El destacado economista Sr. Engels en una columna de opinión publicada recientemente , indica que dos décadas después de aprobada esa ley, los temores de Piñera, entonces senador y hoy Presidente se pueden volver realidad. Es decir, que esa ley vaya en beneficio de ciertos privilegiados.Esto referido a la asignación de las cuotas.

Es cierto que el Gobierno ha sido poco prolijo en todo este proceso, por cuanto formó la Mesa Pesquera que reunió a todos los sectores involucrados en la pesca, y después el proyecto de ley no reflejó todo lo acordado previamente. Eso ha llevado a situaciones muy complejas.

Sin embargo, ninguna de las organizaciones de trabajadores de planta, tripulantes, pescadores artesanales reunidos en CONAPACH y CONFEPACH quiere licitaciones, pues ellos saben que allí pierde el país.

Por otro lado se ha discutido con “expertos internacionales” acerca de la mejor forma de adjudicación de las cuotas. La gran mayoría se inclina por la asignación por historia, con pagos de patentes acorde al valor de esos recursos.

El Tribunal de la Libre Competencia ya señaló que para “garantizar la entrada de nuevos actores, se necesita instaurar un sistema de transferibilidad de las cuotas, y que estas sean divisibles y separadas de su embarcación”.

Advierte además que desde el punto de vista de la Defensa de la Libre Competencia,no resulta necesario implementar un mecanismo de subasta para asignar las cuotas. Si no, veamos que ha ocurrido con las subastas de “bacalao”.

Finalmente decir que Chile, en su postura internacional ante la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, ha sido muy firme de cautelar el derecho de cuota histórica que tiene nuestro país en una pesquería tan importante como el jurel.

El Sr. Mathieson refleja fielmente la opinión que nosotros tenemos de los nórdicos. Es una persona más bien parca, y muy directo y claro al exponer sus puntos de vista. Sin duda alguna, su opinión es muy importante, sobre todo en estos momentos en que el Ejecutivo se apronta para mandar al Parlamento, un proyecto de ley de pesca que reemplace al actual.

En su exposición aseveró que el mejor sistema de administración, el que mejor vela por la sostenibilidad de los recursos, es el de “Cuotas Individuales Transferibles”. Que este sistema es la tendencia mundial, y que 22 países pesqueros han adoptado ese camino.

La base de su argumentación está en que “de esa manera se introducen incentivos para que se cuiden las pesquerías: mientras mejor sea el estado del recurso, más valor tiene su cuota en el mercado. Y eso contribuye a su sostenibilidad. Asimismo, define los derechos de propiedad, mejora la calidad de las capturas, reduce el esfuerzo de pesca y permite una asignación económicamente más eficiente de cuotas”.

Refiriéndose a las subastas, Mathieson dijo que no son recomendables: “los que se las adjudican, pagan un sobreprecio. Por lo tanto, lo que hemos visto en los países que se han aplicado, es que los adquirientes presionan a las autoridades para que les suban las cuotas asignadas, ya que los precios que pagan sobrepasan los ingresos que podrían obtener. Los Gobiernos se enfrentan a la encrucijada de aumentarles la cuota o dejar que quiebren, con el consiguiente descalabro para los trabajadores”.

El Sr. Mathieson incluso fue más allá, ya que en sus conclusiones señaló: “Las subastas generan un incentivo perverso, contrario a la sostenibilidad de los recursos”.

Mi pensamiento es que por definición las subastas de cuotas pesqueras son depredadoras. Si me adjudico una cuota, “sacaré hasta el último pez que pueda capturar, sin importar el estado del recurso”. Y si soy una empresa transnacional y estoy comprando un derecho a pescar, ¿me importa la sostenibilidad de esos recursos por los cuales pagué?

Importante dilema enfrenta el Gobierno en la futura ley de pesca. ¿Cuál será el camino que se seguirá? ¿Conservar o rematar?

Por cierto que hay aspectos que seguirán siendo discutidos, sobre los cuales es muy difícil lograr consensos o unanimidad de criterios. Sin embargo, un aspecto sobre el cual si existe total acuerdo, es el referido a la “sostenibilidad” (o sustentabilidad como dicen algunos) de los recursos pesqueros.

El proyecto de ley se centra en los “criterios científicos” para la definición y fijación de las cuotas pesqueras. De esa manera, se pretende obtener una más correcta administración de los recursos.

Además, que sobre la base de esos criterios científicos, no se produciría “sobrexplotación”.

Sobre este punto, se obtuvo un amplio acuerdo en la Cámara de Diputados”, lo que muestra que todos los actores políticos asumen la correcta responsabilidad de construir una ley que se basa en la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.

Por lo señalado precedentemente, es que sorprende que algunos actores ligados a intereses de una empresa extranjera, salgan a la luz pública exponiendo que el proyecto “no logrará” la sostenibilidad que se pretende, por cuanto esos “comités científicos independientes”, que se generan como producto de la ley, estarían sometidos a presiones y maquinaciones de intereses económicos, y que al final no se permitiría la “fijación de cuotas” de manera objetiva e independiente.

La verdad, es que no podemos dudar de nuestros científicos y técnicos de una manera tan burda. Son personas dignas, honestas y responsables, y así lo han demostrado cuando han tenido que lidiar en temas similares. Nadie puede venir y tratar de desprestigiar gratuitamente a nuestros científicos.

Es importante señalar también, que el Instituto de Investigaciones Pesqueras (IFOP), tendrá la financiación adecuada y que por cierto se fortalecerá su capacidad y autonomía, para lograr los objetivos de investigación pesquera que nuestro país se merece.

Toda discusión debe ser sobre la base de altura de miras y visión de futuro.

El Sr. Mathieson refleja fielmente la opinión que nosotros tenemos de los nórdicos. Es una persona más bien parca, y muy directa y clara al exponer sus puntos de vista. Sin duda alguna, su opinión es muy importante, sobre todo en estos momentos en que el Ejecutivo se apronta para mandar al Parlamento, un proyecto de ley de pesca que reemplace al actual.

En su exposición aseveró que el mejor sistema de administración, el que mejor vela por la sostenibilidad de los recursos, es el de “Cuotas Individuales Transferibles”. Que este sistema es la tendencia mundial, y que 22 países pesqueros han adoptado ese camino.

La base de su argumentación está en que “de esa manera se introducen incentivos para que se cuiden las pesquerías: mientras mejor sea el estado del recurso, más valor tiene su cuota en el mercado. Y eso contribuye a su sostenibilidad. Asimismo, define los derechos de propiedad, mejora la calidad de las capturas, reduce el esfuerzo de pesca y permite una asignación económicamente más eficiente de cuotas”.

Refiriéndose a las subastas, Mathieson dijo que no son recomendables: “los que se las adjudican, pagan un sobreprecio. Por lo tanto, lo que hemos visto en los países que se han aplicado, es que los adquirientes presionan a las autoridades para que les suban las cuotas asignadas, ya que los precios que pagan sobrepasan los ingresos que podrían obtener. Los Gobiernos se enfrentan a la encrucijada de aumentarles la cuota o dejar que quiebren, con el consiguiente descalabro para los trabajadores”.

El Sr. Mathieson incluso fue más allá, ya que en sus conclusiones señaló: “Las subastas generan un incentivo perverso, contrario a la sostenibilidad de los recursos”.

Mi pensamiento es que por definición las subastas de cuotas pesqueras son depredadoras.Si me adjudico una cuota, “sacaré hasta el último pez que pueda capturar, sin importar el estado del recurso”. Y si soy una empresa transnacional y estoy comprando un derecho a pescar, ¿me importa la sostenibilidad de esos recursos por los cuales pagué?

Importante dilema enfrenta el Gobierno en la futura ley de pesca. ¿Cuál será el camino que se seguirá? ¿Conservar o rematar?

Analizando las capturas históricas, nuestro país ha tenido siempre una posición dominante en cuanto a captura de jurel se refiere.

Sin embargo, esta participación se ha ido diluyendo en los últimos años, como producto que otros países como Perú, Ecuador y China no han respetado los acuerdos y las recomendaciones de la misma ORP.

Tanto es así, que Perú ha sido duramente criticado, porque a pesar de la situación crítica del stock de jurel,  aumentó cinco veces la captura de esa especie.

Por otro lado, Chile ha reducido drásticamente su cuota y por ende su captura, que por lo demás incluye no solo la Zona Económica Exclusiva, sino todo el Pacífico. Con este panorama, estamos claramente en inferioridad respecto a los competidores y perdiendo el liderazgo en la Región por respetar y auto limitarnos en relación a la captura de jurel.

¿Qué hacer entonces para lograr un justo equilibrio en la “recuperación” y conservación del recurso jurel, y que Chile no salga desfavorecido frente a su competidores directos y no pierda lo que legítimamente le corresponde por historia en el Pacífico Sur?

La respuesta está claramente en la Diplomacia. Que se despliegue un fuerte y serio operativo con los países socios de la ORP, para asegurar que esta Organización sea capaz de fiscalizar y sancionar a los países que transgredan las regulaciones de la ORP.

Actualmente, los países que han ratificado el tratado no son las principales potencias pesqueras, y no se ha visto un real esfuerzo por parte de las autoridades chilenas de convencer y acercarse a los países indecisos de ratificar el tratado. El ministro Longueira apenas apareció en la última reunión en Santiago, y el ministro de RREE brilló por su ausencia.

La industria chilena no puede quedarse sentada viendo como se ratifica la ORP y Perú gana terreno sobre las capturas. Sin embargo el gobierno debe exigir las garantías a que los acuerdos, a que se llegue en la ORP, se respetarán. Por algo se ha luchado tanto para establecer esa Organización.

Si Chile desea ser una potencia alimentaria, como este Gobierno y los anteriores lo han señalado repetidas veces, lo evidente sería ratificar el ingreso de Chile a la ORP, pero reitero, se deben lograr las garantías de los otros países signatarios de la Convención, que se acatarán las medidas de conservación allí establecidas.

Chile, por si solo, NO puede asumir todos los costos en la recuperación del recurso. La responsabilidad del actual estado del recurso, es de todas las potencias pesqueras que han ejercido actividades de captura sobre el jurel en el Pacífico Sur.

(1) ORP: Organización regional de pesca del Pacífico Sur.

Algunos países, que han estado presentes desde los inicios de las conversaciones de esta importante organización internacional, NO han cumplido con los acuerdos allí establecidos, especialmente lo referido al jurel, principal especie que preocupa a Chile.

Esos acuerdos de manejo reflejan las recomendaciones del Comité Científico de la misma ORP.

Chile que sí ha cumplido, ha luchado desde los inicios para que se “respete el criterio de captura histórica”.

Además, cada vez que en nuestro país se fija una cuota pesquera para el “jurel”, las capturas son computadas tanto dentro como fuera de la ZEE.

Perú NO cumple aquello y Rusia y Corea han querido sacar ventajas poco transparentes.

Afortunadamente, la posición chilena ha contado siempre con el apoyo de Nueva Zelanda, Australia, USA, y Canadá entre otros. Pero eso no es suficiente. Todos deben cumplir los acuerdos.

Todas esas actitudes de los países que no cumplen, son perjudiciales para Chile, cuya posición de defensa de la “cuota histórica” se ve diluida.

La gran contradicción a nivel nacional, es que después de una “mesa pesquera” convocada por el Gobierno, en donde los principales actores llegaron a un acuerdo, con miras a la nueva ley de pesca, el Gobierno propone algo disonante con aquello.

¿Qué podría ocurrir si las cuotas se licitaran? Muchos actores fuera de nuestras fronteras están expectantes, porque sin duda vendrían a tomar acciones para acceder a esas cuotas. Y hay muchas formas para que eso pueda ocurrir.

Ojalá nuestros parlamentarios tomen en cuenta las valiosas opiniones que sobre esta materia tienen las Organizaciones que participaron en esa mesa pesquera.

Y que prime el sentido común.

Sobre cualquier proyecto de ley relacionado a la pesca, los Gobiernos deben tener como primera prioridad LA SOSTENIBILIDAD de los recursos, eso es indiscutible y es bueno que el Gobierno se haya puesto esa meta en la confección de la ley.

Sin embargo, las subastas, como concepto, se oponen a la sostenibilidad, como ya ha sido expresado tantas veces.

Este sistema no ha sido utilizando en ningún país del mundo como sistema inicial de asignación de cuotas, por la gran presión que la licitación radica en los recursos pesqueros.

Además, si la intención de las subastas es abrir la posibilidad a que más actores ingresen al sector pesquero chileno, la recomendación de nuestro Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es facilitar la transferibilidad de las cuotas, no el subastarlas.

En este sentido, la incorporación en el Proyecto de Ley de las “cuotas individuales transferibles” a las pesquerías plenamente explotadas y administradas con cuota global es un paso positivo. Además, al introducir este sistema, se hace innecesario el incorporar las subastas ya que cumplirían la misma función. En esto debemos también escuchar las opiniones de expertos mundiales en la materia.

Asimismo, en el Proyecto de Ley también está en juego una mejor distribución o fraccionamiento de los recursos entre los involucrados en la pesca. Hay un sector artesanal muy importante, que también está en contra de las subastas y que de acuerdo a las negociaciones llevadas a cabo, hoy quedan en una posición bastante mejorada.

Ese sector artesanal es vital para la economía nacional, ya que además es parte de una cultura que representa valores muy enraizados en nuestra sociedad.

Sobre lo mismo, es importante recalcar la reciente reestructuración de la principal organización artesanal del país: la Conapach.

Luego de una serie de rencillas internas estimuladas por dirigentes “equivocados”, la anterior presidenta, Zoila Bustamante, fue reelegida como presidenta, devolviéndole la legitimidad a la organización artesanal más antigua del país. Su elección llega en un momento adecuado, ya que tendrá la responsabilidad de unir al sector artesanal y de llevar sus opiniones al Congreso, lugar donde se debatirá la nueva “Ley de Pesca”.

Otra arista del proyecto tiene que ver con la introducción de los criterios científicos.En las reuniones para establecer la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP), se trabajó muchísimo para lograr que se escuchara la voz de los Comités Científicos.

Finalmente se logró. Mucho está en juego. Es clave que la opinión de los comités científicos sea la base sobre la cual se tomen las decisiones administrativas. Y eso no se opone a que también exista un “panel de expertos”, ya que eso asegura que las decisiones serán tomadas responsablemente, en una ligazón estrecha con los comités científicos.

Una última reflexión. Las capturas de jurel, principal recurso pesquero pelágico del país, han bajado de manera sostenida. Pero NO olvidemos que frente a nuestras costas, un poco más allá de la zona económica exclusiva (ZEE), hemos tenido tremendas flotas pesqueras foráneas realizando muy importantes capturas de la especie que afectan directamente a nuestro país.

Son flotas realmente depredadores, y de allí también el interés y esfuerzo de nuestro país de “regular” las capturas en el mar internacional. Es de esperar que nuestra legislación vaya de acuerdo a lo que hemos acordado a nivel internacional en esta materia.

La organización del evento excelente, y la hospitalidad de la gente omaní, fantástica.

Muchas veces lo más sabroso de estos encuentros internacionales se da en las reuniones bilaterales o de pequeños grupos.

Y esta oportunidad no ha sido la excepción. Me tocó estar presente en una mesa con distinguidos expositores, de distintas partes del planeta. En esa misma mesa, estaban los representantes de la FAO, (Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas) entre otros.

No faltó material de plática. Y uno de los temas de esa conversación fueron los viajes por “el mundo”, con algunos comentarios de uno de los representantes del organismo multilateral. En vuelos de hasta 8 horas 59 minutos, viajan en clase económica. De ahí, sobre las nueve horas en clase ejecutiva.

Entonces surgió la durísima crítica de un profesor de Trinidad y Tobago, experto en la materia que nos ocupaba, quien se manifestó indignado, “¿cómo era posible, que funcionarios burócratas de un ente internacional, que se preocupa de los pobres y hambrientos de este mundo, tengan estos privilegios?” “La verdad es que eso es una VERGÜENZA”, fueron sus muy duras palabras. Ante eso, los “expertos FAO”, no tuvieron argumentos, ni mucho que agregar.

Solo relato este episodio, como algo anecdótico. Sin embargo, da para meditar.

Uno se pregunta, si en realidad estos burócratas internacionales, pagados por todos los países miembros, (por lo tanto por los que pagamos impuestos), ¿se merecen este tipo de privilegios? ¿Además de sus ingresos bastante elevados?

Da para pensar. Hay crisis en el mundo, hay países con “hambre”, y los organismos que deben dar el ejemplo, que lo den. Creo yo.

El Sr. Mathieson refleja fielmente la opinión que nosotros tenemos de los nórdicos. Es una persona más bien parca, y muy directo y claro al exponer sus puntos de vista. Sin duda alguna, su opinión es muy importante, sobre todo en estos momentos en que el Ejecutivo se apronta para mandar al Parlamento, un proyecto de ley de pesca que reemplace al actual.

En su exposición aseveró que el mejor sistema de administración, el que mejor vela por la sostenibilidad de los recursos, es el de “Cuotas Individuales Transferibles”. Que este sistema es la tendencia mundial, y que 22 países pesqueros han adoptado ese camino.

La base de su argumentación está en que “de esa manera se introducen incentivos para que se cuiden las pesquerías: mientras mejor sea el estado del recurso, más valor tiene su cuota en el mercado. Y eso contribuye a su sostenibilidad. Asimismo, define los derechos de propiedad, mejora la calidad de las capturas, reduce el esfuerzo de pesca y permite una asignación económicamente más eficiente de cuotas”.

Refiriéndose a las subastas, Mathieson dijo que no son recomendables: “los que se las adjudican, pagan un sobreprecio. Por lo tanto, lo que hemos visto en los países que se han aplicado, es que los adquirientes presionan a las autoridades para que les suban las cuotas asignadas, ya que los precios que pagan sobrepasan los ingresos que podrían obtener. Los Gobiernos se enfrentan a la encrucijada de aumentarles la cuota o dejar que quiebren, con el consiguiente descalabro para los trabajadores”.

El Sr. Mathieson incluso fue más allá, ya que en sus conclusiones señaló: “Las subastas generan un incentivo perverso, contrario a la sostenibilidad de los recursos”.

Mi pensamiento es que por definición las subastas de cuotas pesqueras son depredadoras.

Si me adjudico una cuota, “sacaré hasta el último pez que pueda capturar, sin importar el estado del recurso”.

Y si soy una empresa transnacional y estoy comprando un derecho a pescar, ¿me importa la sostenibilidad de esos recursos por los cuales pagué?

Importante dilema enfrenta el Gobierno en la futura ley de pesca. ¿Cuál será el camino que se seguirá? ¿Conservar o rematar?

Debo expresar con total satisfacción que el corolario, a lo menos de esta primera etapa, es positivo.

En efecto, se han puesto de acuerdo los principales actores, a saber los sectores artesanales y los industriales.

Ya lo he manifestado anteriormente, cuando uno habla del sector industrial sólo piensa en los empresarios, pero deja de lado a los trabajadores que pertenecen a ese sector y que son miles.

El sector artesanal, que está representado por dos grandes conglomerados, a saber Conapach y Confepach, ha logrado importantes avances en lo referido a los fraccionamientos de las cuotas.

Por una parte, el sector artesanal logró una significativa mejora de cuota en pequeños pelágicos (sardina y anchoveta), lo cual implicará mejores ingresos económicos para un importante número de personas que se identifican con el sector artesanal dedicado a esta pesquería.

Por otra parte, el mismo sector  aumentó su participación en la pesquería del jurel.

Aunque alguien podrá argumentar que el aumento es sólo de un 5%, la verdad es que ese 5% puede representar una cantidad importante de toneladas.

Así por ejemplo, con una cuota global de 500.000 toneladas, ese 5% representa 25.000 toneladas extra para el sector artesanal, lo cual no es menor.

Una realidad similar se observa al ver que hay un importante incremento de cuota para los artesanales en las pesquerías de merluza común y en merluza austral y lo mismo podemos ver en la pesquería de congrio en la zona sur-austral.

Todo eso redundará en mejores ingresos para el sector y más posibilidades de empleo en las plantas y en toda la cadena productiva.

En consecuencia, se puede afirmar que los grandes ganadores en estas conversaciones han sido los pescadores artesanales.

Queda esperar ahora el proyecto de ley del Gobierno que será enviado al Congreso.

Sin embargo, las conquistas de los pescadores artesanales agrupados en esas dos grandes organizaciones ya señaladas anteriormente, ya están asimiladas, ya están logradas.

Afortunadamente, la Viceministra de Pesquería de nuestro vecino país, María Isabel Talledo, rápidamente aclaró que la posibilidad de que buques rusos hicieran uso de los recursos peruanos era remota, siendo que la mayoría de las pesquerías del Perú –anchoveta, jurel, merluza y caballa- están plenamente explotadas.

Añadió la personera de Gobierno que sólo en caso de existir excedentes se podría permitir el acceso a los recursos a barcos de bandera extranjera, y esto tras la presentación de un informe del instituto Marítimo Peruano señalando que efectivamente ese recurso existe en abundancia.

El mensaje detrás de las declaraciones del Gobierno peruano es que se pensaría en abrir los recursos pesqueros peruanos a industrias internacionales sólo y exclusivamente en caso que no haya excedentes pesqueros que puedan ser capturados por barcos peruanos.

Automáticamente se llega a la siguiente conclusión: Perú no está dispuesto a que otros países vengan a explotar sus recursos mientras haya peruanos con posibilidad real de hacerlo y que si no hay excedentes, ¡no se pueden negociar las cuotas a extranjeros de ninguna forma!

En Chile, sin embargo, la discusión sobre el futuro de la pesca parece sacada del mundo de “Ripley”.

Al igual que en Perú, las principales pesquerías chilenas están decretadas en plena explotación desde hace años. Sin embargo, el Gobierno quiere licitar parte de las cuotas de estas especies, abriendo la posibilidad a que extranjeros entren a operar en nuestras aguas.

Considerando que una posible licitación en la pesca tendría que cumplir con las reglas acordadas en los Tratados de Libre Comercio firmados por Chile (que no permiten licitaciones “cerradas”) y dado que la condición que señala que la embarcación que opere en aguas nacionales debe ser en un 51% de propiedad chilena, en realidad no es limitación para una empresa extranjera, las licitaciones son una clara invitación a que nuestros recursos pesqueros se internacionalicen.

De paso, el Gobierno le estaría cerrando la puerta a una industria chilena que lleva años invirtiendo y desarrollando verdaderas ciudades en torno a la pesca.

¿Y todo para qué?, ¿para compartir nuestros recursos con la industria foránea, que no aporta al PIB y que posiblemente no dará empleo a la clase trabajadora chilena?

Esto es justamente lo que Perú no está dispuesto a hacer con Rusia.

¡Si tan sólo el Ministerio de Economía de nuestro país tuviera el mismo recelo por los recursos chilenos como lo tiene Perú! Afortunadamente, aún hay tiempo para que el Gobierno rectifique este grave error.

La verdad es que se produce un extraño sentimiento de emociones encontradas.

Por un lado, es reconfortante ver nuevamente tan activa a nuestra juventud, aquella a la cual se denostaba porque no “tenía interés político o con nula participación social”. Pero esa juventud estaba allí, que solo andaba de “parranda” como dice una popular canción.

La juventud siempre ha sido activa y siempre ha sido aguerrida. Lo que ocurre actualmente me trae a la memoria lo que pasaba en los tiempos de la Reforma Universitaria de fines de los 60.

Sin embargo, hay una diferencia notable entre las movilizaciones de ayer y las de hoy. Las de hoy son mucho más profundas, y atraviesan a toda la sociedad, muestran la fragilidad del sistema en el cual vivimos. No solo protestan los estudiantes. Las protestas son mucho mayores, con alcances que es difícil predecir.

Hemos visto lo que ocurrió en Magallanes, ahora en Calama, los damnificados del terremoto, los problemas en las cárceles, el problema medioambiental, en suma, es algo mucho más profundo, es una profunda protesta al sistema.

Se puede hacer muchos análisis de las razones para estas manifestaciones. Pero lo que si está muy claro, es la INCOMPETENCIA de este Gobierno, que paradójicamente es el responsable, en gran parte, de esta situación.

Usted puede preguntarse ¿por qué? Bueno, se prometió un Gobierno de EXCELENCIA, con toda una batería de proyectos que nos llevaría derechito al “desarrollo”.

Y ¿qué ha pasado? Bueno, se crearon expectativas enormes, y como los “pingüinos” dicen, este Gobierno NO dio el ancho. Las metidas de pata, sobretodo desde la cabeza misma, son incontables, además de las crisis creadas desde el Gobierno mismo.