Entre los cinco votos de minoría estuvo el del Intendente de la Región, Francisco Huenchumilla, quien estimó necesario para resolver el tema la realización del proceso de consulta a las comunidades mapuche establecido en el Convenio 169 de la OIT. Los seis votos aprobatorios fueron Seremis integrantes del gabinete regional, es decir altos funcionarios públicos de la exclusiva confianza de la Presidenta Bachelet.

Este episodio es una metáfora de la difusa postura del gobierno en relación con la situación mapuche.

La acción de Huenchumilla, desde su asunción, ha estado orientada a explorar caminos para superar la grave situación de injusticia, discriminación y acoso que vive el pueblo mapuche. Sin embargo, es evidente que se trata, hasta ahora, de una posición puramente personal que convive al interior del gobierno con posturas contrarias al radical cambio de perspectiva que se requiere para dar inicio a una nueva etapa en la relación del Estado con la etnia mapuche.

El Ministro Peñailillo y el subsecretario Aleuy han formulado declaraciones bien orientadas al señalar que la ley antiterrorista (LAT) no será aplicada a las acciones de reivindicación social y política de las comunidades mapuche. La propia Presidenta lo dijo durante su campaña: la aplicación de esa ley a dirigentes mapuches, en su anterior gobierno, constituyó un error.

La prensa ha informado de nuevos planes para establecer un sistema carcelario especial para los presos mapuche, que esté en concordancia con el Convenio 169 de la OIT suscrito por Chile. Es una iniciativa que parece positiva, pero siempre que se enmarque en un horizonte global de reparación y reconocimiento amplio de derechos. Si no, querría decir, simplemente, que se prevé una población penal creciente, que sería un signo de continuidad o incremento del estado de dominación y represión en que se encuentra el pueblo mapuche.

El gobierno ha cumplido dos meses en funciones y su activismo ha sido interesante.Maneja la agenda pública y ha emprendido tareas significativas en materia tributaria y educacional que, aunque puedan no ser enteramente satisfactorias, constituyen aproximaciones valorables.En el cuadro de la situación mapuche, desafortunadamente, no ha mostrado la prontitud que se requiere, posiblemente por una pugna interna que deriva de indefiniciones programáticas y de debates que los aliados de la Nueva Mayoría escamotearon.

Las tareas de hoy son claras.

Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo continúan presos en la cárcel de Concepción, cumpliendo penas que les fueron asignadas por delitos que la justicia militar estimó no probados y que, sin embargo, la justicia civil consideró acreditados.

Ambos fueron encausados y procesados por conductas terroristas, cargo que, al finalizar el juicio oral, la propia Fiscalía descartó. La sentencia liberó a los inculpados de las acusaciones de terrorismo. A pesar de lo anterior el proceso, sustentado en las normas procesales de la LAT, fue inexplicablemente validado.

Recientemente los tribunales han descontado a las penas de Llaitul y Llanquileo los períodos de encarcelamiento que padecieron en otros procesos, una decisión legal justificada. Pero sigue en pie la aberración de su condena. ¿Si fue un error la aplicación de la LAT por qué no se intenta corregirlo mediante alguna fórmula que permita la inmediata libertad de ambos?

Emilio Berkhoff está preso en la cárcel de Lebu y en su caso los fiscales han actuado con saña, endosándole responsabilidades que no tiene. Aparentemente existe una decisión de usar su caso como escarmiento para aquellos no indígenas que actúan a favor de la causa mapuche. El estatuto de Berkhoff es el de un preso común y no se le aplican las disposiciones del Convenio 169 que protegen a los reos de la etnia mapuche. Es preciso, urgentemente, poner término a la persecución contra Berkhoff.

Un grupo de comuneros mapuche recluidos en la cárcel de Angol se encuentran en huelga de hambre solicitando se revisen sus procesos, se modifiquen sus condiciones carcelarias y se indulte a uno de los presos cuyo estado de salud es grave.La huelga de hambre se aproxima ya al mes de duración y nuevos condenados se han sumado a esta acción de protesta. La reacción gubernativa ha sido insensible, burocrática, lenta y de efectos nulos.

Si el gobierno quiere verdaderamente iniciar una etapa distinta en el tratamiento de las reivindicaciones mapuche es preciso que dé prioridad y aborde de inmediato las tareas de hoy, las tareas urgentes. La primera de ellas es resolver las diversas situaciones de evidente injusticia que afectan a los presos políticos mapuche.

La formulación programática de Bachelet, que muy posiblemente será electa, propone elevar la categoría del tema mediante una medida de mejor administración, como es el otorgamiento del rango ministerial al director de CONADI. Aunque es un gesto que indica prioridad, esta proposición no resuelve las demandas mapuche que requieren definir opciones políticas de fondo.

No obstante, es preciso valorar la confesión que Bachelet hiciera sobre el error cometido en su gobierno al aplicar la ley antiterrorista a dirigentes mapuche.El reconocimiento de esa grave desatino es un paso positivo, si es que se ha entendido claramente en qué consistió.

La aplicación de la ley antiterrorista a luchadores mapuche busca, en términos genéricos, el desprestigio y la criminalización de la lucha de nuestro principal pueblo originario.

Ha significado penurias inmerecidas para decenas de sus integrantes, sus familias y en particular sus niños, entre ellas persecución y represión permanente, necesidad de vivir en la clandestinidad, prisión preventiva sin justificación y eventualmente condena a penas privativas de libertad aumentadas por la calificación terrorista de los supuestos delitos.

En los procesos en que se ha utilizado la ley antiterrorista el procedimiento especial aplicado significa una merma de los derechos de la defensa. Largos períodos de prisión preventiva han afectado a muchos reos posteriormente declarados inocentes o sobreseídos.

Los abogados defensores han carecido de la información suficiente para ejercer su función, a la que sí tienen acceso en juicios por la ley penal corriente.La presencia de testigos protegidos, sin rostro ni nombre, a veces decisivos en los fallos, han limitado severamente las posibilidades de la defensa de cuestionar sus dichos.

Incluso en aquellos casos en que las acusaciones terroristas no han sido sustentadas por la sentencia, el fallo ha legitimado el procedimiento judicial seguido durante el proceso, aunque obviamente al no haber delito terrorista no correspondía aplicarlo.

Si Bachelet tuvo la coherencia para asumir que cometió un error, será indispensable que, si es electa Presidenta, actúe con rapidez y consecuencia en su reparación. Si no, el reconocimiento del error habrá sido pura retórica. Por eso, debiese poner término a injusticias que se cometieron y que están actualmente produciendo sus efectos.

La primera acción ineludible para iniciar una nueva etapa en el enfoque a las múltiples cuestiones relativas a la actual situación del pueblo mapuche, es adoptar las medidas legales o administrativas que conduzcan a la liberación de todos los presos políticos mapuche condenados por supuestos delitos terroristas o que fueron procesados y condenados mediante los procedimientos de esa ley. Es lo que corresponde si quienes la aplicaron reconocen haberlo hecho equivocadamente.

Una vez zanjada esta cuestión elemental de justicia el nuevo gobierno deberá dar respuesta, sin evasivas, a la pregunta sobre el territorio y la autonomía.

El balance del gobierno de Bachelet fue menos positivo de lo que algunos augurábamos en 2005.El rápido desmontaje por los partidos de la idea del “gobierno ciudadano”, que la candidata agitó como consigna de su campaña, dio paso a un gobierno alejado de los movimientos sociales y sometido a las encuestas.

Más tarde, la aprobación del proyecto LEGE,un acuerdo con la derecha que fue calificado como “histórico” y celebrado como tal, sepultó las reivindicaciones de los “pingüinos”.

La política energética no tuvo claridad y uno de sus peores resultados fue el aumento de plantas termoeléctricas. La aplicación de la ley antiterrorista a líderes mapuches criminalizó la lucha de ese pueblo.Si bien la responsabilidad respecto al Transantiago es principalmente del gobierno anterior, la decisión de echarlo a andar por motivos financieros se adoptó en el gobierno de Bachelet.

A pesar de estos y otros errores, los equipos de gobierno acertaron en el manejo mediático y la Presidenta finalizó su mandato con una alta aprobación ciudadana.

La principal estrategia fue su abandono del ejercicio ejecutivo de la presidencia para asumir un rol más ceremonial y de representación.

Los capitales políticos personales que posee Bachelet facilitaron mantener y aumentar la alta estima que le tiene la ciudadanía: es una socialista que luchó contra una dictadura de la que fue víctima directa, exhibe una vida personal honesta, representa un hito cultural al haber sido la primera mujer electa Presidenta y expresa una sensibilidad social que su gobierno tradujo en ciertos beneficios para los sectores más desposeídos.

Para conservar ese patrimonio acumulado se optó por mantener a la candidata en silencio durante más de tres años. Esa decisión pragmática le ha permitido manejar los tiempos de su programa y una evidente ambigüedad sobre los aspectos más sensibles para la estabilidad del pacto que la apoya.

Cuando llegue el momento, el trámite parlamentario de las propuestas hará evidente que las diferencias abarcan prácticamente todas las áreas y que el gobierno de Bachelet se tensionará en un marco de constante negociación dentro de la futura coalición de gobierno.

Durante la campaña, a pesar de los odiosos ataques de la derecha, Bachelet ha mantenido un sólido apoyo y un bajo nivel de polémica con sus adversarios.

En la recta final enfrenta con clara ventaja a una derecha política colapsada, escindida entre conservadores y populistas y cuestionada por los liberales que Piñera quiere representar.

Por su parte, la izquierda aceptó tempranamente la fragmentación como destino.Sus grupos más organizados optaron por su propio perfilamiento o por crecer vía pacto electoral con la Concertación.

Otros segmentos, en principio clasificables dentro de la matriz de izquierda, han dado a entender o postulado que izquierda y derecha son referentes superados.

De esta manera, a la ausencia de esfuerzos unitarios que habilitaran una candidatura de izquierda fuerte, se suma la renuncia de algunos a una memoria y a una referencia que han constituido históricamente un signo irremplazable para que la ciudadanía adopte sus decisiones.

Al desvanecer a la izquierda, borran también a la derecha y ésta se beneficia de la desaparición de su principal enemigo y gana invisibilidad.

Entonces, el paisaje político no propone en lo inmediato grandes novedades.Pero emergen cuestiones que es preciso considerar en una perspectiva de mayor plazo.

Las elecciones parlamentarias pueden significar avances.No es imposible que la Concertación y su pacto obtengan una mayoría en ambas cámaras, un hecho positivo, salvo que la Concertación, como ya ocurrió en el pasado, no sepa qué hacer con esa mayoría o no quiera aplicarla.

La elección de varios candidatos comunistas, socialistas allendistas, de Izquierda Ciudadana, de Izquierda Autónoma o de algunos socialistas, fortalecería una presencia más comprometida en el Congreso.

Una camada de dirigentes jóvenes que participaron activamente en las movilizaciones del 2011 -Vallejo, Figueroa, Cariola, Jackson, Boric, Daniela López- ha hecho una activa campaña e incluso algunos serán electos.

El movimiento ciudadano por una Asamblea Constituyente ofrece una posibilidad de hacer valer la opinión sobre este tema al momento del sufragio.

Sin embargo, al no estar concordado con las diversas candidaturas, ha enfrentado resistencias de candidatos temerosos de que sus votos no sean computados. Por eso no tendrá todo el impacto que sería deseable, aunque su contribución ha sido valiosa.

En este ámbito hay que lamentar que la idea de aprovechar el operativo electoral nacional para una urna adicional donde se recogiera la opinión sobre la nueva Constitución, iniciativa que se planteó en 2009 con el nombre de “cuarta urna”, no haya logrado ni siquiera una promoción significativa.

Por motivos no explicitados ninguna fuerza propuso este procedimiento participativo y democrático.

El nuevo gobierno podría tener una favorable oportunidad. Pero no hay razones para aseverar que sabrá asumirla. Una percepción puramente racional, basada en el actual estado de la política y de los partidos, indicaría más bien lo contrario.

Resta la expectativa no fundada-una esperanza deseosa, casi una ilusión- que gobierno y partidos asuman un legítimo entendimiento con los movimientos sociales y la ciudadanía organizada a fin de acumular una fuerza de tal magnitud que abra el camino a transformaciones profundas.

Es difícil que en el tiempo próximo la izquierda alcance una configuración orgánica, pero es posible aspirar al menos a que en sus relaciones predominen fuerzas centrípetas que avalen una convergencia mínima.

Para intentarla es preciso aceptar con realismo las opciones presidenciales que han asumido sus diversos segmentos y reconocer también las razones de quienes han optado por no comprometerse con ninguna.

Una plataforma de objetivos básicos debiera potenciar esa convergencia: Asamblea Constituyente, educación pública y gratuita, recuperación de riquezas básicas, tributos justos, legislación protectora del trabajo, energía limpia y sustentable, no discriminación, regionalización y descentralización, reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, igualdad de género, son puntos principales.

Y es de esperar que, de una vez por todas, los desafíos del futuro obliguen a apretar filas.

En el juicio ante el Tribunal Oral de Cañete en 2010 la Fiscalía solicitó 105 años de cárcel, el Tribunal aplicó 25 y la Corte Suprema, finalmente, zanjó en 14. Llaitul no ha sido acusado de cometer delitos de sangre y nunca ha sido condenado por delitos terroristas.

Sin embargo, fue procesado de acuerdo a normas especiales de procedimiento contenidas en la ley Antiterrorista y por eso sus abogados han pedido la nulidad de su condena a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, Llaitul fue procesado en paralelo, por los mismos hechos, por la justicia militar y la justicia civil. La primera lo absolvió, la segunda lo condenó.

Durante su prisión en Angol, la celda de Llaitul ha sido varias veces allanada. Cada vez la prensa oficialista informó de inmediato y con detalle sobre los supuestos hallazgos: croquis, planes de fuga, tenencia de celulares no autorizados. Los recursos de amparo interpuestos han sido favorables a Llaitul y sus compañeros de prisión  han mostrado la falacia de esas informaciones. El verano pasado, cuando ocurrieron los incendios en Carahue, las autoridades de gobierno y la Fiscalía intentaron a toda costa, sin éxito, involucrar a Llaitul y su organización, con profusa difusión en los medios.

Los hijos de Llaitul, aún muchachos, estuvieron detenidos por rayar paredes con consignas a favor de la libertad de su padre y, hace un tiempo, un fiscal intentó amedrentar a su esposa por ser ella una profesional que trabaja en el sector público. Un hijo de Llaitul acaba de ser suspendido por treinta días del Liceo de Cañete por participar en una toma ejecutada por los estudiantes para sostener sus demandas.

De sus cuarenta y tres años de vida, Héctor Llaitul, ha permanecido, en total, más de ocho meses en huelga de hambre y varios años en la clandestinidad.

En estos días los familiares de Llaitul han denunciado que se quiere agregar a la condena a 14 años una anterior por 541 días. No obstante, agregan, otras personas condenadas por los mismos hechos, a la misma pena, por el mismo tribunal, han sido beneficiadas con la prescripción de esa pena. ¿Por qué no Llaitul?

Pues bien, el pueblo mapuche es discriminado, Llaitul es, por su parte, uno de los mapuche más dicriminados.Su encarcelamiento ha sido un objetivo largamente perseguido por el Estado chileno.

El diario “El Mercurio” luego del fallo del Tribunal de Cañete publicó, el 24 de febrero de 2011, una crónica sobre el proceso. La condena de Llaitul era un triunfo y un alivio para el gobierno y la Fiscalía.

Según una de las fuentes del cronista la prisión de Llaitul les daría“un espacio de varios años de calma, porque los weichafes tendrían que foguearse en el extranjero para ser lo que es Llaitul”. La realidad ha mostrado lo contrario: el conflicto del pueblo mapuche con el Estado chileno va más allá de un liderazgo, por importante que este sea. No ha habido años de calma, aún con Llaitul preso.

Héctor Llaitul es objeto de una discriminación odiosa y víctima de un uso viciado de los instrumentos legales.

Estamos en presencia de una brutal y arrogante manipulación de las normas. El caso de Llaitul es, antes que nada, una cuestión de justicia ante la cual no cabe la indiferencia.

Efectivamente, la empresa minera Anglo American replicó hace algunos días a las a afirmaciones de Codelco respecto de la venta de un paquete accionario de Anglo American a un tercero.

Esta venta, según Codelco, es ilegítima, daña una opción de compra a su favor y la perjudica gravemente. Anglo American en cambio sostiene su facultad de efectuarla sin que ello implique violación de los acuerdos previos con Codelco.

Informaciones de prensa aparecidas en estos cálidos días de febrero registran al Presidente Ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, sosteniendo que la empresa nunca fue informada de las intenciones de Anglo American.

Esta última, por el contrario, ha emitido una declaración que aparece en su sitio web y que en una de sus partes expresa:

“Durante 2011 se realizaron diferentes reuniones entre ejecutivos de Anglo American y Codelco en las cuales Anglo American buscó infructuosamente un acuerdo para la eventual compra del derecho de opción de Codelco. Durante esas conversaciones, los señores John Mackenzie y Peter Whitcutt de Anglo American le manifestaron claramente al señor Diego Hernández la disposición de Anglo American de vender una participación en AAS a un tercero, tal como lo autoriza el contrato de opción, en caso de que esas negociaciones no llegaran a acuerdo”.

“Una de estas reuniones se realizó en Santiago el día 11/07/2011. Por lo tanto, el señor Hernández estaba perfectamente informado de que Anglo American estaba considerando vender parte de la propiedad de AAS a un tercero. Desconocemos si esta información fue entregada por el señor Hernández al Directorio de Codelco”.

Anglo American es la subsidiaria de un grupo transnacional que inició sus operaciones en Sudáfrica en 1917, con oficina principal en Londres y operaciones mineras en hierro, cobre, platino, diamantes, manganeso y carbón, en Norte y Sud América, África y Oceanía. Diego Hernández es uno de los ejecutivos mineros más importantes de las últimas décadas.

Es el único chileno que exhibe en su curriculum haber trabajado en las cuatro mayores mineras mundiales (Vale, Rio Tinto, BHP y también Anglo American, su actual contradictor).

Impulsor de la coordinación de las mineras privadas en Chile y opositor del royalty en años recientes, Hernández ha circulado con éxito por el mundo empresarial privado. Desafortunadamente, en su paso al empresariado público no ha mostrado la misma habilidad.

La mayoría de los chilenos no entiende ni tiene por qué entender los detalles financieros o jurídicos de la disputa Codelco-Anglo American.

Lo que sí es fácil de comprender es que, más allá de la controversia legal, en el último episodio de estos días uno de los dos actores miente: o los ejecutivos de Anglo American o el máximo ejecutivo de Codelco.

Si es la transnacional, correspondería que el gobierno chileno adoptara acciones que signifiquen rechazo y condena a esta forma de engaño.

Si es el máximo ejecutivo de Codelco Diego Hernández corresponde que el gobierno entregue información transparente a la opinión pública y destine a ese cargo a alguien más habilitado para ejercer como ejecutivo de una empresa pública.

O lo uno o lo otro. Por algo hay que empezar para modificar el escandaloso esquema de explotación del cobre chileno por empresas extranjeras.

Esto lo aprendemos todos los días de nuestra vida, en nuestras casas, en el seno de las familias, en el trabajo y en la escuela. Es parte del sentido común que los medicamentos tienen por objeto erradicar enfermedades que afectan el bienestar de las personas, disminuir dolores y sufrimientos, en fin, salvar vidas.

Aplaudo la multa aplicada a las cadenas de farmacias que se coludieron para aumentar sus ganancias a costa de los consumidores de medicamentos. Pero me pregunto si acaso es suficiente.

Los abogados especializados son los indicados para decir si no hay aquí también responsabilidades penales que deben hacerse valer.

¿A cuántos enfermos se privó de un determinado medicamente por la vía de inflar sus precios para aumentar las utilidades de los dueños de las farmacias?

No da lo mismo el precio de un fármaco, no da lo mismo el tipo de tratamiento que se utiliza por prescripción médica para atacar una cierta enfermedad. Para decirlo brutal pero muy claramente: las ganancias ilícitas de las farmacias se pagaron en dinero y en tiempo de bienestar o tiempo de vida de personas reales.

Determinar si estas conductas constituyen o no delito corresponde a los abogados y eventualmente a los tribunales. El juicio moral en cambio es un derecho de los ciudadanos y no puede ser ambiguo: la colusión de las farmacias causó un daño irreparable y debe ser condenada no sólo con penas pecuniarias.

Desde el gobierno, y también desde la oposición, surgen voces demandando más regulación, políticas firmes contra los abusos. Me parece adecuado pero, de nuevo, me resulta insuficiente.

Casi pareciera un recurso destinado a oscurecer la cuestión central que debería ocuparnos: la salud y los medicamentos no pueden ser objeto de negocio como cualquier otra mercancía que se transa en la economía de mercado de baja regulación.

¿Propuestas? Es un tema largo. Se ha debatido y hemos dado nuestra opinión con precisión. Sin embargo, como en muchas esferas de nuestra vida social, no hay peor sordo que el que no quiere oír: los grandes intereses lucrativos acallan todo aquello que afecta sus fuentes de privilegio.

Pero, habrá que decirlo una vez más: hay que fortalecer un sistema público de salud digno y gratuito. Y, dos, es urgente regular el comercio privado de medicamentos a través de una cadena nacional de farmacias públicas que, con sus políticas de precios, haga de la distribución de medicamentos un servicio debidamente remunerado, pero no el gran negocio con la salud y la vidas humanas en que está convertido.

Y tiene razón, la derecha no mata por tan poca cosa. Al fin y al cabo, para ellos, un sistema electoral es un puro método de distribuir el poder político de una forma que no afecte gravemente la distribución del poder económico, de la riqueza, de los ingresos.

Para matar tenemos que estar hablando de propiedad. De tierras, de fábricas, de minas, de barcos, de edificios. Matar, pudiera ser, pero sólo por cuestiones clave, como esas, no por reglas electorales.

El 11 de septiembre de 1973, las ejecuciones sumarias, los desaparecidos, los cadáveres lanzados al mar, no tenían nada que ver con reglas electorales.

Para pensar en el momento actual, tampoco tuvo que ver con reglas electorales el homicidio de Matías Catrileo en el territorio mapuche. Matar, bueno, matar, sólo cuando hablamos en serio, de cuestiones serias… La propiedad… El capital…

No es que a la derecha no le importe cómo se norman las elecciones. Le importa. Y lo demuestra con su resistencia de 24 años a cambiar el sistema binominal.

Es cierto que en algunos tramos de este largo período algunos concertacionistas han mostrado poco entusiasmo por modificarlo y que la Concertación como tal se comprometió con reformas constitucionales como la mal llamada “nueva Constitución” de 2005, que contradicen el ánimo que ahora expresa (¡que hay que celebrar!) y que sustentaron el binominal (fue removido de la Constitución, incorporado a la Ley de Elecciones y se le fijó un quorum que hiciera imposible modificarlo sin la anuencia de la derecha).

En ese coloquial modo de hablar del presidente de RN lo que la derecha seguramente hará es buscarle la quinta pata al gato.

Entonces, lo más seguro es que proponga una reforma electoral que no altere nada sustancialmente, que calme cualquier inquietud de los dueños de todo.

A lo mejor hasta puede ser un avance, comparada con la aberración binominal.

Pero no debemos dejar que nos emborrachen la perdiz: el país requiere una Nueva Constitución, un sistema electoral que abra el abanico representativo a todas las formas de pensar y un modelo de participación política que incorpore formas eficaces de consulta y decisión directa de los ciudadanos.

Me siento orgulloso de ser de izquierda, de haberlo sido, de seguir siéndolo y nunca he rehuido, cualquiera haya sido el momento de mi vida política, autodefinirme como “de izquierda”.

Nunca he inventado otros nombres para esa postura para hacerla más llevadera, restarle carga simbólica e histórica o favorecer la mera conveniencia electoral.

Es decir, si hubiera vivido en 1788, cuando tuvieron lugar los Estados Generales en Francia, me habría sentado a la izquierda del rey. Allí nació la denominación “izquierda”, para referirse a aquellos que eran opositores a la monarquía. Pero, ¿cómo se es de izquierda hoy? No hay una oficina de patentes que otorgue un certificado, más grave aún no hay un rey. ¿O lo hay?

Una posible respuesta es que sí y que ese rey es el estado. Las aguas, pues, se dividirían en torno al estado.

Este criterio me parece altamente dudoso y creo que valida el planteo neoliberal que presenta a la izquierda como parapetada siempre en el estado, contra el ciudadano, mientras la derecha aparece como amiga de la libertad.

Lo que ocurre es que la derecha encubre que aquella libertad a la que se refiere es la libertad económica.

En cuanto a la política, la posición neoliberal, por ejemplo en un país como Chile, ha sido favorecer el crecimiento del estado en su cara represiva y disciplinaria: más armamentos, más policía, más cámaras de vigilancia, más carabineros, más cárceles, más gendarmes, más aparato judicial, penas más altas, leyes más represivas de la protesta social.

Para mantener su orden la derecha necesita más estado. Debemos hacer, entonces, una excursión conceptual algo más profunda.

El mundo actual se caracteriza por la difusión casi planetaria de dos instituciones: el mercado, que llega hasta la China, y la democracia, que si bien no alcanza aún a esos territorios, es una aspiración declarada, un proceso en curso o una realidad, aún imperfecta, en gran parte del planeta.

Entonces, la pregunta que es preciso formular es si mercado desregulado y democracia se conjugan naturalmente, si calzan como piezas de bordes lijados y suaves de un rompecabezas infantil, o si, por el contrario, presentan contradicciones, asperezas, roces, que sólo un soberano y permanente ejercicio de toma de decisiones puede conciliar.

La respuesta es clara: no, no son naturalmente complementarios. La explicación es que sus fundamentos básicos discrepan.

El mercado sin regulación explora, registra y valora las diferencias económicas, lenguaje final al que traduce las de raza, sexo, posición social, sin siquiera preguntarse por sus orígenes.

Fuera del tiempo histórico y del marco social, opera con las dotaciones dadas de recursos de cada sujeto individual.

La democracia postula la abolición de las diferencias no naturales y en uno de sus momentos estelares, el sufragio, nos considera iguales a todos, lo que ciertamente es un supuesto literario, una fantasía, ya que no hay iguales absolutos en el género humano, al menos mientras la clonación no alcance un estado diabólico de perfeccionamiento.

Esta ficción, sin embargo, constituye una de las grandes conquistas de los últimos doscientos años. Un negro es “igual” que un blanco. Una mujer que un hombre. Un pobre que un rico. Es una conquista civilizacional.

Si bien mercado libre y democracia ofrecen al sujeto una virtual libertad de elegir, que no se realiza precisamente cuando el propio mercado la interviene, lo predominante es que nuestro universo cotidiano esté atravesado por la contradicción entre estas dos instituciones.

La contradicción entre la razón mercantil, que nos reconoce diferentes y trabaja para hacer efectivas esas diferencias con implacable eficacia, y la razón democrática que, voluntariosa, nos reconoce iguales. Ambas razones, ambas éticas, se proyectan con la aspiración de ser rectoras culturales de la vida colectiva.

El mercado ha existido siempre porque está relacionado con una noción básica para la convivencia humana: el intercambio. Pero el eterno y viejo mercado adquirió en la segunda mitad del siglo XX una fuerza inusitada y sin control que ha tendido a avasallar la democracia.

Aunque ambas instituciones son expansivas, el mercado posee un mayor automatismo en su capacidad de reproducirse. Si bien ambas tienen un carácter “pervasivo” -uso un anglicismo para significar capacidad de penetrar, de infiltrar – también en la intensidad de este rasgo ha triunfado el mercado.

En nuestro país son particularmente ilustrativas las relaciones del mercado desregulado con el ejercicio de la política y con los circuitos de información. La vinculación entre negocios privados y política, lobismo mediante, es un área aún no regulada.

Educación, salud, seguridad social, parecieran áreas ya ganadas por el mercado, si bien la razón democrática aún libra sus batallas. Otro fenómeno que ya está consolidado en la vida nacional es la relación entre política y farándula, que es una faceta de la invasión de la democracia por el mercado.

Los medios, particularmente los audiovisuales, pero también muchos escritos, han convertido al ciudadano en un espectador-consumidor.

La construcción de un imaginario colectivo centrado en la idea de la “entretención” ha obligado a los políticos a realizar cada vez más “actuaciones”, muchas veces asociándose a los personajes del jet set, a las estrellas del deporte, la teleserie o el programa estelar, so pena de convertirse en seres invisibles.

No justifico a los líderes o proyectos de líderes que adoptan esta conducta, tan solo trato de explicarme un comportamiento que nunca termina de sorprenderme.

Los foros entre políticos o sobre política desaparecen de los horarios televisivos estelares, de manera que un alto “rating”, es decir una alta exhibición, requiere un compromiso con animadores, bataclanas y humoristas, todos ellos ciudadanos con oficios respetables, pero que actúan en un rubro distinto de la política.

De esta manera el mercado desregulado y con el la razón mercantil desplaza a la razón democracia como rectora de los asuntos públicos, se hace pilar central de la cultura predominante y relega a un lugar secundario el concepto de igualdad, fundamental para la democracia.

Vivimos entonces una monarquía, la monarquía del mercado sin control.

El divisor de las aguas no es mercado sí o mercado no. En el mundo moderno ambas instituciones son inevitables, pero requieren una conciliación, un ajuste que no hace una mano invisible, una compatibilización. Y el modo de hacerla es clave: la razón democrática debe primar sobre la razón mercantil.

Seguimos allí, donde estábamos hace más de dos siglos, a la izquierda del nuevo rey, a la izquierda del mercado.

Líneas finales

Este libro es una recopilación de textos breves, de batalla, que problematizan la izquierda y abordan sus principales preocupaciones. Es necesariamente incompleto y también parcial.

Aunque entre los autores hay personas que adhirieron a las tres candidaturas presidenciales de 2009 que no eran de derecha, la mayoría apoyó la mía.

Por otra parte, con muchos de ellos comparto en estos días la tentativa de un nuevo proyecto político, mientras con otros transitamos por carriles diferentes aunque no necesariamente confrontados.

Agradezco a todos su disposición, particularmente a los que no concuerdan, por razones legítimas, seguramente distintas entre ellos, con el proyecto que hoy convoca mi energía.

Hay algo que nos une y que nos seguirá uniendo, incluso a pesar de nosotros mismos: queremos ser de izquierda.

Nota del autor. Este texto es parte de la recopilación de escritos políticos breves La (Re)vuelta de la Izquierda, Editorial Ocho Libros, Santiago, publicada en mayo de 2011. La editorial me ha autorizado para circularlo en formato digital indicando su procedencia. Si bien fue escrito hace siete meses, sus principales contenidos pudieran seguir siendo de interés.

Para referirse a la variabilidad histórica de los procesos sociales y su proyección, Mariátegui uso la expresión “ni calco ni copia”. La izquierda de mañana no será una copia de aquella de ayer.

De este modo , en Chile, la experiencia de la unidad socialista-comunista —en la que mi generación se formó – fue un gran logro político que se tradujo en el “allendismo”, sin embargo lo que es Chile hoy día es bastante diferente a lo que era hace medio siglo, más allá que algunos desafíos centrales sean plenamente vigentes.

La desterritorialización del capitalismo y la libertad de movimiento de los capitales han arrastrado al vértigo global a los grupos económicos chilenos surgidos de un proceso agudo de concentración. Casi cuatro décadas de políticas orientadas por la filosofía económica inspirada en el libre mercado desregulado han generado cambios mayúsculos, instalando nuevos patrones culturales y modificando el perfil de clases de la sociedad chilena.

Entre otros cambios que sería largo enumerar, la izquierda debe computar la emergencia de amplios grupos y segmentos que no se sienten representados en el actual sistema político, ni siquiera por las posiciones que sustenta la propia izquierda.

Tampoco puede dejarse de lado la rapidez con que se construyen y ensanchan las brechas generacionales.

El área de los desarrollos cibernéticos es, quizá, donde más evidentes se hacen estas brechas, y el fenómeno lleva aparejada la necesidad de una valoración particular del significado de la revolución digital permanente y su impacto en las comunicaciones, la estructuración de organizaciones sociales y políticas y aquello que en la izquierda acostumbrábamos denominar como “formas de lucha”.

En este cuadro, para examinar un ejemplo de especial significación, domiciliar al Partido Socialista en la izquierda como aliado de las fuerzas que hoy la componen (desde mi perspectiva, un valioso objetivo), aún si se lograra, no daría cuenta del amplio arco que configuran hoy las fuerzas sociales, culturales y políticas que quieren un cambio profundo del modo de convivencia social hacia patrones de vida más igualitarios y más libres.

Hay importantes sectores ciudadanos cuyos sentidos comunes son claramente de izquierda y que aprobarían un buen test para establecerlo, pero no se sienten atraídos por nuestros partidos como los conocemos, tal como han sido concebidos.

Muchos de ellos se identifican más con causas específicas o con puntos de vista que podrían mejor calificarse como pertenencias “sociales”, y no aspiran a ser socialistas o comunistas o cristianos de izquierda, por valiosas que sean esas identidades (como lo son para mí, por ejemplo).

Esto no significa la obsolescencia de la forma partido como la hemos construido hasta ahora que, por lo demás, ha demostrado su capacidad de sobrevivencia y convocatoria frente a calamidades políticas de magnitud mayor.

Sólo quiero decir que aquellos que no se sienten atraídos por esta oferta de participación y lucha son un número creciente de jóvenes, en especial, que se van haciendo menos jóvenes mientras emergen otros jóvenes que heredan una desconfianza hacia la política y sus orgánicas que se va haciendo cultura. En esa sumatoria que es el torbellino generacional actual, distintas opciones de participar en política deben convivir.

Por eso la configuración de una izquierda como actor protagónico requiere de una fuerza política innovadora, capaz de producir un cierto nivel básico de organización y de soportar una expresiva diversidad de puntos de vista en su propio interior, y además de coaligarse con otras expresiones de izquierda que no deseen agruparse en ella.

De ahí que la entidad que hemos hasta ahora denominado, vagamente, “la nueva fuerza de izquierda” pretenda convocar tanto a organizaciones como a dirigencias y militancias sociales y a simples ciudadanos que tengan en común el anhelo de construir una fuerza anti-neoliberal que nazca con la vocación por hermanarse con las otras fuerzas de izquierda.

Se trata, entonces, de un nuevo vector político que no se satisface con su propio desarrollo, porque aspira no sólo a ser por sí mismo sino también a realizarse como parte de un gran conglomerado de su misma orientación esencial.

Si la constitución de esta nueva fuerza llega a ser exitosa (cuestión que no está garantizada) abrirá a la izquierda un espacio de desarrollo que hoy día no tiene. Se trata de la tarea prioritaria a la que he hecho mención.

Sin cumplir esa tarea todo acuerdo o pacto político o electoral podrá ser considerado como una concesión, toda participación en frentes o coaliciones podrá ser motejada como una anexión de la izquierda al mal menor del sistema de “alternancia binominal”.

Es claro que hay ciertos cambios cuyo impulso inicial tendrá que provenir de acuerdos mayoritarios, donde la izquierda deberá coordinarse con el centro o con los llamados “progresistas” o con sectores liberales, o que, en ciertas ocasiones, será preciso efectuar acuerdos electorales.

La derecha es por antonomasia el enemigo político de la izquierda, bastante más que las derechas sustitutas o complementarias con su séquito de cómplices o de imitadores.

Enfrentarla y cerrarle camino es (desde mi punto de vista) un deber ético, si bien esta visión no puede elevarse a la categoría de principio y serán las circunstancias concretas las que permitan determinar la forma y momento de hacerlo.

Sin embargo, una cuestión distinta es cómo y desde dónde se construye mayoría.Hoy la izquierda es un actor secundario en Chile.

Entonces el nudo de la cuestión es si los acuerdos programáticos o electorales se construyen desde el margen o si se apuesta prioritariamente a generar una fuerza que pueda abordarlos desde unas posición más central porque se ha hecho más fuerte al diversificar sus sensibilidades, concebirse como un conjunto y lograr convenir a lo menos una plataforma programática básica común.

En los últimos decenios la izquierda chilena sufrió cuatro derrotas que la sacudieron y fragmentaron.

La primera fue el golpe de 1973 y su despiadada secuela, la política de exterminio, literalmente exterminio, de aquello que había sido la izquierda en Chile, comunistas, socialistas, miristas, cristianos revolucionarios.

En paralelo se generó una yuxtaposición entre un proceso mundial hacia la consolidación del mercado como institución matriz y rectora de la sociedad y el régimen político chileno profundamente autoritario, que permitió el maridaje entre el liberalismo económico extremo y la “doctrina de la seguridad nacional”.

La segunda fue el revés que sufrió el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su estrategia insurreccional, cuando en 1986 se frustró el atentado contra Pinochet y en 1987 se descubrió el armamento ingresado por Carrizal Bajo.

La caída del muro de Berlín y el fin de los regímenes de partido-estado de Europa del Este, a partir de 1989, constituyó una tercera derrota que si bien golpeó con más fuerza al movimiento comunista, sacudió también a las variantes socialistas y socialdemócratas de todo el mundo.

Cuarta, la derrota de los socialistas chilenos que tras veinte años en el gobierno, la mitad de ellos con presidentes de la República de su propia matriz, no sólo no pudieron reequilibrar a la Concertación hacia la izquierda sino que, al revés, la Concertación los sometió a un esquema de prudencia, conciliación y conformismo.

La izquierda, bifurcada entre la inclusión y la exclusión política, perdió la fuerza histórica que había acumulado en las primeras siete décadas del siglo XX. Este fenómeno, también universal, ha tenido en Chile características extremas, considerando que el movimiento popular chileno fue uno de los más activos y potentes de América Latina.

Un paso decisivo en el proceso de recuperación sería construir una fuerza de izquierda moderna, futurista, orgullosa de su pasado honroso y con la mirada puesta adelante, capaz de promover un acercamiento de todas las opciones de izquierda y de aliarse con aquellos con los que existan coincidencias de proyecto y de formas para impulsarlo.

¿Qué tipo de nueva fuerza?

Una fuerza efectivamente nueva debe romper los moldes habituales del asociacionismo político. Una novedad, en Chile, ha de ser la capacidad de congregar grupos políticos organizados ya existentes con agrupamientos o dirigencias de agrupamientos sociales (sindicales, de género, estudiantiles, poblacionales, ecosocialistas, por la diversidad sexual, barriales y otras) y, también, con simples ciudadanos que participen a título personal.

Esa idea central necesita de una estructura orgánica que es preciso inventar, que continuamente vaya generando los ajustes necesarios para evitar o al menos remediar parcialmente las tendencias propias de las organizaciones a generar castas o conducciones elitistas o personalistas o burocracias que armen un poder que sustituya la decisión participativa de los integrantes de la organización.

Se trata de una orgánica que incluya a todas las sensibilidades sin que ninguna pueda llegar a controlar por si misma esa estructura.

En otros términos, para ensayar una definición provisoria, pienso en un movimiento asociativo mancomunal (asociación de personas, fuerzas o caudales para un fin, reza el diccionario) y solidario (contrae obligaciones y promesas en común), una suerte de movimiento “de código abierto”, por así llamarlo, que respete razonables diferencias, adopte un criterio general favorable a la inclusión de quienes se sientan identificados con sus planteos principales, genere entendimientos internos y externos y proponga y ejecute acciones que generen convergencia.

Un requisito indispensable para un cuerpo de este tipo es que la identidad de las partes no se vea amenazada por el conjunto pero, al mismo tiempo, no se sobreponga el interés particular a los del colectivo.

No es una novedad, pero la reafirmación de las políticas de “acción positiva”, como las cuotas mínimas, más allá de sus limitaciones, sigue siendo indispensable, particularmente en materia de género y de presencia generacional.

Este último aspecto se funda en la percepción que si es posible un encantamiento o reencantamiento, una “nueva” fuerza debe construir una posta generacional donde los capitales políticos acumulados por los sujetos de más larga trayectoria no signifiquen una sombra respecto de los que emergen.

No se trata de una visión “etaria” de la política, sino de la necesaria mirada colectiva a un horizonte que no es individual sino común. En esta materia, es también indispensable abrir las puertas a todos los jóvenes que tengan más de 15 o 16 años y a todos los ciudadanos potenciales estén o no inscritos en los registros electorales.

Esta fuerza mancomunal y solidaria tendrá que intensificar la presencia y vinculación con las organizaciones de base territoriales o sociales, aprovechar todos los espacios comunicacionales por pequeños que sean, crear movimiento social y nuevas organizaciones. Los adherentes debieran comprometerse a participar a lo menos en una organización social como requisito de pertenencia.

Más horizontalidad, menos verticalismo, deben ser características de una nueva fuerza de izquierda. Eso significa, claramente, la necesidad de descentralizar y reconocer autonomías. Este es, sin duda, el caso de las regiones.

Mientras el estado permanente de asamblea deriva muchas veces a un ejercicio discursivo interminable y mucha acción espontánea que, aunque tenga fuerza, no genera efectos perdurables, la opción “centralista democrática” de la izquierda más clásica no satisface como modelo para una “nueva fuerza”.

Es preciso ir construyendo, en aproximaciones sucesivas, mediante el método de prueba y error, un equilibrio entre el máximo grado posible de participación y el nivel necesario de dirección política. No hay una receta, pero creo que los límites de tiempo al ejercicio de cargos de dirección, la rotación de esos cargos, la revocabilidad de los mandatos y la obligación de rendir cuenta, son elementos indispensables.

Sobre la participación electoral no tengo duda alguna. Una nueva fuerza de izquierda no debe abandonar ningún territorio, entre ellos las elecciones. Son un momento, en la pobre democracia chilena, en que se alcanza un mayor grado de politización y es posible exponer ideas y mensajes con mayor extensión y alcance. En general, la izquierda debe siempre levantar su bandera, no dejar espacios vacíos, no renunciar a oportunidades legítimas de proponer sus puntos de vista.

Esta certidumbre no significa que una “nueva fuerza” deba registrarse legalmente como partido político en la actual ley de partidos.

Para mí, esta es aún una interrogante frente a la cual puedo elaborar argumentos a favor y en contra. Es un hecho que el actual sistema, concebido en el marco de los objetivos de la Constitución pinochetista de 1980, ha dado a los partidos un poder viciado por la existencia del sistema electoral binominal.

Sólo los partidos pueden presentar candidatos presidenciales, parlamentarios y municipales, sin necesidad del engorroso y costoso deber de recolectar firmas notariadas (los partidos lo hacen sólo una vez, para llegar a existir legalmente).

En el lenguaje del binominalismo, los partidos son los dueños de los ansiados “cupos” en las listas parlamentarias. Para dejar de pertenecer a un partido los afiliados deben formalmente renunciar, no obstante pueden estar afiliados de por vida por el sólo hecho de haber firmado una vez su afiliación.

Los afiliados no pueden presentarse fuera de su partido, a menos que se desafilien dentro de plazos legales (en estos momentos en proceso de modificación para dar aún más poder a los partidos) y se presenten como independientes (previa la recolección de firmas).

En el hecho, no existe la “división de los partidos” ya que toda disidencia, si pretende existir orgánicamente, debe existir de hecho —sin los atributos legales— o inscribir un nuevo partido.

El partido posee un patrimonio que queda al cuidado de la mayoría que lo gobierne y a sus decisiones de inversión, en el caso de patrimonios cuantiosos que generan rentabilidad.

Modificaciones legales posteriores a la legislación original establecieron el financiamiento público de parte del gasto electoral que realizan las candidaturas (en el hecho los partidos que los inscriben), mecanismo que busca dar sustento material, una cierta equidad en materia de campañas y transparencia a la actividad política (nobles propósitos) pero que está lejos de cumplir sus objetivos.

En la última elección presidencial por cada peso que gastó la izquierda, la candidatura MEO gastó 9, la de Frei 15 y la de Piñera 32 (de acuerdo a las declaraciones oficiales). Con todo, el aporte público es, en la práctica, el único sostén de las candidaturas de izquierda y, en ese sentido, debe ser valorado.

Las leyes electorales, junto con el sistema binominal, deben ser radicalmente sustituidas por una legislación más democrática y de más respeto al ciudadano. Siendo así, ¿corresponde a una fuerza que aspira a innovar en la política recurrir a este mecanismo obsoleto y que genera partidos que giran en torno a los “cupos” y al dinero?

Por otra parte, los argumentos para una respuesta favorable son varios. Pero el punto, a mi juicio, debe ser otro: ¿podrá una nueva fuerza política inscribirse como partido legal sin derivar en una organización pura o principalmente electoralista? ¿Podrá comprometerse efectivamente a llevar adelante una política de desarrollo en la base, en el mundo social, y al mismo tiempo enfrentar tareas electorales? Eso es lo que hay que dirimir.

En todo caso, en la búsqueda de una respuesta no debemos partir de una falsa contraposición entre la ocupación del espacio electoral y del espacio cultural y social.

Es claro que para ser una fuerza política con peso electoral no se precisa ser partido legal y que, a la inversa, como ocurre en muchos casos, se puede ser partido legal y casi no tener significado social.

Un referente político, social y cultural nuevo podrá llevar candidatos aun no estando inscrito como partido y su significado (para el país y también para sus eventuales aliados) corresponderá a su desarrollo, a su presencia ciudadana, a sus liderazgos y a su capacidad de convocatoria.

Uno de los temas recurrentes en la construcción de un nuevo referente de izquierda es si habrá o no pactos o acuerdos con fuerzas que no lo sean.

Mi posición es clara y ha sido más arriba reiterada: debemos tener una política de alianzas.

Para decirlo de otro modo, no comparto el punto de vista que veta la posibilidad que la izquierda alcance en determinados momentos y circunstancias acuerdos con otras fuerzas.

Una materia distinta es cómo y cuándo se hacen esos acuerdos, para qué y por qué.

Este es un debate propio de una organización constituida y no puede ser dilucidada como cuestión de principios. En la discusión hay un criterio que me parece fundamental: si queremos proyectar una izquierda con ambición protagónica no deberemos dejar espacios electorales vacíos.

Siempre, a menos que muy fundadamente haya razones que lo justifiquen, la izquierda debe tener sus propias candidaturas.

Nota del autor. Este texto es parte de la recopilación de escritos políticos breves La (Re)vuelta de la Izquierda, Editorial Ocho Libros, Santiago, publicada en mayo de 2011. La editorial me ha autorizado para  circularlo en formato digital indicando su procedencia. Si bien fue escrito hace siete meses, sus principales contenidos pudieran seguir siendo de interés.

La izquierda: prioridad política.

¿Queremos una izquierda poderosa? ¿Cómo la queremos?

Una izquierda que quiera construirse —o reconstruirse— requiere la voluntad de ser y el deseo de nombrarse. No basta declarar la ambición de existir, es preciso decirlo y actuar.

Esta exigencia es ineludible porque el conjunto de ideas, historias, sentimientos y esperanzas de futuro que la constituyen es prácticamente el único acervo de la izquierda.

Sin voluntad y amor propio, por lo tanto, simplemente no hay izquierda, la izquierda no será. Habrá partidos, movimientos, grupos, pero no izquierda.

Si examinamos los anales del movimiento socialista (en su sentido más amplio) constatamos que su existencia, desde que la izquierda fue reconocida como tal en los Estados Generales durante la Revolución Francesa, se ha caracterizado por la diversidad de puntos de vista.

Dicho de otro modo la izquierda no es un solo ente o formación, es una sumatoria posible de diferencias que pueden llegar a identificarse en un común denominador.

En el actual Chile uno podría imaginar una izquierda congregada en diversos grados de entendimiento, mayores o menores, sobre la base de cuatro o cinco grandes objetivos y de algunos criterios sobre cómo avanzar hacia ellos.

¿Será posible? Mi respuesta es que no lo sabemos, que aunar a todos aquellos que se reclaman de izquierda sería difícil, pero que constituir una izquierda protagónica, más potente que la actual hasta el punto de ser un actor social y político ineludible, es una tarea prioritaria.

Hay casi una mitad de los ciudadanos chilenos, la mayoría jóvenes, que no participan en este modelo político, y una izquierda recargada puede ofrecer una esperanza nueva.

Por otra parte, la Concertación ha perdido vigor y prestigio y hay millones de chilenos que la han apoyado durante dos decenios y que no están conformes con su cometido, entre ellos mucha gente que se siente y declara de izquierda.

Desde otra perspectiva, menos voluntariosa y más fundada en el diagnóstico de la actual realidad política, no empeñarse en conformar esa izquierda que aspira a ser actor principal, facilitaría la imposición de un régimen político de “alternancia binominal” de largo respiro que cerraría las posibilidades de desarrollo de un movimiento popular unitario o, al menos, coordinado.

Admitamos que el principal fracaso de la Concertación no es la derrota presidencial del 2010 sino su ineficacia, por diversas razones, para construir en Chile una democracia participativa fundada en principios y normas discutidos y sancionados por la ciudadanía, una democracia abierta a cambios políticos y socio-económicos en la matriz que constituye el estado.

La declinación de este objetivo fundacional y emblemático fue gradual, progresiva e incurable.

La victoria de Piñera el 2010 fue un corolario penoso, más aún porque fue un desenlace oportunamente advertido. Puso término a una etapa sustentada en el sistema electoral binominal como riel conductor, etapa que permitió a la derecha crecer, convertir su poder económico y mediático en preponderancia política, y alcanzar una mayoría entre las chilenas y chilenos que votan.

Entre 1989 y 2009 la Concertación había repudiado los pactos electorales con la izquierda no concertacionista, pactos que pudieron generar mayorías parlamentarias suficientes para modificar al menos las leyes orgánicas constitucionales, y sólo los concretó cuando el cálculo electoral y las encuestas indicaron que le eran sin duda indispensables.

En 2005, cuando la figura detestable de los senadores designados dejó de ser útil a la derecha y pudo utilizarse como pragmático instrumento para configurar una mayoría potente en el Senado, la Concertación, asombrosamente, concordó una reforma constitucional (denominada por sus promotores como una “nueva constitución”) que eliminó los senadores por designación sin modificar el sistema binominal, reafirmando así este mecanismo arbitrario y letal para la democracia.

Se ha cerrado la etapa de expansión de ese sistema. La derecha creció y superó la mitad más uno de los votantes, un gran éxito si se considera que en el Chile predictadura captaba aproximadamente un tercio de los votos.

En dictadura cimentó su poder en el manejo del temor y en la conformación de una extensa red de clientelismo impulsada principalmente por los alcaldes no electos designados por Pinochet.

Alcanzó un 44% en el plebiscito de 1988. Luego comenzó a crecer, a estabilizar sus conflictos internos y a plantear su proyecto más abiertamente, fundada en un poder mediático que sus adversarios de centro y de izquierda no fueron capaces de contrapesar, con la complicidad de los sectores concertacionistas que fueron progresivamente aceptando o acomodándose al sistema político heredado y tan sólo remozado.

Estamos ahora en otro momento, en que las fuerzas de derecha que sustentan el modelo económico y político y las direcciones concertacionistas marcadas por el conformismo y la renuncia a sus programas originarios, buscan consolidar un régimen de “alternancia binominal”.

Ya no se trata sólo de sostener un sistema electoral abusivo y deformador, que ha tenido un impacto político definitorio, sino de instaurar permanentemente un régimen político irreversible en que dos opciones cuyas diferencias están acotadas se alternan en el ejercicio del poder público: la derecha y el centro concertacionista.

Cualquiera sea la opción que triunfe en las elecciones, más allá de sus diferencias, su acción apuntará a la mantención del modelo económico, a la consolidación de una cultura mercantilista, uniformadora y acrítica, a un funcionamiento de ritmo reducido de la sociedad organizada y a la imposición de una idea de “orden público” que limita las libertades individuales y colectivas.

Una vez asegurado, un régimen de “alternancia binominal” se transforma velozmente en un “hoyo negro” que absorbe, aplaca o reprime toda minoría que se resista, la integra al sistema aún en contra de la voluntad de los disidentes o la disuelve en un agotador fraccionamiento que fortifica entre sus integrantes la percepción de la propia y fatal impotencia.

En ese esquema la izquierda está condenada a ser, en el mejor de los casos, un actor secundario.

Para impedir la configuración de este sistema, que cierra las puertas de cambios mayores y mantiene márgenes de disputa que no admiten pretensiones transformadoras, es preciso que emerja con potencia otro protagonista que levante un programa que implique orientar la sociedad en una dirección distinta, más igualitaria y libertaria.

La actual izquierda, social, cultural y política, y todos los que aspiramos a otro modo de vida y a un desarrollo equilibrado entre los seres humanos y la naturaleza, tienen la responsabilidad de generar y sustentar ese actor indispensable.

Pero, ¿si construir izquierda es prioridad, qué ocurre con el objetivo de derrotar a la derecha?

Un imprescindible horizonte

¿Cómo sería el paisaje si no hubiera horizonte? Es difícil concebirlo. Ocurre con la izquierda: sin horizonte no hay política en el sentido pleno de la palabra. Puede haber objetivos, propósitos, acciones, pero por más positivos que sean si no se orientan hacia un horizonte no existe política de izquierda.

Así como no hay una pintura sin fondo, tampoco puede haber una izquierda carente de horizonte.

Esa era la noción de la política que impulsó a muchos de mi generación a comprometerse vitalmente con ideas, militancias, partidos y episodios de lucha social.

Para expresarlo de otro modo, puede denominarse “política” a lo que se quiera, pero para la izquierda el término deberá estar referido al conjunto de acciones, intelectuales o prácticas, que se emprenden colectivamente en pos de aspiraciones compartidas, generalmente de largo plazo, que configuran un horizonte, una línea de llegada, por esquiva que sea. Esa política es, además, un modo de ejecutarla, un modo con un sentido sustantivo que va más allá de los ejecutantes.

Los actores políticos procuran aproximarse a ese confín, como el nadador que se dirige hacia la línea móvil que construye la potencia de su mirada y que, por eso mismo, nunca logra alcanzar. Norbert Lechner llamó bellamente a este proceso: “la nunca acabada construcción del orden deseado”.

Para los conservadores también existe un horizonte porque una sociedad vive en cambio permanente, y por supuesto el mundo en que está inserta.

Su horizonte es definir ciertas cuestiones básicas como naturales y perpetuas, preservar lo que definen como esencial, encaminar los procesos sociales inevitables dentro de una cierta ruta estable. El objetivo de los conservadores es sustentar las estructuras fundamentales de la organización social jerarquizada que existe actualmente.

Para la visión de izquierda, sea ella revolucionaria o reformista o simplemente rebelde, la cuestión es mucho más difícil.

La izquierda imagina el horizonte, o lo adivina o lo inventa, o lo deduce de un análisis histórico, pero es un horizonte que no tiene hasta hoy un referente indiscutido a la escala de la sociedad real.

La izquierda aspira a subvertir el orden de las cosas para sustituirlo por otro orden, deseado pero, en realidad, sólo concebido o sólo en parte conocido porque las experiencias de construcción de una sociedad diferente, socialista, han sido polémicas y necesariamente imperfectas.

Y seguirán siendo: el sendero hacia ese horizonte no es transparente, se asemeja más a un neblinoso territorio de arenas movedizas que ningún explorador ha podido recorrer sin dificultades, desvíos o extravíos. Para aquel territorio no existe una cartografía acabada.

No es posible concebir una política de izquierda sin esa perspectiva, visión de futuro o utopía, como quiera llamársele. Mientras la derecha tiene que urdir un horizonte y camuflarlo para que no se advierta que en definitiva es, en lo esencial, lo mismo que existe, la izquierda no puede despojarse de él a riesgo de perder su indispensable identidad transformadora.

Dicho esto: sin izquierda o con una izquierda débil, Chile no tiene otro  horizonte que aquel, esencialmente inmóvil, que ofrece la derecha y su engañosa alternancia.

Sin embargo, para algunos la idea del horizonte se ha convertido en algo casi ritual, una repetición obligada de conceptos que se han tornado imposibles pero que no es posible dejar de lado.

El pensamiento uniforme que ha pretendido imponer el capitalismo neoliberal no admite otros horizontes que no sean el propio. Ese hecho, de alcance universal, ha horadado la confianza de la izquierda en sus propias ideas y, sumado a la incapacidad de innovar y el apego a esquemas fracasados, las ha debilitado.

En ese marco los logros del  Foro Social y su promesa “otro mundo es posible” se han constituido en referente indispensable para toda tentativa de reconstrucción de fuerzas nacionales o internacionales claramente anticapitalistas.

En ese mismo cuadro, las experiencias de gobiernos encabezados por fuerzas no capitalistas o reformadoras en América Latina del siglo XXI, adquieren un valor extraordinario.

Tanto Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil, como Tabaré, Mujica y el Frente Amplio uruguayo, han hecho su aporte, como también el justicialismo de izquierda encarnado por Kirchner en Argentina.

Chávez   en Venezuela ha reinstalado la dimensión latinoamericanista de la política en nuestro continente y la idea del socialismo —“del siglo XXI”, advierte razonablemente para rechazar de este modo la creencia que el pretérito pueda servir como modelo de futuro.

Evo en Bolivia ha llevado al gobierno a los movimientos sociales y ha contribuido al rescate y vigencia de las diferencias étnicas y culturales y a valorar su plena existencia. En Ecuador el “buen vivir” es el modo propio y original de denominar esa otra sociedad posible que, en la tradición chilena, denominamos socialismo.

El horizonte de la izquierda hoy es desde ya más amplio, más extenso, en la medida en que dimensiones antes sombreadas por la contradicción entre burguesía y clase obrera, se han incorporado a su ideario.

Me refiero, entre otras, a la dimensión de género, a la asunción de la diversidad de opciones sexuales como un derecho, y a la trascendente concepción que modifica radicalmente el concepto de desarrollo incorporando la idea del equilibrio entre las necesidades humanas, la producción y la naturaleza y las opciones de crecimiento o decrecimiento selectivo.

Esa amplitud lo hace aún más variado y diferenciado y obliga a plantearse la idea de la diversidad como un rasgo positivo y necesario para una fuerza de izquierda.

Pero, si bien el horizonte es más amplio, ¿no es acaso más distante? A veces pareciera que la respuesta a esta cuestión es positiva. Los mecanismos que tienden a uniformar las formas de pensar o, para usar la ya antigua categoría, que sustentan “el fin de la historia”, inducen incluso a sectores de izquierda a mirar el horizonte como un imposible. Pero no lo es.

La historia es siempre sorprendente, como lo ha demostrado ya el siglo XXI en su breve recorrido, que acumula al ataque terrorista a las Torres Gemelas, el levantamiento de pueblos de países árabes en busca de más derechos democráticos, la crisis vigente y siempre latente de un sistema capitalista que ha fundado su supervivencia en la depredación de la naturaleza y, ahora, en la inercia del neoliberalismo triunfante que en los últimos años se bate en retirada.

No es mi intención hacer profecías optimistas, sólo decir que la lucha por otra sociedad, otro modo de convivir y de relacionarnos, nunca es una lucha en vano.

Sin duda es positivo que la prensa que sustenta firmemente el modelo económico y político chileno y lo alaba con pertinacia, registre esta circunstancia.

Desde 2001 han ingresado a la Universidad de Buenos Aires 1565 jóvenes chilenos. Se trata de una de las mejores universidades de América Latina, junto a la UNAM mexicana y a la Universidad de Sao Paulo en Brasil, las tres de carácter público y acceso gratuito.

En el 2000 fueron seleccionados 59 jóvenes chilenos para estudiar en Argentina, en el año 2006 ya eran 435 y en 2011 son 700. Los postulantes fueron 1500.

De esta manera el número de chilenos que logra ser admitido a la educación universitaria argentina se ha multiplicado por 13 en un decenio.

Lo primero es lo primero: hay que agradecer a Argentina este aporte a la educación de los chilenos.

No obstante,  más allá de su política fraternal y su espíritu latinoamericanista, la educación argentina se prestigia al atraer estudiantes de otras latitudes y la identidad argentina logra una mayor proyección. El país difunde mejor sus patrones culturales y genera simpatía, amistad y admiración, por lo demás muy largamente merecidas.

Lo segundo es preguntarse si acaso los datos publicados, conocidos por mucho tiempo, no inducen alguna reflexión de parte de los chilenos en general y de las autoridades educacionales y culturales en particular.

¿Por qué tanto joven chileno resuelve estudiar en el país vecino?

¿No sería deseable para Chile no sólo retener a sus propios jóvenes en un nivel educacional que ya se ha generalizado como exigencia social sino también atraer a estudiantes de otros países?

No hay en estas preguntas una pequeñez nacionalista. Es positivo que los jóvenes en el mundo de hoy sean más universales y los viajes un acontecimiento mucho más frecuente.

El punto es otro: los estudiantes emigran no por explorar otros horizontes, lo que ciertamente harán más temprano o tarde, sino porque su propio país es incapaz de entregarles una educación superior de calidad sin que sus familias y ellos mismos deban hacer ingentes sacrificios económicos.

¿Por qué sí puede hacerlo Argentina, una economía que a comienzos de siglo tuvo una crisis de enorme magnitud, que los organismos financieros internacionales condenaron a su propia suerte y cuya economía las clasificadoras de riesgo intentaron día a día demoler?

La postura del gobierno chileno a propósito del financiamiento de nuestra educación, reformulada pero no flexibilizada durante estos meses, entrega la clave para responder esta pregunta: las autoridades siguen apegadas a un esquema que considera la educación como mercancía, los establecimientos como negocio y los estudiantes como nuevos contingentes destinados a vitalizar los bancos y el sistema financiero y sus ganancias.

El diputado socialista Marcelo Díaz ha confirmado mi inquietud hace sólo unas horas al afirmar que los senadores concertacionistas cometieron un error porque al no votar, en vez de votar en contra y hacer valer su mayoría, posibilitaron la aprobación en la Cámara del Presupuesto educacional.

Efectivamente, le bastó al gobierno convencer a tres parlamentarios (dos independientes y un tercero que se pensaba adhería al PRO aunque al parecer no era así) para aprobar su propuesta presupuestaria.

Los dardos se han concentrado en los tres diputados que se dejaron convencer. Sin embargo, la responsabilidad política principal corresponde a la Concertación y sus senadores, como lo ha señalado claramente el diputado socialista Díaz.

Todos los conflictos buscan salida, como aguas apretadas en un contenedor, vía desbordes, evaporaciones u ordenamientos. Pero, más allá de este episodio el conflicto en torno a la educación ha establecido varias certidumbres.

La primera es que no ha terminado: los estudiantes y sus dirigentes se preparan responsablemente para continuar su batalla, capitalizar lo que han ganado y desde allí emprender nuevos desafíos.

La segunda es que la firmeza de una convicción ha mostrado ser una gran fuerza: el movimiento ciudadano ha ganado el sentido común de los chilenos y ha puesto las cuestiones estratégicas como objetivos permanentes.

La tercera es que, una vez más, el ejercicio de la política por sus actuales titulares ha sido deplorable.

En este último ámbito, la perla de la corona es esta idea de “acuerdo tácito”.

No sé si el Ministro Bulnes ha usado esta expresión por ingenuidad o inexperiencia o si, en cambio, por ser todo lo contrario a un ingenuo ha querido exponer públicamente la ambigüedad de la Concertación.

El hecho es que, en la autorizada aunque no infalible palabra del Ministro, fue ese “acuerdo tácito” el que permitió una salida más expedita a las pretensiones del gobierno de derecha.

Es preciso que los ciudadanos sepan cuál es la realidad, si la actitud concertacionista fue un error, como benevolentemente lo llama el diputado Díaz, o fue un esquema intencionado que permitía a la Concertación mantener la imagen de un matrimonio avenido y al mismo tiempo “darle una manito” al gobierno.

La pregunta está planteada: ¿hubo o no “acuerdo tácito”?