¿Quiénes concurrieron al plebiscito con su apuesta democrática por el NO y qué aspiraban? fueron parte de las preguntas que me formulé en esas columnas para tratar de entender el proceso que debería liderar una oposición que aspirara a conducir la recuperación democrática y la reconstrucción de una sociedad escindida por tremendas grietas sociales.

Por ese entonces había serias aprensiones sobre el papel que jugarían las mujeres que, según los analistas de la época, representaban históricamente las expresiones más conservadoras de la sociedad.

Si bien para muchos de quienes trabajábamos en centros de estudio y ONG’s de acción social, tales apreciaciones eran contradictorias con las prácticas transformadoras que estaban realizando masivamente las mujeres organizadas en estrategias de supervivencia, de promoción de derechos civiles y sociales, en defensa de derechos humanos y varias formas de representación social, el comportamiento político en el plebiscito se mantenía como una incógnita.

El análisis de los resultados en las mesas de mujeres logró demostrar, a diferencia de lo que se suponía, que la votación femenina fue mayoritaria por el NO.Pero más sorprendente aún fue que las mujeres, alterando una tradición electoral, superaron en más de doscientos mil al electorado masculino.

También por esas fechas, los analistas describían a los jóvenes con dos tipos de conductas antagónicas que llevaban a un mismo resultado de marginación del proceso electoral.

Por un lado, los análisis enfatizaban la apatía y la indiferencia como rasgo de una juventud sin voluntad para inscribirse en los registros electorales y, por lo mismo, que no participaría en el plebiscito.Por el otro, estaba la caracterización de una juventud que priorizaba la violencia y, consecuentemente, distante del ejercicio electoral.

Y el análisis de lo acontecido en el plebiscito rompió también las estereotipadas imágenes de los jóvenes.

En primer lugar, y lejos de las previsiones, los jóvenes concurrieron masivamente a inscribirse en los registros electorales y, posteriormente, se inclinaron mayoritariamente por el NO, como se pudo deducir de la contundente victoria que obtuvo la opción por el NO en las mesas de reciente constitución y donde se concentró la tardía inscripción juvenil.Pero no sólo eso, pues los jóvenes tuvieron un rol fundamental en el desempeño del plebiscito, integrando masivamente la red de apoyo de las fuerzas opositoras, actuando como apoderados de mesas, como enlaces y en los centros de cómputos paralelos que instaló la oposición.

El NO fue mayoritario prácticamente en todo el territorio nacional, pero su votación fue especialmente alta en centros poblacionales de capas medias y de sectores populares, así como en áreas territoriales de concentración de trabajadores.

En ciudades donde estaban concentrados los mineros del cobre y del carbón y en áreas exportadoras -Rancagua, Calama, Lota, Coronel, Puerto Montt, Copiapó, sólo para señalar algunas de ellas- el NO recogió más del sesenta por ciento de adhesión.

En la Región Metropolitana, con excepción de Vitacura, Las Condes y Providencia, en todas las restantes comunas populares como San Miguel, Cerro Navia, La Pintana y la Granja, dos terceras partes del electorado estuvo por la opción del NO, mientras en comunas de capas medias como Macul, Ñuñoa y Santiago la mayoría prefirió el NO.

Esta composición de una mayoría democrática plural expresada en el plebiscito fue el antecedente para la conformación de una fuerza política de amplia representación para la reconstrucción democrática, en el que pudiera sintetizarse una recobrada identidad nacional capaz de recoger especificidades e intereses particulares de mujeres, jóvenes, trabajadores, sectores populares urbanos y rurales, así como capas medias.

En las semanas y meses que siguieron al plebiscito la preocupación central de la concertación opositora fue definir los mecanismos de designación de la candidatura presidencial y su programa de gobierno.

Tal como todas las encuestas de esas fechas indicaban, las preferencias ciudadanas aspiraban a un candidato único capaz de expresar un común programa de gobierno para la transición democrática. En todas las encuestas primaba la opinión que importaba, tanto o más que el programa de gobierno, una candidatura única que lo representara de manera creíble.

Y los estudios de esa época ya mostraban, tempranamente, la apuesta por los cambios de parte de quienes se habían pronunciado por el NO, por contraste con el inmovilismo social y la continuidad de las condiciones políticas y económicas que promovían aquéllos que habían hecho la opción del SI en el referendo de octubre.

Los estratos medios y de bajos ingresos, sin distinción de sexo, con importante presencia juvenil, pero también de adultos sobre los 30 años de edad, mostraban de manera persistente, en todas las encuestas de opinión realizadas con posterioridad al plebiscito, que seguían adhiriendo a la postura que representaba el NO e identificándose con el antiautoritarismo. Esta adhesión cubría a un amplio arco político que abarcaba desde algunos sectores auto identificados con la centroderecha hasta la izquierda.

Todos estos sectores aspiraban a una oposición unida en torno de una candidatura única, moderada y flexible, que tuviera como ejes orientadores de su quehacer la recuperación de la democracia y la resolución de los graves problemas sociales que se heredarían de la dictadura.

Las mismas encuestas mostraban que, así como la demanda mayoritaria se inclinaba por un liderazgo presidencial moderado, capaz de negociar y dialogar, ello no se oponía a una fuerte demanda por cambios que priorizaban la disminución de la pobreza y el desempleo, una mejor distribución del ingreso, el acceso a la salud y la defensa de los derechos humanos, sentidos mayormente como los problemas más acuciantes a ser resueltos por el futuro gobierno democrático.

El balance de los veinticinco años no puede ignorar estos antecedentes y nos muestra que el éxito del proceso opositor para recuperar la democracia fue haber iniciado un esfuerzo por articular la política con la diversidad de rasgos y demandas sociales.Esfuerzo de articulación que, con el paso de los sucesivos gobiernos, se perdió.

Y esa es una lección de futuro: cómo revincular la política con una ciudadanía diversa para la exigente agenda de cambios de los próximos años.

Sin duda, además de sus convicciones personales en la materia, sabe que esto es popular en importantes segmentos del país que sienten al extranjero como una amenaza.

El mundo y nuestro país han conocido y conocen de la violencia, agresiones, atentados y genocidios contra distintos grupos étnicos, raciales, religiosos y de orientación homosexual que se alimentan de este tipo de juicios.

Y esta postura sólo puede agravar distintas expresiones xenófobas cuando existe el caldo de cultivo que provocan las incertidumbres y riesgos que acompañan las vidas cotidianas de tantos que viven los estragos de las desigualdades y cuando la globalización, que desdibuja fronteras, pone en tensión las identidades y agudiza las contradicciones entre innovación y tradiciones.

Ante la amenaza de perder empleos y derechos sociales, las poblaciones tienden a personificar en el diverso, en el distinto, en el extraño, en el extranjero, la causa de sus males.

Las palabras del candidato Longueira son por lo mismo, muy graves y atentatorias del camino de tolerancia y respeto a la diversidad que ha comenzado a transitar, con grandes dificultades y lentitudes, nuestra sociedad.

Porque una cosa es apelar a la necesidad de contar con una legislación migratoria moderna, que dé cuenta de las formas que ella debe adquirir en el Chile de hoy y en el marco de una apertura global de fronteras en que no sólo circulan bienes, sino personas, y otra estigmatizar a los extranjeros. Y, con ellos, nuevamente a quienes son distintos.

Cuando el candidato Longueira dice que los extranjeros usan el sistema educacional y de salud, así como los empleos de los chilenos, lo que está haciendo es responsabilizarlos de los problemas que los chilenos tienen con la educación, la salud y los empleos.

Y claro, tal argumentación se ajusta a su visión de la vida y de la sociedad. Es cómodo poner todas las sospechas en los extranjeros y omitir, como ha estado haciendo él y el otro candidato presidencial de la derecha, propuestas de reformas sustantivas para resolver los problemas que efectivamente existen en la salud, en la educación y en el mundo del trabajo.

La xenofobia que el candidato Longueira propicia es funcional al rechazo de la derecha de asumir que la salud, la educación y la protección social son derechos que deben ser garantizados.

Porque cuando efectivamente los derechos sociales y laborales existan plenamente, no habrá ningún problema para que chilenos y extranjeros puedan compartir, dentro de Chile, pero también fuera de Chile, el ejercicio de estos derechos comunes a los ciudadanos de un mundo global.

Hay que reconocer en este viraje el papel que jugaron las declaraciones de Michelle Bachelet, quien reaccionó de inmediato a la deplorable decisión de la oposición, así como la postura de las candidatas a la cámara de diputados Maya Fernández y Teresa Valdés que llamaron en sus respectivos distritos a primarias ciudadanas, reforzadas finalmente con la petición de Claudio Orrego a todos los partidos de realizar primarias.

Ni hablar del efecto demoledor de la conferencia de prensa de Andrés Velasco que desnudó la responsabilidad de los dirigentes en esta decisión, a la que calificó duramente con el término de traición a la profundización de la democracia, y a la que se sumaron las declaraciones de Giorgio Jackson afirmando que nunca hubo real voluntad de realizar primarias.

Porque la verdad, nada más surrealista que ver los aparentes rostros compungidos de los presidentes de partidos diciendo que no se había podido llegar a acuerdos para las primarias parlamentarias como si estuvieran hablando de terceros, ignorando que eran ellos lo que no habían concurrido a tal acuerdo.

No era uno o un par de partidos los responsables, eran todos los que reivindicaba el derecho a un equilibrio de representación en los cupos, cuestión que obviamente se ponía en riesgo si la decisión recaía en la ciudadanía que concurría a las respectivas primarias.

Es decir, entre el equilibrio de todos los componentes del pacto electoral y la representatividad de los candidatos por una vía participativa, los dirigentes de los partidos opositores optaron por lo primero. Bastante semejanza con las argumentaciones que se escuchan a favor de preservar el sistema binominal, enfatizando la necesidad de privilegiar la gobernabilidad por sobre la representación y la participación.

En este cuadro bochornoso, la reconsideración de realizar primarias no legales como parte del acuerdo parlamentario opositor es mejor que nada,pero no hay que hacerse mayores ilusiones, porque no sólo no se repara el daño de credibilidad que arrastra el ejercicio de la política, sino porque los resultados del procedimiento que se va a utilizar pueden ser muy pobres.

En primer lugar, seguramente a medida que avancen los esfuerzos de negociación para alcanzar acuerdos en los partidos opositores se reducirá el número de distritos y circunscripciones en que la selección de candidaturas quedará sujeta a la realización de primarias. Es presumible que serán muy pocos los candidatos que se elegirán por este procedimiento de consulta, una vez que todos los integrantes del pacto electoral hayan visto satisfechas sus necesidades de cupos. Si para las municipales las primarias para elegir candidatos a alcaldes fueron reducidas, en esta ocasión probablemente sean casi marginales. Y no tendrán, a diferencia de aquellas, mayor valor emblemático.

En segundo lugar, porque a diferencia de las primarias legales que, a pesar de limitaciones en la ley que se aprobó, crea la oportunidad de una amplia participación ciudadana, en estas primarias organizadas por los partidos serán las estructuras partidarias más fuertes las que garanticen la elegibilidad de sus candidatos. Salvo algunas figuras de gran influencia en la opinión pública o de gran arraigo en su territorio, la ciudadanía tendrá muy escasa motivación para participar en estas primarias, máxime si ellas se realizarán en fecha distinta a las primarias legales del 30 de junio.

La lección que deja este hecho que pudo haber sido evitado es asumir que las decisiones, cuando se toman tarde y por presiones externas ajenas a las propias convicciones, no logran revertir las situaciones en las que se quiere incidir. Y estas primarias placebo no habrán de contribuir a mejorar la empobrecida calidad de la política.

Y ella logra imponerse a pesar de que el clásico discurso conservador reaparece. En el caso de Golborne, adhiriendo a la meliflua igualdad de oportunidades y presentándose como exponente de la meritocracia, no hace sino demostrar que su situación excepcional confirma la regla que probablemente viven los vecinos de Maipú con los que en su niñez compartió la pelota.

En el caso de Allamand, con el tono que lo caracteriza desde que el desalojo se convirtió en su credo político, criticando las propuestas progresistas a las que tilda de igualitaristas y atribuyéndole a la lucha por la igualdad algo así como un equivalente a la búsqueda de homogeneidad. Sin entender para nada que la aspiración de igualdad nace, precisamente, del reconocimiento de la diversidad social y de lo que se trata es que tales diversidades no sean obstáculo para tener garantizados iguales derechos y el mismo trato justo en la sociedad.

Cabe preguntarse por qué, a pesar de que la desigualdad nos ha acompañado estructuralmente como sociedad y pese al renacer conservador de una derecha temerosa de las implicancias de una agenda por la igualdad, ésta logra imponerse por una presión social que exige respuestas.

Mientras las bases de la desigualdad se mantenían inalteradas, los gobiernos de centroizquierda hicieron notorios esfuerzos por mitigar esta situación a través de las políticas sociales, mejorando el impacto distributivo del gasto social, así como a través de una nutrida agenda legislativa de carácter sociocultural.

Respecto de las políticas sociales, tomemos como ejemplo el último año del gobierno de Bachelet. En el 2009, en el peor momento de la crisis económica internacional, el impacto de los subsidios monetarios, así como de las prestaciones públicas en educación y salud, lograron reducir a la mitad las brechas de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más rico en nuestro país, el más alto impacto distributivo desde el inicio de la democracia (dato que cualquiera puede consultar en el informe sobre Impacto Distributivo del Gasto Social 2009, publicado por el ministerio de Desarrollo Social durante este gobierno).

También se habían logrado en tales gobiernos algunos otros avances de carácter legislativo, como la ley que igualó la situación de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; la Ley Indígena; le reforma de salud con derechos garantizados; la obligatoriedad de 12 años de escolaridad garantizando el derecho a educación básica y media; la norma que garantiza la escolaridad de las estudiantes embarazadas; la penalización de la violencia familiar y del acoso sexual; la ley que castiga el maltrato hacia los adultos mayores y la que garantiza una Pensión Básica Solidaria universal; el proyecto de ley antidiscriminación ingresado en 2008 al parlamento y que terminó siendo aprobado recién en este gobierno con el nombre de Ley Zamudio; la ley de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad; la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas; la ley de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo; la ley de igualdad salarial de género.

Todas estas iniciativas fueron parte del elenco legislativo que promovió la centroizquierda para avanzar hacia una sociedad con derechos garantizados.

No obstante estos esfuerzos previos, hasta el momento los resultados son tímidos y lentos, con escasas expectativas de cambio en las vidas de las actuales generaciones, si las tendencias se mantienen inalteradas con las mismas políticas. Y esa opción es la que ha desechado la ciudadanía, porque las expectativas generadas se han traducido en posteriores frustraciones.

Así como la realidad objetiva de la desigualdad muestra lentos y poco profundos avances, en cambio la realidad subjetiva hacia las desigualdades es la que ha dado un salto. Con el avance legislativo en materias antidiscriminatorias y de garantías en derechos sociales, se ha provocado una “desnaturalización” de la desigualdad.

Ya nadie, o muy pocos, se atreven a sostener abiertamente que los pobres son flojos, las mujeres emocionales, los indígenas primitivos, los homosexuales enfermos o, a la inversa, que los ricos son laboriosos, los hombres racionales, los huincas inteligentes y los heterosexuales sanos.

Como nunca antes, para la mayor parte de la ciudadanía se hace evidente que la desigualdad no es parte de la naturaleza humana, sino el resultado de un arreglo político que posibilita relaciones sociales y económicas asimétricas. En suma, que existe una desigual distribución del poder económico, social y político que no se explica en los esfuerzos, capacidades y voluntades de las personas.

Haber desnaturalizado la desigualdad es el avance más significativo de los gobiernos de centroizquierda y un próximo gobierno deberá descansar en esa fortaleza para pasar a la ofensiva con iniciativas integrales y efectivas de igualdad.

Todo esto, usando como escenario el día de la mujer para continuar con el habitual ataque de la derecha a Michelle Bachelet, en la intención de golpearla en aquello que le es más propio, los avances de género durante su mandato.

Pero, así como la manipulación de los datos de pobreza de la CASEN 2011 chocó con la evidencia cotidiana de una ciudadanía que no siente creíbles las cifras oficiales, la embestida oficialista contra las políticas de género del gobierno anterior resulta estéril ante la valoración que la inmensa mayoría de las mujeres tiene de su situación a partir del primer gobierno de una mujer presidenta.

Una vez pasado este 8 de marzo y dejando atrás su utilización política oportunista por parte del gobierno, veamos seriamente la situación de las mujeres en el país, los avances conquistados y los retos pendientes de igualdad que esta administración ya no abordó.

Los mayores avances sociales de las mujeres se dieron en el período 2006 – 2010.

Durante el gobierno de Bachelet hubo mayores avances sociales de la mujer de los que se obtendrán en este período de gobierno. De manera sintética, las principales iniciativas gubernamentales de entonces, fueron:

• Modificaciones del Chile Solidario para incorporar de manera preferente a las familias con mujeres jefas de hogar.

• Sistema de Protección de Infancia Chile Crece Contigo (niños de 0 a 3 años) para las mujeres del 40% de menores ingresos al 2009 y ampliándose legalmente al 60% desde 2010.

• Subvención universal para prekinder y kinder (niños de 4 y 5 años).

• Educación asegurada para adolescentes embarazadas con apoyo de salas cunas.

• Fin de cláusulas discriminatorias para mujeres en edades fértiles en seguros privados de salud.

• Currículo ciego para postular a empleos públicos y código de buenas prácticas para igualar condiciones laborales y remuneraciones de hombres y mujeres.

• Ley de igualdad salarial.

• Subsidio al empleo de jóvenes vulnerables mujeres y hombres.

• Pensión Básica Solidaria para mujeres, hayan o no trabajado remuneradamente, que están fuera del sistema previsional.

• Bono por hijo nacido vivo a todas las mujeres.

• Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, tipificación de la violencia como delito y mayores sanciones para el victimario.

Los retos sociales de género pendientes

Durante la campaña presidencial del 2009 y teniendo como antecedente los avances del cuatrienio de Bachelet, la actual oposición se planteó avanzar en otras medidas para un siguiente período presidencial, entre las que se consideraban:

• Subsidio al empleo de mujeres vulnerables, ampliando el que se había instalado para las jóvenes.

• Mejorar el acceso laboral de las mujeres y en empleos de calidad.

• Universalización de la protección de la infancia, complementando el Chile Crece Contigo con una modificación del artículo 203 del Código del Trabajo para incluir salas cunas a todos los trabajadores (hombres y mujeres), al margen del establecimiento en el que trabajen. Extender este derecho a jardines infantiles.

• Ampliación del período y subsidio postnatal, con corresponsabilidad de padres y madres.

• Extensión del currículo ciego y código de buenas prácticas al sector privado.

En el actual gobierno se incumplen varias de las iniciativas del período anterior y se adoptan pocas iniciativas adicionales, como las propuestas por la oposición.

De acuerdo con la CASEN 2011, no se está cumpliendo con la normativa legal que debiera garantizar acceso a salas cunas y jardines infantiles para las madres del 60% de menores ingresos. Asimismo, se interrumpió la aplicación del currículo ciego en el sector público y, por cierto, no ha existido la intención de extender tal práctica en el sector privado.

Por otro lado, si bien se legisló la ampliación del postnatal y la corresponsabilidad parental, a la fecha no existe un proyecto de ley para modificar el artículo 203 del Código del Trabajo que extienda el beneficio de salas cunas a todos los trabajadores hombres y mujeres. Tampoco nada se ha hecho para universalizar los jardines infantiles para hijos de trabajadores hombres y mujeres.

Se implementó el subsidio al empleo de la mujer, pero la cobertura se ha restringido al 30% de las mujeres más vulnerables y no al 40% como ocurre con el subsidio para jóvenes.

El acceso al empleo femenino ha aumentado, pero a expensas de su precarización. Como lo muestran Durán y Kremerman (columna “El Trabajo Sucio de las Mujeres”), sólo el 44.2% de las mujeres asalariadas entre 15 y 29 años tienen contrato indefinido con cotizaciones. El 50% del total de mujeres que trabajan reciben una remuneración inferior al salario mínimo y 2 de cada 3 mujeres reciben menos de dos salarios mínimos. Mientras el 10.8% de los hombres que trabajan ganan sobre $880 mil, en el caso de las mujeres se reduce al 4.9%.

Todo lo cual revela que la calidad del empleo no ha sido el foco de este gobierno, afectando especialmente a las mujeres. Y en cuanto a la brecha salarial de género, es evidente que la ley de igualdad salarial aprobada en el gobierno anterior no está siendo fiscalizada.

Los mayores avances políticos de género se dieron en el período 2006 – 2010.

Al asumir la presidenta Bachelet dio una señal simbólica al nombrar un gabinete paritario.Pero, más importante todavía, al situar a mujeres en espacios de poder considerados tradicionalmente masculinos, terminó con la práctica de diferenciar cargos femeninos y masculinos, como lo exhibe la presencia de ministras en carteras tan diversas como Cultura, Sernam, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Mideplan, Medio Ambiente, Energía, Economía, Secretaría General de la Presidencia y Defensa.

Del 5% de mujeres ministras con Aylwin, 15% con Frei y 24% con Lagos, se saltó al 50% en la primera mitad del gobierno Bachelet hasta terminar su mandato con un 45% de ministras. En la actualidad, se ha reducido significativamente el número de mujeres en el gabinete a menos de un tercio, 28.6%, revelando el presidente Piñera que confía menos en las mujeres que su predecesora.

Y esta reducción de la paridad se ha dado en todo los puestos de confianza política del poder ejecutivo. A modo de ejemplo, al inicio del mandato Bachelet las intendentas llegaron a representar el 46% y al término de su gobierno el 33%. En la actualidad, sólo el 13.3% de las intendencias está en manos de mujeres.

Escapan de esta situación los Servicios Públicos, pero ello es la consecuencia de haberse instalado desde el gobierno de Lagos el Sistema de Alta Dirección Pública que selecciona a los altos directivos del Estado por concursos públicos, gracias a lo cual el 46% de jefes de servicio resultan ser mujeres.

Las decisiones que en estas materias adoptó Bachelet, si bien no permitieron asegurar un posterior cambio en las prácticas discriminatorias del poder, generó uno de los fenómenos más importantes que permite poner en la agenda pública esta problemática: “desnaturalizó” la desigualdad de poder de las mujeres, haciendo visible que no existen limitaciones que sean intrínsecas a la condición de género, como bien lo han demostrado en estos recientes años los potentes liderazgos femeninos en el ámbito estudiantil y, más recientemente, en el masculino espacio del sindicalismo con la elección de la primera mujer en la presidencia de la CUT.

Y eso hace más irritante la pendiente igualdad de las mujeres en un escenario en que la sociedad ya ha aprendido que las desigualdades de género están asociadas al temor de las elites a perder el poder.

Los retos de poder pendientes para las mujeres.

Un reciente estudio de la investigadora Ana Cárdenas (ICSO, Universidad Diego Portales), con base en el análisis de más de 5 mil puestos de trabajo mostró que todavía en Chile existe una feroz desigualdad de participación femenina en todas las esferas de poder: el 80% está ocupado por hombres y sólo el 20% por mujeres.

Pero ese es el promedio. Indagando más a fondo en esas cifras, el estudio demuestra que cuanto más alto el cargo de poder, menor es la presencia femenina. Y que ello es más acentuado en el sector privado que en el ámbito público.

En los cargos de elección popular la presencia femenina desciende notoriamente respecto de los cargos políticos del ejecutivo: 12.5% alcaldesas, 13.3% mujeres diputadas y 13% senadoras.

En el mundo sindical, las mujeres representan el 20% de la presidencia de sindicatos y el 28.3% de los directorios sindicales, así como el 5.6% de la presidencia de gremios y el 35% de colegios profesionales.

El 21.9% de directores de servicios públicos de salud son mujeres y 13% en la salud privada. Sólo un 5.1% de las rectorías universitarias están en manos de mujeres, subiendo al 25.6% en los Institutos Profesionales.

En el ámbito empresarial no existen mujeres presidiendo directorios, sólo el 1.2% ejerce cargos de gerente general y 3% son miembros de directorios.

Estudios comparados demuestran que los países que logran una más equitativa participación femenina en el poder económico tienen mecanismos de acción afirmativa para acceder a directorios de empresas y altos cargos ejecutivos. De la misma manera, son los países con leyes de cuota en la política los que logran mayor democracia paritaria, cuotas cuya efectividad aumenta cuando se practican en países con sistemas electorales proporcionales.

Mientras no se legisle por un cambio en el sistema electoral binominal cualquier iniciativa de cuotas será insuficiente para cambiar las reglas de representación de género en el poder legislativo. Y mientras no se establezcan mecanismos de acción afirmativa en todos los espacios de poder, el rezago de participación femenina se mantendrá. Iniciativas que este gobierno no contempla y menos la derecha conservadora para un próximo gobierno.

Más allá de lamentar que connotados expertos hayan sido ignorados para integrar la Comisión, su creación es valorable, pues se hace cargo de la falta de sintonía entre la actual forma de medición, la realidad social y, sobre todo, la percepción que la propia ciudadanía tiene respecto de ella.

Esta Comisión tiene una gran oportunidad si es capaz de asumir en toda su complejidad qué medir y para qué propósitos.

Si sólo se tratara de actualizar la línea de pobreza vigente, se estaría avalando que la única forma de medirla es en términos absolutos, es decir, definiendo la condición de pobreza como insatisfacción de un conjunto determinado de necesidades básicas. Y aún si tales necesidades básicas pueden variar en el tiempo de acuerdo a los cambios progresivos en los patrones de consumo, esta definición de pobreza remite a una noción absoluta que sólo está referida a sí misma, al margen de lo que acontezca con el resto de la sociedad.

En términos prácticos y desde el punto de vista de las políticas públicas, esta definición y medición absoluta de la pobreza sirve para orientar decisiones sobre transferencias monetarias y de bienes que es necesario realizar para que las familias alcancen niveles de satisfacción en sus necesidades básicas. Dicho de otra forma, para que puedan dignamente subsistir de acuerdo a los patrones culturales existentes.

Actualizar la línea de pobreza con tal definición puede ser un instrumento útil para precisar cuál es el ingreso familiar que deben tener las familias para satisfacer sus necesidades básicas.

De modo que, la consecuencia esperable de una actualización de la línea de pobreza absoluta es a su vez, la actualización de los montos en los subsidios que las familias reciben, pues al ser más exigente la canasta de bienes básicos, las familias habrán de requerir mayores ingresos monetarios. En la medida que los empleos precarios a los que acceden estos sectores más vulnerables de la sociedad no aseguran para nada los ingresos básicos requeridos, ello demanda que el Estado sea responsable de transferir subsidios monetarios en un monto que refleje la cobertura de las reales necesidades básicas en la actualidad.

Si bien esta forma de medición es útil para orientar a los gobiernos en sus decisiones de a quiénes apoyar con transferencias monetarias y cuáles sus montos, desde el punto de vista de la orientación y decisiones de políticas públicas su utilidad termina allí.

Esta apreciación ha estado presente en las propuestas que muchos expertos en nuestro país han realizado para formular una medición basada en la multidimensionalidad de la pobreza, medición que ya ha sido probada en otros países. Sin ser excluyente de la anterior forma de medida, ésta entrega mayor riqueza de información y recoge la realidad de la pobreza en toda su complejidad.

Cuánta y qué calidad de educación y salud, cuáles condiciones de habitabilidad y calidad de los barrios o territorios, participación social, acceso a la justicia, a la cultura y a la recreación son entre otros indicadores, los que se pueden incluir en las mediciones multidimensionales de la pobreza y que permiten evaluar de manera integral la realidad social de la población.

Con esta opción de medición podemos identificar las distintas expresiones que adquiere la pobreza en nuestra sociedad: sin duda, aquélla que se refiere a los ingresos, pero también a la educación y a la atención de salud que se recibe; al tipo y calidad de vivienda en la que se vive, así como de los territorios que se habitan; sobre cuánto o no se participa de las decisiones que, directa o indirectamente, afectan los proyectos de vida de las personas; sobre la posibilidad de contar con el respaldo de la justicia, con ser parte del desarrollo cultural y gozar de oportunidades recreativas.

En el transfondo de esta medición está la noción de que los pobres son sujetos de derechos y la comprensión de que tales derechos no se restringen a determinadas necesidades básicas, sino que evolucionan en cantidad y calidad a medida que las sociedades avanzan. Con esta forma de medición, la pobreza no sólo es concebida como carencia (asociada al tener), sino como potencial de desarrollo de capacidades y oportunidades (asociadas al ser).

De modo que, la medición multidimensional de la pobreza, no sólo es capaz de recoger la complejidad de ésta y sus múltiples dimensiones, sino que permite orientar y darle sentido a las políticas sociales del país. Gracias a este instrumento multidimensional se pueden mejorar políticas sociales fundadas en derechos y extender como corresponde la protección social hacia todos los ámbitos de la vida social y a lo largo del ciclo vital de las personas.

Es con esta medición que de mejor manera podemos evaluar cómo incidir en la pobreza de niños y niñas, de mujeres, de pueblos indígenas, de adultos mayores, de trabajadores, poniéndole rostro humano a la pobreza.

Sin embargo, no sólo las mediciones de pobreza absoluta o multidimensional son suficientes para dar cuenta de la actual realidad social en que, como bien sabemos, imperan profundas desigualdades. Es más, los recientes datos de la CASEN logran evidenciar la creciente relación que existe entre pobreza y desigualdad.

A medida que los países van progresando se torna una exigencia evaluar cómo llegan esos avances a los distintos sectores de la sociedad. Tal como nos lo muestra el último informe de Desarrollo Humano realizado en Chile por el PNUD, la población reconoce que ha aumentado el bienestar, pero asimismo, tiene un malestar subjetivo. Y ello no es sino el resultado de una percepción de desigual distribución del progreso.

La manera de dar cuenta de esta realidad es con mediciones relativas de pobreza. No basta saber cuál es el ingreso básico requerido para estar en condiciones de subsistencia, o cuantos y qué tipo de derechos son los adecuados, sino cómo participan los distintos sectores de la población en el total de la riqueza producida en el país y en las capacidades y oportunidades que tal riqueza permite desplegar.

En tal sentido, la pobreza no es una condición absoluta -definida por uno o varios indicadores-, sino una condición siempre relativa, referida a una posición de mayor desmedro respecto del resto de la sociedad.

En la medición de pobreza relativa, no sólo impera la noción de sujetos de derechos, sino aquélla en que tales derechos -que permiten el desarrollo de capacidades y oportunidades- deben estar universalmente garantizados, de modo que nadie pueda quedar excluido por razones adscriptivas, ya sea por su condición socioeconómica, por su sexo, edad, género u origen étnico, por mencionar las más frecuentes.

Esta medición es el mejor complemento de la medición multidimensional de la pobreza y permite intencionar aquellas políticas públicas que están orientadas a disminuir las desigualdades, es decir, políticas distributivas, laborales y de empleo.

La medición relativa de la pobreza se aplica en diversos países, precisamente en aquéllos que muestran los menores grados de desigualdad del mundo, cuestión que revela que esta forma de medición ha sido de gran utilidad para la toma de decisiones sobre políticas conducentes a mayores igualdades.

La OECD, entidad de la que Chile ha optado participar en los últimos años para ponerse una vara exigente como país, emplea una modalidad de medición de pobreza relativa que es reconocida y aceptada internacionalmente, que permite establecer comparaciones entre sociedades y, por lo mismo, establecer estándares para que los países avancen en desarrollo humano.

Como se desprende de los argumentos anteriores, no es irrelevante o neutral cómo medimos la pobreza y, en tales reflexiones y debates, debiera involucrarse la sociedad entera, asumiendo que un Consejo de expertos no puede tener otra misión que reflejar en sus propuestas técnicas aquello que le hace sentido a la ciudadanía.

Esperemos que el Consejo sea capaz de abrirse a este debate más complejo y que pueda proponerle al país la coexistencia de distintas mediciones de pobreza para así orientar al conjunto del quehacer del Estado y de la sociedad, con el fin de intencionar políticas más exigentes destinadas a la cohesión social.

El primer capítulo de esta controversia entre la CEPAL y el gobierno fue escrito a inicios de la administración de Sebastián Piñera, cuando le tocó presentar los resultados de la CASEN 2009, cuya encuesta en terreno se había realizado a finales del gobierno de su antecesora, Michelle Bachelet.

Por esas fechas, y atendido el fenómeno de la crisis económica mundial y su impacto en la carestía desmedida de los alimentos, CEPAL propuso a todos los países latinoamericanos ajustar la metodología de medición de la pobreza. Si bien todos los países aceptaron el ajuste metodológico, Chile fue el único que lo objetó y no aceptó la cifra entregada por CEPAL, pidiendo el ministro de entonces, Felipe Kast, que se recalculara la pobreza con la metodología anterior.

Por primera vez en más de dos décadas -desde que se iniciara la medición de pobreza con la CASEN- se rompía una tradición de colaboración CEPAL-Gobierno de Chile en que la primera era la responsable de la metodología y del cálculo de la pobreza. No sólo se quebraba por primera vez tal tradición, sino que las cifras oficiales de Chile ya no permitían su comparabilidad con el resto de los países de la región que sí habían ajustado la medición según los parámetros sugeridos por CEPAL.

Las razones esgrimidas por el ministro, vestidas de argumentos técnicos, escondían un propósito político: si se aplicaba la metodología ajustada de CEPAL los resultados mostraban que la pobreza en Chile, a pesar de la crisis, había disminuido en 2009 comparada con la medición anterior del 2006. Obviamente, con tal resultado el gobierno de Bachelet salía muy bien parado pues, no obstante los impactos de la crisis, su política de protección social había logrado contener el empobrecimiento de la población.

Recordemos el anuncio oficial de los datos de CASEN entonces, a los pocos meses de asumir el presidente Piñera la jefatura del gobierno en que, con una cifra del 15.1% de pobreza, responsabilizó al gobierno de Bachelet de ineficaces políticas sociales. Hasta los propios expertos de la derecha pidieron mesura en esas afirmaciones, recordándole al gobierno que el mundo había vivido una de las más severas crisis económicas de las que haya recuerdo, que los precios de los alimentos se habían disparado y que, además, se había producido pérdida de empleos e ingresos.

Meses después de las destempladas declaraciones del gobierno, la CEPAL publicó su Panorama Social 2010 con la situación de la pobreza en América Latina. Con su metodología que permitía la comparabilidad entre todos los países de la región, Chile aparecía con un 11.5% de pobreza.A diferencia de los resultados oficiales y basándose en los mismos datos de la encuesta CASEN, la CEPAL demostraba que en nuestro país existía una tendencia a la reducción sostenida de la pobreza desde 1990 y que en el gobierno de Bachelet había continuado exitosamente tal tendencia.

Y esos datos de CEPAL pasaron en el mayor de los silencios, sin que nadie reparara que, lejos de lo que los datos oficiales sostenían, la pobreza había logrado disminuir también en el gobierno de Bachelet.

Y probablemente todo habría seguido en penumbras de no abrirse un nuevo capítulo en la controversia CEPAL-Gobierno de Chile, esta vez con la CASEN 2011 y que es la primera medición que evalúa el desempeño del gobierno de Piñera en materia de pobreza.

Controversia que ha tenido una amplia publicidad y que hoy recordamos a propósito de que acaba de aparecer el nuevo Panorama Social de América Latina 2012, con las cifras de pobreza actualizadas para todos los países.

Al igual que en su momento Felipe Kast, el actual ministro Joaquín Lavín cuestionó la cifra de pobreza entregada por CEPAL. En esta ocasión, la CEPAL respetó la decisión del gobierno de Chile de seguir empleando la metodología no ajustada de medición de la pobreza, pero le objetó la inclusión de una nueva pregunta en la encuesta CASEN que en el pasado no existía y, que de ser incorporada, no permitiría comparar los resultados 2011 con los anteriores.

Sin la inclusión de esa pregunta, la CEPAL estimó la pobreza en 15% y el ministro, no contento con esa cifra, le insistió incluir la nueva pregunta y recalcular la pobreza que, con esa modificación, resultó ser del 14.4%.

Con dicho resultado en la mano, el gobierno organizo a mediados del 2012 una mediática presentación de los resultados, destacando con gran entusiasmo lo que en su opinión era una significativa reducción de la pobreza en sus primeros dos años de gestión, revirtiendo el supuesto mal desempeño del gobierno anterior.

En esta ocasión ya no fue necesario apelar a una discutible metodología en la medición de la pobreza para poner en duda los resultados oficiales, sino simplemente recordarle a las autoridades responsables que no habían dado a conocer la ficha técnica de la encuesta CASEN, de modo de evaluar el real significado los resultados publicados.

En efecto, obligados a entregar la omitida ficha técnica, se pudo apreciar que la reducción de 7 décimas en la pobreza entre 2009 y 2011 no era estadísticamente significativa, pues caía en el margen de error de la muestra.

Una vez más, la aparente controversia técnica entre CEPAL y Gobierno de Chile tenía de trasfondo una intencionalidad política que, en esta ocasión, y a diferencia de la anterior, fue enjuiciada por la opinión pública y evaluada críticamente por expertos de todas las tendencias políticas, como se ha evidenciado en tres seminarios organizados por el CEP, un think tank independiente de reconocida orientación centroderecha.

A diferencia de lo que exhiben las cifras oficiales publicadas por el ministerio de Desarrollo Social, las cifras de CEPAL muestran que en Chile ha habido una progresiva disminución de la pobreza desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta el término del gobierno de la presidenta Bachelet en 2009, sufriendo la pobreza un estancamiento en este gobierno. Y ese debería ser el real debate: cómo es posible que ello ocurra en un país que está creciendo y generando empleo.

La aparente controversia técnica que ha puesto término a una larga y provechosa colaboración entre el organismo de Naciones Unidas y el Gobierno de Chile, no sólo ha intentado ocultar la intencionalidad política que está al origen de tal controversia, no sólo ha dañado la credibilidad de instrumentos e instituciones responsables de la tarea de enfrentar la pobreza, sino que además impide discutir lo que realmente importa, trasladando el costo de tales manipulaciones, precisamente, en los pobres de nuestro país.

En los resultados que se dieron a conocer hoy y recurriendo a una vergonzosa presentación engañosa de datos agregados, el Presidente Piñera afirmó  que la pobreza se había reducido. Pocas horas después el examen desagregado de las cifras muestra otra realidad:por una parte un  leve aumento de la pobreza no indigente y por otra,una leve reducción de la extrema pobreza entre 2009 y 2011.

Es así que, en el caso de la pobreza, ésta aumenta  en 0,2% (del 11,4%  al 11,6%) y, en el caso de la indigencia, se reduce en 0.9% (del 3.7% al 2.8%).

Esta situación de estancamiento en nuestros niveles de pobreza habla de una trayectoria muy modesta, no obstante que reducir la pobreza y derrotar la indigencia son la prioridad que este gobierno ha anunciado desde que asumiera.

Anticipándose a estos previsibles resultados, el gobierno argumentaba en el mes de mayo que el alza de los precios de los alimentos una vez más encarecería la canasta básica de los hogares, afectando de manera especial a los más pobres.

Curioso -por decir lo menos- que ahora el gobierno argumente en una dirección que fue totalmente ignorada en la medición anterior de la CASEN 2009, cuando el propio presidente Piñera atribuyera el alza de la pobreza de entonces a una responsabilidad del gobierno anterior, ignorando el más alto precio de los alimentos de esa época, en plena crisis financiera mundial.

Pero la situación del 2011 (cuando se aplica la última CASEN), nada tiene que ver con la del 2009. Si bien en 2011 hubo alza en los precio de los alimentos, ésta fue considerablemente menor que la experimentada en 2009 y, además, los precios se habían estabilizado cuando se estaba aplicando la encuesta CASEN en terreno a finales del año pasado.

A lo anterior, hay que agregar que, en el período que se efectuaba el trabajo de campo de la encuesta CASEN 2011, el gobierno hacía pública su satisfacción por el crecimiento económico del país y por la creación sostenida de empleos.

A diferencia de cuando se aplicó la CASEN 2009, en que junto con el desmedido precio de los alimentos, Chile vivió los impactos de la crisis en su bajo crecimiento económico y mayor desempleo, en esta ocasión nada de eso estuvo presente. Y, a pesar de los mejores indicadores económicos y de empleo, la pobreza se resiste a decrecer.

En esta ocasión se puede decir, con toda propiedad, que es evidente que el crecimiento y el empleo no llegan a los más pobres, y que los empleos que logran llegar a estos hogares son de tan baja calidad que sólo aportan remuneraciones de pobre.

Los resultados de la actual CASEN 2011 ponen en cuestión el tipo de políticas vigentes y que el gobierno defiende cómo virtuosas.

En primer lugar, el apego de este gobierno a una focalización que deja afuera a los segmentos no pobres, pero vulnerables, y que los mantiene con la continua amenaza de empobrecer ante vaivenes de una economía que no controlan.

Es cosa de analizar el anunciado ingreso ético familiar, que no es otra cosa que un conjunto de subsidios para los hogares de extrema pobreza y que, en definitiva, significa que el Estado chileno va a aumentar los subsidios desde el 0.11% del PIB al 0.28% del PIB.Estos recursos son los más bajos -sólo después de Perú- de América Latina que, en promedio, destina 0.40% del PIB en subsidios.

En segundo lugar, el encantamiento del gobierno con el PIB como medida de progreso en Chile (que es equivalente, en versión edulcorada, a la tesis del chorreo), en circunstancias que está en cuestionamiento en casi todo el planeta y por los más importantes economistas mundiales la utilidad del PIB como indicador de progreso, especialmente después del aprendizaje que deja la crisis de los países desarrollados.

Y, en tercer lugar, la convicción gubernamental de que es la cantidad de empleos que se crean lo que importa, en desmedro de su calidad.

La ausencia de todo esfuerzo de este gobierno por una agenda de trabajo decente -materia que estuvo escondida en la reciente discusión del salario mínimo- elude aquello que realmente le puede cambiar la vida a los hogares de este país, en que tan importante como acceder a un trabajo formal, es contar con ingresos decentes del trabajo.

Si bien muy ceremonioso, no dejó de sorprenderme este estilo de invitarse a mi casa, pero respondí de inmediato que estaba encantada. Convinimos que las nueve de la noche era una hora prudente, para tener tiempo de acostar a los niños que todavía estaban muy chicos.

Me esmeré en la preparación de la comida con sabores chilenos, en un intento por agasajar a los invitados con alguna novedad y, a pesar de lo difícil de encontrar por ese entonces, logré incluso un buen vino chileno en la mesa.

Pasadas las diez de la noche, con la comida recalentada varias veces, lo llamé para saber qué pasaba.

- Cómo qué nos pasa, me reclamó mi jefe, hace más de una hora que los espero a cenar.

- Pero jefe, exclamé, si yo los estoy esperando desde la nueve de la noche con la comida lista.

Esa noche, no llegué a conocer el pozole que por primera vez probaríamos en México, ni mis anfitriones saborearon mi intento de curanto en olla, porque recién entonces entendí que “su casa de usted”, no era la mía, sino la forma elegante que los mexicanos tienen para abrirle la casa a sus invitados.

Esa experiencia no fue la única, si bien la primera lección que recibí sobre las realidades que construyen las palabras.

Buscando departamento para vivir en ciudad de México, me enteré que la propaganda recurrente para anunciar viviendas era ofrecer habitaciones con “alta plusvalía”, como gancho seductor encabezando los avisos clasificados.

La banalización del término marxista “plusvalía” -usado en el mercado inmobiliario para las emergentes capas medias- terminó siendo mucho más eficaz para ningunear el pensamiento de Marx, que todos los esfuerzos de la dictadura por hacer desaparecer el pensamiento marxista en las llamas de la hoguera en que se consumieron tantos libros de su autoría.

Gracias a esos avisos clasificados logré arrendar un asoleado departamento que estaba en la avenida Patriotismo, casi esquina Revolución y a pocas cuadras de Obrero Mundial. Sin duda me atrajo el departamento, pero mucho más las heroicas coordenadas en donde estaba ubicado.

Lo que no preví es que, a fuerza de caminar por Patriotismo todas la mañanas y virar a la derecha en Revolución, para dejar a mis hijos en el colegio Reforma, esas palabras dejarían de evocarme su sentido original y pasaron a ser sólo referentes de la localización geográfica de mi vivienda y la escuela de mis niños.

Seguro que, al igual que conmigo, ocurría lo mismo para los millares de indígenas y mestizos que, gracias a la revolución cardenista, vivían, estudiaban y transitaban diariamente por esas calles.

Evocaciones todas que me surgen a propósito del debate sobre las palabras adecuadas para describir la historia política reciente en nuestro país, con el intento del Mineduc por cambiar el uso del término “dictadura” por el de “régimen o gobierno militar” para describir el período 1973 – 1990.

A diferencia de aquellos que sostienen que este cambio de palabras no puede esconder la realidad que intenta describir y que al margen de lo que sostengan los textos de historia la de Pinochet fue dictadura sin apelación, la experiencia parece indicar que las palabras terminan por construir -o, como en este caso, distorsionar- realidades.

No nos equivoquemos, no da igual. Las palabras importan.

Y ello ocurre con la responsabilidad directa del Consejo Nacional de Educación (CNED), entidad que, dada su expresa misión de cautelar y promover de manera prioritaria la calidad de la educación, debe decidir sobre las propuestas del ministerio de Educación referentes a las bases curriculares para la enseñanza parvularia, básica, media y superior.

Si ya es sorprendente que un miembro del CNED, Alejandro Goic, admita arrepentido que no advirtió que dicha instancia había aprobado modificar el término “dictadura” por “régimen militar” en los programas de historia de 1° a 6° básico, inexcusables son las expresiones de otra consejera, Elizabeth Lira.

Aun cuando ambos incurren en falta, sea porque advertida o inadvertidamente participaron de una decisión que atenta contra la calidad curricular que están mandatados para proteger, en el caso particular de la consejera Lira se agregan agravantes.

A diferencia de Goic, que en un esfuerzo por reparar su error, declara que en su opinión el término adecuado es “dictadura”, la consejera Lira justifica la decisión adoptada por el CNED de la peor manera posible, como veremos a continuación.

Requerida por los medios de comunicación por tan controvertida decisión, parte por  afirmar que tal modificación no la encuentra relevante. A continuación señala -como si en vez de ser parte de la decisión adoptada fuera comentarista o analista externa- que no la sorprende que en el gobierno exista la intención de promover visiones que corresponden a partidarios de Pinochet. Y culmina sentenciando, textualmente, “me parece que eso es completamente legítimo”.

Aunque el consejero Goic admita que a pesar de no compartir la modificación, ésta se produjo con su anuencia involuntaria, ello no lo exime de responsabilidades. Ni a él, ni a ninguno de los consejeros que, advertidos o inadvertidos, concurrieron a tal cambio en los programas de historia para los educandos de nuestro país.

Todos ellos son responsables de lo que aprenderán nuestros estudiantes.Más grave todavía en quienes concurrieron a una decisión sin darse cuenta, comprometiendo gravemente sus funciones por abandono u omisión.

“No sabíamos“, “no nos dimos cuenta“, fue la defensa que argumentaron varios de los que hoy están siendo inculpados por el caso de La Polar.

Bien sabe Elizabeth Lira, de quien hay que reconocer una impecable y comprometida trayectoria hasta este lamentable episodio, cómo se ampararon tantos en la historia contemporánea de violaciones humanas, con el consabido “yo no sabía” o “no me di cuenta”.

La modificación del término “dictadura militar” por “régimen militar” no es un mero cambio de palabras, como bien lo podría fundamentar un historiador o un cientista político.

Dicho cambio es una reinterpretación de la historia del país, tal como lo admite en sus explicaciones la propia consejera Lira, cuando declara que no la sorprende que el cambio responda a una “intencionalidad de mostrar la historia de esa forma, con formas de decir que identifican a quienes promueven esa visión de las cosas”.

Reinterpretación que se produce más de dos décadas después del fin de la dictadura en Chile y cuando no se justifica su revisión, cualquiera sea el signo político del gobierno democrático de turno.

Todos los consejeros nacionales del CNED, incluidos Goic y Lira, son responsables de la tergiversación histórica que deberán aprender nuestros estudiantes. Y ello amerita una seria discusión por parte de nuestra sociedad y parlamentarios, pues el CNED -que integran pluralmente las distintas orientaciones valóricas y políticas del país- es responsable de la calidad curricular de nuestro sistema educativo.

Si la consejera Lira, según sus expresas palabras, estima que la modificación aprobada es legítima entonces entramos a un debate de opciones ideológicas o políticas. Pero si, además, agrega que dicha modificación no es relevante, entonces el problema es de ignorancia.

Grave es que la decisiones que se adopten en la entidad pública responsable de velar por la calidad educacional y los contenidos curriculares, se asienten en la ignorancia.

Y no soy yo quien lo afirma. El historiador Alfredo Jocelyn-Holt, de reconocido mérito académico, trayectoria democrática y declarada orientación política de derecha, ha escrito una reciente columna para abordar las tentaciones de los gobiernos de imponer sus visiones históricas. Y, en este caso particular, destina su reflexión a sostener que no es inocuo usar indistintamente los términos “dictadura militar”, “régimen militar” o “gobierno militar“.

Tras una disquisición sobre el significado del término “pronunciamiento militar” y la diferencia con el uso del término “golpe militar“ para el caso chileno, el columnista concluye -citando a Ortega y Gasset- que los golpes militares dan origen a dictaduras.

Capaz que sin saberlo todavía nosotros, los consejeros del CNED también hayan decidido precisar que el término correcto en nuestros programas de historia ya no sea “golpe militar” y hayan decidido adoptar de nuevo el término favorito que se usó en plena dictadura, “pronunciamiento militar“.

Claro, no habiendo golpe, tampoco hay dictadura.En cuyo caso, ni siquiera Ortega y Gasset podrá salvar la enseñanza de la historia en Chile.

Para hacer memoria, la apelación a un Ingreso Ético (así bautizado por el obispo Goic) surgió en 2007 a partir de las movilizaciones de los trabajadores subcontratados y se refería a un ingreso decente del trabajo, en el contexto de la precarización del empleo y de los bajos salarios que le son propios.

Aclaremos de entrada que este proyecto de ley nada tiene que ver con aquello. Bajo el nombre de fantasía o de la marca “Ingreso Ético Familiar“, esta iniciativa del gobierno de Piñera no es otra cosa que una propuesta de diversos subsidios monetarios destinados a los hogares más pobres.

Siendo digno de destacar que un país que está creciendo se plantee aumentar los subsidios a los que menos tienen, la denominación de este proyecto induce a equívocos, puesto que su propuesta se reduce a abordar instrumentos que ya tienen recorrido en Chile, es decir, transferencias monetarias directas para los hogares más vulnerables, pero ninguna referencia a los ingresos del trabajo.

Una vez más, políticas sociales compensatorias que deben hacerse cargo de las desigualdades del mercado laboral. Pero, en este caso específico, sólo de los más desiguales de los desiguales, lo más pobres, omitiendo a amplios sectores medios que también están desprotegidos.

Si bien el mensaje presidencial que acompaña el proyecto, de manera desproporcionada define al Ingreso Ético Familiar como un“concepto innovador y revolucionario“, la verdad es que el juego de palabras es lo único novedoso en la iniciativa.

Por el contrario, su fundamentación y eventual implementación pueden ser una penosa regresión a modalidades de política social, no sólo superadas en Chile, sino en buena parte del planeta.

Es cosa de leer la propuesta que entregó el ministro Lavín a la Cámara de Diputados. En el mensaje presidencial del proyecto sobre Ingreso Ético Familiar, al igual que en su momento lo fuera el proyecto que creó el Ministerio de Desarrollo Social, el gran ausente son los derechos.

Haciendo abstracción de que en el país ya se ha legislado por políticas sociales con derechos garantizados (tal como el Auge para la salud, los derechos de la infancia en Chile Crece Contigo y los derechos de los adultos mayores con la pensión básica solidaria), este nuevo proyecto sobre Ingreso Ético familiar no garantiza nada a nadie.

Y no sólo porque en ninguna parte del texto legislativo aparece el concepto de derechos -y menos aún garantizados- sino porque todos los aspectos relevantes sobre la materialización de los subsidios quedan fuera de la ley y se dejan librados a reglamentos cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Desarrollo Social, en acuerdo con el ministerio de Hacienda.

Adicionalmente a lo anterior, todos los años deberá pelearse en la ley de presupuesto un financiamiento para dichos subsidios, al no estipularse obligatoriedad alguna.

Es decir, el actual gobierno ha presentado un proyecto de ley que formula ideas generales y que no contempla dejar precisiones respecto a quienes son y como acceden los destinatarios a los subsidios, cómo se los identifica, cuáles son las coberturas, los montos reales a ser entregados a las familias, ni su progresión financiera en el tiempo.

En suma, la deliberada omisión de los derechos como fundamento de este proyecto, no sólo expresa la visión de la derecha gobernante sobre el tipo de sociedad que desea construir, sino que tiene, además, severas consecuencias normativas y financieras que son un retroceso respecto de avances conquistados.

Lo anterior se expresa concretamente a lo largo del articulado del proyecto de ley, en el que se identifican tres tipos de subsidios distintos según destinatarios y requisitos.

1) El primero de ellos, denominado subsidio de dignidad, es una transferencia monetaria para los hogares de extrema pobreza por el solo hecho de serlo. Es decir, sin ninguna condicionalidad pueden recibirlo familias indigentes o en pobreza extrema, en tanto ingresan voluntariamente a un programa.

Salvo la denominación nueva, este subsidio es comparable al Bono Chile Solidario que desde hace varios años han estado recibiendo las familias que quedan seleccionadas anualmente en dicho programa. Eso sí, hay que decirlo, este nuevo subsidio es de mayor valor que el Bono Chile Solidario.

Cabe preguntarse, entonces, por qué derechamente no se hizo una reforma a la ley del Chile Solidario para aumentar el valor del subsidio que se le entrega a las familias. Y la respuesta es evidente, porque por la vía de empezar con un nuevo subsidio, este gobierno iniciará progresivamente la desaparición del Chile Solidario y creará, con otro nombre de fantasía, un nuevo programa que será muy similar al anterior.

De haber existido voluntad política, este proyecto pudo haber hecho una verdadera innovación y no pirotecnia. Se pudo haber legislado una transferencia universal a todas las familias en extrema pobreza, en cualquier momento de sus vidas y mientras tengan dicha condición: haber procedido con los más desaventajados de nuestra sociedad como se hizo con la Pensión Básica Solidaria.

Con nuestro actual nivel de ingreso per cápita estamos en condiciones de transitar de programas selectivos hacia la extrema pobreza, como el Chile Solidario, a transferencias automáticas y universales a todos los hogares de mayor pobreza, garantizando así que ninguna familia en Chile esté por debajo de un ingreso básico de subsistencia, o ingreso básico solidario.

2) Un segundo tipo de subsidio propuesto en este proyecto, lo constituye otra transferencia monetaria -también destinada a los extremadamente pobres- pero esta vez condicionada al cumplimiento de algunos deberes de las familias.

Desconociendo que el recorrido en el país desde hace más de dos décadas ha permitido masificar accesos a prestaciones sociales, se anuncia como gran novedad proporcionarle a las familias más pobres subsidios asociados al cumplimiento de algunas condiciones, especialmente de asistencia escolar de los hijos y de controles en el sistema de salud.

La experiencia internacional comparada demuestra que el condicionamiento de subsidios ha sido exitoso en países que nada tienen que ver con nuestra realidad actual: países que al implementar un subsidio a las familias por la asistencia escolar de los hijos y sus controles de salud, han forzado a los gobiernos a realizar inversiones públicas y ampliar políticas sociales para atender a quienes quedaban fuera de las prestaciones educacionales y sanitarias.

Claramente, no es el caso chileno. Nuestro nivel de deserción escolar es cercano a los estándares de los países más desarrollados, así como los indicadores de salud materno- infantil son equivalentes a los mejores del mundo.

El problema, como ha sido visibilizado con las movilizaciones del 2011, está en la calidad de los servicios a los que acceden los más pobres. De modo que, más que ponerle condicionamientos a las familias, el ejecutivo debería generar condicionamientos al sector público y dotarse de recursos para asegurar calidades comparables de educación y salud a todos los chilenos, al margen de sus niveles socioeconómicos.

Cuando las familias más modestas vean que, en efecto, hay un horizonte de oportunidades de calidades comparables, entonces harán todo lo que esté a su alcance para que sus hijos se eduquen, sin requerir para ello de un modesto subsidio que no les ofrece esperanzas de futuro.

3) Y, finalmente, el proyecto contiene un tercer tipo de subsidio que los más pobres deben ganárselo con sus esfuerzos: una suerte de “premio” al logro. De todos los mencionados, este es el que más reparos levanta.

Con el supuesto de que los logros son el resultado del esfuerzo, el proyecto propone subsidios de “premio” a las familias pobres cuyos hijos obtengan los mejores rendimientos escolares. Y este supuesto tiene dos implicancias.

Por una parte, desconoce que existen capacidades desiguales y que los resultados de los esfuerzos que los niños puedan realizar están supeditados a la dotación de capacidades que no han elegido. Ello supone una evidente discriminación de origen entre los más y los menos dotados.

Pero, aún si desconsideráramos tal argumento, lo cierto es que con este proyecto se sanciona la desigualdad social chilena y se normaliza, por la vía de una ley, la distinción entre ciudadanos de primera y de segunda. Porque, ¿existe acaso un bono para trabajadores de mayores ingresos condicionado al rendimiento escolar de sus hijos?

Exigencias que no existen para los profesionales bien remunerados o para altos ejecutivos de empresas públicas y privadas, este proyecto de ley las propone para los trabajadores peor remunerados y para los hogares más pobres.

Sin hablar del mensaje valórico que se transmite y de lo que inculcamos a nuestros niños más pobres a lo largo de su proceso de escolarización.

Por un momento imaginemos a un cansado papá que llega tarde a su casa e interpela a sus hijos: A ver Pablito y Rosita ¿cómo andamos?, miren que este mes estoy jodido, no vaya ser que no me toque el bono en dinero porque los perlas me bajaron las notas.

Razonable es comenzar a constituir equipos técnicos para abordar el análisis de esta compleja materia fiscal, pero desde ahora el debate debe ser político.

Se trata de convenir sobre cuáles deben ser los fundamentos, criterios orientadores y prioridades de una reforma tributaria coherente con un proyecto político de inclusión social.

Recién entonces habrá lugar para que participen los equipos técnicos capaces de formular las medidas concretas que materializan dichas concepciones.

Todos los estudios, nacionales e internacionales, muestran que el sistema tributario chileno se caracteriza: en primer lugar, por una baja carga tributaria; en segundo término, por una estructura tributaria regresiva; y, en tercer lugar, por una evasión y elusión que, siendo de las más bajas de la región, todavía deben ser combatidas.

Veamos el primer aspecto, el relativo a la carga tributaria.

La evidencia disponible revela que Chile tiene una baja carga tributaria, no sólo en relación a cuánto tributan países con equivalentes ingresos per cápita, sino en cuanto al potencial de tributación que nuestro nivel de desarrollo permite. Basada en datos de nuestra economía, CEPAL estima que Chile tiene un potencial de incremento de su carga tributaria de 3 puntos del producto interno bruto.

¿Y por qué importa elevar la carga tributaria? La sociedad chilena ha avanzado en conciencia y exigencia de derechos. Y los derechos no son estáticos, sino que progresivos a medida que las sociedades se desarrollan.

A esta realidad no es posible responder sin recursos fiscales garantizados de manera permanente y cuya progresión asegure que los derechos sean efectivamente ejercidos a lo largo del tiempo.

Veamos el segundo aspecto, el referido a la estructura tributaria.

Hasta el propio presidente Piñera señaló hace un par de días que se requiere una tributación más equitativa. Ello, porque todos los análisis indican que la nuestra es una estructura tributaria regresiva.

La mayor proporción de nuestros ingresos fiscales proviene de impuestos indirectos (especialmente el IVA) y que termina por pesar más sobre los hombros de quienes menos tienen. En menor proporción los ingresos fiscales provienen de impuestos directos asociados a las rentas de las personas y empresas.

Además, la vigencia de diversas exenciones que se han legalizado por presiones corporativas de grupos de interés en diversos momentos, limitan que el Estado pueda recaudar impuestos de sectores con altos ingresos.

Es decir, tenemos una composición tributaria que termina siendo generosa con los que más tienen y muy exigente con los sectores de menores ingresos del país.

¿Y por qué importa revisar la actual estructura tributaria? Si con la recaudación tributaria el Estado es el responsable de promover mayores oportunidades y justicia social a través de políticas sociales redistributivas, resulta paradójico que transfiera subsidios, prestaciones y bienes sociales con los impuestos que pagan, mayormente, los sectores menos acomodados del país.

El impacto distributivo que tiene nuestro gasto social es un esfuerzo destacable y encomiable del Estado chileno, pero tiene un límite, pues se basa en una recaudación fiscal regresiva que sólo mitiga parcialmente la brecha de ingresos en el país.

Si se mide la distribución del ingreso en gran parte de los países europeos resulta que la brecha distributiva disminuye a la mitad después del pago de impuestos. En Chile, en cambio, tal brecha de ingresos se mantiene casi igual, medida antes y después del pago de impuestos.

Y la explicación está que en Europa, a diferencia nuestra, la mayor recaudación fiscal proviene de los impuestos a la renta de personas y empresas, siendo menor la proporción de impuestos indirectos.

Finalmente, veamos los problema de evasión y elusión tributarias.

Todo lo que puede avanzar un país con una mayor carga tributaria y con una mejor composición de ésta, se pierde si los ciudadanos dejan de pagar sus impuestos, sea directamente por evasión, o bien eludiendo el pago de sus obligaciones tributarias por distintos mecanismos.

Comparado con los restantes países de América Latina, nuestros niveles de evasión y elusión son bajos, pero siguen siendo una importante fuente de pérdida de ingresos fiscales por parte del Estado.

¿Y por qué importa mejorar los niveles de recaudación tributaria? No sólo por la razón obvia de que ello implica disponer de los recursos que el Estado requiere para cumplir su indelegable e insustituible responsabilidad social, sino porque una sociedad fundada en derechos requiere que las responsabilidades no se evadan, ni eludan.

Por cada peso que un ciudadano de altos recursos deja de pagar al fisco, habrá otro ciudadano de bajos ingresos que dejará de tener posibilidades de insertarse socialmente con las mismas posibilidades que aquel que defrauda al fisco e incumple sus compromisos.

No hay trabajador que cobre por planilla que pueda evadir sus responsabilidades tributarias como lo puede hacer, con ayuda de hábiles expertos tributaristas, su empleador.

En suma, el sistema tributario chileno recoge en sí mismo la desigualdad de derechos y deberes ciudadanos. Eso sólo basta para fundamentar su reforma, más allá del necesario debate de montos y medidas apropiadas.