Muchos son maltratados, incluso en su hogar, donde viven prácticamente de allegados en sus propias casas. Y la historia se repite en la atención de los Servicios de Salud e incluso en la locomoción colectiva, donde los asientos destinados para los Adultos Mayores son ocupados por personas ajenas a ellos, muchas veces estudiantes.

A lo anterior, se suma el silencio de los medios de comunicación en torno a nuestros problemas, nunca se nos da tribuna, con algunas excepciones como es la Radio Cooperativa .

Los organismos que representamos no son escuchados y como consecuencia, no se conocen nuestras necesidades, reclamos y la discriminación de que somos objeto, dando la impresión que tienen temor que se les suspendan los avisos comerciales por los gobiernos de turno.

Así también, los dirigentes gremiales de nuestro sector no han sido invitados al Congreso Nacional cuando el Presidente de la República da cuenta al país de su gestión anual, el 21 de mayo, como tampoco al Tedeum de Acción de Gracias donde se reúnen distintas creencias religiosas en homenaje a la Independencia de Chile, durante las actividades de Fiestas Patrias. Sí lo son las organizaciones de los trabajadores en actividad,olvidando que hasta “ayer” nosotros también lo fuimos y hoy seguimos existiendo.

Tanto las autoridades como los políticos en general, no han respetado los tratados que se han firmado por nuestras autoridades en relación con los Derechos Humanos.

Por ejemplo, no olvidamos y nadie debe hacerlo, que en el año 1985, durante el régimen Militar, se despojó a los jubilados de un reajuste que por ley les correspondía para ayudar a la banca que estaba en crisis, lo que significó una pérdida de un 10,6% de sus pensiones. Ciertamente los afectados no fueron consultados.

Ello está penalizado, en el articulado de estos tratados, situación que se mantiene vigente hasta hoy transgrediendo los gobiernos democráticos y sus autoridades los tratados que en nombre de Chile han firmado.

Finalmente, creemos que es necesario buscar un camino para solucionar esta situación que es generalizada.

Pensamos que hay que empezar por la niñez, en la familia. Para la formación debería haber en los establecimientos una cátedra en que se enseñe a los estudiantes Educación, respeto a las personas, especialmente a los mayores y se entreguen los valores de una sociedad democrática.

En ésta, no debe existir discriminación de ningún tipo. Y eso incluye, reconocer a quienes ayer entregaron su trabajo, inteligencia y esfuerzo al crecimiento y el desarrollo del cual ellos hoy día disfrutan.

El IPC determinado por el INE si bien perjudica a todos los asalariados del país, muy especialmente nos lesiona a nosotros que en su gran mayoría, recibimos miserables pensiones. Por eso, el asunto se debe aclarar, conocer los resultados y tomar las decisiones que correspondan.

De la canasta para el cálculo, que considera 368 productos y servicios si nos guiamos por los que se toman de la encuesta CASEN solamente 107 afectan a este sector de chilenos. Este sistema que ya significa anualmente una pérdida del 5% del poder adquisitivo de las pensiones que percibimos, ha sido mayormente dañado con las irregularidades cometidas en su cálculo, con un injusto reajuste anual.

Es necesario aclarar las irregularidades en el cálculo del IPC porque los más perjudicados somos nosotros, los jubilados que sin lugar a dudas estamos en la línea de la pobreza y muchos en la pobreza extrema.

Ello, porque los trabajadores en actividad, logran obtener un leve mejoramiento sobre el IPC anual, como también ocurre con los empleados públicos todos los años. En cambio a nuestro sector solamente se nos aplica como factor de reajuste el promedio anual de éste índice.

Por otra parte, los bonos compensatorios, como el de invierno y otros, no consideran al sector pasivo, y como ejemplo reciente podemos destacar el bono marzo de este año.

No es necesario ser adivino para pensar que irregularidades como las ocurridas en el INE y tantas otras discriminaciones con las clases postergadas, como nuestro sector, llevarán a la ciudadanía a una revolución social exigiendo mayor igualdad.

Se trata de terminar con la discriminación entre los habitantes del país, que viven en un mismo territorio, forman parte de una misma sociedad, y tienen costumbres y lengua común.

Nuestra organización está dispuesta a ayudar y buscar caminos reales en libertad, paz y democracia.

Una muestra de lo que hacemos fue la creación de la Fundación del Adulto Mayor, Clotario Blest Rifo, que destaca la figura de este gran hombre, fundador de todos los estamentos de trabajadores activos y pasivos, como son la CUT, la ANEF y la UNAP.

Buscamos vivir en plenitud como seres humanos y que el sector pasivo tenga una vejez digna, decente, como corresponde a un país civilizado, por eso decimos, no más abusos como el reciente del INE.

De esta manera se nos relega a la condición de personas de segunda categoría, ignorándose los problemas que nos afectan para subsistir.

La verdad que para el sector que represento, el prometido bono no hace más que aumentar el descontento hacia un gobierno que ha hecho oídos sordos a nuestras legítimas demandas.

De acuerdo a lo anunciado, los jubilados y montepiadas nuevamente somos marginados, provocándose un intolerable incumplimiento a la ley de no discriminación, cuestión que nos faculta, incluso, para llegar hasta los tribunales de Justicia.

De una vez por todas, es bueno que se reconozca el aporte que a lo largo de nuestra trayectoria laboral hemos realizado para la construcción del Chile de hoy.

De hecho, conociendo la realidad que enfrentan los adultos mayores al concurrir a los centros hospitalarios, pienso que no ofrece ningún alivio el que se aumente cobertura en el Plan Auge para un determinado número de patologías, muchas de las cuales afectan a este sector etario, si a la hora de necesitar atención especializada debemos esperar meses y años para ver si tenemos suerte que se nos proporcione la atención requerida para males que en muchas oportunidades requieren de tratamiento inmediato y urgente.

Como dirigente gremial de pensionados, jubilados y montepiadas, a diario escucho el drama que enfrentan los asociados que deben acudir a los centros asistenciales en búsqueda de mejoría para sus males de salud. Existen aquellos pacientes que, frente a la gravedad de sus enfermedades, son derivados de consultorios a hospitales donde, sin considerar el grado de avance de la patología, son tramitados con horas de atención a futuro que, en la mayoría de los casos, nunca se concretan.

Efectivamente, pasan no semanas, sino meses y hasta años, a la espera de un llamado que confirme la atención del especialista al que el paciente fue derivado por su médico tratante. Si por fortuna ese llamado llega, la cita es a tempranas horas de la mañana, aunque el encuentro con el facultativo se materializa, si es que este se encuentra presente, recién a las 16 horas o más.

Lo señalo no solo por oídas, sino que puedo dar testimonio personal de esta indiferencia que existe para con nuestro sector etario en el ámbito de la salud, tal como ocurre en otros diversos problemas que nos afectan como personas mayores. Fui diagnosticado por una facultativa en el Consultorio de Las Condes, con una posible enfermedad que, por su gravedad, debía ser atendido de forma urgente en el Hospital El Salvador.

Como pasó el tiempo y por la urgencia de atención que exigía la patología diagnosticada, decidí enviar una carta al propio ministro de la Salud, haciéndole ver mi caso particular y afirmando que esta no era una situación aislada, sino de frecuente ocurrencia en el ámbito de la llamada tercera edad.

Lo cierto es que resumiendo, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la atención para el adulto mayor en el ámbito de la salud es pésima y fiel reflejo de otras problemáticas que afectan a este sector y para las cuales no se ha buscado soluciones reales.

Las mejoras prometidas, como decimos anteriormente, jamás se han cumplido y gran parte de esta realidad debe atribuirse a que los servicios de salud son insuficientes. En gran medida la falta de especialistas y la carencia de medicamentos en los establecimientos asistenciales de salud pública provocan mayor dificultad para la atención de los beneficiarios.

Alguien debe tomar el toro por las astas y buscar forma de resolver este dramático problema que afecta a cerca de un 15% de la población nacional, lo que equivale a 2.541.607 de personas mayores, entre ellas, un buen porcentaje de pensionados, jubilados y montepiadas.

En definitiva, estimo que el modelo para mejorar la gestión en el sector salud no ha funcionado, por lo que debiera replantearse un nuevo sistema que mejore las precarias condiciones del actual, en beneficio de todos los chilenos y en particular de las personas mayores que deben recurrir a los establecimientos hospitalarios en búsqueda de una adecuada y oportuna atención.

El Presidente de la República concluyó advirtiendo que el descontento reflejado en el 60 % de abstención, una de las más altas en Latinoamérica, deberá revertirse escuchando a la gente, atendiendo y entendiendo el mensaje de las organizaciones representativas de la ciudadanía.

Sin embargo, ya pasado el tiempo y en consideración de que cada día tiene su afán, no faltan los motivos para desconocer el llamado de la gente. Como dirigente de la organización más representativa de quienes han jubilado por el Sistema antiguo de pensiones, puedo sostener que da la impresión que no ha hecho efecto la advertencia del electorado que recibió la clase política y en especial, La Moneda, para quienes hay sectores de la ciudadanía que parecieran no existir.

Esa indiferencia gubernamental y de los políticos en general la estamos sufriendo en carne propia como Unión Nacional de Pensionados de Chile. Este sector que trabajó toda su vida activa a favor del progreso de Chile y que en alguna oportunidad representó a la clase media, no ha sido escuchado por el gobierno.

En las oportunidades que le solicitamos audiencia al Primer Mandatario, hemos sido tramitados por los mandos medios sin darnos alternativas de solución. El Gobierno desconoce que hemos solicitado formar parte de una mesa de trabajo para tratar los  problemas que nos afectan, sin que esto haya encontrado respuesta y así, seguimos siendo discriminados.

Por ejemplo, basta ver el reajuste recientemente acordado a los fiscales en servicio activo. Para ellos se determinó un mejoramiento del 5 %, más aguinaldos y otras regalías, mientras que nuestro sector ha quedado marginado de dichos beneficios.

Frente al terremoto electoral, donde se eligieron alcaldes y concejales, alrededor de ocho millones de ciudadanos no sufragaron por cuanto están cansados de esperar que la clase política busque soluciones reales para acortar la gran brecha económica que existe entre los chilenos.

En nuestro análisis de las causas de la abstención electoral, lo expresado tiene como finalidad dejar constancia sobre lo que pensamos que podrá suceder en el futuro, especialmente el próximo año, cuando se contemplan las elecciones presidenciales y parlamentarias, proceso que encontrará en la ciudadanía una total indiferencia, provocándose así una mayor abstención que la ocurrida en octubre pasado.

De ocurrir así, consideramos que sería de suma gravedad para la institucionalidad democrática, puesto que las autoridades políticas necesitan un fuerte respaldo ciudadano expresado en las urnas, para validarse en sus cargos y tener una real representatividad ante el país.

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y parlamentarias que consideren nuestra reflexión y escuchen a las organizaciones, no solo en el discurso, sino en los hechos, abriéndose a un diálogo con las organizaciones representativas de la ciudadanía.

Como presidente de UNAP no puedo dejar de preocuparme por la indiferencia que aprecio frente a las alarmantes cifras que nos entrega el Fondo de Población de la ONU que señalan que dentro de diez años la población mundial mayor de 60 años superará los mil millones de personas, debido al ritmo de envejecimiento de los países emergentes.

A propósito de la fecha, me llama la atención la carencia de una opinión concreta referida a las problemáticas que afectan a las personas mayores.

Me preocupa el tema porque formamos parte de este creciente grupo etario y como tales, sufrimos de las mismas discriminaciones y postergaciones. ¿Cómo no, si por ejemplo, el aguinaldo de Fiestas Patrias para el jubilado fue sólo de 14.700 pesos, mientras que para los trabajadores activos superó los 46 mil pesos?

¿Cómo no preocuparnos si vemos que en el campo de la salud, para los jubilados, como para todos los adultos mayores, la atención es denigrante? Estos deben llegar al centro asistencial a las 6 de la mañana, para que se le atienda a las 4 de la tarde, siempre y cuando esté el médico correspondiente.

¿Cómo no reiterar nuestra voz de alarma cuando vemos que el re-avalúo de las propiedades no agrícolas aumentará el drama de aquellos jubilados cuyos escuálidos ingresos les impiden pagar las contribuciones de sus viviendas, provocando en muchos extremas determinaciones frente a la incapacidad económica que les afecta?

¿Cómo no reclamar si para obtener la rebaja del 7% de salud, es necesario contar con la Ficha de Protección Social, la que ha sido modificada dos veces, a la espera de una tercera modificación, la que será realizada recién el 2013, lo que impedirá recibir la rebaja del 2% ofrecida a un limitado sector de jubilados y montepiadas?

¿Cómo no alarmarnos cuando vemos que de 368 productos de la canasta destinada a fijar el IPC anual solo 271 son utilizados por el adulto mayor, lo que significa que cada año el jubilado sufre una pérdida del 5% de su poder adquisitivo? Y, sin embargo, tampoco es considerado cuando se discute el reajuste anual para los trabajadores, constituyéndose así una nueva discriminación.

Frente a tales argumentos ¿no deberían los gobernantes y la clase política en general hacer suyos los objetivos que tuvo en consideración la ONU para fijar el uno de octubre como Día del Adulto Mayor?

Si así lo fuera, quizás, estaríamos siendo testigos y beneficiarios de un merecido nuevo trato.

Con un directorio integrado por destacadas personalidades, la fundación tiene como misión velar por la dignidad y el respeto de los adultos mayores, promover su protección ante el maltrato y abandono que sufren, luchar por su plena integración a la sociedad. En definitiva, trabajar en pro del reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos que la Constitución y las leyes les conceden.

Así, trabajaremos por los adultos mayores abandonados en dudosas  “casas de acogida”, sin control alguno; por impedir que nuestros asociados sigan cayendo bajo la línea de la pobreza. Creemos que a través de la fundación sí será posible mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, de aquellos adultos mayores cuyos problemas conocemos y los hacemos propios.

Seguiremos los pasos de ese hombre que da el nombre a esta nueva institución. Clotario Blest Riffo, ese gremialista extraordinario que fundó la ANEF, la CUT y nuestra asociación, preocupado por la situación social y económica de los trabajadores y jubilados, muchos de los cuales llegan al fin de sus días sumidos en la miseria.

Está claro que para cumplir con este compromiso solidario no podemos caminar solos.Contaremos con  el apoyo de algunos organismos públicos y privados que han estado con nosotros. Pero, obviamente, falta mucho más.

Se ha dicho que el tema del adulto mayor es un tema país. Nosotros como UNAP y Fundación estamos poniendo nuestro aporte. Ahora esperamos sensibilizar a quienes pueden y deben abordar soluciones para los problemas de este creciente segmento de la población nacional, puesto que tenemos la certeza que solo con felicitaciones y aplausos no se puede funcionar.

Como dirigentes de la Unión Nacional de Pensionados de Chile,( en nuestra calidad de máximos representantes de los jubilados previsionales del IPS (ex-INP) )en tres oportunidades hemos solicitado sin éxito, audiencia con el Jefe de Estado.

Simplemente porque es nuestra tarea exponer ante él los problemas, especialmente económicos, que desde hace décadas vienen deteriorando nuestra calidad de vida.

Sin embargo, pese a nuestra reiterada petición para acceder a una audiencia con Su Excelencia, vemos que en la agenda presidencial no hay espacio para nosotros.

Parece que se olvidan que en nuestra calidad de jubilados, pensionados y montepiadas formamos parte de esos dos millones quinientos mil chilenos que, como adultos mayores, constituimos el 15% de la población nacional.

Olvidan también a quienes otrora, como trabajadores del Estado, formaron parte de la columna vertebral que dio sustento a la clase media y que, sin embargo por el deterioro económico que por décadas nos viene afectando, muchos de nosotros traspasamos hace rato la línea de la extrema pobreza.

Eso a nadie parece importarle, los jubilados somos invisibles para la mayoría.

La verdad es que rechazamos la negativa respuesta que nuevamente nos llega desde la Presidencia, a través de la Dirección de Gestión Ciudadana, organismo que, a nuestro parecer, erróneamente pretende que sea la subsecretaría de Trabajo (textual) la que se encargue de atendernos y entregar una eventual respuesta a nuestros planteamientos.

Mal podemos, entonces, esperar que nuestra problemática sea escuchada por el Primer Mandatario, puesto que desde su despacho la petición formulada se traslada a Ministerios, de Ministerios a Subsecretarías y desde ahí ignoro cuál sería su próximo destino.

Menos esperanza tenemos aún si pensamos que a partir de octubre próximo el país estará preocupado de la elección del nuevo Presidente de Chile.

Y las promesas de  la campaña se olvidan rápido.

En efecto, a pesar de las gestiones que hemos efectuado, solicitando un mejoramiento económico para nuestro sector, se ha aplicado la “política de oídos sordos”, por lo que nunca hemos obtenido una respuesta justa a nuestras justas peticiones.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con el bono “Bodas de Oro” y la supresión del descuento del 7% de Salud, que ha sido aplicado a algunos jubilados y montepiadas, muchos de los cuales están pasando a formar parte del quintil más pobre del país.

En definitiva, estamos exigiendo que a los jubilados, pensionados y montepiadas se les aplique la misma reajustabilidad en sus sueldos que se acuerde para los trabajadores activos.

Creemos que con ello se nos hará justicia, considerando, entre otras cosas, que la canasta familiar que se ocupa para fijar el IPC no considera a los adultos mayores, por lo que cada año perdemos alrededor de un 5% de beneficios en nuestras pensiones.

Pensamos que esa trágica realidad que nos afecta, pudo mejorar cuando a raíz del debate producido en el Senado cuando se discutió el 7%, el ministro de Hacienda se comprometió a enviar un proyecto de ley mediante el cual se rebajaría a todos los jubilados, sin excepción, el 2% que de ese 7% se destina a las licencias médicas de los trabajadores activos.

Ese compromiso aún no se ha cumplido, pese a los anuncios del Gobierno que aplicaría políticas especiales para este sector. Esperamos, que esta vez seamos escuchados.