Bruno Leoni, teórico liberal italiano, planteaba que uno de los principales problemas que enfrentaban las democracias modernas consistía en la creciente inflación legislativa, es decir, la promulgación compulsiva de normas, debido a la errada noción que tienen los legisladores con respecto a la ley y su propia función como parlamentarios.

En Chile, es frecuente escuchar a nuestros parlamentarios promocionar su buen desempeño legislativo pregonando el número de proyectos de ley que han presentado. Obviamente, omiten que entre dichas propuestas probablemente existan algunas claramente absurdas, como prohibir el uso de audífonos en las veredas o prohibir el salero en las mesas en restaurantes.Pero claro, nuestros legisladores creen que su función es ordenar y supervisar cada aspecto de nuestras vidas creando leyes de manera deliberada. Es decir, los parlamentarios chilenos son promotores del intervencionismo legislativo.

El intervencionismo legislativo está ligado con la arrogante noción, por parte de los parlamentarios, de que ellos pueden, mediante la ley y de manera deliberada, crear nuevos órdenes sociales, solucionar problemas o producir virtud entre los ciudadanos.

La noción de que las normas legales son producto de la acción deliberada y caprichosa de los congresistas de turno, se traduce en una creciente inflación reglamentaria, que conlleva a una seria distorsión de lo que es la ley. Esta deja de ser reflejo del proceso evolutivo de las normas y pasa a ser cualquier cosa que se le ocurra a un diputado o senador.

En el largo plazo, la inflación legislativa implica un serio riesgo para los ámbitos de autonomía de las personas frente al poder estatal, puesto que las leyes terminan siendo expresión de la arbitrariedad de los legisladores en función de sus pretensiones planificadoras, moralistas y paternalistas o dudosas reglamentaciones en favor de ciertos grupos de interés, como financistas de campaña.

Es decir, privilegios contrarios al principio liberal de la igualdad ante la ley.Cualquiera sea el caso, esta distorsión de la leyes tiene un efecto nefasto, que es la anulación de las certezas legales que cualquier Estado de derecho debe tener, dando paso al imperio del capricho de los legisladores, los cuales pasan a ser tutores de nuestras vidas, lo que termina afectando la libertad de cada uno.

Ojalá pronto surja un grupo de parlamentarios cuya proclama no sea la creación de nuevas leyes sino la derogación de muchas inservibles.

Días atrás, haciendo gala de ese tutelaje, un Tribunal de Familia de Talcahuano prohibió a una joven madre amamantar a su hija recién nacida. El pecado, había fumado unos pitos de marihuana durante el embarazo. El moralismo del Estado no tiene freno ni límite.

Lo interesante es que ante el caso se ha hecho notoria una paradoja. Aquellos que se consideran “progresistas” consideran la medida como un claro reflejo de la moralina conservadora y del poder.

Lo que no parecen notar es que es el mismo moralismo que ellos promueven a través del control estatal, sobre otras conductas o vicios que ellos consideran inadecuadas. Es decir, se quejan del poder, el control y el tutelaje que ellos mismos promueven.

En ese sentido, es notoria la incoherencia de aquellos “progresistas” que hablan de libertades individuales cuando se trata del cannabis, pero que promueven el tutelaje estatal cuando se trata de una grasienta hamburguesa, una golosina o un poco de sal en el plato.

Así, los mismos que avalan que el Estado debe velar porque la gente no consuma mucha sal, cigarro o comida chatarra (o incluso que no sean egoístas), se espantan porque ese mismo Estado se adjudica el derecho de prohibir a una madre amamantar a su hijo. Es decir, que se adjudique el mismo principio que ellos han promovido a destajo, el tutelaje sobre las decisiones individuales de las personas.

Lo increíble es que progresistas y conservadores coinciden en esa incoherencia ante la creciente injerencia del Estado sobre la vida de las personas. Contrario a los liberales, consideran que hay ciertos vicios que son delitos. Es probable que en este caso, los segundos hayan aplaudido la prohibición de amamantar a una recién nacida por haber fumado marihuana.

A lo largo de la historia, la frivolidad frente a tiranías socialistas ha sido muy común entre élites políticas e intelectuales de izquierda, que no las viven directamente y que desde lejos han tendido a negar o ver con cierta simpatía el muro, los juicios sumarios, las purgas o el gulag. Siempre desde lejos han promovido la gran mascarada del socialismo.

La misma tendencia se aprecia hoy en Chile entre los nuevos “jóvenes revolucionarios” que tienden a banalizar (tras la retórica de entender cada proceso en su contexto) dictaduras como la cubana y venezolana. Para ellos son democracias diferentes. Pero ellos no las viven sino que, a diferencia de cualquierdisidente cubano o incluso venezolano hoy día, gozan de libertad política y de expresión sin miedo a ser apresados o perseguidos.

En ese sentido, la banalización desde lejos de las dictaduras en Cuba y Venezuela tiene relación con los espacios de libertades y bienestar en que las nuevas élites socialistas de todos los partidos han crecido y se han desarrollado en Chile.

Es fácil hacer apología del socialismo sin estar en el barrio de Regla en La Habana o sufriendo la escasez en algún barrio de Caracas, sino que tomando una cerveza o café comprados en cualquier supermercado sin necesidad de tarjeta de racionamiento, sentado en la tranquilidad de algún bar de Plaza Ñuñoa o un Starbucks del campus San Joaquín.

George Orwell, en un notable ensayo titulado En el vientre de la ballena, donde criticaba la idolatría y condescendencia de la izquierda británica a la dictadura de Stalin, decía algo que bien se ajusta a Chile: “Para esa gente, cosas tales como las purgas, la policía secreta, las ejecuciones sumarias, las detenciones sin juicio, etc. etc., son demasiado remotas para ser aterradoras. Se pueden tragar el totalitarismo, ya que no tienen ninguna experiencia de nada, excepto de liberalismo”.

Los jóvenes chilenos, sobre todo las élites socialistas de la UC o la Chile, aún viven en el vientre de la ballena. Desde ahí es fácil hacer apología de una dictadura lejana.

El senador, que tuvo el placer de ir a ver el mundial de rugby en Inglaterra durante el período legislativo, es el mismo que tiempo atrás dijo estar contra de “la falta de igualdad de oportunidades y un modelo de consumo sin control e individualista”. Obviamente, se considera a sí mismo un sujeto con conciencia social, llamado a corregir aquello que considera “una negligencia social” acabando con la desigualdad y la injusticia.

En otras palabras, se considera parte de una élite moralmente superior que merece el cargo político que detenta. Es decir, no escapa a la ley de hierro de las oligarquías que en todos los partidos —incluso los que prometen una igualdad radical— se produce de manera inevitable.

Así, Jorge Pizarro y todos aquellos que claman igualdad, al mismo tiempo que se elevan a la cúspide del poder político, reflejan aquello que Murray Rothbard dijera, “tras las dulces, pero patentemente absurdas peticiones de igualdad se encuentra un deseo despiadado de colocarse a sí mismos al tope de la nueva jerarquía del poder”.

Pero hay un detalle, para mantener dicho poder o alcanzar su cúspide, en cada proceso electoral las oligarquías partidarias igualitaristas realizan las más diversas promesas a los votantes, desde corregir la “negligencia social”, las desigualdades, aumentarles los ingresos, o incluso dar fin al egoísmo en la sociedad imponiendo la solidaridad. Es decir, distorsionando la función legislativa en sí. Ello también explica la compulsión de los legisladores —de todo color— a regular cada ámbito de la vida de las personas imponiéndoles su moral particular como si los ciudadanos fueran niños y ellos fueran sus padres.

Las quejas ciudadanas hacia Pizarro, por su viaje después del terremoto en el norte, reflejan esa profunda distorsión en cuanto a quienes legislan.

Senadores y diputados, debido a sus promesas engañosas e irresponsables a sabiendas de que sus funciones son limitadas, son vistos por los ciudadanos como asistentes sociales o genios de la botella que deben cumplir sus promesas, por absurdas que sean.

Lo cierto es que un senador en medio de una catástrofe no sirve de mucho. Su función es otra. El problema es que piden votos ofreciendo igualdad o justicia social basados en un principio nefasto que han introducido en la legislación: que la fraternidad se impone por decreto, es decir, repartiendo los frutos del trabajo mediante la coerción estatal.

Es decir, que como decía Bastiat, el Estado “tiene que intervenir directamente para aliviar todos los sufrimientos, satisfacer y prevenir todas las necesidades”.De esa nefasta idea sólo puede surgir algo peor, al pueblo entero suplicando el favor y la atención de sujetos más iguales que el resto como el senador Pizarro.

También lo hacen algunos productores de televisión, que para promover una serie titulada Guerrilleros, a modo de publicidad, interrumpen un programa de política emulando el asalto al canal o la interrupción de la transmisión, a manos de un encapuchado.

Lo que hay detrás de estas expresiones es un pueril y solapado ensalzamientodiscursivo de la violencia política, que trivializa los efectos brutales del uso de la fuerza en una sociedad.Esto denota una paradoja en un país que en las últimas semanas ha hablado mucho de los derechos humanos en los medios y las redes sociales, pero que en vez de reflexionar sobre la violencia política y cómo evitarla a toda costa, parece fantasear con la idea de aniquilar a otros bajo el cobarde anonimato de una capucha. Esa trivialidad desvergonzada frente a la violencia política es —diría Orwell— sólo posible en personas que siempre están en otra parte cuando se aprieta el gatillo.

¿Exageración? No. El discurso crea realidad. Pero en Chile tenemos una memoria frágil o muy selectiva, a pesar de los museos,los libros, los historiadores y los documentales sobre el daño que genera la violencia con fines políticos. Muchos parecen olvidar que su aceptación discursiva sólo puede terminar con algunos energúmenos ejerciendola brutalidad como “derecho” para imponer su“justicia”, ya sea socialista, reivindicativa o anti insurreccional. Da lo mismo.Es violencia igual.

Todos estos apologistas de la violencia  —conscientes e inconscientes—no son más que irresponsables que presumen jugar a la guerra, como si fueran niños con pistolas de agua.Y aplauden el patíbulo desde la comodidad de su anonimato, sin sentir el olor a sangre, los rostros desfigurados y la muerte, que es lo que abunda cuando la violencia reemplaza al diálogo, el respeto y la palabra en una sociedad.

Lo peor es que ese infantilismo cruel y desvergonzado es alimentado por algunos que probablemente perdieron a familiares, que de manera paralela a los minutos de odio ejercidos contra un violador de derechos humanos fallecido, elevan sus alabanzas a una organización que consideraba legítimo matar a otros para imponer sus fines revolucionarios. Orwell decía que “gran parte del pensamiento de izquierda consiste en jugar con fuego, pero por parte de personas que ni siquiera saben que el fuego quema“. Y tenía toda la razón.

En su última columna, Agustín Squella olvida esta premisa del escritor inglés, aconsejando a quienes “quisieran vivir en la república del centro”a tomar posición clara, ya sea como de derecha o izquierda, en base a la preferencia que dan cuatro principios rectores: libertad, igualdad, orden y propiedad. Para ello, el profesor Squella plantea tensiones entre tres binomios esenciales: libertad e igualdad, orden y libertad, e igualdad y propiedad. Sin embargo, estas tensiones colocan como contrapuestos, como una suma cero y de manera más bien artificial, estos valores.

La libertad es una forma de orden. La libertad no implica desorden. Otra cosa es que se confunda la libertad con libertinaje y el orden con el autoritarismo o con el paternalismo estatal. Esto es una cuestión que confunden derechas e izquierdas en diversas dimensiones.

No es raro que de ambos lados desconfíen de la libertad y de las decisiones de las personas.Tampoco hay libertad sin igualdad y viceversa. La esclavitud es el mejor ejemplo de la falta de libertad debido al no reconocimiento del otro como un igual, a quien bajo fuerza se le somete a la voluntad de un tercero, ya sea un esclavista o el gobernante de turno.

Siguiendo esa misma idea, la propiedad privada y la igualdad no son contrapuestas. Creer eso es considerar que una sociedad sin propiedad privada y sin libre mercado por tanto, es mucho más igual que una que consagra el derecho de propiedad. Pero como decía el historiador Rudolf Rocker “una sociedad sin propiedad privada también esclaviza a un pueblo”. La experiencia del socialismo real y el totalitarismo comunista también demuestran que la ausencia de propiedad privada no genera más igualdad sino que miseria y la predominancia de ciertos grupos privilegiados, más iguales que el resto, que fundan su dominio en base a la fuerza y la coacción.

Por último, la tensión entre el cambio y la tradición, o lo conservador, también es algo artificial si aplicamos el criterio propuesto por Orwell. Los revolucionarios de hoy tienden a ser los conservadores del mañana. Basta mirar la gerontocracia cubana o la monarquía en Corea del Norte, donde el poder se transfiere de manera hereditaria.

En la actualidad, la tensión sigue siendo aquella que planteaba Orwell con claridad. Aquella entre libertarios o autoritarios, que se pueden encontrar tanto en el centro, izquierda o derecha.