Trascendió que se habló de la situación política en la región, de los problemas económicos que enfrentan países y gobiernos, del proceso judicial en La Haya promovido por Bolivia en contra de Chile a propósito de su histórica demanda marítima y, como no podía faltar, el  empresario chileno habría reiterado la solicitud de extradición en contra del chileno Galvarino Apablaza.

Ambos representantes del poder económico tienen historias muy parecidas, aunque no siempre similares. Mauricio Macri es hijo de una de las familias más adineradas de la Argentina y su padre fue durante años la principal figura del grupo Macri- Socma. El actual mandatario del vecino país, ingeniero formado en carísimos colegios y luego en universidades de EEUU  y en la Universidad Católica de Buenos Aires, hizo una cuantiosa fortuna básicamente en los sectores agropecuarios, inmobiliarios y de la industria automovilística. Fue extrañamente secuestrado en 1991 por un grupo que luego resultó ser de la propia policía y al que pagó rápidamente de 6 millones de dólares.

Como Piñera en su tiempo, Macri también tuvo líos con la Justicia y fue procesado por estafa y otros ilícitos. Recordemos que Piñera, antes de su protagonismo político, había sido procesado por fraude al Banco de Talca e infracción a la Ley General de Bancos. Sugestivamente, en ambos casos y pese a las clarísimas sentencias de los tribunales de primera y segunda instancia, las  Supremas Cortes, de allá y de acá, terminaron por absolver a ambos.

En el caso de Argentina, Macri inclusive seguía procesado por escuchas ilegales cuando triunfó en las recientes elecciones pero, como era de esperarse, los mismos jueces que le procesaron antes de los comicios después de que estos se realizaran lo consideraron  inocente.

Son pues los únicos mandatarios de la historia de sus respectivos países que, excepcionalmente, llegaron a la primera magistratura pese a que en su momento tuvieron problemas con la justicia.

Se trata de poderosos empresarios, notorios además por su presencia en el mundo de  los controvertidos negocios del fútbol profesional, en el que han sido dirigentes de populares clubes deportivos devenidos en empresas.

También hablaron de temas judiciales y don Sebastián se mostró satisfecho de lo que llamó “grandes avances” en Buenos Aires respecto de la  eventual extradición de nuestro compatriota Galvarino Apablaza que es reclamada desde hace mucho en nuestro país por aquellas personas y sectores políticos que, en cambio, en su momento apoyaron a la brutal dictadura de Pinochet o callaron antes los crímenes masivos perpetrados por sus agentes.

A Galvarino Apablaza se le imputa, sin fundamentos conocidos, alguna responsabilidad en el homicidio cometido contra Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura. Sin duda, dicho homicidio es condenable desde todo punto de vista y nadie podría justificarlo, más allá incluso de las posiciones y actuaciones de la víctima.

Pero es igualmente repudiable tratar de criminalizar a alguien sólo por haber sido parte de quienes, ante la probada inutilidad de otros métodos, debieron asumir que contra la feroz tiranía no quedaba más que emplear todas las formas de lucha. Mucho más graves han sido otros hechos deleznables, como por ejemplo haber negociado con Pinochet una salida política a la dictadura para mantener el mismo modelo de sociedad instaurado bajo su mando y la asesoría de los llamados “Chicago Boys”.

Recuérdese que el dictador siguió durante varios años como Comandante en jefe del ejército y hasta fue designado como “ Senador Vitalicio”, abrazo en el Senado incluido, en pleno proceso que llamaron “transición a la democracia”.

Pero en fin y a propósito del entusiasmo de Piñera y de otros varios sectores por una eventual extradición, además de la falta de pruebas de la supuesta participación del perseguido en los hechos, creo necesario tener presente en el debate los elementos jurídicos de la situación lo que hasta ahora ha estado ausente o se ha subestimado.

No es el momento ni el espacio para abrumar al lector con el desarrollo de consideraciones jurídicas de larga extensión. Pero al menos un par de breves comentarios.

Por una parte se trata nada menos que de la imposibilidad técnica de procedencia de una tal extradición pues se trata de una institución incompatible con el Refugio ya expresamente concedido por una legislación aceptada por Argentina y Chile, como lo recuerda una reciente nota del periódico La Tercera de Chile. En efecto, tras la sentencia de 2010 de la Corte Suprema argentina, eso ya es cosa juzgada que no puede revisarse.

Los refugiados no pueden ser expulsados, devueltos ni extraditados del país que concedió el beneficio.“Como abogado, le digo que la única respuesta que puede dar el gobierno argentino es en el marco de la ley, que es la Convención Internacional para el Estatuto de Refugiado lo, que favorece a mi cliente. Cualquier cosa que se diga en contra es grave”, señaló al matutino don Rodolfo Yanzón, abogado a cargo de la defensa de Apablaza en Argentina.

A lo anterior debe agregarse que, en su momento, deberá examinarse además el tema de la prescripción. La razón se encuentra en el Derecho nacional e internacional y en numerosos fallos de jueces, de cortes de apelaciones y de la misma Corte Suprema de Justicia de Chile.

En efecto sólo no prescriben los delitos de lesa humanidad y/o aquellos comprendidos en los Convenios de Ginebra sobre  delitos en tiempos de guerra los que fueron suscritos y ratificados por Chile mucho antes del golpe del 73 y que por tanto eran desde antiguo parte de nuestra legislación interna.

Sobre los ilícitos comprendidos dentro de los Convenios de Ginebra corresponde tener presente que en su DL n°5 de 12 de septiembre de 1973, es decir al día siguiente del golpe, Pinochet y la  Junta declararon que el estado de sitio vigente debía entenderse en el futuro como “estado de guerra interno” y se hacía aplicable en el país la legislación de tiempos de guerra.

Como es obvio, el propósito buscado con esa iniciativa no era otro que amparar y justificar los asesinatos masivos con el barniz de “legalidad” de los Consejos de Guerra. La genuflexa Corte Suprema de Chile de la época por supuesto  que obedeció la orden y declaró que en Chile había “una guerra interna” a pesar que todos sabemos y así lo han establecido los actuales tribunales y lo señaló en su momento la propia ONU, que lo que había era un genocidio contra un pueblo indefenso. Lo concreto es que si se dijo que había guerra se aplican los Convenios y esos delitos son imprescriptibles.

Pero esa supuesta guerra cesó hasta en consideración de  la dictadura y no había guerra alguna, ni real ni supuesta, cuando la muerte de Jaime Guzmán. Ese fundamento de imprescriptibilidad por tanto no existe.

En cuando a los llamados delitos de lesa humanidad son aquellos en que, por su especificidad y gravedad, el ofendido no es sólo la víctima en particular sino la humanidad entera.

Y son aquellos perpetrados por agentes del Estado en condiciones en que dicho Estado lleva adelante una ilegítima persecución de individuos y sectores de la ciudadanía por razones políticas, religiosas, étnicas. Si no  existen esas condiciones – que no existían a la fecha del homicidio de Guzmán – ese ilícito se encuentra prescrito conforme las reglas generales del Derecho Penal interno.

Así las cosas y aunque les cueste, los que sueñan con sancionar a un inocente deberán someterse irremisiblemente a la realidad jurídica y no sería  mal visto que dedicaran su tiempo y esfuerzos a colaborar en Chile para que haya plena  verdad y justica en materia de crímenes de la dictadura derechista que apoyaron.

Es que son ya muchos años y se han agotado todos los pretextos conservadores para sostener un modelo de país que sólo ha beneficiado al 1% de la población y ha profundizado la desigualdad social a extremos insoportables. Incluidas las altas tasas de depresión de chilenas y chilenos que nos ubican en un lamentable sitial y además las relativas al suicidio adolescente, a la criminalidad, a la inadaptación, a la falta de confianza en lo colectivo.

Sin duda que nosotros, los de entonces, los que habíamos llegado a la mayoría de edad  al 73, tenemos una perspectiva que permite la comparación entre un Chile no sólo con educación gratuita para todos, laica, de calidad, sino además en que el estudiante universitario tenía derecho a atención médica y dental y, en el caso de la Universidad de Chile, a entrada sin costo a todas las manifestaciones del arte, la cultura y el deporte que estuvieran relacionadas con instituciones o departamentos de esa Universidad. ¡Qué lejos se divisan esos tiempos que abrieron paso a generaciones de profesionales que además dispusieron de los valiosos instrumentos de la cultura!

Y que triste tener que compararlo con un país en que cuesta grandes esfuerzos vencer las dificultades que crean los sectores derechistas para lograr no un tiempo nuevo, sino simplemente recuperar lo que teníamos hace 42 años.

Se habla de la falta de recursos; argumento que suena mal cuando la sociedad es testigo al mismo tiempo de la descomposición de determinados sectores y personajes que han sustraído recursos que permitirían de una vez educación gratuita para todos sin exclusiones y  además pensar en el mejoramiento de la salud pública, en la vivienda popular y hasta reestudiar el modelo de la previsión social.

Es que estamos hablando de miles y miles de millones de dólares despilfarrados.Para hablar sólo de la colusión de los grandes empresarios por una parte y de la sustracción de los fondos “reservados” producto del desvío increíble de un porcentaje de las ventas brutas del Cobre para los institutos armados.

Un ejército en que además mantiene activos hoy a más de 30 ex agentes de la DINA sin explicación alguna. Y en que, sugestivamente, han empezado a conocer de los ilícitos denunciados, jueces militares. Bien sabemos los abogados de derechos humanos de este país que eso es sinónimo de impunidad.

Y ya que menciono derechos humanos, que bien que se haya condenado a presidio perpetuo a un delincuente que mató a un carabinero. Sentencia justa. Pero que mal que, en cambio, estén en libertad los carabineros que degollaron a los inolvidables Guerrero, Parada y Natino y también los que quemaron vivos a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana.

Y siempre en materia de derechos humanos resulta además difícil entender que no se difunda el inusitado apoyo al Tribunal Constitucional que impulsa el personal en retiro de las  FFAA en busca de resoluciones en favor de los procesados por delitos de lesa humanidad. Han viajado en buses contratados desde la quinta región con lienzos, carteles y consignas. Afortunadamente, hasta ahora les ha ido mal.

Otro aspecto del tiempo perdido se refleja en que hay dificultades para que el Estado sea quien construya hospitales para el pueblo. ¿Pero es que nadie recuerda a las estatales sociedades constructoras de establecimientos hospitalarios y educacionales? Ellas surgieron a fines de los años 30 del siglo pasado, los años de la Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo, los años del Frente Popular y del presidente Aguirre Cerda.

¿Qué explica todo esto, porqué llegamos adonde llegamos, porqué retrocedimos tanto, cómo saber de las causas del tiempo perdido? La explicación no es otra que nuestra propia historia.

Empezando por la reacción de las potencias occidentales, en particular EEUU, cuando en el marco de la llamada “guerra fría”y luego del triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno transformador de Salvador Allende y la Unidad Popular aparecía como un peligro para los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Y entonces, de la mano de sus conocidos agentes chilenos, Nixon, Kissinger y la CIA desataron el golpe.

Si algún lector piensa que lo que digo no es más que “un cliché comunista”, le pido que busque en internet el “Informe Church” del propio Senado norteamericano y después piénselo.Pero además no bastaba con derrocar a Allende. Había que imponer un modelo de sociedad antagónico al que construía la Unidad Popular.

Y entonces aparecen los “Chicago Boys”, cuyo origen quizás se entronca con el llamado “Plan Camelot” de la Universidad Americana, patrocinado por el ejército de los EEUU y que en los años 60 se comenzó a implementar en Chile y en varios países de América Latina.

Su propósito aparente era estudiar los fenómenos sociales de cada país, los factores de exigencia de cambio, pero en rigor era la penetración a nivel académico para intentar revertir toda tendenciaprogresista e infiltrar a los sectores que impulsaran transformaciones.

Pero aunque los “Chicago Boys” tengan o no sus raíces en el Plan Camelot, la creación de un pequeño “grupo de sabios” fue determinante para levantar un modelo que luego consagró la Constitución del 80.Apenas asumido el control del país por los dictadores estos personajes corrieron a ponerse a sus órdenes.

No los olvidamos. Algunos fueron ministros o autoridades académicas como Sergio de Castro, Rolf Lüders Schwarzenberg, ErnestoFontaine, etc. Claro, no eran precisamente buenas personas. Rolf Lüders, ex ministro de Pinochet, por ejemplo, fue encarcelado durante la propia dictadura junto a otros ejecutivos del Grupo Vial por su participación en transacciones financieras consideradas ilegales durante su trabajo para el Banco de Chile.

Allí es donde también hay que apuntar a la hora de las responsabilidades del tiempo perdido por mucho que a ellos, individualmente, les haya ido extraordinariamente bien en sus ingresos económicos como se han jactado.

A este propósito de lo cual, una mención especial merece un destacado economista que también estudió en Chicago pero jamás se compró la pomada de Milton Friedman o de ArnoldHarberger.

Me refiero a Ricardo Ffrench – Davis, militante de la Democracia Cristiana cuya posición profesional y científica, entonces y ahora, ha sido una sola y coherente. Autor de más de una veintena de libros, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha dictado clases en las universidades de Oxford, Boston, Madrid, entre otras ; se ha desempeñado como asesor en Cepal y fue cofundador del llamado Cieplan.

A diferencia de sus compañeros de curso en los años de Chicago, Ffrench – Davis no comparte lo del Estado “subsidiario” en la economía, ni cree en el modelo neoliberal, ni en el mito de la autoregulación del mercado y más bien aboga por establecer políticas públicas para el desarrollo, rescatando el papel del Estado.

La conclusión natural de estos comentarios es subrayar toda la importancia que tienen para el futuro de Chile las reformas en curso que impulsa el actual gobierno y que tanto inquietan a la derecha. Y, muy especialmente, el proceso en marcha hacia una Nueva Constitución, con participación de todas y todos y que apunte a establecer un modelo de sociedad diferente del impuesto mediante un genocidio y que tanto daño ha hecho al país.

¿Seremos capaces? En Uruguay conocí una bella canción que dice que “…parece que nos estamos acostumbrando a caminar, retroceder y volver a empezar…” Pero también dice que siempre lo pueblos “...terminan por romper las cadenas”. Así sea.

Hermano de la actriz chilena Orietta Escámez y amigo de personalidades como Pablo Neruda, Salvador Allende, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Violeta Parra, González Camarena, Nemesio Antúnez, Joaquín Gutiérrez, José Miguel Varas, Gregorio de la Fuente, José Venturelli y tantas y tantos de todo el mundo.

Sus obras se encuentran en varios importantes museos de otras tierras.En Costa Rica quedan sus murales “La tierra” y “La ciudad del futuro” en el Instituto Nacional de Seguros de San José ; en Chile quedan sus murales de la farmacia Maluje en Concepción, de la escuela República de Cuba en Lota y debió quedar su obra magistral en el salón de honor de la Municipalidad de Chillán, inaugurada en 1972 por el Presidente Salvador Allende y la orquesta sinfónica.

Sin embargo, esa gigantesca obra que expresaba la realidad del pueblo trabajador en las condiciones de explotación y el amanecer que irrumpía en nuestro país con la victoria popular en las elecciones de 1970, resultaba insoportable para la mediocridad cultural y política de los triunfadores del sangriento golpe del 73. Por lo que fue primero tapada con alquitrán y luego – ante el riesgo que pudiera ser limpiada – se procedió a destruir los inmensos muros en que fue creada. Cuando el general fascista español Millan Astray gritó  “¡muera la inteligencia!” interpretó a todos los bárbaros de todos los tiempos.

Comandante del regimiento de Chillán era entonces el coronel Guillermo Toro Dávila, el mismo bajo cuyo mandato fueron asesinados el alcalde de la ciudad Ricardo Lagos Reyes, su esposa embarazada de 8 meses y su hijo Carlos, de 19. Toro Dávila fue más tarde en dictadura “embajador” en Uruguay y su hermano Agustín ¡rector de la Universidad de Chile! A esos extremos llegó Pinochet.

Los conscriptos y obreros que durante la dictadura militar fueron obligados a destruir a golpe de picota el muro del entonces enorme Salón de Honor de la Municipalidad de Chillán a objeto de hacer desaparecer para siempre el bellísimo mural del artista Julio Escámez, no fueron los culpables de ese crimen contra la Cultura.

Los verdaderos autores fueron los ignorantes uniformados, las autoridades sublevadas de la ciudad y los fanáticos de la derecha local.

El proceso de pintura del mural chillanejo había abierto un amplio espacio artístico y cultural. Casi todas las noches, concluido el trabajo de Julio y sus ayudantes, se provocaba en el mismo lugar espontáneos recitales de poesía, charlas, conversatorios y participaban grupos musicales locales o visitantes.

Es que eran años de un despertar cultural nunca visto antes.Hoy nos parece un sueño pero así fue. En ese salón o en las peñas que en la ciudad existían llegaron a actuar figuras como Mercedes Soza, Carlos Puebla y otros. Allí, en la peña del “Toño” Monroy, almorcé una tarde, es un ejemplo, con Graham Greene, sí, el autor  de “El poder y la gloria”, entre tantas otras obras suyas.

Es que Chile brillaba con luz propia y los mejores intelectuales de todas partes viajaban a conocer esta inédita experiencia de construir una sociedad mejor en los marcos de una democracia tradicional cuyo único pecado fue no haber parado a tiempo a los sediciosos variopintos que no aceptaban perder sus privilegios.

Vuelvo a Escámez. Sobre él dijo Pablo  Neruda : “Vemos como en su obra se han reconocido las esencias más extraordinarias de la creación que tienen la quietud de la profundidad, de la verdad, de la poesía. Admiro en él tanto aspectos de una presencia creadora que es como una flor en su unidad maravillosa”. Y agregaba.“Por una rara coincidencia, un libro mío toma el mismo tema que Escámez :el inmenso desgarramiento de un artista ante el espectáculo de un siglo que agoniza, que se estremece para dar a luz un nuevo concepto de la sociedad humana. La pintura de Julio Escámez, su carrera estética, son un lujo para nuestro país”

JulioEscámez fue un enamorado de la vida, de la luchas sociales y por supuesto también de la belleza de la mujer. Alcancé a conocer a alguna de sus valiosas compañeras. Y a enterarme de otros romances como de esa apasionada relación en Concepción con la gran Violeta Parra que le significó que, tras la ruptura, pasara a ser el personaje de la conocida canción de Violeta, “La muerte con anteojos”. Huelga comentar que Julio usó anteojos toda su vida

Mi amistad con él nació en casa del escritor costarricense Joaquín Gutiérrez en plena campaña por las presidenciales del 70 y de allí surgió la propuesta del mural de Chillán impulsada en nuestros años alcaldicios ; un tiempo bello en que Julio ganó en nuestra ciudad numerosos amigos y amigas a los que hoy duele mucho su partida. Los años pasaron y tras el golpe nos vimos muy pocas veces  aunque sin perder nunca el contacto.

Enterado de la destrucción de su mural, me escribió desde San José a La  Habana en el año 1975 y, pese a su dolor, afirmaba entusiasta :“Eduardo, volveremos y pintaremos un mural cien veces más hermoso”. No pudo ser. No eran los tiempos.

Y en una de nuestras últimas reuniones en Santiago en casa de Orietta, el 11 de abril del 2005 nos dedicó un reciente libro con sus dibujos y pinturas. Hoy releo la dedicatoria : “ A  Eduardo y Rebeca quienes mantienen un aliento de esperanza en esta hora trágica de los pueblos agredidos por el despiadado sistema, con un abrazo fraternal de Julio Escámez”

Recuerdo por último que como el artista fue además un viajero incansable que recorrió cada lugar de casi cada uno de los países de la tierra, Neruda escribió en una ocasión: “Sentí la necesidad de hablar alguna vez de Escámez. Este ser tan inasible que se nos escapa siempre en largos viajes en que parece imposible regresar. Y él regresa siempre a darnos una nueva visión de la vida, de la ternura del ser humano”

Con una profunda tristeza digo que esta vez Julio Escámez desgraciadamente no volverá físicamente nunca más. Pero afirmo, que su obra sí seguirá siempre regalándonos la fuerza y la ternura de este gran chileno.

En cuanto al primero, durante los años de la dictadura derechista instaurada en septiembre de 1973 los familiares de las víctimas y aquellos abogados que en esos duros años defendieron los derechos humanos a riesgo de sus vidas, presentaron cientos y cientos de recursos de amparo en favor de las víctimas sin que  ninguno de ellos fuera aceptado por los tribunales.

Todo lo cual era aceptado normalmente por la Corte Suprema  de la época. Por lo demás recordemos que este propio tribunal superior había emitido una declaraciónen contra del gobierno constitucional del Presidente Allende, la que, al igual que la declaración de la Cámara de Diputados de agosto del 73, formaban parte del plan sedicioso impulsado por la CIA  norteamericana con el entusiasta apoyo de las transnacionales, de un sector del empresariado nacional y de los partidos políticos opositores de la Unidad Popular, los que lograron finalmente arrastrar a las FFAA a ese delito de alta traición.

Insignes colegas como Andrés Aylwin, Eugenio Velasco, Jaime Castillo Velasco, José Galeano, Fernando Ostornol, entre tantos y tantas, se la jugaron por entero para tratar de salvar la vida y lograr la libertad de tantas y tantos compatriotas ; ellos mismos debieron sufrir duras represalias. Pero igual fueron denegados los recursos de amparo constituyéndose así el poder judicial en cómplice y encubridor de los crímenes de lesa humanidad que estremecieron al mundo y por los cuales  la Organización de Naciones Unidas y otros entes internacionales condenaron a Chile todos los años que duró la tiranía.

Durante esos años no se acogieron los recursos de amparo. Si la Corte Suprema y los tribunales  hubieran acogido a trámite esos recursos, lo más probable es que miles de chilenas y chilenos estarían hoy con vida. Esta afirmación nuestra está respaldada por el expreso reconocimiento hecho por la misma Corte Suprema con ocasión del 40 aniversario del golpe  militar en 2013.

De ese modo el Estado de Chile faltó a su deber de respeto a un recurso judicial fundamental en defensa de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de la persona humana.

Al mismo tiempo incumplió sus deberes de respeto a diversos instrumentos jurídicos del Derecho Internacional suscritos por nuestro país y  desde luego a su compromiso con los vigentes Convenios de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Era la misma Corte Suprema que, en cambio, hacía respetar la autoamnistía con la que se habían blindado los peores criminales y violadores de los derechos humanos. Era la  misma Corte Suprema que permitía con impudicia que las denuncias por los crímenes perpetrados por los agentes de Pinochet fueran conocidos por los tribunales militares que absolvían de inmediato a los culpables sin siquiera investigar.

Pasaron los años y la lucha permanente de los familiares de las víctimas y de un grupo de abogados de derechos humanos, logró por fin, en 1998, que se acogiera a trámite una amplia querella, encabezada por Gladys Marín, para que se investigara y juzgara el conjunto de delitos cometidos y que estaba dirigida personalmente contra Pinochet.

Entonces la historia parecía cambiar. El juez Juan Guzmán, designado por la Corte de Apelaciones de Santiago, puso en marcha el proceso judicial  y en pocos meses las querellas agregadas sumaban más de 300, básicamente por  casos de detenidos desaparecidos.

Y  llegó la detención de Pinochet en Londres por decreto de los tribunales españoles. Y entonces se abrió el debate acerca del otro principio jurídico en cuestión: el de la  jurisdicción universal, por sobre la territorialidad del proceso penal, o sea el derecho que tiene la humanidad – que es la ofendida cuando se trata precisamente de delitos de lesa humanidad – para que los tribunales de cualquier país de la tierra, con independencia del país en que se haya cometido el delito o de la nacionalidad del criminal  o de sus víctimas, puedan iniciar un juicio  penal  y condenar a los culpables.

Pero entonces saltaron aquellos sectores políticos partidarios del dictador y también a los que nunca le importaron realmente las violaciones a los derechos humanos  y se levantaron las banderas patrioteras de que el juicio sólo podía realizarse en Chile. La Corte Suprema en cómplice silencio.

Es decir, no a los amparos a las víctimas y no a la jurisdicción universal.

Y es en el marco de esos antecedentes concretos, de esa historia real, que la Corte Suprema de nuestro país nos sorprende ahora con un fallo en favor de la oposición derechista al gobierno constitucional de Venezuela por supuestas irregularidades en el juicio al responsable de la asonada que cobró la vida de decenas de personas incluída nuestra compatriota, la chilena Gisella Rivas. Todo lo que parece ahora no importar a algunos demócratas.

O sea que no a los amparos ni a la jurisdicción universal cuando se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile por una feroz dictadura reaccionaria.

Pero sí al amparo y a la jurisdicción  universal para defender a la oposición de derecha contra un gobierno constitucional en otro país distinto del nuestro.¡Vaya tamaño de contradicción. ¡El respeto a la vida no, el juzgamiento universal a crímenes de lesa humanidad, no. El apoyo a un determinado sector político extranjero sí!

Se entiende perfectamente el entusiasmo conque han celebrado aquí esta vergonzosa resolución los dirigentes de los partidos políticos que apoyaron a Pinochet.  No es fácil comprender el apoyo de otros sectores.

Debe recordarse además que el fallo de la Corte se opone a la pública determinación del gobierno chileno en orden a no intervenir en los asuntos políticos internos de otro Estado con el cual además hay relaciones diplomáticas  normales.

No deja de sorprender que la sugestiva resolución de la Corte chilena tenga lugar en vísperas de un importante proceso electoral en Venezuela. No creo en las casualidades, menos cuando al mismo tiempo los sectores más reaccionarios de la región pretextan irregularidades en el proceso a realizarse en los próximos días.

Proceso electoral, dicho sea de paso, que será observado por representantes de diversas organizaciones internacionales y representantes de otros Estados, entre ellos UNASUR, el ALBA, etc. Pero los nostálgicos de Pinochet insisten en denunciar irregularidades

Otra rareza, pues no ha sido  un venezolano,  ni un izquierdista, sino el ex presidente  norteamericano, Jimmy Carter, quien ha dicho que “el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo”…

Como abogado de derechos humanos no podemos en consecuencia sino lamentar la decisión del pequeño grupo de jueces que, en nombre de la Corte Suprema, han  cometido tan criticable acto.

La  realización del importante encuentro científico, al que asistieron representantes de los primeros querellantes, de familiares del poeta igualmente partícipes de la causa, los máximos dirigentes de la Fundación Neruda e invitados especiales, fue posible gracias a la cooperación del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior y del propio Ministerio cuyo subsecretario concurrió a saludar a los peritos llegados desde diversas naciones.

El suceso además desmiente la falsa información entregada el 2013 por conocidos medios de prensa de nuestro país que, tras concluir el Primer Panel, dieron por “terminada la investigación del caso Neruda” descartando por su cuenta la participación de terceras personas en el hecho. La realidad es diferente y vale la pena un breve recuento.

Pablo Neruda, militante comunista desde 1945, senador, embajador, pre candidato a la presidencia, militante antifascista, defensor de la España  Republicana, del campo socialista, de la URSS, de la Revolución Cubana, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile hasta su muerte, era, en especial en esos años de la llamada Guerra Fría, un claro objetivo para los aparatos de inteligencia norteamericanos y para la naciente dictadura de Pinochet.

De hecho la CIA había seguido sus pasos y su trayectoria desde mucho antes. No olvidemos nunca que la relación entre los bárbaros y la cultura puede resumirse en el apotegma del militar fascista español que gritó en su minuto “¡Muera la inteligencia!”

Neruda muere en extrañas circunstancias la noche del domingo 23 de septiembre de 1973 en la clínica Santa María, horas antes de partir a México como invitado especial del gobierno de ese país en el que había vivido y trabajado durante años, en donde mucho se aprecia su vida y obra y en donde se habría constituido sin duda en una gran figura del exilio.

La clínica Santa María fue intervenida militarmente el día mismo del golpe.Desconociendo ese importante dato, Neruda fue trasladado allí tanto por su seguridad (téngase en cuenta que su casa de Isla Negra y las otras ya habían sido allanadas y saqueadas por los golpistas) como por la presencia de un médico que conocía de sus problemas de salud.

Problemas que eran reales, pero no auguraban el fatal desenlace y mucho menos en pocos días. Es la opinión de médicos que le habían examinado y atendido poco tiempo antes del golpe.

Hoy se comprueba que, ingresado a la Clínica, algunos de los médicos que allí lo “asistieron” son los mismos que están actualmente procesados por el homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y, sugestivamente, la misma enfermera es la que inyecta a ambos. La ficha clínica del poeta no ha sido entregada hasta el día de hoy por el establecimiento.

A propósito del hallazgo referido, es preciso tener en cuenta que el químico de la Dina, Eugenio Berríos, reiteró públicamente que una forma eficaz de librarse de los “indeseables” era inyectarles precisamente Staphylococcus aureus. En relación a lo cual recordemos que a esas fechas ya había elementos químicos en el país, que fueron usados en crímenes como los del cuartel Simón Bolívar y en los casos de José Tohá, Carmelo Soria, del presidente Frei y muy probablemente en el caso de las muerte del general Lutz y otros.

Hay más “detalles”. Como que el médico que firmó el certificado de defunción no la constató personalmente y que por otra parte se ha demostrado de modo contundente que el poeta no se encontraba en estado de “caquexcia” como reza ese certificado.

Existe además otro de los médicos de la época, actualmente en funciones, que se contradice, miente, crea personajes inexistentes… Este personaje, que fue parte también del equipo que trató  a Eduardo Frei  en el mismo piso cuarto de la misma clínica, fue contratado por la dirección del establecimiento, como ya dijimos a cargo entonces de un oficial de ejército, al día siguiente del ingreso de Neruda a la clínica. ¿Coincidencia?

Por otra parte consignemos que en el juicio relativo a la muerte del presidente Frei este personaje intenta cambiar esa fecha de ingreso.

Lo cierto es que el voluminoso expediente  judicial contiene hoy un sustantivo y elocuente conjunto de evidencias que ratifican plenamente  las denuncias y el testimonio inicial del señor Manuel Araya, chofer de Neruda.

Sin desconocer la importancia que tienen las declaraciones de la propia Matilde Urrutia, esposa del poeta, quien – tiempo después de la muerte del Premio Nóbel – hizo pública su duda y recordó aquella sospechosísima inyección en el abdomen de la tarde del aciago 23 de septiembre de 1973.

Puede afirmarse hoy que la histórica querella rol número 1038 – 2011 tenía pleno fundamento y que la verdad se  abre paso.  A este propósito vale la pena consignar las palabras finales del ministro Mario Carroza cuando  abrió el encuentro: “Las especialidades interdisciplinarias que conforman este panel de expertos, permiten augurar que la ciencia puesta a disposición de la investigación judicial, abarcará y permitirá dar prudente respuesta a la interrogante planteada, evitando conclusiones alejadas de la profusa cantidad de datos e información que existe en el proceso, a pesar que uno de los obstáculos que la investigación debió soslayar fue justamente la ausencia de la ficha clínica del poeta, que aún no damos por perdida.”

“De esta manera la labor del Poder Judicial queda supeditada al trabajo de este panel, esperando por ende poder decir con autoridad, que nuestra labor está cumplida”.

“Damos así inicio al trabajo del panel de expertos citando parte de las palabras pronunciadas por el Poeta en el año 1971, al concluir su discurso con el cual recibe el Premio Nobel de Literatura, y referirse a la frase del poeta francés Arthur Rimbaud : “Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres”. Gracias por haber aceptado esta tarea.”

Valenzuela Torres, típico personaje de los campos chilenos de la época, permanentemente cesante, entregado a la bebida, analfabeto, absolutamente solitario, sin  familia y sin conciencia, sub alimentado, explotado, no era propiamente una persona humana con conciencia de tal sino más bien el producto de sus extremas condiciones. Inició a comienzos de los 60 una relación con Rosa Rivas, campesina de la zona, viuda y madre de 5 hijos. Los amoríos de Rosa le cuestan su puesto de trabajo en el fundo en que se desempeñaba.

La pareja se va a vivir a un despoblado sector llamado “la isla” en las riberas del río Ñuble. Una noche Jorge del Carmen, completamente borracho y disgustado por la falta de dinero de su pareja para que él pudiera seguir bebiendo, la agrede brutalmente. La mujer intenta resistirse pero Valenzuela termina asesinádola a golpe de guadaña y procede en seguida a dar muerte a cada uno de los 5 hijos. Tapa todos los cadáveres con piedras y huye. Poco después será ubicado en un pequeño boliche de un pueblito cercano y encarcelado.

En prisión aprende a leer y a escribir, come todos los días, hace amistades, bebe leche, frutas, descubre juegos colectivos y hasta va a la cancha de fútbol del penal. Es visitado por el sacerdote Eloy Parra quien le conduce a descubrir la religión, las ideas, el pensamiento social, las costumbres y hasta llega a escribir algunas poesías. Lo más importante : adquiere plena conciencia del horror que él provocó, llora, sufre, desespera. Se arrepiente.

Conocí de cerca el triste episodio y soy testigo de la conversión del Chacal en persona humana. Conocí al personaje, hablé con él varias veces en la sala de abogados del presidio chillanejo y hube de seguir muy cerca aquel proceso. La razón es simple: fue parte fundamental de mi cometido cuando hice mi práctica profesional de 6 meses  en el  Colegio de Abogados de Ñuble siendo egresado de Derecho de la Universidad de Chile, como requisito para optar al título de Abogado.

Corría el año 1962 y mi práctica era controlada por el abogado Reinaldo Poseck Pedreros, quien más tarde se desempeñaría como Secretario Regional del Partido Socialista, lo que habría de costarle que hasta hoy sea uno de tantos centenares de  chilenos detenidos desaparecidos. También se desempeñaba en el Consultorio Jurídico del Colegio la abogada Ena Grossi, a la que a mi regreso del exilio encontré como jueza en Santiago  y de la que no he vuelto a saber.

El eje del programa televisivo del que hablo fue la película de Miguel Littin del mismo nombre. Ese filme en mi opinión es el mejor de la vasta producción de Littin y a la vez es una de las mejores cintas chilenas de todos los tiempos. Tal como explicó el reportaje, tan terrible como el crimen de Valenzuela Torres fue el hecho que, después que la sociedad lo educara y lo transformara en un ser humano propiamente tal, esa misma sociedad – aunque más bien determinados sectores de ella – decidieran fusilarlo, matarlo con la misma impudicia que él había actuado y todo en nombre  de la “seguridad nacional”.

Gobernaba el derechista Jorge Alessandri y era su ministro Enrique Ortuzar, cabeza visible de la campaña por la pena de muerte y que años más tarde habría de formar parte del sector sedicioso contra el gobierno constitucional del presidente Allende. Colaboraron en el triste afán algunos integrantes de la Corte de Chillán de esos años. No descansaron hasta revertir el fallo de primera instancia – que le condenaba a 20 años de cárcel – y que se había logrado gracias al trabajo tesonero de aquellos abogados con los que tuve el honor de hacer mi práctica profesional.

Varios de los sentenciadores de entonces fueron más tarde entusiastas partidarios de la dictadura entronizada en 1973. No fueron los únicos antidemócratas del poder judicial ni mucho menos. No debemos olvidar el entusiasta apoyo de la Corte Suprema al brutal golpe de Estado, no sólo sumándose antes a las ilegales condenas al gobierno legítimo, sino poniéndose después a disposición de los usurpadores del poder. En muchos casos fueron cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad los que no juzgaron o que trataron de ocultar como el caso de una actual Ministra de la Corte Suprema.

El poder judicial pudo y debió salvar muchas vidas humanas y no lo hizo. Tampoco condenó oportunamente a los asesinos.  Todavía más, algunos jueces negaron la existencia del genocidio, otro dijo que eso de los detenidos desaparecidos lo tenían “curco”. Es decir  esta vez simpatizaron con el Chacal principal y con sus muchos chacales.

Porque tras septiembre del 73 sí que el país conoció de asesinos brutales, con o sin uniforme. Horrores inimaginables para todo ser normal ocurrieron a partir del mismo 11 de septiembre de 1973. Torturas y ejecuciones de niños, de ancianos, de mujeres embarazadas, violaciones y abusos sexuales contra mujeres y hombres perpetradas por torturadores o por perros amaestrados al efecto. ¿Es esto propio de seres humanos además pertenecientes a los sectores privilegiados de la sociedad?

Calle Conferencia, Colonia Dignidad, Villa Grimaldi, Caravana de la muerte, Operación Cóndor, los 119, Londres 38, Cuartel Domingo Cañas, Cuartel Simón Bolívar, Caso degollados, Caso quemados vivos, Operación retiro de televisores, etc, etc… son sólo algunos de los centenares de capítulos de la historia del terror desatada por los responsables, civiles y uniformados, chilenos y norteamericanos, de la sedición del 73.  Y no hablamos de asuntos del pasado, sino del presente y del futuro porque resta mucho para sentir que se ha cumplido con las metas de verdad, justicia, memoria y reparación que una democracia real debe cumplir.

Se mantiene el silencio de los culpables. El barco de la muerte, La Esmeralda, sigue navegando por los mares del mundo aun cuando como sucede por estos mismos días siga recibiendo el repudio de los demócratas de los países en que recala y que no olvidan que más de 100 personas sufrieron allí tortura y muerte incluído el sacerdote Miguel Woodward.

Se mantiene igualmente la misma influencia de los medios de comunicación que impulsaron el golpe de Estado y que luego fueron parte de los  montajes para amparar los crímenes

Tampoco podemos olvidar el decreto de amnistía, vigente hasta hoy aunque no se le aplique en los hechos, o la llamada “media prescripción” burdo pretexto supuestamente “jurídico” inventado por los partidarios de la impunidad.

Es cierto que el negativo papel de la judicatura ha sido reconocido por las autoridades judiciales y por magistrados honestos de estos últimos años. Años en que, además, se ha avanzado extraordinariamente en el esclarecimiento y juzgamiento de esos delitos.

Todo lo que en estricto rigor debe reconocerse que ha sido posible gracias en primer lugar a la tenacidad de las agrupaciones de familiares de las víctimas. Su lucha es la que ha logrado que la justicia no caiga sólo sobre aquel modesto campesino vagabundo de Nahueltoro sino también sobre los poderosos del golpismo formados en extranjeras escuelas del terror contra los pueblos.

Pero no es el único “mamo”, hay varios otros de su condición buena parte de los cuales se encuentran en prisión. Otros, en libertad, han lamentado la partida de su líder y otros que nada han dicho permanecen en la misma posición del lamentable delincuente y no entregan a tribunales nada de lo mucho que saben.

Corresponde preguntarse ¿hasta cuándo? Pero igualmente corresponde plantearse iniciativas en los más diversos planos, político, administrativo, judicial, nacional e internacionalmente, para romper el llamado “pacto de silencio”. Un silencio que se hace cómplice de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura chilena, que es lejos una de las más sangrientas de las que tuvieron lugar  en la segunda mitad del siglo pasado a partir del golpe contra el presidente Jacobo Arbenz en Guatemala.

No se trata sólo de los altos mandos castrenses – en especial de los de la época de los hechos – sino también de los muchos civiles sediciosos que impulsaron a las FFAA a derrocar al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, así como de los dueños de medios de comunicación que en su momento se hicieron  parte de los atropellos a los derechos humanos al participar en operaciones tales como en los casos de los 119, o de Marta Ugarte y muchos otros en los que a sabiendas colaboraron para encubrir crímenes brutales.

Son sujetos que tienen  información y están obligados a entregarla conforme nuestra legislación interna y el Derecho Internacional.

Así nos lo recuerda, por ejemplo, el Informe acerca de la situación de los Derechos Humanos en Chile, 2014, publicación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que, al referirse al Acceso a la Información Pública, Archivos y Acceso a la Justicia, nos recuerda que no sólo es normativa nacional el derecho de acceso a la información, sino que ya en 1977 en el primer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, a propósito precisamente de personas desaparecidas, establecía “el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros” con lo que el Derecho Internacional Humanitario planteaba a los Estados la obligación de buscar los procedimientos que abrieran paso a la derrota de la impunidad.

La publicación citada nos recuerda igualmente otras resoluciones que cito. Entre ellas una sentencia del 2003 de la Corte Interamericana que señala que “en  caso de violaciones de los derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación de procesos pendientes” y agregaba  que por lo mismo todo  Estado debe “garantizar que  ningún obstáculo normativo o de otra índole impida la investigación de dichos actos y, en su  caso, la sanción de los responsables”.

¿Puede haber un lenguaje más claro?

A su vez, en el año 2005 la ex Comisión de DDHH de Naciones Unidas en su Resolución número 66 subrayó “la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con  la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”, en tanto que en el 2008 el Consejo de DDHH de la ONU reiteró “la importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos de conocer la verdad sobre esas violaciones”.

Ese mismo año la Corte Interamericana sentenció que todos los Estados  deben garantizar que “toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tengan el derecho a conocer la verdad y deben ser informados de todo lo sucedido en relación a dichas violaciones”. Parece hecho a propósito del caso chileno.

Todavía más – y esta vez sí expresamente para nuestro país –  el año 2009 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas instó al Estado de Chile “a que facilite a los tribunales toda la información pertinente que obre en su poder para facilitar la labor de impartir justicia”.

Pero además dijo categóricamente que instaba a nuestro Estado“ a derogar la disposición  de la ley 19.992 mediante la cual se establece el secreto durante 50 años de información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura.”

Esta vez elmensaje fue directo y el  Congreso Nacional no debe ni puede seguir permaneciendo sordo a tan claro requerimiento del Derecho Humanitario. ¿Qué se espera?

Por si fuera poco, hace un año, en julio de 2014, el  Comité de DDHH de Naciones Unidas volvió sobre el tema y expresó que era preocupante el carácter secreto “de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura” y recomendó que todo se hiciera público.

De todo lo cual resulta indispensable retomar con fuerza la lucha para que el Estado chileno se adecúe plenamente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.Desde luego, para que hablen los que manejan toda la información, espontáneamente o por decisión de quienes tengan la autoridad jurídica para requerirles tal conducta. Y además para despejar y derogar toda norma o instrumento que impida el acceso a la necesaria información.

Sólo de este modo tanto el Estado como las agrupaciones de familiares de las víctimas y todos quienes comprendemos que el gran asunto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura no es tema del pasado sino del presente y sobre todo del futuro, habremos cumplido con nuestro deber superior de buscar el establecimiento de verdad y justicia.

Al mismo tiempo habremos derrotado al genocida recién fallecido y a quienes – que los hay  – todavía comparten, total o parcialmente, su aberrante conducta y el horror de la dictadura que impuso el tipo de sociedad que hoy la gran mayoría de las chilenas y chilenos anhela cambiar.

Los llamados “principios de Nüremberg”, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y el conjunto de acuerdos y tratados posteriores, en especial en cuanto a nuestro continente el llamado “Pacto de San José de Costa Rica”, que es la Convención Americana de Derechos Humanos consagraron en textos – de aplicación obligatoria para los Estados suscriptores – los derechos humanos fundamentales y, en primerísimo lugar, el derecho ala vida y la condena a todo atentando físico o psíquico.

Como es sabido, todos estos derechos fueron brutalmente atropellados por la dictadura impuesta en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973 que, con la abierta participación de una potencia extranjera y el apoyo tanto de grupos terroristas nacionales como de conocidos representantes de importantes intereses económicos y políticos chilenos, impulsaron a las FFAA a derrocar a un gobierno constitucional democráticamente elegido.

A propósito de lo cual debe tenerse en cuenta que las principales agrupaciones nacionales de familiares de las víctimas llevan adelante en tribunales una querella en contra de los sediciosos civiles. Importantes testimonios y documentos que obran en el expediente ponen al descubierto a los responsables civiles de la peor tragedia de nuestra historia y muestran los avances en ese concluyente juicio.

Los hechos registrados en el mes de julio de este año tanto en el proceso por el degollamiento de tres profesionales como en el referido a los quemados vivos, refrescan la memoria de chilenas y chilenos tanto respecto de la magnitud del daño provocado por los golpistas como de lo demencial de los métodos empleados para torturar o aniquilar a quienes consideraban sus “enemigos”.

Igualmente dejan al descubierto las deudas pendientes del Estado de Chile en materia de verdad, justicia y reparación. El llamado “pacto de silencio” de los responsables de tantas atrocidades sigue vigente y sólo lo rompen modestos conscriptos hastiados de tanto dolor y de tanta vergüenza dando un ejemplo a sus superiores de la época de los sucesos.

Lo cierto es que posible avanzar  mucho más en esta materia. Por ejemplo, poner punto final a la secretividad impuesta por razones políticas a instrumentos tan significativos como el de la Comisión Valech.

Todas las excusas de los partidarios del secreto no resisten un análisis serio ; seguir manteniéndolo huele a impunidad, de la que nadie debiera ser cómplice a estas alturas.Porque cuando las agrupaciones de DDHH exigen romper el secreto impuesto a esos documentos no están planteando necesariamente su publicación sino su entrega a los tribunales para avanzar en las investigaciones y, dada la naturaleza del antiguo Código de Procedimiento Penal que es la norma procedimental aplicable en la especie por la fecha de los ilícitos, esa información queda amparada durante toda la etapa del sumario. Pero no sólo ayudará al esclarecimiento de los hechos sino que, finalmente, permitirá que toda la  verdad sea conocida.

Del mismo modo no parece justo sostener que se trata de defender de eventuales juzgamientos a quienes aportaron información, toda vez que la realidad muestra que  ninguno  de esos pocos que han tenido la valentía de entregar lo que saben ha sido condenado y se encuentran en libertad.Su cooperación a la justicia permite un trato diferente en los marcos de la propia ley de la época por lo que tampoco esa excusa resulta verdadera.

Todos estos temas son actuales, vigentes, con proyección al futuro. Así lo prueban no pocos ejemplos, también recientes, de diversos personajes que a través de diversos  medios de comunicación se han permitido minimizar la magnitud de la tragedia comparando los crímenes de lesa humanidad en nuestro país con los millones de muertos por obra y gracias del nazismo.

O aquellos que insisten en que el tema de las violaciones a los derechos humanos es asunto del pasado, que hoy no interesa a nadie. O esos otros que pretenden exculpar los crímenes con el supuesto argumento del “contexto histórico” o aquellos que se atreven a sostener que las autoridades civiles de los años de la dictadura no tenían conocimiento de cuanto sucedía. Que exista en Chile un sector de la sociedad que así piense, por pequeño que sea, nos revela lo mal que estamos todavía en relación a los derechos esenciales del ser humano.

Hay, finalmente, otro ángulo de esta cuestión y se relaciona con el rechazo de determinados sectores a la propuesta de legislar en materia de aborto.

Mala memoria pues se trata de una legislación que el país ya tuvo en su momento sin que hubiera los opositores de hoy.

En relación a este importante asunto, consideramos por supuesto respetable la opinión de quienes emplean razones de índole religiosa.

Pero lo que no es nada respetable es que con el argumento de “defender el derecho a la vida” se opongan a legislar aquellos representantes de los sectores que provocaron el golpe del 73 y defienden hasta nuestros días al dictador y su sangrienta huella en  la historia nacional.

Quienes callaron ante el terror, cuando no lo apoyaron, no tienen hoy autoridad para invocar el supremo derecho a la vida.

Los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional encabezaban la organización y el propósito era cerrar con esa marcha, al menos temporalmente, la movilización de masas toda vez que era obvio que los juegos olímpicos acapararían la atención.

Lo que no advirtieron los organizadores era que el gobierno que encabezaba Días Ordaz les había preparado una trampa mortal como ha demostrado la investigación judicial en curso.

En efecto, apenas iniciada la actividad los participantes fueron atacados incluso con tanques por soldados y policías, pero además fueron ametrallados por franco tiradores del gobierno apostados en los edificios que rodean la Plaza.  Centenares de detenidos fueron llevados prisioneros a los subterráneos de edificios aledaños ocupados por las fuerzas represivas y torturados, muchos de ellos hasta la muerte.

Cifras conservadoras estiman en al menos 500 los estudiantes, trabajadores y pacíficos civiles que observaban la manifestación estudiantil que fueron asesinados a balazos por los soldados del ejército mexicano. Los dirigentes fueron encarcelados durante varios años. Uno de los más importantes líderes juveniles fue Raúl Alvarez Garín, prisionero por años y quien llegaría más tarde a ser un académico importante y parlamentario de la  izquierda.

Desde México el profesor y político José Antonio Álvarez Lima nos recuerda que , “ hace 46 años el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría y el regente de la ciudad Alfonso Corona del Rosal decidieron resolver a balazos un asunto que bien pudieron abordar con las herramientas tradicionales de la política: el diálogo y la negociación.”

Debemos añadir que la represión de los años 60 – como sucedió en otros lugares del continente – afectaba no sólo a los estudiantes, si bien, como en mayo de ese año en Francia, ellos eran centro del ataque reaccionario. En el caso de México ya se habían producido duros golpes represivos contra el movimiento obrero y contra el Partido y la Juventud Comunista.

Esos son sucesos terriblesque jamás serán olvidados. Ahora  bien, por esos años no hubiera imaginado que en algún momento pudiera relacionarme de algún modo con ellos.Tampoco ocurrió mientras viví exiliado 10 años en ese gran país. Pero la  vida depara a diario sus sorpresas y tal vez por  nuestra participación en los procesos judiciales en Chile, los hechos de la Plaza de las 3 Culturas volverían a remecernos.

Cuando una lluviosa mañana de sábado de hace unos 15 años el ingeniero mexicano Félix Hernández Gamundi golpeó la puerta de mi casa trayendo un mensaje del “Comité del 68” para integrarme al equipo jurídico que trabajaba en el proceso contra los culpables de la masacre en la nación azteca, no imaginaba que se me estaba dando la oportunidad de conocer y trabajar con seres extraordinarios, luchadores, profundamente humanos y con inmensa alegría de vivir.

Lo cierto es que poco después viajaba al Distrito Federal y conocía entre otras personas al ya mencionado dirigente Raúl Alvarez Garín, al  jurista Raúl Jiménez, al propio Félix, a las compañeras María Elvira, Amapola, tantas y tantos más.

Surgió con ellos una gran amistad, al punto que Raúl y su compañera viajaron a Santiago a comienzos de los años 2000 para acompañarnos junto al inolvidable José Miguel Varas, al abogado de DDHH Andrés Aylwin, a Poli Délano,  Fredy Torrealba, Max Berrú y muchas amigas y amigos en la presentación de un libro sobre el desafuero del dictador Pinochet.

La lucha del “Comité del 68” no ha sido en vano ; de hecho todavía no concluye y se ha logrado procesar a altos jefes policiales de la época, en tanto que el ex presidente Luis Echeverría fue sometido a arresto domiciliario y se esclarecieron las responsabilidades políticas.De algún modo se ha vencido la impunidad de tantos años.

Pero hemos sido duramente golpeados con la noticia del reciente fallecimiento en México del entrañable amigo Rául Álvarez Garín. Figura emblemática de las luchas de esos años que se inscriben como lo más destacado de la historia mexicana de la segunda mitad del siglo XX, fue un luchador social, escritor, militante de izquierda, y el 68 miembro del Consejo Nacional de Huelga.

Elena Poniatowska, la gran escritora, expresó el día de la muerte del líder : “Sin Raúl Álvarez Garín no existiría el libro La noche de Tlatelolco, porque él reunió a los estudiantes en su celda y a raíz de eso, toda la vida fuimos amigos. También con Manuela, su madre, que era una gran maestra de matemáticas.”

“Raúl –agregó la escritora– fue de una entereza enorme toda la vida y un líder absolutamente incontestable del movimiento estudiantil; se puede decir que en Lecumberri había dos líderes del 68: Álvarez Garín, del Politécnico y también de la UNAM, porque lo querían mucho, Manuel Peimbert Sierra y Gilberto Guevara Niebla.” “Todos los mexicanos ligados en una u otra forma al movimiento estudiantil lo vamos a extrañar una barbaridad, porque hay pocos Álvarez Garín en el mundo”, finalizó la Poniatowska.

Apenas en agosto de este  año el matemático politécnico, maestro de la Facultad de Economía de la UNAM y ex trabajador electricista recibió su afiliación al Sindicato Mexicano de Electricistas.

Fue también activo periodista, trinchera desde la que contribuyó al nacimiento de la revista “Punto Crítico” . Años más tarde, militante ya del PRD, siguió promoviendo la prensa crítica, como coordinador de asuntos laborales y sindicales de Corre la Voz, periódico distribuido entre movimientos populares del valle de México. Es autor del libro “La estela de Tlatelolco: una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68.”

Nos emociona conocer que el 2 de octubre de este año, pocas horas después del fallecimiento del gran dirigente, decenas de miles marcharon de nuevo desde Tlatelolco, desde la Plaza de las 3 Culturas y mientras avanzaban corearon “Se siente, se siente, Raúl está presente”. El pueblo mexicano proclamó hace muchos años que el 2 de octubre no se olvida. Hay que agregar que Raúl Álvarez Garín tampoco.

Que hablen de una vez los que todo lo saben y que continúen los procesos judiciales por los delitos de lesa humanidad perpetrados por los agentes de la dictadura, aplicándoles penas apropiadas y que las cumplan en prisiones comunes y no en lugares especialmente acondicionados.

Es el grito de años contra el olvido. Una marcha exitosa pese a los sospechosos ultras, encapuchados e infiltrados de la derecha, que recuerdan métodos de grupúsculos fascistas como “Patria y Libertad”.

Hace pocos días los representantes permanentes de los Estados miembros de la ALADI, con sede en Montevideo, Uruguay, aprobamos por unanimidad declarar Ciudadana Ilustre de América Latina a doña Estela de Carloto, la histórica dirigente de las Abuelas de Plaza de mayo de Argentina, a semanas del emotivo encuentro con su nieto, tras tantos años de búsqueda y de lucha contra la mentira de la dictadura de su país y los cobardes asesinos de su hija y su yerno.Ella viajará en fecha próxima al Uruguay a recibir los honores merecidos y una placa recordatoria. Este homenaje en rigor representará a todas las luchadoras en defensa del derecho a la vida.

En la solemne sesión que adoptó el acuerdo recordamoslo sucedido en los países de la región, las dictaduras que mancharon de sangre la historia latinoamericana desde el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, gestado todo por los mismos intereses hegemónicos de la potencia del norte, sus servicios de inteligencia, su aparataje militar y con la complicidad de las oligarquías criollas, de las FFAA nacionales y de las dirigencias políticas de derecha y centroderecha.

A propósito de lo cual y reconociendo la realidad del Uruguay y su historia de los últimos 50 años, con coincidencias y diferencias respecto de la nuestra, caben reflexiones respecto de la relación entre política y dignidad, el respeto a los derechos fundamentales de toda persona, así como los peligros del paso del tiempo y la necesaria lucha contra el olvido.

Cuestión ésta que no tiene nada de nostálgico sino de presente y, más que nada, de futuro. ¿Será necesario reiterar que un pueblo que olvide su historia no tiene futuro?

Para explicarnos,debo señalar que a pocos días de llegar a este país, hace ya 4 meses, concurrí invitado por la Intendenta de Montevideo, Ana Olivares, a una importante actividad como fue la formal declaración de “Monumento Nacional” asignada al Memorial de los detenidos desaparecidos el cual, según se recordó, fue visitado a su solicitud por la Presidenta Michelle Bachelet en su anterior mandato. Un gesto que fue saludado con afecto por la concurrencia.

Sucedió también que un significativo número de personas y autoridades concurrimos en su momento al cementerio montevideano para rendir homenaje a Zelmar Miccelini, el senador uruguayo asesinado en Buenos Aires en 1976 junto al diputado Héctor Gutiérrez.

Por las mismas fechas tuvo lugar un sentido homenaje al jurista francés Louis Joinet, personalidad internacional de los derechos humanos y que fue declarado “ciudadano ilustre” de la República Oriental del Uruguay por su aporte al restablecimiento democrático.

La noche del pasado 20 de mayo bajo intenso frío y lluvia, se realizó la impresionante Marcha del Silencio en homenaje a los detenidos desaparecidos del Uruguay. Más de 30 cuadras repletas de vereda a vereda en la espaciosa avenida 18 de julio ¿40 mil, 50 mil? Para no olvidarlo jamás, muchos jóvenes, sin banderas ni símbolos partidarios, sólo las fotos de las víctimas y lienzos exigiendo saber dónde están y pidiendo castigo para los culpables.Al terminar la marcha – en la que participó el Presidente Mujica y su esposa – se invocaron los nombres de cada una y cada uno de las desaparecidas y desaparecidos mientras la multitud coreaba “¡Presente!”.

Es sin duda enorme el apoyo de masas al movimiento de derechos humanos en este país en el que, sin embargo, todavía no ha sido posible avanzar de manera sustantiva en los procesos judiciales. Curiosamente, sin ese mismo apoyo de masas, en el caso chileno se ha avanzado de manera importante en materia procesal penal, aunque falta todavía mucho por hacer como lo testimonia la marcha reciente.

Es lo que nos lleva a estimar que si en nuestro país las organizaciones de masas por ejemplo, los sindicatos de trabajadores, las federaciones de estudiantes, los centros culturales, en fin las organizaciones sociales, políticas y culturales, instalaran entre sus demandas las que dicen relación con verdad y justicia respecto de los años de la dictadura, se podría avanzar de modo más integral y rápido.

Masificar y sostener en el tiempo las demostraciones de solidaridad con la heroica lucha de los familiares de las víctimas y de los ex prisioneros de Pinochet, pasar de la declaración de apoyo a la demostración pública, contribuiría a crear las condiciones necesarias para ajustar el reloj de la historia y ponerlo a la hora.

La primera querella exitosa fue la del 98, la que llevó adelante el juez Juan Guzmán y que hoy ha sumado a otras mil quinientas, las que son sustanciadas por decenas de jueces de dedicación exclusiva desde octubre del año pasado.

Pero han pasado más de 16 años. ¿Cuántos más habrá que esperar para lograr toda la verdad y procesar a todos los culpables? ¿Y cuántos para recuperar los restos de los desaparecidos?

No se trata además sólo de víctimas nacionales. En Uruguay hay decenas de intelectuales, dirigentes políticos y sindicales que estuvieron prisioneros en el Estadio Nacional, en el Estadio Chile o en otras cárceles de la dictadura.Son conocidos acá fallos como el de la Corte de Apelaciones que condenó a los uniformados que en septiembre del 73 asesinaron a 3 jóvenes uruguayos que se encontraban asilados en nuestro país huyendo de la dictadura entronizada en su nación en junio del mismo año.

Chile y Uruguay. Como Argentina, Brasil, Paraguay…la misma matriz, los mismos oscuros intereses que instalaron dictaduras reaccionarias para afianzar modelos económicos favorables a los conocidos de siempre. Sin verdad, sin justicia, ¿alguien será tan ingenuo como para creer en el “nunca más”, en “reconciliación”, o en perdones ad hoc para la televisión? ¿Acaso se ha olvidado el fracaso de la “mesa de diálogo”?

Mientras subsista el pacto de silencio, mientras no cambien las condiciones que abrieron paso a la peor tragedia de la historia de Chile, no habrá certeza de que Nunca Más se repitan sucesos como esos que, desde el 11 de septiembre del 73, han enlutado a Chile.

Parecerá una burla triste de la historia, pero sucede que el mismo día de la marcha se conocía la noticia del requerimiento del Consejo de Defensa del Estado para que los herederos del dictador se decidan a recibir su cuantiosa herencia. Descontado lo del Riggs y faltando en nuestra opinión otras fuentes – todas irregulares – se estima en unos 22 millones de dólares lo que se repartirían sus parientes. De esa suma, se ha informado oficialmente, al menos 18 millones de dólares son de origen desconocido, ilegal. Sólo en impuestos por el caso Riggs, el tirano adeudaba al Fisco unos 2.500 millones de pesos.

Por cierto que no calza con los sueldos que percibía; lamentablemente, tampoco es un caso único como sabemos. Es decir, al crimen se agregó el saqueo. No hay derecho al olvido, nos haría cómplices.

Tiempos de extraordinaria importancia para la historia y la dignidad de nuestro país por los notables avances en el establecimiento de la verdad y por el comienzo de la aplicación de esa justicia por tantos años negada a las víctimas y sus familiares.

Hoy es el turno de otro violador de derechos humanos : Rosauro Martínez Labbé, diputado de la derecha chilena por la misma región, Chillán, en que hace más de 40 años tuve el privilegio de ser diputado de la Unidad Popular bajo el gobierno de Salvador Allende.

En representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP, el año pasado nos hicimos parte en el proceso rol n° 1675 – 2003 que en Valdivia tramita la Ministra en Visita Especial Sra. Emma Díaz Yévenes.

El primer escrito presentado – a la luz de los antecedentes del juicio iniciado por familiares de las víctimas – fue precisamente aquel en que solicitamos el desafuero de Martínez. Recibimos por eso, como era de esperar, todo tipo de ataques del tipo más primitivo de anticomunismo.

Cuando la Ministra elevó los antecedentes a la Corte se inició un proceso dilatorio sin precedentes hasta pasar la fecha de las elecciones parlamentarias sin tocar al “honorable”, incluso otorgándole a su defensa un plazo de varios meses “para estudiar la causa” como si se tratara de iletrados.

Por fin la causa se puso en tabla, los abogados alegaron y el resultado es conocido por el país : el representante de Renovación Nacional, por votación unánime de todos los ministros de la Corte de Valdivia fue desaforado porque, textualmente, “es posible concluir la concurrencia de fundadas sospechas de participación de Rosauro Martínez Labbé como autor del delito de homicidio calificado de Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzman Soto y José Eugenio Monsalve Sandoval, ocurrido el 20 de septiembre de 1981 en la localidad de Remeco Alto”

El cobarde asesinato de los opositores a la dictadura – perpetrado mientras los jóvenes dormían y se encontraban desarmados – fue obra de la Compañía de Comandos n° 8, cuyo Comandante al mando era precisamente el entonces capitán de ejército Rosauro Martínez quien personalmente dirigió la criminal operación.

La prueba contra Martínez es contundente:informes de la Jefatura del Estado Mayor del ejército, testimonio de militares y las propias declaraciones del inculpado ante la Fiscalía militar, a lo que debe agregarse todos los antecedentes y ordenes secretas sobre los operativos militares represivos en la zona cordillerana de Neltume en el marco de la llamada “Operación Machete”.

El diputado pinochetista negó todo este tiempo su participación en los crímenes con la cobardía tan propia de su sector político, olvidando que en su momento él mismo, orgulloso de su cometido, rindió cuentas a sus superiores en el proceso militar rol 551 – 1981 reconociendo en plenitud haber dado la orden de disparar contra los jóvenes indefensos.

Como fue usual bajo la dictadura, Martínez recibió felicitaciones, premios y notas de mérito “por sus extraordinarias dotes de mando” como consta en el expediente de Valdivia. No en vano cumplía la orden secreta del Jefe de la IV División del ejército.

¿Sabremos algún día quién era ese Jefe? ¿Permanecerá impune para siempre? Esa es o será otra historia.

Volvamos a Martínez y los suyos. En rigor, los cobardes uniformados que pretextaron otro de los “enfrentamientos” que nunca existieron, asesinaron a los tres muchachos tras comprobar que se encontraban dormidos en la modesta casa en que debieron ocultarse al saber que eran perseguidos por su oposición a la dictadura.

Se trata de testimonios de sus propios compañeros de armas de esas fechas, de comando del ejército y de la policía secreta, CNI, como Jeréz Prussing, Inostroza Reyes, Cárdenas Navarro, Sanhueza Ros, Ruiz Iturra, García, etc., así como de carabineros como por ejemplo Alfonso Rosas del cuartel de Neltume.Todos coinciden en que el entonces capitán Rosauro Martínez era el jefe a cargo de una patrulla de militar de 17 comandos efectivos y era él personalmente quién daba las órdenes.

Es clara la autoría de Rosauro Martínez en el delito de homicidio de estas personas a la luz de los arts. 15 y 390 del Código Penal. Concurre además una serie de circunstancias agravantes, entre otras las del art. 12 nºs 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 19 del Código Penal.

Y fluye además de los antecedentes del juicio la responsabilidad directa en estos ilícitos de la asociación ilícita denominada entonces Central Nacional de Inteligencia, CNI, heredera y continuadora de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, de la que Martínez era oficial. De consiguiente le es aplicable además la norma del art. 292 del CP que tipifica ese delito.

Con razón fue felicitado por el ejército norteamericano y mostrado como un verdadero ejemplo. Este es el flamante diputado de RN al que algunos chillanejos votaron en las recientes elecciones sin saber la verdad que Martínez negó mil veces.

Hoy cuando la derecha rasga vestiduras ante la posibilidad real de una razonable reforma tributaria o de una anhelada reforma educacional y reinician las campañas del terror, preámbulo de la actividad golpista del 73, o cuando amenazan con revivir al grupo terrorista “Patria y Libertad”, es alentador que ocurran estas sentencias judiciales que advierten a los elementos fascistoides que la justicia tarda…. pero llega.

Porque se trata del desarrollo de lo que se ha denominado “megajuicio” por casos de secuestros, torturas, desaparecimientos o asesinatos de opositores a la dictadura ejecutados en la provincia y que afecta, en un proceso que reúne 15 causas y comprende más de 200 víctimas, a 40 criminales entre militares, policías, agentes de seguridad y de inteligencia de los aparatos armados.

A lo largo de 18 meses se indagará que sucedió realmente con estas víctimas del terrorismo de Estado que se impuso en esta nuestra América, con auxilio de las Fuerzas Armadas y en resguardo de los intereses económicos de grandes grupos y consorcios, nacionales y e internacionales.

Ahora bien, lo verdaderamente exclusivo y novedoso del Megajuicio de Mendoza es que se trata además de que serán juzgados y sentenciados cuatro ex magistrados argentinos, cuatro jueces de la provincia, cuatro juzgadores que no juzgaron como debían y lo serán por delitos de lesa humanidad. Es decir, se trata del procesamiento a los procesadores, del juicio contra los jueces que no cumplieron con el mandato que les imponía la ley.

Y allí están en este mismo instante, en calidad de detenidos mientras dure el juicio, Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. El primero de ellos, Romano, ingresó a la sala esposado y mientras desde la calle se sentían los gritos de “¡Asesinos!” que les lanzaban los familiares de las víctimas.

Es el mismo Otilio Romano que permaneció 2 años oculto en Chile, donde bien sabemos que hay muchos que le protegieron, y al que, final y afortunadamente, la Corte Suprema decretó su extradición, producto del tesón de los familiares de las víctimas, de organizaciones de DDHH de Argentina, entre ellas el Comité Ecuménico de Mendoza, y el efectivo apoyo de los abogados chilenos que asumieron ese caso.

A cargo de esta gran tarea que tiene lugar en Mendoza, se encuentra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 que integran Alejandro Piña, que preside, y los magistrados Juan González, y Raúl Fourcade.

En esa primera audiencia del día 17 de febrero ellos expusieron un resumen general de lo que se trataba, explicaron la metodología a seguir, la programación de audiencias semanales, la individualización de cada uno de los imputados y se anunció que el lunes 24 se iniciaría la lectura de las acusaciones concretas en contra de cada encausado para dar paso en las audiencias siguientes a las pruebas, fundamentalmente testigos, y a las alegaciones de las partes, hasta concluir un año y medio más tarde en lo que serán las sentencias condenatorias.

Dicho de modo general, toda vez que no disponemos todavía de los autos acusatorios específicos puesto que cuando escribo no han sido dados a conocer, los cargos en contra de los ex jueces dicen relación con su complicidad con los crímenes de la dictadura, su ayuda al trabajo sucio de los uniformados ; es decir que están sentados en el banquillo de los acusados por no haber investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y que fueran sometidos a su conocimiento de conformidad a la ley.

Dicho lo cual se hace inevitable la reflexión respecto de lo sucedido en nuestro país, su comparación con el proceso en Mendoza, lo que dispone el Derecho Internacional y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Incluso la revisión de la propia jurisprudencia de nuestros tribunales, desde que en enero de 1998 se decidiera abrir procesos contra Pinochet y demás culpables del terrorismo de Estado y la constatación de que hasta antes de esa fecha el criterio general del Podel Judicial fue cerrar los ojos a la realidad.

Y esta comprobación de la similitud de situaciones impone deberes ineludibles y el ejercicio de derechos irrenunciables. Porque, como todos sabemos y lo ha reconocido hasta una Declaración más o menos reciente de la propia Corte Suprema de Chile, también en nuestro caso los tribunales – al menos durante muchos años – incumplieron el mandato legal de investigar las denuncias por los graves delitos masivos que perpetraban los agentes del Estado.

Fueron muchísimos miles los recursos de amparo presentados por familiares y abogados ya desde los primeros meses tras el golpe del 73. No fueron acogidos a trámite, o se desechaban con el simple informe de individuos como Sergio Fernández y otros que fungieron como ministros del interior y que negaban mentirosamente las detenciones, pero invariablemente sin investigar nada.

De haberlo hecho, pudieron salvarse muchas vidas. Años más tarde las excusas de los jueces era invocar instituciones jurídicas como “la cosa juzgada”, “la incompetencia” o, derechamente, que el caso estaba prescrito.

Es cierto, los escenarios y tiempos cambiaron en alguna medida con el fin de la dictadura. Por otra parte, la continuidad y masividad de la lucha de las organizaciones de derechos humanos facilitaron el camino a la querella que presentáramos acompañando a Gladys Marín el 98. Sin duda influyó además el proceso iniciado en 1996 en España.

Pero todo lo ocurrido no niega ni oculta en absoluto la pasividad culpable de los años en que, salvo escasos y heroicos jueces se atrevieron a desafiar a la dictadura, la inmensa mayoría no se movió de sus asientos.

Hasta no hace tantos años existía todavía un texto impreso al efecto que se conocía como el “formulario Gálvez” por ser creación del juez derechista Ricardo Gálvez y en el que para facilitar las cosas y no hacer perder tiempo a “sus señorías” simplemente se llenaba el formulario previamente impreso sin escuchar a nadie más y se decretaba el rechazo del respectivo recurso de amparo.

No cabe sorprenderse de nada si además se tiene en cuenta la colaboración prestada por la Corte Suprema de la época a los golpistas del 73 en nuestro país. No olvidemos que, extralimitándose absolutamente de sus funciones y atribuciones legales, la Suprema que presidía Enrique Urrutia Manzano declaró “ilegal” al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende.

Este mismo individuo fue el que puso la banda presidencial al dictador. La propia Junta militar fascista a poco de constituirse fue al palacio de tribunales a obtener el expreso reconocimiento del poder judicial, y, en noviembre del 73, José María Eyzaguirre, ministro de la Corte Suprema, viaja a Europa integrando una delegación cuya misión era intentar el reconocimiento y legitimación de la dictadura. En fin, los ejemplos sobran.

Ya en plena dictadura el ministro Israel Bórquez decía que lo tenían “curco” con esto de los detenidos desaparecidos que él sabía bien que era una terrible verdad. Otros incluso bajaron a las mazmorras, vieron a los torturados y nada hicieron.Algunos de esos impresentables jueces de esos años y de tiempos más recientes están todavía vivos, no son pocos.

El ejemplo de Mendoza, el precedente que sientan respecto de situaciones exactamente iguales, ha de servirnos muchísimo sin duda en el campo de las organizaciones de derechos humanos para iniciar la revisión de casos en Chile y, comprobados, proceder en consecuencia.