En un análisis de las razones de esta situación no se puede perder de vista que, en los períodos de la Concertación, los gobiernos de esa tendencia en general se dedicaron a administrar y profundizar el sistema económico imperante. Por tanto, no se puede criticar a la derecha por defender este sistema que le es propio.

A nadie se le pasa por la mente en el  Chile actual una revolución, no está en duda la legitimidad del emprendimiento privado.

Respecto a las nuevas generaciones, hay que tener presente que ellos conocen del  proceso político del siglo pasado, el que se interrumpe con la dictadura, por el relato de sus mayores. Es la juventud sin miedo, lo de sus padres y abuelos es historia.

En ella coexisten, los que participan dentro del actual esquema de la política, los que piensan que los partidos políticos tradicionales no dan el ancho, los que no ven con urgencia cambiar el fondo de las cosas, sino más bien la búsqueda de una rápida movilidad social y es posible que la mayoría  sea  indiferente a los sucesos.Sólo basta decir que en las elecciones universitarias no vota más del 40 % del alumnado.

Los trabajadores recién están despertando de un letargo que, en gran medida, responde a lo observado con la juventud, con la diferencia que aquí aparecen los temores de los empresarios frente a un futuro que ven incierto, porque suponen que el crecimiento de la organización de los trabajadores pondría en peligro sus empresas.

La debilidad, que por más de 40 años acusa el movimiento sindical, se dio al mismo tiempo debido a que los empresarios desconocían el trato con trabajadores organizados, en particular con las medianas y pequeñas empresas. No está todavía en su imaginario que empresarios y trabajadores puedan planificar conjuntamente la marcha de la empresa y trabajar por el aumento de la productividad como factor de crecimiento, desarrollo y de bienestar.

Los pobladores, que en su mayoría están alienados por la televisión, estos temas casi no los toman en cuenta.A ello, se suma la crisis de credibilidad que atraviesa la sociedad chilena, producto del deterioro de las relaciones humanas en el país.

El cumplimiento de un programa de Gobierno como el que presentó la Presidenta Michelle Bachelet, que busca cambios políticos, económicos y sociales, inevitablemente iba a encontrar resistencia en diferentes sectores,más allá de la natural de los partidos de la oposición. Pretender disminuir las desigualdades, es sinónimo de empezar a reconocer  derechos como son la educación, la salud y el trabajo. Cuando los padres dicen que no quieren educación gratis, porque es mala y que pagarla les asegura una mejor, están rechazando el derecho con que debieran nacer sus hijos, que no es otra cosa que la obligación del Estado de entregarles una, no sólo gratis, sino también de calidad.

Es decir, vivimos en una sociedad que desconoce los derechos humanos básicos, impregnada de un individualismo exacerbado, sello de la dictadura,que se expresa- entre otros factores- en un consumismo,que ha llevado a las familias a acumular fatigantes deudas  impidiendo reflexionar más allá del día a día.

Un gobierno, que quiere recuperar parte de esos derechos en su batalla contra la desigualdad, necesita que sus funcionarios de confianza y los integrantes de los partidos que lo apoyen entiendan a cabalidad este objetivo. Algo que, al parecer, no está meridianamente claro, por lo tanto, no es extraño que dentro de la Nueva Mayoría se levanten voces opositoras a su propio gobierno.

Hay una carencia de cuadros políticos, responsabilidad que tienen los partidos de la Concertación, que no los formaron, ya que como sólo administraban y mejoraban lo que había, no los necesitaban.Les bastaba con técnicos de excelencia para gobernar, pero cuando se trata de un gobierno que busca cambiar este estado de cosas, en su camino por disminuir la desigualdad, ello conlleva cambios políticos. Y, el no tener cuadros políticos o contar con un número menor, se convierte en una pesada carga para el logro de sus objetivos.

La presidenta Bachelet, cuando postuló a su segundo mandato fue políticamente audaz, pudo haber pensado que las movilizaciones eran expresiones de mayorías conscientes de los cambios que reclamaban. El pueblo, o la gente como se dice ahora, tiende a idealizar  y simplificar sus aspiraciones, y no ve la complejidad de los procesos sociales, en medio de los cuales se cometen errores y no pocas veces hay que rectificar lo andado.

En la medida que se superen las dificultades, la población, que empieza a ser educada cívicamente, tendrá que ir comprendiendo lo que significa este gobierno, que no es revolucionario, pero que está comprometido a iniciar la reconstrucción humana de Chile.

Podemos visualizar en el tiempo un país distinto, con la misma gente, pero distinto.

Cabe recordar que don Jorge Alessandri, Presidente de la República, fue a su vez Presidente a la CPMC casi toda su vida. Catones de la verdad empresarial por más de un siglo y formadores de opinión  por intermedio de sus centros de estudios. Son recientes los discursos de los Matte sobre la moral y la ética. Esta no es la gota que rebalsa el vaso del abuso, estamos en medio de un mar de aguas deshonestas.

Nos dicen que el otro participante- Gabriel Ruiz Tagle- es el cerebro de esta operación, pero esto no tiene ninguna importancia y no es otra cosa que emborrachar la perdiz.

Nos estamos acostumbrando al espectáculo de los grandes empresarios, ahora último se han agregado algunos nuevos que han logrado figuración pública en una supuesta defensa de las Pymes, rasgando vestiduras, tratándonos de convencer que son casos aislados, clamando por mayores castigos, apostando a que ésta venta de gatos por liebres nuevamente les resulte.

Es antigua la frase “la oportunidad hace al ladrón” y si queremos profundizar en el por qué de la frecuencia de estos actos, tenemos que tratar de ver dónde está  la oportunidad que ellos aprovechan, cuál es el grado de facilidad con que cuentan. Estos casos se conocen porque alguno de los socios se sale del juego auto denunciándose, lo cual me recuerda a los mafiosos norteamericanos, hundiendo a sus colegas para no ser tan duramente penalizados. Hay que recordar que la nueva legislación, que impulsa la presidenta Bachelet,  contempla cárcel para los culpables, aunque se auto incriminen.

Sin embargo, el mayor culpable tras todo este cartel es la concentración. Cuando el crecimiento  sin desarrollo de nuestra economía tiene este sello, produce situaciones que facilitan las colusiones.

Si son dos o tres las empresas en determinadas áreas, ¿para qué competir? Si el mercado así estructurado les está ofreciendo la “OPORTUNIDAD” de  repartírselo y de seguir acumulando la riqueza, que es finalmente  la base del poder que exhiben con una de las mayores soberbias del mundo,  oponiéndose a cualquier tipo de cambio que ellos estimen amenace su dominante posición.

Dicho claramente, este tipo de sociedad que heredamos de la dictadura y que en su esencia no ha  cambiado, nos impuso una cultura de individualismo, con todas sus lacras  incrustadas; nos inculcó  de que el éxito no se mide por los valores, principios, moral que alguien pueda exhibir, sino por cuantos bienes logra tener. Todo ello nos ha  terminado por dañar con tal profundidad, que no alcanzamos a darnos cuenta. Todo nuestro ser está enturbiado y, al rebelarnos, nos cuesta distinguir lo bueno de lo malo.

Pero, aun así, las sociedades buscan su equilibrio y las reformas necesarias para cambiar este estado de cosas, a pesar de todas las dificultades,  tropezones, errores,  con opositores de todos lados; unos porque las encuentran poco, otros porque las encuentran exageradas e innecesarias.

Quienes estamos por una sociedad solidaria,más  justa y más inclusiva, no podemos restarnos en este desigual combate y debemos denunciar con todas sus letras que la desigualdad en este país es la que produce carteles, colusiones y todo ese tipo de prácticas inmorales.

El tema es que a este acuerdo se le ve como una victoria de las Mypes. La pregunta es ¿contra quienes se triunfó? Si hay victoriosos, hay también derrotados. Obviamente no es el gobierno,  ya que en la mesa estaban los ministros de Hacienda y de Economía celebrando el pacto, tampoco son los parlamentarios, ni los grandes empresarios, que en este tema no llevaban velas.

Difícilmente se puede nombrar a la mediana empresa, con trabajadores que van entre los 50 a 199, por tanto, no calzan en este puzle.

Los únicos que quedan al otro lado son los trabajadores, millones de ellos, sin posibilidad de organizarse a través de un sindicato, dicho derechamente son ellos los derrotados. Estamos en presencia de una victoria política, frente a los que hemos definido como el capital más valioso de nuestras empresas, los trabajadores han sido aplastados, relegándolos al  lugar de los trabajadores sin un derecho básico, como es de su unidad expresada  en sus organizaciones.

¿Tan grande ha sido el retroceso humano en Chile? que no somos capaces de ver para dónde camina el mundo que busca una sociedad más justa, de menos desigualdades, que más allá de  ideologías, busca el encuentro de los que habitamos este planeta y en consecuencia, en nuestro país. Este acuerdo marcha en dirección contraria.

Las cosas no suceden por casualidades, siempre hay causas, muchas veces ocultas, aunque paradojamente estén a la vista. La dictadura destruyó a sangre y fuego la cultura sindical, el temor se apoderó de los trabajadores, su debilidad trajo como consecuencia el poder prácticamente sin contrapeso de los empresarios y creó la cultura de que los trabajadores eran otra materia prima, un  bien transable, otro más del mercado.

Nos acostumbramos a este estado y cuando aparece en el escenario nacional algo inconcebible, hasta principios de 2014-como una reforma sindical que busca en alguna medida nivelar las relaciones laborales-, nos atemorizamos, vimos en el horizonte un tsunami de peticiones; de la noche a la mañana los colaboradores se convirtieron imaginariamente en nuestros enemigos y había que derrotarlos, antes que se organizaran, y así despejar el peligro de la ruina de nuestras empresas.

Desde la Unión Nacional de Organizaciones de las Mipymes (Unapyme), que reunimos a 250 mil Mipynes a nivel nacional y 7 gremios, no podemos ser parte de semejante posición.

Como lo venimos diciendo, desde hace tiempo, la Mipyme viene descendiendo hace ya más de veinte años en su participación porcentual en el PIB  y a pesar de las diferentes medidas del ministerio de Economía, no logramos revertir esta situación y es aquí donde debemos poner los esfuerzos, sumando a los diferentes actores políticos: parlamentarios, trabajadores, universidades, colegios profesionales, entre otros. Todo ello para vencer  la precariedad actual  y actuar sin temores, sin miedos en la construcción de una sociedad más inclusiva y menos desigual.

Nos cobró la cuenta el no jugarnos frente al poder y los poderosos y no darnos cuenta de que el crecimiento económico se producía, dejando fuera principios éticos y valores. El éxito, en base a la acumulación de la riqueza, era el factor que anulaba cualquier crítica e- incluso- algunos “estudios”  nos decían que este era un país feliz.

La farándula televisiva, radial y escrita nos adormeció; sus escándalos eran los temas de los trabajadores, de las dueñas de casa y de los jóvenes. La especulación comercial y financiera se celebraban, la población se endeudaba, el ingreso per cápita se disparaba, el carnaval se eternizaba y si en medio aparecía una crisis, la calle disfrazaba la cesantía, la cual empezó a cobrar importancia y pasó a jugar un rol no menor.

El régimen social y económico, heredado de la dictadura, fue aceptado y profundizado por la democracia. La frase de Pinochet “hay que cuidar a los ricos” se transformó en oración de culto y, en medio de la fiesta, los grandes empresarios empezaron a amar a los presidentes… y ojo que nunca sus amores han sido desinteresados. Allí no tiene lugar el amor cristiano.

De pronto, los estudiantes –y no era la primera vez en nuestra historia- sin aviso previo levantaron sus voces contra tanta falsa perfección y empezaron a demostrar que “el rey iba desnudo”; la población se sacudió de su adormecimiento y empezó a pensar, incómodo ejercicio, que las cosas no estaban tan bien y que existía  desigualdad. La gente se empezó a sentir abusada y se percató de que estábamos viviendo en una burbuja, con una mala educación, una precaria salud, con más trabajos precarios que decentes. Una sociedad en la que la drogadicción iba de la mano con el aumento de la delincuencia. Un cambio verdadero era necesario.

La Presidenta Michelle Bachelet representó la posibilidad de revertir esta situación y la mayoría ciudadana apoyó su programa de gobierno. Ello, a pesar de que la mayoría de la población era y es desconfiada de la política. Aunque, seamos sinceros, el principal objetivo del sistema que nos gobierna es justamente ése, que no exista cultura política, que las masas ciudadanas estén ausentes del debate y que dejen sus destinos en manos de los iluminados, los mismos de siempre, ya que supuestamente sólo ellos saben lo que es bueno para el país.

Los desafortunados hechos  recientes, en especial el que más nos duele, el caso Caval, y que afecta la figura de la Presidenta, nos ha hecho pensar cuán peligroso es que la familia no comparta valores comunes y que, cuando alguno de ellos falla, el resto tenga que pagar un alto precio. Pero, lo más peligroso, es que esta situación está sirviendo para que los partidarios de mantener este tipo de sociedad, con todas las injusticias mencionadas, estén poniendo como condición, para la estabilidad política del país, el que se renuncie a las reformas, indispensables para el verdadero crecimiento de Chile.

La Presidenta superará este mal momento, su calidad humana y experiencia política nos conducirá a buen puerto haciendo caso omiso a los cantos de sirena de volver a reinsertar en el poder, precisamente, a los que nos condujeron a este deterioro nacional. Sus jóvenes colaboradores hanaprendido una dura lección y la recuperación de las confianzas sólo podrán lograrla insertándose en el pueblo, siendo parte de el, ya que al final de cuentas el verdadero poder reside en su soberanía.

Las instituciones deben funcionar, es la base de la democracia, y frente a cualquier situación es necesario tener presente que el compromiso con el presente y el futuro descansa en el cumplimiento del programa de gobierno, que algunos quisieran olvidar.

La Presidenta está frente a una coyuntura histórica, que la deja con el desafío de salir de esta circunstancia colocando su sello personal o ser una gobernante más.  Y no fue eso lo que el pueblo expresó,cuando la eligió como la conductora del país.

Hemos seguido las presentaciones que las diferentes ramas de la CPC , sean la Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción y la Cámara Nacional de Comercio, las que han defendido la mantención del FUT, subsidios que la actual legislación les otorga.Pareciera ser, que lo que se quiere lograr al final del día, es una reformita gatopardista.

Seguir sosteniendo- a estas alturas- que la eliminación del FUT afecta a la Mipymes, que ganan anualmente menos de 100 millones de pesos, es una majadería y uno se encuentra con personas modestas que están asustadas producto de toda una propaganda alarmista en las redes sociales y en cuanto medio esté a su alcance.

También hemos escuchado decir, desde el sector inmobiliario, que las viviendas- por la pérdida de los subsidios a la construcción- subirán de valor, en circunstancias que han cobrado los mayores precios que el mercado les ha permitido.

O que se tributarán las “ganancias” obtenidas (diferencia entre el precio en que fueron compradas y el de la venta), sin aclarar a qué se refieren con ventas de empresas inmobiliarias, ni tampoco que cuando la reforma afectaría a los particulares, sería en los casos de viviendas con un valor superior a 180 millones de pesos, propiedades que obviamente no pertenecen a la clase media y que si hubiera alguna, tributarán sobre la diferencia entre el precio de venta y estos 180 millones que estarían exentos.

Todos- sin excepción- estamos de acuerdo que en Chile se ha producido un crecimiento marcado por la inequidad, situación que en el mediano plazo puede amenazar la estabilidad política y social, sin lo cual no es posible crecer para alcanzar niveles de país desarrollado.

También estamos de acuerdo en que ello no será posible sin cambios sustantivos en la salud y la educación, como ejes básicos, y que no habrá mejor calidad de vida sino se producen cambios en la seguridad social.

Las diferencias siempre ocurren cuando se empieza a ver de dónde provendrán los recursos para financiar estos cambios, algo que la reforma tributaria ha dejado claro: gravando a los sectores de más altos ingresos. Y es allí, en donde surge la verdadera oposición a los cambios que se necesitan.

Siempre los más ricos han sido una minoría (en términos de cantidad de habitantes es insignificante), pero con su poder y habilidad política adquirida, a través de los tiempos, han buscado influir en toda la sociedad para conservar sus posiciones dominantes.

Nada en este aspecto debe asombrarnos, ya que son métodos más antiguos que la Biblia y usarán toda clase de argumentos, en nombre de las Libertades y de la Constitución – por eso es indispensable reformularla -, argumentando que los más pobres sufrirán las consecuencias de los cambios; que la clase media se arruinará y que el crecimiento se verá reducido a tasas extremas y ¡cuánta cosa se les ocurra!

Lo preocupante de esta situación, es que dirigentes de organizaciones de las Mipymes se hayan comprado todo esto y aparezcan apoyando- de una manera u otra- los ataques a la reforma tributaria, con lo cual no solo confunden, sino que dejan la impresión que nuestro sector se ha colocado al lado de los que no quieren cambios en Chile. ¡Y eso no es así!

Tenemos que entender que somos víctimas de la desigualdad, que se intenta corregir. Si nuestras ventas no se elevan y nuestra participación en el PIB sigue siendo baja, no se debe a que hemos sido incapaces, sino a que estamos insertos en un sistema económico que apunta a la concentración de la riqueza. ¡Esto es lo que hay que empezar a corregir!

Nuestras organizaciones no deben equivocarse en el rumbo que debemos seguir, ello implica no temer a las transformaciones y dejar de escuchar los cantos de sirena, que pretenden atraernos al camino equivocado.

Los que se oponen a la reforma tributaria dicen que ésta hará más pobre a los ya pobres y que dañará a la clase media, por las consecuencias catastróficas que provocará en la economía del país, agregando que no habrá inversión privada. Se dice también que la eliminación del FUT obligará a las MIPYMES a acudir a los bancos para poder resolver problemas de caja

Lo que omiten es que la economía, desde hace ya meses se viene deteriorando, producto de que ella está completamente ligada al comportamiento de la economía mundial y, en especial, al de la economía China, porque somos chino-dependientes.Nada se dice sobre que un tercio de los ingresos, que originará la reforma, serán para ordenar las finanzas públicas en base al superávit estructural, no cuidado en el gobierno anterior.

Las MIPYMES con FUT o sin el, siempre han acudido a los Bancos y muchas veces para pagar salarios, frente a la demora de quienes no les cancelan a tiempo sus facturaciones.

Se argumenta que hay más de 180.000 microempresas y 120.000 pequeñas acogidas al FUT.La inmensa mayoría no debió haberse acogido a este sistema, puesto que no necesitaban rebajar su base imponible para el pago de 1ª categoría, ya que lo cancelado era un crédito al impuesto global complementario y les deberían haber devuelto parte o todo lo pagado.

Cabe recordar que la gran empresa chilena aplaudió con ilimitado entusiasmo, el que prácticamente desaparecieran las empresas del Estado, al instalar en la Constitución de 1980 que éste no pudiera crear empresas productivas, quedando toda la responsabilidad en manos del Gran Empresariado.

Lo que la Gran Empresa no asume es que, en este Chile creado por la dictadura, se dio a sí misma la responsabilidad del crecimiento y del desarrollo, lo que les hizo posible apoderarse de la economía del país y que, por lo tanto, tienen que ser la principal fuente de recaudación de tributos.

Olvidan que la Dictadura puso al país a su servicio,para ellos nació el FUT y así suma y sigue, las AFP que ponen al servicio de sus iniciativas el ahorro previsional de todos,acuñando como paliativo la Responsabilidad Social Empresarial,que ha servido sólo como un marketing, que no tiene mayor incidencia en la vida de los ciudadanos.

Desconocen los efectos que sobre las MIPYME han tenido los acuerdos de Libre Comercio, producto de los cuales hemos perdido los mercados, en que tradicionalmente nos desarrollamos; a su vez, a nuestro espacio de negocios se han sumado miles de trabajadores expulsados del mercado laboral. Da la impresión que no conocen nuestros problemas, no han sido nunca víctimas de la inequidad de este modelo, que necesita cambios de fondo.

En este acumular y acumular, que llaman concentración económica, las pequeñas empresas miran desde las rejas del palacio la gran fiesta, en que los exquisitos platos que se sirven- en gran medida- se financian con el abuso que se ha cometido con nosotros.

Los MIPYMES nos sentimos inquietos con tanto comentario encontrado, aún cuando por sentido común se nos debieran prender las luces rojas cuando los que nos han depredado y que han trabajado con nuestro dinero al pagarnos cuando se les ha dado la gana, ¡ahora se han convertido en nuestros más fervorosos defensores!

Lo curioso es que nadie discute que se necesita una reforma educacional y mejorar la salud, pero cuando se trata de financiar estos cambios las barreras de contención surgen por todos lados.

Llama la atención que la necesaria Reforma Educacional, objetivo fundamental de la Reforma Tributaria, no haya nacido de la iniciativa del Empresariado y se esté imponiendo por los reclamos de la ciudadanía.

El prometido Chile 2.0 todavía no aparece y es que está íntimamente ligado a la calidad de la educación, de acuerdo a las necesidades reales del desarrollo del país.No es aceptable que sea una de las más caras del mundo, ello con el agravante que es financiada por las familias y con el peligro de estar formando profesionales que tendrán enormes dificultades para trabajar en lo que estudiaron. Es una de las consecuencias de considerar a la educación como un bien de consumo.

El fondo de toda esta campaña del terror contra la Reforma Tributaria está en un importante olvido, de que al hacerse dueños de todo, son ellos los que tienen que pagar las exigencias de justicia social y modernización que el país demanda.

Aún cuando apoyamos en lo esencial las reformas, existen algunas dudas sobre sus efectos, sobre los cuales las empresas de menor tamaño agrupadas en la UNAPYME, tenemos proposiciones que las abordan y que serán canalizadas en el Parlamento.

Ha llegado el momento de que el crecimiento deba estar sujeto a la equidad, como parte del combate contra la desigualdad existente en Chile y aquí a las MIPYMES nos corresponde jugar un papel esencial.

Chile con sus 5.000 kilómetros de frontera siempre tendrá zonas, donde el ejercicio de la soberanía será difícil para sus habitantes, más aún cuando tienen cercano acceso a países limítrofes que les ofrecen servicios con claras ventajas de oferta.

La soberanía siempre tendrá un costo y con mayor razón en las zonas extremas.

Hoy vemos la inquietud de la ciudad de Arica, donde- incluso- una parte de la población cree que es sólo un problema de los pescadores artesanales por el mar que hemos perdido con el fallo de La Haya.

Decir que ya es hora de tener una política de Estado para todas las zonas extremas es casi cínico, porque es reconocer nuestra despreocupación por la soberanía, que no sólo es materia de un determinado gobierno, sino de toda la nación.

Aquí no caben las excusas de las reformas urgentes o cualquier otra. Esto es de sobrevivencia, el patriotismo no puede seguir siendo una palabra hueca sin contenido real.

La solución para las zonas extremas hay que construirla entre todos, en primer lugar con sus habitantes, con los que sufren el aislamiento, que conocen mejor que nadie lo que los afecta, generando políticas para la creación de actividades económicas sustentables y permanentes, ajenas al asistencialismo; habrá que generar discriminaciones positivas en lo salarial, tributario, financiero, educacional, salud y cultural.

El presidente Carlos Ibañez no dudó, con criterio geopolítico, en otorgar puertos Libres a Arica y Punta Arenas.

Los ministerios de Hacienda no pueden ver esto como una inversión que debe rentar obligadamente en términos económicos, sino como parte de una planificación de soberanía. Será necesario que nuestras autoridades dejen de ver las demandas regionales como algo ajeno para no ver banderas extranjeras ondeadas por chilenos.

Las empresas de menor tamaño (EMT) –micro, pequeñas y medianas empresas – también están llamadas a jugar un importante rol en este sentido, son las que han sostenido el desarrollo local, sin restarle relevancia a las grandes empresas, con la diferencia que estas últimas han explotado muchas veces los recursos naturales, sin que de sus ganancias- ya sea por la vía de impuestos o de aportes directos- queden en las zonas de origen.

Las EMT son administradas por los mismos dueños que viven en las zonas, pertenecen a las fuerzas vivas de las regiones y son parte de los movimientos sociales, con los cuales las autoridades políticas partidarias, gubernamentales y parlamentarias deberán trabajar en planes de desarrollo, que cuenten con la participación ciudadana.

Sin ella no existen políticas públicas, sino simples políticas de oficina destinadas a resultados mediocres o de franco fracaso.

Es de esperar que el próximo Gobierno, que tiene en su programa un capítulo especial para las zonas extremas y territorios con estatutos especiales y que están consideradas en las medidas de los primeros 100 días, logre superar estas situaciones integrando a la ciudadanía en su planificación y que- a su vez- la población pueda ejercer el control social de su ejecución.

Estamos próximos a un cambio de gobierno, en medio de demandas por parte de la ciudadanía que no estábamos acostumbrados a escuchar en los últimos 25 años respecto a temas de fondo, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, derechos de los consumidores, desigualdad económica, entre otros.

Todos estos temas tienen como denominador común la protección y defensa por la calidad de vida de la gente, algo que antes no se tocaba o se hacía con extrema timidez, ya que el principio de la subsidiaridad de la Constitución del 80’ eliminó el estatus de derechos con que estaban consagrados en la declaración de las Naciones Unidas.

Hoy, la discusión se ha abierto hacia temas políticos centrados en la urgencia por cambios, la necesidad de una nueva constitución, de una reforma tributaria, de la regionalización, la protección de los recursos naturales y de la participación ciudadana real y con incidencia.

Para los que estamos en el sector de las MIPYMES,una vez más, vemos con profunda preocupación,que una actividad que aporta al 80% del empleo (sea éste formal o informal), no está siendo considerada en los programas de gobierno de las diferentes candidaturas para presentarlos al electorado.

Estamos cansados de denunciar que la dictadura nos dejó con una participación del 30 % del Producto Interno Bruto y que la democracia nos tiene en el 8 % de éste. Ello,en circunstancia de que el promedio de participación de la MIPYMES en América Latina supera el 35 %. Esta pérdida de participación es el resultado del deterioro en similares porcentajes de los mercados y causante de una situación de supervivencia.

El mundo político no ha sido capaz de comprender la importancia del sector y han privilegiado abiertamente al gran capital, por mucho que rasguen vestiduras contra la concentración de la riqueza. No ha sido de su interés conocernos y no asume la responsabilidad que le cabe en la caída de nuestra participación ya que finalmente este es un problema político, más que económico.

El apego por las políticas transversales, que tiene como contraparte la ausencia de políticas que discrimen positivamente a las Empresas de Menor Tamaño (EMT), es un factor importante que ha atentado contra un desarrollo equitativo.

Al final de cuentas, lo transversal resultan ser discriminaciones positivas para el gran capital.

Porque, en teoría, todo el mundo podría acceder a los recursos que invierten en acciones las AFP, pero los pequeños no están en la Bolsa.Tampoco se pueden condonar las deudas tributarias a las EMT, que se arrastran desde 1998, sin embargo los grandes beneficiarios del FUT,que acumula US $ 50.000 millones por impuestos adeudados y que nunca se pagarán, en un 99 % corresponden a las grandes empresas.

La rebaja del Impuesto y Timbres de la reforma tributaria del presidente Piñera le aportó a las grandes empresas cuatro veces más capital que a las EMT y así podríamos seguir dando ejemplos.

Nuestro sector también está marcado por el apoliticismo de las organizaciones, alejándonos de su discusión y centrándonos en lo inmediato y urgente, lo cual redunda en el rechazo por parte nuestra de una conducción política, que apunte a dar peso a nuestras demandas y a generar propuestas con una mirada estratégica de desarrollo.

Debemos pactar con las candidaturas que estén dispuestas a rectificar políticas de fondo como son el manejo de la macroeconomía, el desarrollo productivo de la EMT, la institucionalidad del Estado, la innovación y el emprendimiento; trabajar para crear condiciones de empleos decentes para instalar de manera permanente en la agenda pública nuestra ideas para irlas concretando en acciones que empiecen a señalar el camino de nuestro progreso.

Todo ello, para aportar a una patria más justa y equitativa con el fin de derrotar la desigualdad que se ha apoderado de Chile.

Es nuestra responsabilidad crear poder político, que tiene como elemento fundamental la organización y la unidad de todas las actividades que componen la EMT.

Algunos actores de este sector hemos entendido que debemos visibilizar nuestras propuestas, participar políticamente y tener incidencia en las políticas públicas, que se debaten hacia las MIPYMES.

De allí que juntos, consumidores, pequeña industria y feriantes somos parte de la Mesa Social por un Nuevo Chile, impulsando una Consulta Ciudadana “Construyendo Democracia Participativa”, que se desarrollará entre el día 30 de agosto y 13 de septiembre.

Nuestro objetivo es que sea la ciudadanía, la que priorice urgencias a solucionar para construir una economía más inclusiva, que ponga fin al abuso.

De otra manera, la estrategia del desarrollo de Chile nos seguirá pasando por el lado y seguiremos mirando la fiesta desde los ventanales.

Nuestro país, cuyas costas son bañadas por el Océano Pacífico, posee aproximadamente 4 mil kilómetros de litoral y una fuerte industria pesquera, pero según cifras de ODEPA, en promedio los chilenos sólo consumimos cerca de 7 kilos de pescado al año, muy por debajo a los 87,2 que se consumen en productos cárneos en el mismo periodo.

Los chilenos simplemente casi no comemos pescado por diversas razones: temas culturales (de hábitos), pero esencialmente por falta de accesibilidad y accequibilidad de los productos del mar.

No ha existido en nuestro país una política de fomento del consumo de productos del mar por la vía del fortalecimiento de la pesca artesanal, actividad familiar que- en gran medida –sobrevive frente a una escasa demanda y a los bajísimos precios que se les pagan en las caletas, entendiendo que los pescadores arriesgan su vida todos los días para salir a pescar.

Mientras, existen grandes empresas pesqueras que explotan y enlatan miles de toneladas de jureles orientados a la exportación. ¿Y la población chilena?

La pregunta es cómo verdaderamente implementar una política de la vida sana, que se traduzca en acciones de fomento a la pesca artesanal, actor esencial en el canal de comercialización de los productos del mar,orientados al consumo interno.

Cómo hacer más competitiva la extracción a pequeña escala, muchas veces desarrollada a pulso, cómo mejorarla, hacerla atractiva al consumidor, integrando innovaciones en el proceso de elaboración y dándole valor agregado al producto que se comercializa.

Por este camino, no sólo se obtendrían precios adecuados, que les permitirían vivir dignamente a las familias de pescadores, sino que también posibilitaría que los chilenos se alimentaran bien, sabiendo todas las potencialidades nutritivas de las riquezas marinas.

Es urgente saber qué sucede, por qué la enorme diferencia de precios, entre lo que perciben los pescadores y el de los intermediarios, a quienes los comerciantes de ferias libres les compran.

Todo ello debe ir acompañado de la generación de alianzas de colaboración, entre los actores comercializadores y quienes cultivan el producto.

Sólo por esta vía podremos nivelar precios, tener un producto de mejor calidad, con valor y mejorar la salud de la población, sobretodo de aquella que tiene menos recursos.

La candidata recién electa de la Nueva Mayoría Michelle Bachelet ha presentado un programa de gobierno, que se financiaría con una reforma tributaria que, entre otras materias, eliminaría el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) en un período de 4 años.

Esta medida ha despertado una resistencia de los sectores empresariales de la CPC, aduciendo que se estaría afectando la inversión y, por consecuencia, la economía nacional pronosticando un futuro incierto para el país.

Frente a este negro vaticinio, surgen dos preguntas, ¿qué rol juegan los empresarios? y ¿en qué se basa su desarrollo?

Frente a la primera, ellos se han definido como el motor que mueve la economía y, por lo tanto, quienes producen la riqueza que permite el crecimiento y bienestar de la sociedad.

En la segunda, responden que las ganancias obtenidas por el gran empresariado se deben alesfuerzo, sacrificio, tenacidad, inteligencia, austeridad, visión de futuro, creación de la demanda,anticipándose a los tiempos, agregando tener un comportamiento moral y ético, que permite entregar el empleo necesario en el país; además sostienen que pagan los tributos, que finalmente permiten una distribución equitativa de la riqueza.

Pero la realidad es otra. En Chile, el 1 % de las empresas – definidas como las grandes empresas – acumula más del 70 % del producto interno bruto.

Viendo este escenario, me pregunto si es necesario financiar las grandes empresas a través del llamado FUT, el que no existe en ningún país del mundo y que fue implementado en la década de los 80´, pensado inicialmente para un período de crisis con el fin de reemplazar la falta de inversión. Hoy, este FUT, acumula U$ 50.000 millones por impuestos no pagados al Estado.

Quizás, la respuesta hemos de encontrarla en el poder político que la gran empresa ha construido, vendiéndonos a diario “gato por liebre”, y aduciendo su enorme aporte a la economía nacional, el que se basa en mecanismos maquillados, que no son más que subterfugios- como el mismo FUT- para obtener mayores ganancias, aumentando la brecha entre quienes más tienen y los que menos poseen.

La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES), pese a su enorme aporte al empleo (80%), carece de cualquier tipo de beneficio real para mejorar su productividad y su aporte a la economía interna.

El crecimiento de la gran empresa se ha logrado de posiciones de privilegio político, ya que se le ha entregado en bandeja miles de millones de pesos, a costo cero, además de los recursos de los fondos previsionales, muchos de los cuales han invertido en el extranjero.

Las MIPYMES y el derecho de los consumidores están siendo depredados por este sistema de protección a la gran empresa y al parecer, la realidad que los grandes observan y describen, respecto a su aporte a la economía nacional, no cuadra con el Chile de verdad, de carne y hueso.

¡Bienvenidos al país real!

Resulta fuera de lógica política y económica que esto solo sea tratado a nivel de Gobierno, CUT y la gran empresa aglutinada en la CPC.

El sueldo mínimo es el piso en la estructura salarial de los trabajadores del sector privado que no tienen la organización para negociar colectivamente, y busca que los de menores ingresos puedan mejorar sus salarios, al menos en la misma proporción que los trabajadores de más altos ingreso, que no tiene relación alguna si lo medimos en términos absolutos.En ese sentido, el salario mínimo no es una variable de ajuste económico.

La situación en nuestro mundo es heterogénea. Las pequeñas empresas usan el salario mínimo como sueldo de entrada de trabajadores sin calificación laboral alguna que nos es culpa de ellos sino del pésimo sistema educacional que en su mayoría los prepara para la nada.

En el mundo de la microempresa, la mayor parte está compuesta por trabajadores independientes o por cuenta propia o bien son empresas de carácter familiar, destinadas básicamente al auto sustento.

Más que hablar del monto del salario mínimo, como ocurre todos los junios, es fundamental analizar el origen de los sueldos insuficientes para las familias chilenas, que sin lugar a dudas tiene que ver con la concentración de la economía en unos pocos grupos económicos, financieros, y la pésima distribución de la riqueza, en un país que se define cerca del desarrollo con más de 16 mil dólares per cápita.

Claramente, como dicen en el campo, “el chancho está mal pelado”; es esencial levantar una discusión real entre los sectores privados y el Estado sobre cómo resolvemos la desigualdad y evitar, de esta manera, los abusos.

Es importante que el Estado deba dar una señal clara y levantar una mesa de trabajo con todos los actores y definir como país un proceso de mejoramiento de los salarios de los trabajadores y las condiciones de entorno, evitando que todos los junios de cada año se tenga que presenciar un tira y afloja, que más divide que une.

El comercio tradicional está compuesto por los almacenes de barrio y ferias libres, ambos han debido enfrentar el crecimiento de los malles y cadenas de super e hipermercados las que, a su vez, se fusionan con otras empresas generándose verdaderos bloques económicos que hacen inaccesible la participación de los emprendimientos familiares.

Ya en diciembre de 2011 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) investigó a 4 cadenas de supermercados por posible colusión de precios en abarrotes, éstas son: Wallmart, Cencosud, SMU y Tottus, que hoy controlan el 95% de las ventas de ese sector.

En palabras textuales la FNE sostuvo que esta situación atenta contra la libre competencia. Ello, sin contabilizar el que muchos productos de los proveedores no tienen cabida en las góndolas de los supermercados, ya sea por sus reducidos volúmenes o porque simplemente no cuentan con espaldas financieras para esperar su pago, sin considerar la devolución de las mermas

Los distintos gobiernos y el actual han enviado permanentes mensajes de apoyo al sector Mipyme, sin embargo mientras no exista una claridad en todo el espectro político de que la concentración económica impide la libre competencia, seguirá existiendo un escenario que posibilita la existencia de carteles de precios, inhibe la inclusión de otros actores y permite que emerjan posiciones de poder atentatorios a una real vida democrática.

Todo ello imposibilita que emprendimientos familiares alcancen una calidad de vida digna. Mientras este convencimiento no se transforme en políticas públicas de discriminación positiva para las Mipymes, éstas seguirán en boca de todos y en manos de nadie.

Es sabido que cuando la torta se reparte entre más, emergen espacios de mayor participación, igualdad, oportunidades y un desarrollo de país más justo.