Muchos parten su análisis de lo que sucede actualmente en España desde el prisma de la crisis económica y financiera que tanto se ha cebado con este país, sin embargo parecería más acertado retrotraernos al propio comienzo de esta era “democrática” para comprender mejor el origen de tantos males sin que ello signifique olvidar que estamos viviendo una brutal crisis que ha generado un auténtico ejército de desempleados, pérdidas incalculables y un ambiente de depresión colectiva del cual difícilmente se saldrá en corto.

La crisis económica y financiera ha llevado al cierre de miles de empresas, a la generación de casi 6 millones de desempleados, al cercenamiento de una serie de garantías sociales preexistentes, a la pérdida de competitividad y, también, ha servido de excusa para la implantación de una serie de políticas económicas de carácter neo-liberales que, de consolidarse, terminarán cambiando el modelo social y económico español, siendo indiscutible que muchos de los problemas sociales y políticos actuales ya existían pero se veían menos, producto de la opulencia en que se vivía.

Con todo, el auténtico problema de España no pasa tanto por la crisis económica – siempre superable – sino por una de carácter institucional cuyos orígenes habría que buscar en el tan cacareado como fracasado modelo de transición a la democracia.

Siempre ha existido una exaltación desmedida e infundada sobre la “modélica transición española” pero, analizada en perspectiva, solo se trató de un acuerdo entre las clases dirigentes para cambiar todo sin cambiar nada, sin exigencia alguna de responsabilidades por lo sucedido durante la dictadura y, sobre todo, sin tocar un modelo de reparto de poderes que sólo generaría los fenómenos que actualmente estamos viendo como destacados.

Durante la transición se pactó todo, especialmente el reparto de poderes y el prorrateo del mismo en órganos tales como el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y todos aquellos lugares donde pudiese existir algún tipo de poder real; las consecuencias están hoy a la vista: se ha generado una clase política netamente extractiva distanciada o totalmente alejada de la sociedad a la que dicen representar y que, en base a ese reparto de poderes resulta casi incontrolable.

Junto con este reparto se gestó una monarquía de nuevo cuño, sustentada en el carisma del Rey, pero alejada de cualquier esquema moderno de Estado; de ahí, una Casa Real también incontrolable y poco transparente que ha generado no pocos focos de atención y que, ahora, se ve sumida en una de sus mayores crisis producto de la actuación del propio monarca, inadmisible en un Estado democrático y de derecho, así como la de su yerno, implicado en graves casos de corrupción.

Dentro de todo este panorama aparece un caso de corrupción que afecta directamente a la cúpula del partido gobernante; una serie de anotaciones contables que reflejarían otros tantos pagos en metálico por diversos e inconfesables conceptos a algunos de los más destacados dirigentes del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza tanto de Gobierno como de las anotaciones contables.

Este escándalo ha dado la vuelta al mundo y generado la sensación, a nivel internacional, de tratarse de una novedad pero, en el plano nacional, estamos acostumbrados a casos de corrupción y, por ello, no nos sorprende tanto como a la prensa extranjera.

Seguramente, y sin restar un ápice de relevancia a este nuevo caso de descomposición, lo más relevante es el momento en que se produce, justo cuando el propio Partido Popular no estaba dando clases de economía, clases de ética, clases de saber adaptarse a los tiempos que corren y, sobre todo, cuando a la ciudadanía se le estaba y está pidiendo esfuerzos dignos de un periodo especial.

Las razones detrás de la corrupción en España son diversas pero, sin duda alguna, la principal radica en la escasez de auténticos mecanismos de control de carácter independiente, situación que se arrastra desde la “modélica transición” en la cual todo quedó atado y bien atado.

Es imposible controlar a una clase política determinada si los mecanismos de control están, justamente, en sus manos o cuentan con una cuestionada independencia; basta ver el caso del Tribunal de Cuentas (una suerte de Contraloría) o los más altos Tribunales del país donde lo que prima es el cuoteo en los nombramientos de sus titulares.

Siempre nos quedaría la Fiscalía, dirán algunos, pero se trata de un órgano jerárquico donde el Fiscal General del Estado es, también, nombrado por el Gobierno.

Por otra parte, existiría un problema cultural muy asentado en un amplio sector de la política española – transformada en una clase meramente extractiva – y que bien se reflejó en palabras de una ex ministra socialista cuando dijo “el dinero público no es de nadie”, error que lleva a pensar que, por no ser de nadie, está a libre disposición para su apropiación.

Junto con todo esto también debe destacarse el crecimiento y consolidación de una clase empresarial, ahora muy ligada a Chile, producto de multitud de inversiones, que ha crecido en la cultura de que para hacer negocios hay que pagar a los políticos; no podemos olvidar que los dineros detectados en la contabilidad atribuida al Partido Popular vendría de diversos empresarios y empresas y que habrían sido entregados por razones pendientes de aclarar.

Dentro de este gris panorama lo que se está generando en la sociedad española es un elevado resentimiento hacia la “casta” política y un nivel de indignación que puede conducir a situaciones que los políticos tradicionales no están siendo capaces de leer; basta remitirnos a algunos análisis recientemente publicados en los que la mejor de las ideas que se propone es un gran pacto de Estado entre los principales partidos políticos españoles (PP y PSOE).

Pretender que la solución al hundimiento económico, político, social y moral de España está en las manos de quienes nos han llevado hasta este punto es tanto como creer que el gato será buen guardián de la carnicería; aquí, lo que realmente hace falta es otra cosa y, para ello, uno de los mayores lastres se encuentra, justamente, en esa “modélica transición”.

Dicen, no sin cierto cinismo, que “toda crisis es una oportunidad” y, aplicándose a la actual que afecta a España, la gran oportunidad consiste no tanto en proceder a un traspaso de riquezas de unas manos a otras – acción propia de las crisis económicas – sino en proceder a salir de un modelo de Estado para crear uno distinto.

Seguramente este es el mejor momento para plantearse la necesidad de un proceso constituyente en el cual se creen las bases para una sociedad moderna, democrática, más justa y, sobre todo, en la cual existan poderes y contra-poderes capaces de impedir que se llegue a situaciones como la que actualmente estamos viviendo; en pocas palabras, va siendo hora de democratizar España pero en el sentido más amplio del término y teniendo presente que un Estado no se define como democrático por celebrar elecciones cada cuatro años sino por garantizar un conjunto de derechos y libertades comunes y por la inexistencia de ámbitos de impunidad para nadie.

El auténtico desafío que enfrenta la sociedad española radica no en salir de la crisis económica, que se saldrá, sino en superar un esquema y estructura de Estado que surgió de un pacto de pocos y pensado para pocos para transformarse en una sociedad plural, responsable, igualitaria, coherente y justa en la que los ciudadanos tengamos un papel importante en la toma de decisiones para no ser gobernados por una casta sino por un conjunto de nuestros representantes.

Las claves del escrito del Fiscal Carlos Bautista son, principalmente, dos: por una parte y por primera vez, se realiza una detallada descripción de los macabros hechos que condujeron a la muerte de Carmelo Soria, un relato de hecho demoledor, apabullante y estremecedor y, de otra, se asienta una calificación jurídica concreta que lleva a la necesidad de la persecución de los autores aquí en España, en tanto en cuanto en Chile no se adopten las medidas legislativas o jurisprudenciales que permitan la exigencia de responsabilidad en el lugar de su comisión.

El relato sistemático de hechos lleva a Bautista a la conclusión cierta de encontrarnos ante un delito de genocidio en concurso con sendos delitos de asesinato y secuestro; estamos ante la más dura de las calificaciones jurídicas posibles a los hechos cometidos por la dictadura militar al determinarse, por parte del Fiscal español, que las acciones se enmarcaban dentro de un plan sistemático; a este respecto algunos discreparán, otros no lo haremos.

Sobre la razón por la cual en Chile estos hechos no se han enjuiciado, sólo desde el punto de análisis jurídico, sería la Ley de Amnistía que, como bien la califica Bautista, no es más que “…un acto material de auto-amnistía de la dictadura militar chilena que se camufló bajo la apariencia de norma jurídica”.

Este razonamiento encuentra su base en los pronunciamientos establecidos en Nürenberg, en el juicio a los juristas del régimen Nazi y cobra valor como mensaje directo a la clase política chilena y a la judicatura de nuestro país: un acto material de auto-amnistía camuflado bajo la apariencia de norma jurídica, ni es Derecho, ni es alegable para obtener la impunidad, razón principal por la cual desde la Fiscalía española reclaman la competencia para enjuiciar a sus responsables.

Podríamos y podemos discrepar de Bautista en cuanto a las diferencias entre la Ley de Amnistía chilena y la española, creo que no existen tales diferencias, pero no vamos a enfrentarnos, muy por el contrario apoyarle, cuando afirma que la auto-amnistía de Pinochet es un acto material carente de sustento y relevancia jurídica y, por tanto, inválido jurídicamente hablando para alcanzar el objetivo pretendido por quienes se concedieron tal prerrogativa con el único propósito de obtener la impunidad que, sin duda, es la que se desmorona con la postura de la fiscalía española.

Todo ladrón desearía poder actuar impunemente, todo asesino y delincuente también y todo dictador lo consigue hasta aquel momento en que se restauran las libertades y se reencuentra una nación con los principios democráticos; en Chile, por el contrario, llevamos más de dos décadas desde la recuperación de la democracia y, hasta la fecha, no hemos sido capaces de derogar una Ley que no es Derecho.

Mucho habrá de analizarse el estructurado, conciso y demoledor escrito del documentado Fiscal Carlos Bautista pero el mensaje que nos está enviando a la sociedad chilena, a la clase política y a la comunidad jurídica nacional no es otro que: es responsabilidad de los poderes públicos chilenos el derogar una norma que sólo tiene apariencia de Derecho pero que no lo es y, conseguido eso, serán nuestro tribunales los que asumirán la investigación, enjuiciamiento y exigencia de responsabilidad por los crímenes de la dictadura militar.

La postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional no es una de intervencionismo en los asuntos chilenos, no es una de paternalismo sobre nuestro sistema judicial ni mucho menos la de entrometerse allí donde no han sido llamados; en este caso, por imperativo legal y de los convenios internacionales suscritos tanto por Chile como por España, el caso de Carmelo Soria, y otros muchos más, es asunto de España en tanto nosotros no los asumamos.

Es decir, si no queremos que nuestra ropa sucia sea lavada fuera de casa entonces debemos preocuparnos de eliminar aquellos obstáculos que, en apariencia (digo en apariencia porque las leyes que no son Derecho carecen de valor vinculante, al menos en democracia), impiden que revisemos nuestra historia más reciente y dotarnos de los instrumentos necesarios para cumplir con nuestro deber como sociedad.

Una sociedad madura revisa no sólo su historia sino, también, su ordenamiento jurídico para irlo adaptando a las normas internacionales y a los principios propios de todo Estado Democrático.Esto sigue siendo tarea pendiente en Chile.

Colisionar con el iceberg de la crisis financiera pudo ser evitable pero no se habían establecido los necesarios mecanismos de seguridad como para que eso no sucediese; en todo caso el golpe, con rotura de casco, no implicaba necesariamente el hundimiento de la economía española.

Las causas de la actual situación no se explican sólo por dicha colisión ni por el tamaño del témpano sino que debe hacerse un análisis en profundidad si queremos que hechos como éste no se vuelvan a repetir o que, en caso de suceder, se puedan salvar los muebles y, sobre todo, a los pasajeros.

Verse súbitamente golpeados por un iceberg, o por una crisis económica mundial, no es causa bastante para el necesario hundimiento ni de un trasatlántico ni de un país europeo que se precia de moderno y, por ello, habrá de analizarse los fallos en el diseño y, también, en la construcción de este Estado que es donde parece asentarse el auténtico problema.

La economía española basó su crecimiento tanto en la recepción de ingentes fondos de ayuda o cohesión de origen europeo, que fueron los que permitieron el desarrollo de las actuales infraestructuras públicas y, también, en un modelo asentado en la especulación inmobiliaria propio de la cultura del pelotazo; cualquiera con un terreno bien localizado y bien calificado, es decir construible, terminaba siendo millonario por el solo efecto de la especulación inmobiliaria.

Las familias, incluso, en lugar de ahorrar y generar riqueza se dedicaban a la compra especulativa de propiedades más allá de toda lógica y, sobre todo, de sus propias posibilidades alcanzando preocupantes niveles de endeudamiento privado al que hoy, pinchada la burbuja inmobiliaria, no pueden hacer frente.

Ante este fenómeno especulativo ningún tipo de mecanismo corrector se había arbitrado por parte del Estado sino que, por el contrario, existía una suerte de mirada complaciente como si esa fuese la forma de generar riqueza en un país poco acostumbrado a tenerla; es decir, los remaches, tornillos y estructura del barco no resistirían ninguna colisión.

Se apostó pública y privadamente por un modelo no productivo sino especulativo y las consecuencias es que cuando se dieron cuenta de que se venía encima un iceberg y trataron de parar las máquinas, pinchar la burbuja, ya era muy tarde… íbamos irremediablemente hacia un choque ante el cual estamos reaccionando de forma equivocada, tal cual sucedió con el Titanic.

En estos tres últimos años el agua no para de entrar en las bodegas de este país y, como el modelo constructivo del mismo no estaba diseñado para solventar un “accidente” de estas dimensiones el barco comienza a escorarse a ritmo trepidante y con clara previsión de hundimiento pero, mientras esto ocurre, la tripulación, mal dirigida y peor entrenada, no es capaz de dar órdenes coherentes que permitan a los pasajeros llegar a los escasos botes salvavidas de los que se dotó a esta embarcación.

Algunos pensaban que no era necesario contar con botes salvavidas o que sólo se necesitaban unos pocos, para los pasajeros de primera clase, porque este barco jamás se hundiría y porque, de hacerlo, bastaba con salvar a los de esa privilegiada cubierta.

La desbandada y el caos son ya una realidad, tal cual lo fue en el Titanic.

Como en toda situación de emergencia, no faltan los insensatos o inconscientes y, mientras la nave se va escorando, la orquesta sigue tocando o, como ocurre en España, en un momento en que se necesita de esfuerzos extraordinarios son muchos los que siguen bailando o marchándose temprano del trabajo o a disfrutar de cuanto día festivo existe en lugar de tratar de incrementar, al menos un poco, la productividad y la tasa de ahorro de las familias.

Los pasajeros de primera clase, y la tripulación mal guiada por su capitán, se esfuerzan en decir que la culpa es del iceberg y que los de las cubiertas inferiores serán los que tienen que sacrificarse; como si la tragedia no fuese con todos sino con aquellos más desfavorecidos.

Dentro de toda esta locura, propia de toda gran tragedia, no faltan los enamorados que retozan despreocupadamente hasta que el agua comienza a alcanzar las dependencias en las que ellos se habían escondido de las miradas indiscretas para disfrutar de su especial relación y, llegados a este punto, a más de alguno se le habrá venido a la cabeza algún tipo de expedición africana que terminaría como en la película, con el protagonista muriendo, al menos políticamente, cerca de su amada.

Esta parte no es achacable al iceberg sino, sin duda, a los errores de construcción o al diseño escogido y que, en el caso de España, surge de un pacto entre pocos en lugar de un auténtico contrato social; son las élites las que acuerdan la salida de una dictadura y la entrada, consensuada, en un modelo democrático pero claramente tributario del régimen anterior y si no es así ¿cómo se explica que el actual Jefe del Estado haya sido antes “sucesor a título de Rey”? porque, como nos recuerda el refranero: de esas tierras estos lodos.

En cualquier caso, el problema estructural no afecta sólo a la Jefatura del Estado o armador, sino a la propia forma de gobierno o comandancia y a la inexistente pero deseada separación de poderes que permitiría tener una democracia más sana, más representativa y en la cual existiese un mayor control de las acciones, decisiones e intereses de la clase gobernante o puente de mando; eso no se da porque todos los de la cubierta de primera clase están conformes con el actual modelo y, además, en caso de hundimiento para ellos sí hay botes salvavidas.

En medio de todo este caos viene uno, al que tratan como si fuese un polizón sudamericano, y les quita una de sus joyas, cual expropiación de Repsol se tratase, y mientras se hunde el barco los de primera, segunda y tercera clase se dedican a vilipendiar a quien sólo ha pedido lo suyo.

De una u otra forma, muchos, en lugar de tratar salvar el barco, piensan que lo mejor es esperar a la llegada del Carpathia, la Unión Europea en este caso, olvidándose que es muy probable que existan problemas de comunicación, que el operador de turno se haya ido a dormir o que el auténtico capitán del barco socorrista (la Sra. Merkel) se niega a auxiliarnos por razones poco confesables.

Sea como sea, al final del día las similitudes son tantas que es muy probable que, para cuando acuda al rescate de España, el Carpathia de turno, será muy tarde y se encontrará a unos pocos náufragos agarrados a cualquier objeto flotando y a los pasajeros de primera clase vestidos de gala y sentados en sus botes salvavidas.

El desenlace está próximo y es previsible, lo importante es si vamos a tener que esperar cien años para darnos cuenta de que la culpa no sólo fue del iceberg sino, sobre todo, de los fallos de la estructura y diseño de España, este barco que se hunde a ritmo frenético.

La campaña electoral, ya largamente analizada, consistió en un ominoso silencio sobre las medidas que se adoptarían y, también, en una crítica despiadada hacia la gestión del gobierno de Zapatero; lo que callaron era más importante que lo que dijeron pero en cien días ya todo ha quedado aclarado.

Rajoy no venía para realizar una política distinta a la de Zapatero sino para perfeccionar la aplicación de un modelo determinado que ha sido preestablecido fuera de España, más bien desde Berlín, y para lo cual se requieren una serie de medidas restrictivas en lo social y económico; de cosecha nacional sólo son las restricciones a la libertad personal y que se asientan en una visión ultraconservadora de la realidad.

Tal cual ha pasado con otros gobiernos de derechas en Europa, el desgaste que está comenzando a sufrir Rajoy le pasará factura no sólo a él sino, especialmente, a su propio partido y el mejor ejemplo lo han tenido en las recientes elecciones regionales de Andalucía en las cuales no han logrado la tan cacareada mayoría absoluta con la que contaba el Partido Popular.

Seguramente esta será la primera de muchas derrotas electorales, de ámbito autonómico y municipal que tendrá que soportar Rajoy en los próximos cuatro años, si es que su gobierno dura tanto.

Lo que no se puede negar es que estos primeros cien días han sido una auténtica vorágine legislativa, siempre mediante la utilización de los sistemas más expeditos y menos democráticos que prevé el ordenamiento jurídico: los reales decretos.

Entre los más sonados “logros” de este gobierno está la reforma de las normas laborales, dicen que se reforma el mercado laboral cuando, en realidad, lo que se hace es abaratar el despido.

Una auténtica reforma del mercado de trabajo pasaría por abaratar la contratación, siendo un eufemismo que un país con cinco millones de desempleados denomine reforma laboral a aquello que sólo generará más desempleo.

Como si lo anterior no fuese poco, en los planes ya anunciados por el Gobierno de España están otra serie de reformas que nos llevarán, si nada lo impide, a unas tasas de desempleo nunca antes vistas y, cuyas consecuencias sociales y políticas, no parecen preocupar a un mandatario que confía ciegamente en la abultada pero engañosa mayoría absoluta con la que cuenta.

Los planes, ambiciosos como pocos, pasan por desarrollar una ley de estabilidad presupuestaria “para que todas las Administraciones cumplan los objetivos de déficit público y no gasten lo que no tienen”, es decir estrangular más el gasto público para que este sector sea incapaz de tirar de la economía como se necesitaría en los tiempos actuales dejando todo en manos de los empresarios que, por cierto, a duras penas llegan a fin de mes como para ser los encargados de la reactivación económica.

Una de las más preocupantes tareas que dice tener pendiente Rajoy sería la de “culminar el proceso de saneamiento y reestructuración del sistema financiero” sin más pistas pero que nos recuerda, mucho, a una suerte de rescate de dicho sector, siempre a cargo de las escuetas arcas públicas: socializar las pérdidas una vez que se privatizaron los beneficios.

También se pretende “poner en marcha el proceso de reforma de los servicios públicos”, que seguramente pasará por la reducción de los mismos hasta niveles propios de otra época en España y, sobre todo, trasladando a los usuarios el costo de las prestaciones y privatizando la gestión de estos servicios, privatización que, seguramente, será asignada a las empresas de siempre.

Se realizará un esfuerzo para eliminar las “muchas” duplicidades que existen “en todas las Administraciones” y, para ello, Rajoy ha pedido a las comunidades autónomas (regiones) y las corporaciones locales (municipalidades) “que le den la máxima importancia a este asunto capital”. Lo que ni dice ni se atreve a decir es que eso es casi tanto como destruir la estructura constitucional de división territorial y política de la que en su día España se dotó.

Junto con lo anterior pretende, ya para terminar con el sistema de autonomías que rige en España, adoptar decisiones en materia de unidad de mercado, porque “no puede haber 17 normas (las mismas que Comunidades Autónomas), decretos, reglamentos, que lo único que hacen es confundir y ponerle las cosas mucho más difíciles a los emprendedores”.

Obviamente este es un guiño al sector más nacionalista de España que pretende recuperar la indivisibilidad de la nación española de la que tanto presumía Franco.

A pesar de haber realizado ya la mal llamada reforma laboral, entre sus desafíos se plantea el poner en marcha en este trimestre la ley de emprendedores, “con el objetivo de apoyar a las pymes y a los autónomos y estimular la creación de empleo”, es decir adoptar medidas que se desconoce en qué consisten, pero que suenan bien, y que, sin duda, son ocurrencias de último minuto para satisfacer, aun cuando sea temporalmente, a aquellos sectores económicos más perjudicados durante esta ya larga crisis económica.

Dentro de este catálogo de “ocurrencias” que no de medidas orientadas a superar la crisis, no podemos olvidar la pretensión de aprobar un plan de lucha contra el fraude fiscal, el fraude en la seguridad social y en la percepción del seguro de desempleo.

En este punto, ha recalcado Rajoy que su Gobierno va a intentar “que todo el mundo cumpla con sus obligaciones; y, si no lo hace, tendrá la sanción que a cualquier persona normal y a cualquier demócrata le parece razonable”.

Pues bien, al respecto y dentro del plano de lo jocoso, la primera “ocurrencia” en materia de prevención del fraude fiscal ha sido el anuncio de una “amnistía fiscal” para que aflore el dinero negro que genera la economía sumergida en España; esto es algo así como un “perdonazo” a todo aquel empresario que en los últimos años se ha “olvidado” de cumplir con sus obligaciones tributarias: el premio al defraudador.

Toda este desaforado esfuerzo reformista está comenzando a verse contestado por la ciudadanía y el mejor ejemplo ha sido la reciente y masiva huelga general y las manifestaciones multitudinarias realizadas en toda España; la efervescencia social es algo que sólo parece estar comenzando y que, sin duda, amargarán esa sensación de absolutismo, por la mayoría con que cuenta, que impregna no sólo la actuación de Rajoy sino, incluso, su nefasta política comunicacional.

En resumidas cuentas, estos primeros cien días han sido un buen ejemplo de lo malo que resulta ir a votar en contra de alguien en lugar de hacerlo a favor de un determinado proyecto así como de lo largo que se nos harán los años que aún quedan de gobierno del Partido Popular.

España votó en contra de Zapatero sin pensar que con Rajoy no había proyecto, al menos no propio, sino una profundización de aquello que en algún medio como la revista “Mongolia” se ha dado en llamar “hacer un Zapatero”, que no es otra cosa que entrar al gobierno como socialdemócrata y salir como liberal.

Juan Carlos Velasco, del Instituto de Filosofía de CSIC establece que el concepto de ciudadanía “implica en principio una relación de pertenencia con una determinada politeia (o comunidad política), una relación asegurada en términos jurídicos, pero también denota una forma de participación activa en los asuntos públicos. Por un lado, supone una condición de status y, por otro, define una práctica política”

Es a través de esta consideración – como ciudadano – por la cual se mide el grado o nivel de pertenencia a una comunidad política determinada, en este caso una nación o país y, también, el nivel de participación activa en sus asuntos políticos pero, al mismo tiempo, y a sensu contrario quien no tiene participación política en los asuntos de un país no puede considerarse ciudadano.

El mismo Velasco indica que “la construcción social del ciudadano y del extranjero son respectivamente la cara y la cruz de un mismo proceso”, entendiéndose que los primeros son los que cuentan con los derechos civiles y políticos dentro de una determinada comunidad – personas plenas – y los extranjeros serían a los que sólo se le reconocen los derechos civiles, una suerte de persona semiplena, sin perjuicio de tener en consideración que el concepto de ciudadano ha ido evolucionando a lo largo de la historia de forma muy dinámica.

Partiendo de estas premisas habría que analizar la situación en la cual nos encontramos los chilenos que vivimos en el exterior a la hora de valorar si somos o no ciudadanos y si se nos trata como tal.

La pinochetista Constitución de 1980 establece que la calidad de ciudadano otorga el derecho de sufragio – también la obligación de votar- y, además, las causas por las cuales se puede suspender el derecho/deber de sufragio y la propia calidad de ciudadano. En ninguna de esas normas se establece que el derecho/deber de votar ni la condición de chileno se pueda perder por residir en el extranjero.

Por su parte, en el caso español el propio texto constitucional de 1978 establece que los ciudadanos, con referencia expresa a los de nacionalidad española, serán titulares de los derechos de sufragio activo y pasivo así como los ciudadanos nacionales de aquellos países con los que España tenga acuerdos de reciprocidad a la hora de ejercitar los derechos electorales pero limitándolo a las elecciones municipales.

De lo anterior se desprende, necesariamente, que quienes estamos privados de nuestro derecho al voto en Chile, por residir en el extranjero, o en España por no habernos nacionalizado, lo que realmente hemos perdido es la condición de ciudadanos y, por tanto, debemos encontrarnos en una categoría especial que nos ubica en el limbo entre el menor de edad y el apátrida.

Dicho en otros términos, somos tratados como extranjeros en nuestro propio país y, también, allí donde hemos decidido radicarnos, por las razones particulares que sean.

Se nos deja fuera de la toma de decisiones políticas que afectan directamente bien a nuestra comunidad de residencia bien a nuestra comunidad de origen siendo, sin duda, lo más grave esto último porque equivale a una discriminación por razón de residencia, contraria a cualquier convenio internacional sobre derechos civiles y políticos.

No existe un sustento constitucional, en Chile, para excluirnos de participar en lo que es nuestra comunidad política de origen y dicha limitación se sustenta en normas de inferior rango que el constitucional; esto abre la vía para preguntarnos si la limitación de dicho derecho representa o no una inconstitucionalidad pactada por los actores políticos que no han sabido o no han querido asumir que, en el marco constitucional en el que se desarrolla la convivencia en Chile, tenemos todo el derecho a votar solo que el mismo no está regulado de forma adecuada.

Podemos entender, que no compartir, que en el pasado interesaba excluir del derecho al voto a quienes habían tenido que exiliarse; era una premisa de la supervivencia de la dictadura pero, ahora, esto ya resulta más cuestionable y, sobre todo, cuando en la clase política hay muchos que, en su momento, también vivieron en el extranjero.

Si se pretende construir un país moderno, si queremos ser un tigre más del desarrollo entonces lo que es inadmisible es que sigamos manteniendo estructuras cuasi feudales en las cuales unos son ciudadanos y otros sólo súbditos.

Como el propio Garzón afirma, cuando dice que está ante el pelotón de fusilamiento y que ha pedido que le quiten la venda, no cabe duda que será condenado en uno, dos o los tres procesos a los que se enfrenta y con su condena lo que se conseguirá es deteriorar, más si cabe, la maltrecha imagen de la Justicia española pero eso no parece ser lo realmente relevante sino la condena del Juez incómodo.

Comprender la actual situación de Garzón no es sencillo, estamos ante una telaraña judicial que, sin el mapa adecuado, parecería justamente lo que se ha pretendido presentarnos: que estaríamos ante un Juez corrupto, ante un prevaricador y, así, que todos estuviésemos conformes con su lapidación.

Garzón ni es perfecto, ni siempre ha acertado pero, qué duda puede caber, se le lleva al paredón por su trayectoria, para respaldar a los corruptos y, sobre todo, para seguir manteniendo bajo la alfombra que todo lo cubre, las inmundicias de la dictadura de Franco.

Todo comenzó con una querella de un pseudo-sindicato ultraderechista denominado “Manos Limpias”, el cual le acusó de prevaricación por arrogarse la competencia para investigar los crímenes del franquismo.

Para unos, esa competencia, en base a la cual actuó Garzón, es cuestionable jurídicamente hablando y, para otros – algunos jueces relevantes – no lo sería y el lapidado Juez habría actuado correctamente.

En todo caso, la sanción más ajustada a derecho que correspondería por haber actuado sin la adecuada competencia sería la nulidad de las actuaciones pero, jamás, estaríamos ante una prevaricación porque allí donde caben diversas interpretaciones es imposible que entre el dolo propio de un delito tan específico como el que se le imputa.

Luego, y aprovechándose del tirón que tuvo la primera de las causas contra Garzón, se presentó una segunda querella, esta vez por unos supuestos delitos de cohecho y prevaricación: según los querellantes, el Juez habría archivado un procedimiento en contra de Emilio Botín, dueño del Banco Santander, a cambio de un patrocinio de dicho banco a unos cursos que el propio Juez impartió en la Universidad de Nueva York.

La realidad dista mucho de tal ficción: Garzón acordó el sobreseimiento de Botín a requerimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dicha resolución se produjo varios años antes de que la Universidad de Nueva York pidiese a Botín, y a otros muchos empresarios más, el patrocinio necesario para una serie de conferencias en las cuales el defenestrado Juez fue uno de los ponentes.

Finalmente, los abogados de un grupo de imputados, por el mayor caso corrupción que se investiga en España, interpusieron una querella en contra de Garzón, ya el tercero de los procesos abiertos y justamente el primero en enjuiciarse, por un presunto delito de prevaricación por haber ordenado escuchar y grabar las conversaciones, en prisión, entre los imputados y sus abogados.

Una vez más la realidad supera a la ficción jurídica creada para imputarle.

El Juez sí ordenó la intervención de las comunicaciones de unos determinados presos, medida que se practica en España con bastante más asiduidad de la deseada, y entre esas comunicaciones había algunas con determinados abogados que, según se ha podido saber, implicaban hechos que excedían el ámbito del derecho de defensa.

Para la intervención de estas comunicaciones el Juez contaba con un amparo legal, constitucionalmente cuestionable pero plasmado en la legislación vigente, que permite dos o tres distintas interpretaciones.

Lo que realmente importa en este caso es que esas escuchas afectaban a relevantes miembros del Partido Popular (la derecha española) e, incluso, podían aportar datos sobre una supuesta financiación irregular de dicho partido. Estas escuchas fueron avaladas no sólo por la propia fiscalía sino que, además, fueron luego prorrogadas por otro Juez en contra del cual ningún proceso se ha seguido.

Los últimos serán los primeros, parece ser que han dicho los Magistrados del Tribunal Supremo y han recorrido diversos vericuetos legales para conseguir que el último de los procesos en contra de Garzón sea el primero en llegar a Juicio Oral.

Motivos no les faltan pero parecería que el principal es tratar de minar la reputación de Garzón y así restarle apoyos sociales de cara al próximo juicio, el que se inicia este 24 de enero, por los crímenes del franquismo. Se ha dejado para el final aquel denominado “los cobros del Santander” y eso, siendo malpensados, podría ser porque carece de cualquier sustento probatorio y, si se le absuelve, ya daría lo mismo estaría previamente condenado y rematado con dos sentencias previas.

Para los dos juicios que se celebran en este mes de enero el Tribunal Supremo, en un alarde de lo que es el poder sin autoridad, le ha denegado de forma sistemática todas las pruebas que ha presentado Garzón y su defensa, dejándole desprovisto de cualquier medio que le permita acreditar su inocencia.

Alguno de mente calenturienta podría pensar que son las reminiscencias de la inquisición española o actos propios de un grupo de jueces que se formaron en el tardo-franquismo y que para acceder a la carrera judicial juraron respeto a las leyes del movimiento nacional.

De este laberinto judicial Garzón saldrá mal parado, será condenado y eso significará el fin de una dilatada carrera judicial en la cual ha hecho grades cosas y ha cometido errores también de calado.

Sin ir más lejos recuerdo uno muy directamente: cuando me procesó por unos hechos que no cometí, en todo caso errar es humano y sin romper huevos no se hacen tortillas.

Entre sus aciertos está la consolidación de los principios de jurisdicción universal y las implicaciones que ello tuvo tanto en el caso de Pinochet como en el de las dictaduras militares de Argentina. Sin su trabajo hoy la Historia sería distinta.

Ahora bien, en estos juicios contra Garzón lo que realmente estamos defendiendo no es a la persona, ni tan siquiera lo que ésta representa, aquí se defiende la necesidad de una renovación integral e íntegra del sistema judicial español, la consolidación de los valores y principios democráticos al interior de uno de los poderes del Estado y, sobre todo, la exigencia de responsabilidades por los crímenes más graves, como los del franquismo, para que a través de un proceso justo de búsqueda de la verdad y exigencias de responsabilidad se pueda llegar a la deseada reparación para las miles de víctimas que dicha dictadura generó y a las cuales, los vencedores, siempre han tratado de ignorar.

La gran paradoja de todo esto es que, en España, primero se enjuicia a quien investiga la corrupción pero no a los corruptos, luego a quien investiga los crímenes del franquismo pero no a los que los cometieron y, finalmente, si nada de eso da resultado entonces se enjuicia a un Juez que ha cobrado por dar unas conferencias, es decir lo mismo que hacen cada semana quienes le enjuiciarán.

La “guerra contra el terror” iniciada por Bush no ha sido más que un eufemismo para entronizar la comisión a escala universal de los más atroces delitos internacionales que, ahora, se pretende queden impunes.

A estas alturas sobra explicar lo que ha sido y es Guantánamo: las historias de los presos son múltiples – baste conocer la de alguno, como la del turco-alemán Murat Kurnatz, para comprender lo aberrante de la existencia de Guantánamo – y las justificaciones de los perpetradores variadas – algunas sorprendentes, por inadmisibles, como las de la Coronel Jurídica Diane Beaver.

Tampoco debería bastarnos la promesa e intención postelectoral de Obama cuando anunció hace casi 2 años el cierre de un centro por cuyas celdas e instalaciones – diseñadas para la tortura- han pasado más de 779 presos de los cuales hoy quedan unos 196 y de estos últimos ya se ha acordado que 89 sean trasladados nuevamente a sus casas o a terceros países, pero siguen allí sin juicio, sin cargos y sin justicia.

Después de una década de ignominiosa existencia, de este y otros centros de detención y tortura, deberíamos plantearnos la necesidad de exigencia de responsabilidades; de hecho, se está haciendo en diversas jurisdicciones que cuentan con los mecanismos necesarios para ello. Lo lamentable es que allí donde se ha pretendido, la respuesta ha sido siempre la misma: nadie quiere investigar.

En España, hemos iniciado dos procesos para la exigencia de responsabilidad penal a los torturadores; uno contra los asesores legales de Bush que idearon el andamiaje legal que ha hecho posible el laberinto – que no limbo – jurídico de Guantánamo y otro contra los responsables directos de lo allí sucedido. Uno y otro procedimiento han seguido suertes desiguales.

Una de las paradojas en las causas por Guantánamo es que quien inició la investigación por lo allí sucedido fue el Juez Garzón, ahora pendiente de condena – que no juicio – por investigar los crímenes del franquismo. Dicho proceso sigue su curso gracias a la dedicación del Juez Pablo Ruz, faltando  para que estemos ante una investigación y persecución efectiva, la directa imputación de los principales responsables de los delitos cometidos en esa base naval.

El otro proceso, tal cual nos enteramos por Wikileaks, – contra los asesores legales de Bush – ha sido inadmitido a trámite, archivado y cursado de inhibición por el Juez Eloy Velasco, quien en abril de 2011 hizo exactamente lo que, según Wikileaks, le habría ofrecido a las autoridades norteamericanas un año antes, en abril de 2010, por aberrante que parezca desde la perspectiva procesal.

Esta medida está recurrida y aún no se halla resuelta pero sí podemos concluir que la actitud de las autoridades españolas ha sido la misma que en Alemania, en Suiza, en Bélgica y en otros muchos países donde se ha intentado. Nadie quiere investigar ni molestar a los poderosos, garantizándoles, así, una indeseada impunidad.

Por el contrario, cuando los crímenes de lesa humanidad o los de guerra los cometen los gobiernos de países periféricos entonces todo el peso de la justicia penal internacional cae sobre sus perpetradores; eso sí, sólo sucede una vez que han sido defenestrados o han caído definitivamente en desgracia ante Occidente.

Un buen ejemplo de este doble rasero del que hablamos lo podemos encontrar en el caso del libio Gadafi; mientras fue útil a los intereses de las grandes potencias se le permitió todo y más.

Cuando comenzó a ser un problema real o un inconveniente para los intereses de Occidente no sólo se le atacó militarmente sino que, además, se activaron los mecanismos de represión con la propia Corte Penal Internacional (CPI) a la cabeza, realizándose una investigación cuasi en “tiempo real”, como ha dicho una responsable de la misma.

Nadie podrá justificar las atrocidades cometidas por Gadafi, ni las cometidas en su contra, pero mientras presumía de riquezas y repartía contratos y concesiones en una de sus “jaimas” con los líderes europeos a nadie parecía importarle los crímenes que se estaban cometiendo.

Otro ejemplo del doble rasero con el que se aborda el problema de los derechos humanos y, ahora, tampoco a nadie le preocupa los que allí en Libia siga sucediendo.

La actuación de la CPI en el caso de Gadafi es una buena demostración de que existen instrumentos de represión penal para los más graves crímenes contemplados en el derecho penal internacional.

Lamentablemente, también ha sido un buen ejemplo de la existencia de dos varas de medir dependiendo no de la gravedad del hecho sino de la nacionalidad y posición de su autor.

Los crímenes más atroces que afectan a la comunidad internacional han de ser perseguidos con independencia de quién los cometa y ello porque no afligen sólo a la víctima directa que los padece sino al conjunto de la sociedad internacional y, también, porque así se evitan paradojas como la que estamos viviendo en España, por la cual el único condenado por los crímenes del franquismo terminará siendo quien quiso investigarlos – Garzón quien se sentará en el banquillo a partir del próximo martes.

Seguramente Romero vive en una España distinta de aquella en la que vivimos el resto de ciudadanos que habitamos este país; no es cierto que aquí se vea a Piñera como un líder emergente, se le ve como uno que no ha sabido manejar una serie de conflictos sociales y que ha generado una inestabilidad política que mal se compadece con la situación económica que vive Chile.

En realidad se le ve como a un empresario al que lo de gobernar le ha quedado grande.

Su análisis de la conflictividad social en Chile, así como de la necesidad que la misma converja en el Congreso, por tratarse de una democracia representativa, es bastante desatinado; lo que la gente está planteando es algo muy distinto: que no nos representan y, por eso, el debate se traslada a otro escenario.

En España esa es la realidad del movimiento “indignado” cuyo principal eslogan es “no nos representan” porque, en definitiva, estamos ante un cuestionamiento de las formas de representación y de hacer política.

En un nuevo alarde de simpleza Romero dice que “a la delegación española le llamó la atención que haya 72 grúas construyendo algo en Santiago, porque en Madrid no hay ni una”; cierto es que aquí estamos sufriendo una de las más graves crisis económicas que se hayan vivido; que no es cíclica como pretenden decir los amigos de Romero sino sistémica, que uno de los sectores más afectados ha sido el de la construcción pero, de ahí a que no haya ninguna grúa es tanto como decir que los españoles ya no duermen siesta, una simpleza.

Se sigue construyendo, menos, pero grúas hay y, entre mi casa y los tribunales, conté cerca de cien, tal vez yo transito por otra parte de la ciudad, una que Romero no ve, es decir la real; en todo caso, el problema de España ha surgido producto de la creación de un boom inmobiliario y de una economía especulativa sustentada, casi exclusivamente, en el ladrillo y ese modelo de desarrollo lo gestaron sus amigos del Partido Popular.

En todo caso las más sorprendentes manifestaciones del Embajador son aquellas que hacen relación con la política interna del país en el cual está destinado; nunca había visto que un Embajador se permitiese opinar públicamente de lo que debe o no hacer el gobierno de la nación ante la cual está acreditado, simplemente es una injerencia en la política interna de España.

Sorprende que Romero se permita decir que “el peso de la institucionalidad española es muy fuerte y creo que de alguna manera tendrán que achicar esa institucionalidad. También deberán disminuir gastos en todo aspecto salvo en educación, salud y en las pensiones. Además, deberán crear políticas para incentivar el empleo…” y me pregunto ¿quién es él para decirlo? ¿a cuento de qué cargo lo dice?

Imaginamos que este tipo de manifestaciones son producto de su entendimiento sobre la afinidad ideológica entre el gobierno del Presidente Piñera y el futuro gobierno de Rajoy pero, lo que Romero olvida es que él no es embajador de Piñera sino de la República de Chile y, por tanto, sería interesante preguntarse qué lleva haciendo todo este tiempo cuando no existía esa afinidad ideológica entre los gobiernos.

El embajador lo es del país no del gobierno y es ese mal entendimiento tanto de la función diplomática como de lo que es el servicio público lo que le lleva a confundir las cosas y que, seguramente, le ha llevado a creer que lo privado y lo público, si lo gestiona él, entonces es lo mismo.

En España no estamos ante una situación crítica, estamos ante una catástrofe y sus “amigos” del Partido Popular tendrán que gestionar una crisis sistémica que amenaza con arrastrarnos a una situación nunca antes conocida en este país; sin duda el nuevo gobierno deberá poner en marcha una serie de medidas que permitan superar este grave momento pero, seguramente, el gran error sería seguir la receta de Romero que, por lo visto, no tiene claro cuál es la enfermedad que nos afecta.

Rajoy ha prometido rebajar los impuestos y recortar el déficit del Estado para alcanzar el objetivo del 4,4% en el año 2012; si pretende lograrlo no le quedará más remedio que recortar todos los gastos públicos y desguazar, que no adelgazar, la “institucionalidad” a la que se refiere Romero; obviamente, en un periodo recesivo el recorte del gasto empujará la economía hacia una más severa recesión. Muy bueno el consejo del Embajador, confiemos en que Rajoy no le escuche.

En todo caso, las desafortunadas palabras de Romero han podido venir de su escaso o nulo entendimiento del país ante el cual está acreditado o de haber centrado sus esfuerzos en el futuro gobierno en lugar de aquel con el que debió relacionarse estos años o, tal vez, que dentro de sus privilegios está el evadirse de la realidad española llegando a creer que se puede afirmar que “en España no hay tacos porque la gente no sale en auto para ahorrar dinero en bencina”, sin siquiera pensar en el sentido del ridículo.

Embajador, tranquilo, usted tiene razón, en España no hay tacos lo que hay son atascos, porque a pesar de la crisis la gente no sale en auto pero sí en coche y no gasta en bencina pero sí en gasolina; aquí la crisis se siente de otra forma y si Romero no lo ve es simplemente porque vive en otro país o porque mientras su chófer conduce, él lee la prensa que le interesa en lugar de mirar por la ventana y ver lo que realmente está ocurriendo aquí.

En primer lugar, la derecha, representada por el Partido Popular (PP) ha obtenido no solo la mayoría absoluta sino el mayor número de diputados de su historia; sin embargo no ha logrado conseguir su mayor número de votantes puesto que en esta ocasión ha conseguido menos votos que cuando Aznar ganó, con mayoría absoluta también, en el año 2000.

Tal vez la primera lectura es que el PP ganó porque el contrario perdió; es más, si tenemos en consideración los resultados del 2008 veremos que entonces el PP consiguió 10.237.000 votos y obtuvo 154 diputados y ahora logró 10.830.000 alcanzando los 186 diputados.

En segundo lugar, el hundimiento electoral del Partido Socialista (PSOE) le obliga a iniciar un proceso de reorientación que se construirá a partir del próximo congreso ordinario que, como dijo el candidato derrotado Rubalcaba, deberá convocarse a la brevedad posible.

El PSOE ha pasado de 11.259.000 votos en el 2008 (164 diputados) a 6.973.000 votos (110 diputados). Es una derrota abrumadora que les obliga a reconducir su política, su discurso y su forma de afrontar el futuro.

Una segunda lectura que debe realizarse es que el PSOE, si no quiere terminar siendo un partido marginal, no podrá apoyar al PP en las reformas que este partido va a acometer ahora en el gobierno, dicho en otros términos no puede “prestarle ropa” al nuevo gobierno so riesgo de hundirse, aún más, en esa dinámica.

El PP, astutamente, tampoco ayudó al PSOE en esta legislatura y es difícil imaginar que espere algo distinto de su principal adversario.

Las causas de la derrota del PSOE son múltiples, la principal es que esta crisis económica es capaz de tragarse a cualquier partido y cualquier mayoría; la segunda es que el PSOE lleva cuatro años haciendo una política más propia del PP y eso ha desencantado a sus votantes.

En tercer lugar sería interesante analizar quiénes son los auténticos ganadores de estas elecciones y sus consecuencias para la gobernabilidad del país que va mucho más allá de tener mayoría absoluta; en España, con mayoría absoluta, se aprueban leyes, pero no se gobierna.

Principales vencedores de estas elecciones son Convergencia i Unió (Ciu – partido nacionalista catalán de corte democristiano); Izquierda Unida (IU – coalición de izquierdas), Amaiur (partido político de la izquierda independentista vasca) y Unión Progreso y Democracia (UPyD, partido populista de extrema derecha).

Cada uno de estos ganadores significará un problema distinto y diverso para la gobernabilidad de España.

Ciu utilizará su éxito electoral para gestionar la gobernabilidad de Cataluña y presionar al gobierno central de cara a la mejora de las condiciones de auto-gobierno de Cataluña, prestándole un caro apoyo en determinadas medidas de ámbito nacional a cambio de mayores dosis de auto-gobierno; esto generará una importante tensión interna en el seno del PP y del propio gobierno central.

IU, que formará grupo parlamentario propio, tensionará el debate hacia posiciones de izquierda y dará voz en las cámaras a amplios sectores del descontento social hoy existentes; esta dinámica consolidará la posición de IU y abrirá amplios marcos de debate en el parlamento. Su política en esta legislatura pasará por ser la de la voz de los sin voz y tratará de arrinconar al PSOE restándole más electores.

Amaiur, que desbanca al Partido Nacionalista Vasco (el segundo gran derrotado de estas elecciones después del PSOE) como primera fuerza política de Euskadi (País Vasco), viene a ser la voz de ETA en el parlamento, obligando al PP a finalizar el proceso de paz en la dirección y forma que los nacionalistas vascos han previsto.

De esta presencia parlamentaria no puede salir nada positivo para el próximo gobierno que se ve secuestrado por un proceso de paz cuyo gestor fue Rubalcaba y el PSOE y que al PP le genera amplia tensión interna y con su electorado más de derechas que, en estas elecciones, ha ido a votar a UPyD, como lo demuestra su gran éxito electoral.

A pesar de lo anterior, la presencia de Amaiur en el parlamento es la mejor garantía de que el proceso de paz en el País Vasco se consolidará y conducirá al fin definitivo de ETA.

UPyD, populismo de derechas, tendrá como principal objetivo en esta legislatura el que no se le confunda con el PP y para conseguirlo, sólo podrá hacerlo radicalizando su discurso y dirigiéndolo, cada vez de forma más clara, hacia la derecha de la derecha que es donde tiene su nicho de votos.

Recordemos que, hasta ahora, España era el único país de Europa sin ningún partido de extrema derecha presente en su parlamento; el motivo no es otro que ese sector del electorado se encontraba dentro del PP y, ahora, ha salido hacia UPyD.

No es gratuito decir que UPyD es un partido populista de derechas, surge de Rosa Díez y su separación del PSOE avanzando por derroteros nunca antes imaginados en ella pero captando votos en aquellas circunscripciones en las cuales el PP ha bajado su número de votantes, especialmente en Madrid y Valencia.

El problema del nuevo gobierno no será el gobernar en mayoría absoluta sino el asumir, en solitario, la responsabilidad de gobierno y ello, sin duda, conllevará que sus actos, gestiones y decisiones tengan que ser asumidas y sufridas en solitario. En otros términos, el gobierno que forme Rajoy será responsabilizado, en exclusiva, de todo y, en especial, de la frustración de las expectativas generadas.

Esta crisis que afecta a España, se la quiera calificar de cíclica o sistémica, es de tal intensidad que el nuevo gobierno sufrirá las mismas consecuencias que han sufrido otros gobiernos europeos que han asumido el poder hace escaso tiempo como fueron el de Papandreu en Grecia, Passos Cohelo en Portugal o Cameron en Reino Unido.

Rajoy ha vendido la ilusión del cambio pero, sobre todo, la ilusión de la salida de la crisis y, ahora, se ve enfrentado a la realidad de que ni habrá cambio ni se saldrá de la crisis; su crédito electoral es escaso, su margen de actuación cuasi nulo – las grandes decisiones políticas no se pueden tomar en Madrid sino en Bruselas – y la luna de miel se presenta como breve y, casi tan dura como si se hubiese llevado a su suegra a dicho viaje.

El gran problema del nuevo gobierno, que asumirá el 13 de diciembre como pronto, es gestionar el éxito y, como se pudo comprobar en los dos discursos que realizó ayer Rajoy, la situación es más bien de vértigo y circunstancias que de euforia.

Uno de los temas más preocupantes, desde la perspectiva de Chile o de los extranjeros, sería el de los cánticos que entonaban los seguidores del PP ayer al momento de celebrar la victoria “español, español, español … soy español, español, español” que es una clara representación del resurgir de un nacionalismo español expansivo, siempre latente en este país, pero que en momentos de crisis se exacerba al responsabilizarse al “extranjero” de la actual situación, de quitarle puestos de trabajo a los españoles, de abusar de los recursos de la seguridad social, etc.

Y ello, si no es debidamente controlado puede generar importantes focos de xenofobia que se trasladen a la calle en gestos de violencia hacia el “extranjero” o se demuestre en políticas restrictivas de derechos para el foráneo.

Este nacionalismo español chocará, también, con los nacionalismos excluyentes del País Vasco y Cataluña, lo que tensionará la situación hasta límites poco deseables y de difícil reconducción.

Al encontrarnos en una democracia parlamentaria no se puede perder de vista que no se ha elegido a un presidente por cuatro años sino a un grupo de parlamentarios por ese espacio de tiempo y, por tanto, el gobierno durará tanto como el tiempo en que cuente con la confianza de la cámara y, ante un retroceso amplio de Rajoy en las encuestas, una vez asumida y puesta en función su gestión, es muy factible que no logre gobernar toda la legislatura o que, de hacerlo, eso signifique un despeñamiento del PP tan importante como el que ha sufrido ahora el PSOE.

Rajoy vendió ilusión no soluciones y, en resumidas cuentas, esta victoria más parece un regalo envenenado que un auténtico éxito y, tal vez por eso, este domingo las caras de los principales espadas del PP eran más de circunstancias que de alegría.

Este anuncio, no por esperado, ha dejado descolocada a una parte importante de la clase política, de los medios de comunicación y de la sociedad española a escasos 30 días de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de noviembre.

El proceso seguido tanto por el Gobierno de España como por ETA ha sido largo, ha tenido altos, bajos, quebrantos y problemas de todo tipo pero la puesta en escena del final definitivo de ETA comenzó hace unos días con la conferencia de paz celebrada en el País Vasco y auspiciada por Brian Currin; las consecuencias que para España tiene el fin de ETA son múltiples pero sus primeros efectos se apreciarán en la próxima cita electoral.

Todas las encuestas indicaban que el Partido Popular, la derecha, obtendría una amplia mayoría absoluta y que el Partido Socialista sufriría su mayor derrota desde el retorno de la democracia; seguramente las cosas no van a cambiar en exceso de aquí a que se abran las urnas, pero algunas modificaciones se producirán.

En todos los cálculos electorales se preveía que un anuncio del fin de la lucha armada, por parte de la organización vasca, representaría un beneficio electoral para los socialistas de entre 4 y 5 puntos; esto, sin duda, seguiría siendo admisible para la contabilidad del derechista Mariano Rajoy pues su ventaja actual sobre el socialista Rubalcaba está en torno a los 15 puntos dependiendo de las fuentes consultadas.

Parece ser que los problemas electorales de Rajoy no vendrán por la izquierda sino que le pueden surgir por la derecha.

Ante el anuncio de ETA las reacciones han sido generalmente favorables pero, en amplios sectores de la derecha más extrema – incluida dentro del propio Partido Popular (PP) – así como en los medios de comunicación más afines, la crítica ha sido virulenta e, incluso, ha comenzado a dirigirse en contra del propio Rajoy por haber admitido que este fin de ETA era una buena noticia.

La primera en intentar atraer ese voto de la extrema derecha ha sido la candidata Rosa Díez, de la populista Unión Progreso y Democracia (UPyD) pero no ha sido la única; también dentro del PP surgen voces discrepantes que no deben ser ignoradas porque representan al ala dura de ese partido como son las de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y otros.

El problema de Rajoy es que hasta ayer, por así decirlo, decía que era inadmisible aceptar la “palabra de los terroristas”, que “el único fin de ETA era ir a la cárcel”, que “con esa gentuza no se puede negociar” y, ahora, se ve ante la encrucijada que de ganar las elecciones tendrá que ser él y su partido quienes gestiones la paz.

Rajoy está obligado a cambiar su discurso, ya lo está haciendo a marchas forzadas y eso le pasará una factura importante en el frente interno.

Por las previsiones de la Ley electoral, UPyD le puede hacer mucho daño en cuanto a escaños y eso le podría forzar a negociar con ellos la formación de gobierno lo que significaría quedar secuestrado por el populismo de derechas.

En cualquier caso, Rajoy tendrá que revisar no sólo su discurso sino sus cómputos electorales.

Los problemas que surgen ante este nuevo escenario no terminan ahí, este anuncio de ETA generará un aumento importante de votos en el ámbito de la izquierda nacionalista vasca y al otro gran partido nacionalista vasco, el democristiano PNV.

Uno y otro se sentirían más cómodos con un gobierno socialista para gestionar la paz y ello puede tener un reflejo tanto electoral, como pos electoral importante.

Finalmente, Rubalcaba, que es el gran gestor del proceso de paz tendrá y podrá sacar sus réditos de este auxiliador anuncio por parte de ETA, lo que no es seguro es si el salvavidas será lo suficientemente resistente, como para evitar el hundimiento de su partido.

En cualquier caso, sí queda claro en el nuevo escenario que la paz es una gran noticia – como la definió Rajoy – y, sobre todo, que la misma obligará revisar las posiciones de todos los partidos y afrontar con civismo y espíritu democrático, muchas veces olvidado en la lucha contra ETA, esta nueva etapa que afronta España y, gane quien gane estas elecciones, el auténtico beneficiado de este desenlace no es otro que la propia sociedad española, gobierne quien gobierne.

Puede parecer que en Europa estamos en un plano de superioridad en materia de recursos económicos, de distribución de la riqueza y de respeto a los derechos sociales y económicos, pero este modelo no es lo que era y siempre ha tenido brutales contradicciones; cuando una parte interesante de España está indignada hay otra, no menor ni menos relevante, que no tiene ni el tiempo, ni las energías ni la posibilidad de indignarse, simplemente sobreviven.

Dentro de la interminable crisis económica que vive España no hay tiempo para fijarse en aquellos que ni tan siquiera llegan al umbral de la crisis, financiera e hipotecaria, aquellos para los cuales todos los días son iguales y que siempre terminan donde mismo: en unas precarias condiciones de vida, durmiendo en chamizos, tapados con plásticos y a escasos metros de allí donde se les explota.

Desde un punto de vista agrícola, dos de las zonas más productivas de España son Almería y Murcia, las que se caracterizan por ingentes cultivos intensivos de frutas y hortalizas en invernaderos; para el mantenimiento de dicha productividad se ha usado y abusado de la mano de obra más barata que aquí existe: los inmigrantes ilegales de origen subsahariano.

Estas personas, seres humanos como todos nosotros pero de otro color, trabajan de sol a sol en condiciones inhumanas, a temperaturas asfixiantes (todo el año) como son las que hay dentro de los invernaderos de plástico y, por ello, reciben un magro jornal y la posibilidad de vivir como puedan en alguna esquina de la explotación agrícola.

La producción de estas haciendas permite que el resto de ciudadanos europeos comamos todo el año tomates redondos y rojos (pero sin gusto a nada), que no nos falten los pimientos, las cebollas, las fresas y demás frutas a las que ahora todos estamos acostumbrados y que antes eran estacionales. Mientras los disfrutamos no somos capaces de darnos cuenta que eso tiene un costo más allá del precio que pagamos: nos hacemos cómplices, incluso partícipes a título lucrativo, de unos comportamientos que están perfectamente definidos en el código penal español y que, sin embargo, no son perseguidos porque, por encima del derecho y de la ética, sigue estando el mantenimiento de determinadas condiciones de vida para aquellos que pueden pagarlas.

Parte de la “indignación” que se esparce por la atmósfera española debería dirigirse a impedir que estas conductas sigan dándose o, al menos, que todos tengamos acceso a la “indignación” que sólo se genera cuando lo básico ya está cubierto; seguramente para que esto suceda muchas cosas habrán antes de cambiar; no sería un mal comienzo el partir por generar un proceso de regeneración democrática atacando el problema en su raíz y que esta fruta, envenenada por su origen, termine siendo prohibida.

Cuando los datos y la experiencia indican que es uno de aquellos modelos penitenciarios que no se deben seguir porque se sustenta en principios e ideas alejadas de lo que es el moderno entendimiento, tanto del sentido de las penas privativas de libertad, como de la forma de ejecutarlas y, si lo que se quiere es ver la parte económica del mismo, ese modelo es uno de los más caros a medio y largo plazo.

Mucho habla de un país la forma en que éste trata a sus presos y, hasta la fecha, Chile dista bastante de estar en los niveles de desarrollo que se predican como virtudes de nuestra nación.

Seguramente, si queremos ser y no sólo parecer un país desarrollado, la futura reforma del sistema carcelario tendrá que abordarse desde una perspectiva distinta orientando las penas a la reeducación y reinserción social del infractor – humanizando las mismas – en lugar de ser un mero sistema retributivo más cercano al ojo por ojo, muy propio del modelo norteamericano que se pretende copiar.

Si queremos avanzar hacia un desarrollo armónico de nuestro país hay áreas que no deben ser dejadas de lado y, una de esas, es el sistema penal-penitenciario.

Deberíamos mirar hacia donde los modelos han dado mejores resultados, principalmente Europa y, de ahí sacar aquellos elementos que más se adapten a nuestra realidad; sobre todo, que permitan atacar el auténtico problema que existe en Chile y que no es la criminalidad – sólo es un efecto – sino la falta de distribución de la riqueza, la falta de oportunidades y, sobre todo, la carencia de un sistema educativo equitativo en oportunidades.

Ahora bien, es imposible abordar el problema carcelario sin hacerlo desde la doble perspectiva de afrontar el tema penal y el penitenciario, las dos caras de la misma moneda y, para ello, lo primero que se debe hacer es definir el modelo que necesitamos y luego alcanzar un consenso político que lo haga viable a medio y largo plazo. No es política de partido sino de Estado.

Hablar de prisión y rentabilidad es un absurdo, pero como siempre se trata de hacer números, lo cierto es que adoptar un sistema penal-penitenciario moderno, orientado a la reeducación y a la reinserción resulta, tanto desde la perspectiva económica como de la social el modelo más rentable y, ello, por múltiples factores: con penas más ajustadas se mantiene una población penal menor (bajan los costos), con penas alternativas, pero efectivas, se consiguen iguales fines pero a un costo también menor y, cuando se aborda el proceso reeducativo y de reinserción, el costo final queda suficientemente amortizado como para ser afrontado por cualquier país que pretende enmarcarse dentro de los estados desarrollados.

Quien más reprime no es el que más avanza.

Las cárceles chilenas necesitan una reforma y, sobre todo, nuestra sociedad debe asumir el problema desde una perspectiva diferente, no como un problema de seguridad sino de JUSTICIA.