La privatización del fútbol impuso nuevas lógicas e intereses. El torneo oficial se redujo a una oportunidad de negocios, dejando atrás la tradición de los clubes y el papel de sus socios.

Uno de los efectos de la mercantilización del balompié ha sido restringir el derecho a la libertad de información respecto de los partidos y de las imágenes de los goles.

En una época reciente, los canales de televisión accedían a los estadios para tomar imágenes que reproducían en los noticieros o en programas especiales, como el famoso Show de Goles.

Aprovechando un vacío legal, la industria creó a través del cable un monopolio que controla la emisión de los partidos, la reproducción de los goles y las mejores jugadas de cada uno de los partidos del campeonato nacional. Sólo un canal de la televisión pagado puede entrar con sus equipos a los estadios de Chile y sólo una señal abierta emite las imágenes, previo contrato. El resto de los canales de televisión están impedidos de grabar en los recintos y debe someterse a condiciones absurdas, transmitiendo los goles cuando ya dejaron de ser noticia.

El monopolio existente sobre la información del campeonato de fútbol nacional atenta contra la libertad de expresión, en tanto impide a los medios de comunicación ejercer el derecho a buscar y recibir información sobre hechos de interés colectivo.

Igualmente grave es la restricción del derecho a la información de la ciudadanía, al imponer una sola fuente noticiosa para conocer el desarrollo de un deporte que forma parte de la cultura popular.

La crisis por la que atraviesa el fútbol nacional demanda una respuesta que considere a los hinchas y que le devuelva la masividad a esta actividad. Es por ello que presentamos un proyecto de ley que busca el regreso del campeonato nacional a la televisión abierta.

Para alcanzar este objetivo, el proyecto establece que por cada fecha del torneo oficial de primera división, dos partidos deberán transmitirse por señal de libre recepción. Atendida la misión pública de Televisión Nacional de Chile, es que se le asigna un derecho preferente para la difusión de los partidos.

Un importante precedente que hemos recogido se encuentra en la ley de televisión digital, que establece que partidos de la selección nacional de fútbol profesional, que tengan el carácter de oficiales, deberán transmitirse por televisión abierta.

Por otro lado, creemos indispensable terminar con la prohibición de emitir los goles en los noticieros. Proponemos garantizar la diversidad de fuentes de información sobre el desarrollo del torneo, permitiendo que las imágenes puedan ser obtenidas por todos los canales de televisión y los medios electrónicos. Con ello, se pondrá fin a una medida extendida en el tiempo que atropella la libertad de expresión.

Consideramos que estas propuestas son básicas para contribuir que el fútbol vuelva a ser un espectáculo público y no esté preso de empresas privadas involucradas en casos de corrupción.Llegó el momento de democratizar este deporte y que los goles puedan ser disfrutados por todos y todas.

La indignación rápidamente copó las redes sociales y también caló en la agenda mediática del duopolio hegemónico. Se han expresado miles y miles de kilométricos rollos de indignación.

La ácida creatividad, incluso, convirtió al papel higiénico en soporte para descargar ingeniosas consignas y enarbolar demandas emblemáticas, como la de la Nueva Constitución.

De toda nuestra historia criminal de conocidas colusiones, como los casos “Pollos” y “Farmacias”, la del #CarteDelConfort sintetiza lo irónicamente brutal y despiadada que es la súper-ambición de los peces gordos del neoliberalismo. Refleja la gula extrema del súper-rico: la búsqueda, a todo precio, de la tasa máxima de ganancia, especialmente con un artículo transversalmente de primera necesidad.

Y la historia, esa gran infame, es más brutal aún porque pone como protagonista en el ojo del huracán a los Matte, la familia que amasó fortuna gracias a las privatizaciones de Pinochet y que engordó la billetera en medio del terrorismo de Estado. El tema también ha salpicado al ex dueño de las empresas SCA (Ex Pisa) y ex ministro de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle.

“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”, decía hace más de un siglo Eduardo Matte Pérez, bisabuelo de Eliodoro Matte Larraín, hoy dueño de la coludida CMPC o “Papelera” y quien figura 363 en Forbes.

Otro gallo cantaría para ellos si el proyecto de ley que sanciona con cárcel la colusión y aumenta las multas estuviera completamente despachado. Se valora la urgencia legislativa que dispuso el gobierno para dotar rápidamente al Estado con dientes que muerdan y persigan este tipo de delitos cometidos por la elite económica.

Los Matte, desde la dictadura, específicamente desde 1974, se favorecen con el llamado subsidio de reforestación o Decreto Ley 701. El encargado de ponerlo en marcha fue el entonces director de Conaf y ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Con la revelación del #CartelDelConfort, no es política ni éticamente aceptable que el Estado entregue este tipo de beneficios a un grupo económico que, por 10 años, lideró una gigantesca operación de defraudación en perjuicio de todos los chilenos. Eso lo convierte en un socio despreciable. Bregaremos para que las empresas coludidas compensen a los clientes y también al Estado.

El proyecto de Presupuesto 2016 asigna la entrega de $326.979.000 millones de pesos para saldar la deuda de bonificaciones entregadas años atrás vía subsidio DL 701. Ingresaremos una indicación para entregar de manera preferente el pago del beneficio a pequeños y micro empresarios junto a comunidades de pueblos originarios. Calificarán aquellas empresas que tienen una venta máxima anual de 15 mil UF.

Desde que se dictó el Decreto Ley 701, el Estado ha transferido cerca de 870 millones de dólares, beneficiando con un 70% de ese monto a grandes grupos económicos.

Otra iniciativa que impulsaremos con mucha fuerza será la recientemente aprobada Comisión Investigadora del Caso Cartel del Confort. Es una poderosa señal que da el Congreso para luchar contra la colusión y los delitos de cuello y corbata.

Esperamos que se constituya la próxima semana para obtener rápidamente nuevos antecedentes y proponer en las conclusiones una agenda que perfeccione nuestra legislación, que detenga los abusos empresariales.

Durante la discusión del Presupuesto 2016 destinado por el gobierno para implementar el proceso constituyente, tanto la UDI como Renovación Nacional intentaron sabotear uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet: crear una nueva Constitución.

Mediante una fallida indicación propusieron asignar mil pesos a las actividades propuestas por la Secretaria General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaria General de Gobierno (Segegob). Se trata de cerca de 2.600 millones de pesos para folletería, monitores, estudios metodológicos para recolectar opinión de ciudadanos, difusión, plan de medios y el funcionamiento del Consejo Ciudadano.

Según ellos, la primera etapa de información y educación cívica “no da garantías de imparcialidad y transparencia”. Dicen, con total desparpajo, que es “adoctrinamiento político ideológico”. Incluso, el senador Coloma fue más allá y acusó a la Presidencia Bachelet de “instalar un gen cancerígeno” en la discusión.

Otra línea de argumentación para oponerse a aprobar los recursos fue que Chile tiene mucha necesidades que podrían suplirse con los ítems destinados a la información del proceso constituyente.

Sin embargo, la derecha no posee calidad moral para sacar al pizarrón democrático, porque tiene un kilométrico tejado de vidrio.

En primer lugar, son autores intelectuales de la redacción de la Carta Magna neoliberal de 1980 y de su blanqueamiento mediante un fraudulento plebiscito liderado públicamente por el dictador Pinochet y con Jaime Guzmán desde las sombras.

La Comisión Ortúzar, los 12 elegidos para elaborar la principal carta de navegación del neoliberalismo, operó desde 1973 a 1978 con millonarios gastos reservados y liderada formalmente por el abogado y ex ministro de justicia de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar

La Comisión de Estudios para la Nueva Constitución fue creada por los cuatro generales y se relacionó formalmente con el gobierno a través del ministerio de Justicia, nominó a sus integrantes, creó subcomisiones y nombró asesores.

Como usó gastos reservados, hasta ahora sabemos muy poco de cuánto desembolsó el Estado y de dónde provinieron todos los recursos. Quizás, como punta de iceberg, sabemos que hay dos glosas presupuestarias que se refieren a ella.

La primera es en la partida del ministerio de Justicia del año 1975, donde se incluyen “Eº 5.000.000 (Escudos) para los gastos que demande la Comisión de Reforma Constitucional para 1975″.

En la partida de Justicia de la ley de presupuesto de 1976, se anota dentro del ítem de Servicios Generales una glosa que “incluye la suma necesaria para los gastos que demande la comisión de Reforma Constitucional para 1976 …” Es decir, una glosa “cheque en blanco”.

Respecto del financiamiento de la labor desarrollada por el Consejo de Estado y la Junta Militar (los otros dos actores de crear el laberinto neoliberal) no hay datos en las leyes de presupuesto.

Ahora, la derecha, en plena discusión presupuestaria, vuelve a llenarse la boca con principios y conceptos que jamás respetaron ni ejercieron durante la dictadura: transparencia, garantías de igualdad, tolerancia y buen uso de los recursos.

La derecha olvida que la Comisión Ortuzar refundó el orden constitucional bajo un feroz terrorismo de Estado, profunda crisis económica, sin Congreso y sin libertad de prensa.

Es cierto cuando se dice que la Constitución del 80 tiene dos papás: RN y la UDI. Y también es cierto que harán todo lo que esté a su alcance para impedir su inminente colapso institucional, aquel que los borrará de la ilegítima hegemonía.

A su vez, los grandes empresarios, los súper ricos de Chile, se van quedando sin herramientas legales e ilegales para dominar la política. Casos como Penta y Corpesca develan como fortunas amasadas ilegítimamente “pusieron la música” a la interminable transición.

Pero el escenario marca un cambio de tendencia hacia un proceso cada vez más democrático. Comienzan a soplar nuevos vientos y por su parte la tierra se mueve para que todo se transforme.

Es interesante el proceso constituyente en curso, porque permitirá a miles de ciudadanos saber de qué se trata una Constitución y cómo impacta en su vida cotidiana.

Como nunca en la historia de Chile tenemos la oportunidad de que las mayorías redactemos una Carta Magna. Desde la fundación de la República siempre ha sido obra de élites.

Con la nueva Constitución debemos dejar atrás el duro paréntesis dictatorial neoliberal y retomar el ancho camino de lucha por conquistar derechos. Será el retoño democrático de Chile y debemos forjarla con la mayor cantidad de savia posible.

Debemos seguir en la lucha para conquistar un Congreso 2018-2022 que ensanche la justicia social, la soberanía y vida democrática de Chile.

Es valorable lo ocurrido, porque abre espacio y acoge un importante acuerdo que da un respiro a nuestros pueblos hermanos azotados por la desgracia de una prolongada guerra.

Lo significativo es que el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien no es precisamente un representante de la izquierda, sino que todo lo contrario, pues mantiene vínculos con empresarios y transnacionales, terratenientes, fuerzas militares y de seguridad, firma a nombre del Estado un acuerdo con el jefe de la principal guerrilla del país.

¿Puede un actor político rechazar este acuerdo, señalarla como “derrota para la democracia” y a la vez reivindicar que esta manifestación se realiza desde una posición de “centro” o “moderada”? Difícilmente, lo que en una opinión de este tipo se observa es un actuar claramente “ultra”.

Es así como tenemos que el diario La Tercera, en su editorial del pasado 1 de octubre, cae en una actitud absolutamente destemplada. Si esa nota se hubiera publicado en Colombia, habría significado el rompimiento de la mesa, el quiebre de los acuerdos y la confrontación más aguda entre el Estado y la guerrilla. ¿Quién puede quedar contento o esperar un resultado así? Ciertamente nadie.

Este importante acuerdo, además, implica una condición especial para nuestro país, ya que al igual que Venezuela somos países “acompañantes” en dicho esfuerzo junto a las naciones garantes de Cuba y Noruega. Considerando la situación política internacional de nuestro país, no es menor el rol que podemos jugar en sellar la paz definitiva para Colombia. Implica a su vez una clara vocación democrática y pacífica de nuestro país y nuestro pueblo.

Es una alegría que ante dichas situaciones y pese a editoriales que buscan enlodar el proceso de paz, nuestra Cámara de Diputados haya podido sustraerse al “ruido” que buscan introducir estos actores y saber reconocer la más dulce melodía, la de la paz para nuestros hermanos que reposa delicadamente en estos aún frágiles acuerdos.

Mientras tanto, de manera más silenciosa, pero no por ello menos preocupante, se desarrolla un litigio entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM Salar, una de las filiales de Soquimich.

Según el reclamo de Corfo, la empresa que históricamente lideró el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, no ha pagado desde el año 2009 el royalty estipulado por un contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama. De las salmueras que allí explota obtiene litio, entre otros minerales. Si se incorporan los intereses, la suma total de la deuda ascendería a casi 9 millones de dólares.

La actitud de Soquimich de no responder sus compromisos, daña el patrimonio de todos los chilenos y la fe pública. Por esta razón, adquiere más peso la reciente recomendación de la Comisión Nacional del Litio, instancia promovida por la Presidenta Michelle Bachelet, revisar los contratos vigentes, no ampliar autorizaciones de explotación ni renovarlos bajo las actuales condiciones.

Pero sin duda que la conclusión más importante de la mencionada comisión fue la creación de una empresa nacional del Litio.

A la luz de los antecedentes presentes y antiguos que rodean a Soquimich, entre ellos, haber sido una empresa privatizada durante la dictadura, llegó el momento de que ella pase a ser administrada por el Estado.

En el Salar de Atacama se ubica el yacimiento más importante de Litio a nivel mundial, lo que lo convierte en un mineral estratégico para nuestro país.Por ser un excelente conductor térmico y eléctrico, se puede utilizar en diferentes aplicaciones de alto nivel tecnológico, como medicamentos, baterías para automóviles eléctricos, computadores y teléfonos celulares, y también para fusión nuclear.

Con el Litio se abre una gran oportunidad para pasar de ser exportadores de materias primas a productores de una industria de amplias expectativas, lo que sin duda traerá enormes beneficios para sus trabajadores y trabajadoras.

El interés nacional debe anteponerse por sobre el poder económico que busca torcer la soberanía popular y seguir incrementando sus negocios.

El año pasado, durante el primer año de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el gran capital puso en marcha un plan para boicotear las reformas contenidas en el programa de la Nueva Mayoría.

La campaña comunicacional en contra de la reforma educacional y tributaria fue feroz. Se quiso instalar la percepción de que la primera era un “atentado” en contra de “la libertad de elegir” (Chile debe ser el único país donde la genta marcha para pagar), mientras que la segunda perjudicaría a la clase media.

Tras una ardua batalla, en que muchas veces los poderosos se encabritaron y mostraron sus dientes, se cumplió con lo prometido a la ciudadanía.Y para su mayor pesar, el año 2014 se cerró con un rotundo éxito legislativo que, además, incluyó el fin del binominal y el Acuerdo de Unión Civil.

La irrupción del Caso Penta, Soquimich y Caval, si bien ha develado una vez más el estrecho vínculo entre el poder del dinero y la política, y que tiene entre las cuerdas a buena parte del mundo político y empresarial, ha sido aprovechado comunicacionalmente por los poderes fácticos para seguir enlodando a la “clase política” y, de paso, intentar minar la voluntad de la Presidenta Bachelet y de los integrantes de su gabinete que están comprometidos con el cumplimiento del programa.

Este enfoque que busca patear el tablero político es muy peligroso, porque es caldo de cultivo para populismos autoritarios de corte neoliberal, como podría ser el caso de Parisi o Farkas.

Más que un cambio en el equipo político del gabinete o un golpe de timón en el rumbo del gobierno, como lo agitan El Mercurio, La Segunda y otros medios hegemónicos, lo que se requiere es intensificar con decisión el contacto con la ciudadanía y transferir a la gente mayores grados de participación en el proceso de reformas. En esta línea, la asamblea constituyente es una vía legítima para diseñar las vigas del nuevo Chile que queremos, pues ello permite entregar soberanía desde el mundo político a la ciudadanía.

Tras las masivas movilizaciones del año 2011 y con la asunción de la Presidenta Bachelet en La Moneda, tenemos una oportunidad histórica para dejar atrás el neoliberalismo y avanzar en justicia social e igualdad. Por cualquier motivo se deben evitar las “cocinas”, la nefasta “política de los consensos” y atisbos de corrupción.

La única salida para enfrentar la crisis de confianza es de cara a la gente y con las reformas por delante.

Carlos Lavín, tras el primer día de la formalización, retrucó al fiscal Carlos Gajardo por haber calificado a Penta como una máquina para defraudar al Estado: “Nos presenta como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido y empresas Penta es una máquina para dar trabajo”.

El tono desafiante hacia la lupa de la justicia demuestra la realidad paralela en la que habitan los principales controladores del holding, quienes, hasta su ingreso a la cárcel anexo Capitán Yaber, se creían intocables y con licencia de impunidad.

Su poderío fue construido de manera ilegítima al alero del proceso privatizador de la dictadura y tras analizar su trayectoria, se devela el puzzle de cómo fueron amasando sus oscuras fortunas.Gracias a información privilegiada, tráfico de influencias y otras maniobras truchas lograron, hacia fines de la década de los ’80, apoderarse del Instituto de Seguros del Estado, actualmente su principal área de negocios.

Antes de engordar su patrimonio, ‘Los Carlos’ fueron entusiastas funcionarios de Pinochet. Lavín se desempeñó como Superintendente de Seguros, mientras que Délano lo hizo como asesor del ministerio de Salud entre 1977 y 1978.

Los ‘Penta Boys’ descienden ideológicamente de los ‘Chicago boys’. Se formaron en la Universidad Católica, institución que a partir de 1956 firmó un convenio de pos grado con la Universidad de Chicago, donde dictaba clases el economista Milton Friedman, padre del neoliberalismo.

En esa casa de estudios, ‘Los Carlos’, estudiantes de ingeniería comercial, conocieron al profesor Manuel Cruzat, líder del otrora poderoso grupo económico de la dictadura y que hoy es investigado por la justicia por los contratos forward con Penta.

En las salas de clases se conocieron con el ex presidente Sebastián Piñera y Juan Bilbao, hoy acusado por la Superintendencia de Valores norteamericana de usar información privilegiada para ganar 10 millones de dólares por la compra de ex Laboratorios Recalcine.

Cruzat es uno de los co-autores del “El ladrillo”, el manual de cabecera neoliberal que tras el golpe de Estado se encargó de cimentar ‘el milagro económico’ del dictador y que puso fin al Estado de bienestar. Buena parte de las reuniones de elaboración del documento se realizaron previamente en Suecia 286, Providencia, casa que muchos años después se convertiría en la actual sede de la UDI. Esa vivienda es simbólicamente el bastión del neoliberalismo.

Del proceso de privatizaciones de la dictadura también se sirvió el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, quien pasó a controlar la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich (SQM). El empresario es investigado por el Caso Cascadas.

El escandaloso caso Penta ha permitido develar el mapa del poder de los grandes grupos económicos y sus nexos con la política, especialmente a través del financiamiento de campañas políticas de la derecha y el tráfico de influencias para favorecer negocios.

El fundamento de la concentración fue ilegítima y, como puede apreciarse en varios casos que investiga la justicia, estamos en presencia de una serie de delitos de cuello y corbata.

Es clave para fortalecer la democracia separar las aguas entre política y dinero porque, de lo contrario, se genera corrupción. Se valora la propuesta que elabora el gobierno para avanzar en la modernización de la política.

La semana pasada, nuestra bancada ingresó una indicación al proyecto legislativo sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que busca cesar en el cargo a aquellos diputados o senadores que excedan el límite del gasto electoral o reciban aportes de personas jurídicas.

Asimismo, se torna urgente avanzar con decisión en la persecución de los delitos económicos para terminar con la impunidad. A su vez, debemos actualizar nuestra legislación para castigarlos severamente.

La ciudadanía ya no aguanta más abusos y quiere pasar la boleta a los delincuentes de cuello y corbata.

El próximo miércoles 4 de marzo, se realizará la masiva formalización de cargos por el Caso Penta, donde el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, será acusado por el delito de cohecho a raíz de su eventual intermediación en la luz verde del proyecto minero Dominga.Si bien Wagner renunció a la UDI en enero para alivianar la pesada carga a su partido, el daño ya está hecho.

Por su parte, otros militantes de la UDI, entre diputados y senadores,se encuentran en la mira de la justicia por la supuesta emisión de boletas ideológicamente falsas. La fiscalía aún sigue investigándolos.

Lo que hasta ahora ha quedado claro es que la UDI no es un partido popular, como lo han machacado insistentemente, sino que es una colectividad eminentemente empresarial. Su vínculo con los poderosos, con los super ricos, es parte de su ADN.Desde la dictadura se fraguó una adhesión ideológica hacia el capital y/o se entremezclaron familiarmente para enriquecerse.

A través del caso Penta, hemos podido conocer como los máximos directivos del grupo económico han actuado con total desfachatez y su avaricia no ha tenido límites.

¿Si no es por la ambición y por la sensación de impunidad, cómo se puede entender que “Los Carlos” les compraran autos a sus señoras a través de la empresa, les otorgaran suculentas  “mesadas” y se tomaran vacaciones descontando impuestos?

¿Cómo se explica que personas millonarias idearan tantas maneras truchas para defraudar al Estado y seguir enriqueciéndose?

Estos malos ejemplos golpean duramente a la mayoría de los chilenos y chilenas que diariamente deben “deslomarse” en sus trabajos para ganar el sueldo mínimo e intentar sobrevivir.

Se hace más urgente que nunca mejorar nuestra legislación para perseguir los delitos de “cuello y corbata”. Como bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana impulsaremos una serie de proyectos de ley para endurecer las sanciones y fortalecer la fiscalización de los organismos públicos.

Penta ha sido una fábrica de delitos, pero la avaricia rompió el saco.

Fue común que los administradores de las empresas estatales o los funcionarios civiles de la dictadura, mediante uso de información privilegiada y tráfico de influencias, se apropiaran de empresas públicas o parte de ellas. Muchas fueron creadas con el patrimonio de todos los chilenos, como sucedió con la línea área estatal LanChile o la minera no metálica Soquimich.

En algunos casos, los nombres que se hicieron conocidos con las privatizaciones durante los años 80’, hoy se repiten. Por ejemplo, el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, adquirió en forma ilegítima el control de Soquimich y amasó una fortuna de varios cientos de millones de dólares. Actualmente vuelve a saltar a la palestra pública con la creación del fraudulento esquema bursátil de las sociedades Cascadas.

Otro caso similar es el Grupo Penta. Sus dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, construyeron su imperio económico capturando ilegítimamente mediante la privatización el Instituto de Seguros del Estado y hoy se encuentran en el ojo del huracán por los escandalosos fraudes financieros que protagonizan.

La gravedad de los ilícitos que involucran al grupo Penta son de marca mayor. No sólo financiaron en forma ilegal a candidatos presidenciales y senadores de la UDI, sino que además habrían cometido -en forma reiterada y durante varios años- fraudes tributarios de varios millones de pesos.

Pero la ambición de Penta da para más, pues hay antecedentes certeros en la investigación judicial que apuntan a acciones de cohecho, ya que habrían realizado pagos ilegales por 42 millones de pesos al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, destinados a favorecer al proyecto minero Doña Dominga, de propiedad de Penta.

Estamos en presencia de un grupo económico que ha utilizado su poder dentro de la Unión Demócrata Independiente para instalar a diputados y senadores favorables a sus negocios en el Congreso, y también a ex autoridades, como el ex subsecretario Wagner.

En definitiva, todo hace presumir que el grupo Penta usó el poder político de la UDI para enriquecerse, el cual se acrecentó durante el gobierno de Sebastián Piñera, ya no sólo en forma ilegítima, como acostumbra, sino también en forma ilícita.

El diputado del minuto de silencio por Pinochet, Ignacio Urrutia, vía subterfugio, impidió que la instancia escuchara el testimonio de la abogada Maritza Navarrete, ex jefa de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos y quien develó el fraude al FUT, pese a que estaba presente en la sala. Su denuncia en el año 2013, meses después, le costó su puesto de trabajo.

Por su parte, su colega gremialista, Gustavo Hasbún, intentó por todos los medios, pero de manera infructuosa, que el director del SII, Michel Jorratt, afirmara que solo se trataba de faltas y no delitos. Sin embargo, su enfoque demostró implícitamente la aceptación de un cargo.Parecía “rebajando penas”.

Hasta ahora la directiva de calle Suecia está concentrada en realizar control de daños, porque todo indica que el río judicial piedras trae. Según algunos analistas, estaríamos ad portas de un terremoto político a los fundamentos del gremialismo y que tiene en el foco del conflicto a figuras emblemáticas del gremialismo.

Si en las próximas sesiones la UDI persiste en su actitud de bloquear el funcionamiento de la comisión o de minimizar los hechos investigados, pagará un alto precio, ya que el viento sopla hacia una mayor transparencia entre política y dinero.

La actitud del diputado del minuto de silencio, lamentablemente, da cuenta que la UDI sigue prisionera de los grupos económicos y de los súper ricos, pese a que el ex candidato presidencial, Joaquín Lavín, llamó sorpresivamente a su colectividad a cortar el “cordón” con los empresarios y “el pasado”.  

La “tesis Lavín” devela de paso que la UDI de popular solo tiene el eslogan publicitario. ¿Qué tan dispuesta está realmente la UDI en cortar, por ejemplo, el cordón con el “Choclo” Délano, su histórico financista?

El fraude al FUT, que involucra una pérdida para el Estado de 2 mil 700 millones de pesos, da cuenta de la laxitud en los mecanismos de fiscalización del SII y del autollamado “gobierno de excelencia”. ¿Por qué este caso no fue descubierto bajo la administración de Sebastián Piñera?

¿Por qué las autoridades del SII demoraron casi un año en formalizar la denuncia ante la justicia?

¿Sabían del caso las autoridades políticas, especialmente el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín?

¿En cuánto se habría reducido el daño al Fisco si los mecanismos de control hubiesen actuado oportunamente?

Según el sociólogo Niklas Luhmann, la corrupción surge cuando el derecho, una buena legislación, no intermedia efectivamente entre la política y la economía.

Ha llegado el momento de que nuestro sistema político deje atrás las formas oscuras de operar.Sin embargo, no será fácil que la UDI, los grupos económicos y los súper ricos abandonen sus históricas formas de control y operaciones para favorecer sus propios intereses.

La Presidenta Michelle Bachelet acaba de firmar un proyecto de ley para avanzar hacia una nueva forma de financiamiento de las campañas políticas y que va en el camino de fortalecer la democracia con mayor transparencia.

Pero en este corto tiempo transcurrido, hemos sido testigos de numerosas maniobras destinadas a evitar que se constituya la comisión investigadora.

La UDI ha intentado derechamente impedir su formación y, últimamente, postergarla por un tiempo indeterminado, sujeta a la elaboración de informes de expertos, en principio, y luego sumará nuevas condiciones dilatorias. Para  pesar de quienes pretenden obstaculizar la labor del parlamento, el Reglamento de la Cámara no establece la posibilidad de dejar sin efecto una comisión investigadora ya aprobada, como tampoco permite posponer su constitución. Solo la unanimidad de Sala podría modificar lo ya resuelto, una votación que advertimos como inalcanzable.

El mandato de la comisión está delimitado con precisión y se ajusta fielmente a lo dispuesto en las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Su objeto está conformado por las actuaciones de los organismos públicos en relación a las operaciones de Penta y no se refiere a  “actos de particulares”,  como interesadamente se ha presentado en algunos medios de comunicación afines a ese grupo económico.  

Cuatro son los aspectos que ordenarán el trabajo de la comisión. En primer lugar, interesa conocer la actividad  del Servicio de Impuestos Internos durante el período en que se habrían cometido los ilícitos que la opinión pública conoce, como asimismo la información reunida por el mismo servicio acerca de las donaciones efectuadas por Penta y sus socios a la Universidad del Desarrollo.

En tercer lugar, la información recabada por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto a ciertas empresas del grupo. Finalmente, la comisión investigadora podrá indagar sobre las contribuciones financieras a partidos políticos realizadas por Penta y sus controladores Carlos Délano y Carlos Lavín.

En relación a este último punto, no corresponde evaluar actos o negocios personales, sino que precisar si los órganos del Estado con competencia en estas materias cumplieron adecuadamente con su deber de fiscalización.

Con toda seguridad podremos esperar nuevas cortinas de humo y el incremento de la presión  de Penta hacia las instituciones. Allí radica el fondo del asunto. Es indispensable que la Cámara de Diputados de una señal de probidad e independencia y no ceda al chantaje  de los grupos económicos.

La ciudadanía demanda el esclarecimiento de la verdad sobre el caso Penta y, por lo tanto, cada institución debe actuar en el ámbito que le corresponda.

En lo que compete a la Cámara de Diputados,  la comisión investigadora debe constituirse en los plazos reglamentarios, funcionar y entregar sus conclusiones.Cualquier acuerdo en contrario será interpretado como la concesión de privilegios de  dudoso origen, como un manto de impunidad para el que no estaremos disponibles.

El programa de gobierno de Michelle Bachelet representa un alejamiento y, en algunos ámbitos, como es el caso de la educación, significa una ruptura con las políticas neoliberales que han gobernado la vida de los chilenos desde hace más de tres décadas.

Las reformas estructurales que promueve el programa en educación revierten en gran medida el proceso de privatizaciones que impuso la dictadura en 1981 con la Ley General de Universidades.

La vuelta a manos del Estado de las escuelas y liceos municipales son un paso fundamental para que la educación pública recupere el sitial privilegiado que tuvo en Chile y que nunca debió haber perdido.

Por su parte, la reforma tributaria es la medida más importante adoptada desde el año 1973 para mejorar la regresiva distribución del ingreso existente en nuestro país y es fundamental para que el Estado cuente con los recursos necesarios que nos permita cumplir con los compromisos adquiridos en la campaña.

A su vez, el proyecto de nueva constitución contempla la conformación de una “Estado Social y Democrático de Derecho”, derogando una serie de preceptos autoritarios que impiden la existencia de una auténtica democracia, como es la violación del principio de mayoría a través de altos quórums para la reforma de ciertas leyes.

Para que el futuro gobierno pueda llevar adelante este programa es fundamental dejar de lado la lógica política que ha imperado en esta infinita transición a la democracia.La Nueva Mayoría debe superar los nefastos consensos con la derecha.Esto solo ha significado ceder ante las presiones y chantajes del gran capital.

Durante el nuevo ciclo político debemos hacer valer la voluntad popular que se ha expresado nítidamente en las calles desde el año 2011, así como también las mayorías parlamentarias que recientemente conquistamos en las urnas.

Es clave continuar politizando al pueblo chileno en todos los espacios públicos, como barrios, empresas y centros de estudios para involucrarlos en los duros debates legislativos que se vienen.

Nos debemos preparar para convocar a grandes jornadas de movilización en apoyo a las reformas estructurales que impulsará el futuro gobierno.

Y para cumplir con el programa, es fundamental erradicar la lógica inmovilista que marcó tristemente la transición a la democracia.

No podemos seguir haciéndole el juego a aquellos que conciben al movimiento social como una amenaza a la gobernabilidad del futuro gobierno, ya que el conflicto es parte constitutivo de la política y de la sociedad. Jamás debe volver a ser visto como una amenaza para la democracia.

Propugnamos que los movimientos sociales también sean parte de los acuerdos democratizadores que se tomen junto al poder ejecutivo y legislativo para, de esta forma, concretar las anheladas transformaciones que demanda el pueblo de Chile.