En su año y medio de gestión, el gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría han debido, por un lado, tratar de explicarse una paradoja y, por otro, enfrentar una disyuntiva política severamente crítica. El desenlace ha sido que entre ambas se ha dado una sinergia con lamentables consecuencias.

La paradoja se puede expresar en la siguiente interrogante: la encuesta CEP de abril del 2015 indica que un 34% tiene una opinión negativa de la reforma tributaria impulsada por el gobierno y un 29% tiene una opinión positiva, mientras que un 37% rechaza la reforma educacional y un 25% la respalda.

¿Cómo se explican estos mayores rechazos en relación a las aprobaciones si la Presidenta Bachelet fue elegida con más del 60%, precisamente para llevar a cabo estas reformas?

Aún más, ¿cómo se condice lo recientemente dicho con los datos y cifras que nos entrega el último Informe sobre el Desarrollo Humano en Chile del PNUD, en el que, categóricamente, la gran mayoría de los chilenos encuestados están por realizar cambios en el país y un 61 % manifiestan que ellos deben hacerse de manera inmediata?  (el trabajo de campo de este informe se terminó en octubre del 2013)

Esta paradoja e interrogante me parece que tiene varias líneas de explicación, las que combinadas, tal vez, se aproximen a la respuesta más completa.

a) Errores estratégicos del gobierno y algo de improvisación en la agenda legislativa y en la preparación de los contenidos de las reformas; en la misma encuesta CEP ya mencionada, el 65% afirma que las reformas han sido improvisadas; un 23% dice que han sido bien pensadas.

b) No se difundieron con claridad y pedagógicamente los contenidos e implicancias de las reformas entre la población, sus beneficios, en qué plazos, etc.

c) Fue mucho más masiva, convincente y potente la campaña de la derecha y del gran empresariado destinada a tergiversar y desacreditar las reformas, instalando inseguridad y miedo entre la población; nuevamente se evidencia el desequilibrio en el acceso a los medios de comunicación.

d) Un porcentaje importante de personas que no aprueban las reformas, lo hace porque creen que éstas han sido transadas en su esencia: la metáfora de la reforma tributaria y la cocina y aspiran a que las transformaciones sean más significativas.

e) Muchos chilenos no conocen de verdad las reformas, no han estudiado sus contenidos y alcances, y tienden a retener y repetir lo que escuchan.

f) Pudiera ser que la ideología neoliberal con su individualismo, con el “rásquese cada uno con sus uñas”, con la creencia en la omnisciencia de la economía y varios otros, haya penetrado más de lo pensado en nuestro pueblo y hoy forme parte del marco socio-cultural que orienta sus acciones.

La reflexión acerca de esta paradoja no pudo dar origen a una autocrítica, diálogo y corrección gubernamental para guiar los siguientes pasos de su gestión, dado el torbellino político del verano del 2015 que se caracteriza por la irrupción transversal de los casos de corrupción, incluida la torpeza e irresponsabilidad del propio hijo de la Presidenta.

Para decirlo metodológicamente, los sucesos de público conocimiento, Penta, Caval-Dávalos y Soquimich, surgen como variables intervinientes no previstas, que se tornan en condicionantes fundamentales en el futuro de la administración de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría.

Es aquí cuando el gobierno, una vez instalado (y reinstalado) su nuevo gabinete, enfrenta una disyuntiva crucial para su futuro.

Lo primero si más allá de ciertas “restricciones económicas”, va a mostrar una voluntad y capacidad política para reponer las reformas y reimpulsar su agenda transformadora con sus ritmos. Para ser más concretos, si se van a sacar adelante los otros temas de la Reforma Educacional, si se va a impulsar una Reforma Laboral de verdad y si se va a realizar el necesario cambio en la Constitución.

O bien, para evitar los conflictos y la crítica, para aparecer mejor en las encuestas, para congraciarse con determinados grupos de intereses, para retomar un “realismo” y/o geometría política en que lo fundamental es si se pierden o ganan más votos o si se nos ubica al centro a la derecha o a la izquierda, simplemente se concentre en sacar una legislación que regule la relación dinero-política, a la vez que opte por pulir lo ya hecho, incluso “maquillándolo” y transe los contenidos esenciales de las reformas.

Frente a esta disyuntiva, muchos éramos partidarios de la primera, esto es, que el gobierno retomara un liderazgo pro-activo en el logro de las transformaciones señaladas, eso sí, esta vez con autocrítica, con eficiencia, con acuciosidad y con una comunicación masiva y pedagógica con la ciudadanía.

No se trata de un voluntarismo político “barato” o infantil como podría livianamente sostenerse, sino de hacer de la crisis una oportunidad y reivindicar las esperanzas de la inmensa mayoría de los chilenos que no quieren que se re-legitime una sociedad caracterizada por los abusos de poder y la brutal desigualdad en la distribución de los bienes.

Aún más, el implementar un cambio en la Constitución a través de un medio realmente participativo que no descarte a priori la Asamblea Constituyente, me parece no sólo un tema de bien común, sino una muestra de confianza y de aproximación a una ciudadanía cuyo abismo con la política alcanza hoy ribetes preocupantes y en que urgen las reparaciones a la crisis de confianza y marginalidad en relación al sistema político-institucional.

Es la misma elite que ha fracasado en la conducción de este proceso, partiendo por la propia Presidenta, la que debe, con humildad pero con decisión, dar muestras de una resiliencia de liderazgo y de gestión.

Es por esto que hoy aún me retumban con cierto sabor de frustración y desesperanza parte de los dichos de la Presidenta después de su reciente encuentro con su equipo ministerial, algunos de los cuales uno estaba acostumbrado a escuchar de parte de otros sectores y grupos. Sólo quiero para terminar detenerme en uno de ellos: “las restricciones nos imponen que, además de cuidar los equilibrios fiscales, seamos capaces de reactivar la economía, porque una cosa que todos tenemos claro es que sin crecimiento no hay reformas sustentables”.

Alguien cree que en un país en que la diferencia entre ricos y pobres es de 26 a 1, en que los “nini” (ni estudian ni trabajan) alcanzan a un 22%, en que el 10% más rico se lleva más del 40% del ingreso nacional y en que aproximadamente el 80% del producto nacional está asociado a no más de 15 grupos económicos, el implementar reformas que afectan precisamente a quienes controlan e imponen el manejo económico, ¿no va ir acompañado de cierto ruido y por cierto de algunas “dificultades” y menor crecimiento de la economía? 

Puede ser que, entre otros, un resultado de este “tercer gobierno” de la Presidenta Bachelet  sea el instalarse comunicacionalmente con la etiqueta de transformador. Si es así, ojalá esto sea real y no se convierta, en los hechos, en un mero administrador de una modernidad que clamaba a gritos un cambio cualitativamente significativo y en un equilibrador virtual de una sociedad severamente desequilibrada en relación a la justicia social y al bien común.

Paralelamente, el sufrimiento y drama de nuestra gente del Norte, en una suerte de ironía y paradoja, pareciera ” humanizar” todo este panorama, recordándonos que hombres y mujeres estamos sometidos permanentemente al radical interrogante del porqué del sufrimiento y a la búsqueda del sentido de lo racionalmente incomprensible.

La tríada Penta-Caval-Soquimich, ha terminado en un efecto combustión cuyas múltiples esquirlas han herido el alma de nuestra actual democracia y nos han impelido, a todos sin excepción, a una profunda reflexión.

Las instancias correspondientes establecerán lo que ha sido o no una transgresión a tales y cuales normas, así como las consecuencias e implicancias de las mismas.

Es cierto que han surgido severos condicionantes para re-dinamizar la gestión gubernamental, respirándose en el aire un fantasmagórico inmovilismo político. Aún más, algunos ven en las actuales circunstancias una ocasión propicia para conservar su status quo y evitar que otros cambios tengan lugar en el país, lo que los lleva a  plantear como “salida para retomar el equilibrio”,que el gobierno y sus pares políticos opten por una mera administración de lo existente, abandonando el reimpulsar las imprescindibles transformaciones exigidas por la gran mayoría de los chilenos y por las cuales numerosos actores de nuestra sociedad  se movilizaron en el transcurso de la última década.

Los partidarios de esta tesis, junto con intentar mantener sus privilegios, olvidan que una decisión de este tipo, aunque aparentemente más fácil, constituye una incoherencia en relación a los compromisos adquiridos, a la vez que tiene un efecto claramente más provocador y generador de incertidumbre. Es decir, se desconoce y olvida que en el país hay una tensión ya comprobada entre la realidad institucional  (y socio-cultural) y el sentir de la ciudadanía. El que esta contradicción pudiera escalar aún más, podría conducirnos a agudizar conflictos con consecuencias no menores.

Es dentro de este marco y a propósito de las variables que configuran lo esencial del problema, que me atrevo a afirmar, respetuosamente, que lo que no puede suceder es que la primera autoridad del país, nuestra Presidenta, se desafecte de su programa de gobierno, dude de sus convicciones sobre lo esencial de seguir adelante con las transformaciones necesarias para una mayor justicia social y no sienta como motivación fundamental para ello las reformas ya aprobadas, cuyos resultados positivos, contra los apocalípticos de siempre, solamente se verán más adelante cuando ellas entren en funcionamiento.

Toda crisis siempre conlleva una amenaza que afecta a algo que hasta entonces se estimaba imperturbable y sólido, resultado de lo cual siempre es imprescindible visualizar una posibilidad de restauración, normalmente en torno a nuevas condiciones y circunstancias.

Asimismo, el liderazgo es una construcción social en permanente actualización, esto es, las características y atributos personales que potencian al líder se hacen realidad y se concretan siempre dentro de determinadas condiciones socio-políticas y culturales.

Es el momento que la Presidenta haga la sinergia de estos dos elementos y se catapulte nuevamente hacia la líder que el país requiere y, a partir de sus talentos personales, haga carne eso de que en tiempos de pesar y desplome colectivo, en tiempos decisivos de la existencia personal y societal, es necesario dirigirse hacia adelante con una actitud de sereno optimismo.

Ella debe re-invitarnos y re-motivarnos para salir del neblinoso atajo en que nos encontramos, centrándonos en la dirección propuesta y legitimada categóricamente en la elección presidencial de hace algo más de un año.

Por supuesto, surgirán numerosas opiniones, las cuales muchas veces no sólo tendrán matices distintos, sino que serán absolutamente opuestas, lo que en gran parte se explica por los diversos y múltiples aspectos en los que se puede centrar el análisis.

En esta columna, he optado por referirme a dos ámbitos relacionados con el tema en comento. Uno tiene que ver con un aspecto más bien sociológico y el otro con los resultados mismos de la gestión gubernamental.

1.- En efecto, desde el punto de vista sociológico, me parece que, entre otras, hay tres consideraciones que se podrían hacer.

- Se ratifica aquello según lo cual, siempre que se llevan a cabo transformaciones y/o cambios significativos en una sociedad, surgen inexorablemente polémicas, controversias y hasta conflictos.

- En estos doce meses, se ha explicitado algo más claramente, aunque tal vez aún a nivel de la élite, la diferente visión y tensión largo tiempo larvada,entre quienes han estado en pro de que el actual sistema socioeconómico y político siga igual, postulando gestiones que en lo fundamental administren eficientemente lo existente con políticas públicas dirigidas a disminuir la pobreza (vía el ¨chorreo¨) y quienes aspiran a una transformación socio-económica y política que penetre y quebraje el modelo neo-liberal y sus estructuras de poder.

Se trata de ver en el actual gobierno una posibilidad cierta para que en un mediano plazo se abra el camino hacia una profundización democrática en que se rediseñe la búsqueda del desarrollo, no desconociendo la importancia del crecimiento, pero sí poniendo a éste en un lugar más secundario, dándole al logro de la equidad un sentido en sí mismo y no residual. Esto supone que las acciones políticas estén por sobre el predominio desproporcionado de la racionalidad tecnocrática y que se prioricen reformas significativas en la sociedad.

- En gran parte como resultado de lo anterior, se puede sostener (a modo de tesis) que la implementación del programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se ha llevado a cabo en medio de una controversia claramente ideológica, la que se ha expresado en las posiciones y acciones de los diferentes actores políticos y sociales, detrás de las cuales (aunque muchas veces no se quiera reconocer, caso de las respuestas de las personas a las encuestas, o simplemente no se tenga conciencia de ello)subyace un conjunto de creencias, visión de la realidad (representación de la sociedad) y algún sustrato valórico-doctrinario.

2.- El segundo ámbito, imposible de soslayar al momento de una evaluación gubernamental, tiene que ver con los resultados y logros de la gestión misma, los que, para ser metodológicamente coherente, deben visualizarse en relación y/o en comparación con el programa de gobierno que la entonces candidata Bachelet presentó al país y por la que fue elegida por una amplia mayoría.

Aquí me parece fundamental como ejercicio previo, desmalezar expresamente entre el conjunto de elementos e información que uno podría considerar, y concentrarse en lo más esencial y trascendente. Más concretamente dicho, se trata de ir más allá de tales y cuales declaraciones desafortunadas de algunos miembros del gabinete, o de las críticas justas o injustas de personeros y partidos oficialistas y/o de oposición, o de los diversos reclamos frente a los errores procedimentales en que sin duda incurrió el gobierno en algunos de sus proyectos, etc.,para objetivar los logros alcanzados en estos doce meses.

¿O alguien cree que en la gran obra transformadora de Eduardo Frei Montalva, que tan justa y merecidamente se ha destacado en meses reciente por parte de los más diversos sectores del país, no hubo declaraciones de ministros que fueron poco felices, críticas diversas desde el oficialismo y la oposición, actuaciones de personeros de gobierno censurables y/o errores en algunas formas de llevar a cabo tan históricos cambios sociales?

Pues bien, los hechos concretos y evidentes son que, en un año de gobierno, se ha aprobado la Reforma Tributaria, se ha puesto fin al odioso Sistema Electoral Binominal, se ha aprobado parte importante de la Reforma Educacional (fin al lucro y al copago y regulación en la admisión de los estudiantes) y ha quedado listo para su promulgación el proyecto de Acuerdo de Unión Civil (de parejas de igual o distinto sexo), iniciativa esta última que introduce en el debate nacional temas esencialmente valórico-culturales, lo que es un ejercicio democrático mucho más saludable que evitarlos y/o negarlos.

Es decir, más allá de la posible frustración de algunos por el cercenamiento de algunas partes de los proyectos y/o de la satisfacción de otros por la corrección y mejoramiento de los mismos que el Congreso Nacional está facultado para hacer, lo cierto es que en solo 12 meses el gobierno ha implementado más de la mitad de las llamadas grandes transformaciones con las que se había comprometido en su programa: la reforma tributaria, parte importante de la reforma educacional y la reforma al sistema binominal, la que por cierto es sólo la antesala al otro cambio fundamental, la Nueva Constitución.

Conjuntamente con lo recientemente mencionado, es bueno recordar que el gobierno ya ha tomado iniciativas y efectuado acciones acerca de compromisos y/o anuncios de campaña que tienen significativas implicancias sociales. Entre otros, ha duplicado los recursos del Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal y ha creado el Consejo Nacional de la Infancia. Paralelamente, ha enviado los siguientes proyectos de ley al Congreso, los que deberían ser en el corto plazo aprobados:la creación de las Universidades Públicas en Aysén y O’Higgins; el pago permanente desde el 2014 del llamado Aporte Familiar de marzo; la creación de una AFP estatal; el proveer de 6.000 nuevas plazas de carabineros y 1.200 nuevos policías de investigaciones; la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el proyecto que crea el ministerio de la Mujer.

La absolutamente imprescindible Reforma Laboral, la Despenalización del Aborto (bajo determinadas circunstancias), la confección de un marco institucional claro y riguroso que regule le relación entre Política y Negocios y la búsqueda del mejor procedimiento (ojalá el más democrático) para llevar a cabo cambios significativos en la Constitución que actualmente nos rige, deben ser metas a alcanzar en los próximos meses, las que el gobierno debe impulsar especialmente motivado por lo ya logrado y con extrema lucidez y eficiencia a partir de la experiencia del primer año de gestión.

Para tener resultados exitosos en estos y otros ámbitos, es condición absolutamente necesaria la unidad y colaboración leal de la coalición oficialista, la Nueva Mayoría, y un mayor empoderamiento en el liderazgo de la Presidenta, concitando a lo largo del país adhesión a “sus causas” (al programa de gobierno) y generando entusiasmo, eficiencia y disciplina en sus equipos más directos.

Por último, y particularmente en un país en que, según el estudio Latinobarómetro del año 2014, un 42% de la población está insatisfecho con la democracia y en que la política y los partidos políticos están entre los peor evaluados, es imposible dejar de mencionar en este recuento lo sucedido con el conocido caso del Holding del grupo Penta y sus indiscutibles repercusiones en la derecha política chilena, particularmente en la Unión Demócrata Independiente UDI.

Si bien es cierto el tema está relacionado con el financiamiento de la política y sus complejidades e insuficiencias, esto no puede ser argumento para mimetizar un hecho que es de la mayor preocupación y, lo que es un agravante, viene sucediendo por parte de los mismos protagonistas desde hace un buen tiempo.

El caso ha sido suficientemente expuesto a la opinión pública, por lo que baste decir que en enero reciente el Servicio de Impuestos Internos ha definitivamente acusado a los socios principales de PENTA, Carlos Délano y Eugenio Lavín, y a doce personas más, lo que ha llevado a que la Fiscalía Oriente pida la formalización de estos personeros y del ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, Pablo Wagner, por diferentes cargos: emitir facturas falsas (ideológicamente falsas),fraude tributario (entre 260 a 660 millones de pesos), falsificaciones de documentos y pagos indebidos, entre otros.

El modus operandi de larga data de cierto empresariado y la derecha política chilena, tiene implicancias no siempre suficientemente destacadas en torno a la distorsionadora influencia en resultados electorales por parte de quienes cuentan con instrumentos y/o entidades cuya enorme concentración económica los vincula a la mayor y mejor influencia política, a la manipulación del poder y a la protección de determinados intereses.

Aunque con características distintas, sin duda el caso Dávalos- Compagnon-Lucksic y el crédito del Banco de Chile a la Sociedad Caval por 6.500 millones de pesos para una compra de terrenos en Machalí, ha sido también motivo de molestia generalizada y se inserta claramente en la desilusión de la ciudadanía por la política y la impotencia por el carácter plenipotenciario del que gozan ciertos poderes económicos.

Asimismo, por injusto que pueda ser y a pesar del origen torpe e irresponsable del suceso, específicamente por parte del señor Dávalos y Sra., su instalación mediática y la consecuente percepción de la opinión pública ha terminado por desplegar una sombra distorsionadora antes los evidentes buenos resultados del primer año de gobierno y, lo que es más preocupante, podría tener un efecto negativo en la popularidad de la Presidenta.

Sin embargo, soy de los que reconozco las capacidades humanas e intelectuales de la presidenta Bachelet, por lo que el futuro de su liderazgo es algo que, en gran parte, va a depender de su propio desempeño y vínculo con la ciudadanía. Los resultados definitivos sólo podrán saberse fehacientemente con el paso del tiempo.

Lo anterior adquiere una especial y más nítida expresión, en un mundo en que el sistema socio-económico y  cultural preponderante, el modelo neo-liberal,  se ha desplegado con pretensiones de ” única alternativa”,  de  ”científicamente fundado” y mostrando dimensiones similares a las que llevaron a Walter Benjamin, hace ya casi un siglo,  a caracterizar el capitalismo como una religión cuyos dogmas centrales son el mercado y el consumo y su dios el dinero.

La pregunta que resume  “el estado de la cuestión ” es ¿hay algo más difícil en el mundo actual que cambiar la modernidad neo- capitalista?

En el caso de la sociedad chilena de estos días, en primer lugar y sin estar nunca demás recordarlo, la transición a la democracia se ha llevado a cabo con significativos logros de los gobiernos concertacionistas.

No obstante, en la primera década del nuevo siglo, las dimensiones de injusticia y desigualdad en la distribución de la riqueza, en la segregación educacional, en las relaciones laborales, en la toma de decisiones y participación ciudadana, en la elección de los representantes de las mayorías, en  el abuso y utilidades desproporcionadas de algunos  privados, incluidos los que administran recursos naturales, entre otros, crearon la convicción moral y política en la población de la necesidad  de implementar reformas estructurales en nuestra sociedad.

El que hayan surgido variadas opiniones y hasta vehementes discrepancias al respecto entre diferentes actores  del quehacer nacional, claramente no debería ser algo que sorprendiera a nadie y mucho menos que se le otorgara el carácter de un indicador inequívoco de la próxima “debacle chilena”.

Lo que sí resulta inquietante, es que esta tensión entre quienes realmente desean realizar cambios en la situación actual y los que simplemente desean seguir administrando lo existente, pudiera dar lugar a un inmovilismo inertico en que, al llegar a fines del gobierno, se constate que poco o nada ha variado.

Es aquí donde surge el rol fundamental que debe asumir la presidenta Bachelet, de manera de cumplir con la peculiaridad de los liderazgos carismáticos, los que, precisamente, están llamados a convertirse en factores esenciales  de los cambios históricos, generando un entusiasmo y compromiso en torno a sus propósitos y proyectos entre sus colaboradores directos, en la coalición política que la eligió y en la mayoría de la población.

Las transformaciones sociales requieren, más temprano que tarde, de estos líderes que son capaces de concitar una adhesión a sus causas, superando las dudas y pasividades y rompiendo con la continuidad y permanencia de determinadas situaciones.

A mi juicio, sería un error con consecuencias irreversibles, repetir lo ya observado en el primer gobierno de la Presidenta, en el que, en aras de proteger su popularidad, se optó por una suerte de “blindaje” en su rol pro-activo como jefa de gobierno de una coalición política (la Concertación en ese entonces),  sin inmiscuirla en temas o ámbitos en que su perfil mandatante sobre la coalición y/o su mediación en determinados conflictos fuera puesto a prueba. Esto se observó, concretamente, en relación a las conductas, desórdenes y cierta diáspora que evidenció la Concertación en la última parte de su gestión.

La difícil, pero a la vez tan privilegiada oportunidad que presenta nuestra sociedad de concretar transformaciones en pro de una mayor justicia social, con todo lo que ésta implica, amerita que la presidenta Bachelet se posesione definitiva  e indiscutiblemente en su rol de líder del gobierno de la Nueva Mayoría y recorra el país socializando en la población el verdadero sentido de los cambios que la mayoría espera y que han sido, en variadas oportunidades, tan tergiversadamente comunicados. 

Paralelamente, creo que ha llegado el momento que los actores políticos y sociales (partidos políticos, sindicatos, empresarios, estudiantes, iglesias, etc.) se pronuncien clara e inequívocamente sobre lo medular de los cambios que se están proponiendo y actúen en consecuencia.

A veces uno tiene la sensación de que  “diferencias” sobre aspectos procedimentales y/o materias más bien marginales, se elevan a razones  “fundamentales” para cuestionar las respectivas reformas, menguando significativamente la dinámica y agilidad necesaria que requieren las transformaciones esperadas.

Si las discrepancias de fondo existen y se explicitan, creo que estaremos en presencia de un necesario y saludable debate propiamente ideológico, en el que todos podremos saber quién es quién y, lo más importante, la ciudadanía estará en condiciones de evaluar y redefinir sus referentes políticos y sociales.

El principio “filosófico” subyacente a esta tesis, es que la persecución del beneficio individual constituye el mejor mecanismo para la persecución del bien común.

En las últimas semanas y dado las cifras de menor crecimiento, se auguran variadas predicciones apocalípticas frente al futuro del país, a la vez que se instala mediáticamente una atmósfera de inseguridad en la población, la que se orienta hacia una crítica y descalificación de la actual gestión gubernamental y sus intentos transformadores.

La ciudadanía, que en su mayoría no tiene porqué ser experta en tanto tecnicismo y argumento economicista, termina siendo pauteada y socializada por estos mensajes que tienen claros orígenes e intenciones. Los resultados de algunas encuestas cierran el círculo comunicacional (¿No es hora de que el país conozca otras encuestas que no sean sólo las de ADIMARK?).

Por cierto, poco o nada se dice acerca de la evidente y programada “sacada del pie del acelerador” del gran empresariado, que obviamente colabora “solidariamente” a una desaceleración económica, independientemente de los factores internacionales que también afectan en un mundo globalizado. Esto, para no hablar de las permanentes amenazas de desempleo, baja en las inversiones, subida de precios y otros.

Sin embargo, la historia de la humanidad de las últimas décadas desmiente categóricamente y hace caer a pedazos este dogma neo-liberal que sostiene que el crecimiento económico de los países y el enriquecimiento de algunas personas, inexorablemente lleva a mejorar las condiciones de la sociedad.

El sobresaliente estudio del economista Thomas Piketty, “El capital en el s.XXI”, ya ampliamente conocido, y el último Informe Sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, son algunas ilustraciones al respecto.

A estos antecedentes, quisiera agregar en esta oportunidad lo planteado por el destacado sociólogo polaco Zygmunt Bauman, actual catedrático emérito de la Universidad de Varsovia, quien ha publicado recientemente su trabajo,: “La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? “(Paidos, 2014).

En un riguroso y detallado estudio, Bauman analiza los diferentes supuestos y principales tesis neoliberales, acompañado de diferentes antecedentes estadísticos que lo llevan categóricamente a concluir que el aumento de la riqueza y el crecimiento económico de los países, tienden a concentrarse en porcentajes pequeñísimos de la población, los que además, son los mismos que desde hace un buen tiempo gozan de rentas muy altas.Lejos de producirse una disminución en la distancia y diferencias que se dan entre los estratos y/o grupos más altos y los más bajos de una sociedad, ellas han aumentado considerablemente.

Lo anterior se ve agravado por el hecho de que, a diferencia de mediados del siglo XX, en que las diferencias fundamentales se daban entre países, ahora las desigualdades más impactantes se dan al interior de los respectivos países, con una concentración en unos pocos que se torna francamente agresiva.

No en vano, el investigador Bauman cita al Instituto Mundial para la Investigación del Desarrollo Económico, con sede en Helsinski, que establece que el 1% de la población más rica del mundo es casi dos mil veces más rica que el 50% de la población mundial.

De una u otra forma, nuestro mundo (y también nuestro país) ha sido modelado por principios y formas de vida en que la solidaridad y la colaboración, además de considerarse “superadas por la nuevas exigencias modernas”, implican costos y dificultades extremas para quienes optan por ellas.

Nos han convencido y han instalado en el centro de las creencias populares, afirma el sociólogo polaco, que hay “realidades incuestionables” que están en la naturaleza de las cosas, las cuales adquieren el carácter de premisas aceptadas que nos afectan e influyen permanentemente y que configuran nuestra comprensión del mundo. Se trata de falsas creencias, de supuestos no probados y directamente engañosos, que están en íntima relación con el drama cotidiano que viven millones de personas.

Lugar absolutamente preferente entre dichas falsas creencias, lo ocupa el consagrar al crecimiento económico como la única manera de hacer frente y superar todos los desafíos y los problemas que genera la coexistencia humana.

En una palabra, el planeta se encuentra infiltrado y contaminado por un economicismo fundamentalista, en que lo esencial es el crecimiento económico.

A la luz de los datos y cifras objetivas, incluido por supuesto el caso chileno, me parece que seguir suscribiendo este principio, más o menos expresamente, incluso por parte de algunos representantes o militantes de la Nueva Mayoría, refleja una ironía algo sádica, una negación de la realidad o simplemente un pragmatismo extremo alentado por cierta impudicia ideológica.

Es cierto que hay decisiones y acciones del actual gobierno que merecen ciertas consideraciones por no evidenciar una total pulcritud en su preparación, pero ellas son solucionables en la medida que exista una voluntad política de cambiar el Chile de hoy.

Y cambiar el Chile de hoy implica, además de erradicar las desigualdades, cambiar las estructuras laborales y la racionalidad subyacente a la productividad, supone también implementar una efectiva participación ciudadana y dar al Estado un rol más protagónico y, de manera especial, cambiar cierta cultura establecida según la cual, la ganancia y el dinero son los principales horizontes de sentido para la población.

Para quienes asumimos el social cristianismo como referente fundamental en la política, no debe caber ninguna duda ni debemos acomplejarnos de tener una categórica oposición frente a la tendencia fagocitadora del capitalismo actual, el que busca controlar y dominar las sociedades y sus diferentes ámbitos.

Mucho menos debe inquietarnos que partidos políticos o ideologías, con los que estuvimos en diferentes y opuestas posiciones en el pasado, tengan hoy importantes coincidencias con nosotros.

En algún momento me atrajo la idea de polemizar abiertamente con ellos a través de esta columna, dando un punto de vista que estoy cierto representa muchísimo más a la inmensa mayoría de los demócratas cristianos a lo largo de Chile, esto es, sin cálculos, sin transacciones en temas básicos y/ o sin posiciones inentendibles para la ciudadanía, y actuando en la dirección que impulse los cambios necesarios para la consolidación de una democracia integral con una verdadera justicia social para nuestra sociedad.

No obstante, más que polemizar públicamente, lo que quizás evidenciaría diferencias entre nosotros no menores, que deben procesarse en otras instancias, he optado por traer a colación un conjunto de afirmaciones, orientaciones y/o posiciones de la llamada Doctrina Social de la Iglesia, referencia esencial e ineludible de los cristianos en política, las cuales espero algunos de mis camaradas no desprecien por considerarlas amenazantes para la estabilidad de muestro país y/o la “paz entre los chilenos”.

Ellas han sido seleccionadas en función del espacio limitado de esta columna, de su permanencia a través de la tradición del pensamiento social-cristiano y por contar con una indiscutible concordancia con los signos de los tiempos, esto es, ser absolutamente válidas para el Chile de hoy.

Me asiste la esperanza que algunos de mis camaradas, a los que me he referido con preocupación, puedan reencontrar en estas reflexiones y propuestas, la fuerza y prestancia política indispensable que se requiere en esta oportunidad histórica tan única que se nos ofrece, para hacer las transformaciones que clama la inmensa mayoría de los chilenos y que para los demócratas cristianos constituye un imperativo insoslayable.

1891, Leon XIII, encíclica “Rerum Novarum”. “(El Estado) no puede de modo alguno permanecer al margen de las actividades económicas de los ciudadanos sino que, por el contrario, debe intervenir a tiempo, primero para que aquellos contribuyan a producir la abundancia de bienes materiales, cuyo uso es necesario para el ejercicio de la virtud y, segundo, para tutelar el derecho de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles, cuales son los trabajadores, las mujeres y los niños”.

1959, Van Gestel en su clásico“ Doctrina Social de la Iglesia”, “(El Estado tiene) “el derecho de imponer restricciones o gravar con obligaciones el ejercicio del derecho de propiedad no sólo para prevenir y castigar los abusos, sino también para mejor satisfacer las necesidades de la colectividad”.”Toda la política fiscal, social y económica de los Estados modernos parte del principio de que la propiedad privada, que es un derecho personal, tiene que cumplir a su vez una función social y que el propietario privado debe tener en cuenta los intereses de la comunidad, de los que el Estado es guardián”… (El Estado)“tiene el deber de impedir una concentración excesiva de la propiedad mediante impuestos directos o indirectos, eventualmente incluso con expropiaciones indemnizadas convenientemente”.

1967, Paulo V, encíclica” Populorm Progressio”, número 26 , (Ha sido construido) “un sistema que considera el lucro como el motor esencial del progreso económico; la concurrencia (competencia), como ley suprema de la economía; la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a una dictadura, justamente ya fue denunciado por Pío XI como generador del “imperialismo internacional del dinero”.

1981, Juan Pablo II, encíclica “Laborem Exercens” número 19: “No existe en el contexto actual otro modo mejor para cumplir con la justicia en las relaciones trabajador-empresario que el constituido precisamente por la remuneración del trabajo…la justicia de un sistema socio-económico y, en todo caso, su justo funcionamiento, merecen en definitiva ser valorados según el modo como se remunera justamente el trabajo humano dentro de tal sistema...el salario justo se convierte en la verificación concreta de la justicia de todo sistema socio-económico y, de todos modos, de su justo funcionamiento”.

1987, Juan Pablo II, encíclica “Sollicitudo Rei Socialis” números 42 y 43 (reafirmando lo ya dicho en la encíclica ya mencionada, Laborem Excercens). “Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana: los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio”.

“En efecto, sobre ella grava « una hipoteca social”, es decir, posee, como cualidad intrínseca, una función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal de los bienes.” “Esta preocupación acuciante por los pobres que, según la significativa fórmula, son « los pobres del Señor » debe traducirse, a todos los niveles, en acciones concretas hasta alcanzar decididamente algunas reformas necesarias.”

1990, Theodor Herr en su Doctrina Social Católica nos dice que “como primer guardián del bien general, el Estado debe cuidar de que dentro de la sociedad no haya un grupo o capa social que logre ventajas y privilegios a costa de los demás, que no haya personas o grupos que puedan ejercer un poder injustificado sobre los demás.El Estado es responsable que todos dispongan de los mismos derechos sociales, económicos y cívicos y que cada uno intervenga en el sustento de su existencia y en su desarrollo individual y participe de los bienes económicos y culturales de la sociedad”.

Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, Documento 165, “Globalización y nueva evangelización en América Latina y el Caribe”, números 24, 25 y 26. “El neoliberalismo, pone al alcance de las personas múltiples objetos de consumo, aunque invita a consumir lo que no es necesario e incluso podría ser perjudicial y utiliza un bombardeo publicitario continuo. Esta cultura estimula el afán de lucro sin atender a los valores morales y espirituales. Se enfatiza la libertad como el gran derecho sin límite, hasta rebasar los principios y normas necesarias para una sana convivencia social y para el desarrollo integral humano”.

“El neoliberalismo globalizante da relevancia y énfasis a las “religiones” que favorecen el crecimiento económico y se rinden ante el dios Dinero o Capital. También defiende un modelo ético basado en el consenso social o político.”

“El modelo (el neoliberalismo) defiende una cierta visión “darwinista” de la historia, según la cual el poderoso engulle o destruye al más débil; se ensalzan determinados valores económicos (productividad, competitividad, ahorro), aún a costa del bienestar de los trabajadores.”

2005, Benedicto XVI, encíclica “Dios es amor”, número 28. “La justicia es el objeto y por tanto, la medida intrínseca de toda política. La política es más que una simple técnica para determinar los ordenamientos públicos: su origen y su meta están precisamente en la justicia, y ésta es de naturaleza ética”.

2009, Benedicto XVI, encíclica “Caritas in Veritates”, número 32. “El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil.”

2012. Comité Pontificio Justicia y Paz “Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional”. “Qué es lo que ha impulsado al mundo en esta dirección extremadamente problemática, incluso para la paz? Ante todo un liberalismo económico sin reglas y sin supervisión. Se trata de una ideología, de una forma de “apriorismo económico”, que pretende exagerar algunos aspectos de la teoría de las leyes del funcionamiento del mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista”. (Página 31).”

“Es necesario recuperar la primacía de lo espiritual y de la ética y con ello la primacía de la política – responsable del bien común- sobre la economía y las finanzas” (página 49).

2013, Francisco I, Evangelli Gaudium, números 56 y 218. “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites”.(56)

“Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz.La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios.” (218)

¿Será necesario agregar más textos o comentarios?

¿Es sólo resultado o reacción a la frustración de las insuficiencias sociales y políticas de la gestión de Sebastián Pinera y la consecuente sanción popular a través de uno de sus peores resultados electorales en las últimas cinco décadas?

¿Es una muestra más de su desorganización y diáspora militante cuyo único elemento aglutinador actual es intentar reivindicar el gobierno aliancista-piñerista que no logró reiniciar una nueva era en el ejercicio del poder para su sector?

¿O es el producto de la adhesión categórica y sistemática, no siempre explicitada o sincerada, a una forma de hacer política y a un modelo socio- económico gestado y fraguado durante los años de dictadura militar?

A mi juicio e independientemente de que los aspectos incluidos en las dos primeras preguntas puedan tener alguna influencia, es en la respuesta afirmativa a la última pregunta donde se encuentra de manera más clara la explicación del rol socio-político que está jugando la derecha frente al gobierno y, lo que es más importante, lo que permite esperar reacciones y conductas similares ante las futuras iniciativas gubernamentales.

Concretamente, se trata de un comportamiento no coyuntural y/o excepcional, sino de una actitud y acción con raíces y fundamentos histórico-ideológicos, tal cual quisiera sintetizar en las próximas líneas.

Los regímenes dictatoriales que se instalan en América Latina en los años setenta generan un cuadro y marco propicio para la intromisión de las políticas neoliberales promovidas esencialmente por el llamado “Consenso de Washington” y con la participación activa del Banco Mundial y el FMI. Se trata de una reestructuración económica orientada hacia un modelo de libre mercado, cuya característica distintiva es la desregulación económica mediante la contracción del tamaño del Estado y una omnipresencia del mercado como mecanismo regulador.

Estratégicamente, el modelo persigue la reducción de barreras al comercio, la privatización de empresas estatales, la jibarización y desprestigio del Estado, la disminución del gasto social, la eliminación del déficit público, la maximización en los ingresos de la empresa privada y, sobretodo, la competitividad internacional mediante una apertura productiva, comercial y financiera.

Los regímenes dictatoriales imponen con extrema violencia y abuso el nuevo modelo, impidiendo que los movimientos políticos, sociales y sindicales puedan contrapesar dichas tendencias.

Todo esto en medio de un pretensioso y arrogante discurso, a través del cual se postula y divulga que el nuevo modelo es la vía y modalidad, con las mejores ideas, los mejores recursos humanos y los más óptimos procedimientos, para que las sociedades Latinoamericanas puedan alcanzar su desarrollo y una verdadera modernidad. Se trata de un etnocentrismo ideológico que no solo considera su propuesta como la mejor y la única, sino que rechaza y desprecia otras alternativas.

En el caso concreto de nuestro país, la derecha política y económica es protagonista y heredera (en más de una generación) de los excesos político-autoritarios y de la opción económica neoliberal. Propone, administra y usufructúa de este modelo socio-económico, obstaculizando (cuando no impidiendo) posibles futuras modificaciones con “paquetes legales” que se establecen a modo de “edictos” por parte de las máximas autoridades.

Como resultado de este modelo socio-económico, se va plasmando una concentración del capital en manos de unos pocos, que alcanza una magnitud inédita en la historia de Chile.

En la última década del s. XX, las elites conductoras de la transición y reinstalación de la democracia chilena, implementan políticas sociales que sin duda contrapesan en parte los efectos de las políticas socio-económicas de los regímenes dictatoriales.

A la vez establecen como propuesta alternativa lo que se simboliza en la ecuación crecimiento con igualdad.No obstante, a la luz de las cifras que se van conociendo, la implementación concreta de dicha fórmula termina por inclinarse categóricamente por el crecimiento, postergando significativamente la igualdad a un carácter meramente residual.

La economía se define “demasiado prioritariamente” a partir del objetivo del crecimiento, ignorando las implicancias de un verdadero desarrollo humano, a decir de las propias Naciones Unidas (Ver diferentes informes del “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo” sobre nuestro país).

En este nuevo escenario, la derecha va “puliendo” su discurso, amalgamando lo tecnocrático con lo político. Sus ideas-fuerza y su comportamiento objetivo se expresan preferentemente en la defensa de los intereses de los grupos económicos que muestran una poderosa constelación de poderes, con la consecuente sinergia entre ellos (económico, educacional, previsional, comunicacional), los que les da, a su vez, una capacidad de permanente presión, cuando no chantaje frente al poder político.

Poco o nada dice sobre la desigualdad y la justicia social, reafirmando su tesis del “chorreo” bajo el expediente del crecimiento económico y bajo las condiciones del más irrestricto e intocable funcionamiento del mercado.

A pesar de las buenas cifras e indicadores que muestra casi toda América Latina en la primera década del s.XXI, lo fundamental del modelo neoliberal pareciera no estar afectado ni trastocado.

En los hechos, el crecimiento a costa de la desigualdad del país se mantiene (Chile tiene la peor distribución de ingreso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y una de las peores del Continente), y los “abusos” sistemáticos de los “abusadores”, comienzan a ser de conocimiento público, siendo los casos más emblemáticos: las AFP con ganancias altísimas durante 32 años, administrando aproximadamente 160 mil millones de dólares – el 60% del PIB- en contraste con las jubilaciones de los trabajadores que reciben menos de $250.000 mensuales; la ya consabida colusión de las farmacias en un ámbito tan sensible para la gente; el negocio con la educación; el aumento arbitrario y sostenido en el cobro de las ISAPRES, junto a una insuficiente salud pública y las condiciones paupérrimas de negociación y seguridad laboral a que están sujetos los trabajadores.

El agravante en este nuevo ciclo, está dado por la toma de conciencia de importantes grupos de la sociedad que dan lugar a significativas protestas y reivindicaciones ciudadanas en todo el continente.

Los conflictos sociales muestran variadas y complejas expresiones, surgiendo nuevos actores en escena, lo que en el caso concreto de nuestro país se expresa en manifestaciones que adquieren características de movimientos sociales.

No en vano, en las ciencias sociales comienza considerarse como un ámbito y/o área importante de análisis el de la violencia socio-económica (Ver “Violencia, política y conflictos sociales en América Latina”, CLACSO, Colombia 2013).

Consecuencia de todo lo anterior y su no solución más estructural y de fondo, se aprecia un deterioro en la confianza y satisfacción para con la democracia y con la política en general.

En la medición hecha el año 2013 por la Corporación Latinobarómetro, solo un 25% de los latinoamericanos tienen confianza en el Parlamento y un 24% en los Partidos Políticos.Asimismo, solamente un 32% declara sentirse satisfecho con la democracia y la razón de esto, para un 75% se debe a que consideran que la distribución de la riqueza es injusta. En la muestra de Chile, solamente un 10% considera justa la distribución de la riqueza.

En medio del desarrollo de estos últimos acontecimientos descritos y frente a las demandas y exigencias de transformaciones significativas en el país, la derecha corea estridentes críticas apocalípticas, y sus “propuestas” van inexorablemente dirigidas a neutralizar o mimetizar los proyectos y acciones destinadas a cambiar el estado de cosas actuales.

Todo ello, con un no disimulado apego a su discurso histórico-ideológico y con un apoyo permanente por parte de la inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas que ellos mismos controlan y que les ha permitido instalar a modo de creencia popular el “sentido común neoliberal”, es decir, un catálogo de “certezas” basadas en la racionalidad de la ganancia máxima.

En definitiva, a lo largo de estas décadas, la derecha ha sido una ilustración palmaria de algo extrañamente paradojal: en un mundo lleno de perplejidades y de tentaciones nihilistas, ellos aparecen como los grandes reivindicadores de las ortodoxias, las que creíamos se habían caído a pedazos junto con el muro de Berlín.

Se trata, en una palabra, de una forma de integrismo (el fundamentalismo del libre mercado, la competencia, la ganancia y el capital) que busca mimetizarse con discursos y bravatas en pro de derechos (más bien intereses) y libertades, pero sin ningún deseo verdadero por construir una sociedad más justa e igualitaria, y lo que es peor, sin permitírselo a quienes quieren hacerlo.

Entre los posibles condicionantes y/o escollos que podrían preverse en la perspectiva de concretar las propuestas medulares del actual programa gubernamental, legitimado por la ciudadanía, me parece que hay tres especialmente importantes.

1- El rol a jugar por el pacto de la Nueva Mayoría y cada uno de sus partidos integrantes. Los desafíos de los próximos años demandan de este conjunto de organizaciones políticas y de sus militantes, una coordinación, lealtad, solidaridad y coherencia en las acciones para con el programa de gobierno, lo que debería reflejarse particularmente en cada una de las decisiones y conductas asumidas en el Parlamento nacional, así como en su capacidad dialogante, socializadora y comunicativa frente a sus respectivos electorados.

Las a veces mediocres disputas por el poder, los afanes de figuración personal (políticos “talk-show”), las negociaciones destinadas a transar los cambios que el país requiere y otras conductas que en definitiva desdeñan las consecuencias negativas para con los fines superiores y el bien común, no solo aumentarán la distancia entre el movimiento social y la política, sino que expondrán al nuevo gobierno a terminar en una mera administración de lo existente (en el mejor de los casos) y se desaprovechará una oportunidad poco común para transformar la sociedad chilena en pro de una mayor justicia social.

2- La confianza de la ciudadanía y de las organizaciones sociales y estudiantiles. La pérdida de confianza en las instituciones ha pasado a ser un tema y realidad recurrente en nuestro país, lo que se ha constatado en diferentes estudios y encuestas de organismos calificados. El gobierno de derecha encabezado por Sebastián Piñera, no hizo más que agravar esta situación.

Entre nuestra gente y especialmente entre nuestros jóvenes, hay una desesperanza aprendida y un escepticismo exacerbado.Esto redunda en una falta de sintonía y colaboración con lo público de parte de la ciudadanía en general y de las organizaciones sociales en particular, que se hace absolutamente imprescindible de romper y superar.

Dada la radicalidad de la situación, surge como exigencia prioritaria para el nuevo gobierno la de restablecer y fortalecer la vinculación y retroalimentación entre la población y los proyectos nacionales que van en beneficio de las grandes mayorías.

Esto no solo se torna una condición necesaria para un auspicioso resultado gubernamental, sino que constituye un ingrediente esencial para la buena salud de la democracia.

3- Voluntad política de la máxima autoridad plasmada en proyectos y acciones concretas.En un país en que como lo señalábamos recién se encuentran más que trizadas las confianzas entre la sociedad civil y la política, se requiere de una toma de iniciativa, precisamente de las autoridades y particularmente de la Presidenta, que dé lugar a un proceso interactivo positivo y acumulativo entre poder político y comunidad.

Se trata de que el gobierno muestre con evidencias que va cumpliendo e impulsando sus promesas de cambiar el actual estado de cosas, concretamente el sistema socio-económico generador de desigualdades francamente agresivas y las aún pendientes transformaciones político-institucionales, de manera tal que la comunidad (sociedad civil) vaya adquiriendo un mayor compromiso y confianza con la acción del gobierno y despliegue una actitud distinta y positiva que vaya recreando una nueva relación entre lo político y social.

Sin ser estos obviamente los únicos factores influyentes en el desenlace del nuevo período de gobierno de Michelle Bachelet, me parece eso sí que ellos son insoslayables.

Aún más, estando ellos mutuamente relacionados, es posible, a modo de hipótesis, esperar que la forma en que se den y vinculen, pueda dar como resultado situaciones que vayan desde un círculo vicioso letal para la gestión gubernamental, hasta una sinergia que catapulte al éxito de la Presidenta y de la Nueva Mayoría.

En lo personal, diferentes escritos avalan lo señalado y al releerlos en la perspectiva del tiempo y sin olvidar el contexto en los que se originaron, tengo la sensación que la inmensa mayoría de ellos fueron más que adecuados, así como también hubo un par de veces en que claramente me equivoqué. Me imagino que esto le ha pasado a muchos de los entonces jóvenes profesionales o estudiantes universitarios.

Sin embargo, y no estimo necesario tener que detenerme especialmente en ilustrarlo, el mundo experimentó cambios radicales desde los 80’en adelante y los efectos políticos, socio-económicos y culturales a nivel mundial, a propósito del término de la guerra fría, de la caída del muro de Berlín y la aceleración del proceso de globalización, se han ido catapultando y retroalimentando tanto en sus dimensiones positivas como en sus preocupantes y censurables consecuencias.

En medio de una suerte de mutación socio-cultural planetaria, la ideología marxista y su expresión organizacional por excelencia, el partido comunista, también ha evidenciado una clara reorientación y ha hecho públicas nuevas tesis y enfatizado nuevos problemas.

En el caso de Chile, desde su apoyo a don Patricio Aylwin en la primera elección democrática después de diez y siete años, hasta su XXIV congreso del 2010, el PC criollo lleva a cabo un tránsito desde la marginación del sistema hacia la incorporación al mismo, lo que se plasma en su participación en diferentes procesos electorales y en la incorporación de algunos de sus militantes, vía elección popular, al Parlamento Nacional.

En lo estrictamente ideológico, al analizar los acuerdos de su ya mencionado XXIV congreso , se establecen tres líneas principales de acción en lo que se refiere a los desafíos más inmediatos de nuestro país.

1.- Impulsar cambios sociales democráticos, lo que supone dar especial importancia a los eventos electorales en los diferentes niveles de la sociedad.

2.- Priorizar las reformas estructurales que permitan sacar al país de la preponderancia del modelo neoliberal.

3.- Para llevar a cabo estos cambios , sumar al centro político y buscar la mayor convergencia de actores sociales a través de la movilización social.

A partir de estos antecedentes y habida consideración de su incorporación formal al pacto electoral de la Nueva Mayoría, el actual debate sobre la mayor o menor pertinencia de la incorporación del PC a la gestión gubernamental en la primera línea, léase asumiendo cargos de Ministros de Estado, me provoca las siguientes consideraciones.

Ciertamente, no está en discusión que es la Presidenta electa Michelle Bachelet quien debe tomar las decisiones al respecto y zanjar cualquier controversia

El PC ha suscrito públicamente un compromiso, no con cualquier programa de gobierno, sino con uno muy específico y concreto que es de conocimiento ciudadano, esto es, el conjunto de propuestas por las que Michelle Bachelet superó apabullantemente a la coalición de derecha en los recientes comicios electorales.

Dentro de este marco y para trabajar en estas reformas y medidas, estimo que todos y cada uno de los miembros integrantes de la coalición Nueva Mayoría están en principio habilitados para colaborar en las más altas gestiones del futuro gobierno.

Si frente a las importantes reformas que el futuro gobierno está comprometido de llevar a cabo, surgen inconsecuencias, obstaculizaciones, exigencias desproporcionadas y/o negociaciones cuyo trasfondo es simplemente cambiar el espíritu de los cambios o definitivamente abortarlos, no sólo el partido Comunista, sino cualquier otro partido de la coalición oficialista que así actúe, tendrá que ser honesto y abandonar el gobierno y/o tendrá que así requerírselo la Presidenta.

Si frente a sucesos internacionales o nacionales significativos, se da una seria controversia entre el ejecutivo, partidos de la coalición y/o miembros del equipo de gobierno, y tal cual ha ocurrido otras veces en el país, la Presidenta podrá proceder a los respectivos cambios de gabinetes, con mayores o menores consecuencias para la gestión gubernamental futura.

La historia política internacional presenta numerosos casos en que los gobiernos y ministros se constituyen por personas y partidos que, aunque con diferentes pasados políticos y con sustratos doctrinarios diferentes, están de acuerdo en ese momento específico y concreto, en los modos y estrategias para llevar a cabo transformaciones en su sociedad, cuyas implicancias para el bien común, superan con creces las diferencias del pasado.Creo que este es el caso actual de nuestro país en cuanto al rol del PC en relación al futuro gobierno.

Construir proyectos societales con metas específicas que comprometa a una mayoría sustantiva por un tiempo importante, no sólo es un tema de gobernabilidad del Estado (cuestión por cierto muy importante), sino también una cuestión que desafía nuestra razón de ser como militantes o simpatizantes de determinados partidos políticos o simplemente adherentes a tal o cual cosmovisión o filosofía social

Para quienes hemos participado alguna vez en la política y hemos llegado a ella con una motivación social-cristiana, en la actual situación de Chile y a propósito del tema en comento, la gran cruzada es, en palabras del Papa Francisco en su reciente Evangelii Gaudium, ” tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad.Esa economía mata.Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil”.

“En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante”.

“Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo”.

En esta carta de navegación que nos señala el Papa, tan válida para nuestra realidad, el éxito en la implementación del programa del futuro gobierno puede ser un gran paso (siempre quedará por hacer). Pero, para ello, debemos estar abierto a trabajar con personas con pasados diferentes y opuestos a los nuestros, pero que en los grandes retos que nos plantea la justicia social y la mejor democracia para Chile, tengamos significativas coincidencias en los contenidos y en la forma.

No pretendo comentar las implicancias técnico-económicas del discurso del Presidente, porque no soy economista y sobre todo porque pienso que uno de los problemas de este país es reflexionar acerca de su futuro desde la economía y no con la economía.

Es así como se le ha otorgado al subsistema económico una suerte de sacralización y rol plenipotenciario sobre el resto, particularmente sobre lo político, olvidando los imprescindibles componentes socio-culturales y ético-valóricos que son inherentes a cualquier proceso de cambio y desarrollo.

Me han sorprendido sí algunas afirmaciones y comentarios de la exposición presidencial ante el empresariado, no solo por su estilo peculiar ya comentado, sino también por su sustrato ideológico claramente neoliberal, por la falta de contextualización de las mismas y por su incompatibilidad con cifras y datos que deberían ser del conocimiento de tan alta autoridad.

A modo de ilustración, solo me remitiré a comentar las siguientes.

1. Ha sido el continente Latinoamericano, en su inmensa mayoría, el que ha experimentado en la primera década del nuevo siglo mejoras en las cifras consideradas como indicativas del avance socio-económico.

Es así como la reciente publicación de Naciones Unidas titulada “Panorama Social de América Latina 2012″, señala, entre otros, que el continente ha crecido en promedio más del 4%; que las tasas medias de desempleo son inferiores al 8% y que entre el 2009 y el 2011 ha habido una reducción en la región de ocho millones de pobres.

Ahora bien, si consideramos una cifra de la que suele ostentar frecuentemente el actual Presidente y sus partidarios, esto es, el llamado Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que durante el 2011 creció en un 4,3% en promedio en la región, equivalente a una expansión del 3,2% del producto por habitante. Al respecto, países tales como Panamá, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay, muestran tasas de crecimiento por habitante mayores que Chile.

Por lo tanto, estamos en un período en que, por causas que no cabe analizar aquí, América Latina en general ha evidenciado cifras positivas.

Hablar y/o difundir reiteradamente que Chile tiene un liderazgo en el continente y en el mundo, me parece una frase mezcla de etnocentrismo y publicidad engañosa.

2. En relación a la afirmación presidencial de que “la pobreza había reventado a fines de ese período”, refiriéndose a los gobiernos de la Concertación, solamente cabe recordar que cuando este conglomerado político llega al poder después de la recuperación de la democracia, Chile tenía un 38,6% de pobreza y el año 2009, con la misma metodología de medición, había bajado al 15,1% (!! 23,5 puntos!!).

Desgraciadamente, no podemos intentar una comparación con la actual administración y considerar las encuestas de hogares (instrumento de medición tradicionalmente usado para medir la pobreza), ya que estas cifras que ha entregado el actual gobierno han sido puestas en cuestión por los propios organismos internacionales, lo que convierte cualquier análisis en algo no confiable.

3. Resulta ya majadera la tesis gubernamental, reiterada por el Presidente, que postula de manera expresa o tácitamente, que el crecimiento del país es el indicador por excelencia o la condición suficiente en el camino al desarrollo del país. La evidencia histórica demuestra que las cifras positivas de crecimiento (a partir básicamente de cifras macroeconómicas), no son sinónimo de desarrollo ni mucho menos garantiza la equitativa disponibilidad de los mayores bienes y servicios.

Estamos en presencia de lo que se podría denominar el mito del crecimiento, el que apoyado e inspirado en una racionalidad básicamente instrumental, omite o desconoce lo esencial del desarrollo, de un desarrollo humano, cual es, la ampliación de opciones para la gente y el equitativo aprovechamiento de las oportunidades que genera la sociedad. Es un hecho indiscutible que en el Chile de hoy estamos aún muy lejos de esto último.

4. Pero, sin duda que la frase más temeraria del presidente Piñera es aquella en la que expresa que “recuperamos la capacidad de reducir la pobreza y las desigualdades”.Al respecto, lo primero que hay que clarificar es que la pobreza es algo diferente a la desigualdad, esto es, puede suceder, como ocurre en Chile, que se reduzca la pobreza y sin embargo se mantenga o aumente la desigualdad.

En efecto, contrariamente a lo sostenido por el Mandatario, nuestro país actualmente no sólo se encuentra entre los más desiguales del mundo, como ha sido reiteradamente demostrado, sino que también presenta una concentración económica que linda con la tolerancia ética y social.

Tal cual lo indica la ya mencionada publicación de Naciones Unidas, “Panorama Social 2012″, Chile se encuentra entre aquellos países en que el 10% más rico de la población accede al 40% del total de ingresos del país, mientras que el 40% más pobre accede entre el 11% y 15% del ingreso total del país.

Asimismo y tal cual lo expresan Ramón López y Eugenio Figueroa en “Lucksic, Angelini, Paulmann, Matte y Piñera, cada uno de ellos gana lo mismo que un millón de chilenos”. (Publicación de enero del 2012 y también publicada por CIPER), los cinco hombres más ricos de Chile, acumulan ingresos equivalentes a 5 ó 6 millones de chilenos.

Pero hay más, un análisis de varios estudios al respecto, permite concluir que el país muestra una realidad bastante insólita y agresiva en sus implicancias, consistente en que las desigualdades, concentración de la riqueza y el asimétrico acceso a los bienes y servicios actuales, a pesar del “pretencioso crecimiento”, es mayor que la que se daba hace 50 años, esto es en los 60s.(1)

Creo que hay razones de sobra para ser más humildes, autocríticos y rigurosos.

(1) Ver entre otros, Ricardo French Davis “Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad”, Santiago 2003; Osvaldo Larrañaga “Distribución del ingreso en Chile 1958-2001″, Santiago 2001 y Andrés Solimano “Desigualdad Social en Chile”. Revista de la Cámara de Diputados, marzo 2010.

Sin embargo, a pesar de que no es una costumbre muy recurrente en la práctica de algunos medios de comunicación, determinados contenidos y/o reportajes, deben también ser evaluados en las consecuencias y en el momento de su puesta en escena.

La reciente entrevista al triste y dramáticamente recordado jefe de la DINA, Manuel Contreras, en medio de las diferentes reflexiones, polémicas, recuerdos y dolores a propósito de los 40 años del golpe militar, me parece francamente una agresión gratuita a la mayoría de los chilenos.

Especialmente lamentable es el hecho que ella haya sido realizada por dos periodistas tan brillantes como Mónica Rincón y Daniel Matamala.

Ni siquiera puede entenderse que se trata del derecho que tiene una persona a poder dar su versión de los hechos, ya que en los innumerables juicios a que ha sido sometido el señor Contreras ha podido ejercer dicho derecho y han sido precisamente los porfiados hechos, una y otra vez demostrados, los que han derivado en las consecuencias de público conocimiento: tendrá que seguir preso el resto de su vida y hasta le sobran cientos de años de presidio por los crímenes y horrores cometidos.

El sólo hecho de que, como resultado de la entrevista, haya que volver a contradecir a este señor y/o hacer aclaraciones al respecto, dicho más claramente, que haya que volver a dedicarle un minuto de tiempo y un cuarto de neurona a este personaje, me parece un favor a su persona inmerecido, impropio y absolutamente de más.

¿Quienes tomaron la decisión de hacer la mencionada entrevista, pensaron la impotencia, rabia, agresividad y dolor entrañable que deben haber sentido miles de chilenos al escuchar las patéticas y absolutamente esperadas (por su reiteración) palabras de Manuel Contreras?

Afirmaciones tales como: “hacer desaparecer un cuerpo lo encuentro ridículo”; “a mí no me gustaría que me torturaran, por eso no me gusta la tortura”; “yo di órdenes de no hacer desaparecer a nadie”; “en los interrogatorios de la DINA no se torturó a nadie”; “los detenidos desaparecidos están en el Cementerio General”, ilustran parte de un discurso que violenta y revive el drama de familias enteras, las que tienen que escucharlas sin tener la posibilidad de encarar tan cínicas e hirientes palabras.

Aún más, al ver las reacciones en las redes sociales y aunque son muy mínimas, surgen voces de jóvenes que ven en las declaraciones de Contreras algo posible de creer y/o a lo menos de plantearse el derecho a duda.

El que únicamente un sólo joven de Chile, que no vivía aún para la dictadura militar, pudiese creer el discurso del ex jefe de la DINA, ya constituye una siembra comunicacional lamentable, preocupante e innecesaria.

No tengo duda, así es la democracia, que habrá mucha gente que piensa lo contrario a lo expresado en esta columna, no obstante, me sentí impelido a decirlo porque también estoy cierto que interpreto a muchos otros.

Estos exabruptos han sido resultado de errores histórico-culturales, de frases grandilocuentes o desproporcionadas, de defensa de instituciones seriamente cuestionadas en su gobierno, en un uso político de tragedias humanas y en ataques o críticas claramente equívocas a determinados órganos institucionales.

Ya en marzo del 2010, recién instalado en la presidencia, en la inauguración de un colegio (Robinson Crusoe) en el sur de nuestro país, el Presidente Piñera convierte a Robinson Crusoe en un personaje real y lo hace “habitante” de la isla del mismo nombre en el archipiélago Juan Fernández. Como todos sabemos, Crusoe es un personaje imaginario de una novela de Daniel Defoe.

A comienzos de abril del 2010, y también a semanas de haber asumido, el Presidente afirma “en veinte días pienso que hemos avanzado más que otros en 20 años”. Sin comentarios.

En octubre del 2013, somos todos sorprendidos por el embarazoso episodio del Mandatario al firmar el libro de visitas ilustres en Alemania, adjuntando una frase que no sólo ya no es parte del himno nacional de este país, sino que se vincula con una etapa dramática y oscura de su historia.

Más recientemente, en la última parte de su gestión, y a propósito del llamado caso Johnson y el dudoso rol jugado por su director Julio Pereira, el Presidente Piñera en entrevista a una radioemisora en mayo del 2013 expresa: “Julio Pereira es un hombre honesto, que ha actuado con total honorabilidad y apoyo a las normas del derecho y la probidad”. En días pasados, un demoledor informe de la Contraloría General de la República lleva a la inevitable y ya indefendible renuncia del director de un Servicio que, agravando el hecho, había alcanzado un gran prestigio en el país.

Las ya varias veces mencionada manipulación del monto de los ingresos de las personas en la ficha CASEN para así bajar el número de pobres, significa la ruptura del trabajo conjunto en este instrumento con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y, lo que es peor, la inseguridad del país frente a datos que son imprescindibles para cualquier gestión pública y cuyas cifras tienen múltiples implicancias.

En abril del 2013, en compañía del ministro de Economía, Pablo Longueira y del Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, el Presidente de la República destaca la “calidad y amplia cobertura del CENSO que llegó a más del 98%”. La semana recién pasada, el nuevo director del INE Juan Eduardo Coeymans, pide excusas al país por los errores cometidos en el CENSO del 2012.

Con la ya clásica pompa y exuberancia de los anuncios gubernamentales, el Presidente Piñera ha insistido en dar a los últimos meses de su gestión un ritmo y eficacia notable y, por cierto, con el orgullo de que “nunca antes se había hecho así”.

Paradojalmente, y esto sí que es inédito, durante este tiempo, el gobierno ha cambiado seis ministros por motivos exclusivamente electorales. ¿Es este hecho una ilustración y ejemplo de la preocupación presidencial de llevar a cabo una gestión impecable y a todo ritmo en sus últimos meses?

Pudiendo citar muchos otros casos, sólo quisiéramos hacer mención al broche de oro de esta cuantiosa seguidilla de errores y actos de extrema imprudencia presidencial, cual es su declaración hace un par de días en la que vincula el trágico y triste episodio del asesinato del subteniente Daniel Silva, con la no aprobación del Congreso Nacional de la llamada Ley Hinzpeter.

Esta afirmación, además de ser absolutamente errada, el Presidente la hace a la salida de dar el pésame a los padres de la víctima y en una clara manipulación del dolor humano, a lo que se agrega una desproporcionada denostación del Congreso Nacional.

Estamos en presencia no sólo de un conjunto de “anécdotas presidenciales”, que incluso han llevado a instalar en el lenguaje popular las “Piñericosas”, sino de un tema actitudinal del Primer Mandatario, que junto con afectar su imagen, le falta el respeto a la ciudadanía al manipular hechos y/o hacer grandes anuncios que sólo buscan saciar su frenética ansiedad de terminar mejor posesionado en las encuestas y “ahorrar” alguna proyección política para el futuro.