Para la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), adherir al sistema de gratuidad siempre fue una decisión reflexionada al alero de su misión e identidad. Ingresar o no al sistema nunca fue puesto en duda y resultó siempre una exigencia de coherencia con su proyecto educativo, no fue una opción, sino que un deber de nuestra misión. Así lo entendió la comunidad universitaria, la cual hoy ve con orgullo que más del 55% de los estudiantes nuevos matriculados, han ingresado con gratuidad.

No podemos desconocer que adherir a esta medida implica proyectar un presupuesto menor de ingreso respecto de años anteriores, pero estamos convencidos que la gratuidad es una buena noticia y que ello supera cualquier dificultad que traiga asociada.

Sabemos que para mantener la calidad que hoy poseemos, expresada en la acreditación institucional y de cada carrera, habrá que ajustar el presupuesto generando mayores ingresos y reduciendo gastos,  pero lo que nos importa es respetar nuestra identidad. Tendremos que ser creativos e innovadores, pero para ello somos las universidades.

La historia de nuestra institución, por lo demás, ha sido siempre la de una casa de estudios desafiada por una realidad exigente e incluso, a momentos, contraria a su identidad: nacemos como un espacio de libertad -como IPES Blas Cañas- en tiempo de dictadura y hemos vivido, por muchos años, como un espacio de auténtico servicio y equidad, como una institución sin fines de lucro, en  una realidad de numerosas instituciones de educación superior movidas por los intereses financieros.

El alto flujo de postulaciones con gratuidad generadas los primeros días del proceso de admisión en las diversas universidades adheridas, denota un notable aumento de expectativas en torno a esta medida gubernamental y, por sobre todo, permite inferir que jóvenes hasta hoy postergados por el sistema de financiamiento de la educación superior, pueden  ver realizados sus anhelos de continuidad de estudios y las aspiraciones familiares de movilidad social.

Esperamos que, de ahora en adelante, el diálogo en torno a las políticas públicas en educación no se siga agotando entre las universidades del CRUCH y que el dato del 55% de estudiantes con gratuidad permita visibilizar que existimos otras universidades, que poseemos una profunda vocación pública y que tenemos mucho que aportar para seguir avanzando en la senda de la equidad.

Como universidad que acoge mayoritariamente a estudiantes provenientes de sectores desfavorecidos, siempre hemos considerado que el AFI es un sistema de financiamiento regresivo y discriminatorio, que hasta antes de la implementación del Ranking de Notas, se sumaba a los mensajes desesperanzadores que se le entregaban  a todos esos jóvenes, que teniendo mérito académico, no tienen la posibilidad de lograr en las pruebas de selección universitaria un alto puntaje, tanto por su capital cultural de base como también por la calidad de su proceso formativo.

Premiar a las universidades que reciben a los estudiantes de más altos puntajes en la PSU, sólo ayuda perpetuar las diferencias de cuna, como también a la imposibilidad de romper el círculo de escasez socioeconómica asociada a pobreza educacional.

El AFI no es algo que impacte directamente la proyección presupuestaria de instituciones como la nuestra, que no recibe a los mejores puntajes PSU y donde el ingreso de recursos por esa vía resulta marginal.

Sin embargo, seguir manteniéndolo tal como está, puede interpretarse como una contradicción, ya que lo que hoy se busca es favorecer a los que menos tienen y no continuar financiando a las universidades que reciben a los estudiantes de más altos puntajes, que sabemos que en su mayoría, provienen de familias de altos ingresos.

Por lo mismo, la eliminación del AFI hoy se convierte en una doble oportunidad: terminar con un mecanismo que no favorece la equidad y la posibilidad de ofrecer mejores condiciones a los planteles que decidan implementar la gratuidad el 2016,  reasignando dineros en el presupuesto nacional para cubrir la brecha económica que ocasionará en algunos de ellos.

Ya lo hemos señalado anteriormente, la gratuidad va en beneficio de los jóvenes por sobre cualquier otro interés institucional. Su inminente implementación es una excelente noticia para los estudiantes, pero también requiere estudiar y revisar con responsabilidad los cambios que esto generará al interior de los planteles de educación superior para que puedan ofrecer gratuidad a los alumnos, sin alterar su funcionamiento ni los estándares de calidad de la formación que entregan.

No podemos desconocer los avances que se han alcanzado en materia de equidad y los esfuerzos que ha hecho y sigue haciendo el Gobierno en la búsqueda de una educación más justa para todos los chilenos.

La gratuidad es un enorme paso en esa línea, sin  embargo, el cambio será realmente significativo, si esta nueva política no sólo no perjudica el normal funcionamiento de las instituciones, sino que al contrario, suma conjuntamente a la equidad y calidad.

No hay duda de que las iniciativas impulsadas por el Gobierno en este sentido constituyen una necesidad para el país. Por más de tres décadas Chile se ha venido desarrollando una educación superior sin la debida atención y sin una revisión profunda de su funcionamiento.

Ya era hora, entonces, de dedicarle tiempo a aquello. Asimismo,  avanzar a la gratuidad, constituye un acto de justicia, que también hacía mucho tiempo merecía atención por parte de los encargados de pensar y ejecutar la política pública en nuestro país.

Pero si bien, estos anuncios responden a una necesidad y constituyen un acto de justicia, no es menos cierto que, dada su relevancia,  merecen ser atendidos con mayor precisión, aspecto que no ha sucedido hasta ahora.

Esta situación explica que el ministerio de Educación haya tomado cartas en el asunto, anunciando la creación de un consejo consultivo –compuesto por connotados especialistas en materia de educación y aseguramiento de la calidad- que tendrá por misión ordenar la reforma educacional, atendiendo cada una de las miradas que coexisten frente al tema.

No cabe duda de que es una buena noticia y es de esperar que de esta forma se logre ingresar al tema de fondo, que no es otra cosa que entender cuál es el sentido del quehacer de las universidades, aspecto que ha estado ausente de la discusión actual y que ha sido reemplazado por la defensa de intereses.

Así entonces, más que discutir respecto a por qué una institución merece recibir apoyo, la mirada debiese centrarse en el para qué trabaja esa institución y, según eso, definir si merece ser apoyada. Es importante tener claro que el foco no está en lo que espero recibir como institución de educación superior, sino en lo que quiero entregar a los estudiantes, a la comunidad, a la sociedad en general.

Como ya hemos dicho, esta reforma es un proceso necesario para nuestro país y la gratuidad es un acto de justicia y un avance en equidad, pero también, es una oportunidad para dialogar sobre el sentido de la educación superior en el Chile actual.

Esperemos que esta nueva etapa anunciada por el Gobierno abra paso a discusiones de fondo, donde exista capacidad de acoger sugerencias, incorporar miradas y aprovechar las experiencias acumuladas hasta ahora, tanto en universidades privadas como estatales.

Por lo pronto, la única certeza que tenemos es que el inicio de la gratuidad corre a favor de las Universidades pertenecientes al CRUCH.

Es ahí, entonces, donde radica la principal preocupación de instituciones como la nuestra, que desde su vocación pública y su orientación hacia los sectores más carenciados, no comprende y más bien discrepa del mecanismo  elegido para comenzar a implementar la gratuidad. Sabemos que no necesariamente las universidades del CRUCH aglutinan mayoritariamente a la población de los quintiles de ingreso más bajo y por lo tanto, dejan fuera del beneficio a  un número considerable de estudiantes del mencionado 60%.

Si el objetivo de esta medida gubernamental es beneficiar a los jóvenes pertenecientes a los sectores más vulnerables, creemos que aún hay tiempo de mejorar esta situación y ello puede hacerse entregando el beneficio directamente a los jóvenes del 60% más pobre, al margen de la institución en la cual se matriculen, siempre y cuando ella cumpla con ser una institución acreditada, sin fines de lucro, con manifiesto compromiso social y con un sistema de gobierno interno, que posibilite la participación de la comunidad y asegure la libertad académica.

En ese marco, vemos como positivo que en las últimas semanas se hayan levantado nuevas voces para plantear la posibilidad de que el beneficio cubra al 40% de los jóvenes más vulnerables y así abarcar una mayor cantidad de planteles.

Ello, considerando que el objetivo es ampliar la cobertura desde sus inicios, sin perjudicar arbitrariamente a miles de estudiantes que merecen ser igualmente apoyados. Es importante que no perdamos de vista que la gratuidad va en beneficio de los jóvenes, por sobre cualquier otro interés institucional.

Resulta lamentable que una medida que va bien encaminada, se distraiga y agregue a la inequidad anterior una segunda e innecesaria barrera: que sólo los jóvenes que estudien en el mundo universitario de las instituciones agrupadas en el Consejo de Rectores puedan tener este importante apoyo de gratuidad. No hay razón para ello, ya que la medida busca saltar la barrera de los costos y ayudar a los más desfavorecidos por la sociedad.

Si bien, resulta comprensible que el Estado vele por la calidad de la inversión que realiza, solicitando cumplir a las instituciones que reciban este beneficio un conjunto de medidas, tales como acreditación de la calidad, no existencia de lucro, inclusión de sectores vulnerables e incluso participación de la comunidad en instancias colegiadas que aseguren su representatividad, no es posible entender del todo por qué instituciones de educación superior como la nuestra, la Universidad Católica Silva Henríquez, quedan afuera de dicho beneficio.

La Universidad Católica Silva Henríquez, tiene una acreditación institucional por sobre la media (4 años) y una acreditación de sus carreras, en varios casos, ubicadas en el segmento más alto (6 a 7 años); es una corporación privada de la Congregación Salesiana (antes de la Conferencia Episcopal de Chile) que no tiene lucro alguno y que es una de las cincos universidades en el país que no posee empresas asociadas (lo que no es signo de lucro, pero es el mecanismo utilizado por algunos para obtenerlo).

Su carácter social se manifiesta en que del total de estudiantes que ingresaron a sus aulas el 2015, el 47,5% pertenece a los quintiles más bajos de la escala social (se sube a un 73,8% si se agrega el tercer quintil); acoge un alto porcentaje de jóvenes de primera generación de estudiantes universitarios en sus familias; desarrolla un significativo trabajo en sectores populares, en cárceles y en nivelación de estudios básicos y medios; y cuenta con uno de los más antiguos propedéuticos de Chile, que facilita el ingreso al mundo universitario (no necesariamente a nuestra universidad) de estudiantes con alto rendimiento en sus colegios, pero bajo puntaje en la PSU.

Por último, es una universidad católica, orgullosa de ello y de su identidad salesiana, pero abierta a todos a quienes respeten sus principios, que no son otros, que los que guiaron al Cardenal Raúl Silva Henríquez: el sueño de un Chile cada vez más justo. De aquí que, en sus 32 años de historia, siempre la comunidad académica tiene y ha tenido espacios formales para hacer valer su opinión y con ello, representar la pluralidad de las ideas presentes en la nación.

Nos alegramos por los anuncios que nos hablan de mayor justicia, pero no podemos dejar de manifestar nuestro desconcierto por la marginación de nuestros estudiantes de los beneficios que la sociedad quiere entregar a los que más lo requieren; más aún, siendo una universidad que cumple con creces lo que se esgrime como justificación para entregar a otros estos beneficios.