Sin embargo la civilización del petróleo, que  como nunca en la historia concentró el poder en pocas manos, llega a su fin y debemos transitar rápido de las energías convencionales a las Renovables No Convencionales (ERNC) y recurrir al sol, el mar, las aguas, la geotermia y al viento.

Chile tiene un drama y una oportunidad. Poseemos el desierto más irradiado del planeta, las mejores olas, intensas mareas, fuertes corrientes en los canales del sur y un gran potencial geotérmico. El declive cordillerano provee recursos hídricos para centrales de pasada, y el modelo forestal gran cantidad de biomasa… pero ¿por qué no hacemos nada significativo con eso?

Porque no hemos elaborado –de manera participativa y de abajo hacia arriba- un proyecto país que defina la vocación de uso del territorio y que alinee la educación, ciencia y la institucionalidad requerida en cada rincón.

Para ello hay que cambiar nuestras prioridades e incrementar el presupuesto para Ciencia del vergonzoso 0,35% actual al menos a un 1% del PIB, (en Corea y Japón es un 4%); construir una institucionalidad ambiental seria, respetada y con capacidad técnica para diferenciar con claridad los proyectos buenos de los malos y evite que se desconfíe de todas las iniciativas.

También debemos asumir la crisis del agua que pronto será el recurso más escaso del planeta. Chile debe preparar una estrategia geopolítica de defensa de este recurso porque somos la segunda reserva mundial de agua dulce pues, pese al descongelamiento de los glaciares -por calentamiento global e intervención minera-, poseemos miles de km2 de estas verdaderas ‘cantimploras’ gigantes y ni una sola norma legal para protegerlos.

Hace una década presentamos un proyecto de ley para reformar la Constitución y establecer el agua como un bien nacional de uso público. Chile debe tener al menos una Subsecretaría del Agua vinculada a la institucionalidad ambiental que proteja los glaciares, elabore un nuevo Código de aguas y establezca como un derecho humano el acceso a este recurso vital.

Debemos apostar en grande y tener un Estado proactivo que realice los estudios de localización para ERNC, que se entienda con las comunidades y busque fórmulas de asociación, que obtenga las autorizaciones ambientales y convoque a los privados para que desarrollen sus mejores tecnologías y lleven adelante los proyectos a precios adecuados.

Actualmente, pese a nuestro escaso esfuerzo, Chile es 13° entre 40 países  y 2° en Latinoamérica (tras Brasil 10°), como atractivo de inversión en energías renovables según el ranking RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index) de junio de 2014.

Destacamos en energía solar con 760 MW solar aprobados ambientalmente y 100 MW en construcción. Los técnicos de la administración anterior pronosticaban que no habría MW solares en operación antes del 2020.

Según el Reporte de septiembre del Centro de Energías Renovables (CER) Chile tiene instalada una capacidad total de ERNC de 1.784 MW, hay 805 MW en construcción (eólica, termosolar y fotovoltaica) y más de 13.000 MW con la Resolución de Calificación Ambiental aprobada.

Las tecnologías limpias son una importante oportunidad para las pymes de los países en desarrollo y especialmente para Chile cuya particular geografía nos convierte en una especie de Golfo Pérsico de las ERNC.

En el desierto de Atacama se pueden producir 200 mil mega watt y abastecer a toda Latinoamérica.El declive cordillerano, la marea constante, los fuertes vientos, los múltiples volcanes y su potencial geotérmico, así como los torrentosos canales sureños nos ponen en un sitial de privilegio de cara al futuro. Sólo debemos tener ganas y atrevernos.

Los tratados, convenciones internacionales y, en especial, la Constitución chilena prohiben dichos actos.Las isapres tienen como práctica institucional la discriminación hacia los más débiles y los enfermos.

Aquí no hablamos de dinero, hablamos de la salud, por tanto es incompresible que los niños tengan primas más costosas, que las mujeres en edad fértil sean discriminadas, así como a muchos otros grupos de la sociedad.

Aún más grave es la prexistencia que viola el juramento hipocrático que obliga por sobre todo a atender al enfermo.Tratándose de instituciones de salud, es realmente violento que rechacen la atención de enfermedades previas.Atentan contra su razón de ser, la supuesta “misión” para la que fueron inventadas.

Las Isapres aparecieron durante la dictadura militar.En democracia nunca una ley de este tipo, con los quorums calificados a las que está sujeta, hubiese sido aprobada.

Ni menos hablar de una ley hecha por los mismos que controlarían los directorios de las empresas.

Un traje a la medida que generó –sin regulación alguna- beneficios, privilegios y considerables fortunas.

La Presidenta Michelle Bachelet presentó hace unos días a los 18 integrantes de la Comisión Asesora Presidencial que deberá proponer modificaciones al sistema privado de salud. Valoramos la decisión del Ejecutivo, pues para construir un país igualitario es fundamental regular y establecer justicia en uno de los sistemas más abusivos que tenemos en Chile.

Si bien es positiva la creación de la Comisión Asesora esta debería avanzar rápidamente en el establecimiento del diagnóstico pues los temas ya están discutidos.

En los últimos dos años el Congreso está tramitando una reforma las Isapres que elimina todo tipo de discriminación, que pone fin a las exclusiones y a la preexistencia en los planes de salud.Siendo autor de aquella iniciativa legal(Boletín 6761-11) considero muy importante que todo ese trabajo sea incorporado a la Comisión Asesora Presidencial para tener al más breve plazo una ley que termine con los abusos.

La participación de los ejecutivos que representan a las Isapres al interior de la comisión puede ser un aporte, pero es evidente que no se debe esperar un consenso a la hora de actuar. El Ejecutivo deberá decidir qué tan profundamente resguardará el derecho a la salud y evitará los atropellos.

Los cambios deben ir asociados a mecanismos de control y fiscalizacion para cumplir con las garantías explicitas de salud (GES), otorgando cobertura suficiente para atenderlas.

Hoy las Isapres son un inseguro de salud. Si un afiliado se enferma de gravedad,muchas veces, debe hacer un copago tan alto que,pese al prepago anterior, se endeuda de por vida.Hemos planteado un piso de aseguramiento que debe ser de al menos 80% de los costos en caso de hospitalización. No se debería pagar más del 20% del gasto total de la prestación. Y de una manera tal que sea viable para su remuneración.

En el caso de una atención ambulatoria -exámenes y especialistas- la cobertura debería ser del 70% y el máximo a pagar un 30%.

También es fundamental terminar con la integración vertical. Es inaceptable que las clínicas sean dueñas de Isapres o viceversa.Finalmente privilegian su estrategia comercial obteniendo utilidades millonarias.Por lo mismo es importante impedir un IPC de la Salud.No podemos seguir aceptando más colusión y alzas de precios artificiales.

Hay que terminar con la modificación unilateral de los contratos de salud.Impedir que de manera autónoma las Isapres suban el costo del plan o lo modifiquen.Es muy importante que se establezca que el 90% de lo que se cotiza en salud se destine al GES y no al negocio secundario de las Isapres como la hotelería u otros.

Hay que crear un fondo de compensación de riesgo.Es decir,establecer una prima para las personas con más peligro como niños, embarazadas y adultos mayores. Entonces cuando el sistema público de Salud recibe a pacientes expulsados por su alto costo del sistema privado, las Isapres deberán pagar al sistema público que recibe esta cartera de mayor riesgo.De no hacerlo estimamos que habría un subsidio encubierto a las Isapres de $1.000 millones de pesos al año.

Los planes deben ser de por vida. Las Isapres le hacen un daño al país pues son las únicas instituciones de salud que no hacen prevención.Y no la hacen porque tienen la posibilidad de desterrar al que se enferma.

Si los planes fueran de por vida y no pudieran eliminar al anciano y enfermo, estarían obligadas a prevenir para evitar los costos de los tratamientos. Para las Isapres será más conveniente y barato prevenir los cánceres, los infartos y los accidentes vasculares.

Se debe tener una tarifa plana, la misma toda la vida, que establezca solidaridad de los sanos hacia los enfermos, de los más ricos a los más pobres, y de los jóvenes a los viejos.

Gente que está cansada de recibir promesas.Gente que ya no tolera la retórica habitual desde los centros del poder político y administrativo, que habla de planes, de medidas, de programas, sin que de verdad exista la voluntad política de resolver problemas que se arrastran desde hace tiempo.

Y como ha sido habitual en estos años, el gobierno ha mostrado su impericia a la hora de negociar. No se trata, como suelen argumentar sus representantes, de que hay que tratar a todos por igual y por lo tanto no se puede acceder a demandas de grupos de presión.

Eso es no reconocer la diversidad de Chile, por una parte, y, por otra, es desconocer las diferencias históricas de trato a distintas regiones y provincias. Es evidente que las demandas de los ayseninos no son las mismas que las de los talquinos, por poner un caso.

La lejanía y el aislamiento obligan a medidas proactivas que resuelvan problemas muy reales y concretos. En realidad, tratar a todos por igual implica, en este caso, tratar mejor a los habitantes de aquellas zonas que por la distancia y la quebrada geografía requieren de más recursos para vivir igual que los otros.

Pero además aquí se replantea el mismo asunto sobre el que conversamos tanto el año pasado.

Se trata de la nueva relación entre ciudadanía y política.

Se trata de la creciente toma de conciencia ciudadana sobre sus derechos.

Se trata de que los políticos tengamos que aprender a movernos sobre otras variables.

Un país más culto, con más tradición democrática; un país de gente que ha perdido el miedo; un país de gente que ya no quiere promesas vacías. Ese es el nuevo territorio, frente al que nos ha faltado visión y perspicacia.

Tenemos que volver al contacto con la gente para percibir ahí el pulso de lo que viene, para no ser sorprendidos nuevamente. Es nuestro deber como opositores, pero es tanto más el deber del oficialismo, que tiene las herramientas para responder a las demandas ciudadanas.

Y, por cierto, no podemos dejar que las mismas viejas estructuras soporten el nuevo paisaje. Hay que reformar el sistema político, para que nuevamente fluyan las demandas ciudadanas por los cauces institucionales, con libertad, con energía, con empuje.

La ciudadanía no se conforma con el voto. Hay que darle más y mejores herramientas para su expresión. Ese es el desafío de fondo, porque solo así evitaremos esos estallidos puntuales que acumulan tanta energía contenida. Solo así nuestra democracia será realmente inclusiva.

Un año en que tendremos que sentar las bases para una nueva educación pública.

Los estudiantes universitarios y secundarios, con sus movilizaciones y fundadas demandas, pusieron de manifiesto la gravedad de la crisis y la necesidad de introducir cambios decisivos que le devuelvan a la educación su papel clave en el progreso de las personas y el aprovechamiento de las oportunidades.

Un año de elecciones municipales, que verá esta vez a los candidatos tratando de cautivar a un electorado que ha cambiado decisivamente, que sabe de su poder, que ha aprendido a articular sus demandas, que no se dejará seducir por palabras bonitas pero vacías de contenido. Una ciudadanía más consciente y empoderada que entregará sus preferencias a quienes la respeten y consideren, a quienes mejor representen el nuevo estado de las cosas en Chile.

Un año en que no será posible eludir temas como la reforma radical y profunda al sistema electoral, diseñado por la dictadura de Pinochet y que tiende a perpetuar tanto los privilegios como las exclusiones, una camisa de fuerza que le da más poder a los partidos y menos poder a los ciudadanos.

Afortunadamente, cada vez son más los partidos y personas que entienden que un régimen así, que no abre sus puertas ni considera realmente a los ciudadanos, no puede continuar.

Un año en que el progresismo tendrá el desafío de refundar y reactualizar su propuesta para el futuro del país.

Ello requiere que sin complejos ni maquillajes, el progresismo sitúe en el centro del debate las propuestas que forma parte de su identidad: educación pública de calidad para todos, carga tributaria equilibrada y justa, nacionalización del agua, libre distribución de la píldora del día después, defensa del medio ambiente y de los ecosistemas, defensa de los pueblos originarios, una nueva matriz energética limpia, nuevas formas de protección social, nueva Constitución, protección y defensa de los trabajadores, entre muchos otros temas.

Para esta propuesta el progresismo debe convocar a todos los que se identifiquen con este ideario. Las coaliciones han hecho crisis. La distribución del poder está cambiando y urge que partidos y organizaciones políticas sepamos responder con flexibilidad y creatividad a la nueva realidad que comenzó a plasmarse cuando la gente redescubrió el poder que emana de reunirse para manifestar sus anhelos, demandas y necesidades.

Ese será el gran desafío del año, al que yo espero dedicar mis energías.

Pero el progresismo está ahí, como telón de fondo, como un gran elemento constituyente de quienes queremos más espacios de libertad y de autonomía personal, más equidad y justicia, más oportunidades para todos, más cuidado por el medio ambiente, más conciencia sobre quiénes somos y cómo se desarrolla nuestra relación con el planeta que nos acoge.

La política está en crisis, pero las ideas no. Y por eso estamos planteando nuevamente partir por las ideas, comenzar por el debate, abrir espacios de diálogo y reflexión no excluyentes, que dé paso también a listas amplias y convocantes en las próximas elecciones municipales.

Nadie tiene el monopolio de la representación ciudadana. Y a lo largo de 2011 vimos emerger, con singular fuerza, a ciudadanos activos en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de profundos y decisivos cambios para Chile.

Los partidos tardaron en reaccionar y en entender que hay que abrir las puertas, todas las puertas, para que fluya de verdad la relación entre representados y representantes. De eso se trata la reflexión en torno al progresismo.

Se trata de promover una nueva mayoría política, social y cultural que se haga cargo no sólo de la crisis de representación de los partidos, sino también de la crisis del modelo de desarrollo chileno, que ciertamente ha traído progreso, crecimiento y bienestar, pero no para la mayor parte de los chilenos, y que, en la educación, manifiesta deficiencias de tal calibre que ponen en cuestión todo el resto del modelo.

La agenda del presente y del futuro es la agenda del combate en contra de la desigualdad.

Ahí es donde tenemos que sumar fuerzas entre dirigentes políticos, partidos, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos, para converger en un gran frente amplio que siempre sume, que siempre agregue, que siempre incluya, para que no tengamos de nuevo a estudiantes que pierden el año y permanecen meses con sus liceos y universidades tomados porque no somos capaces de ofrecer respuestas coherentes y radicales a problemas ya largamente identificados y que, por desgracia, toma mucho tiempo resolver.

De modo que toda demora, toda dilación, hipoteca aún más el futuro de generaciones jóvenes que reciben una formación precaria e inadecuada para la sociedad del futuro.

Es el tipo de cosas que quienes se sienten progresistas deben poner en juego, en movimiento, en viva fuerza social y política.

La crisis de las urgencias es grave, pero es síntoma de una enfermedad mayor: su colapso se debe al fracaso en la estrategia de la atención primaria que por falta de médicos –sólo está la mitad de los que se necesita- y se sufre un déficit cercano a los cien consultorios.

A ello se suma la inexistencia de una capacidad resolutiva que al no resolver la gran parte de las atenciones en el sistema primario, los pacientes recurren en masa a las urgencias de los hospitales públicos.

Estos, a su vez, hacen una atención de choque y tienen que derivar a los hospitales pero estos reproducen la crisis porque falta la mitad de las camas básicas, donde hay menos de dos camas por mil habitantes debiendo ser cuatro por mil habitantes o, como en Japón, donde hay 16 por mil habitantes.

Asimismo, tenemos sólo la mitad de las camas UCI y UTI que son de alto costo y que cuando no se tienen, los pacientes mueren.

Faltan 1.500 médicos especialistas. Al no poder el sistema público enfrentar el problema, se ven obligados a derivar hacia los privados generando un suculento negocio para las clínicas particulares.

Flor de negocio: fondos públicos que rendirían mucho más si fueran invertidos en más camas y en contratos a especialistas, terminan como parte de las utilidades de clínicas privadas, que no cesan de ampliar sus instalaciones en vista del flujo creciente de pacientes provenientes del sistema público, lo que es una verdadera privatización.

Ahí radica la disparidad principal entre las declaraciones grandilocuentes sobre el mejoramiento de la rapidez y la cobertura del AUGE frente a la práctica de resolver esos problemas a través del masivo traspaso de fondos públicos al sistema privado.

Cuando un hospital colapsa por falta de camas, es evidente que la solución lógica es invertir para aumentar las camas y no contratar las camas caras que tiene el elegante vecino de al lado.

El subsecretario de Redes Asistenciales no ha sido capaz de resolver un problema estructural que con este gobierno sólo se ha acentuado y profundizado.

Y cuando el director de un hospital público, director nombrado por el Presidente Piñera, se atreve a hablar y a decir, con todas sus letras, sin eufemismos, sin maquillar la realidad, que el sistema público está colapsado, lo despiden a él y no a su jefe, el que ha demostrado su ineficiencia e incapacidad para enfrentar racionalmente la crisis de la salud.

Ese mismo director, en marzo pasado, evitó derivar tres pacientes graves al sistema privado, ahorró 400 millones de pesos y con ese dinero construyó 40 camas para el sistema público.

Eso sí que es buena gestión, de la que un gobierno que tanto alardea de poseerla debiera destacar; pero no lo hace, porque su estrategia oculta es otra: debilitar al sistema público para que parezca lógico traspasar fondos a los privados.

Es hora de que esto termine. Es hora de que el funcionario ineficiente renuncie. Es hora de que el gobierno sincere sus intenciones.

Esta fue una instancia de reflexión que puso a dialogar a la ciencia con la política y a estas dos grandes áreas con la ciudadanía. Nuestro interés era auscultar el futuro, tomarle el pulso al porvenir, adelantarnos a lo que viene, para que de esta mirada anticipatoria y participativa, se elaboren políticas públicas y leyes que mejor interpreten las necesidades y los anhelos de todos.

En los centros de investigación científica y tecnológica, se dibuja el mundo del futuro.

Cuando entendemos que en esos laboratorios hay personas capaces de crear un organismo vivo, capaces de crear vida, vemos la profundidad del cambio que nos acecha.

Cuando la industria transgénica altera para siempre el material genético y el tipo de alimentos considerados aceptables para el hombre, cuando patrimonios de la humanidad son utilizados en beneficio del lucro de unas cuantas empresas, advertimos la necesidad de que los legisladores, los gobernantes y los ciudadanos estén al tanto de lo que allí ocurre, que lo entiendan y que sean capaces de imponer el necesario marco ético a la actividad científica.

Para eso nos hemos reunido. Para analizar ese mundo que se dibuja detrás de las apariencias, detrás de una vida cotidiana que parece fluir con placidez, con uno que otro sobresalto -un terremoto, una crisis financiera-, pero que en realidad está amenazada por fuerzas enormes que actúan de manera lenta y solapada, a veces, como ocurre con el cambio climático, o rápida, pero también oculta, como ocurre con el progreso científico contemporáneo.

El Congreso del Futuro es nuestro último gran evento de celebración del Bicentenario del Congreso de Chile.

Junto al Presidente de la Cámara de Diputados, diputado Patricio Melero, conformamos una sociedad virtuosa que nos permitió abrir estas puertas y las de Valparaíso a cientos de ciudadanos que disfrutaron de actividades culturales, científicas y ciudadanas.

Se celebró el 4 de Julio una imponente ceremonia para recordar los 200 años de existencia en presencia del Presidente de la República. Convocamos a expertos y profesionales a un encuentro Latinoamericano y del Caribe para debatir el gran desafío de la nutrición, la obesidad y la vida sana.

Buscamos, junto al Presidente Melero, el encuentro entre los temas que les importan a los hombres y mujeres de este país y los grandes temas que marcarán los años venideros. Fue el sello que quisimos ponerle a esta presidencia en este año 2011 que ha sido tan especial para Chile y el mundo.

Quiero terminar recordando que ya somos siete mil millones de habitantes sobre la tierra.

Hace sólo cincuenta años éramos la mitad. El planeta es generoso y resiste, pero nadie sabe hasta cuando.

Es hora de que nos preocupemos. Es hora de que hagamos un real esfuerzo por hacer transparentes todos los factores que influyen en nuestro futuro y que actuemos con decisión frene a ellos.

Escuchemos a los científicos. Démosle la palabra a los ciudadanos.

Aprendamos nosotros, la clase política, de unos y de otros; de quienes nos advierten sobre los riesgos y las tendencias que ponen en riesgo a la humanidad, y de quienes nos manifiestan sus necesidades, sus anhelos y su profundo descontento con el actual estado de cosas.

El homenaje, ya de por sí inicuo, atentatorio contra la dignidad de tantas víctimas y contra el orden constitucional que prohíbe la tortura y el asesinato, tuvo un agravante: invitaba una autoridad, el alcalde de la comuna, lo que parecía un aval oficial a un acto que contradice elementales normas de convivencia democrática. Razón tuvo la ciudadanía al manifestar su más decidido repudio.

Uno esperaría que, en casos como éste, la reacción del gobierno, que proclama su adhesión a la causa de los derechos humanos, y de los partidos de la coalición que lo sustenta, que se proclaman democráticos, fuera de enérgico, tajante e inmediato repudio tanto del acto como de la actitud del alcalde Labbé, y que fuera también inmediata la decisión de no avalar su repostulación al cargo.

¿Y qué hemos visto? Una reacción tibia, deslavada, descomprometida, en la mayoría de los casos; y en el de la UDI, el partido en el que milita Labbé, la tibieza llega al extremo de afirmar que seguirán apoyándolo.

Yo considero lamentable esa actitud. No es digna de una democracia en forma.

No es posible que autoridades públicas rindan homenaje a torturadores y asesinos.

No es admisible que recintos municipales, financiados con los impuestos de los habitantes de la comuna, sirvan para esos efectos.

No es democrático que su partido apoye a un militante que incurre en semejantes faltas que van en contra de la constitución y las leyes.

El Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, y yo, emplazamos al jefe de la coalición política de gobierno, al presidente Sebastián Piñera, a que tomara las medidas que el caso exige: impedir que Labbé repostule a un cargo al que claramente no ha respondido como lo demanda la democracia.

Hasta ahora no tenemos respuesta. Es grave. Es preocupante. Es indignante que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos no tengan el respeto que se merecen y sí se le otorgue a un criminal condenado a 140 años de cárcel. No es el Chile que queremos.

Es decir, estamos ante una situación donde Codelco, en representación de todos los chilenos, que somos los accionistas de la empresa, defiende el patrimonio del país.

No voy a entrar en los detalles del enfrentamiento, que ya está llegando a los tribunales.

Los organismos de justicia serán los encargados de estudiar los contratos y verificar si AngloAmerican actuó conforme a la ley al desprenderse del 24.5% de sus acciones, acto hostil que responde al interés de Codelco por ejercer derechos consagrados contractualmente.

Me interesa más destacar que en este, y en tantos otros casos, hay empresas transnacionales que van más allá del natural objetivo de obtener utilidades razonables para sus accionistas. Entiendo la iniciativa privada. Creo que las empresas tienen derecho a obtener ganancias.

Pero con límites. Esos derechos quedan en cuestión cuando, como suele ocurrir con las grandes mineras y de hecho ocurre con AngloAmerican, no se respetan las normativas medioambientales.

Cuando grandes empresas que invierten miles de millones de dólares ahorran en mantenimiento, en el cuidado de los relaves, y dejan pasivos ambientales tan gigantescos que sus efectos se prolongarán por décadas, creo que la sociedad que las recibe tiene todo el derecho a exigirles tanto cambios sustantivos en sus procedimientos ambientales como que financien el manejo de esos pasivos ambientales.

Pero hay una cuestión más de fondo todavía. Se trata de riquezas que están en el suelo chileno, que son propiedad del Estado, de todos los chilenos, que otorga a determinadas empresas el derecho a invertir para explotarlas y tener beneficios. A cambio de ese derecho, las empresas deben tributar y dejar una parte de las ganancias en el territorio nacional.

Cuando esas empresas aspiran a más, cuando se desboca su afán de lucro, cuando la meta de obtener ganancias deja de lado todo tipo de consideraciones, como el respeto al país en que están, a sus normativas y a los acuerdos suscritos, la situación es más grave.

Y espero que en el Senado estemos a la altura y actuemos en consecuencia en defensa de los derechos de todos los chilenos.

Fue un momento sin duda difícil, que opté por resolver a través del diálogo y de la negociación; en la vereda del frente quedaron aquellos que habrían optado por el uso de la violencia para desalojarlos, conforme a una tristemente vigente tradición autoritaria.

Los mismos que decidieron presentar una moción de censura en mi contra, para poner término anticipado a mi periodo como Presidente de esta corporación.

Esa moción no prosperó, debido a que los que sostenemos la vigencia y el valor de la democracia y del diálogo somos más.

Mi tesis de entonces y de ahora, que contó con el apoyo de la mayoría de los senadores, es que una institución democrática tiene que usar, por sobre todas las cosas, el diálogo, y no formas violentas y represivas, para resolver los conflictos.

No es difícil de entender. Y sí es difícil entender que no exista unanimidad al respecto, y más todavía en un momento en que las instituciones políticas han perdido legitimidad porque abandonaron a la ciudadanía y la gente tiene la percepción de que terminan defendiendo los intereses de grupos poderosos de la sociedad y no los de todos los ciudadanos.

Es preocupante. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, a condición de que la use bien y en defensa del bien común. No tiene carta blanca para ejercer la represión y la violencia.

Tenemos derechos consagrados en la carta fundamental que regulan estas materias. Pero ocurre que a este gobierno le cuesta mucho dialogar.

Por eso no quiere legitimar como un actor de cambio al movimiento social que llevan adelante los estudiantes. Es que, si dialoga, tendrá que explicitar su defensa de cuestiones que considera inamovibles, aunque las grandes mayorías las rechacen: el derecho al lucro, la negativa a elevar los impuestos, la concepción de la educación como un bien transable y no como un derecho ciudadano.

Por eso prefiere cerrar las vías y refugiarse en posiciones autoritarias desde donde esgrime razones sin avenirse a ponerlas sobre la mesa y analizarlas en su mérito junto a las ideas de otros.

Yo insistí en que el correcto ejercicio de la autoridad se funda en la persuasión y en el diálogo, no en la violencia y la represión. La única manera de avanzar es con todos, de manera inclusiva. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, sí, pero de ninguna manera el monopolio de la razón.

La discriminación es una forma concreta de desigualdad que hace imposible el disfrute de derechos y oportunidades para un amplio conjunto de personas y grupos de nuestro país. La discriminación es olvido y omisión; también abandono y exclusión.

En una sociedad democrática el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones adecuadas para que exista la garantía de que toda persona sea tratada en términos de igualdad, tanto en sus deberes como en sus derechos, entre ellos el que se le respete como persona, independiente de sus condiciones físicas o sus opciones valóricas. Religiosas o políticas.

La lucha contra la discriminación significa ampliar nuestra idea de igualdad para que a la igualdad frente a la ley agreguemos una igualdad real de oportunidades.

Las sociedades discriminatorias, son sociedades fragmentadas, desiguales, proclives a la violencia y con escasos vínculos de solidaridad.

Las sociedades donde se lucha contra la discriminación son más prósperas, más coherentes, más libres y solidarias. Unas y otras pueden ser democráticas, pero la calidad de su democracia depende de qué tan fuerte sea su esfuerzo antidiscriminatorio.

El desarrollo de una cultura de la no discriminación implica crear conciencia en la población respecto a que todas las personas son iguales en dignidad y derechos fundamentales, independientemente de su origen, características, preferencias y convicciones.

Si en la vida social sólo contemplamos como válidas una sola verdad y una sola ruta transitable, seremos incapaces de reconocer simple y sencillamente que los que piensan distinto y transitan por otras rutas puedan tener algo de razón. Seremos incapaces de reconocer el sentido positivo del pluralismo y la diversidad.

De aprobarse, y esperamos que así sea, Chile dejaría de ser el único país latinoamericano en no contar con una legislación que condene las acciones discriminatorias. Para naciones como Brasil, Argentina y México, sin mencionar Europa, este tipo de legislaciones son parte de su vida cotidiana desde hace ya varios años.

Contrario a lo que muchos pudieran plantear, una Ley Antidiscriminación no es necesariamente la puerta de entrada a la aprobación de temas en los cuales hay división valórica como por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Lo que busca es la igualdad de todos los ciudadanos, el respeto a la diversidad y a las minorías, pero por sobre todo, la condena a todo tipo de discriminación por sexo, credo o religión. Es garantizar dignidad y respeto.

Chile es un país diverso y precisamente ahí es donde radica su riqueza.

La aprobación de Ley Antidiscriminación marcaría un antes y un después y nos colocará a nivel de países desarrollados y a la par del resto de nuestros vecinos latinoamericanos.

Sería un paso más en la construcción de un Chile más justo, igualitario y con una democracia de mejor calidad.

El año pasado celebramos los dos siglos corridos desde que iniciamos nuestra andadura hacia la independencia; en 2011, los 200 años de existencia del Congreso Nacional.

Es importante celebrar estos aniversarios porque sirven para mirar el presente y el futuro con perspectiva histórica, desde lo que hemos vivido y desde el orden que nos hemos dado.

Recuerdo estos aniversarios para resaltar el valor de los espacios republicanos, que no reside tanto en las edificaciones como en los conceptos asociados a ellas.

Nuestra sede del Congreso Nacional en Santiago es el símbolo visible y palpable de nuestra soberanía, de nuestras libertades, de nuestra democracia representativa.

Por lo mismo, por ese carácter tan importante para nosotros y tan arraigado en la historia, no podía acudir a la fuerza pública para desalojarlo.

La violencia y la represión nunca pueden ser los primeros recursos de la autoridad. Antes está el diálogo, el razonamiento, la conversación.

Y antes todavía está el escuchar. Tenemos tantos jóvenes y sus familias que llevan meses movilizados en pos de demandas ciertamente justas y atendibles.

Pasan las semanas, pasan los meses, y el gobierno sigue apostando por el desgaste y jugando con la desesperación de esos padres endeudados por la educación de sus hijos.

Ese es el contexto de la toma del Congreso Nacional. No estuve de acuerdo con el hecho; además, creo que debimos haber previsto algo así y tomaremos las medidas para que no se repita.

Pero puedo entender la frustración y la ira de estos jóvenes ante la desidia del gobierno.

Y no puedo entender que el gobierno ofrezca siempre, como primera respuesta, la represión y la violencia.

¿Íbamos a dar, ante el mundo, el ignominioso espectáculo de una policía militarizada entrando a la sede del poder legislativo, allí donde dialogan y se encuentran todas las tendencias políticas del país, para reprimir, golpear y detener a jóvenes que sólo querían ser escuchados?

Yo decidí que no y hoy, con el ánimo más frío, reafirmo esa decisión.

Creo que la democracia y las tradiciones republicanas son más efectivas y valiosas que los golpes de autoridad.

Creo que el respeto no se gana a golpes.

Creo que hay que escuchar a los estudiantes. Lo vengo diciendo hace tiempo: la voz de la calle es imparable.

Y quienes no la escuchan no sólo pierden popularidad, sino también legitimidad.