La AChM tiene un carácter  político-técnico porque en su interior se expresan los partidos representados por alcaldes, alcaldesas, concejalas y concejales de todas las tendencias e independientes, teniendo como sustento institucional a  un grupo humano conformado por profesionales y técnicos cuya tarea es apoyar con datos, análisis y propuestas coherentes a ese cuerpo de autoridades políticas de carácter plural.

Es decir, su carácter técnico se refleja en que es una organización que asesora a los municipalistas en su quehacer, entregando lineamientos de trabajo, con propuestas justas, racionales y técnicamente incuestionables.

Nuestro Directorio Nacional ha sido capaz de trabajar proyectando una identidad cohesionada en la que actúan, en la gran mayoría de los casos, por unanimidad.

El pluralismo de la organización debe, además, permitir la participación igualitaria de alcaldes y concejales, al margen de color político o emplazamiento territorial de las comunas asociadas, por ello la AChM representa, por igual, a todos los municipios de Chile, urbanos, rurales, turísticos, mineros, etc., expresión de la heterogeneidad territorial de nuestro país.

Nuestra asociación tiene un carácter voluntario de afiliación. Ello es coherente con nuestra defensa de la autonomía municipal. Vale decir, que la afiliación a la Asociación dependerá de la voluntad de cada Concejo Municipal. Hoy , con 22 años de vida, nos empinamos sobre los 320 socios y siguen sumándose municipios con el objetivo de fortalecer el asociativismo municipal.

Los desafíos

En Chile necesitamos más autonomía y mayores niveles de descentralización. Urge fortalecer las capacidades de los municipios para administrar sus recursos, actuar democráticamente y ejercer, con eficiencia, las tareas y atribuciones que la ley nos señala. Para ser coherentes con nuestro discurso a favor de la descentralización y la autonomía, debemos trabajar por modernizar nuestra gestión municipal. Esto es actuar en consecuencia, promoviendo la asistencia técnica, la capacitación, los estudios y la formación de los recursos humanos.

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, lideramos un proceso de re definición estratégica para construir la hoja de ruta orientadora que entregue una visión a mediano plazo, enmarcada en una imagen estratégica de lo que deben ser los municipios.

En este contexto nos preguntamos ¿qué municipios queremos y necesitamos para Chile? Y es preciso entregar una señal política al país para actuar con pluralismo y objetivos político-institucionales en el marco de la Reforma Municipal.

Nuestro desafío es contribuir a la discusión de un nuevo Pacto Local que debe contemplar las modificaciones constitucionales que nos permitan dar el salto desde las actuales administraciones municipales a gobiernos locales de verdad. Precisamos generar acuerdos acerca del financiamiento municipal y la descentralización fiscal.

Planteamos reformular el Fondo Común Municipal, convirtiéndolo en un verdadero instrumento económico y socialmente re distributivo con un aporte fiscal suficiente y asegurado por ley.

Proponemos mejorar la gestión municipal y de su recurso humano. Promovemos mayor participación e involucramiento de los ciudadanos en el control y gestión de sus municipios para asegurar mayores estándares de transparencia y probidad.

Desde fines del 2012 contamos con un marco legal que regula el  asociativismo municipal, sin embargo, a poco andar, se hace necesario repensar el valor de las mancomunidades municipales, en especial en las de carácter regional , las cuales pueden llegar a cumplir un destacado rol como agentes de desarrollo de sus territorios, más aún en un marco de procesos de descentralizaciòn que, en el corto plazo, tienen como hito la elección de Intendentes regionales en 2017, de prosperar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Asociaciones Regionales y Temáticas de municipios juegan hoy y deben jugar un primerísimo papel en la tarea de construir un Chile desarrollado y con mayores niveles de igualdad.

De cara a nuestra XII Asamblea Nacional que se efectuará entre el 4 y el 7 de agosto, quienes creemos en las municipalidades como agentes de desarrollo y participación de la comunidad, pensamos que el modelo municipal chileno vive un agotamiento y tenemos la voluntad de contribuir a generar un nuevo municipio, que enfrente satisfactoriamente las exigencias de desarrollo y las demandas de nuestras comunidades.

Los municipios chilenos, desde esta Asociación, debemos ser parte activa e integrante de la construcción de un nuevo acuerdo político, económico y social para el Chile del futuro, acuerdo que estoy convencido, nuestro país requiere y la ciudadanía reclama.

Muchos nos preguntamos ¿Cómo se coordina y dirige ese desarrollo metropolitano? ¿Quién o quiénes lo hacen o deberían hacerlo?

Los diferentes ministerios y servicios públicos actúan sobre la ciudad dejando las marcas de sus decisiones en el territorio, la mayoría de las veces sin la planificación necesaria, sin la coordinación intersectorial que se precisa y dejando las huellas de la descoordinación institucional y operativa. Notables son los casos relacionados con pavimentación, transporte, contaminación y seguridad pública.

En los debates por el Chile del futuro, no podemos olvidar el Gobierno de nuestras ciudades. Y no hay que pensar sólo en Santiago ya que Concepción, Valparaíso, Coquimbo y La Serena, por nombrar solo algunas, son hoy o serán en los próximos años grandes ciudades que requerirán de una gestión coordinada y eficiente.

Pero tan importante como definir a quién le ponemos la corona para dirigir nuestra ciudad-estado, interesante es visualizar con sentido de futuro, de qué se trata nuestra “cuestión urbana” hoy por hoy.

Se trata a mi juicio de la ciudad en su conjunto, con sus virtudes y sus desastres, con sus zonas modernas de nivel internacional contrapunteada con la segregación social y territorial.

Se trata también del sentido de ciudad que queremos construir y, en el caso de Santiago, que es el centro del país, cómo ese centro cambia en un sentido de calidad y de fortalecimiento como gobierno democrático representante de los ciudadanos en su conjunto, de manera plural, como plural y diversa es la sociedad urbana.

Se trata de cómo y hacia dónde se gobierna una metrópolis, con qué grados de autonomía, con qué tipo de autoridades, con qué grados de democracia y participación.

Santiago, hiper-crecido (mas no hiper-desarrollado), mutando de Metrópolis a Megapolis, como un agregado de partes o fracciones urbanas, es una ciudad única sólo en sentido imaginario, pero es una, dos o tres ciudades en sentido real.Basta pararse en Apoquindo con Avenida El Bosque y luego hacerlo en Gran Avenida con Lo Martínez para preguntarse si estamos en la misma ciudad.

Y el desafío es gobernar esa ciudad tan dispar para generar y coordinar el amplio volumen de políticas públicas que se expresan en su territorio.

Como se señaló anteriormente, algunas autoridades y dirigentes políticos han planteado la idea de un Alcalde Mayor para Santiago y puede ser una opción tan válida como la idea de utilizar elementos que están presentes en la Ley de Gobiernos Regionales, como es el Consejo Coordinador de Alcaldes de Áreas Metropolitanas, mencionado en el Artículo 110 de dicho cuerpo legal y que ha sido escasamente utilizado por los Intendentes de la Región Metropolitana pero que, sin embargo, puede ser de gran utilidad en las labores de coordinación de las políticas públicas para nuestra ciudad.

Sea cual sea la figura, es urgente generar las instancias de gobierno y administración para nuestro Gran Santiago y para otras ciudades del país

Por delante, tenemos la tarea de definir o rediseñar las instituciones de gobierno metropolitano para nuestras ciudades, que tienen al menos tres tareas importantísimas : ser competitiva en un escenario globalizado; poder gobernarse, con amplios niveles de participación ciudadana y generar las condiciones para que sus habitantes y ciudadanos accedan a un desarrollo humano que tenga sustentabilidad social y ambiental. Es decir enormes desafíos que no podemos eludir.

En la primera mitad de los 90, se produjeron los dos hechos más relevantes en materia municipal y regional.En junio de 1992 se realizaron las primeras elecciones municipales democráticas, generándose autoridades edilicias que emanaron de la soberanía popular.

En 1994, se crearon los gobiernos regionales y luego se implementó la elección indirecta de Consejeros Regionales, cuya elección a partir de 2012 se ha realizado por votación directa de los ciudadanos y que, paradojalmente, aún no cuentan con una ley y un reglamento que clarifique cuáles son sus funciones y atribuciones.

Hablamos de demandas históricas, porque cuando nos dimos la tarea de escribir una agenda larga y una agenda corta para presentárselas a las candidatas Matthei y Bachelet, nos encontramos que estábamos puntualizando los mismo aspectos que venimos planteando hace décadas.

A saber, mayor autonomía financiera ; reestructurar el Fondo Común Municipal y tener un aporte fiscal , conjuntamente con el rediseño de variables que componen ese Fondo, de manera que incentive y premie el “buen” gobierno comunal ; disminuir las transferencias condicionadas donde el Estado central nos dice que hacer con determinados recursos y transformarlas en transferencias directas; generar mayores recursos en salud y educación pues anualmente, los municipios debemos traspasar importantes cantidades de ingresos propios para que la educación pública y la salud primaria puedan seguir funcionando; transferencia paulatina a la administración municipal de los distintos servicios que operan en el territorio de forma descoordinada como Fosis, Indap, Sence, Instituto Nacional del Deporte, entre otros ; facilitar y Promover la Cooperación Pública–Privada en la Gestión Municipal, entre otras demandas y propuestas.

Dentro de lo destacable, en el gobierno del Presidente Piñera, se logró aprobar e implementar reglamentariamente la ley de asociativismo municipal, lo que es un paso relevante y que mucho valoramos.

Y recientemente, en las postrimerías de su gobierno, cumplió su compromiso y se aprobó el proyecto que perfecciona el rol de los concejales, que incluye solución y respuestas a las demandas de los más de dos mil concejales y concejalas de Chile.

Sacar adelante esta ley contó con el abnegado trabajo de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por el concejal de La Florida Marco Espinoza, acompañado por concejales y concejalas de todos los sectores políticos y nuestros equipos técnicos

Hablamos de demandas históricas pues, reconociendo ciertos avances, ningún gobierno de nuestra joven democracia ha dado impulsos cualitativamente sustantivos en materias de desarrollo local y regional.

Se espera desde el mundo municipal que, al iniciarse un nuevo ciclo político, podamos sentar las bases de una agenda descentralizadora que se transforme en una acuerdo nacional para el desarrollo local y regional , que sabemos que no se puede implementar en cuatro años pero sí debemos sentar las bases para ello.

Tenemos grandes desafíos y estamos dispuestos desde el municipalismo, a enfrentarlos con diálogo, propuestas técnicas y voluntad política.

Provienen básicamente desde dos vertientes. Por una parte, desde el movimiento social, especialmente del sector estudiantil y por otra, desde el ámbito territorial.

Junto a rostros emblemáticos del movimiento estudiantil universitario como Camila Vallejos, Gabriel Boric o Giorgio Jackson, que indudablemente llevarán las banderas de educación pública gratuita y de calidad, encontramos personalidades que han venido a renovar los elencos partidarios de la Nueva Mayoría, como la Secretaria General de las Juventudes Comunistas, Karol Cariola o el ex Secrtetario General de la Juventud Socialista y actual Vicepresidente de ese Partido , Daniel Melo, de quienes se espera un valioso aporte en los replanteos programáticos de la Nueva Mayoría.

En el caso de Melo, fue el redactor del voto político a través del cual el Partido Socialista, en el marco de su último congreso, se inclinó por una Asamblea Constituyente, como mecanismo de superación de la Constitución heredada de Pinochet.

Chile también ha registrado durante los últimos años, otros conflictos y movilizaciones de carácter regional, tal vez menos mediáticas que las conocidas movilizaciones estudiantiles de 2011 pero no menos importantes en los temas que plantean y en la generación de líderes de fuerte raigambre territorial.

El conflicto del Gas en Magallanes, las movilizaciones en Calama, zona cuprífera que sin embargo no recibe los beneficios del llamado “sueldo de Chile” y las manifestaciones de los ayseninos que reclamaban por el alto costo de la vida en su región, que hoy tienen al líder del Movimiento Social por Aysén, Iván Fuentes como diputado electo, son algunos de los conflictos regionales que dan cuenta de que la desigualdad en Chile no es solamente social y económica, sino que también es de carácter territorial.

Vinculados al territorio, el nuevo parlamento tendrá una fuerte presencia de ex Alcaldes y ex Concejales, quienes desde populosas zonas de Santiago o de sureñas regiones como Puerto Montt, aportarán la mirada política de quienes están cansados del peso de un Estado central que no da cuenta del Chile de hoy ni del Chile profundo.

La autonomía y el fuerte compromiso ciudadano de estos nuevos diputados y senadores, hace pensar que, incluso aquellos que provienen de históricas militancias partidarias, impulsaran los cambios que Chile reclama y que en esencia se refieren a terminar con la desigualdad y los abusos de las corporaciones y que en lo político se debe expresar en una reforma educacional que tenga soporte en una potente reforma tributaria, en el marco de una país que no ha logrado sacudirse del pinochetismo y que requiere una Constitución Política generada desde la soberanía popular.

Entre las medidas de mediano plazo, planteamos cuestiones tales como la creación e instalación de la Subsecretaría de Asuntos Municipales y Desarrollo Local, que focalice de mejor manera lo que hoy realiza la Subdere a través de su División de Municipalidades.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, no tiene ni en su denominación siquiera el tema municipal incorporado.El trabajo para convertir a los municipios chilenos en agentes de desarrollo local, requiere a mi juicio, que el Estado se dote de una dependencia gubernamental con una preocupación específica y especializada en la materia y con rango de Subsecretaría.

En cuanto a descentralización fiscal, Chile exhibe uno de los porcentajes más bajos de inversión pública descentralizada a través de municipios y gobiernos regionales.Por ello planteamos aumentar un 30% del gasto gubernamental total a través de los municipios en los próximos cuatro años.

También en lo referido a financiamiento, consideramos oportuno implementar una Política de Compensaciones por las exenciones de diversos tributos de beneficio municipal. Por ejemplo, viviendas sociales, derechos de aseo, contribuciones, entre otros. Además, se requiere el rediseño de variables que componen el Fondo Común Municipal, de manera que incentive y premie el “buen gobierno comunal”.

En materia de reformas constitucionales de impacto en lo local, hoy no existe disposición legal que garantice el cumplimiento de la obligación descrita en el inciso cuarto del artículo 5º, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Debido a la ausencia de tal disposición legal, los municipios se han visto obligados a financiar con fondos propios las nuevas funciones y atribuciones que se les han asignado en los últimos años.

Por ello se requiere un proyecto de reforma constitucional que debiera incorporar un artículo único que introduzca una modificación en el artículo 122 de la Constitución Política.

Además, proponemos incorporar un nuevo inciso al citado artículo, estableciendo que cualquier nueva función u obligación que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.

Hoy, al no tener asegurado en la Constitución el financiamiento de cada nueva función, se amplía la brecha entre municipios ricos y los que sobreviven con escasos recursos. Así aumenta la desigualdad, la que no sólo es social y económica sino que es también una desigualdad territorial.

En cuanto a la participación ciudadana, el ámbito local debe ser el espacio preferente para expresar la participación de los vecinos y vecinas. Entonces, corresponde generar más y mejores mecanismos de Participación Ciudadana complementarios a los Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil. La participación ciudadana a nivel local no se agota en la elección de alcaldes y concejales.

Y si nos referimos a los ediles, para fortalecer los municipios, es vital promover el perfeccionamiento del rol del concejal y del concejo municipal junto con las condiciones para el desempeño del cargo.

Los concejales y concejalas cumplen un importante rol en sus municipios, en especial como vínculos de la participación de los vecinos y vecinas, pero las condiciones para el ejercicio de sus funciones distan mucho de estar a la altura del importante papel que cumplen en sus comunas.

Acerca de la transferencia de competencias, lo más lógico sería hacerla paulatina a la administración municipal de los distintos servicios que operan en el territorio de forma muchas veces descoordinada: Fosis, Indap, Sence, Instituto Nacional del Deporte, entre otros.

La administración municipal y sus autoridades, por su inserción territorial, conocen de mejor manera los problemas y necesidades de sus comunidades y son numerosas las funciones y transferencias condicionadas de recursos a través de programas diseñados centralmente que no corresponden a lo que realmente se necesita a nivel comunal.

Por otra parte, el municipio debe ser proactivo en la generación de alianzas multisectoriales. Para lograrlo proponemos diseñar los mecanismos y la institucionalidad para facilitar y promover la cooperación pública–privada en la Gestión Municipal.

Finalmente, una propuesta de mediano plazo debe contemplar la elaboración de una “Nueva Ley Orgánica de Municipalidades” que asuma en plenitud las nuevas características del municipio, de las comunas y de las demandas ciudadanas del Chile actual y que se expresan a nivel local. Al respecto, en los próximos meses la AChM entregará un proyecto de Ley integral para la Reforma Municipal.

El municipalismo chileno no va a ser jamás un actor que se instala desde la queja y de la excusa y por el contrario, pretende ser un actor relevante y propositivo para las transformaciones del Chile del futuro.

Para ello, Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y Concejalas de Chile trabajan cotidianamente inmersos en sus comunidades, construyendo ciudadanía activa, pensando y trabajando por un nuevo municipio como agente de desarrollo y como verdadero gobierno local.

El municipalismo chileno ha planteado la necesidad de transitar desde las actuales administraciones municipales a verdaderos gobiernos locales. Sin embargo, son las normativas legales que las rigen las que determinan lo que podemos o no realizar en las comunas.

Para el ejercicio de la función ejecutiva, el Presidente de la República cuenta con órganos de gobierno como los ministros de Estado, intendentes, gobernadores, y para la función de administración, cuenta con servicios públicos centralizados, además de los servicios descentralizados o de régimen de descentralización, tales como empresas públicas, gobiernos regionales y municipalidades.

Entonces, ¿es posible constituir gobiernos locales autónomos si los municipios son considerados organismos de administración del Estado?

El ordenamiento jurídico consagra el carácter autónomo de las municipalidades. Sin embargo, estas son parte del Estado Unitario consagrado en el Artículo 3 del Capítulo I de la CPR, denominado Bases de la Institucionalidad.

Una primera conclusión indica que no es posible pensar en un nuevo municipio como gobierno local real si no se modifican aquellos aspectos constitucionales que lo consideran un órgano de administración.

Por otra parte, para gobernar se precisa autonomía financiera y es complejo “administrar” un municipio si aumenta su carga funcional y no se le asignan los recursos suficientes.

Al respecto, el penúltimo inciso del art. 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), señala que “cualquier nueva función o tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo”.

Asimismo, el artículo 118 de la CPR, indica que los municipios gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Al repasar estas disposiciones legales, es necesario mencionar la jurisprudencia sobre el carácter de la LOCM. En los dictámenes Nº 10422 y 24022 del año 2001, la Contraloría General sostuvo que las leyes orgánicas constitucionales no tienen rango superior a las legislaciones comunes, sino que tienen igual jerarquía, diferenciándose entre sí únicamente por las materias que la regulan.

Hoy no existe disposición legal que garantice el cumplimiento de la obligación descrita en el inciso cuarto del artículo 5º, de la LOCM.Debido a la ausencia de tal disposición legal, los municipios se han visto obligados a financiar con fondos propios las nuevas funciones y atribuciones que se les han asignado en los últimos años.

Una segunda conclusión indica que un proyecto de reforma constitucional debe incorporar un artículo único que introduzca una modificación en el artículo 122 de la CPR. Además, sería muy oportuno considerar un nuevo inciso al citado artículo, estableciendo que cualquier nueva función u obligación que se les asigne a los municipios deberá contemplar el financiamiento respectivo.

He aquí un claro ejemplo en el que una modificación constitucional incidiría en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.Pues al no tener asegurado en la Constitución el financiamiento de cada nueva función municipal, se amplía la brecha entre municipios ricos y los que sobreviven con escasos recursos. Así aumenta la desigualdad, la que no sólo es social y económica sino que es también una desigualdad territorial.

Impulsar estos cambios es uno de los desafíos que debiese asumir el próximo gobierno para construir un país más justo.

En Chile necesitamos más autonomía y mayores niveles de descentralización.Urge fortalecer las capacidades de los municipios para administrar sus recursos, actuar democráticamente y ejercer, con eficiencia, sus competencias.

Para ser coherentes con nuestro discurso a favor de la descentralización y la autonomía, debemos trabajar por modernizar nuestra gestión municipal.Esto es actuar en consecuencia, promoviendo la asistencia técnica, la capacitación, los estudios y la formación de los recursos humanos.

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades lideramos un proceso de redefinición estratégica, para construir la hoja de ruta orientadora que entregue una línea política a esta entidad. Ésta incluye un objetivo a mediano plazo, enmarcada en una visión estratégica de lo que “deben ser” los municipios.

En este contexto nos preguntamos ¿Qué municipios queremos y necesitamos para Chile? Es preciso entregar una señal política al país para actuar con pluralismo y objetivos político-institucionales en el marco de la Reforma Municipal.

Nuestro desafío es contribuir a la discusión de un nuevo pacto local que debe contemplar las modificaciones constitucionales que nos permitan dar el salto desde las actuales administraciones municipales a gobiernos locales de verdad.

Necesitamos avanzar en pos del asociativismo municipal. Precisamos generar acuerdos acerca del financiamiento municipal y la descentralización fiscal.

Planteamos reformular el Fondo Común Municipal, convirtiéndolo en un verdadero instrumento económico y socialmente redistributivo con un aporte fiscal suficiente y asegurado por ley.

Proponemos mejorar la gestión municipal y de su recurso humano.Promovemos mayor participación e involucramiento de los ciudadanos en el control y gestión de sus municipios.

Creemos en las municipalidades como agentes de desarrollo y participación de la comunidad, pensamos que el modelo municipal chileno vive un agotamiento y tenemos la voluntad de contribuir a generar un nuevo municipio, que enfrente satisfactoriamente las exigencias de desarrollo y las demandas de nuestras comunidades.

Los municipios chilenos debemos ser parte activa e integrante de la construcción de un nuevo acuerdo político, económico y social para el Chile del futuro, acuerdo que estoy convencido, nuestro país requiere y la ciudadanía reclama.

Y esperamos que quienes asuman la conducción del país el 11 de marzo de 2014 lo entiendan, lo asuman y lo atesoren como suyo.

En el año 1994 se publicó la Ley Nº 19.280, que nace con el objetivo de modernizar las plantas municipales a través del establecimiento de los requisitos para el ingreso y la promoción en los “cargos de planta” del personal de las municipalidades.

Enseguida, cada una de las municipalidades existentes en el país, en virtud de la norma citada y de acuerdo a la necesidad y realidad de las respectivas comunas, modificaron las plantas de su personal.

Desde entonces, los ansiados “contratos estables” en las municipalidades se mantienen sin cambios y, en consecuencia, los alcaldes están imposibilitados de crear nuevos cargos porque esa facultad es exclusiva del Presidente de la República.

Posteriormente, en el año 1997, se publica la Ley Nº19.526 que reformó la Constitución Política en materia de administración comunal.

En ese entonces, el Ejecutivo señaló que uno de los objetivos de la iniciativa era “otorgar a las municipalidades mayor autonomía en la determinación de sus propias plantas, autorizándolas para crear los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva prevea, así como para crear los empleos rentados que estimen necesarios, suprimirlos y asignarles remuneraciones, con arreglo a lo contemplado en la ley correspondiente, y dentro de los límites de la propia Carta Fundamental”.

Según la misma modificación, estas facultades se ejercerían “dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la ley orgánica constitucional de municipalidades”.

Lamentablemente, la reglamentación de la reforma constitucional no prosperó durante la tramitación del proyecto de ley sobre la modernización de la planta municipal.Por ende, las autoridades locales están, hasta hoy, imposibilitadas de implementar nuevos cargos de trabajo al interior de los municipios.

En Chile existen hoy 345 comunas y de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, al año 2010, 258 de ellas cuentan con directores de Desarrollo Comunitario, 242 con directores de Planificación, 115 con directores de Finanzas, 81 con directores de Control, 129 cuentan con directores Jurídicos y 263 municipios tienen directores de Obras Municipales.

En resumen, en total existen 1.403 cargos directivos, pero faltan 1.012, sólo considerando los cinco cargos directivos más relevantes en las administraciones locales, a saber, direcciones de Dideco, Planificación, Jurídica, Obras, Finanzas y Control.

Como la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades lo señala, las municipalidades son órganos de la administración del Estado, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

Sin embargo, a las municipalidades se le hace imposible cumplir cada una de las tareas que se les encomienda, si no modernizan las plantas funcionarias.

La realidad de las comunas del país ha cambiado notoriamente desde 1994, año de la anterior modificación de las plantas municipales.

Valga el ejemplo de la comuna de Maipú, donde su población para el año 1992 era de 256.550 habitantes, mientras que en el año 2002, el total de los habitantes era de 463.103, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas.Hoy se estima que el total de los habitantes supera las 600 mil personas.

Se requiere voluntad política para modernizar la administración comunal. Órganos que con el paso del tiempo, asumen cada vez más funciones, sin el debido financiamiento y, lo que es más relevante, es que estos organismos estatales necesitan fortalecer su actual dotación de recurso humano, ya sea en su condición de funcionarios y su relación laboral con su empleador, como en su condición de auxiliares, administrativos y profesionales y su entrega laboral al municipio en el que se desempeñan.

Modernizar las plantas municipales, conjugando el respeto por los derechos laborales y la carrera funcionaria y, de paso, evitando la precarización del trabajo, es una de las tareas de futuro que tenemos los municipalistas, comprendiendo en ellos a Alcaldes, Concejales y Funcionarios.

Nos asiste la convicción de que es imposible construir un mejor Estado si no construimos mejores municipios para Chile. Y los municipios y sus funcionarios no debiesen seguir siendo los parientes pobres del Estado Chileno.