Nuestra legislación señala que en el caso de Ministros e Intendentes que deseen ser candidatos a parlamentarios, estos deberán dejar su cargos al menos un año antes de la fecha de la elección en la cual se postularán. Así lo hicieron correctamente la totalidad de los Ministros que deseaban ser candidatos.

Este requisito se fundamenta en cuestiones de sentido común. Ambos cargos, Ministros e Intendentes son, después del Presidente, los de mayor importancia en el poder ejecutivo, ambos diseñan y ejecutan políticas públicas, manejan recursos, contratan equipos humanos y servicios, tienen cobertura mediática, etc. etc. Se intenta entonces, evitar el eventual mal uso que alguna de estas autoridades pudiera dar a su cargo, con un tiempo prudente de antelación.

Entonces algún hábil abogado experto en derecho administrativo descubrió que cual impuesto, Cruz Coke podía eludir esta norma, por cuanto en estricto rigor jurídico, no era Ministro sino solo jefe de servicio. Esto le permitió estar casi 8 meses más que lo que la ley establece haciendo uso y abuso de todos los beneficios de ser Ministro, con publicidad pagada por todos los chilenos.

Ahora descubrimos que el Ministro no era Ministro. No importa que participara en todas las reuniones de Gabinete del Presidente, ni que apareciera en las fotos del 21 de mayo, ni que representara al país como Ministro en diversos foros internacionales, ni que todas las cartas, documentos, libros y resoluciones del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tengan como pie de firma “Ministro-Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes” o que dos proyectos de ley tengan su firma como Ministro, porque en estricto rigor jurídico el Ministro no era Ministro.

Según el Secretario General de Renovación Nacional en “El primer café” de Cooperativa, quienes han reclamado por esta situación solo quieren aprovechar una formalidad con una tinterillada, para evitar que el ahora ex jefe de servicio sea senador. Probablemente sea la misma lógica ética la que utilizan en otros aspectos de la política y la vida, si se puede aprovechar que la puerta esté entreabierta por qué no pasar.

¿Qué pasará si el Tribunal Constitucional y la Contraloría confirman como legal la postulación de Cruz Coke? Entre otras cosas, quien lo reemplazó en el-ahora no sabemos qué cargo- no podría participar en las reuniones de gabinete, representar a Chile como Ministro, ni tener actividades mediáticas como tal. Debería cambiar el pie de firma de todos sus documentos a “Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes” o “Jefe de Servicio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”.

Hay algo sin embargo más grave para todo el sector cultural y que será el peor daño que Cruz Coke habrá infringido a la cultura, aún peor que su mala gestión en el cargo. Con José Weinstein y Paulina Urrutia, nadie nunca discutió la potestad de sus cargos para instalar temas sectoriales en el Congreso Nacional, debatir sus presupuestos y diversas iniciativas legislativas en las respectivas comisiones y salas, cuestión que sólo los Ministros están facultados para realizar.

Si se confirma la postulación del ciudadano Cruz Coke, su sucesor Roberto Ampuero debiera estar también impedido de asistir al Congreso en calidad de Ministro y esto en medio de la discusión del proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Cultura.

¿Quién será entonces la contraparte para la discusión de este proyecto y del presupuesto de CNCA del próximo año? ¿La Ministra Schmidt o el Ministro Larroulet? Cincuenta años costó tener institucionalidad cultural y unos pocos meses y mucha ambición podrían destruirla. Si cabe la posibilidad, esta podría ser la peor actuación del otrora “actor”.

Más paradojal resulta que el ex, no sabemos qué, Cruz Coke represente al movimiento Evopoli, la nueva generación de la derecha chilena, aquella que viene a rescatar al país de las viejas y malas prácticas políticas. ¿Y cómo hace esto? usando un resquicio legal de la más baja estofa, después de haber hecho uso y abuso de recursos públicos para hacerse campaña.Que alguien nos libre de esta renovación.

Ahora bien, algo de todo esto es cierto. Efectivamente durante este gobierno no tuvimos Ministro de Cultura, no por la formalidad de su cargo, sino porque en la práctica, su gestión de 4 años fue para el olvido. Más allá de lo legal, esta debiera ser razón suficiente para inhabilitarlo como candidato.

O quizás todo esto es producto de un arranque de creatividad del Presidente quien en una noche de insomnio pensó: tomaré una nueva medida fundacional en mi gobierno, pero que al mismo tiempo sea un poema y una acción de arte, que demuestre mi compromiso por la cultura.

Tendremos el primer Ministro imaginario, que dirija un Ministerio imaginario y con una política cultural imaginaria. Parece que a alguien ya se le ocurrió algo parecido, pero no importa total ya se murió.

Su objetivo, “aportar a pensar en nuestro país. Identificar esas brechas y falencias a la luz de un objetivo técnico y político, y sobre todo presentar propuestas de reformas y cambios para un Chile Mejor”.

Su pretensión “enriquecer la discusión pública necesaria para impulsar las reformas que el país requiere para ser más desarrollado integralmente, socialmente más inclusivo, políticamente más estable y representativo, y con habitantes y comunidades más felices”.

La profunda reflexión del connotado grupo los llevó a generar esas 95 propuestas agrupadas en cuatro secciones: Sistema político, regiones y Estado; Desarrollo económico, mercados y medio ambiente; Desarrollo social y equidad y Delincuencia y drogas.

En su resumen inicial señalan la necesidad de asumir las complejidades y cambios de la sociedad actual, que además de sus progresos, “se muestra más exigente, expresa nuevas aspiraciones y revela retrasos, desigualdades, contradicciones y motivos para la perplejidad”. Entendemos entonces que las 4 secciones y 95 medidas representan aquellas urgencias que, al menos esta parte de nuestra elite, identifica como indispensables de intervenir por medio de reformas y políticas públicas.

No entraré al análisis de las propuestas que están contenidas en el documento, algunas de las cuales podría perfectamente suscribir, me preocupan más bien las propuestas y temas ausentes, en particular la cultura, término que no logramos encontrar en ninguna de las cuatro secciones, ni de las 95 medidas.

Solo logramos encontrar la palabra cultura al final de la introducción del libro, donde señalan algunas “importantes omisiones temáticas”, destacando el “conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche” y “políticas de promoción cultural”. Argumentan dicha ausencia en la “falta de conocimientos específicos del grupo para abordar materias especialmente complejas, y no a un desconocimiento de su importancia para el futuro del país”.

Efectivamente la denominación que dan a ambos temas confirma lo que declaran.Hablar de “conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche” y de “promoción cultural” es por cierto no entender mucho el desafío que tenemos como país respecto de la interculturalidad y de nuestros pueblos indígenas (no solo el mapuche) y tampoco de arte, políticas culturales y patrimonio.

Sin embargo, lo que parece ser un acto de humildad queda en duda cuando se constata la cantidad y diversidad de temas que sí son capaces de abordar, por cuanto el grupo compuesto por 9 economistas, 1 abogado, 1 sacerdote-ingeniero comercial-teólogo, 2 sociólogos y una ingeniera industrial, sí asume tener “conocimientos específicos” para generar 95 propuestas destinados nada menos que a: régimen de gobierno, partidos políticos, descentralización, modernización del estado, sistema previsional, políticas de inmigración, infraestructura, innovación y emprendimiento, energía, medio ambiento, libre competencia y consumidores, sistema tributario, participación ciudadana, transporte, educación, salud, pobreza, sistema laboral, vivienda, delincuencia y drogas.

Por cierto cuando sus propios “conocimientos específicos” eran insuficientes para el adecuado tratamiento de alguno de los temas que consideraron importantes, se aseguraron de complementarlos con el de alguno de sus 86 invitados, que clasificaron como autores de estudios de trasfondo, expertos consultados, invitados a exponer y ayudantes de estudios de trasfondo.

Lo que señalan en la introducción parece entonces no ser más que la excusa políticamente correcta para esconder la verdadera razón de la ausencia cultural de la publicación, que no es otra que la importancia y relación que tiene la elite tecnocrática de nuestro país con ella y que podemos identificar de las siguientes tres maneras.

La primera es que para esta elite existen urgencias mayores, por lo que los esfuerzos de políticas públicas deben orientarse a esas urgencias. Desarrollo artístico, cultura y patrimonio, pueden esperar, pues no son variables críticas para el desarrollo del país.

La segunda es que en opinión de esta elite, la cultura derechamente no es importante para “tener un mejor país” como titula la publicación. Es decir, no se requiere de más y mejor arte y cultura para tener un país “desarrollado integralmente, socialmente más inclusivo, políticamente más estable y representativo, y con habitantes y comunidades más felices”.

La tercera es que esta elite simplemente no sabe lo que pasa con el arte, la cultura y el patrimonio en Chile, porque vive en otro país. Vive en el país donde sus habitantes poseen capitales social y cultural importantes, donde la creación se puede desarrollar adecuadamente, con buenos circuitos de distribución y donde no existen barreras de acceso. El país del 5%.

Los habitantes de esta elite van frecuentemente al cine, al teatro, asisten a exposiciones y museos, manejan los lenguajes del arte y la cultura, sus hijos son bilingües y el precio de los libros no los afecta.

Y los pueblos indígenas son para esta elite, más un problema de seguridad pública que una realidad cultural.

Su título, “La Educación de la Primera Infancia en Chile: El desafío de una Política de Estado”. Abordaba desde diversas perspectivas, económica, neurobiológica y pedagógica, entre otras, la necesidad de contar con una política de estado y de largo plazo para la educación en los primeros años de vida, como única manera de generar no solo un desarrollo equitativo entre las personas, sino también del país en su conjunto.

Coincidió con esta publicación, un creciente interés por el tema, que se ha visto reflejado en anuncios presidenciales y la inclusión del tema en las propuestas de prácticamente todos los candidatos.

Por otra parte, a partir del retorno a la democracia, la creación artística nacional en sus diversas disciplinas se ha multiplicado en varias veces; por ejemplo, en el año 1990 se estrenaban una o dos películas chilenas al año, mientras en 2012 éstas llegaron a las 23.

Ello se repite en todas las disciplinas, teatro, música, artes visuales, etc. A excepción del último trienio, prácticamente sin excepción en los veinte años anteriores de democracia, los recursos públicos destinados a la creación aumentaron de manera importante.

Lo mismo sucedió con la infraestructura cultural primero a través de la DIBAM, que permitió ya hace 7 años, tener una biblioteca en casi todas las comunas del país; y el año 2007 al iniciar a través del CNCA un programa destinado a contar con al menos un centro cultural en cada comuna de más de 50 mil habitantes, programa que bien o mal, continuó este gobierno.

Se sumaron también durante el cuatrienio 2006-2010 los programas de acceso del Consejo de la Cultura destinados a asegurar la participación de las personas de los bienes artísticos y culturales.

Hace algunas semanas, importantes directores y actores han denunciado que deberán cerrar sus salas de teatro o parte de las actividades que realizan por falta de financiamiento o porque simplemente no tienen público.

Se estrenan películas chilenas exitosas en el extranjero y el público nacional, en casi todos los casos, no llega a 10 mil personas. Los canales de televisión argumentan la ausencia de programación de calidad, ni siquiera le llamaremos cultural, porque la gente no las ve y no tienen rating.

La publicación de CPU muestra cómo los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo de las personas. El desarrollo del lenguaje, ciertos gustos, las capacidades psicomotoras, el inicio de los procesos de socialización e individualización, se inician sí o sí en esos primeros años. Las capacidades cerebrales en muchas materias solo pueden ser desarrolladas de buena manera en esta etapa, después solo serán remediales.

Un buen ejemplo es la capacidad de aprender un segundo idioma. Según los expertos, su curva de aprendizaje se inicia cerca de los 2 años, llega a su punto más alto entre los 6 y 8, y luego decrece quedando en apenas el 10% a los 12 años. Entonces podremos aprender un segundo idioma, pero no de la manera en que lo hubiéramos hecho en la edad adecuada.

Conectemos los temas abordados por CPU y la cultura para llegar al punto. No podemos pretender un desarrollo de las artes y la producción cultural sin personas capaces de disfrutar de ellas. Esto requiere desarrollar el entendimiento de los lenguajes artísticos desde la primera infancia, cuando los seres humanos poseemos las capacidades para ello, en la juventud y adultez ya se vuelve solo remedial o de casos excepcionales.

Sin embargo, la formación de audiencias es la pata más coja de nuestra política cultural, en particular en los niños. Para ser exactos, no existe política de formación de audiencias. Así no podemos sorprendernos que las personas no asistan a ver una buena película u obra de teatro, si recién la primera oportunidad de observar alguna la han tenido con suerte, a los 20, 30 o 40 años.

Esta debiera ser la prioridad de la política cultural del próximo gobierno. Formación de audiencias en serio y desde los primeros años de vida.Las bases están. Avanzó la DIBAM hace años incorporando en el diseño de sus bibliotecas espacios especiales para niños. Continuó el Consejo de la Cultura con programas como Nacidos para leer, hoy suspendido, y la construcción de centros culturales.

Prioritariamente estos espacios debieran estar destinados a ser lugares de encuentro de las familias y los niños.

Lugares en que de lunes a domingo veamos como los niños comienzan a disfrutar del arte y la cultura, cómo comienzan también a socializarse e individualizarse. Una política cultural activa del estado, con fondos públicos, sin temor al dirigismo y sin la cantinela tan repetida en estos últimos años de una cultura libre y con prescindencia del estado, porque es en estos roles donde éste no tiene reemplazante.

A pesar de que sobre la realidad de todos estos supuestos logros hay bastante que decir y cuestionar, en esta oportunidad me referiré solo al aumento de recursos señalado por su excelencia.

Para los fines de este análisis entenderemos por sector cultural al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y a la DIBAM, ya que el presupuesto del Consejo de Monumentos Nacionales se encuentra incorporado en esta última. Utilizamos los antecedentes públicamente disponibles en las leyes de presupuesto del sector público que se encuentran en la página web de la Dirección del Presupuestos del ministerio de Hacienda. Para información del lector, no existen otras fuentes oficiales sobre la materia.

Los presupuestos diseñados por el actual gobierno corresponden a los años 2011, 2012 y 2013, ya que el de 2010 fue aprobado en el último año de gobierno de la Presidenta Bachelet.

En el caso de la DIBAM su presupuesto tuvo un crecimiento acumulado en los tres ejercicios presupuestarios de 26,9%, mientras que en el caso del Consejo de la Cultura éste sólo llega a un 4,21%.

Ponderadas ambas instituciones el crecimiento total del sector alcanza al 10,87%, con un promedio anual de 3,6%. Esto es en pesos del 2013, lo que significa aplicar al presupuesto el IPC de cada año de manera de hacer comparables los recursos.Si la comparación de los presupuestos la hiciéramos en pesos de cada año, es decir sin aplicar el IPC, el crecimiento acumulado del sector cultural alcanzaría al 22%. Todo muy lejos del 30% indicado por el Presidente.

¿De dónde salió entonces la cifra del discurso? parece que su excelencia redondeó hacia arriba y con pesos nominales, rara forma de dar una cuenta pública.

Durante el Gobierno de Michelle Bachelet la DIBAM aumentó sus recursos en un 21,96% real, y el CNCA en 84,45%, con un total del sector del 60,33% y un promedio de 15% anual, más de cuatro veces el promedio anual de este gobierno.

Si utilizáramos pesos de cada año el crecimiento total llega a un 137% en el cuatrienio 2006 – 2010. Lo anterior aun considerando que el año 2010 se disminuyó el presupuesto de todos los ministerios y servicios producto del terremoto. Por lo tanto, lo originalmente aprobado era bastante mayor y la suma de todo el periodo de Bachelet también.

Este deterioro del presupuesto público para cultura ha significado que recién el año 2012 en la DIBAM y el 2013 en el CNCA se haya alcanzado el nivel de inversión que estos servicios tenían para el 2009. Financieramente, la gestión cultural de este gobierno ha sido un desastre.

Resulta lamentable que se juegue con este tipo de cifras, además en instancias de las que nuestras autoridades tanto destacan sus características republicanas y la necesidad de guardarles respeto.

Se le dice cualquier cosa a la ciudadanía y se espera que nadie repare en los errores. Peor aun cuando se cuestionan las cifras se quejan porque se pone en duda la institucionalidad del país, como si la culpa fuera de quien descubre la mentira y no del que miente.

Para finalizar, una humilde recomendación para el candidato Allamand quien dijo sobre la cuenta del Presidente, que no existía un solo sector del país que no se hubiera desarrollado en este periodo. Bueno aquí hay uno, revise bien los datos que le entregan de palacio, porque puede seguir metiendo la pata.

En el intertanto, fue paralizada la tramitación del proyecto enviado el 2009 por el Gobierno de Michelle Bachelet que creaba el Instituto del Patrimonio, incorporándolo al Consejo de la Cultura.

Los discursos del Presidente y su ministro de Cultura en la firma del proyecto, generaron una favorable expectativa en el sector cultural. Se señalaba, que se había logrado compatibilizar la existencia de un ministerio, con la mantención de los órganos participativos del Consejo de la Cultura. Al mismo tiempo se conseguía unificar en una sola institucionalidad el conjunto de los organismos públicos preocupados del tema.

Lamentablemente, la lectura detenida del proyecto, no hace sino frustrar esas expectativas.

Si bien ambos elementos están contenidos en el proyecto, los aspectos negativos e insuficientes que contiene son innumerables.

Si hasta ahora la crítica fundamental era tener un ministro sin Ministerio, la figura que crea el proyecto es un ministro sin ninguna atribución real, salvo presidir del Directorio Nacional, asistir a las reuniones de gabinete del Presidente y firmar los decretos ministeriales. Una especie de reyezuelo dedicado al protocolo y las relaciones públicas.

Al mismo tiempo se generan otras dos figuras decorativas, el Subsecretario y los Seremis de Cultura. En la práctica las verdaderas autoridades serán los directores los dos nuevos servicios, el Instituto de las Artes e Industrias Culturales y la Dirección de Patrimonio Cultural, en sus niveles nacional y regional.

Al parecer se intenta utilizar un modelo similar al del sector salud, que posee Secretarías Regionales y Servicios de Salud, sin embargo, las diferencias son evidentes. Pareciera también que la fórmula propuesta se orienta a asegurar el nombramiento de los directores de servicio a través del sistema de alta dirección, en desmérito del Ministro, Subsecretario y Secretarios Regionales Ministeriales, como si ello fuese lo que asegura una buena gestión.

En materia de descentralización, el proyecto no avanza ni un centímetro, el nuevo Ministerio y todos sus servicios seguirán siendo, como las instituciones actuales, funcionalmente descentralizados pero territorialmente “desconcentrados” lo que en la práctica significa cero autonomía de recursos y decisiones en las regiones.

Respecto de los Consejos sectoriales del Libro, la Música y la Industria Audiovisual, si bien el proyecto no señala cambios a su funcionamiento actual, no queda claro el rol del Ministerio y del nuevo Instituto de Fomentos de las Artes y las Industrias Culturales.

En cuanto a los temas que abordaría la nueva institucionalidad, si bien incluye el arte, la cultura y el patrimonio, sigue manteniendo fuera toda la temática indígena, cuestión al menos discutible.

Igualmente discutible resulta el énfasis que señala el proyecto, del papel de promotor del Estado de la cultura y del fomento a las “industrias culturales”, sin que quede claro un rol activo del mismo, en cuanto a asegurar el acceso a la cultura y la participación de los bienes artísticos y culturales, como un derecho social garantizado. Pareciera que la lógica de la “industria cultural” y el temor al dirigismo cultural, son casi una obsesión de las actuales autoridades.

Después de casi cuatro años de espera y de haber congelado la tramitación del Proyecto de Ley del Instituto del Patrimonio, el Presidente Piñera optó por la lógica refundacional, copiando los diagnósticos existentes y consensuados hace años y presentando un proyecto por decir lo menos, mediocre y confuso.

Esto refleja de manera evidente esa mezcla entre Ministro, Subsecretario, Directores de Servicios, Seremis y Directores Regionales de Servicios, una estructura de burocracia extrema, no sólo inútil sino posiblemente entorpecedora. Hay que analizar en serio la creación de un Ministerio con dos Subsecretarias en vez de dos servicios.

Con todo, sería irresponsable seguir esperando más años para discutir en el Congreso los cambios que la institucionalidad cultural del país necesita, por lo que el parlamento y la sociedad en su conjunto debieran aprovechar la oportunidad para iniciar su discusión y proponer a partir de el, las modificaciones necesarias para una institucionalidad de verdad.