Se cuestiona que sean amigos o familiares de alguien, y se hace mofa de otros a quienes nadie conoce. Se habla del pasado dudoso y las redes con el mundo privado, al tiempo que se critica a los que han optado por trabajar en lo público. Se resalta la baja proporción de mujeres en el gabinete pero se cuestiona la capacidad de quienes fueron elegidas por la Presidenta y los partidos.

Creo que muchas de estas opiniones pueden considerarse injustas, infundadas o basadas en generalizaciones. Me parece también que muchas resultan contradictorias. Otras, por cierto, las comparto.Lo que sí es seguro, es que pese a lo acertado o no de las observaciones, no es posible obviarlas y reconocerlas como parte del paisaje, sino asumirlas como un desafío, no solo para quienes se integran al nuevo gobierno sino para toda la clase política.

La aparente esquizofrenia en las opiniones generadas en torno al gabinete no es sino una expresión más del descrédito de la política y la profesión del político, que se origina en una ciudadanía desencantada con el funcionamiento de las instituciones que componen nuestra democracia.

Se cuestiona su capacidad de representar a la población a la vez que se juzgan insuficientes los espacios para la participación y deliberación inclusiva.

Se ha instalado la idea de que el sistema político no es capaz de adaptarse a los cambios que demanda la sociedad y qué quienes lo integran prefieren mantener lo que está y les acomoda, en vez de reformarlo y mejorarlo.

La función pública resulta lejana y cerrada para muchos, el acceso al poder nulo, la política opaca. Esto se hace patente en la alta abstención en elecciones, en la ciudadanía movilizada y organizada para exigir lo que mecanismos formales de participación no garantizan, en encuestas que hablan de baja confianza en instituciones y autoridades.

Pero algo que las encuestas también muestran es que los chilenos, pese a todo, creen en la democracia y la prefieren a otra forma de gobierno (Encuesta Auditoría a la Democracia, PNUD, 2012).

Cada vez menos porcentaje de personas piensa que en algunas situaciones es aceptable un gobierno autoritario. Pasa entonces que los ciudadanos valoran la democracia pese a que la reconocen perfectible. Son críticos y, por ello, demandan cambios. Esto explica la apertura de la ciudadanía a reformas que -independiente de su efecto concreto- prometen al menos cambiar y mejorar las cosas, (nueva Constitución, cambio del sistema binominal, voto de chilenos en el extranjero) muestra de interés por una democracia más inclusiva.

Así, las críticas de hoy no son solo envidia, “chaqueteo” o “mala leche”, sino una señal de molestia respecto a lo que hay y de atención a lo que se hará de marzo en adelante.

Los cuestionamientos se acompañan de altas expectativas construidas en los últimos tres años respecto a cambios políticos y sociales profundos además de un escrutinio ciudadano más activo e informado.

Por ello, más que nunca quienes asumirán u ocupan ya espacios precisan dar al menos señales concretas de que la ciudadanía está siendo escuchada y que se avanza en forma segura en cumplir lo prometido.

Considerar normales las actuales críticas (y las que vendrán) en vez de mantenerlas como un recordatorio de la responsabilidad que hoy tienen con la democracia y sus ciudadanos es un error que no pueden arriesgarse a cometer.

Si se considera que votaron 6.691.840 personas de un padrón oficial de 13.573.088 electores, la participación alcanzó el 49,3%.

Si se usa una base más pequeña, la población en edad de votar (proyectada en 12.963.143), se obtiene una participación del 51,6%, ocho puntos porcentuales menos que en 2009.

Incluso el número de votos fue el menor jamás registrado, aún cuando la población mayor de 18 años ha ido aumentando con los años.A días de la segunda vuelta los pronósticos son menos alentadores puesto que en casos previos la disminución en el número de votos ha sido la tendencia.

Si bien es una noticia negativa, este resultado no debiera ser sorpresivo: la participación en elecciones ha ido disminuyendo de manera sostenida desde 1989, donde votó casi el 90% de la población mayor de 18 años y en dicho periodo no ha existido ningún cambio relevante en el sistema político que haga pensar que muchos puedan acercarse o reinteresarse en la política.La culpa, concretamente, no la tiene el voto voluntario.

La modificación institucional más relevante en materia electoral ha estado en la instauración de un sistema de inscripción automática y voto voluntario, ampliando el universo de votantes en casi 5 millones de personas, en su mayoría jóvenes.

Dicho cambio operó por primera vez en las elecciones municipales de 2012 con una caída en la participación con respecto a la elección anterior.Esta fue la primera elección presidencial tras dicho cambio y el número de votos cayó en más de medio millón de sufragios pese a haber 9 candidatos y, en teoría, mayores sectores políticos y sociales representados en la papeleta.

La experiencia de las elecciones municipales de 2012 y la del pasado 17 de noviembre muestran que el aumento del padrón con la inscripción automática, combinado con un voto voluntario, si bien rejuvenece el electorado, no garantiza mayor participación.

Ya antes de debutar la nueva modalidad de voto con el padrón ampliado no se sabía con certeza qué pasaría en materia de participación, pues hay distintas fuerzas operando.

Por un lado los que antes no votaban podrían hacerlo sin trámites, en caso de que se interesaran en las propuestas de algún candidato.

Por otra parte, quienes nunca se inscribieron, podrían seguir sin participar si la competencia o la política no les resulta atractiva. Incluso algunos anteriormente inscritos, pero que votaban por miedo a multas y no por interés, podrían abstenerse sin problemas.Lo que sí estaba claro era que los candidatos, la política en general, tenía la tarea de atraer nuevas personas a las urnas y evitar que quienes votaban dejarán de hacerlo.

Atribuir al voto voluntario la culpa del aumento en la abstención no es acertado.Ciertamente la voluntariedad facilita la decisión de abstenerse de votar, y si fuera obligatorio, necesariamente votarían más personas influidas por el miedo a un castigo.Pero esto reduce el problema a algo netamente técnico, cuando las causas son políticas.

A la luz de los resultados, parece claro que lo que primó fue el desinterés por participar en el proceso central de la democracia y que fue la política y los candidatos quienes fallaron en movilizar un universo cada vez mayor de votantes.

El desinterés y la desafección política ya existía antes y se evidenciaba en un padrón que no crecía pese a aumentar la población mayor de 18 años y lo reflejaban también las encuestas de opinión.

Quienes no se inscribían no lo hacían porque había que hacer un trámite sino porque no se sentían representados, no creían que las cosas cambiaban con un voto o sencillamente no se interesaban en la política. Quienes reconocen abstenerse hoy dan similares explicaciones.

Lo que se requiere entonces es cambiar la política, introducir reformas que den señalas claras a la ciudadanía de la posibilidad de dinamizarla, de favorecer la renovación y la participación ciudadana más allá de las elecciones.

La propuesta que ha surgido de obligar nuevamente a votar, hacer de un derecho una obligación (por más que a algunos nos guste la idea), se reduce a aumentar el número de votantes pero no a solucionar el problema, y está en la misma lógica tan criticada de una política elitista o cerrada, que obliga y no invita a la consulta con la ciudadanía.

El cambio en la modalidad del voto debió ser uno de muchos cambios en materia electoral y de reformas políticas que aportara a detener un proceso de desgaste que viene desde antes de las marchas.

El voto de chilenos en el extranjero puede ser el siguiente aporte a un proceso eleccionario más inclusivo, pues se señala que incluso 1 millón de quienes están en el padrón residirían fuera del país.

Más simbólico y relevante sería una reforma del sistema electoral binominal para hacerlo más representativo y fomentar la competencia electoral.Una reforma a los partidos políticos que incluya financiamiento y fiscalización de su función, si bien impopular, puede ser también un aporte a transparentar la actividad política y favorecer la movilización de las bases.

Similar efecto puede tener el término a la reelección indefinida de parlamentarios. Estos son algunos cambios que se requieren hacer para afectar la política misma, mejorar la democracia y a la vez aumentar la erosionada legitimidad de las instituciones políticas.

El resto lo deben poner quienes hacen política, en la práctica virtuosa de la profesión política, en las ideas y en la voluntad de cambio.

El cambio que significa para nuestro sistema político es enorme. La Ley rejuvenece un padrón electoral que se había mantenido casi igual desde el retorno a la democracia.

Así, hace más probable la aceleración de otros cambios y reformas que necesita nuestro sistema político y que difícilmente pueden lograrse si las mismas autoridades electas siguen tomando decisiones en respuesta a las demandas de los mismos votantes.

Existe clara resistencia de quienes ocupan cargos de elección popular ante reformas políticas que les cambian las reglas de un juego que saben jugar, mismas reformas que requiere nuestra alicaída democracia.

Pero la inscripción automática también les mueve el tablero y, ante la duda e incertidumbre generada, bien puede resultar conveniente para ellos abrazar plataformas políticas nuevas y conquistar a los nuevos votantes, en especial a los más jóvenes, con propuestas que hacen caso a las demandas que hemos venido escuchando este año. Creo que más de algún candidato jugará esta carta.

Pero no hay que contentarse únicamente con esta ley. Es de esperar que este sea uno de muchos cambios en materia electoral y de reformas políticas que detenga un proceso de desgaste que viene desde antes de las marchas.

El voto de chilenos en el extranjero puede ser el siguiente aporte a un proceso eleccionario más inclusivo. La reforma del sistema electoral binominal para hacerlo más representativo y fomentar la competencia electoral, la reforma a los partidos políticos que incluya financiamiento y fiscalización de su función, el término a la reelección indefinida de parlamentarios, son también avances que se requiere hacer para mejorar la democracia y a la vez aumentar la erosionada legitimidad de las instituciones políticas. La ampliación del electorado puede ayudar a que ocurran a mayor velocidad.

Falta ahora que los nuevos inscritos ejerzan su derecho y voten.

Sabemos que con voto voluntario, aumentará necesariamente la abstención. Pero si los jóvenes votan masivamente en las elecciones municipales (por más que no vean un cambio aún), las propuestas de candidatos parlamentarios y presidenciales no podrán obviar sus demandas y serán más atractivas para el rejuvenecido electorado

Este se interesará en seguir participando y será mejor para nuestra democracia.¡Por  fin un círculo virtuoso en política!

Con el potencial aumento en la votación de 4,5 millones de personas el futuro de la política chilena promete más.

Los políticos tienen un incentivo para ir en busca de votos y mostrarse abiertos a las propuestas de los grupos que hasta ahora no participaban. Los mismos que piden reformas urgentes y que han salido a la calle este año y que ahora también tienen que manifestarse en las urnas.

A diario surge nueva experiencia comparada, se hacen análisis sobre la realidad educativa en el país, se visibilizan necesidades a distinto nivel educativo. Al escuchar tantas opiniones y argumentos cobra mucho sentido cuestionar los propios.

La problemática educacional es tan amplia y diversa, que prácticamente nadie puede tener una opinión completamente formada al respecto.

Si no eres un estudioso de la educación, un investigador en el área, un profesor o director de escuela o liceo, un técnico del ministerio o del municipio, no sabes mucho de educación. Y aunque estés metido en el tema, difícilmente sabes TODO de la educación. Hay mucho que se puede aprender antes de proponer.

Los líderes estudiantiles que participan desde un comienzo en las movilizaciones se han visto inmersos en un proceso de aprendizaje notable.

Llevan más de 4 meses pensando y respirando la educación y sus problemas. Han participado de asambleas, mesas de trabajo, solicitado asesoría e informes técnicos sobre distintas temáticas y, claramente, han aprendido. Están expuestos a nueva información y la hacen parte de su discurso.

Hoy escuchamos las razones detrás de la demanda por educación gratuita, por fin al lucro, por reformas al sistema político y vienen acompañadas por argumentos que tienen menos de ideológicos y más de técnicos.

Escuchamos explicaciones razonables y entendibles, cifras y porcentajes, citas de investigaciones y nombres de autores.

Lo más destacable es que en este proceso de aprendizaje se ha logrado vincular demandas por un área social específica con críticas mayores al sistema político. Mantenerse en la discusión y diálogo ha permitido tener una idea del big picture antes que muchos, entendiendo que para lograr reformas en serio en la educación hay que buscar cambios mayores en aquellos mecanismos que permiten efectivamente hacer los cambios.

Los líderes del movimiento están haciendo su pega y se someten a un ejercicio de aprendizaje y apertura a la información que se echa de menos en el mundo político.

Sus demandas y propuestas podrán no ser la verdad única y absoluta, pero dejaron ya de ser un simple reclamo o la repetición de conceptos abstractos o utópicos.

El argumento de que los estudiantes no saben lo que quieren ya no se sostiene. Tal vez, desde la lógica de alguien miope, todo lo que escapa a su perspectiva carece de sentido, está mal.

Y en esa misma lógica, no es razonable pensar más allá de lo que se conoce y, si hay problemas evidentes en un modelo o estructura imperante, los esfuerzos deben ser solo para corregir.

Ante la demanda por reformas profundas (reformas “fundacionales” de verdad) hay quienes rechazan los argumentos nuevos y en principio radicales puesto que significa pensar en algo diferente, que no se contemplado y no vale la pena tematizar.

Resulta más fácil defender lo que se tiene y conoce, menospreciar los argumentos del otro, ningunear. Así es menor el esfuerzo y el riesgo.

Cuando los dirigentes del movimiento estudiantil van a la Comisión de Educación del Senado hacen patente la crisis del sistema político.

Estos chicos que no saben cómo son las cosas fueron a dictar cátedra a los sabios representantes y designados que no supieron responder a la altura del desafío. Porque desde sus enclaves de poder no pretenden cambiar de opinión y aceptar que dicha opinión no es informada.

Muchos políticos ya no se someten a un proceso de discusión y diálogo en sus propios partidos -como sí lo hacen los estudiantes- que los convierta en gente informada en materia de educación y que les permita proponer y cuestionar lo que hay.

Porque no están obligados, porque no hay incentivos para hacerlo, porque no hay premio en informarse. Ellos no ganan nada con ello, a diferencia de los estudiantes quienes lo ganan todo.

Algunos tampoco están abiertos a aprender y cuestionar sus opiniones dado que sienten orgullo por lo que han hecho y abrirse a reformas significa reconocer errores. O porque simplemente tienen intereses que hacen que sea más conveniente que nada cambie.

Si al principio parecía poco acertado mezclar reformas políticas con reformas educacionales, este tipo de situaciones no hace sino darle la razón a los estudiantes.

Y la idea no nace de la nada, se forja en un proceso de aprendizaje sobre la magnitud del problema del cual todos debemos intentar participar, más aún los políticos.

Poner nuevos temas en la discusión nacional ha sido el primer gran logro de las movilizaciones de este año. Junto a las marchas, paros y tomas se han generado espacios de discusión y debate importantes y la atención de gran parte de la ciudadanía.

Está en cada uno aprovecharlos e informarse para luego influir como votante, como líder social o político, como intelectual.

Por ahora, parece que los que más esfuerzo ponen en aprender y más saben de educación, son aquellos que esperan recibirla.

Creo que si una de las críticas al actual gobierno es que la labor política del gabinete ha sido deficiente, el perfil de quienes ingresan le aporta ciertamente en peso y experiencia política.

Esto puede ser bien favorable para el gobierno.

Pero no creo que los problemas del gobierno pasen solo por mala conducción o coordinación por parte de los “ministerios políticos”, ni que el mero hecho de incluir más políticos experimentados en el gabinete baste para cambiar la situación de manera automática.

Hay un tema de conducción y estilo de gobierno que no corresponde al gabinete, sino al Presidente, y que ha jugado en contra de los objetivos de esta administración. Se trata del excesivo protagonismo de Piñera.

Un presidente protagonista corre muchos riesgos. Es cierto que puede cosechar los frutos de una gestión bien hecha, pero al mismo tiempo, tanta visibilidad hace que más problemas le reboten y que sea visto como culpable directo.

El protagonismo también permea la toma de decisiones y atenta contra el diálogo, la consulta y la apertura a opiniones diversas.

Varios han defendido el estilo de Piñera diciendo que fue precisamente esa forma de ser la que lo llevó a La Moneda y lo que lo ha hecho ser exitoso en su vida, que no lo pueden cambiar. Pero me atrevo a decir que la gente no lo eligió por su carisma o para verlo como protagonista. Lo eligió porque querían un cambio, porque alguien exitoso en el mundo privado podría facilitar que en Chile se hicieran mejor las cosas.

Un mejor gabinete puede ayudar a contener o evitar problemas, facilitando acuerdos. Eso mismo logró Bachelet cuando hizo ajustes en su gabinete en un escenario de alta crítica al gobierno, de movilizaciones sociales y donde el discurso de “no repetirse el plato” debió ser abandonado.

Pero la Presidenta lo acompañó con un menor protagonismo mediático por un buen tiempo, casi desapareciendo y dejando que fueran sus ministros quienes dieran explicaciones.

La ausencia potenció a la presidenta al igual que alejarse de la confrontación hizo que el nuevo ministro Longueira –antes uno de los políticos con mayor rechazo popular- sea hoy altamente valorado.

Esto no parece ser así en el caso del actual gobierno, cuando el presidente a un día del cambio de gabinete le regala una joyita a sus críticos diciendo que la educación es un bien de consumo (aunque sea sacado de contexto), dándole pega extra a su vocero.

Por eso, la verdadera tarea del renovado gabinete es convencer al Presidente que a su propio estilo de gobierno deben llegar también los cambios.

Está bien cambiar el gabinete y dejar a la clase política contenta con más diálogo. Está bien tener ministros más abiertos a escuchar las opiniones de los ciudadanos.

Pero se necesita también un Presidente que deje a quienes nombra hacer las cosas y que dé el ejemplo al momento de abrirse a que otros participen y dejar espacios para la discusión y la proposición de nuevas ideas, aunque estas sean contraria a la propia y, dicha actitud, contraria a como siempre se ha actuado.

El anuncio del reciente bono fue criticado desde la oposición de inmediato. Se dijo que dirigir recursos desde el gobierno hacia los privados es un error cuando el problema que existe es que hoy el sistema público de salud está desfinanciado.

Más que discutir la pertinencia del bono como solución a un problema puntual de peak de demanda por atención respiratoria, quisiera no dejar pasar la inquietud planteada por quienes han rechazado la idea del bono. Éstos, lo que critican finalmente son señales poco auspiciosas ante la falta de un pronunciamiento claro del gobierno respecto al destino de la salud pública en Chile. Éste, creo, es el tema de fondo.

Es claro que el sistema de salud pública se encuentra sobrepasado y desfinanciado. Camas e infraestructura en general estaban en déficit ya antes del terremoto y empeoraron fuertemente luego de éste. Las horas contratadas del personal no dan a basto en épocas de alta demanda y la gestión sin duda podría mejorarse y modernizarse. Mayor financiamiento será bien recibido en un sistema que atiende al 80% de los chilenos. Otra cosa es si sería bien utilizado o si cambiaría en algo la situación.

Preocupa a muchos que este bono más que una ayuda efectiva o una solución de parche necesaria, sea una señal de que el gobierno en vez de destinar más recursos al sistema público prefiere dirigirlos al sistema privado. Ante la falta de un pronunciamiento claro indicaría una cierta inclinación desfavorable a la salud pública que no se hace manifiesta y que no se somete a escrutinio ciudadano.

Ante la precaria situación del sector público el gobierno podría preferir potenciar el rol subsidiario del Estado en materia de salud. Lo haría destinando más recursos directamente a las personas o a los prestadores privados de salud y disminuyendo su rol en la provisión pública de salud, garantizando de igual modo el acceso pero no mejorando la situación en que se encuentra el sistema público.

¿Da lo mismo a los chilenos quién les provea el servicio mientras este sea de calidad? ¿No resulta familiar este problema?

Pensemos un rato en la educación. Los estudiantes escolares y universitarios –acertados o no- reclaman contra el gobierno por una falta de compromiso con la educación pública porque el sistema impuesto no funcionó. ¿Está dispuesto algún gobierno a enfrentar el problema que puede generarse si es que no se mejora la salud cuando se cambie el modelo?

Creo que es necesario generar un debate en torno al tema. Que el gobierno declare sus intenciones y, de asumirse comprometido con la salud pública, destine más recursos y presente un plan concreto a largo plazo que sea más que mejorar infraestructura.

Es importante que los chilenos puedan decir qué piensan al respecto, que se discuta desde varios frentes qué es lo que queremos de la salud a futuro, como ha pasado con la educación y como se propone hacer con la energía y el medio ambiente.

Eso sí, antes que los cambios silenciosos lleven a nuevas marchas y paros.

No es difícil entender la lógica tras estas modificaciones a la ley. Hacer más difícil que las personas fumen busca protegerlos a ellos de una actividad nociva y proteger a otros en el entorno del fumador que también se ven afectados. A la vez que desincentiva a adoptar el vicio.

Apunta también a reducir la prevalencia de enfermedades en las cuales se gasta bastante dinero cada año siendo un costo que no solo los fumadores asumen.

Una de las principales dudas que surgen es si son apropiadas estas leyes que limitan las posibilidades de decisión de las personas sobre cómo conducir sus vidas ¿Está bien que se restrinjan a tal nivel las libertades de las personas, es decir la posibilidad de decidir dónde fumar?

Esta ley es sin duda paternalista, pero no asocio este concepto a algo de por sí negativo.

Entiendo el paternalismo como forzar a alguien a actuar de cierta forma o prohibirle hacer algo sin atender sus preferencias e intereses, entendiendo que esto se hace en su beneficio. Douglas Husak, experto en filosofía de la ley, señala que el paternalismo se justifica si lo que se gana es más de lo que se pierde y yo comparto esa idea.

¿Vale más la reducción del consumo del tabaco y sus beneficios asociados que las libertades restringidas al no poder hacer lo que se quiere? Esta es la pregunta que hay que hacerse acá y al evaluar cada ley de este tipo. En mi opinión las modificaciones a la ley del tabaco sí se justifican.

Es difícil poder jerarquizar el valor de ambas cosas. Sin duda menos consumo de tabaco, menos fumadores pasivos, menos personas iniciándose en el vicio, menos enfermedades asociadas al tabaquismo y menos gasto en enfermedades tienen gran valor. Por otro lado, la libertad de las personas también tiene valor y éste es altísimo.

Pero, ¿de qué libertad puede hablar un adicto? ¿Es un fumador realmente libre de decidir cuándo y dónde fumar? Yo creo que no son libres, su decisión está mediada por la necesidad física de nicotina, por la costumbre y el ejemplo. Esa libertad ya está perdida, no se las quita la ley. Además, no se está prohibiendo el consumo, solamente se lo hace más difícil. Por ello, creo que lo que se gana es más de lo que se pierde.

En definitiva, pienso que hacer más difícil fumar se justifica y es el camino que siguen muchos países.

Si bien creo que las modificaciones de la ley del tabaco fueron insuficientes, pues debieron también incluir mayores impuestos, la ley va en la dirección correcta.

Algunos dirán que basta mirar la cantidad de personas marchando para concluir que han sido exitosas como canal de participación política. Otros dirán que la violencia generada y los ataques a Carabineros son suficientes para catalogar la experiencia como negativa. Los más estrictos dirán que no hay éxito alguno mientras se siga adelante con el proyecto hidroeléctrico en plena Patagonia.

Si bien miles se suman a las marchas para evitar que se construya HidroAysén, creo que se logrará algo valioso aún cuando el proyecto termine aprobándose en su totalidad.

A mi juicio, el gran éxito de las marchas hasta ahora ha sido fomentar el debate amplio e informado en torno a los requerimientos eléctricos de nuestro país y a la necesidad de planificar el crecimiento teniendo realmente en consideración el medio ambiente. La masividad de la discusión ha hecho imposible que el gobierno evada el problema y esto puede llevar a que ocurran importantes cambios en el sector energético.

Años atrás, cuando comenzaba la campaña “Patagonia Sin Represas”, lo que los no expertos sabíamos era que torres de alta tensión atravesarían nuestro país arruinando la vista de la cordillera. Existía evidente impacto en el medio ambiente y se amenazaba el turismo. Por otro lado se nos decía que Chile necesitaba energía, que íbamos a quedar a oscuras, que había que construir. Así, la discusión hasta hace poco no era del todo profunda y no reflejaba las verdaderas necesidades del país ni toda la información que se debe considerar para tener una opinión bien formada

Hoy no solo sabemos de cables, de falta de energía, de daño al medio ambiente. Ahora hablamos de megawatts hora, de matriz energética, de ERNC, de multicarrier eléctrico, de autopista energética. Por fin se discute no solo sobre contaminación en la producción de energía sino también sobre competitividad en el mercado de la energía y sobre el alto precio de ésta en Chile. Se plantea cambiar las reglas del juego que hacen rentable proyectos contaminantes y los criterios que permiten aprobar un proyecto. Está sobre el tapete el diseño de una estrategia de largo plazo de desarrollo energético y se ha anunciado la creación de una comisión especial para lograrlo. Al fin nos cuestionamos si estamos dispuestos a pagar el costo de proteger el medio ambiente.

Nada de eso estaba en la agenda antes. Hoy ya lo está. La movilización ciudadana en torno al tema ha hecho que la discusión sobre el problema sea inevitable. El gobierno, que ya se mostró de acuerdo con HidroAysén, debe dar señales de que tiene real interés en el medio ambiente y que tomará medidas concretas para asegurar que Chile crezca minimizando el costo para el medioambiente.

Sin duda vendrán anuncios rimbombantes y mediáticos pero, afortunadamente, habrá mucha gente atenta y dispuesta a marchar de nuevo como para que todo quede en nada. Tal como lo hicieron los pingüinos en 2006, hoy quienes protestan exigen cambios radicales y con visión de largo plazo.

Para convocar a las marchas es necesario que se crea que HidroAysén se puede evitar y ése es sin duda el objetivo de muchos.

Pero creo que no debe haber desánimo si no se logra. El futuro promete bastante y es preciso que en adelante, el esfuerzo de expertos y autoridades sea acompañado por el interés activo de la ciudadanía por seguir los procesos de cambio en el sector energético en Chile.

A la larga, luego de HidroAysén vendrán otras muchas centrales y no se trata de marchar todos los días contra proyectos individuales. Lo que se requiere es hacer notar que la atención existe y que, si es necesario porque nada cambia, las personas harán sentir su descontento.

Expertos han señalado que los gases lacrimógenos producen serios daños en la salud de las personas y que incluso tendrían efectos abortivos. Más aún, se ha puesto en duda su eficacia en tanto los gases lacrimógenos utilizados para dispersar grupos y ahuyentar personas, causaría mayor agresividad.

Pese a que es positivo el anuncio del Ministro, no se debiera discutir lo apropiado o no de las bombas lacrimógenas. El tema de fondo no es el uso de los gases mismos, sino la vehemencia con la que se ha actuado en la represión de los manifestantes.

Me atrevo a decir que se utiliza una lógica represora que asemeja las manifestaciones y marchas ciudadanas a cualquier fenómeno delictivo.

Lo que ocurre es la criminalización de la movilización de los ciudadanos, de las posibilidades de dar a conocer públicamente el descontento con las autoridades que los representan.

Obviamente no hay justificación para quienes actúan de manera violenta en medio de manifestaciones pacíficas, atacando cobardemente a carabineros superados en número, forzando enfrentamientos y, a la larga, limitando el interés de otros ciudadanos por participar.

Sin embargo las recientes marchas autorizadas con una participación de más de 15 mil personas y donde hubo un centenar de detenidos y menores daños que en otras ocasiones, bien pueden calificarse de pacíficas y, la represión, de excesiva.

La fuerte represión supone un alto costo para quienes participan (recibir un golpe o piedrazo, resultar mojado, respirar gases tóxicos, ser detenido). Sabiendo esto, muchos prefieren quedarse en sus casas.

Eso es lo que un gobierno desearía para que no se genere una impresión generalizada de desaprobación y es lo que se logra con fuerte represión.

Tal como el endurecimiento de las penas ha sido propuesto para que el delincuente se abstenga de cometer un crimen, la represión actúa no solamente logrando restablecer el orden público sino limitando la participación activa de las personas.

Si la política de la “mano dura” es cortoplacista y privilegia el control, la excesiva represión genera orden en el corto plazo, pero en el largo plazo reduce más el interés de las personas por participar de manera activa en la vida pública.

Manifestaciones y delito no son lo mismo. Las posibilidades de participación en Chile están prácticamente limitadas al voto y más encima votamos poco y cada mucho tiempo.

Marchar de manera pacífica y autorizada es una forma de hacer notar a las autoridades electas que no son pocos quienes apoyan una causa. Esto, mientras se espera para demostrar el descontento en las urnas.

Mientras más gente hay en las calles, mayor amenaza de desaprobación reciben las autoridades ,y es posible que estas reaccionen en función de lo razonable que resultan las demandas y aquello que permite la ley.

Lamentablemente la fascinación con el orden público no es una cosa que sea nueva en Chile ni poco generalizada. No es que nuestros actuales gobernantes sean en extremo represivos y los ciudadanos pensemos distinto a ellos.

Casos similares de represión han ocurrido en anteriores gobiernos y muchos chilenos sostienen hoy que las marchas son puro desorden y solo ve en ellas daños y violencia.

Parece que culturalmente nos gusta el mucho que las cosas estén bajo control. La encuesta de opinión pública Barómetro de las Américas de la Universidad Vanderbilt para 2010 indica que casi el 45% de los consultados en Chile aceptan que hay casos en que es necesario actuar fuera de la ley para detener un delincuente.

A su vez la sensación de inseguridad en Chile es alta si se tiene en cuenta que Chile destaca por cifras delictuales muy por debajo del promedio de toda la región tanto en victimización como en tasa de delitos registrados.

En Chile estamos lejos de compararnos con España, donde esta semana miles de jóvenes acampan pacíficamente en la Puerta del Sol pidiendo solución al problema de desempleo y nadie se escandaliza. O de México, donde hay manifestantes que prácticamente viven en el Zócalo.

Así es, en otros países no se reacciona igual a las protestas y el umbral de aceptación de opiniones contrarias al gobierno es mayor. Existe otra forma de reaccionar por parte de la autoridad civil y la policía.

Al actuar con fuerza excesiva ante las manifestaciones ciudadanas se restringen los derechos de libre circulación y expresión por garantizar el orden público y resguardar el supuestamente amenazado derecho a la propiedad.

Quizás lo que haya que evaluar es cómo valoramos los distintos derechos y qué privilegiamos.

A mi juicio, en una sociedad donde la política está desacreditada, instituciones como los partidos políticos y el congreso tienen poca aprobación y la juventud no participa de las elecciones, coartar una forma de participación de manera tan violenta como hemos visto recientemente, es seguir el camino equivocado. La “mano dura” no aplica y la “mano acogedora” no se ve.

A fines de Abril los alumnos del liceo Llifén en Futrono se tomaron el establecimiento pidiendo que se concretara la entrega de mejoras de infraestructura que llevaban tiempo esperando.

La semana pasada algunos alumnos del liceo Indira Gandhi de la Florida efectuaron la toma del establecimiento para protestar y obtener la atención de las autoridades por reiterados hechos de violencia escolar. La acción atrajo a los medios y al Ministro y finalmente se expulsó a un grupo de alumnos que atemorizaba a sus compañeros.

El día lunes las alumnas del Liceo 7 (de excelencia) se tomaron el establecimiento para reclamar por la presencia de ratas, solicitando que se tomaran medidas al respecto. Tanto el Alcalde como el Ministro se mostraron preocupados del problema. Este martes alumnos del liceo Antoine de Saint Exupery de Coyhaique iniciaron una toma para manifestar su desacuerdo con el proyecto HidroAysen y lograron que las autoridades del colegio suspendieran las clases para hacer una movilización pacífica.

Podría argumentarse que este tipo de acciones por parte del alumnado son negativas, llaman al desorden y a la indisciplina e impiden el normal funcionamiento de la jornada de clases. Yo por mi parte, en tanto pacíficas y justificadas, considero que este tipo de acciones son positivas. Que se tomen medidas para que la violencia disminuya en un colegio o para que la infraestructura sea la adecuada bien vale perder unos días de clase. No solamente se puede conseguir un objetivo, sino que se gana en experiencia ciudadana y en expectativas de que con organización y ganas pueden lograrse cosas.

Más positivo resulta aún si vemos que en muchos de estos casos las autoridades no tienen las manos tan atadas como parece y que muchas soluciones se logran rápido cuando hay cámaras cerca y acecha la posibilidad de perder votos y popularidad. Lamentablemente parece ser que sin toma, la opinión de alumnos y jóvenes no es escuchada.

Las recientes movilizaciones nos permiten ver que los jóvenes sí se interesan por participar cuando hay un tema que les afecta directamente y una causa que consideran justa. Que la “revolución pingüina” no es algo irrepetible. Permiten ver que los jóvenes pueden y quieren participar de las decisiones en materias que les afectan y que para ello requieren de un tema que los convoque y expectativas de que lo que se persigue puede concretarse. En este caso, que las condiciones del lugar donde estudian y donde pasan casi más de la mitad de su día sean seguras y libres de plagas.

Claramente las movilizaciones son el camino que les parece más viable para manifestarse a muchos jóvenes pero pese a ello no debiera llegarse a dicho extremo. Se llega simplemente porque de otra forma los jóvenes no son escuchados.

Las tomas ocurren en establecimientos educacionales donde los jóvenes son capaces de organizarse y donde comparten una causa común. Los estudiantes reciben el apoyo de sus padres y profesores que votan en las elecciones y los políticos no pueden mirar para otro lado si quieren seguir en sus puestos. Pero los problemas que aquejan a los jóvenes no están solamente en los liceos ni se refieren únicamente a la educación secundaria. Tienen que ver con el acceso a empleo, con mejores oportunidades de capacitación, con el ejercicio igualitario de derechos, con oportunidades de información y decisión sobre su salud sexual y reproductiva.

Lamentablemente no hay un espacio físico como el colegio que permita aglutinar a otros jóvenes para movilizarse en forma organizada y además, en términos electorales, los jóvenes están subrepresentados.

La posibilidad concreta de visibilizar las inquietudes de los jóvenes y lograr el interés de los políticos en este grupo se logrará cuando más de ellos decidan votar y se conviertan en un grupo atractivo para los candidatos. Ya no solamente podrán manifestarse desde el liceo o la universidad, los candidatos deberán ir a buscarlos a ellos.

Hoy en día, la cantidad de jóvenes no inscritos basta para ganar cualquier elección; con inscripción automática antes de la próxima elección los jóvenes podrían decidir el próximo presidente. El interés por movilizarse que hoy muestran algunos resulta en este sentido muy esperanzador. Mientras, en tanto los problemas de los jóvenes no tengan eco en sus padres y otros miembros de la comunidad educativa o no logren generar atención en los medios de comunicación, poco será lo que logren fuera de los liceos, sin encerrarse y colocar mesas y sillas en la entrada.