En efecto, si no se conocen los contenidos mal puede acusarse de ideologismo. Y si se dice que se quiere iniciar un proceso, ¿por qué querer anticipar contenidos?

Chile nunca ha tenido una Constitución verdaderamente mayoritaria. Después de las imposiciones militares u oligárquicas del siglo XIX, en el siglo XX ha habido dos intentos fundacionales, ambos militaristas y oligárquicos, refrendados por plebiscitos claramente fraudulentos. Por supuesto en ninguna de estas constituciones es todo malo, salvo el proceso de generación. Hay aspectos positivos y otros inadecuados.

Hoy, por primera vez se dan ciertas condiciones para generar una Constitución Política con respaldo democrático desde su discusión y hasta su aprobación y puesta en marcha. Entre otras, que un 70% de los chilenos considera que es conveniente o necesaria una nueva carta fundamental.

Si el gobierno de Bachelet hubiese dicho los contenidos que quiere para la nueva Constitución, ¿para qué preguntar al pueblo? El énfasis que se ha puesto es en el amplio proceso de discusión, buscando qué es lo que quieren las personas. No se trata de escuchar sólo a los ilustrados, a los profesores universitarios (ya sesgados) o a los partidos. Tampoco se quiere preguntar sólo a los grupos de interés o a los que están organizados como minorías con opinión.

Se trata de generar entusiasmo en la idea de que todos, desde sus pensamientos, desde sus intereses, desde sus carencias, desde sus conocimientos y desde sus ignorancias, desde sus miedos y desde sus deseos, sean capaces de decir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren de una nueva carta política.

Por eso el proceso es importante, pues todos podremos ser oídos por todos. Cada uno en su territorio podrá ir aportando ideas. Para eso es la educación cívica, precisar qué es una Constitución, qué puede contener, qué no debe contener. Sabiendo eso, se irán expresando las propuestas en un proceso creciente que permitirá decantar lo fundamental.

Todos tenemos derecho a proponer  y  sugerir cuestiones de fondo. Nadie, por otra parte, puede pretender que todas sus ideas sean consensuadas o que tengan apoyo mayoritario.Tampoco se puede pensar en una Constitución Política que guste a todos. No, de lo que se trata es que surja una carta fundamental que reúna un apoyo verdaderamente mayoritario de la sociedad. La democracia ejercida con conocimiento y participación asegurará que el texto tenga un respaldo que le dé cierta estabilidad, sin pretender que sea un texto para siempre.

Por cierto que las ideologías saldrán al tapete. Lo malo no son las ideologías, sino que el intento de imponerlas mediante malas artes. La búsqueda debe ser la mayor concordia de ideas, el más amplio encuentro ciudadano, la mejor discusión de puntos de vista.

Por eso se requiere respeto, difusión, amplitud de miras y mucha gente trabajando en el esfuerzo, pese a todos los problemas que un proceso así puede traer.

Es urgente iniciar el proceso constitucional democrático. Pero es importante hacerlo bien y generar un compromiso claramente mayoritario.

La derecha tiene una gran posibilidad: dejar de cerrar caminos y ponerse a trabajar por una mejor forma de vivir entre todos los habitantes del país, donde las decisiones se tomen con respeto y valoración de las personas.

Recuerdo la frase de un viejo dirigente, que se convirtió en eslogan para los demócrata cristianos en la época de la dictadura: “Queremos una patria para todos, incluso para los que no quieren una patria para todos”.

Pero, una vez ya enfrentados al juicio mismo, me pregunto si acaso tiene sentido seguir adelante. Me explico, lo peor que puede pasarle a Chile es ser “condenado” a negociar. Por cierto, no se asegura el resultado de la negociación. Siendo así, ¿por qué no negociar de inmediato y nos ahorramos, no sólo los cuantiosos honorarios de abogados, sino todos los gastos y tensiones inherentes a un juicio de esta naturaleza?

Allanémonos al juicio y vamos directamente a negociar. Propongamos formalmente relaciones diplomáticas e iniciemos una negociación que, larga o corta, debe tener por finalidad dar a los bolivianos el mejor acceso al mar posible y entregar a Chile las compensaciones suficientes por ello.

Esa negociación no podrá jamás considerar la entrega de territorios dividiendo en dos el territorio chileno. Se podría entregar una zona costera, pero sin continuidad soberana con el territorio boliviano, lo que, por cierto no sería satisfactorio para los bolivianos. Entonces, no habría otra posibilidad de entrega de territorio soberano que hacerlo en la frontera norte de Chile. Como algún día fueron peruanos, aplicando el absurdo tratado de 1929, habría que pedir al consentimiento de Perú para cederlos en soberanía a Bolivia, país que ya se opuso una vez.

Si se acordara ello con Bolivia, entonces habría que nuevamente pedir a Perú su consentimiento, país que podría decir que sí o que no. Si dice que sí, miel sobre hojuelas, todo arreglado. Si dice que no, entonces juntos ambos países podríamos iniciar una presión internacional para asumir esa situación y mientras tanto arrendar ese territorio a los bolivianos.

Me asalta la duda ¿por qué se opone Perú? ¿Pretende recuperar esos territorios, como dicen los grupos ultra nacionalistas? Si Perú se niega, querrá decir que no renuncia a recuperar lo que perdió en la guerra y eso es una amenaza para la paz. Sería beneficioso para todos que se terminara esa frontera chileno-peruana, con lo cual podríamos ambos países (los tres países en realidad) ahorrar cuantiosos recursos en gastos militares, lo que sería muy útil ante las necesidades que existen en nuestras sociedades.

Pero da la impresión que nuestra Cancillería, manejada con torpeza hace ya un tiempo, no logra medir los alcances de lo que se está haciendo y se solazan con discusiones diplomáticas y juicios con peluca y capa, sin asumir ni entender lo grave que esto es para nuestro país.

Busquemos mecanismos de hermanamiento y vamos de inmediato a negociar, que Chile arme un equipo que considere a diplomáticos de talla y nivel (como nuestro embajador actual en la OEA), con políticos audaces e intelectuales y creadores. (Por cierto, me ofrezco a integrar el grupo, en homenaje a mi padre que fue embajador en La Paz y tuvo por 4 años las mejores relaciones entre ambos países).

Entonces conversamos, analizamos y buscamos formas de dar satisfacción a las aspiraciones de ambos pueblos. Bolivia deberá saber que si obtiene un territorio como el que espera, no podrá seguir teniendo las franquicias que le da el tratado actualmente vigente.

El objetivo de Chile debe ser la paz de los pueblos de América, la desmilitarización y el desarme, la integración de los países y la progresiva eliminación de las fronteras, todo ello, sin perder soberanía o recibiendo las compensaciones adecuadas.

Terminemos de una vez con estas diferencias y empecemos a escribir la nueva historia de nuestro continente.

Este no ha sido un buen gobierno en el tiempo que llevamos. Tanto la derecha como ciertos sectores de los que apoyan o deberían apoyar al gobierno, han centrado sus críticas en Bachelet, sin entender que las realidades son mucho más complejas.

Apuntar a Bachelet con insinuaciones de que debe renunciar o está pensando en hacerlo, como se ha repetido con cierta insistencia, no es sino parte de un modelo de “golpe blanco” protagonizado por algunos que se sienten incómodos con las propuestas de transformaciones que ella ha querido llevar adelante.

Estoy con Larraín de la UDI cuando él dice que quien ejerce la presidencia de la República no debe de ninguna manera renunciar, pues eso le hace daño a la democracia. Y yo agrego: más aun a una democracia tan débil como la consagrada en el texto constitucional vigente y que tanto les gusta a algunos.

Una renuncia de un Presidente porque lo hace mal introduce un elemento de incertidumbre, especialmente porque quien ejerce tal cargo tiene la posibilidad de modificar rumbos o corregir errores, tanto modificando los equipos, como tomando posiciones distintas.

Reconocer, por ejemplo, que no tiene las condiciones para llevar adelante al programa y que hay aspectos a los que deberá renunciar, pude ser duro, pero es mejor que insistir en proposiciones incompletas y que se conducen con la torpeza que ciertos ministros han demostrado en el ejercicio de sus cargos. El régimen presidencial que la DC aprobó en su Congreso permitiría cambios de Primer Ministro sin cuestionar al Presidente.

Bachelet no debe renunciar, pero sí debe corregir. Y si no puede corregir como a ella le gustaría, deberá asumir que su segundo gobierno se orientará a administrar lo que ha avanzado y a generar mecanismos de elaboración de nuevas propuestas para que los gobiernos futuros las lleven a término. Cuando la DC planteó la renuncia de Allende en 1973, ello iba acompañado de ofrecer la renuncia de todos los diputados y senadores, pero era en un escenario de crisis mucho más profunda, pues la derecha estaba lanzada en su aventura golpista.

El gobierno debe corregir, llamar a otras personas, reformular ciertas propuestas, simplificar las propuestas y quizás centrarse en el proceso de limpiar la actividad política. Si sólo lograra eso en la segunda mitad de su gobierno, además de manejar ordenadamente la economía, su aporte sería muy valorado. Reponer la ética en el nivel necesario, reactivar la responsabilidad de las autoridades y poner mano dura ante la corrupción, acentuando las correcciones en el sistema político, pueden ser medidas extraordinariamente útiles.

Si a eso se añade eficacia en la gestión y un trabajo de educación política que lleve a incrementar la conciencia de la sociedad sobre la necesidad de tener una nueva Constitución, Bachelet puede terminar en las alturas.

La oscura sombra de hacerla renunciar, tal vez para que el Congreso elija a alguien del gusto de empresarios y políticos por los dos años restantes, puede ser una dura jugada contra el pueblo que afectará las esperanzas de generaciones que miran el mundo con otros ojos y otras esperanzas.

No voté por Bachelet en primera vuelta, pero la apoyo en su decisión de cumplir con su mandato y mantener la continuidad democrática. Mientras, mirando el futuro, habrá que buscar los nombres de aquellos que sean capaces de conducir a la sociedad chilena hacia la construcción de un nuevo orden basado en la fraternidad, la justicia y la libertad.

Dolores Barja, una mujer mayor, comprometida con la vida, militante de base demócrata cristiana hasta la médula de los huesos, ñuñoína, trabajadora, entusiasta, generosa, no pedía honores ni reclamaba para sí nada. Modesta, sencilla, vivía para dar su energía al servicio de los otros y de sus causas. Debe haber tenido defectos: no se los conocí.

Pude tener un mayor contacto con ella cuando trabajamos juntos en una campaña a concejal, donde ella fue factor determinante del buen resultado obtenido. Ahí supe que su nombre era no más que una broma y por eso en vez de llamarla Dolores yo le decía “Placeres”: todo era entusiasmo y alegría, sabía sacar adelante tareas imposibles, nos alentaba, nos mostraba el cielo cuando todo parecía oscuro, entregaba cariño en cada acto, cada gesto, cada paso que daba por la vida. Deja un vacío y una tarea: deberemos mirar como ella la vida.

Ernesto Merino, publicista, político demócrata cristiano, comunicador de excelencia, llegó casi a los noventa años, luego de haber hecho grandes contribuciones. Recuerdo cuando en 1972 trabajamos juntos en una campaña por enfrentar el tema de la violencia política con un mensaje de paz que pretendía evitar el golpe de Estado.

En tiempos de la dictadura él fue el diseñador y orientador de la Radio Cooperativa que, luego de desaparecida Radio Balmaceda, tomó el liderazgo de la información y de la “lucha” por los derechos humanos. La radio se convirtió en la voz que acompañó a millones de chilenos en las épocas oscuras, de la mano de Ernesto, de Delia Vergara, Guillermo Muñoz, Manola Robles, Carmen Castro, y tantos otros queridos amigos periodistas que se expusieron en la tarea de combatir pacíficamente los abusos y anunciar la esperanza de un tiempo con menos dolor.

Ernesto Merino ayudó en muchas campañas, entre otras la de mi padre a concejal por Ñuñoa en 1996. Hombre generoso, alegre, ingenioso, sabía escuchar e impulsar la acción. Nos hará falta.

Roberto Kozac fue un gran protector de personas, luchador por los derechos humanos, hombre eficiente y eficaz en esa tarea, comprometido con los que fueron perseguidos en el Chile de la dictadura. Para él los derechos humanos era un compromiso vital irrenunciable.

La Asociación de ex trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad – donde fui colaborador – ha manifestado su sentimiento de dolor por el fallecimiento de Roberto Kozak, que fuera el representante en Chile del Comité Internacional de las Migraciones Europeas (CIME) y que tanto ayudó a paliar los dolores en miles de chilenos y extranjeros avecindados en nuestro país, encarcelados en los recintos de detención de la dictadura, que gracias a su gestión lograron su libertad y encontraron refugio.

La Asociación nos recuerda que él “supo combinar su compromiso con los derechos humanos, con su coraje y su buen criterio diplomático”. Terminada la dictadura, ayudó a miles de retornados del exilio, en coordinación con el Gobierno de Aylwin.

“La gracia de la nacionalización refleja, además de su compromiso con Chile, su afecto por esta tierra que lo llevó a vivir en ella, junto a su familia, y donde solicitó que quedaran para siempre sus restos”, dice la declaración de los trabajadores de la Vicaría.

No fui su amigo, supongo que él ni siquiera me recordaba, pero estuve cerca de él y pude apreciar su aporte valioso. Su ejemplo, en esta hora en que la competencia, la avidez, el materialismo y el exitismo se toman la palestra, parece ser importante para las nuevas generaciones.

Sólo puedo agradecer a la divinidad que nos haya dado a estas tres personas para compartir la tarea de este tiempo, donde la exigencia ha sido grande y la esperanza a veces nos falla. Su muerte nos recuerda que debemos, que nos toca tomar la bandera.

En 1963, cuando yo solo tenía 15 años, acompañé a mi padre al acto de presentación de “La convención del Pueblo”, un órgano creado para potenciar el trabajo en la campaña de Frei. Ese día hablaron Carlos Montero e Ignacio Balbontín, estudiante de Derecho y de Sociología, con fama de inteligente, agudo y facilidad en el discurso, presidente del Frente Nacional de Juventudes, que reunía a todas las juventudes de partidos e independientes que apoyaban al candidato DC.

El habló, en un discurso encendido, culto, inteligente y de fácil comprensión, incluso para jóvenes como yo. A mi lado estaba una muchacha delgada y muy hermosa, que miraba a Ignacio embelesada. Le hablé. “Ese que habla es muy inteligente, estudia dos carreras. ¿Quieres conocerlo?” Ella sonrió y seguía escuchando. Falda a la rodilla (¿puede haber sido escocesa?), chaleco verde, ojos brillantes. Cuando terminó el discurso ella me dijo: “Soy su polola” y lo fue a abrazar. Era Sofía Lecaros, hoy su viuda.

Me tocó estar con él muchas veces, durante esa campaña y luego le perdí la pista. Hasta cuando en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile se incorporó el ramo de Sociología. Él estaba pintado para eso, pero comenzó una tensa e intensa negociación, porque la izquierda tenía muchos sociólogos y algunos DC que se habían ido a la Izquierda Cristiana reclamaban mejores derechos. Finalmente quedó como parte del equipo de profesores.En ese tiempo, breve y lleno de urgencias, tuvimos alguna relación. Su posición era de gran solidez doctrinaria y de aguda mirada sobre la realidad. Crítico duro de la UP, era más crítico de la derecha y creía en la necesidad de una salida política.

Pero vino el golpe de Estado y de inmediato, arriesgando todo, se puso en contra. No tenía nada que ganar y mucho que perder. Pero Ignacio no sacaba esas cuentas, pues creía firmemente en sus principios doctrinarios y estaba convencido de la necesidad de luchar contra la dictadura que nacía. Mientras algunos éramos, como él, opositores, otros sostuvieron esa curiosa tesis de la “independencia crítica y activa”.

Tantas luchas dadas con Ignacio y otros amigos en esos años. Una de las que más recuerdo fue la creación de la Revista UMBRAL, que era impresa en mimeógrafo y distribuida a mano, con artículos que firmábamos con seudónimo. Nacho me llamó para ir a buscar ejemplares del primer número a su casa (no salieron muchos números más), los que debía distribuir. Me contó la aventura vivida esa tarde (me parece que era un viernes) cuando venían con la camioneta cargada con todos los ejemplares y en plena Plaza Baquedano se paró el motor, generando una importante congestión. A los minutos aparecieron los carabineros que… ayudaron a empujar la camioneta y a conseguir que fuera reparada para continuar el viaje. Iba Ignacio con dos personas de la imprenta. Estaban muertos de miedo de que pudieran llegar los de la DINA, cuya sede quedaba a un par de cuadras o que algún carabinero mirara lo que había en la camioneta. Nada de eso pasó.

No olvido la vez que Ignacio me llamó a su casa parta preguntarme si quería trabajar de planta en la Vicaría de la Solidaridad de donde era abogado colaborador externo. Me dijo que había hecho gestiones para que se contratara a un abogado DC. Le dije que sí y él estaba convencido de que en cosa de días me llamarían. Sus ilusiones eran poderosas. Nunca fui contratado.

La Revista ANÁLISIS fue otra gran aventura en la que estuvimos involucrados, corriendo siempre muchos riesgos en la estrategia de avanzar en la unidad de todos los opositores.Pasamos muchos años en esa tarea y creo que fue precisamente el desenlace lo que nos distanció, pues Nacho y otras personas “compraron” la revista que luego fue cerrada. Cada vez nos vimos menos, pues quedé resentido con ello y confieso que nunca entendí exactamente qué pasó. Tengo conjeturas, pero no certezas.Yo me alejé de su grupo.

¡Cómo no recordar la lucha contra el exilio! Un trabajo enorme que realizamos con Ignacio a la cabeza, más Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Wilna Saavedra y otros camaradas, que culminó con logros relevantes.

O el esfuerzo unitario de 1982, después de la muerte de Frei, para evitar que el grupo encabezado por Orrego tomara la conducción del Partido que estaba en manos de Tomás Reyes. Ignacio fue importante en la articulación del acuerdo que permitió a Gabriel Valdés asumir la presidencia del PDC, aunque una vez más vivimos juntos la triste experiencia de ver cómo “los nuestros”, al llegar a las alturas, se olvidaban de los compromisos adquiridos y de los proyectos tantas veces proclamados. Se prefería el pacto con los otros que relevar a los que habían hecho posible el acceso a la presidencia del PDC.

¿En qué andábamos cuando enfermó y luego murió su madre? No sé, pero eran operaciones semi clandestinas y él portaba su pena en medio del entusiasmo de luchar contra la dictadura y por la democracia. Y lo acompañamos. Recuerdo caminatas desde y hacia un centro de salud hablando de política y de la pena de la partida de la madre.

Y entre los hechos jocosos, no puedo olvidar aquel día, puede haber sido 1988 o después incluso, cuando estando en una celebración por los varios miles de ejemplares los “Zarpazos del Puma” (un aburrido acto en el CESOC en el que habló sólo Julio Silva Solar), a Gabriela Riutort se le ocurrió, siendo las 8 de la noche, que fuéramos a bailar. Todos dijeron que sí, pero finalmente Nacho y yo nos vimos acarreados por siete mujeres (Gabriela, Patricia Verdugo, Ana María Palma, creo que Clarisa Hardy o Mónica González, entre otras). Subimos al segundo piso de Las Brujas y bailábamos “todos con todos”. Nos reímos mucho y a las 10 de la noche abandonamos el recinto para ir a nuestras casas.

Era la alegría de vivir que estaba en medio de las luchas, esas ganas de convertir cada acto doloroso de tiempos de la dictadura en una luz alegre que anunciara y no se bastara con la denuncia. Él tenía sueños, tenía pasión por la vida. Tenía esperanzas, pese a las realidades tan difíciles que le tocó vivir.

Como por ejemplo aquella inundación del Mapocho, cuando su casa quedó convertida en un ruinoso recinto lleno de barro. Fui a su casa y estuve colaborando un fin de semana entero a sacar barro. Y mientras hacíamos eso, él me relataba entre risas todo lo terrible y aterrador que había sido aquello, especialmente cuando se dio cuenta que uno de los vecinos quería derribar una pandereta que lo separaba de su casa, con lo que la residencia de los Balbontín habría sido completamente arrasada por las aguas acumuladas.

Ignacio tuvo en su esposa, Sofía Lecaros, a una compañera ejemplar. De temple extraordinario, gran profesional de la psicología, cariñosa, criteriosa, prudente, con sentido de autoridad, ella fue parte fundamental que Nacho no se perdiera en idealismos inútiles sino que se asentara en proyectos más realistas. Ella fue un pilar sólido para que él pudiera volar.

Da pena la partida Ignacio. Aunque nos veíamos poco, él estaba. Fuimos tomando opciones distintas en la DC y caminos diferentes en la vida. Pero el cariño surgido en la batalla no cejó nunca. Ya no estará allí, a tiro de teléfono. Ya no habrá discusiones políticas con su inteligencia. Ya no podré reclamarle como lo hice. Lamento no haber estado cerca suyo en los momentos dolorosos de su enfermedad. Lo supe tarde, no me di el tiempo, no supe cuan cerca estaba del desenlace.

Queda su recuerdo, su ejemplo, su testimonio.

Personas como él harán falta en estos tiempos críticos, cuando la enseñanza a los jóvenes se centra en la eficacia y la competencia, el materialismo y el triunfalismo. Ignacio Balbontín no se movía para las ganancias inmediatas, sino para alcanzar el sueño, construir la sociedad que no existe, hacer realidad los proyectos de una sociedad sustentada en los grandes valores cristianos.

Entiendo que un hombre que juega al izquierdismo se sienta inquieto porque el gobierno de Chile envía como su representante a un hombre de confianza de la derecha (funcionario en los 17 años de la dictadura – cuando muchos jóvenes diplomáticos eran expulsados por sus ideas políticas -, jefe de gabinete del Ministro en tiempos de Piñera y luego embajador en Argentina del mismo Presidente) y no a alguien que, con igual o mayor experiencia y nivel, pueda conversar desde las posiciones oficiales del régimen chileno.

Es verdad, como dice el Canciller Muñoz, que las relaciones con Bolivia son una política de Estado y que no hay grandes diferencias según sea una mirada política u otra. Eso en teoría, pues cuando un canciller, como los hubo en gobiernos precedentes, se olvida de los vecinos y de la importancia de América Latina, las políticas de Estado pasan a segundo nivel.

O cuando un Embajador, como lo hubo hace muchísimas décadas, se involucra con la esposa de un alto funcionario boliviano y debe ser declarado persona no grata en el país, no depende de la política de Estado. O yendo al otro lado, cuando un embajador es capaz de tener relaciones de simpatía con las autoridades del país ante el que actúa, las cosas resultan más fáciles.

No puedo, sin negar el orgullo que siento, dejar de mencionar que el papel que desempeñó mi padre, Alejandro Hales, como embajador en Bolivia, es recordado y validado hasta hoy como el mejor tiempo en la relaciones de ambos países.

Más allá de que Evo Morales puede estar justificando cuestiones de política interna o quizás busca una confrontación armada para alinear a sus opositores en torno a una sola cuestión como es el mar soberano, es necesario que Chile actúe asertivamente y no se exponga a situaciones que luego se puede lamentar.

Cambiar al Cónsul, por alguien de más experiencia o de ideas más claras, de mayor capacidad de empatía y formación sólida, puede resultar ser una buena medida. Darle mayor nivel al Consulado, poniendo como su representante a alguien que esté en la misma línea política de la Presidencia de la República y que en ello no haya dudas.

No digo que las cosas hoy se manejen mal, sino que es insuficiente e inexplicable que una Presidenta que se dice de izquierda mande como representante ante un gobierno de la misma tendencia a un hombre de la derecha. ¿No será esa una señal de que algo no se está haciendo bien? Por lo menos se requiere un diplomático que sea capaz de dialogar en un lenguaje similar, que ambos gobiernos entiendan y compartan, representando no sólo la mentada política de Estado sino también la línea política.

Es evidente que si bien Bolivia pone hoy el tema de la soberanía del territorio como una cuestión fundamental, el esfuerzo de Chile debe estar en demostrar a los bolivianos, al pueblo boliviano, a los políticos bolivianos, a los empresarios bolivianos, que el actual estatus de la situación tiene a Bolivia con un acceso expedito y privilegiado al mar.Si los bolivianos, más allá del Ministro y del Presidente, asumieran esa realidad, la paz activa sería posible.

Pensar en un proceso integrador con los vecinos es un esfuerzo que no puede llevar adelante un simple funcionario si acaso no es verdadero representante del gobierno. Cuando se nombró a Pérez Yoma, hace muchos años, se cometió el error de nombrar a un político sin experiencia en la materia. Ahora se ha nombrado a un funcionario sin relevancia política. Es decir, se va de un extremo a otro.

Es necesario buscar, mediante acciones concretas, que la representación chilena actúe y no se limite a otorgar papeles y certificados o a reunirse con uno que otro empresario.

Chile necesita mejorar el nivel de sus relaciones con los vecinos.

La constante alegación por mar de Bolivia, argumentando que es un país enclaustrado y por eso no logra desarrollarse, tiene vacíos. No sólo porque muchos países que no tienen mar han logrado importante desarrollo, sino que ese mar y sus territorios hasta la cordillera andina, fueron perdidos en una guerra que Chile considera legítima.

Si lo que se persigue es acceso al mar, lo tiene en condiciones espléndidas, sin necesidad de hacer inversiones, pues ellas han sido solventadas por Chile: caminos, vías férreas, puertos, instalaciones apropiadas.

Lo que se quiere es soberanía territorial. Eso implicaría ceder o canjear territorio, lo que sólo podría ser en el extremo norte, ya que cualquier otra localización cortaría en dos el territorio nacional, lo que no parece aceptable.

Para que eso sea posible es necesaria la anuencia de Perú, que debe aceptar la cesión de territorios que un día fueron suyos. Eso significaría que Perú ya no tendría frontera con Chile y sí con Bolivia al sur, además de al oriente. Dicen algunos analistas que eso no les conviene.Pero además significaría que Perú debe renunciar a la recuperación de los territorios que perdió en su guerra con Chile hace casi siglo y medio, lo que no parece ser así en ningún ambiente de ese país.

El camino, más que demandar a Chile ante La Haya, debiera ser demandar a Perú para que renuncie a ese derecho “a veto” conferido por el tratado de 1929 y que afecta indirectamente a Bolivia. Y a esa demanda se podría sumar Chile y entonces se solucionaría un problema de larga data. Estoy seguro que en una solución de este tipo tendríamos a la mayoría de los chilenos, salvo por cierto esos cabezas calientes que adoran el territorio y no quieren modificar el actual mapa.

Pero Bolivia no hace eso. Entonces, ¿qué quiere Bolivia? Porque sus gobernantes saben que el diálogo sólo podría llegar a una oferta como la que se hizo en el encuentro Banzer-Pinochet cuando los dictadores coincidieron, pero recibieron una negativa de Perú.

Da la impresión, a la luz de esta mirada, que lo que esos gobernantes ansían es un salida en territorios que fueron bolivianos, cortando en dos el territorio chileno. Y su discurso choca con la decisión de Chile de no cortar su territorio. Saben, los bolivianos, que por el diálogo, jamás se llegará a esa solución.

¿Qué quieren entonces?

¿Están preparando el ánimo para una guerra? ¿Quieren recuperar por la fuerza lo que ayer perdieron por ese mismo modo?

Espero no sea así, porque lo que parece llevarnos a una solución es el acercamiento vivo de los pueblos, que se entienden más fácilmente que los militares o los gobernantes. Los pueblos de Chile, Perú y Bolivia preceden a los países y sus nacionalidades hechas por los invasores europeos. Estos tres pueblos representan una cierta unidad de cultura y tradiciones, cuyos registros están en los territorios de cada uno. ¿No sería hora de ir pensando en soluciones integradoras?

Eso nos daría caminos de paz duradera, pudiendo desactivar parte de esas fuerzas militares que nos hacen gastar tanto y cuya acción bélica solo traería tragedia. La integración puede ser un camino más eficaz, aunque haya que crear territorios de administración tripartita o arriesgarnos a ser vistos por el mundo – como somos en verdad – como tres pueblos iguales en lo esencial.

La paz es una tarea posible, si hay voluntad para ello.

Cuando en Chile estamos enfrentando una sucesión de olas de denuncias, rumores, desmentidos, acusaciones a empresarios y políticos respecto del uso inadecuado de la relación dinero y política, hay quienes quieren centrar la discusión en los aspectos penales, es decir, la determinación de si acaso las conductas a que en cada caso se alude son o no constitutivas de delito.

El punto es que la comisión de delitos o la determinación de la justicia penal representan el mínimo ético exigible a las personas en la vida social. Pero a todos los seres humanos nos es exigible también una conducta ética mayor, con parámetros más altos, pues tienen que ver con aquello que no es necesariamente exigible en el plano de la ley y que sin embargo debemos acatar pues se relaciona con el buen y mal comportamiento.

El ejemplo más clásico, una anciana está en el supermercado avanzando con su carro y de pronto llega un sujeto que quiere el mismo carro y entonces aparta a la mujer con un discreto empujoncito, sin hacerle daño, y se apodera del carro para hacer sus compras. No hay una ley o reglamento que diga “no robar los carros del supermercado a las ancianas”. Si no lo hacemos es porque sabemos que eso no está bien, pues supera los cánones de la vida social.

Cuando se debilitan estos cánones éticos, se va haciendo necesario regularlos mediante leyes o reglamentos que incrementarán su carácter punitivo en la medida que relativizamos los marcos éticos de la vida social.

Esto está sucediendo en esta hora, tal vez en el mundo entero, justamente porque los límites éticos se ven sobrepasados y la ley ocupa ese espacio. Mientras más ley existe es porque menos ética hay.

Dice Kidder: “Lo que solía estar reglamentado por nuestros propios buenos hábitos se ha convertido en reglamentos por deseo de los legisladores”. También debemos tener presente que cuando un sujeta enfrenta un dilema no es entre “el bien y el mal”, sino entre lo que él considera dos bienes. Cuando consideramos algo “malo”, eso no está entre las posibilidades de actuar, ya que nuestras actuaciones tienen una justificación interior, aunque no sea necesariamente compartida por todo el conjunto social.

Por ejemplo, quien mata por venganza, piensa que eso es bueno. Los torturadores de la policía creen que su conducta se ajusta a lo que la patria necesita para combatir a sus enemigos. En fin, ejemplos sobran.

Kidder señalacomo caso paradigmático lo sucedido en Chernóbil el 26 de abril de 1986. La catástrofe fue producida por la acción de dos ingenieros que estaban a cargo de la sala de control, quienes realizaron un “experimento” no autorizado, destinado a satisfacer su propia curiosidad. Cuando empezaron a funcionar las alarmas, en lugar de detenerse, las apagaron. Es decir, no les importó el riesgo que se corría, sino que no los sorprendieran.

Kidder lo señala: “Creo que antes de haber anulado el primer sistema de alarma computarizado tiene que haber habido un anulamiento ético. Lo que hizo volar Chernóbil no fue la falta de conocimiento, fue la falta de ética.”

Los tiempos cambian. Kidder nos dice: “No sobreviviremos el siglo XX con la ética del siglo XX”. Los riesgos de esas anulaciones éticas durante el siglo XIX eran de bajo alcance. En el siglo XX ese riesgo aumenta y al llegar al siglo XXI los peligros son aún mayores, pues hay cada vez más personas a cargo de sistemas y tecnologías cuya operación irresponsable puede acarrear peligros impensados para también cada vez mayor cantidad de personas, sin contar los efectos devastadores sobre la naturaleza y los animales.

Es indispensable, entonces, que el nivel de exigencias éticas aumente y que las personas aprendan a ser responsables de lo que hacen, sea o no delito su conducta.Es necesario un cambio profundo de actitud, que nos lleve a salvaguardar la sociedad de las decisiones de los encargados de las cuestiones públicas (que afectan a los ciudadanos y a la población), ya sean jurídicas, administrativas, científicas o de otro tipo.

Cada vez aumenta más entre el común de las personas el porcentaje de quienes sostienen que deben existir códigos éticos exigentes en la sociedad y sobre todo con respecto de quienes deben tomar decisiones que afecten la vida común. Eso lo dicen las encuestas ya desde hace dos o tres décadas.

Pero eso debe confrontarse con los numerosos casos de líderes y figuras públicas, en principio “respetables”, que se ven sometidas a un duro escrutinio público por sus dislates, ya sea en el ámbito privado o público.

Casos como los que hemos conocido en Chile de ciertos obispos (Cox, Barros, Arteaga, Jiménez, por ejemplo) o sacerdotes (Karadima, Joannon, José Luis Artiagoitia, Ignacio Gutiérrez, José Andrés Aguirre, para nombrar los más sonados); grandes empresarios, políticos importantes, líderes deportivos ( Herrera), encargados de la seguridad, de la atención de salud, de la educación, del transporte público, de la administración municipal o del Estado, de la aplicación de sustancias en los productos de alimentación o en los parques y plazas, en fin, por solo nombrar a algunos, mueven a escándalo justamente porque siendo personas encargadas o calificadas para entregar seguridad, serán ellos mismos los que la hacen peligrar.

Tal vez la expresión más brutal es la violación de los derechos humanos, donde los agentes del Estado encargados de velar por la seguridad de las personas son los que, encubiertos por ese mandato, precisamente violan los derechos más elementales. Por eso menciono a sacerdotes y educadores, que estando en el ámbito reservado al cuidado espiritual y psicológico, precisamente atentan en contra de las personas que confiaron en ellos atendida su condición.

Lo que hemos presenciado es que mientras aumenta la demanda ética de la sociedad, se incrementan los casos de abusos. Encuestas realizadas entre estudiantes universitarios de Estados Unidos – la cito porque no tengo antecedentes de que algo similar se haya hecho en Chile – revelan que en altos porcentajes, superiores al 50%, se muestran dispuestos a realizar actividades fuera del marco de lo permitido si acaso de ese modo pueden incrementar sus ingresos y tienen una cierta capacidad de eludir los controles o no ser sorprendidos.

Una mayoría superior a los dos tercios manifestó que estaba dispuesta a copiar en sus exámenes profesionales. Y eso sí lo hemos visto en Chile, donde incluso ha habido casos de filtraciones en las pruebas de acceso a la universidad y a exámenes de grado o revalidación de títulos (caso de los médicos). Muchos llegan a ser profesionales de alta responsabilidad e importancia social (médicos, abogados, ingenieros, por ejemplo) luego de haber obtenido fraudulentamente sus calificaciones.

Kidder dice que no se trata de estudiantes, lo que sería una anécdota, sino de quienes poco tiempo después comienzan a dirigir instituciones, corporaciones, ocupar cargos públicos de distinta especie. “Estamos hablando de los mandos medios de Estados Unidos para el año 2020, de los gerentes generales del año 2030. Estamos hablando acerca de las personas que van a pilotear el avión comercial mientras ustedes se sienta pensando ¿sabe este tipo en realidad cómo volar o pasó los exámenes gracias a los torpedos?” Y los ciudadanos tenemos derecho a pensar que si una persona ha obtenido su título con trampa, puede seguir haciendo trampas después, en el ejercicio profesional.

Son esas personas, que quizás escalaron copiando en sus exámenes, los que han ido llegando a altas posiciones, relativizando su comportamiento ético. Probablemente el propio sistema y las creencias en que los padres y los educadores no deben “imponer” una conducta a los hijos y a los estudiantes, son responsables de eso.

Se van desplazando los límites y aquellos que fumaron a escondidas primero tabaco y luego marihuana, se encuentran en posición tal que no sólo fuman más, sino que no se sienten autorizados a limitar consumos de sus hijos, de sus subordinados, de los que le están encargados, que pueden ser dañinos para la salud. ¿Quién de los que ascendió copiando se atreverá a prohibir, limitar, censurar o reprochar que otros lo hagan?

Cuando se gastan muchos millones de pesos en la construcción de un puente que queda en malas condiciones (caso del puente Cau en Valdivia) o una persona conduce a otra a la muerte por un mal diagnóstico (la directora de una Escuela de Medicina cuyo título de médico era falso), las desconfianzas en el sistema por parte de la ciudadanía y la población aumentan.

Y si pensamos en el mundo político, las cosas resultan aún más graves. La mentira, la verdad relativa, las afirmaciones que las conductas desmienten, van debilitando la seriedad y la solidez de las instituciones que sirven de base al funcionamiento de la sociedad y de la relación entre la autoridad y el ciudadano.

No es mentira cuando un político dice que se retirará y no se retira. Es solo que expresaba un deseo que no sabía que en realidad era imposible de que se cumpliera.

Pero si es mentira cuando dice que tiene un título profesional que no ha recibido (aunque haya estudiado algo de esa profesión) o cuando se presenta como hombre probo y ha sido sancionado por el abuso de información privilegiada en el manejo de asuntos económicos, lo que está prohibido por la ley. O cuando dice desconocer lo que conoce o cuando tergiversa la letra y el espíritu de la ley para obtener beneficios electorales o de otro tipo.

Hoy se dice que se intentará – mediante un proyecto de ley que se presentará en 45 días más – que un parlamentario que haya violado la ley de financiamiento electoral pierda su cargo. ¿Y al reemplazante lo designará el mismo partido, como dice la ley ahora? Porque ese sujeto se benefició con el triunfo electoral, pero también se aprovechó de ello el Partido, pues sin ese candidato quizás sus votos hubiesen sido menos.

Los políticos son personas que participan activamente en los procesos de conducción de la sociedad, ya sea a través de los cargos nacionales, regionales, comunales, ejecutivos o de elección popular. Si esas personas no son honestas, si no son respetuosos de las leyes en su forma y fondo, estamos frente a una grave contingencia, pues se desmerecen las instituciones en toda la línea: su partido, el organismo al que pertenece, las medidas que toma o los votos que emite.

Todas sus actuaciones empiezan a quedar en entredicho y la sociedad mirará con desprecio a ese sujeto y a todos sus cercanos. El líder, el dirigente, debe responder a las normas éticas de la mayor exigencia, para no dejar asomo de duda de su comportamiento. El cuidado debe ser extremo.

Pongamos casos hipotéticos, ¿podrá un dirigente mantener su libertad para tomar decisiones que afecten a una empresa o a intereses de grupos de personas si esa empresa o esos grupos de personas contratan a sus hijos por cifras millonarias para trabajos que valen mucho menos? Tal vez no exagero al decir que se genera un tipo de obligación derivada del agradecimiento comprometido.

¿Podría un dirigente considerar independiente de presiones si acaso recibe beneficios, mayores o menores, de una empresa cuyos intereses dependen en alguna medida de sus decisiones?

Pero también está la mentira y el engaño en otras dimensiones. Por ejemplo, si un político pertenece a un partido que tiene una determinada visión de la sociedad, ¿es lícito que después de elegido para un cargo sostenga pensamientos divergentes en forma extrema? Por ejemplo, si un senador ha sido elegido por un partido que postula la sustitución del régimen capitalista, no puede luego afirmar que el capitalismo le acomoda.

Es que las cosas son “más o menos” así, nos dirán. Y eso es relativismo ético.Sostengo que si un ciudadano es elegido para un cargo representando las posiciones de un partido, al dejar de pertenecer a el debe cesar en el cargo. Porque de lo contrario se distorsiona la voluntad del pueblo. Recuerdo el caso de una persona que fue elegida como senador por el PPD y que al poco tiempo abandonó su partido, se pasó a la posición más extrema de la izquierda, salió del partido y trató de levantar una candidatura presidencial. Cuando no le resultó, decidió ingresar al Partido Radical.

Pero el peor caso de relativismo ético lo exhiben esos dirigentes que dicen “todos lo hacemos”, “siempre se ha hecho así”, “nadie está libre de estas conductas” y se escudan en eso para justificar sus violaciones de la ley.

O, lo que es aún peor,  decir “no lo sabía”, aludiendo a su ignorancia de que algo estuviera prohibido o fuere delito, aunque a todas luces parece incorrecto, ello sin perjuicio de la presunción de conocimiento de la ley. Porque eso es elevar el relativismo ético a la categoría de validadora de toda conducta incorrecta y la generalización de las violaciones a la de “permiso o aceptación social”.  Es, como dijo alguno, la derogación tácita de la ley y de la ética.

Lo que estamos viendo en Chile es grave. Engel, presidente del comité que designó el gobierno para proponer medidas de corrección ha dicho: “Chile no es un país corrupto, sino que hay casos de corrupción”. Esos casos de corrupción involucran a los más grandes empresarios y a políticos de distinto nivel y de todo el espectro partidario. “Todos lo hemos hecho”, dijo uno. Es decir, quienes dirigen el país están en el espacio de la corrupción y quieren seguir ocupando sus posiciones con la excusa de que la costumbre los legitima.

La sociedad toda tiene derecho a preguntarse si esas personas pueden seguir en sus puestos y si acaso el sistema político tiene capacidad para resolver una especie de recambio generalizado de estos sujetos por otros con una ética sólida y probada. ¿Es eso posible?

Porque si los políticos no se dejan corromper ni se debilitan en sus posiciones, las acciones de los empresarios corruptos no tendrían posibilidades de aplicarse. El tema está en el mundo público y las medidas que se requiere deben partir por despejar el terreno de aquellos que están interesados en mantener el actual estado de cosas para seguir beneficiándose con el poder, aunque por ello deban también salir de sus cargos los que se han comportado correctamente.

Las medidas deben ser drásticas, exigentes, no para convertir en ley los principios éticos, sino para sancionar a quienes violan la confianza ciudadana y distorsionan la democracia según sus intereses o los de aquellos que los financian.

Consultada la empresa, ésta entrega información detallada diciendo que esos servicios efectivamente no se prestaron y que el dinero entregado era para financiar las actividades de esos políticos, ya fuera para sus campañas o simplemente para contribuir al enriquecimiento de esos políticos o sus familiares.

Eso es lo judicial. Por eso hay querellas y acciones ante la Fiscalía y los Tribunales.

Pero tras esto hay una cuestión política y ética, que desde el punto de vista de la democracia y de las organizaciones políticas, merece un pronunciamiento.

Veamos al político. Caso uno, recibe dinero para el financiamiento de su campaña. Ese aporte puede ser legal y secreto, espontáneo de la empresa en cuestión. Hay políticos que han dicho públicamente que ninguna empresa da si acaso no se le pide, lo cual deja el secreto en algo falso. Entonces el político va a pedir a una empresa y luego le aparece un aporte “anónimo” en el Servicio Electoral. Puede ser legal, pero no huele bien.

¿Por qué una empresa dona a un político? Es evidente que la primera razón es porque ese político tiene posiciones que son coincidentes con los intereses empresariales. La segunda es que después del aporte se espera que el político apoye los intereses de la empresa.

Ahora bien, el político no está obligado a recibir el dinero, menos aun cuando el Partido al que pertenece – como es el caso de la Democracia Cristiana – ha acordado en su órgano supremo el rechazo al financiamiento empresarial de las campañas. Cada político que recibió ese dinero se expone a las presiones que después pueden venir sobre él (o ella) y en el caso de los de la DC se pone fuera de la disciplina partidaria.

Es un acto legal, pero ilegítimo e indisciplinado. Es un acto que merece reproche político y ético y por lo menos lo pone en pie de sospecha. Yo, como militante DC, esperaría que todos los militantes que recibieron dinero de empresas para sus campañas sean sancionados por evidente acto de desacato al Congreso del Partido. Pero, ese aporte puede ser ilegal, es decir, hecho fuera de los procedimientos que permite la ley. En ese caso se está cometiendo una grave falta y probablemente un delito. Pero sobre todo se está cometiendo una grave falta ética al usar mecanismos fraudulentos para obtener dineros que no le corresponden. Con ello aumenta su grado de dependencia o compromiso con quien le da ese dinero, lo que evidentemente corrompe el carácter democrático de su mandato.

Cualquiera que sea el Partido, lo menos que se puede esperar es que esa persona sea sancionada por los tribunales propios de su organización por grave falta a la ética, aunque no sea condenado por los tribunales.

Porque alguien puede ser absuelto judicialmente por muchas razones, pero eso no borra la conducta ni su carácter de falta ética. En el caso de la Democracia Cristiano, por sus principios y tradiciones, yo esperaría que ese político fuera condenado severamente por el Tribunal partidario. Es decir, puede que el político no haya emitido boleta ni factura, pero sus allegados lo hicieron. Puede que en el PPD – partido nuevo, sin doctrina – se queden tranquilos con que el empleado de su senador por Santiago haya sido condenado, no tomándose medida alguna respecto del senador que se benefició con esas conductas, ni siquiera un reproche verbal, pero eso no puede pasar en un Partido con doctrina, con ética, con tradiciones arraigadas, con una trayectoria histórica de honestidad.

El argumento dado por algunos políticos, más en privado que en público, en el sentido de que si no se usan esos procedimientos quedaría en desventaja frente a sus rivales, no resiste análisis. Lo que se está justificando es una “carrera” delictual o inmoral. La necesidad de limpiar la política exige trabajar con la verdad y sin acciones fraudulentas aun a riesgo de perder.

Caso dos: un político o sus parientes reciben financiamiento por trabajos que no se han realizado.Eso es trabajar con la mentira y obtener dineros que se mantendrán ocultos, sin más finalidad que financiar al dirigente. Busquemos la figura legal que se quiera, pero situados en la ética y la política eso no es correcto. Al menos puedo decir que no lo es para los que creemos en la limpieza de la acción de los políticos como requisito de la democracia.

Es evidente que lo persigue el donante es asegurar que ese político actuará – en el gobierno, en el Congreso o en otro espacio de decisiones o difusión – de acuerdo con los intereses de la empresa. Se establece una dependencia que distorsiona el sistema. Los votantes de la DC por ejemplo creen que el político hará ciertas cosas, pero no sabe que cuando se enfrente a los intereses de sus donantes y financistas, hará algo distinto de lo proclamado.

Imaginemos que el trabajo se realizó. Cuando los hijos o hijas, la cónyuge, la pareja, los parientes cercanos de un político se ven favorecidos con decisiones de una empresa, es inevitable que el dirigente se sienta presionado y, por lo tanto, si quiere seguir siendo dirigente, al menos debe trasparentar los hechos voluntariamente y sin que sea requerido para eso y abstenerse de tomar decisiones que se relacionen con esos intereses.

El dirigente, favorecidos sus relacionados con decisiones “exageradas” (informes no necesarios, funciones sobre pagadas, encargos que exceden las competencias del que recibirá el dinero) debe ser capaz de hacerse un lado de los puestos más altos o de situaciones en las que debe tomar decisiones de trascendencia. Es lo menos que se puede esperar. Y si no lo hace, como no lo han hecho muchos de ellos, deben ser sancionados por las institucionalidades de sus partidos. Al menos es lo que se esperaría en la Democracia Cristiana.

Es curioso que haya personas que siendo muy jóvenes reciban el privilegio de tener cargos de confianza política en el gobierno, sin ser militantes ni políticos, sin tener grandes competencias para esos cargos ni la experiencia suficiente y paralelamente tengan una o más empresas que hacen trabajos ajenos a su competencia para terceros que negocian con el Estado. Y la actividad de su empresa se limita a unas pocas boletas para una misma contraparte. Más curioso es que el que paga diga que no tiene respaldo, que nunca le entregaron el informe encargado o que no era algo que necesitara. Y que el Servicio de Impuestos Internos lo considere suficiente para iniciar una acción en contra de todos los involucrados.

Es curioso que SOQUIMICH, por ejemplo, haya necesitado tantos informes comunicacionales. Todo es raro. Y lo más raro es que el Tribunal Supremo de la DC diga que no tiene competencia, pese a que los estatutos le señalan no sólo competencia apropiada, sino que le ordena proceder de oficio cuando haya hechos públicos que comprometan el prestigio o los intereses del Partido.

Lo que pasa es que algunos dicen ser honrados, pese a que todas las apariencias tienden a sostener lo contrario. Es delicado. Como lo que se exigía a la mujer del César, no sólo ser honrada sino aparecer como tal, sin mantos de dudas sobre ella.

Es cierto que resulta difícil pedir al que ha violado la ética, que lo reconozca y se margine. Pero más allá de llamar a su conciencia, hay que apelar a la conciencia de quienes están cerca de ese militante para que le digan que mientras las cosas no estén claras para todos no debe ejercer sus derechos de militante, cualquiera que éstos sean.

Y si no, los ciudadanos deberán ejercer sus derechos y tomar el toro por las astas.

Algunas personas nos han dicho, a la salida de las reuniones: “parece que ustedes están enojados”. Al oír eso, yo sonrío y digo: “No, camarada, estamos indignados”. ¿Por qué? Pues simplemente porque esa indignación ha nacido al ver lo que ha ido sucediendo en el PDC hace ya mucho tiempo, pero por sobre todo en los últimos diez años. Esa indignación nos decidió a levantar la voz en un momento en que las bases carecen de suficientes canales de expresión, no hay participación, los dirigentes hacen lo que quieren sin sentirse obligados a dar cuenta de sus hechos y de sus dichos.

Escuchando el grito y los silencios de aquellos militantes que no pertenecen a la elite, que no están en las trenzas del poder y de las máquinas, que no gozan de prebendas ni posiciones de privilegio, que no son parientes de nadie importante, presentamos nuestras candidaturas.

Dirigentes sindicales, empleados públicos, profesionales independientes, intelectuales, mujeres y hombres, jóvenes y mayores, formamos una lista que es expresión de los que estamos fuera de esos grupos exclusivos que han administrado, desde el Partido y el gobierno, el sistema económico, social y político creado por Pinochet.

Nepotismo, camarillas, grupos cerrados, ineficiencia interna y política, vaguedad y desperfilamiento político, problemas de disciplina y alejamiento de la doctrina, desconocimiento de los acuerdos del V Congreso, oídos sordos al clamor de las bases. Queremos terminar con eso y poner al Partido Demócrata Cristiano en su posición de vanguardia para construir una nueva sociedad.

No sólo nos mueve la indignación, sino también y por sobre todo, la esperanza. Estamos convencidos de que es posible avanzar en la línea triple de recuperar la doctrina, la ética y el carácter popular del PDC. Queremos que el Partido inspire sus decisiones, sus proyectos y sus acciones en la doctrina de la Democracia Cristiana y las conductas de sus dirigentes y militantes se enmarquen en la ética cristiana. Queremos que el Partido vuelva a jugar, con la presencia y participación de sus militantes, un papel fundamental y determinante en las organizaciones de la sociedad, como fue durante décadas.

Levantamos nuestra lista antes de que las máquinas se pusieran de acuerdo en la suya. Porque queremos unidad del PDC en un marco de decisiones claras y posturas definidas. La unidad se hace en torno a las mayorías en la medida que sujeten su acción a los principios y respeten los acuerdos. El PDC no es una federación de grupos ni una alianza para tomar el poder. Tenemos ideas y es necesario que las plasmemos en proyectos de ley y en programas claros sobre las tareas políticas que es necesario llevar a cabo.

Es justamente lo que echamos de menos en el comportamiento de nuestros diputados y senadores, que han limitado su acción a ser contestatarios respecto de proyectos de otros, ya sea el gobierno o parlamentarios. No hay propuestas concretas respecto de temas centrales como la previsión, la salud, la educación, por solo nombrar tres aspectos. No hay intentos claros ni concretos por terminar con la absurda situación de empleados públicos recibiendo honorarios en abierta violación de la ley y de la justicia. No han existido proposiciones concretas para sustituir la constitución pinochetista. No dedican sus energías al trabajo propiamente parlamentario ni hay esfuerzos concretos por mostrar que no somos partidarios del capitalismo. Por el contrario, los parlamentarios y los dirigentes toman como postura un enfoque neo liberal muy alejado de los postulados de la DC.

Esos parlamentarios, todos buenas personas probablemente, quieren seguir a cargo del Partido, pese a que claramente han fracasado en su conducción. Nunca la ciudadanía ha estado tan alejada de los políticos, nunca tanto desprecio hacia ellos, nunca tan mala imagen de la tarea política propiamente tal. De esos son responsables los que han estado en esa labor, porque no han sido capaces de conducir el país y avanzar en soluciones para los problemas cruciales de los chilenos. Ellos han puesto en peligro la democracia y deben hacerse un lado. Han fracasado.

Tal como ahora, en 1973 escuchamos voces que nos decían que había que elegir entre la ética de la responsabilidad y la ética del testimonio, es decir, o mantenernos en una especie de tibio limbo (llamado eufemísticamente entonces “independencia crítica y activa”) o luchar por la defensa de los derechos humanos y el fin de la dictadura que se instalaba.

Nosotros elegimos luchar, como miles de camaradas a lo largo y ancho del país. Hoy se invoca la misma disyuntiva weberiana, para decirnos que hay que agruparse en torno a las máquinas de poder para sostener los espacios actuales. Les respondemos igual: el testimonio y la responsabilidad van de la mano cuando la lucha es responsable y se respalda en la doctrina.

Hemos hablado de la necesidad de que el Partido recupere su posición de vanguardia, recogiendo la historia del PDC, la de los fundadores, la de aquellas generaciones de la revolución en libertad y las de la lucha contra la dictadura. Con esa historia y el pensamiento humanista queremos ir adelante en la construcción de una nueva manera de relacionarnos. El pensamiento de la DC tiene vigencia hoy día, con más claridad incluso que hace 50 años.

Estamos por la construcción de una nueva manera de vivir, sustentados en la justicia, la fraternidad y la libertad. Las conductas de los militantes deben ajustarse a ese objetivo, tan querido por la mayoría de los chilenos.

Queremos que los chilenos recuperen la confianza en nosotros y para eso los militantes deben volver a participar, partiendo por votar en las elecciones. Eso nos ayudará a cambiar. Hemos visto demasiadas señales por parte de los actuales dirigentes en el sentido de no facilitar las cosas para que los 113 mil militantes vayan a votar. Prefieren que se repitan cifras en torno a los 22 mil. Su control es mayor. No abundaremos, pero mencionemos por ejemplo la fecha de la elección, los padrones entregados sin direcciones, la tardía determinación del reglamento de las votaciones, la tardía fijación de locales de votación, la negativa a hacer debates oficiales (y en los que ha habido no participa el candidato de la lista de continuidad).

Tenemos razones para estar indignados.

Pero cuando hablamos con los militantes, nos damos cuenta que tenemos razones para mantener esperanzas.

Los candidatos de nuestra lista 3 somos diversos. A unos no les gusta éste y a otros el de más allá. Por cierto. Lo que importa no es si gustan todos, porque eso no pasa en ninguna parte. Lo que importa es que nosotros hemos probado en nuestra acción, en nuestra vida, el compromiso con las ideas, pues vivimos como pensamos y hemos arriesgado la libertad y la vida cuando ha sido necesario. Lo que importa es que tenemos ideas y propuestas, que ustedes han conocido a través de nuestra folletería y nuestras acciones de campaña.

No queremos que el Partido siga siendo sólo contestatario ante las propuestas de los demás o que se contente con ser un administrador de un sistema que es contrario a nuestra doctrina. Nacimos para transformar la sociedad y no para administrar las injusticias. No queremos suavizar el capitalismo, sino sustituirlo.

Ha llegado la hora de las bases, de los militantes que no hemos estado en el poder.

Ha llegado la hora de exigir consistencia, coherencia, seriedad.

Es la hora de reclamar por conductas éticas y fortaleza institucional.

Es el momento de sentir que renace la esperanza desde la profunda indignación.

Vamos todos a votar, en la confianza de que el voto es secreto y constituye una eficaz arma para construir democracia.

Este plan de acción concreta no es un dogma revelado ni mucho menos, como han querido ridiculizar algunos comunicadores de la derecha, sino un compromiso. Y Bachelet considera que los compromisos deben cumplirse.

De inmediato surgieron voces de ciertos demócratacristianos, alentados vivamente por algunos dignatarios católicos y por militantes de la derecha, en el sentido de que habría que oponerse a este proyecto pues “legaliza” el aborto y no sólo lo despenaliza.

Además, otros dicen que es atentatorio al derecho a la vida, defendido ahora calurosamente por los mismos para los cuales la vida de los demás era prescindible en las épocas de la dictadura, los que han cohonestado crímenes y encubierto a asesinos, los que fueron partidarios de mantener la pena de muerte y que hicieron imposible su clara erradicación de la legislación chilena.

Defienden con más ahínco el derecho a la vida de un embrión de dos semanas que el de una persona formada, con familia, con trabajo, con una tarea concreta en el mundo. Claro, esa persona tiene una ideología que no les gusta. Tal vez esos derechistas que rechazan el proyecto, serían partidarios del aborto si se les pudiera asegurar que los niños que están por nacer serán marxistas o querrán expropiarles sus empresas.

Ironías aparte, el Congreso del PDC – partido al que pertenecemos los autores de esta columna – reunido en 2007, sacó una declaración respecto del aborto que es bastante confusa, porque intentó en el fondo compatibilizar la doctrina imperante en el conservadurismo católico con la necesidad de enfrentar la realidad del ejercicio de los distintos derechos que pueden estar en juego.

A la mayoría católica no le gusta el aborto – lo que compartimos – porque claramente es una desgracia. No se trata de andar promoviendo abortos. Tal como nadie promueve el divorcio. Ambos, aborto y divorcio, son entendidos como una decisión poco grata que alguien toma para preservar otros valores o proteger a determinadas personas.

Una mujer que aborta, cualquiera sea la circunstancia, sentirá siempre que algo de sí misma se ha perdido y en nuestros respectivos trabajos los autores hemos constatado el padecimiento por largo tiempo que afecta a una persona que ha tomado la decisión de abortar. Hay pena, hay dolor. Pero esa decisión ha sido tomada no sólo por “darse el gustito” de ejercer un derecho, sino por razones muy profundas y con argumentos severos.

En una propuesta normativa con mayores requisitos que la que rigió en Chile hasta finales de la dictadura, se pretende reponer el aborto terapéutico, en tres causales que tocan lo físico y lo psíquico de la mujer embaraza y del feto en gestación. Es decir, la propuesta es más exigente que lo que era la norma que no escandalizaba a los arzobispos de Santiago desde 1939 hasta 1989 y pese a eso se alzan voces “piadosas” y a veces fanáticas que acusan de homicidas a los que apoyan este proyecto.

Siguiendo la propuesta del Congreso de la DC, tendremos que decir que si bien la defensa del derecho a la vida nos parece fundamental, no cabe duda que cuando se plantea el dilema de que viva la madre o se mantenga el embarazo, la vida que debe defenderse es la de la madre.

Y eso obliga a interrumpir el embarazo, directa o indirectamente (sacar el feto o aplicar un tratamiento que ocasionará la muerte del embrión). Esto casi es una obligación de los involucrados, aunque el proyecto le otorga la facultad de decidir a la madre o a sus parientes si ella no está en condiciones de decidir.

Y cuando el embarazo conducirá al parto de un ser que no podrá vivir fuera del útero (que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina), se propone que la mujer decida si lo mantiene o no hasta el término natural.

Porque para algunas personas –e incluyo no solo a la madre sino al padre y al resto de la familia – puede resultar más doloroso continuar con un proceso que no conduce a lo que debiera ser el destino natural (nacimiento de un ser que vivirá) que interrumpir el embarazo, sabiendo que eso también conlleva una cicatriz emocional que tardará en sanarse. Esa decisión no cabe al Estado ni a los médicos, sino solamente a la mujer y, nos parece, a su familia inmediata.

El caso con más revuelo parece el referente a cuando el embarazo “sea resultado de una violación”. Por cierto, pues desde el punto de vista técnico hay muchas cuestiones que deben ser determinadas. Primero la determinación efectiva de la violación, lo que no es fácil cuando el autor de esa violación a la libertad de la mujer es el marido, alguien del interior de la familia u otros casos en que no necesariamente quedan huellas físicas evidentes de la imposición de las relaciones sexuales.

En todo caso, sin la expresa voluntad libre de las mujeres, la interrupción del embarazo no puede tener lugar y el proyecto reconoce, además, que el Estado en estos casos extremos no puede imponer una decisión a las mujeres ni penalizarlas, sino entregar alternativas, respetando su voluntad, ya sea que deseen continuar con el embarazo u optar por interrumpirlo.

Ya sea que planteemos el asunto desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde el punto de vista de la salud física y psíquica de la embarazada, está claro que una violación genera pesares gravísimos, que se pueden ver incrementados con la secuela de un hijo.

Es cierto que se pueden discutir muchas cosas en torno a ello y no cabe duda que más de alguno podría temer que se simularan violaciones para poder abortar. Pero es poner las cosas al revés y pensar que se dicta una norma para torcer la nariz a la verdad. Toda ley puede ser mal usada, pero eso no quiere decir que no haya que legislar. Ya lo hemos visto en el caso de las leyes que rigen la economía o lo que hizo la dictadura con las leyes protectoras de los derechos.

El tema suscita polémica y posiciones encontradas, porque los católicos temen ser obligados a abortar, como temieron ser obligados a divorciarse. Ni lo uno ni lo otro. Una mujer católica podrá decidir como lo propuso Jaime Guzmán: morir si se trata de salvar al feto. Será su derecho.

Pero no se puede imponer a los que no creen en eso, los valores de esa persona. Los políticos debemos razonar así: la sociedad es más que los de una cierta y determinada religión y debe haber espacio para miradas distintas. Pero también reconozcamos el derecho de los políticos a votar según sus propias creencias. Si yo creo que una ley que se propone es mala, tengo el derecho de votar en contra, pero no tengo el derecho de descalificar a los que la apoyan o considerar asesinos a los que promueven ciertas y determinadas políticas.

Esta ley no se bastará a sí misma. Tendrá que ser acompañada de políticas públicas claras y consistentes, destinadas a evitar embarazos no deseados, a mejorar la salud de las personas y la asistencia en materia de salud, a promover una conducta sexual responsable y sana.

Recordemos a Eduardo Frei Montalva que no dudó en actuar conforme al momento histórico, impulsando una política de salud pública y planificación familiar complementada por acciones de educación sexual y ejercicio de derechos, no solo para quienes podían pagar sino principalmente para asegurar el ejercicio de derechos a los más pobres y postergados.

Todos los que se oponen con vehemencia a que se legisle, podrán usar su inteligencia y sus capacidades en la aplicación y desarrollo de esas políticas, evitando así que se produzcan las condiciones que nos lleven a interrumpir embarazos en las condiciones descritas.

Hoy en Chile se practican abortos clandestinos, con muchas consecuencias nefastas para las personas involucradas y para la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiere decir el senador Walker cuando dice que despenalizar no puede significar autorizar a las entidades públicas o privadas a practicar abortos en caso de violación? Da la impresión de que reduce todo a que no se penalice a la mujer que aborta clandestinamente, manteniendo las cosas en ese nivel. La sociedad requiere de políticas y reflexiones más serias.

Es necesario debatir con seriedad, con rigor, también con pasión, escuchando los argumentos ajenos, para obtener el máximo consenso posible.La Democracia Cristiana no puede dejar de debatir mirando la realidad, y no puede alejarse de debatir y decidir lo mejor para el país y su pueblo, especialmente para las mujeres.

Gloria Fuentes, es coautora del artículo. Licenciada en filosofía, Magister en Gobierno y Gerencia Pública, trabaja actualmente en el SERNAM.

La desconfianza de la mayoría de los chilenos en sus instituciones (un 87% no confía en nadie), el desprestigio de la política, la distorsión de los proyectos de aquella Concertación nacida en 1989, la creciente falta de participación de los ciudadanos, la desesperanza que se extiende, muestra el fracaso de un grupo dirigente que se ha alzado como “clase política”, auto atribuyéndose el derecho de dirigir el país y los partidos. Probablemente esto afecta muchos partidos, pero yo debo hacerme cargo del mío.

Lo que queremos es rescatar la doctrina, que se ha olvidado para apoyar un proyecto neo liberal que está muy lejos de los principios de un movimiento y un partido que nacen para ir más allá del capitalismo y de las propuestas del marxismo.

La Democracia Cristiana nace como una fuerza distinta del esquema de izquierdas y derechas, dispuesta a asumir como vanguardia en la construcción de una nueva sociedad sustentada en el valor de la persona humana, integrada en la comunidad, responsable de sí misma y de su entorno.

Proclamamos la fraternidad y la justicia como pilares de una sociedad de personas responsables y comprometidas con su realidad, donde los valores centrales se sitúan en la perspectiva de lo que hemos llamado las tres místicas: la mística del trabajo (el trabajo como única fuente de enriquecimiento), la mística de la vida sencilla (ser más frente al tener más de la ética liberal) y la mística de la solidaridad (el amor como justa medida y fundamento de las decisiones políticas y sociales).

No es sólo aquella historia que nos recuerda a los fundadores la que nos interesa recuperar. Es la historia que los DC hemos ido construyendo en todos nuestros años de lucha. Es la voz que se alzó contra el golpe de Estado en 1973 que, siendo de unos pocos dirigentes, representó a miles de militantes del país que vivieron en carne propia o de sus vecinos la persecución, las violaciones de los derechos humanos, la injusticia.

Trabajamos por el retorno a la democracia y por tratar de impedir que se entronizara un sistema de explotación e injusticia, que es lo que hoy tenemos y que los actuales dirigentes DC (y de la Concertación) celebran como si fueran éxitos de la sociedad chilena. Los demócratacristianos que fuimos construyendo historia en la lucha contra la dictadura, en la reorganización del mundo sindical, del mundo universitario, del mundo vecinal, de las propuestas intelectuales, queremos ofrecer nuestra experiencia uniéndonos con las nuevas generaciones que comparten el sueño de una sociedad mejor, libre, justa, solidaria.

Queremos rescatar el carácter democrático y popular del PDC. Su democracia interna, terminando con los caciques, los feudos, las máquinas, revalorizando la organización partidaria y creando espacios para escuchar a los militantes desde la base, permitiendo que su opinión llegue hasta las instancias directivas y que exista un diálogo efectivo y eficaz al interior del Partido.

Queremos que los militantes participen y voten en el PDC. Es preciso recuperar la inserción de los militantes en las organizaciones sociales que fue el espacio donde la DC ganó el derecho a conducir el país: sindicatos, federaciones de estudiantes, campesinos, pobladores, organizaciones de mujeres, colegios profesionales.

Y la ética, tan evidentemente deteriorada en la política chilena, donde se relativizan las responsabilidades políticas, y los manejos entre el dinero y la actividad cívica distorsionan las decisiones que deben ir en interés del pueblo. La ética, donde hay que ser exigente y riguroso, reclama que los dirigentes actúen como dicen que piensan.

Eso es lo que nos interesa en esta hora. Por eso apelamos a los más de cien mil militantes que tiene la DC para que ejerzan su derecho y muestren que las bases están despiertas, atentas a los sucesos políticos y si están inscritos en un partido es para ejercer su derecho a votar.

Pensando en el presente y en el futuro: el mundo que vamos a construir requiere que trabajemos desde hoy con la vista fija en la meta, sin desviar el camino, sabiendo de los pesares y de las victorias.