Así, tras meses de movilización estudiantil distintos sectores políticos y sociales coinciden en que, para converger democráticamente en un nuevo sistema de educación, Chile necesita un plebiscito nacional.

En nuestro sistema, la libertad de enseñanza se contrapone al principio de “Estado Docente” que imperó en Chile durante el siglo XX, según el cual el Estado asumía el principal rol de proteger y garantizar el derecho a la educación.

En dictadura, el Estado privatizó la educación superior técnica y técnico-profesional, condenó a las universidades al autofinanciamiento, las escuelas públicas pasaron a ser administradas por los municipios, en condiciones de abierta inequidad asociada a condiciones geográficas y socioeconómicas.

Se concibió la educación como un negocio, a través de la desregulación radical de nuevos “mercados”, como los colegios particulares subvencionados y las universidades privadas.

El diagnóstico es compartido y las demandas encarnan el padecer de las y los estudiantes y sus familias.

Sin embargo, persisten diferentes posiciones sobre cómo debemos avanzar y ante la imagen reciente del acuerdo político-parlamentario que forjó la actual Ley General de Educación, el Plebiscito permitiría enfrentar esas visiones en un verdadero proceso deliberativo.

Un plebiscito es necesario porque la educación es un derecho humano fundamental, como lo reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Chile no cuenta con mecanismos jurídicos que hagan exigible este derecho debido a la Constitución de 1980.

Porque este Gobierno y los anteriores han sido incapaces de resolver la mayoría de los temas de fondo que impiden que Chile tenga una educación igualitaria, digna, sustentada en valores democráticos y que promueva el progreso social y material del país (entre otras cosas, por “conflictos de interés”).

La Concertación no realizó cambios sustantivos a la institucionalidad educativa heredada de la dictadura: no alteró la municipalización, ni promovió la educación técnico-profesional.
Incluso acentuó políticas tendientes al autofinanciamiento de las universidades y al endeudamiento estudiantil, en forma de créditos que incorporaron a la banca privada con intereses usureros.

¿Cómo llegar al Plebiscito?

Exigiendo ahora al Gobierno la instauración inmediata de una Mesa Organizadora del Plebiscito Nacional por la Educación que represente a todos los actores involucrados, empezando por el CONFECH, representantes estudiantiles de Universidades Privadas, Secundarios, Profesores, Rectores de Universidades Estatales y Privadas, representantes elegidos de estudiantes de CFTs e IPs, Asociación de Municipalidades, centros de investigación como el CIAE, el CEPPE, el CEP, ONGs como Educación 2020, entre otras.

Que dicha Comisión tenga como mandato exclusivo organizar el Plebiscito Nacional por la Educación y que en un plazo de seis semanas elabore y defina los temas fundamentales que el Plebiscito deberá dirimir, aprobar o rechazar.

Ello en base a todos los documentos y propuestas existentes, emanados de Consejos, mesas, actores movilizados, y Gobiernos, anteriores y actuales (como el Consejo Asesor Presidencial 2006, el Gran Acuerdo Social por la Educación, la Propuesta Bulnes de julio 2011, las Bases para una nueva Institucionalidad en ESUP del Senado de la Universidad de Chile, por citar algunos ejemplos).

Definir las condiciones operativas y de desarrollo del Plebiscito de manera que sea un proceso nacional, con un voto por persona, secreto e informado, sabiendo que:

El país ya cuenta con la capacidad logística para un Plebiscito de este tipo (p.ej.: sistema PSU)

Que el Registro Civil y el Registro Electoral debieran apoyar técnicamente el proceso

Que, además de todos los mayores de 18 años, debieran tener derecho a voto en este Plebiscito todos los estudiantes matriculados en 2011 en los cursos de 1° a 4° de Enseñanza Media

Esto es jurídicamente posible, a pesar de que la Constitución chilena contempla el plebiscito de forma en extremo restringida.

Existen antecedentes de realización de elecciones no contempladas en la Constitución (como las primarias presidenciales), por lo que realizar este Plebiscito es un tema de voluntad política y no depende necesariamente de una reforma constitucional.

La ciudadanía se pronunciaría sobre un número limitado de preguntas que abordarían los principios orientadores y las características esenciales del sistema de educación pre-básica, básica, media y superior, y que constituirían las bases de la Reforma a la Educación Chilena, expresada a través de posibles reformas constitucionales y de nuevas leyes, decretos, reglamentos y políticas

Entre los principales temas a consultar en el plebiscito debieran considerarse:

Conceptos y criterios que deben definir y fundamentar la nueva institucionalidad en materia educativa.

Administración estatal o municipal de las escuelas públicas.

Situación del lucro en universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, colegios particulares subvencionados, y jardines infantiles.

Financiamiento de los aranceles universitarios.

Rol del Estado frente a la educación técnica y técnico-profesional.

Carrera y desarrollo docente.

Democracia y participación de estudiantes, profesores y funcionarios en todos los establecimientos educacionales.

El Gobierno se debe comprometer a enviar un Proyecto de Ley al Congreso que contenga los resultados del Plebiscito en calidad de “ideas matrices o fundantes” (es decir, no modificables vía agregaciones u otros procedimientos).

El Plebiscito por la Educación sería un proceso educativo en sí mismo, y podría señalar el inicio de una nueva etapa en nuestra democracia: avanzando de la mera representatividad y la exclusión a la participación real, la inclusión y el ejercicio responsable de la ciudadanía.

Sin embargo, ni esta salida a medias ni los anuncios más bien vagos del Presidente Piñera en su propuesta GANE representa el comienzo de un cambio estructural que siente las bases del nuevo sistema de Educación que Chile necesita y exige: un sistema que sea a la vez la base de nuestra democracia, la clave para superar las desigualdades, y el motor para el desarrollo individual, social y nacional.

Ni el actual ejecutivo —que insiste en entender la Educación como un “bien de consumo” según lo declarado por el Presidente esta semana— ni el Parlamento —artificialmente empatado y con crisis de legitimidad debido a la baja inscripción electoral, el binominal y las últimas designaciones de senadores por la UDI—, son los espacios de discusión y decisión que pueden dotar de representatividad y validación social a un acuerdo nacional en torno al sistema educacional para el Chile del Siglo XXI. Ello supone el reemplazo del actual modelo, cuyas bases en todos los niveles fueron impuestas al país por la fuerza.

Un acuerdo de ese tipo requiere, como condición necesaria, incorporar al gran actor que ha emergido en estos meses: la ciudadanía consciente de que ella es la base del pacto democrático y del pacto social.

Una ciudadanía que exige ser escuchada e incorporada y que exige a la vez medidas redistributivas reales.

No aprovechar la actual expresión de voluntad y de fuerza ciudadana para tener avances sustantivos en los cambios estructurales que el país necesita sería una pérdida que prolongaría los problemas por todos conocidos.

En ese marco, una propuesta que podría constituir un primer paso en un itinerario de reformas es el Plebiscito Nacional por la Educación.

¿Qué plebiscitar y cómo hacerlo?

Concebimos este Plebiscito como un momento donde la ciudadanía es convocada a pronunciarse sobre un número limitado de preguntas que abordarían los principios orientadores y las características esenciales de los sistemas de educación pre-básica, básica, media y superior.

Los resultados del Plebiscito constituirán las bases de la Reforma a la Educación Chilena, expresada a través de posibles reformas constitucionales y nuevas leyes, decretos, reglamentos y políticas.

Para realizar una consulta de estas características se debe constituir una Comisión Organizadora del Plebiscito. Su misión sería, en un plazo de pocos meses, elaborar y definir los temas fundamentales a dirimir, aprobar o rechazar en la consulta.

Lo anterior en base a todos los documentos y propuestas existentes, emanados de Consejos, mesas, debates y movilizaciones, anteriores y actuales (como el Consejo Asesor Presidencial 2006 o las Bases para una nueva Institucionalidad en ESUP del Senado de la Universidad de Chile, por citar dos ejemplos).

La composición de esta Comisión debe representar a los actores involucrados: Rectores de universidades estatales y privadas, CONFECH, estudiantes secundarios, estudiantes de universidades privadas, profesores, representantes elegidos de estudiantes de CFTs e IPs, Asociación de Municipalidades, Centros de investigación como el CIAE, el CEPPE y el CEP, ONGs como Educación 2020, entre otras.

Es jurídicamente posible, a pesar de que la Constitución chilena contempla el plebiscito de forma en extremo restringida.

Existen antecedentes de realización de elecciones no contempladas en la Constitución (como las primarias presidenciales, de alcance nacional), por lo que realizar este Plebiscito -como un proceso serio y riguroso, de alcance nacional, con un voto por persona, secreto e informado-, es un tema de voluntad política y no depende necesariamente de una reforma constitucional.

A raíz de este gran movimiento se han presentado, en los últimos quince días, dos proyectos de reforma que buscan introducir el plebiscito al texto constitucional, permitiendo a la ciudadanía pronunciarse sobre temas de interés general. Sería un avance importante que fueran considerados y la Constitución incorporara estos mecanismos de democracia directa, ampliamente utilizados en el mundo.

Compartimos hace ya demasiado tiempo el diagnóstico sobre la crisis del sistema educacional chileno, acerca de su insuficiente financiamiento y regulación y promoción de la calidad en todos los niveles y para todos nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, persisten diferentes posiciones sobre cómo debemos avanzar.

El Plebiscito permitiría enfrentar esas visiones en un verdadero proceso deliberativo y enfocaría la movilización y las energías a la elaboración de propuestas, su fundamentación y divulgación. Se pasaría a un estado rico y fructífero de confrontación legítima de ideas y de visiones expresadas en alternativas de futuro.

El Plebiscito por la Educación sería un proceso educativo en sí mismo, y podría señalar el inicio de una nueva etapa en nuestra democracia: avanzando de la mera representatividad y la exclusión a la participación real, la inclusión y el ejercicio responsable de la ciudadanía.

Lo que hoy tenemos en este ámbito es una distribución difusa, lo que periódicamente termina por explotar en conflictos donde nadie se hace cargo, siendo las y los estudiantes, y sus familias, los principales afectados.

Hoy, son ellas y ellos, los estudiantes y sus familias quienes exigen igualdad de condiciones para financiar sus estudios. Sean privados o “públicos”.

La necesidad de una reforma a la educación superior se convierte en una verdadera controversia social: solo muestra el desacuerdo que existe sobre un acuerdo, necesitamos una transformación estructural al sistema. Pero, ¿de qué tipo?

A mi parecer, el punto de partida se relaciona con desconfigurar la decisión arbitraria con que el sistema dividió a las instituciones, y en consecuencia, a sus estudiantes. La educación superior en Chile se sostiene en una estructura que no responde a la realidad actual producto de su misma operación y hace vista gorda al sentido que ella misma tiene para la sociedad.

En este sentido, bajo el supuesto de mayor desarrollo país, la masificación sentó las bases de una educación superior privada desigualmente desigual.

En la práctica ninguna institución cumple cabalmente con la necesidad de integración social, es decir, no concentrar de manera excluyente a un sector socioeconómico.

Las instituciones, sobre todo las privadas, no han sabido salir del resguardo que un financiamiento sustentado en los aranceles les podría brindar. Con ello, para lograr romper con la homogeneidad social, sus estudiantes (mayoritariamente de los quintiles más bajos) acceden a la educación superior solo gracias al crédito.

Bajo la discusión del lucro, los actores entrampan más aún el fondo de una reestructuración total del sistema. Siendo que ni las leyes de la dictadura aceptaron el lucro en las universidades, ¿por qué ahora, solo porque algunos lo hacen, esto se debiese aceptar/transparentar?

A todas luces, las diferencias entre las instituciones privadas confunde la discusión. La excelencia de algunas universidades privadas sin recursos directos del Estado es tan cierta como que la mayoría de éstas no integran socialmente o no cuentan con espacios democráticos/triestamentales de decisión. Más bien, se estructuran bajo criterios decimonónicos de gobierno.

Por otro lado, el ministro de educación ha mostrado los beneficios de no interlocutar con todos los actores juntos.

Sin embargo, autónomamente es deber que estos actores concuerden, sin el gobierno, cómo asumir operativamente el derecho a la educación como un derecho constitucional y nunca más como un privilegio.

En parte, porque pareciera ser el único elemento que los agrupa. Pero también, porque son ellos quienes se enfrentan diariamente a las desigualdades del sistema.

En este sentido, en mi opinión, los actores debiesen convocar a una sola demanda porque el Estado fuera el responsable de proveer y fiscalizar que se cumplan estándares que aseguren calidad y equidad dentro de los establecimientos de Educación Superior, y que esta oferta se encuentre asegurada para todos y todas. Pues, no podemos seguir orgullosos de un sistema donde todas las instituciones deben sobrevivir del bolsillo de las familias.

Si bien, la responsabilidad del Estado debe enfocarse en garantizar un sistema de acceso que privilegie la igualdad de oportunidades, proveer los recursos para contar con establecimientos de excelencia, y la acreditación del trabajo interno que las universidades realizan (fijación de aranceles, selección de estudiantes, curriculums impartidos y pertinencia con necesidades país, calidad docente, etc.).

Para un nuevo sistema, el punto de acuerdo desde todas las instituciones es terminar con los aranceles como piedra angular del financiamiento universitario, y sus perversas consecuencias como el endeudamiento (institucional y estudiantil) desigual.

La discusión entre “privadas” y el dialogo entre los actores, no debe estar en el lucro y su transparencia. Sino, en los criterios comunes en que todas las instituciones puedan coordinar y en base a éstas puedan garantizar, al menos:

1. Apertura a la sociedad: promoviendo la integración social, es decir, no concentrar de manera excluyente a un sector socioeconómico.

2. Carácter pluralista: contar con libertad de cátedra y asociación;

3. La existencia de una estructura participativa y democrática, con un gobierno universitario elegido por la respectiva comunidad y provisto de representación triestamental.

Desde una mirada renovadora resulta insostenible pensar un nuevo sistema de Educación Superior que no contemple el aporte que el sector privado pudiese llegar a realizar.

Sin embargo, para que las y los estudiantes tengan una relación que permita igualar el financiamiento de sus estudios, como eliminar el abusivo Crédito con Aval del Estado, sus instituciones deben hacer mucho más que transparentar el lucro.

Entre otros importantes elementos que modificaron radicalmente el funcionamiento de las universidades, hoy, la única condición de igualdad que permite acceder al sistema corresponde a quienes cuentan con un soporte económico que garantice su permanencia.

Cualquiera sea el tipo de institución (Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o Universidad), en todas debes pagar.

Con esto, en la práctica, todas las personas y familias interesadas en acceder a un bien social como la educación superior deben  ser capaces de “invertir”, en distintos periodos de tiempo y según su “capital social”/económico, por el tipo de educación superior a poseer.

Este proceso en funcionamiento hace más de 30 años, se ha  centrado en la capacidad de oferta y ha focalizando una mayor cobertura bajo un solo horizonte: un país con mayor escolaridad es un país con mayor desarrollo. Es decir, en lo que respecta a educación superior, son los bolsillos de las familias chilenas los sostenedores de  índices de desarrollo país.

Efectivamente, la cantidad de estudiantes que han pasado por la educación superior universitaria, ha crecido hasta llegar a poco más del 43% en el 2010.

Sin embargo, en proporción al mismo periodo, sigue siendo un indicador que no se corresponde con la escolaridad básica y secundaria alcanzada. Pues claro, ¿es un deber que todas y todos tengamos títulos universitarios para un buen vivir? La respuesta que como país tengamos es crucial.

La situación de la Educación Superior nos muestra que lo que hemos producido como país es generar desiguales formas de ingreso al “desarrollo”.

Hoy tenemos Universidades excesivamente homogéneas socialmente. En parte, porque con la libertad de enseñanza la oferta ha estado centrada en  instituciones que no cuentan con un aporte directo del Estado que incentive más a integrar y no solo a “mover” socialmente.

El famoso discurso de la movilidad social, realmente se estanca cuando las instituciones en su seno no integran la diversidad social del país.

Estamos frente a  un total desamparo por parte del Estado que limita nuestra libertad cuando es éste quien nos segmenta según el soporte financiero con que podemos acceder al desarrollo cuando “lo normal” es acceder a la educación superior debiendo  pagar, en desiguales condiciones, para poder alcanzarlo.

¿Por qué las universidades, solo por existir, no debieran becar a sus estudiantes de los primeros tres quintiles? A fin de promover más integración.

Por ejemplo, en las  “instituciones de educación superior del Estado”, como lo es la Universidad de Chile, no se ha modificado sustancialmente la matricula en más de 20 años.Promoviendo, en la práctica, la homogeneidad social de estudiantes entre las universidades “competitivas”.

Por un lado, existen universidades estatales para la elite compitiendo entre privadas  de y para la elite. Mientras la mayoría de las familias “invierten” en créditos muy desiguales en universidades privadas o estatales regionales demasiado precarizadas, es decir, hay universidades (estatales y privadas) para ricos y universidades (estatales y privadas) para pobres.

La problemática primordial de la Educación Superior no se ha enfrentado de manera adecuada, hoy se hace indispensable la creación de un nuevo marco educativo que permita erradicar una de nuestras mayores desigualdades. El modelo de Educación Superior refracta directamente el tipo de país que somos y el que queremos ser.

Para esto, no bastan soluciones que mantengan un sentido parcelado o “técnico” de pensar la educación. Ya pasó mayo, esto es más que una reivindicación corporativa. Con las  Universidades y colegios movilizados o en toma nos permitimos llegar fuerte a todos los chilenos.

Son estudiantes, rectores, funcionarios, académicos, las familias endeudadas quienes exigen. ¿Por qué, entonces, debiésemos volver a la normalidad de las aulas como si nada hubiere pasado?

El llamado hacia un dialogo pareciera ser: “conversemos, cambiemos todo. Así el sistema, la institucionalidad, se mantendrá exactamente igual”.

En este sentido, la respuesta de la política – las políticas del establishment donde históricamente no ha entrado el sentido común sino el interés particular mal llamado técnico  –  a la crisis de la educación no puede retirarse a la institucionalidad heredada de la dictadura o formas “representativas” de los “actores de la educación” como el 2006.

Esta vez, más bien, se trata de proyectar e incidir en los excesos mismos que en la educación de mercado son más que la educación. En efecto, la coyuntura del endeudamiento en la educación se caracteriza cada vez más por la forma “normal” de vida que sostenemos. Pareciera obvio que  la  profesionalización es una inversión personal para un mejor estilo de vida. Entonces, todos paguemos y cada cual como pueda.

A mi entender, la cuestión clave no es si la educación gratuita es (im) posible, sino: ¿en qué sentido es (im) posible y cómo se entiende políticamente esta imposibilidad?

Si realmente queremos que las y los alumnos de sectores de ingresos bajos y medios no tengan su acceso restringido por barreras financieras, debemos tener como prioridad a nivel país el desarrollo universitario, y desde esa perspectiva, impulsar mecanismos que permitan el despliegue de esta prioridad de la mejor manera posible.

Para esto, propongo que seamos todas y todos los chilenos mediante una consulta nacional quienes decidamos qué tipo de educación superior queremos.

Si el gobierno quiere realmente hacer de este año, el año de la educación superior, no puede sino pensar en una reforma general al sistema que integre, y estabilice, las expectativas de cada chileno.

Sin embargo, no puede dejar de lado el hecho que  mayoritariamente desaprobamos su gestión, por tanto, debe superar la institucionalidad que no permite integrar a todos. ¿Es esto imposible?

Tanto el término de las movilizaciones, como el futuro de la Educación Superior, esta vez, no pueden pasar por la política institucional heredada de la dictadura.

La democracia del acuerdo le jugó en contra a la democracia, excluyó a muchos y abandonó el debate público de los asuntos estratégicos del país. Este es el mejor momento para  practicar una democracia que nos incluya a todas y todos.

Solo el Estado y la ciudadanía organizada, podrán garantizar que una nueva ley de Educación Superior represente el país que queremos y para eso, esta democracia “representativa” queda al debe.