Estas últimas, requieren una revisión profunda, pues su actual configuración constitucional y legal es extremadamente restrictiva y, en ciertos ámbitos, vulneratoria de lo que universalmente se entiende por derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva.

Hace algún tiempo presenté un proyecto de reforma constitucional en materia de negociación colectiva, por el que se busca sustituir la concepción impuesta por la dictadura y garantizar adecuadamente este derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.

Además, el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet contempla una reforma al Código del Trabajo en este mismo ámbito. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que debieran considerarse en la modificación de la legislación actual?

En mi opinión, debe revisarse la definición de trabajadores que pueden negociar colectivamente de aquellos que no pueden hacerlo, superando las restricciones actuales y teniendo en cuenta que, en tanto se trata de un derecho fundamental, las limitaciones debieran ser excepcionalísimas y razonablemente justificadas.Asimismo, se debiera garantizar este derecho tanto a los trabajadores con contrato indefinido como a aquellos que han suscrito contratos de duración determinada.

Es importante señalar que la OIT sólo admite la negociación colectiva con representantes de los trabajadores cuando no existen organizaciones sindicales en la empresa. En consideración a este antecedente, una reforma que quisiera adecuarse a los criterios de la mencionada organización internacional, debiera restringir la negociación por grupos ad hoc exclusivamente a aquellos casos en que en la empresa no exista un sindicato. De este modo, se reconocería adecuadamente la titularidad sindical en materia de negociación colectiva.

En la línea de reconocer la importancia de la negociación colectiva como una de las atribuciones propias de los sindicatos, creo que debiera terminarse con la paradoja que ocurre en ciertas empresas en las cuales, si bien se reconoce la libertad sindical para efectos de constituir tales organizaciones, se les priva del derecho a negociar colectivamente, lo que claramente constituye un perjuicio para los trabajadores al privarlos de una herramienta fundamental en este tipo de procesos.

De igual manera, es imperioso poner fin al reemplazo de los trabajadores en huelga. Si bien en la reforma del año 2001 se avanzó al explicitar en el Código del Trabajo que estará prohibido este reemplazo, tal afirmación no es concordante con lo que luego se establece en el mismo cuerpo normativo. En efecto, a pesar de dicha prohibición, se puede contratar reemplazantes de los trabajadores en huelga, en la medida que la última oferta del empleador cumpla con determinadas exigencias.

Cabe señalar que esta normativa ha sido observada por los órganos de control de la OIT, cuya Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ha solicitado de manera reiterada modificar el artículo 381 del Código del Trabajo que permite esta situación.

Nuestro ordenamiento contempla que, en principio, los contratos y convenios colectivos de trabajo se aplican sólo a los trabajadores que hayan intervenido en la negociación colectiva correspondiente.

Sin embargo, permite que el empleador pueda hacer extensivos los beneficios estipulados en el instrumento colectivo a trabajadores que no fueron parte de la misma. En este sentido, debiéramos avanzar en que la extensión de beneficios sea automática al resto de los trabajadores, si las organizaciones sindicales que negocian representan a un porcentaje significativo de los trabajadores de la empresa.

Sobre este último punto, debiera establecerse, al igual que sucede hoy con la extensión por voluntad del empleador, que los trabajadores deban pagar un porcentaje de la cuota sindical a las organizaciones sindicales que hubieren obtenido el contrato colectivo.

Finalmente, debemos recordar que con la reciente reforma en materia de “multi-rut” se ha producido un avance que permitirá a los sindicatos inter empresas negociar con varias empresas, en la medida que ellas se constituyan como un solo empleador.

Se trata de un gran paso con respecto a lo que había, pero como hemos visto, aún nos falta mucho para hablar de una verdadera simetría en los procesos de negociación entre las empresas y los trabajadores.

Este año y debido a que se cumplen ya cuatro décadas de acontecido el golpe militar el ambiente previo ha estado cargado de emotividad. A los debates habituales, con argumentos en contra y otros que todavía buscan justificaciones, algunos programas de televisión nos han mostrado nuevamente las imágenes del horror que padecimos durante la dictadura de Pinochet.

Y también, como cada año, se endosan responsabilidades de lado y lado de lo que se hizo o se dejó de hacer para haber llevado a Chile al quiebre institucional. En el caso de mi partido, la Democracia Cristiana, en días posteriores al golpe se conocieron públicamente dos declaraciones.Una, la oficial, y otra, conocida como “carta de los 13”.

La “carta de los 13” fue una declaración suscrita por igual número de camaradas, entre quienes se cuentan mis amigos Mariano Ruíz-Esquide y Belisario Velasco, donde se recogía el sentimiento de muchos democratacristianos que se opusieron a la irrupción militar pese a haber sido opositores a la gestión del gobierno de la Unidad Popular.

De hecho, en su primer punto la carta sostiene que “condenamos categóricamente el derrocamiento del Presidente Constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo Gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la Autoridad Constitucional”.

Hago mención a estos hechos debido a que en cierto momento se esbozó la intención de dejar establecido que lo señalado en la “carta de los 13” fue la declaración oficial de la DC en aquel entonces. A raíz de esa propuesta Belisario Velasco dijo en medios de prensa que “quien crea que las declaraciones se pueden cambiar, comete un error profundo. La historia es como el sol, no se tapa con un dedo ni aquella con un acuerdo”.

Coincido con lo señalado por Belisario. Si bien la DC fue opositora al gobierno de la UP nadie en el Partido apoyaba la idea de una intervención militar tan brutal como la que finalmente ocurrió, ni mucho menos los horrores que vendrían después y que también afectaron a muchos de nuestros camaradas. Pero los hechos son los que son y tratar de cambiarlos no corresponde.

En este punto, me parece necesario destacar la figura de don Patricio Aylwin, quien tuvo la enorme responsabilidad de conducir el país en su retorno a la Democracia en medio de constantes amenazas y muestras de fuerza de los militares. El fue uno de los firmantes de la carta oficial del partido en los días posteriores al golpe, declaración donde junto a otros argumentos se “lamentaba lo ocurrido”.

Años más tarde en su libro “El Reencuentro de los Demócratas” el ex Presidente señaló que, a su juicio, “la carta de los 13 era la acertada”. Lo digo con total claridad, el ex Presidente Patricio Aylwin es un referente de actuación democrática tanto para el Partido como para Chile.

Pese a todo el tiempo que ha pasado desde aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, para muchos chilenos y chilenas la herida aún sigue abierta porque la ausencia de un ser querido desaparecido no se cierra con el solo paso del tiempo. Una reconciliación verdadera exige que antes haya verdad y justicia para todos.

En nuestra última Junta Nacional se reiteró “el compromiso de la DC con la vigencia de los Derechos Humanos, con la Libertad y la Democracia”, que son los valores que han guiado nuestra historia y que seguirán marcando nuestro aporte para construir un Chile más justo donde todos tengan las mismas oportunidades.

Lo que tampoco es inusual pero que en esta oportunidad ha sido especialmente notorio y decidor, es la falta de voluntad de diálogo mostrada por el Gobierno.

Más allá de las cifras propuestas (el Ejecutivo ofrece $193.000 mientras que la CUT pide $250.000) lo que revela este debate es que carecemos de espacios de discusión donde poder determinar con todos los actores involucrados un mecanismo que permita establecer un sueldo base que no afecte la marcha de la economía, pero que a la vez posibilite a cualquier trabajador o trabajadora contar con los recursos que le permitan solventar los gastos básicos de su familia.

Seamos claros, el actual sueldo mínimo de $182.000 no cumple con la premisa señalada anteriormente. Nadie que se ponga la mano en el corazón o que conozca el Chile real puede señalar que esa remuneración es suficiente, como tampoco lo es los $193.000 que ofrece el Gobierno. Una vez aclarado ese punto podemos sopesar los distintos argumentos que se esgrimen.

El Gobierno y los expertos de su sector sostienen que ante una inminente crisis internacional sería poco recomendable aumentar demasiado los salarios porque eso dañaría la economía al aumentar el desempleo y provocar el colapso de las pequeñas y medianas empresas. A reglón seguido, sostienen que la gente prefiere tener algo, aunque sea poco, a no tener nada. Una suerte de chantaje encubierto.

El primer punto da cuenta de una actitud bipolar del Gobierno en cuanto al análisis que se hace de nuestra economía. El pasado 21 de mayo el Presidente Piñera dijo que no sólo estábamos a las puertas del pleno empleo, sino que además los puestos que se creaban eran de calidad y hace pocos días en la reunión del G-20, donde Chile fue invitado a participar, el mandatario dictó cátedra a la Unión Europea y a Estados Unidos de cómo había que hacer las cosas… ¿una nueva versión del “chilean way”?

Entonces una se pregunta ¿cómo se puede tener una economía que sirva de ejemplo al resto del mundo y a la vez tener a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país viviendo en la pobreza? Ciertamente algo no calza.

Si el temor de algunos es que un aumento del salario mínimo perjudique a las Pymes entonces ¿por qué no diseñamos una estrategia que refuerce a este sector que es el que da más trabajo en el país, en vez de seguir usando este argumento para evitar una subida de los salarios?

¿Por qué no discutimos una Reforma Tributaria de verdad que beneficie a los trabajadores y no sólo a las personas de mayores recursos como lo hace la propuesta del Gobierno?

Lo que estoy planteando es la necesidad de generar diálogo en materia laboral, no sólo discutir los criterios para reajustar año a año el salario mínimo sino también cómo avanzamos hacia un salario ético, que reconozca en toda su dignidad el aporte del trabajador, que incorpore las diferencias regionales y que permita avanzar hacia mayor justicia social. Cómo el Gobierno se abre a construir una agenda pro trabajador, que ponga el acento en fortalecer la negociación colectiva, el descanso dominical en el comercio, la no discriminación hacia las mujeres y la retribución de utilidades. Un diálogo de este tipo además contribuye a la necesaria paz social de un país que crece y que aspira a continuar en la senda del desarrollo.

Es moralmente reprobable un Gobierno que con soberbia proclama las bondades de nuestra economía alrededor del mundo, pero que a la vez no se hace cargo de las legítimas aspiraciones de la gente.

La propuesta del Ejecutivo es mezquina y debe ser modificada. Aun hay tiempo y es de esperar que el Gobierno entre en razón y escuche la voz de la gran mayoría del país, que será la que finalmente juzgará.

Lo anterior no es más que la consecuencia tras los agresivos ataques de que ha sido objeto la Presidenta Bachelet en las últimas semanas, los que se vieron acrecentados notoriamente tras conocerse el resultado de la última encuesta CEP, que sitúan a la ex mandataria como la favorita de la ciudadanía para ocupar, por segunda vez, el sillón presidencial.

El clima enrarecido que han generado las destempladas declaraciones de los parlamentarios de la derecha contra Bachelet y también contra parlamentarios de la Concertación -un diputado de RN llegó a tratar de “ratas” a sus colegas de oposición- dan cuenta del nerviosismo que existe entre las filas oficialistas ante el sombrío panorama que avizoran en materia política.

Tras la escalada de declaraciones, han empezado a surgir voces desde la derecha que buscan bajar el tono del debate, tratando de cuidar “el rito” del mensaje presidencial del 21 de mayo. Todo hace suponer que es una actuación por conveniencia para no empañar la actuación del Presidente, más que por la convicción de que las cosas deben hacerse distintas.

Y es que este gobierno ha pasado de la tesis del desalojo a la del desembarque. En una suerte de “motín a bordo” siguen desplegándose las campañas presidenciales de los ministros en forma individual sin que hayan tenido efecto los llamados realizados por el mandatario por imponer orden en su gabinete.

Podemos hacer una lista de incumplimientos, de promesas que se quedan en el discurso y que se reflejan en el magro resultado que tiene en su evaluación ciudadana este gobierno.

Los esperados cambios en educación, la puerta giratoria que sigue sin candado, los jubilados que no tuvieron el descuento del siete por ciento, los chilenos y chilenas que tras el terremoto del 27-F siguen esperando una solución a la situación en que quedaron tras la catástrofe y tendrán que soportar un tercer invierno en condiciones lamentables de frío y humedad, la ONEMI 2.0 que prometió el Presidente cuando asumió el cargo no sólo no ha mejorado su desempeño, sino que ha evidenciado severos problemas en su funcionamiento. La lista suma y sigue…

Tras las legítimas manifestaciones ciudadanas registradas en Magallanes y Aysén, la respuesta del Gobierno ha sido mejorar los sistemas de represión, mientras tanto en el Congreso seguimos esperando las propuestas de ley que respondan a la realidad de zonas extremas y aisladas donde el costo de vida es mayor.

Esa falta de respuesta ahora ha provocado el malestar ciudadano en Calama que ya alzó la voz y próximamente serán otras ciudades del norte las que darán que hablar por su rechazo al Fondenor (Fondo de Desarrollo para el Norte) anunciado por el Ejecutivo.

Uno podría continuar con un listado de incumplimientos que llevan a pensar incluso, que la arremetida concertada con la Moneda contra la presidenta Bachelet también busca desviar la atención de las evidentes fallas de gestión de este Gobierno y que se evidenciarán en la tercera cuenta que el mandatario entregará al país.

Quizá la única excepción ha sido la aprobación del posnatal de seis meses, una promesa de campaña que el Presidente se resistió a aprobar pero que prosperó gracias al trabajo de muchos que luchamos para que el proyecto inicial, que venía con letra chica, fuera finalmente aprobado en los términos que la ciudadanía esperaba.

El llamado entonces es a dejar que las instituciones funcionen y cumplan su labor sin presiones de ningún tipo ni de ningún sector. Somos un país con extraordinarias posibilidades de desarrollo y por lo mismo debemos dejar de lado la política pequeña y centrarnos en los desafíos que debemos enfrentar entre todos con miras hacia el futuro.

En medio de las tempestades políticas que estamos atravesando es necesario que el Presidente Piñera pueda liderar a su sector y enfocarse en los temas que de verdad le interesan a la ciudadanía.

En la Concertación estamos disponibles para trabajar y llegar a los acuerdos que se requieran para mejorar la vida de chilenos y chilenas, pero siempre dentro de los márgenes del diálogo y la participación y no de los montajes y las descalificaciones sin sustento.

Según un informe dado a conocer hace pocos días por ONU Mujer en Nueva York, en un encuentro sobre mujeres rurales y política al que fui invitada a participar, Chile ocupa el puesto ochenta y ocho en cuanto a representantes femeninas en el Congreso.

Estamos detrás de países de la región como Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, Bolivia y Perú y de otras latitudes como Emiratos Árabes Unidos; Kazajstán; Afganistán y varios países africanos.

Dicho hoy parece inconcebible, pero hay que recordar que las chilenas sólo tuvimos derecho a votar en una elección presidencial el año 1952, por lo cual aun es poco el tiempo que hemos tenido para ser, de verdad, protagonistas y parte de nuestra historia republicana.

El Siglo XXI nos exige establecer los mecanismos necesarios para avanzar hacia una sociedad donde se garantice la igualdad de género en todos los ámbitos, incluyendo a la política.

No hablo de una ley de cuotas para tener ciertos cupos garantizados como muchas veces se quiere hacer aparecer, pero sí de acelerar la incorporación de mujeres para que puedan competir con las mismas exigencias formales, ya no como un acto reivindicativo, sino como un requisito imprescindible para alcanzar el estatus de país desarrollado que todos y todas anhelamos.

Decir a esta altura que Chile cambió es un cliché pero también es una verdad. La incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral transformó para siempre a una sociedad que había fomentado un modelo de familia donde el hombre era el proveedor y la esposa la que criaba a los hijos.

Actualmente las mujeres compatibilizamos mejor nuestro rol de madres con el de trabajadoras y pese a todas las trabas y campañas del terror que han acompañado a ciertas iniciativas (ley de acoso sexual y posnatal de seis meses, por ejemplo), la participación laboral femenina ha ido en alza sostenida porque hacemos bien “la pega” y somos parte del motor del crecimiento del país.

Para finalizar me gustaría recordar que tanto durante su campaña como en los primeros años de su mandato, la presidenta Bachelet tuvo que soportar un trato muchas veces despectivo de sus opositores hombres, como también de algunos de sus partidarios, por el hecho de ser mujer.

Resulta decidor que hoy, aquellos mismos que antes la subvaloraban por ser mujer, ahora la ataquen con dureza porque representa la figura política más valorada por la ciudadanía.

¿Le haría bien al país que hubiera más mujeres parlamentarias y más alcaldesas?

Definitivamente sí.

¡Feliz día a todas mis compatriotas!

Pero recapitulemos un poco. Acá de lo que estamos hablando es de una promesa de campaña que hizo el Presidente Piñera cuando aún era candidato, oportunidad en la que prometió un postnatal de seis meses.

Después nos enteraríamos que la promesa venía con letra chica, porque hay que recordar que los primeros anuncios sobre el postnatal estaban lejos de los seis meses anunciados.

Fue en ese momento cuando saltaron las alarmas y como Concertación, con el apoyo de la sociedad civil organizada, levantamos la voz para que el proyecto fuera efectivamente de seis meses, demanda que finalmente tuvo que ser acogida por el Gobierno.

Seamos claros, acá hay un trabajo de años junto a parlamentarios como Mariano Ruíz-Esquide y Enrique Accorsi, con quienes hemos impulsado este tema y logrado poner el debate en la opinión pública.

Hoy, pocos discuten los beneficios que implica para el recién nacido la extensión del posnatal y la necesidad de avanzar en garantizar este derecho, contra los supuestos perjuicios que significaría para la mujer en el ámbito laboral extender el beneficio a seis meses.

Es evidente que al Gobierno le ha costado avanzar en este proyecto. La primera propuesta del Ejecutivo establecía los seis meses para algunas mujeres pero a cambio de reducir derechos consagrados en nuestra legislación, como acortar el fuero maternal, limitar el derecho de alimentación y derecho a licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año.

Todos estos aspectos fueron tajantemente rechazados por la oposición en el Senado y permiten que hoy, en la Cámara, trabajemos sobre un proyecto notablemente mejor al que presentó en su momento el Gobierno.

Puestas las cosas en claro, en el trabajo que iniciamos en la Cámara de Diputados, creo que lo importante es hacer eco de lo que la ciudadanía espera, un proyecto que proteja a la familia, que garantice a los niños y niñas este derecho y permita reconocer las maternidad y que se convierta en realidad lo antes posible, para permitir que las futuras madres trabajadoras y especialmente las que hoy se encuentran embarazadas, puedan contar efectivamente con un tiempo mayor para estar con sus hijos e hijas.

El foco del debate ha estado en el tope del subsidio pagado, pero quedan varios temas que incorporar en el proyecto tanto o más importantes: lograr que la cobertura incluya a todas las trabajadoras temporeras y no sólo al 60% como se aprobó en el Senado, pues es inaceptable que uno o dos puntos más en la ficha de protección social impliquen que un niño tenga o no derecho a los beneficios del buen apego materno; incorporar la realidad de padres y madres de hijos prematuros, que muchas veces pierden su prenatal; considerar la realidad de partos múltiples que deberían incorporar semanas adicionales; buscar formas que garanticen la participación del padre más allá de las buenas intenciones y avanzar así en la corresponsabilidad.

Todas estas materias deberían considerarse y discutirse en un posible acuerdo en la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados.

Tras el fallo del TC, trámite del Gobierno que paralizó durante dos meses la discusión, es tiempo de retomar el debate de fondo, sacar el postnatal de la pequeña pelea política y poner al centro el bienestar de los niños y niñas.

En un proyecto donde las mejoras necesarias requieren del patrocinio del Ejecutivo, sin duda es el Presidente quien tiene la mayor responsabilidad si se busca generar un acuerdo y acercar posiciones.