No es tarea fácil ofrecer un retrato fílmico y una interpretación personal, a la vez que realista, de una de las figuras más emblemáticas e icónicas de la cultura popular.

El hecho de que el público se volcara a los cines, a hacer de este estreno uno de los más vistos en el último tiempo, responde en parte al fervor y cariño que la gente guarda por esta gran creadora, pero también a que este director nos tiene acostumbrados al buen cine con obras como Machuca y La Buena Vida.

A mi parecer Wood tiene una gran habilidad para filmar momentos y ámbitos del imaginario colectivo nacional, desde un realismo desgarrador e intimismo, capaz de humanizar los mitos enraizados en nuestra memoria.

Violeta se fue a los cielos es una historia no lineal de la vida y tiempos de Violeta Parra.

El compromiso del director es con la creadora y con la mujer, más que con la biografía y el contexto histórico.

Personajes cercanos al tiempo y a la vida de la cantautora como Pablo Neruda y el Partido Comunista son mencionados tangencialmente,  pero la relación y lugar que éstos tuvieron en su vida son subyugados a la narración íntima de la artista.

En la obra de Wood, la niñez difícil y sufrida de Violeta y sus hermanos, explican y forjan a la mujer de carácter duro, conflictuada con su aspecto físico y consciente de su origen de clase.

La escena del Club de la Unión, es el guiño crítico de Wood al clasismo chileno, pero también a la conflictiva posición que el arte popular ha tenido siempre dentro de la cultura nacional.

Violeta toca y canta para una elegante concurrencia, en un lugar que le es ajeno.

Toca y canta para ser desoída e irrespetada. El conflicto y la violencia de la escena, se acentúan cuando la cámara se fija en el rostro de la artista, para mostrar lágrimas de rabia y frustración, para sutilmente en una escena cruda y paralizante de la película, devolver el matiz político de la vida de Violeta Parra.

Es destacable también el profundo respeto con el que la cámara retrata y se sitúa dentro de los mundos obreros y campesinos conocidos y estudiados por Violeta Parra.

La pobreza rural de la primera mitad del siglo XX, es retratada realistamente, sin exotización, ni romanticismo, pero con dignidad y dentro de un tramado poético de saberes populares y prácticas culturales recopiladas y transmitidas hasta nuestros días con esta gran creadora.

Violeta en la obra de Wood es una creadora incansable, obsesiva y apasionada, capaz de renunciar a su familia y a sí misma, a cambio de su trabajo.

Lejos de la mujer ideal, Violeta es un torbellino de genio cambiante, leal a sus amores, sus deseos y sus ideas políticas.

Ciertamente, Wood está consciente de que no está retratando un personaje simple, que no es una mujer que admita un molde, o que pueda caber dentro de un rol de género convencional. Es ella quien decide cuándo, cómo y  a quién amar.

En este nivel narrativo, la interpretación de Francisca Gavilán es magistral. La actriz logra con disciplina, no solo parecerse y cantar como Violeta Parra, sino que además logra construir un personaje único, creíble y realista de una mujer sencilla, pero fuerte.

Una mujer conflictuada con el amor, y por tanto, difícil de amar. Tremendamente política y comprometida, pero no por eso, menos reflexiva de su relación con el arte y de su individualidad.

La escena final del gavilán y la gallina, que tiene una lectura política explicada por la propia protagonista al decir que el ave de presa representa al capitalismo y el ave capturada a Latinoamérica, es también, el clímax narrativo de la constante irrupción de las imágenes de aves presentes en toda la película.

La gallina capturada, atrapada y sacrificada es también Violeta, atrapada por el amor, por la obsesión creativa y una pasión que la consume hasta la muerte.

Este matiz, tal vez es donde reside el valor universal de la película: la compleja relación que la mujer artista tiene con su obra, con el arte  y consigo misma.

La tremenda capacidad de unir sus sentimientos y sus ideas en tanto individuo con creaciones que apelan e interpelan estéticamente a audiencias más amplias y variadas.

Aquí la música y las canciones de la banda sonora constituyen otro guión, otro texto que refuerza la trama de la película, que se sitúan estratégicamente en cada momento importante de la vida de Violeta Parra.

Las explosiones de críticas y movilización social que hemos presenciado desde mayo a la fecha, nos han remecido del letargo de veinte años de apatía política. Durante los gobiernos de la Concertación, el miedo y la heredada institucionalidad autoritaria, nos hacían medirnos en nuestras críticas y expresiones de rechazo frente a las debilidades de las elites políticas, o bien, ante la consolidación a nivel estructural y cotidiano del neoliberalismo.

La primera década de vuelta a la democracia estuvo marcada por la lucha por los derechos humanos, los efectos de la violencia de estado y la fuerte presencia de Pinochet a la cabeza de las Fuerzas Armadas y luego en el Senado.

Bajo la fuerza de ese contexto, nadie cuestionaba el sistema económico impuesto en la segunda mitad de la década de los setentas. Las memorias de la crisis de 1981, las protestas poblacionales, las ollas comunes y las desigualdades sociales que desestabilizaron la dictadura, se cubrieron con el éxito económico y los índices de crecimiento con los que el régimen militar pavimentó la transición a la democracia.

En los noventas, ebrios de consumo, postergamos nuestros derechos ciudadanos y nuestra capacidad de acción como sociedad civil para después. Ese momento parece haber llegado.

Con la derecha en La Moneda, la política chilena se ha sincerado un poco, los conservadores no tienen pudor de serlo. El lenguaje político y cotidiano de la derecha se ha vuelto más franco, menos cauteloso y por ello, menos correcto.

El ropaje liberal de la campaña presidencial y de los primeros meses de gobierno, de una Coalición por el Cambio dispuesta a legislar en torno a derechos de las minorías sexuales y a llevar a cabo una agenda social activa, que pretendía corregir los temas pendientes de la Concertación, se ha ido cayendo paulatinamente.

En temas de género y discriminación el debate se ha estancado, sino retrocedido, y la educación pública ha emergido como un campo de significados en el que el rol del estado, la economía de mercado, el endeudamiento y la transparencia de las instituciones educativas a nivel secundario y superior se ven cuestionados con propuestas que reinstalan el pasado en el presente.

La derecha usando el acervo histórico que le pertenece, responde con cambios de gabinete que refuerzan las prácticas autoritarias y poco republicanas de los senadores designados, los uniformados infiltrados en las marchas estudiantiles, vigilancia telefónica ilegal a parlamentarios y la represión a la población civil movilizada, apostando a la impunidad y a la silenciosa complicidad de los medios y la sociedad en general.

Los equipos de gobierno se han reforzado con personajes que desde la economía y la política están comprometidos con los hitos fundacionales de la dictadura.

Los “Chacarillas Boys” como bien los ha rotulado José Bengoa en este medio de opinión, pueblan las carteras de gobierno y defienden el modelo económico y de sociedad que amparados en la fuerza ayudaron a diseñar y a construir.

Mi interpretación es que tienen miedo, que no saben cómo reaccionar ante la crítica y la desobediencia civil, sino es dentro de los marcos represivos y autoritarios de la dictadura.

Sin embargo, la lógica y el contexto histórico hoy día son otros.

La ciudadanía y las movilizaciones masivas están desestabilizando los constructos autoritarios desde distintos frentes: los derechos civiles de las minorías, el ecologismo, la educación pública, la crítica a la falta de probidad empresarial, la vigilancia y pronta denuncia de malas prácticas del gobierno, colman las redes sociales y medios de comunicación virtual instantáneamente generan opinión y cuestionamiento de las autoridades de gobierno y su manejo en temas importantes para las mayorías.

Las movilizaciones estudiantiles siguen, no solo con marchas, paros y tomas, sino también con arte e intervenciones urbanas, que les han ayudado a instalar su discurso en distintos sectores ciudadanos, pero por sobre todo, han mostrado a las generaciones anteriores que el miedo y la movilización civil no son peligrosos, no son criminalizables, o inútiles.

Pienso que estamos en un punto de inflexión en el que los constructos estructurales que emanan del modelo económico de la dictadura están en tensión.

Pero creo que  los efectos culturales de largo plazo de ésta: el miedo, el desinterés por la participación y la política, y la rearticulación de la sociedad civil, están desapareciendo, y son los cambios que me hacen pensar que estamos en una etapa de revisión de nuestras herencias autoritarias, y ante una nueva oportunidad para construir un futuro mejor para todos.

El proyecto en cuestión, solo anunciado a grandes rasgos en cadena nacional este martes 5 de julio, desconoce y soslaya los planteamientos de fondo del movimiento ciudadano más importante y poderoso desde la década de los ochentas.

Una vez más en Chile, una coalición de gobierno busca en sus pares—de bancada y de oposición—el apoyo y legitimidad que no tiene para legislar en una materia instalada en el debate público por las grandes mayorías: el lucro en educación.

La sociedad civil chilena ha reaparecido en las calles, como no se veía desde los últimos años de la dictadura. Una multitud creativa y creadora de actores sociales cohesionados en torno al tema de la educación, ha comenzado a confluir y a movilizarse.

Los grandes temas pendientes de nuestro país han desfilado por las alamedas de la capital en este último mes en las protestas contra HidroAysén y las demandas por igualdad de género y matrimonio homosexual.

Una multitud de actores en la nortina Calama pide mayor descentralización de los recursos y divisas que el país obtiene de las riquezas naturales como el cobre. Los ciudadanos aparecen, demandan, pero también proponen y abren debates que la clase política post-dictatorial no se atrevió a asumir.

Pareciera que estamos frente a una nueva forma de política post-transicional, en donde la re-emergencia de las ciudadanías y la reformulación de los derechos comunes y específicos se instalan desde la calle hacia las redes sociales y el debate ciudadano.

El gobierno y los partidos no están reaccionando bien y se están quedando atrás en una lógica que parece extemporánea, caduca y anacrónica.

Las reacciones del gobierno han sido erráticas y centradas en los periféricos actos de violencia que han acompañado el final de las masivas marchas de junio. Luego del pasado jueves 30, el ministro Lavín dijo que los estudiantes que habían colmado la Alameda no eran “todos los estudiantes del país”.

¿De qué manera una manifestación pública que en los cálculos más modestos se estimó que sobrepasó las ochenta mil personas, no puede ser representativa de todo el estudiantado del país?

Solo en una mentalidad neoliberal en la que cada individuo existe en tanto tal– y sus acciones son visibles en tanto concurre al mercado en su condición de consumidor en una lógica de uno a uno–puede entenderse que los 200 mil manifestantes sean solo una minoría muy reducida de los millones de estudiantes universitarios y secundarios que existen en este país. Así también, el apoyo colectivo y solidario de otros actores sociales es irrelevante y anecdótico.

Esta misma mentalidad es la que hace imposible para el gobierno entender que el lucro es un problema, no solo legal, sino además ético.

En otros países cuando una persona o un colectivo hace una donación a alguna universidad pública o privada no lo hace con la esperanza de recuperar la inversión, ni menos de obtener ganancias, al contrario, las donaciones se entienden como tales y en el mejor de los casos, edificios de bibliotecas, becas o laboratorios llevan una inscripción con sus nombres.

Sin embargo, el ministro de educación y el gobierno en su conjunto defienden el lucro privado en educación como un derecho de quienes invierten en instituciones educativas. Pero el movimiento estudiantil ha instalado el lucro como una categoría social y ética, lo ha desplazado del lugar que tiene en las relaciones económicas para construirlo como un problema moral.

No importa cuánto haya ganado o perdido el ministro Lavín en la Universidad del Desarrollo, lo que importa es que alguien que tiene un compromiso tan grande con la generación y acumulación de riqueza, no puede liderar un proceso de reforma de la educación pública en este país.

No puede, porque está impedido moralmente, pero además porque epistemológicamente está en otra matriz ideológica en la que el bien común y la responsabilidad social del estado con la equidad no está en función de sus capacidades redistributivas, sino en la libertad individual e individualista de las personas de elegir, lógica que no se condice con los nuevos sentidos comunes que están formándose en Chile.

Los estudiantes, sin embargo, en su justa y trascendental demanda por educación han logrado transversalizar sus planteamientos y movilizaciones, instalando en el sentido común dominante a la educación como tema central y urgente para Chile.

Distintos sectores sociales, no solo del mundo académico y docente, sino de apoderados, familias de todas las clases sociales, trabajadores y ciudadanos en general se han sumado a las marchas masivas en apoyo a los paros nacionales convocados por estudiantes universitarios y secundarios.

Sorprendentemente, esto aún no es suficiente para sensibilizar a la clase política. Los partidos políticos de oposición y la izquierda específicamente han callado, debieran en algún momento pronunciarse.

Pero, en palabras de Violeta Parra, como la levadura esta nueva subjetividad se está incubando, está creciendo y expandiéndose…y me gusta, me gusta mucho.

Frente a las movilizaciones y protestas colectivas, hay algunas individuales, que por su radicalidad y desesperación conmueven, llamando profundamente la atención. Son aquellas que, ante la indolencia de la sociedad y la falta de un consenso político que las asuma y contenga, terminan por inscribirse en los cuerpos de los demandantes, expresando así, una “política de los cuerpos”.

Cuerpos confinados, famélicos y debilitados por huelgas de hambre, cuerpos sexuados y condicionados a embarazos sin vida por la falta de aborto terapéutico, cuerpos olvidados en función de las crisis de la clase política y sus pusilánimes respuestas a las demandas callejeras.

El 2 de junio pasado en un noticiario de televisión se presentó la protesta de un presidiario que se prendía fuego para reclamar por el hacinamiento de la cárcel de Copiapó, sobrepasada en un 300% en su capacidad para albergar a la población penal. La protesta fue grabada y transmitida al exterior del penal por los propios reos, dando muestra de la falta de seguridad y el abandono en que se encontraban los internos ante la sobrepasada capacidad de reacción de los propios gendarmes.

La semana pasada también, luego de 87 días, cuatro comuneros mapuches depusieron la huelga de hambre que sostenían por segunda vez en menos de un año, en protesta por un juicio que los había condenado a penas sobre 20 y 25 años de presidio y en demanda por una reforma de la ley antiterrorista en nuestro país que, en democracia, solo se ha aplicado en contra de los activistas indígenas de la región de la Araucanía. Una ley que permite que el sistema legal chileno acoja el testimonio de “testigos encubiertos” como elementos probatorios de la fiscalía, pero que impide a la defensa y a los acusados encararlos y confrontarlos.

En un plano más cotidiano y menos público, una campaña mediática en youtube y en las redes sociales se vale del rostro de Amparo Noguera para visibilizar otro gran problema en nuestro país, la falta de una legislación que despenalice el aborto terapéutico.

Ausencia legal que fuerza a mujeres a cargar, por meses, fetos muertos que no van a sobrevivir el proceso de gestación, que no verán la vida, y que por tanto no legitiman el que obliguemos a cientos de mujeres cada año a poner en peligro sus propias vidas.

La violencia aquí, no es auto inferida, ni se expresa en una demanda colectiva en las calles, sino que responde a una intervención autoritaria sobre los cuerpos de las mujeres que, en silencio y sin derecho al ejercicio de sus voluntades, pesa sobre nuestras conciencias.

Cuando los cuerpos de los individuos y ciudadanos se transforman en la última frontera de los autoritarismos de nuestro orden jurídico y ético, o cuando la violencia auto inferida es la única forma extrema de protesta, estamos frente a un problema como sociedad civil y política, pues implica que estos cuerpos marginales y vulnerados se encuentran en un estado de desafiliación tal, que no hay colectivo que los contenga, ni defienda.

Por tanto, no tienen forma de hacerse oír, ni ver de una manera que pueda ser entendida y vista por la sociedad y las élites. Esto porque, el lugar específico que ocupan y detentan, no les permite articular un lenguaje que sitúe sus demandas como parte constitutiva de las problemáticas debatidas en la esfera pública.

Frente a tal indefensión, no quedan muchos recursos que no sea violentar su propia corporalidad, como última y extrema arena política de protesta, no sin correr el riesgo de ser mal entendidos, mal interpretados o, una vez más, desoídos.

Si la esfera pública bulle hoy día con marchas masivas, en que los cuerpos ciudadanos logran aparecer, imponer temas en la agenda pública y constituir mayorías en torno a temas relevantes, también sería bueno prestar atención al mensaje de aquellos cuerpos marginados y minoritarios, que debido a la desafección y desafiliación de sus problemáticas específicas respecto de aquellas masivas, han usado y usan su corporalidad para expresar físicamente las violencias de que son objeto.

No esperemos a que una o más muertes, nos sacudan de nuestra indolencia, para darles la importancia y el lugar que merecen dentro del debate ciudadano.

Lo más preocupante es la cantidad de difusión y falta de sanción con que circulan en los medios, epítetos y agresiones verbales, que en cualquier otra parte del mundo enrojecerían de pudor al más temerario de los homofóbicos.

La última violencia mediática es el comentario del Diputado Enrique Estay en facebook, quien se refirió a los homosexuales como “maricones”. Lo más patético de toda esta situación, es que ni la cobertura que ha tenido este incidente, ni los reclamos del MOVILH, han logrado que el señor Estay pueda entender la naturaleza de la agresión que ha inferido.

Las minorías de todo tipo, siempre han dejado en evidencia las injusticias y las limitaciones de las democracias modernas. Hasta fines de la década de los sesentas, por ejemplo, en los Estados Unidos, la población afroamericana tenía limitados sus derechos civiles, y la violencia ejercida en su contra se evidenciaba no solo en normativas que los segregaban de los ciudadanos blancos, sino que además en el lenguaje y forma de referirse a ellos.

Entonces, términos como “negro”, “color” y “niger” eran violenta y despectivamente usados para nombrarlos y referenciarlos ya sea en público o en privado. Sin embargo, a medida que la población afro descendiente accedió a derechos civiles y a un trato al menos legalmente igualitario, estos conceptos dejaron de ser apropiados para referirse a ellos. Hoy por hoy, nadie, al menos en público, trataría de “niger” a un afroamericano sin ser socialmente sancionado y rotulado como racista.

Una cosa es no compartir los principios que están detrás del proyecto de Acuerdo de Vida en Común, el matrimonio gay, y el aún más extremo debate en torno a la paternidad homoparental; otra muy distinta es usar un lenguaje despectivo, descalificador y violento para referirse a aquellos cuya condición sexual y opciones de vida, solo marcan una diferencia de las prácticas de la mayoría de las personas. Solo quien se siente parte de una mayoría y cree que esa situación lo habilita para ejercer violencia sobre otros, puede expresarse con tal falta de sofisticación y respeto respecto de los homosexuales.

Violencia no es solo agresión física, violencia también es construir estereotipos vejatorios y expresiones denigrantes sobre aquellos que por ser minoría cuentan con limitados espacios para defenderse, y por cierto, con menos impunidad para insultar o descalificar a sus detractores.

Como sociedad y como ciudadanos, que creemos y ansiamos preservar nuestra democracia, debemos cuidar los derechos de todas las minorías, creando una ética pública que impida este tipo de violencias.

La violencia de género no es solo aquella que se ejerce física y culturalmente contra las mujeres, sino también en contra de formas de masculinidad que por ser minoritarias, no solo en términos demográficos, sino en los niveles en que son degradadas, “minorizadas” y agredidas por las supuestas mayorías de la sociedad, se ven violentadas en las formas de impunidad que asume el lenguaje.

Es cierto, “maricón” aparece en los diccionarios, pero es un insulto, también los es huevón, y si bien es parte de nuestro lenguaje cotidiano, nadie con educación lo usaría en público para referirse a un Diputado de la República.

También es cierto que facebook es un espacio semi-público o semi-privado, en donde las licencias del lenguaje son permitidas, pero reafirmar en los medios que el uso del término está bien, y que un insulto habría sido decir: ”maricones de mierda” (La Nación, 07/06/2011), no es sino aumentar aún más la alevosía de la violencia ejercida.

Tal vez, como los reclamos del MOVILH esta columna sea considerada una exageración; sin embargo, creo que a estas alturas a nuestra sociedad le haría falta un poco de corrección política, para filtrar y medir los conceptos y términos que usamos para referirnos a otros.

La homofobia es una forma de violencia, y no es una virtud, no se pueden defender preceptos morales o políticos desde una forma de segregación y alienación de otros seres humanos.

La violencia física es selectiva se ejerce directamente sobre los cuerpos singularizados de las víctimas, la violencia del lenguaje alcanza niveles masivos, se transmite a través de generaciones y generaliza sobre identidades y cuerpos posteriormente violentados, la frontera entre una forma de violencia y otra, es muy tenue.

El mensaje es claro, las parejas homosexuales no tienen los mismos derechos que los heterosexuales. Pagan impuestos y votan, pero no pueden acceder a un régimen jurídico que asegure sus derechos a beneficios comunes en salud y previsión, a la herencia y a las compensaciones en caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, o por último, a su legítimo reconocimiento como una forma más de familia dentro de la sociedad chilena.

Pablo Simonetti ha dicho: “matrimonio igualitario o nada” (El mostrador, 25/05/2011), y tiene razón. No es justo que el matrimonio como institución civil, y no religiosa, sea privilegio reservado de algunos, y que las parejas homosexuales tengan que conformarse con un proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Común, como si sus uniones requiriesen de un tratamiento diferenciado o un estatus de segunda clase.  Si bien el Presidente Piñera no ofreció matrimonio homosexual, sí prometió legislar en torno a las uniones de hecho de parejas hetero y homosexuales. Sin embargo,  hoy por hoy,  esa oferta resulta inútil e insuficiente.

Luis Larraín, el rostro de la campaña de Piñera en esta materia, luego de criticar a la derecha y al gobierno por no incluir AVC en el discurso del 21 de mayo, este lunes 23 dijo en Cooperativa que creía que el gobierno iba a generar un proyecto de unión entre homosexuales, pero que este no sería con plena igualdad de derechos, pero que aún así sería un avance. De eso se trata entonces, ¿aceptar lo que se les ofrezca, quedarse con un reconocimiento formal, pero a fin de cuentas con migajas que reduzcan la condición de las parejas gay a uniones de segunda clase? Por tanto, ¿la sexualidad de una persona sería el límite y la posibilidad de sus derechos como ciudadano?

El gobierno no solo ha retrasado y postergado esa promesa de campaña, sino que los argumentos que se esgrimen para no legislar en torno al matrimonio gay son inconsistentes e ideológicamente limitados. Pues no hay argumento racional que sostenga que un matrimonio deba estar compuesto exclusivamente por un hombre y una mujer, mucho menos que la familia nuclear heterosexual sea la única forma de construir nexos afectivos y proyectos de vida a largo plazo. Como la sexualidad, la reproducción también es una opción, y por tanto, no es el vínculo natural entre familia y sexualidad. Las tradiciones, así como fueron inventadas pueden ser modificadas, el matrimonio gay no es para destruir la familia heterosexual, sino para dar la opción a que individuos con una opción sexual distinta puedan acceder a derechos conyugales.

La heteronormatividad que impone estructuras y relaciones sociales patriarcales, es la única forma de autoritarismo impositivo y violento que está en discusión cuando hablamos de derechos reproductivos de las mujeres o de matrimonio civil homosexual. El matrimonio gay es la oportunidad real de dar a los individuos la posibilidad de elegir como vivir su vida dentro de una igualdad efectiva ante la ley. No es materia de amor,  ni tampoco de ser condescendientes con el amigo o familiar gay que  se comporta dentro de los patrones sociales aceptados o impuestos por nuestras, a veces sutiles, formas de homofobia.

El matrimonio gay es sencillamente reconocer al otro como un igual, con la posibilidad real de ejercer libremente su voluntad y acceder a derechos.

Facebook y twitter se han transformado en espacios alternativos paralelos a los medios informativos de masas en los que tradicionalmente descansábamos para informarnos y ver representados a los actores, que en la esfera pública generaban opinión y acción ciudadana.

Al ámbito letrado de las cartas al director y a la masiva cobertura de la televisión y la radio, se han sumado las redes sociales como medios de expresión y movilización. Más de 30 mil personas el viernes pasado se concertaron por estas vías para rechazar una vez más la aprobación del proyecto Hidroaysén, y las protestas y cacerolazos de esta semana han tenido amplia difusión en internet.

Por las redes sociales hemos conocido la subterránea aprobación del convenio UPOV 91 o caso semillas, que prohíbe a nuestros agricultores guardar sus semillas, obligándolos a comprarlas a productores internacionales, sepultando así la opción de la agricultura orgánica en nuestro país.

Las redes sociales han denunciado los senadores que apoyaron, los que se abstuvieron y quienes rechazaron esta iniciativa en el Congreso.

Por estos mismos medios, algunos, hemos seguido diariamente la nueva huelga de hambre de los cuatro comuneros mapuche condenados a 20 y 25 años de cárcel en función de la ley anti terrorista.

La eficacia de las redes sociales en la denuncia, la fiscalización y la movilización ciudadana está más que probada. En Estados Unidos esta capacidad de convocatoria fue decisiva en la elección del presidente Obama en el 2008, y en Chile, estamos comenzando a ver sus efectos en algunos políticos.

Por ejemplo, sin ir más lejos, el ex Presidente Lagos cambió su apoyo al proyecto Hidroaysén, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto, sin embargo este cambio sospechosamente, parece estar en función del minoritario apoyo que el megaproyecto energético tiene a nivel de twitter y facebook.

¿Estamos frente a una nueva forma de expresión ciudadana? La inmediatez y simultaneidad de los eventos diarios, hace que los medios de comunicación tradicionales, no puedan o no quieran, dar a conocer lo que ocurre a diario en el mundo de la política.

A estas alturas, muchos temas contingentes, como los antes expuestos, están siendo pauteados y cubiertos en los medios de comunicación gracias a la opinión masiva que se genera sobre ellos en las redes sociales.

Frente a un estado y medios de comunicación oficiales cooptados por grupos económicos y transnacionales que tienen la capacidad de controlar la agenda legislativa y diseñar las políticas de desarrollo del país, las redes sociales están conformándose en generadores de opinión y expresión de las mayorías.

Si el estado y las instituciones públicas de este país no quieren escuchar, y descalifican a sus detractores diciendo que la “ciudadanía está movilizada, pero desinformada” (Ministro L. Golborne, El Mercurio, 15/05/2011), o como Daniel Fernández el vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén dijo a Sara Larraín que, sus críticas “demuestran la intolerancia y la palabra violenta con que se está tomando el tema” (La Tercera, 16/05/2011), facebook y twitter proporcionan una tribuna amplia, para rebatirlos y para hacer circular información alternativa, que no es posible conseguir abiertamente en los medios de comunicación oficiales.

Si bien, por ahora las redes sociales están mostrando un efecto positivo en la imposición de temas relevantes para nuestra sociedad, y en la generación de un espacio crítico y de movilización colectiva, que los partidos y organizaciones políticas han abandonado, por falta de legitimidad, convocatoria o proyectos concretos que ofrecer a la ciudadanía.

Es preciso mantener un balance respecto de lo que estos medios pueden ofrecer en términos de establecer agendas ambientalistas, políticas o de otra índole en la opinión pública nacional.

La imagen de figuras públicas reaccionando en función del mandato de la masa, me parece preocupante. Si el ex presidente Lagos quiere defender Hidroaysén, que lo haga, sus argumentos a favor son mucho mejores que sus argumentos en contra. Además es coherente con las políticas de su gobierno y el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que dieron el pase a la construcción de represas, la inundación de terrenos, el desplazamiento de personas y comunidades en función de las prioridades de las empresas transnacionales.

Me sentiría muy preocupado, si facebook y twitter generaran una dictadura de las masas, y nuestros antiguos y futuros líderes dejaran de expresar ideas y argumentos en función de complacer a las mayorías.

La democracia se trata precisamente de eso, de tener la posibilidad de ejercer el derecho al disenso. Si hoy, las redes sociales son necesarias para expresarnos, es porque no existe la posibilidad de un efectivo debate y foro ciudadanos.

En los periódicos y diarios virtuales trasandinos se ha enfatizado la tesis de un crimen pasional entre homosexuales, dando paso a una serie de sórdidas y obscuras teorías que describen no solo las preferencias sexuales de Arancibia Clavel, sino también los medios y vías por las cuales satisfacía sus deseos carnales (visita a páginas gay, sexo pagado, amantes jóvenes, etc.)(El Clarín, 28/04/2011).

Es interesante como la homosexualidad de Arancibia Clavel pone en escena una serie velos y actitudes en torno a discursos sobre nuestro pasado autoritario, pero también surgen una serie de narrativas que descentran a este individuo de sus acciones político/represivas, hacia su cotidianeidad y sus afectos, y las grises formas en que vivió toda su vida.

En Chile la ambigüedad y sobre todo la incomodidad se instalan en el lenguaje que describe este asesinato y en las reacciones oficiales que aparecen en la prensa chilena comentando la situación. Se hace alusión a su papel dentro de los aparatos represores y de espionaje chileno en la década de los setentas en Argentina, sin embargo, su homosexualidad y las teorías que mencionan sus prácticas afectivas, son silenciadas u obscurecidas.

La reacción del ministro del Interior tal vez sea paradigmática en ese sentido (R. Hinzpeter): “El señor Arancibia Clavel fue condenado por participar en un crimen estremecedor y doloroso para el país, pero naturalmente el asesinato del que fue víctima en Argentina nos conmueve por ser un crimen de esa naturaleza” (Emol.com/29/04/2011), ¿a qué se refiere con “esa naturaleza”: violenta, anónima, con ensañamiento, homosexual, abyecta?

Más que un personaje de nuestra historia reciente, Arancibia Clavel parece un personaje de novela. Su vida vinculada a la desaparición de personas en Argentina durante la dictadura militar chilena y su participación en el atentado al General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, se inscriben en uno de los pasajes más oscuros y polémicos de la historia transnacional de la represión y la inteligencia militar en América del Sur. No en vano el ojo literario de Diamela Eltit la llevó a escribir “Puño y letra” (Seix Barral, 2005), insertando en el texto literario el interrogatorio a Hugo Zambelli en el juicio oral que en el año 2000 se realizó en Buenos Aires.

La teatralidad del testimonio de Zambelli permite adentrarnos en la cotidianeidad y las zonas grises de quienes colaboraron en las tareas operativas que produjeron asesinatos y desapariciones de chilenos en territorio argentino. Zambelli, bailarín y actor, vincula las historias de espionaje y policiales en torno a Arancibia Clavel con el glamour de la revista y el cine argentino, así se mencionan en su testimonio a Susana Jiménez, Fernando Porcel y Palito Ortega, entre otros. Su relación de afectos con verdades a medias, viajes a Europa y la adquisición de propiedades en Buenos Aires, se entremezclan con seguimientos policiales, estadías en la cárcel, identidades y empleos falsos del agente chileno. Sin embargo, el acto de escritura a mano, de listas de nombres e informes de espionajes, que el amante de Arancibia Clavel describe, al recordar que jamás lo vio escribir a máquina sino siempre de su “puño y letra”, delatan el nivel de complicidad y compromiso del ex agente con los aparatos represivos chilenos.

Así el género de Arancibia Clavel, en tanto personaje real, y realmente literario, nos descentra de una externalidad narrativa de sus acciones políticas, en las que nunca aparece como un ejecutor directo, sino como enlace, como espía, como un individuo medio que aunque comprometido y directamente involucrado, no es protagonista. Él es el indicio de un engranaje represivo amplio, de responsabilidades mayores que nunca darán la cara, o enfrentarán las consecuencias de sus acciones.

La homosexualidad de Arancibia Clavel no es velo sórdido y nebuloso que cubre su vida, sino la forma que vivió y cómo participó de los eventos históricos que le tocaron y que buscó vivir. Tanto su vida política como sus afectividades la vivió de igual forma, en la obscuridad, en la dualidad y desdoblamiento de su identidad. Su muerte, aún está por ser esclarecida, pero dejó este mundo con la misma teatralidad y obscuridad con que existió.

Artículos periodísticos mencionan las celebraciones que en Nueva York se han sucedido en torno a la muerte del principal líder de Al Qaeda, al tiempo que se desencadena una paranoia colectiva y una sensación de total falta de seguridad global, frente a posibles ataques terroristas a blancos norteamericanos en el mundo.

Si Bin Laden era una amenaza constante y uno de los hombres más buscados por el FBI, ¿no debería su muerte generar un sentimiento de seguridad y tranquilidad, más que una alerta por futuras represalias desde grupos terroristas? Por otro lado, la muerte de Bin Laden de un disparo en la cabeza, producto de la violencia de las tropas de elite norteamericanas en suelo Pakistaní, de qué manera puede ser considerado un triunfo de Estados Unidos y de “todas las democracias” como afirmó Silvio Berlusconi, más bien es violencia respondiendo a la violencia; esta muerte y el proceso de intervención en Medio Oriente por parte de Estados Unidos en la última década, no tiene nada de democrático. José Miguel Insulza ha dicho que “le parece razonable si tiraron el cuerpo de Osama al mar” (La Tercera, 2/05/2011).

Si arrojar el cuerpo en el mar, tuvo como móvil político evitar que una tumba en tierra se transformara en un lugar de veneración para sus seguidores (New York Times, 02/05/2011), en realidad solo ha incrementado el carácter mítico de este fugitivo que por una década vivió en la clandestinidad, y que dadas las circunstancias de su muerte y la imposibilidad de constatar la existencia de su cuerpo inerte, puede generar la creencia de que en realidad no ha muerto. Da esta situación, cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el estatuto jurídico de Bin Laden, muerto o desaparecido?

La muerte de Bin Laden ocurre en un momento muy preciso de la política internacional. El fin de semana, todos habíamos oído que los ataques de la OTAN sobre Libia, habían costado la vida del hijo menor y tres nietos de Gadafi. En Estados Unidos, Obama lanzó hace pocos días su candidatura para la reelección presidencial.

Este aparente triunfo sobre el terrorismo, lo distancia de las críticas y sensación de fracaso que la guerra contra al Qaeda iniciada por Bush en 2001, había dejado entre los votantes norteamericanos. La prensa estadounidense destaca cómo, dentro de círculos republicanos se aprueba y se celebra la muerte de Bin Laden como un triunfo del actual presidente, con los consecuentes dividendos para sus índices de popularidad.

Por otro lado, en los últimos meses hemos visto cómo los países islámicos del norte de África han enfrentado crisis políticas, que en occidente se han leído como procesos democratizadores, y liberalizadores de la política en el Medio Oriente. Liberal en el sentido occidental moderno, obviamente.

Al parecer desde el Norte de África hacia el Medio Oriente se estaría produciendo un proceso de occidentalización de la política, según lecturas unilaterales desde analistas norteamericanos y europeos. Sin embargo, poco y nada sabemos de las lógicas culturales y políticas de estos pueblos, los procesos que allí ocurren nos llegan mediados por los medios globales occidentales, no sabemos si realmente los grupos políticos disidentes pugnan por reformas liberales al estilo occidental en sus países.

Lo que sí está claro es que Estados Unidos y la OTAN están sacando provecho de ellos, y están haciendo un ofensiva militar y de violencia renovada en estos países, ahora ya no solo luchando contra el terrorismo por la seguridad de occidente, sino por la liberalización y las reformas democráticas de estas sociedades.

Una vez más, estamos ante la imposibilidad de leer las sociedades islámicas, sin la mediación de occidente. Al hacer desaparecer el cuerpo de Bin Laden en el mar, ¿qué es lo que realmente se pretende borrar e inscribir en la memoria de estos diez años de lucha contra el terrorismo en Medio Oriente? ¿Es verdad, que el mundo es un más seguro con Bin Laden muerto? O solamente asistimos a otro ciclo de violencia y hegemonía de Estados Unidos y la OTAN sin contrapesos a nivel global. El terrorismo islámico y Bin Laden no me hacían sentir seguro, pero ciertamente, este nuevo escenario tampoco.