, nueva y distinta que elimine todos los vestigios del plan laboral y se elabore un nuevo Código del Trabajo que recoja las inquietudes de todos los actores, pero que principalmente proteja adecuadamente los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadoras.”

En cuanto al fortalecimiento del derecho a huelga concluía que “…la única medida de presión que tienen los trabajadores es el derecho a huelga, que a su vez tiene un costo para ellos al no percibir remuneración, por lo que es indispensable eliminar efectivamente el reemplazo de trabajadores en huelga y el reintegro individual, ya que si la decisión de irse a huelga es de carácter colectivo, la decisión de reintegrarse debe adoptarse de la misma manera.”

Si el PDC permite estos actos personales de algunos de sus senadores estaría desechando todo el trabajo realizado por su Comisión Político-Técnica Laboral, constituida para trabajar por el mejoramiento real de los derechos colectivos. Y lo que es peor estaría demostrando el poco respeto que tiene por sus dirigentes  sindicales y profesionales que trabajaron en dicha comisión.

Debe hacerlo sin soberbia, aceptando sus propios errores, pero como una propuesta originada en una comunidad de militantes ante los hechos que conmueven al país, a la familia demócrata cristiana y que pone en riesgo nuestro sistema democrático de convivencia.

La democracia busca garantizar el ejercicio de los derechos humanos para las personas, en especial la libertad, la justicia, el entendimiento, el desarrollo y la paz social. Ella requiere del compromiso constante y militante para asegurar su más pleno y permanente desarrollo.

En ese sentido, debe pedir perdón al país por la responsabilidad que le cabe al no haber atajado a tiempo las fuentes de corrupción que hoy se hacen visibles. Se dejaron pasar por muchos años, la “mercantilización de la política” y su sometimiento al “tañido del becerro de oro”.

Se aprobó hace ocho años en el V Congreso de la Democracia Cristiana la modificación sustantiva del régimen político, la estructura, forma de relación y financiamiento de los partidos para lo cual se planteó la elaboración y aprobación de una Nueva Constitución para Chile, con plena legitimidad de origen, ejercicio y finalidades.

Así se hizo, hace 50 años en la Revolución en Libertad, como se hizo antes del colapso de nuestra democracia y desde los primeros días de la dictadura militar luchando para la recuperación de los derechos y libertades de todos los chilenos y chilenas, la democracia cristiana debe reafirmar su vocación de cambio político, social, económico y cultural para posibilitar las transformaciones que el país mayoritariamente resolvió en las elecciones presidenciales y parlamentarias, que se expresan en el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.

Claramente se debe decir No a la oculta intención de parar los cambios estructurales indispensables so pretexto de una “imagen de caos”. En política los errores hay que corregirlos y no paralizarse ante ellos.

La actividad política debe ponerse al servicio del bien común, la libertad, la justicia, el sentir colectivo, el desarrollo humano integral y el desarrollo de todas las personas de nuestro país.Debe ser el ápice de las labores del Estado, por eso el financiamiento de la actividad política debe provenir en forma transparente del ámbito público.

La democracia debe ser desarrollada y fortalecida con mayor democracia ejercida por el pueblo soberano, a través de las instituciones legítimas que este genere. No corresponde mantener aún hoy, formas legales que adulteren la voluntad mayoritaria favoreciendo pequeñas minorías a través de decisiones en círculos cerrados autoproclamados “elites”.

En la hora presente, ante la crisis de la relación entre la política y el dinero, la democracia cristiana debe favorecer los cambios que permitan transparentar el financiamiento de la política, en diálogo y frente a las organizaciones de la comunidad nacional.

Promover un gran acuerdo, que potencie la participación de la ciudadanía en las decisiones del Estado y del gobierno, elaborando las normas que hagan efectivas las nuevas reglas políticas armonizadas con la regionalización en curso, la participación política de las personas y la organización de la comunidad en sus territorios locales.

Hay que reordenar el sentido de las cosas para terminar con el origen de la corruptela. La economía debe estar al servicio de las personas y no la política al servicio de intereses subalternos.

Respecto a la propiedad, uso y explotación de los recursos de todos los chilenos “expropiados privadamente” durante y especialmente al final de la dictadura militar por parte de personeros vinculados a ese régimen, denunciados públicamente, deben ser nuevamente puestos a disposición del país y su desarrollo sustentable, mediante mecanismos transparentes, en empresas públicas y con participación de la ciudadanía.

En relación a los hechos informados por los medios de prensa,  en uso del legítimo derecho a la libertad de información, que indican de la presumible participación de militantes democratacristianos en hechos que la justicia investiga,  se deben aplicar los Derechos Humanos, el principio del debido proceso, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Sin embargo, una vez que ellos hayan sido institucionalmente resueltos, el Consejo Nacional del PDC debe pronunciarse como cuerpo colegiado en torno a las responsabilidades institucionales y personales en los hechos que hayan dañado al bien común.

En el mismo sentido, las estructuras del PDC deben reactivar el Comité de Ética y los militantes del Partido a mantener la unidad y la necesaria serenidad evitando caer en “cacerías de brujas”.

Chile tiene 51 convenios internacionales del trabajo en vigencia. Recién en febrero de 1999, Chile adhirió a los convenios fundamentales sobre la libertad sindical y negociación colectiva que fueron adoptados internacionalmente en 1950 y 1951. Desde el año 2000 hasta el presente, Chile ratificó solamente cuatro convenios.

En el 2000, ratificó los Convenios 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública y el 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. En 2008, ratifica el Convenio169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En abril de 2011, luego del muy conocido accidente minero en el norte se registró la ratificación del Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo.

Probablemente en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrollará en Ginebra del 1 al 14 de junio, los delegados representantes del Gobierno, de los empresarios y de los trabajadores conozcan el resultado de esta misión de OIT.

Las recomendaciones que OIT emita tendrán que ser tomadas en cuenta en las propuestas del proyecto, tanto por el gobierno como del parlamento, sin olvidar que aquellos convenios ratificados por Chile son vinculantes y obligatorios de cumplimiento.

Independientemente de lo que pueda señalar el informe de la OIT, hay aspectos que el proyecto no recoge o trata de manera puramente formal, como la promoción de la participación social, el diálogo social y la autorregulación directa entre los involucrados, como base de la estabilidad económica y social. Que responda al mundo actual. Que abra espacios de libertad para lograr acuerdos que comprendan compromisos compartidos por las partes y una mejor distribución de los resultados.

Porque en nuestro país son muy pocos los trabajadores/as que efectivamente pueden ejercer sus derechos. Los niveles de cumplimiento de las normas laborales disminuyen, afectando severamente la dignidad de las personas que trabajan y la propia sostenibilidad de los sistemas productivos.

Los fenómenos que hoy vivimos han liberado al capital de muchas restricciones pero, a la vez, han impuesto nuevas cargas y presiones para los trabajadores/as y sus organizaciones.

Este panorama ha resultado especialmente adverso para el derecho de libertad sindical y para el sindicalismo en nuestro país. Ampliar las libertades para la circulación de los capitales ha demandado al Estado la reducción de sus niveles de protección laboral, lo que ha permitido a las empresas disponer más fácilmente de trabajadores/as con menos derechos.

La reducción de los niveles de protección laboral ha implicado el debilitamiento de los mecanismos de tutela de la libertad sindical, la inacción estatal en lo que se refiere al fomento de la negociación colectiva y la agudización de una visión patológica de la huelga y la protesta laboral y ciudadana. Junto con ello, la generación de diversas formas de empleo precario (informal, encubierto, temporal o en régimen de subcontratación) ha afectado la afiliación y la potencia de la acción sindical, sumándose el impulso y la difusión, por parte de algunos, de una visión interesada de la competitividad y el desarrollo, que considera a la organización sindical como un obstáculo al crecimiento económico.

Esta situación es aún más grave debido al predominio de una cultura democrática deficiente, que circunscribe la democracia y la participación a los procesos políticos pero que las limita severamente en los ámbitos social y económico. La libertad sindical y el sindicalismo, como expresiones del pluralismo y como vías hacia la democratización social y económica, no suelen contar con el reconocimiento y la aceptación estatal y empresarial necesarios. En la realidad están severamente restringidos en muchas empresas, y se niega a las organizaciones sindicales el desarrollo del rol institucional que están llamadas a desplegar en un sistema auténticamente democrático.

Como ningún otro derecho, la libertad sindical desmercantiliza el trabajo y devuelve centralidad a la persona en el proceso productivo, haciendo posible su participación en el escenario productivo y sociopolítico. En suma, la libertad sindical dignifica el trabajo cuando convierte a la persona en ciudadano, dotado de voz y de derechos, esto es, cuando se trata de un trabajo decente.

La libertad de los trabajadores/as para organizarse y actuar sindicalmente es, en sí misma, una expresión acabada del respeto al pluralismo social y del reconocimiento de posturas y criterios diversos. Pero, por otro lado, la negociación colectiva y el diálogo social, son los mecanismos más justos y eficientes para la mejora de las condiciones de empleo y la distribución de las oportunidades y la riqueza generada por las empresas y por el país.

Ambos mecanismos, basados en el consenso, son especialmente efectivos para distribuir los efectos de los períodos de bienestar y de crisis, promoviendo de esta forma un modelo de desarrollo social y económico participativo y no excluyente, propio de una auténtica democracia.

El enorme valor que la libertad sindical tiene para trabajadores/as, empleadores/as, gobiernos y sociedad en su conjunto nos indica que se trata de un derecho imprescindible para el sistema social y económico, y enormemente funcional para construir una sociedad moderna y un Estado auténticamente democrático.

La democracia política ha sido indispensable para garantizar los Derechos Fundamentales en el Trabajo, pero no ha sido suficiente por sí misma. Dicho de otro modo, su advenimiento no ha significado el respeto automático de los derechos fundamentales en el trabajo. Las violaciones de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva se cometen, de hecho, de manera más sutil y velada.

Persiste el déficit en el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales, los atentados a la libertad sindical y la insuficiencia de la negociación colectiva como instrumento para conquista de derechos y creación de entornos favorables al desarrollo productivo, continúan obstaculizando el crecimiento sindical y eso deriva en condiciones laborales de explotación, discriminación e intolerancia social; además de corroer y socavar la convivencia y los fundamentos de la democracia, constituyéndose en un obstáculo al trabajo decente y desarrollo con equidad social.

Pero también ha contribuido a dispersar al movimiento sindical. Nuestro país presenta un denominador común: el sindicalismo ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años. Este retroceso también se manifiesta en una disminución del número de convenios colectivos firmados y de trabajadores cubiertos, en un empobrecimiento de sus contenidos y en una pérdida de peso de la negociación de rama frente a la negociación de empresa o individual.

Cada vez menos son los trabajadores y trabajadoras que pueden ejercer sus Derechos Fundamentales.

Las pugnas ideológicas y los personalismos han afectado a la unidad del movimiento sindical, y fundamentalmente a las negociaciones que tienen lugar en el escalón más elevado, pues la pluralidad de interlocutores, que a menudo rivalizan entre sí y las presiones que a veces se libran, tornan sumamente difícil, cuando no imposible, la negociación.

El resultado es un entramado de organizaciones sindicales no solamente reducidas en su cobertura, sino políticamente débiles. Es ésta debilidad la que, en última instancia, ha limitado la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de negociar políticas redistributivas y por tanto, de impedir la progresiva concentración del ingreso.

Hoy día la unificación del movimiento sindical pareciera que no es concebible sino a largo plazo, pero nada se opondría a que las diferentes corrientes del movimiento sindical convengan en una política común para defender los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.

Si las organizaciones sindicales insisten en mantenerse divididas, por motivos que por otra parte, pueden ser totalmente legítimos, no deben olvidar sin embargo, que hoy son muchos los sectores sociales con derecho a exigirles que elaboren una posición común y que la pongan sobre la mesa de las negociaciones, donde quizá lleguen a discutirse cuestiones que interesarán a la sociedad en su conjunto.

Es precisamente en este espacio invalorable donde los sindicatos, si aprovechan su oportunidad, podrán incrementar su fuerza negociadora y su representatividad. La discusión de la agenda laboral y las medidas anunciadas por la Presidenta son la oportunidad que deben aprovechar.

Pero el movimiento sindical debería renovar algunas de sus tareas.

(1) Resolver un primer y urgente problema la democratización interna como condición para el reforzamiento de la organización sindical. De tal manera que sus dirigentes nacionales sean electos a través de elecciones universales, con padrones electorales transparentes.

(2) Voluntad y disposición amplia de sus líderes para iniciar un proceso de dialogo inter sindical y conducir a la redefinición del sindicalismo a fin de transformarlo en un actor de desarrollo y de profundización de la democracia. El objetivo es obvio, enfrentar un proceso conjunto de reposicionamiento del actor sindical en la sociedad civil, con fuerza de interlocución frente a los gobiernos y el empresariado, rescatando sus nuevas potencialidades para socializarlas y hacerlas parte integrante de una nueva conciencia de actor nacional. Promover la unidad de acción y programática con la mayor urgencia, reiterar el compromiso de trabajar unidos para la determinación de algunos objetivos comunes de acción y para la solución de problemas que se observan en el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores en sus distintos niveles.

(3) Fortalecer la organización sindical en su base y orientar la lucha social por la defensa de los derechos y principios fundamentales del trabajo y la necesidad de reformar la Constitución por una democrática que reconozca el valor del trabajo y los derechos económicos y sociales. El fortalecimiento de la organización sindical y la participación de los trabajadores contribuyen a empoderar al país para la defensa de sus derechos fundamentales. Los derechos económicos y sociales, la vivienda, la salud, la educación, el sistema de justicia, el régimen de seguridad social y la protección de los más desvalidos, son desafíos pendientes de urgente realización, junto con los derechos humanos de segunda y tercera generación.

(4) Cambiar la legislación laboral para generar un nuevo Código del Trabajo que promueva y garantice efectivamente, a todos los trabajadores, el ejercicio pleno de los derechos y principios fundamentales del trabajo, especialmente el de la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga, como asimismo de todos los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados por el estado de Chile. Como el resto de la legislación laboral, las normas sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga mantienen en buena parte, las restricciones que le impusiera el Plan Laboral de la dictadura.

(5) Promover el tripartismo entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y de empresarios, para impulsar un proceso de diálogo social que conduzca a un nuevo acuerdo social entendido como la articulación democrática de los diferentes intereses presentes en nuestra sociedad. Es en este sentido que el diálogo social alcanza su verdadera dimensión como vía y como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales (muchos de ellos contrapuestos) para alcanzar consensos básicos (el nuevo acuerdo social). En este diálogo deben participar todas las organizaciones representativas de los diferentes sectores sociales que, precisamente por ello, constituyen la vía mediante la que dichos sectores defienden sus intereses. Entre estos sectores y organizaciones adquiere una especial relevancia el de los trabajadores y el de sus organizaciones representativas: los sindicatos.

(6) Cambio del sistema económico imperante en Chile porque ha favorecido la concentración del poder económico, el monopolio y los acuerdos transversales de empresas, con lo que se ha afectado la transparencia del mercado y ha dejado entregado a esas voluntades la distribución de los beneficios del trabajo y del capital.

Una de las formas más duras del capitalismo ha tomado forma en Chile, tras una campaña sostenida por décadas en contra del papel del Estado en los procesos económicos. La distribución inequitativa del ingreso nacional, la tributación inadecuada, la falta de incentivos reales a la pequeña y mediana empresa, son algunos de los aspectos que han deteriorado el nivel de vida de la clase media y de los trabajadores. El valor del trabajo como generador de riqueza y conceptos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad, han pasado a segundos y terceros planos, sustituidos por la competitividad y la eficacia de los rendimientos macro económico y de las grandes empresas. El tipo de trabajo y la forma de llevarlo adelante resultan fundamentales a la hora de medir el grado de desarrollo de una sociedad.

(7) Comprometerse e involucrarse en la discusión de demandas que han emergido en la sociedad del siglo XXI y que están siendo expresadas como malestar social sin hallar solución.

La demanda de los pueblos originarios por el reconocimiento de su cultura y tradiciones, debe dejar de ser tratada como si fueran acciones terroristas, desplegadas en contra del Estado y de la sociedad chilena. La demanda de protección del medio ambiente entraña un compromiso con la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la economía del cambio climático debe ser abordada desde la solidaridad entre las generaciones actuales y las futuras.

Abogó no sólo por modificaciones sustantivas en la regulación de las relaciones laborales en el sector privado, sino que también en el ámbito público, promoviendo un nuevo régimen laboral en el sector público que dignifique a sus funcionarios de la administración central, regional y municipal.

Se encomendó a la Comisión Político Técnica Laboral analizar y formular propuestas en estas materias. Para ello la Comisión se basó en los acuerdos del V Congreso Ideológico y Programático, que entre otros, proponen construir un país para todos, impulsando una estrategia de desarrollo integral y sustentable que logre la equidad social y el crecimiento de cada uno de los chilenos y chilenas.

Uno de los ejes de ese desafío es el acceso al empleo, la promoción y garantía del trabajo decente.Una adecuada política laboral, que “subordine el modelo económico a la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías y colabore a la generación de los equilibrios entre capital y trabajo” y que “contemple dentro de ella, mecanismos de negociación colectiva expeditos y diálogo laboral abierto y colaborativo”.

Cuando la Comisión Política Técnica Laboral, entregó su informe y propuestas al Consejo Nacional del Partido, se desconocía el texto final del proyecto de reforma laboral que luego el gobierno presentó a la Cámara de Diputados.

La Comisión estuvo presidida por la senadora Carolina Goic e integrada por dirigentes sindicales, parlamentarios, juristas, profesionales y especialistas en relaciones laborales.

Lo primero fue reconocer el interés real de parte del gobierno en mejorar la situación en Chile de los sindicatos, la negociación colectiva y el derecho a huelga.Sin embargo, se recordó que los principios y la estructura normativa de estas materias fueron definidas por el Plan Laboral de la Dictadura, y, consecuentemente, todas las modificaciones son rectificaciones o mejoras a una regulación que fue rechazada por la Comisión Política Técnica de la DC, tanto por su origen como por su contenido. Razón por la cual propuso que en un futuro se pueda abordar una reforma integral al derecho laboral, nueva y distinta que elimine todos los vestigios del plan laboral y se elabore un nuevo Código del Trabajo que recoja las inquietudes de todos los actores, pero que principalmente proteja adecuadamente los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadoras.

Uno de los integrantes de la Comisión y vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, desde que se conoció el proyecto final de reforma ha manifestado públicamente su disconformidad, señalando, entre otros, que tal como está formulado hoy el proyecto, no refunda ni supera el Plan Laboral sino que lo mantiene y en otros casos profundiza su injusticia.No por casualidad el proyecto ha recibido mas de 800 indicaciones que deberá revisar la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Existe consenso en la DC en que dadas las bajas tasas de sindicalización en Chile, una de las más reducidas de los países que forman parte de la OECD, el complejo sistema de negociación colectiva, con una gran cantidad de plazos, el bajo poder de negociación de los sindicatos en una huelga por la posibilidad de reemplazo de trabajadores desde el primer día y el reintegro individual de los mismos contrariando la decisión de la mayoría, la necesidad de entregar mayor flexibilidad laboral para que sean las mismas partes negociadoras y no siempre el Código del Trabajo quien fije las condiciones de los contratos, se requiere una reforma en materia de Derecho colectivo del Trabajo que otorgue un contrapeso real a ambas partes, empleadores y trabajadores, que les permita negociar en igualdad de condiciones.

Al respecto, y remitiéndose a la propuesta original del gobierno, la Comisión Política Técnica Laboral de la DC propuso, entre otras, las siguientes medidas.

Titularidad en materia sindical. Sólo las organizaciones sindicales deberían negociar colectivamente, toda vez que su organización interna y prerrogativas permiten hacerlo en un plano de igualdad, manteniendo el trabajador la libertad de afiliarse o no a ellas.Existiendo sindicato en la empresa se propone eliminar los grupos negociadores, porque esta institución se ha prestado históricamente para abusos e injerencia empresarial.

Nivel de la negociación colectiva. Si bien la reforma no toca el nivel de la negociación colectiva, limitándose solo al nivel de la empresa, existen situaciones donde se puede avanzar respecto de algunas materias en negociaciones que pueden beneficiar tanto a trabajadores como empresas que se encuentran por ejemplo bajo la administración de un mismo local, como en el caso de los centros comerciales o malls o en caso de subcontratación. Por este motivo es importante que nuestra legislación, de más de 35 años en la materia, se haga cargo de estas nuevas realidades y permita en dichos casos una negociaciónpor lo menos en materias de condiciones de trabajo y beneficios sociales.

Materias objeto de la negociación. En caso de que la representatividad sindical, ya sea por uno o varios sindicatos, supere un porcentaje significativo de los trabajadores de la empresa, las partes puedan negociar materias que hoy están reguladas de manera exclusiva en el Código del Trabajo, como por ejemplo la jornada laboral, siempre teniendo como límite infranqueable el respeto a los derechos fundamentales del trabajo.

Flexibilidad laboral. Se estima que se puede avanzar en esta materia, pero para ello es indispensable el fortalecimiento de los sindicatos, ya que es la única forma de garantizar una negociación en un plano de igualdad entre las partes, lo que no sucede en el caso del contrato individual del trabajo, donde existe una desigualdad fáctica de las partes contratantes.

Vigencia del contrato colectivo. El plazo del contrato colectivo no sea un plazo extintivo del mismo, sino que sólo establezca un período de tiempo en el cual las partes no puedan negociar colectivamente, por tanto una vez vencido éste, el sindicato es libre de iniciar una nueva negociación en cualquier momento y de no hacerlo el contrato anterior se mantiene absolutamente vigente hasta que se suscriba un nuevo contrato colectivo.

Piso de la negociación. El contrato colectivo vigente debe constituir el piso mínimo de la nueva negociación, con el objeto de evitar que los trabajadores pierdan derechos adquiridos con anterioridad.

Eliminación de la extensión de beneficios.  Eliminar esta facultad del empleador, toda vez que esta medida es una práctica que desincentiva la participación activa de los trabajadores en la negociación colectiva, al extender los beneficios a trabajadores que no han negociado y por lo tanto no han pagado los costos de dicha negociación, pagando incluso una cuota inferior a la cuota sindical.

Sujetos a quienes beneficia el instrumento colectivo. Como una de las partes es el sindicato, el convenio o contrato colectivo deberá beneficiar a todos los trabajadores que formen parte del sindicato, independiente de cuando se haya producido dicha sindicalización y aún en el caso de que ella se haya producido de manera posterior a la suscripción del instrumento colectivo.

Fortalecimiento del derecho a huelga.  La única medida de presión que tienen los trabajadores es el derecho a huelga, que a su vez tiene un costo para ellos al no percibir remuneración, por lo que es indispensable eliminar efectivamente el reemplazo de trabajadores en huelga y el reintegro individual, ya que si la decisión de irse a huelga es de carácter colectivo, la decisión de reintegrarse debe adoptarse de la misma manera.

Supresión del artículo 384. Eliminar o al menos restringir la facultad de la autoridad administrativa de determinar empresas privadas que no pueden ejercer su derecho a huelga.

Equipos de emergencia. Sólo en caso de servicios esenciales según los estándares de la OIT.

En la década de los ochenta, siendo responsable para América Latina de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en Bruselas,  recibimos una llamada telefónica que nos informaba del arresto y desaparición de 17 sindicalistas salvadoreños y nos solicitaban con urgencia nuestra solidaridad e interceder ante las autoridades correspondientes para ubicarlos y así salvar sus vidas.

Fuerzas de seguridad, fuertemente armadas, habían irrumpido violentamente en  las dependencias de una parroquia de la iglesia católica, en las afueras de San Salvador, donde se encontraban reunidos los máximos dirigentes, hombres y mujeres, de una federación sindical nacional.

El Gobierno de ese entonces, que presidía el Sr. Alvaro Magaña, negaba la detención.

Una delegación internacional integrada por sindicalistas europeos y de América, miembros del “Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales” de la CIOSL, arribamos a San Salvador cuatro días después de ocurrido el hecho. El Salvador estaba sumido en una guerra civil que dejó un saldo de muertos y desaparecidos sin precedentes en su historia.

Nos dirigimos de inmediato a la casa presidencial, donde un cartel advertía “depositar las armas aquí”.

Fuimos recibidos por el Presidente de la República, quien después de escuchar nuestras demandas, las pruebas irrefutables de la participación de fuerzas de seguridad en el secuestro, y finalmente nuestra petición de libertad inmediata de los sindicalistas, reconoció el arresto, que al inicio había negado. Nos confesó, ante nuestra sorpresa, sus dificultades para gobernar de manera independiente de las fuerzas armadas. Entonces nos derivó a su ministro de Defensa, un general que recientemente había viajado a Chile para condecorar al dictador Pinochet.

No era suficiente el reconocimiento del arresto de los 17 sindicalistas. Planteamos al general la necesidad de visitarlos en sus lugares de reclusión. El general, después de varias consultas, aceptó y nos dirigimos al cuartel central de la policía donde fuimos recibidos por el oficial a cargo. Un capitán del ejército, que además era el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de El Salvador.

Luego de varias horas de espera logramos encontrarnos con los 17 detenidos en una sala que los carceleros apresuradamente habían habilitado. Pedimos estar a solas con ellos, los carceleros nos dieron cinco minutos.

Sucios y golpeados nos miraron primero con desconfianza, luego uno de ellos me reconoció, nos habíamos conocido en un acto de solidaridad con Chile. Nos abrazamos y lloramos, todos nos miraban sorprendidos. Estaban vivos. Nos relataron brevemente como habían sido capturados y tratados. Todo el tiempo permanecieron vendados e interrogados con violencia, obligados a firmar declaraciones por escrito que nunca pudieron leer.

Pasada esta primera emoción, los carceleros irrumpieron en la sala premunidos de cámaras fotográficas y de televisión que registraban este encuentro, mientras uno de sus oficiales leía en voz alta los nombres de algunos de los detenidos que quedaban en libertad inmediata.

Sin duda intentaban utilizarnos y aprovechar este hecho para su propaganda. No nos importó, lo esencial era proteger la vida de 17 sindicalistas.

“Salimos todos en libertad o no sale ninguno”, fue la categórica y unánime respuesta de los detenidos, hasta algunas horas atrás desaparecidos. Después de deliberar brevemente entre ellos se pusieron de acuerdo y finalmente aceptaron… “con solo una condición”, dijeron, debíamos esperar a los liberados a la salida del cuartel. Ya se hacía de noche. Temían ser ajusticiados en la calle, como era la práctica en esa época.

Así lo hicimos después de despedirnos del capitán carcelero y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que continuaba asegurando que en El Salvador se respetaban los derechos humanos, que no se torturaba. Su cargo y sus palabras constituían un agravio intolerable para nosotros, pero en particular para el pueblo salvadoreño que se debatía entre la vida y la muerte, que continuaba luchando por alcanzar esa paz que emerge de la justicia.

Horas después abandonamos El Salvador en dirección a Guatemala. Donde nos esperaba un país con más de treinta mil desaparecidos, entre ellos innumerables sindicalistas. Directivas de sindicatos completamente diezmadas por las dictaduras que se sucedían unas a otras en el poder.

Posteriormente regresé a El Salvador, todos los sindicalista habían sido liberados; sin embargo, la mayoría de ellos tuvieron que abandonar el país para resguardar sus vidas.

Esta vez la solidaridad del movimiento sindical internacional había funcionado con éxito, como funcionó en varias oportunidades en Chile durante la dictadura.

Años después en El Salvador se firmaban los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla.

El magistrado determinó la responsabilidad de Moren Brito en el homicidio del músico y trompetista de la Orquesta Filarmónica de Santiago, detenido el 2 de abril de 1975 y muerto el 5 o 6 de abril del mismo año.

Testimonio para la Memoria Histórica

Una madrugada de abril de 1975, en las poblaciones del sur de Santiago, agentes de la policía civil de la dictadura se introducen violentamente en decenas de hogares de chilenos, arrancando de ellos a los hombres, sin importar su edad. No hay explicaciones.

Jóvenes, niños, adultos y ancianos son maniatados, encapuchados y conducidos al frío pasillo del cuartel general de la Policía. Allí son golpeados con extrema dureza y sometidos a diversos tipos de tortura. Sus cuerpos desnudos son amarrados, fuertemente boca abajo con gruesas correas, a un banco metálico. Les introducen por sus anos un electrodo que llevará la electricidad directamente a sus entrañas. Otros son colgados, también desnudos, y con una picana les aplican electricidad en sus partes más sensibles.

Mientras sus cuerpos se convulsionan, los agentes les interrogan al tiempo que, dependiendo de la respuesta que reciben, aumentan la intensidad de la electricidad. Así, el frío pasillo se transforma en una sala de espera, donde todos escuchan los gritos de insoportable dolor de quienes son sometidos a la tortura. Los gritos de los torturados son otra forma terrible de castigo para quienes aguardan su turno, sobre todo, cuando identifican a algún amigo, compañero, hermano, o papá.

Pasan muchas horas. Ha sido una redada masiva, por lo tanto, los agentes debieron trabajar toda esa noche y parte del otro día. El trabajo de esos agentes ha terminado, pero para los secuestrados es el comienzo. Ellos son divididos en grupos y entregados al siniestro servicio de inteligencia de la dictadura: la DINA.

Sus ojos son cubiertos con cintas adhesivas, y sus cuerpos apiñados en diversos vehículos que, ocultos por la oscuridad de la noche, atraviesan las calles de Santiago con destino al centro de interrogatorio y tortura de Villa Grimaldi.Mientras tanto, sus familiares los buscan e interponen recursos de amparo, pero las autoridades los niegan.

Están en calidad de detenidos-desaparecidos. Los reciben con duros golpes de pies, puños y culatazos de sus armas. Hacen bromas, ríen, dicen que ya vienen «más estrujados que un limón». Son divididos en grupos de a dos o tres para ser encerrados en casetas de madera de un metro cuadrado. Son vendados y amarrados. Al lado se escuchan las voces que interrogan a otro detenido. Lo amenazan con traerle a su madre para que hable. Luego de un largo silencio se escuchan voces, gritos y llantos de una mujer, y dos niños, pequeños aún. A ella le preguntan por las actividades de su esposo.

Pasan muchas horas, quizás días y noches. Pierden la noción del tiempo. Nuevamente se escuchan voces. Son de los agentes de la DINA. Interrogan a otro detenido. Las voces se vuelven gritos al recibir el silencio de su víctima por toda respuesta.

Se entiende claramente lo que dicen. Y así nombran al detenido. «Ciro: aquí tenemos a tus hijos y a tu mujer, así que habla…» Es Isidro Arias Matamala, un militante del MIR, músico de la Orquesta Filarmónica de Chile. Quienes escuchan desde sus celdas lo reconocen. Alguien intimida :«Ciro y la reconcha de tu madre que te parió, habla, habla huevón, tu mujer ya nos dijo todo…». Luego silencio. Se sienten golpes, luego, silencio.

Se escuchan instrucciones para aplicar la electricidad. Después, silencio, silencio, silencio. Tras un largo rato, nuevamente voces y carreras, instrucciones y gritos del jefe de los torturadores que interpela a su equipo: ¡Por qué lo dejaron solo! ¡Apúrense que se nos va! ¡Reanímalo! ¡Traigan al médico! Todos los detenidos escuchan en silencio. Silencio. Ni un solo gemido, ni un solo grito. Ciro ha muerto en la tortura. Lo asesinaron.

¿Cómo logré sobrevivir a tanto horror? Un 19 de junio de 2012, después de treinta y siete años, me encuentro sentado frente al juez Mario Carroza, en la Corte de Apelaciones de Santiago, que investiga la muerte de varios centenares de chilenos en la época de la dictadura. Presto declaraciones como testigo.

No sé si la memoria me acompañe. Los recuerdos vienen y se van. Se mezclan con otros hechos y situaciones que viví durante la dictadura. El asesinato de mi hermano Alejandro Rodrigo Sepúlveda Malbrán, dirigente del MIR, las detenciones y el exilio de mis padres y hermano menor.

Las dos relegaciones al altiplano chileno junto a dirigentes sindicales y militantes de la democracia cristiana, a más de 4500 metros de altura. La prisión y la condena por asociación ilícita, cuando era ilícito organizar un sindicato, y, luego, el exilio.

Prácticamente treinta años fuera de mi patria. Pero, increíblemente, consigo ordenar mis recuerdos y entregar todos los antecedentes y mi testimonio al ministro Carroza.

¿Será verdad esa frase tan repetida de que «la justicia tarda pero llega»?

Chile desde que es miembro de la OITaceptó respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos enunciados en su Constitución, incluyendo «el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva,» junto con la libertad de asociación y la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Nuestro país en 1998 apoyó tripartitamente (gobierno, empresarios y sindicatos) la Declaración de la OIT relativa a losPrincipios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

En 1999 ratificó los Convenios fundamentales de la OIT,números 87 y 98 relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. En el 2000 ratificóel Convenio número 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública.

A principios de los noventa, la necesidad de crear una plataforma social mínima para el desarrollo del comercio -que asegure algunos medios de protección contra el «dumping social»- llevó inevitablemente a la firma de un número creciente de acuerdos de libre comercio (ALC) que incluyen una vertiente laboral, ya sea en el articulado mismo o en un acuerdo complementario.

Habitualmente, las cláusulas laborales no se limitan a enumerar los compromisos mínimos en cuanto a la protección de los derechos humanos en el ámbito del trabajo y a especificar normas internacionales adoptadas por la OIT, sino que prevén también sistemas para la resolución de conflictos, medios de financiación y de cooperación laboral y sanciones pecuniarias. De hecho, son cada vez más numerosos los acuerdos bilaterales de cooperación comercial – como los suscritos con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea – que contienen disposiciones sociales y laborales de esta índole.

Chile no ha sido ajeno a estos acuerdos, de hecho es el país que ha suscrito la mayor cantidad de ALC en el mundo, por tanto es el país más abierto económicamente y expuesto a los vaivenes de la economía internacional. Pero también vulnerable a la sanción internacional sobre el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

La propia Organización Mundial del Comercio, OMC, de la cual Chile es uno de sus miembros, observa de cerca la aplicación de las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente. Para estos efectos la OMC colabora con la OIT en materia de cumplimiento de los principios y derechos fundamentales del trabajo entre sus países miembros.

Cuando Chile ratificó los Convenios Internacionales de la OIT números 87, 98 y 151, se comprometió a adaptar su legislación laboral, e incluso su Constitución,a esos convenios y en consecuencia aceptó losmecanismos de control y aplicación que posee la OIT.

En la actualidad nuestro país continúa con un déficit importante en materia de respeto a los derechos fundamentales en el trabajo. En los últimos años no puede hablarse de grandes y profundas reformas laborales, siendo más bien reformas parciales que a veces salpican varios temas.

Salvo la reforma del primer gobierno concertacionista que eliminó el tope legal de días (90) para la huelga legal, todo el resto de las modificaciones no han tenido incidencia alguna en los pilares estructurales del sistema de relaciones laborales. Ello se comprueba en la total ineficacia práctica de las reformas y en la disminución progresiva de las tasas de negociación y sindicalización, hasta convertirlas en derechos meramente simbólicos.

Ha llegado la oportunidad, a partir de la propuesta de agenda laboral en materia de Derechos Colectivos del Trabajo preparada por el gobierno, para poner la legislación laboral en consonancia con las obligaciones adquiridas internacionalmente. No sólo en el marco de los compromisos con la OIT,  cuyos Convenios Internacionales son un punto de referencia esencial para la reforma legislativa, sino que también en el marco de los diferentes tratados comerciales internacionales suscritos por nuestro país.

Es el momento de dar un paso adelante, en materia de derechos colectivos. La negociación colectiva es un derecho fundamental que debe ser respetado, promovido y hacerse realidad de buena fe.

La titularidad del derecho de negociación colectiva corresponde a las organizaciones de trabajadores (sindicatos de base, federaciones, confederaciones y/o centrales) por una parte y a los empleadores y sus organizaciones por otra. El reconocimiento del derecho de negociación colectiva debe tener carácter general tanto en el sector privado como en el público y sólo puede excluirse de su ejercicio a las fuerzas armadas y a la policía.

Ha llegado la hora de romper la matriz del Plan Laboral de la dictadura, la cual nos está exponiendo peligrosamente a sanciones comerciales internacionales que afectarían el empleo, los costos de la mano de obra, aumentando con esto la precariedad y la desprotección laboral, generando adicionalmente una desigualdad social inaceptable política y éticamente, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Esta matriz proveniente de la dictadura ha anulado la negociación colectiva, e indirectamente ha restado eficacia al conjunto de las regulaciones en materia de protección individual, debilitando nefastamente a las organizaciones sindicales.Más grave aún, esta matriz contraviene los esenciales principios del Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Esta preocupación por la justicia social, por los derechos y libertades, por los intereses concretos de los trabajadores/as, por sus mejores niveles salariales y de condiciones de trabajo, constituyó su vocación, su aporte y su entrega generosa, sostenida en sí misma, no por gratificaciones o retribuciones, sino sólo por esta decisión de ponerse al servicio de los demás.

Manuel llegó del campo a la ciudad cuando era un adolecente. Ingresó a trabajar en una empresa textil cuando en Chile se iniciaba la “Revolución en Libertad”. Pronto se transformó en líder sindical de los obreros en su empresa y trascendió las fronteras del sindicato base. Inició un proceso de acumulación de fuerza con sindicatos de otras empresas textiles para alcanzar una negociación colectiva por rama de la producción que permitiera mejores condiciones económicas y sociales. Así se convirtió en dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles.

Durante el gobierno del Presidente Allende la Central Única de Trabajadores, CUT, se democratizó internamente y sus dirigentes nacionales fueron electos a través de elecciones universales. Así Manuel llegó a las esferas más altas del sindicalismo chileno, integrando la lista que apoyaban los democratacristianos.

En esos años, entre 1964 y 1973, los trabajadores obtuvieron el nivel más elevado de desarrollo. Más que se triplicó el número de trabajadores sindicalizados, también aumentó su capacidad de negociación y de presión.

Manuel sobrevivió a la dictadura. La cárcel, la relegación y el exilio no lo amedrentaron.La represión, y una normativa laboral que pretendió lisa y llanamente exterminar los sindicatos, no impidió que Manuel, junto a otros dirigentes sindicales, encabezaran un movimiento sindical unitario, activo, comprometido, con poder de movilización. Que se movilizó masiva y valerosamente a favor de la igualdad, la justicia social, la libertad, la democracia y por mejores condiciones de vida.

Eran objetivos comunes a pesar de las diferencias existentes entre sus dirigentes.Fueron los años heroicos de la Coordinadora Nacional Sindical, CNS. Unidad en la diversidad fue la consigna hecha realidad y la clave que contribuyó decisivamente a derrotar la dictadura. Y entregar a los trabajadores chilenos una Central Unitaria de Trabajadores.

Manuel se transformó en un líder nacional, trascendió las fronteras de Chile y ocupó altos cargos en el sindicalismo internacional. Fue electo delegado de los trabajadores ante el Consejo de Administración de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Fue recibido por el Papa, por Reyes, Presidentes y Primeros Ministros, por numerosos líderes políticos y sociales de distintos países. Ante ellos expuso las injusticias, las violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo la esperanza de los trabajadores/as por alcanzar prontamente la libertad y la paz.

Así Manuel, junto a tantos dirigentes sindicales, muchos de ellos cayeron en el camino, superaba uno de los periodos más siniestros de nuestra historia, con un movimiento sindical organizado y unitario, pero visiblemente debilitado, la represión física y una normativa laboral anti sindical causaron sus estragos.

Junto con el fin de la dictadura, llegó un período de transición, de búsqueda de nueva identidad, originado por los cambios en las políticas económicas, el nuevo papel del Estado y otra serie de factores de orden histórico y político. Un cambio de época que desplazó las pautas de conducta, los valores, los sistemas y las formas de convivencia.

Este proceso comenzó a diversificar y trasformar profundamente las clases y sectores sociales sobre las cuales se había construido el sindicalismo, afectando a la naturaleza de sus demandas.

Pero además los trabajadores/as pagaron los costos de la difícil democratización. El gobierno de Aylwin optó por la continuidad económica. Este modelo económico, mantenido por los sucesivos gobiernos, favoreció la concentración del poder económico, el monopolio y los acuerdos transversales de empresas, con lo que se afectó la transparencia del mercado y se dejó entregada a esas voluntades la distribución de los beneficios del trabajo y del capital.

Una de las formas más duras del capitalismo tomó forma en Chile. El instrumento privilegiado para mantenerlo ha sido la aplicación del Plan Laboral ideado por la dictadura, el actual modelo de relaciones laborales.

Manuel como presidente de la CUT, también pagó los costos de la transición. La CUT optó por consolidar el proceso democrático posponiendo las demandas y reivindicaciones de los/as trabajadores/as, reprimidas durante la dictadura, y postergando el cambio del modelo de relaciones laborales.

Manuel dejó la presidencia de la CUT. El movimiento sindical se dispersó, surgieron otras centrales sindicales, los niveles de sindicalización continuaron en descenso, las prácticas anti sindicales arreciaron. La prometida reforma laboral continuó esperando, y el modelo de relaciones laborales cumplía su rol para la que fue creado: destruir a los sindicatos.

Manuel, el “huaso” querido falleció un 27 de septiembre de 1999 siendo Diputado de la República de Chile.

Durante la dictadura los trabajadores fueron despojados violentamente de sus derechos fundamentales. Sus organizaciones sindicales fueron disueltas y perseguidas sistemáticamente, sus dirigentes asesinados, torturados, encarcelados, forzados al exilio.

Se impuso una nueva legislación laboral, conocida como el Plan Laboral, con el claro objetivo de reducirlos a su mínima expresión. Sin embargo lograron resistir y sobrevivir con la esperanza que una vez alcanzada la democracia sus derechos serían restituidos, sus reivindicaciones satisfechas y así iniciar la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales.Sería el homenaje justo y merecido para los y las trabajadoras que lo sacrificaron todo por un Chile mejor.

En 1990 con alegría se iniciaba el proceso que nos conduciría a la democracia. El gobierno de transición planteó a los sindicatos, la necesidad de contener sus reivindicaciones y postergar las necesarias reformas a la legislación laboral de la dictadura. La prioridad no era otra que consolidar el proceso democrático. Así lo entendieron y aceptaron los sindicatos, ahora con la esperanza que pronto se iniciaría la construcción de ese un nuevo modelo de relaciones laborales tan anhelado por los trabajadores y prometido por el gobierno.

La transición finalizó y la democracia política llegó para garantizar los Derechos Fundamentales en el Trabajo, pero no ha sido suficiente por sí misma. Dicho de otro modo, su advenimiento no ha significado el respeto automático de los derechos fundamentales en el trabajo. Las violaciones de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva se cometen, de hecho, de manera más sutil y velada.

Ha persistido el déficit en el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales, los atentados a la libertad sindical y la insuficiencia de la negociación colectiva como instrumento para conquista de derechos y creación de entornos favorables al desarrollo productivo, continúan obstaculizando el crecimiento sindical y eso ha derivado en condiciones laborales de explotación, discriminación e intolerancia social; además de corroer y socavar la convivencia y los fundamentos de la democracia, constituyéndose en un obstáculo al trabajo decente y desarrollo con equidad social.

En este año, 2014, el gobierno de la Nueva Mayoría definió sus prioridades: reforma educacional, tributaria y constitucional. La reforma laboral quedó postergada a un segundo plano, reducida y abordada de manera separada a propuestas específicas, en materia de sindicalización, negociación colectiva y huelga.

La necesidad de dar el giro a nuestra institucionalidad laboral para que se reconozca verdaderamente el rol que juega el sindicato, con capacidad efectiva de acción y poder, como punto de partida para lograr el desarrollo, continuará esperando, así como un nuevo modelo de relaciones laborales que aspire a generar mayor equilibrio entre las partes basándose en el fortalecimiento de las tres dimensiones básicas y universales las que no pueden tratarse de manera separada.

En este sentido, ninguna modificación al ámbito de la sindicalización tendrá el efecto esperado sin transformaciones estructurales a la negociación colectiva y a la huelga. Y continuarán existiendo demasiadas personas para quienes esos derechos son inalcanzables o su consecución muy ardua o simplemente sus derechos en tales áreas conculcados.La intolerancia del ejercicio de la libertad sindical continuará manifestándose como una forma de violencia social.

La reforma laboral propuesta por el gobierno constituye un avance, pero es insuficiente. Chile no podrá alcanzar el Desarrollo ni construir una verdadera democracia si no se plantea seriamente la construcción de ese Nuevo Modelo de Relaciones Laborales. Un modelo que reconozca la divergencia de intereses y el conflicto inherente a la relación capital-trabajo.

Porque en el Chile de hoy la democracia y el desarrollo con justicia social suponen el ejercicio y respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva cuyo déficit se expresa en discriminación, falta de diálogo social, conflictividad y exclusión.

Porque la desigual distribución de la riqueza, que es una característica de nuestro país y principal fuente generadora de la pobreza y exclusión social, no va a revertir sin el pleno ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva que constituye, junto a un sistema fiscal y a las políticas sociales, un instrumento para mejorar la distribución de la riqueza de forma constante y progresiva.

Porque el déficit de Trabajo Decente en nuestro país tiene entre sus principales causas la falta de libertad sindical y negociación colectiva que impacta negativamente en el empleo, protección social y diálogo social.

Porque la promoción de la libertad sindical es insuficiente, a pesar de su relevancia, por no contar con el respaldo político, institucional, laboral y social requeridos.

Cualquier reforma laboral requiere de un proceso de diálogo social inclusivo, con todos los actores del sistema de relaciones laborales, con todas las centrales sindicales por pequeñas que ellas sean. Los sindicatos necesitan tener una mayor incidencia en la definición de las políticas públicas para alcanzar un desarrollo socialmente sostenible con justicia social.

Por ahora, habrá que esperar para que la reforma propuesta por el gobierno se apruebe sin demora en el Congreso y se aplique con rapidez. Los sindicatos tendrán que continuar trabajando y acumulando fuerza para generar los cambios estructurales a la normativa laboral.