Avanzar, por tanto, en la utilización de este enfoque, implicaba comprender las relaciones y características sociales y culturales que identifican el comportamiento de hombres y mujeres y la forma en que ellos interactúan.

Desde entonces, las políticas sociales comenzaron a implementarse con mayor éxito, debido a que atendían precisamente a los factores socio culturales que no permitían la real igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo muchas veces la necesidad de realizar intervenciones diferentes para uno u otro grupo social.

Pero la utilización de este enfoque no ha culminado aún con un logro real, debido a que la diferenciación entre los hombres y mujeres es mucho más que tan solo esa distinción, ya que esta mera diferenciación deja de lado todas las posibilidades identitarias personales.

Si ahondamos un poco más en el uso correcto de este enfoque debiéramos, al menos, poder entrever aspectos relativos a la identidad de género e incluso a la orientación sexual, todas ellos factores claves en la definición social de un individuo.

Comprender este enfoque a cabalidad nos ayuda a desnaturalizar las relaciones de genero y por tanto movilizar muchas categorías conceptuales como la división de lo público y lo privado, lo natural y lo cultural, lo normal y lo anormal.

Esto nos ha permitido ver, entre otras tantas cosas por ejemplo, que hombres y mujeres no sufren la violencia doméstica ni social de la misma forma, lo que en ningún caso significa que no afecte a ambos, sino más bien a que sus manifestaciones, implicancias, orígenes e impactos son muy diferentes, por lo que requerirán estrategias distintas para combatirla.

Pero ¿sabemos algo con respecto si dentro de este mismo grupo de mujeres se presentan distinciones?, ¿sufre de igual manera una mujer lesbiana la violencia social que una mujer heterosexual?, ¿sufre de igual manera un niño gay la violencia escolar que un niño hetero?… la respuesta parece ser evidente; sin embargo, las cifras aún no nos dejan verlo.

Hace poco se dieron a conocer los resultados de la encuesta de “Agresión, prevención y acoso escolar SIMCE 2012”, publicada por el ministerio de Educación, la cual reveló que 8.059 estudiantes, que representan el 4,2%, declaraba que ha sido víctima de maltrato por lo menos un par de veces al mes y que se siente afectado por ello, siendo mayoritariamente las niñas las más vulneradas.Esta encuesta mostró también que el 45% de los estudiantes atacados declaran haber sido molestados por su personalidad y un 10% por “su orientación sexual”.

Esta distinción no parece dejar en claro ni dar cuenta que las situaciones por bullying homofóbico, no necesariamente afectan a las personas cuya orientación sexual es diferente a la heterosexual, sino más bien a todos aquellos que no cumplen con los patrones de género socialmente esperados, aceptados y normalizados, vale decir, a todos aquellos que no son en sus comportamientos, expresiones y manifestaciones lo suficientemente masculinos (para el caso de los niños) o lo suficientemente femenino (para el caso de las niñas), por tanto, cabe preguntarse ¿cuánto de ese 45% que es molestado por su “personalidad” no esconde más bien patrones de género homofóbicos culturalmente arraigados?

El no implementar mediciones que incorporen este tipo de cuestiones, significa que nunca podremos desarrollar estrategias preventivas efectivas para acabar con esta problemática.

El problema también de plantear preguntas de este estilo que pongan la responsabilidad en los niños/as y no en los patrones socioculturales de género perpetúa invisibilizando que en la base de toda agresión, siempre se suele esconder la intolerancia, la discriminación y el miedo hacia la diferencia.

En esta oportunidad fuimos testigos de cómo un establecimiento educacional que ha señalado claramente el respeto a la diversidad como parte del programa educativo, hoy cuenta con un entorno en el que convive toda clase de niños/as en un ambiente de respeto e inclusión.

Lo vivido en este liceo nos hace repensar fuertemente en el concepto de calidad de la educación, tan debatido estos días. La expresión educación “pública de calidad” es un concepto que solo ha sido medido a través de estándares educativos tradicionales, fundados principalmente en el rendimiento escolar, y muy poco significado y valor se ha dado a aquellas instituciones que promueven la calidad de la educación a través de la formación en derechos humanos.

Como muestra un botón, esta semana conocimos el brutal testimonio de una adolescente de 15 años que en su liceo sufre de bullying. Este liceo presenta resultados de la prueba SIMCE un tanto superior al del Liceo Jorge Indo, pero ¿podríamos decir con certeza que el Liceo en el que una adolescente es constantemente hostigada sin recibir apoyo institucional, al punto que debió abandonar el colegio, es una institución de calidad?

La política del Liceo Jorge Indo es eficiente porque no deja de nombrar a los grupos más vulnerables en sus intervenciones contra el bullying, no tiene temor en plantear que debe existir una protección especial para aquellos grupos que sin lugar a duda son más proclives a ser víctimas de discriminación.

El colegio nombra a los homosexuales, gay, lesbiana y trans como parte de su comunidad educativa, reconoce la diversidad étnica en cada uno de sus espacios físicos y valora la diversidad como parte de su enriquecimiento educativo. Sin más es el único establecimiento intercultural de la Región Metropolitana, lugar en donde habita la mayor cantidad de personas indígenas.

La Unesco señala que ofrecer una educación de calidad, sin discriminación de ninguna naturaleza, implica transitar hacia un enfoque que considere la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, favoreciendo el pleno acceso, la conclusión de estudios y los logros de aprendizajes de todos, con especial atención a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión.

Bajo esta lógica se hace imprescindible evaluar sistemáticamente la convivencia escolar y avanzar así en una medición integral de la calidad educativa. Para que esto sea posible es importantísimo que cada uno de nosotros cuando escoja un establecimiento educativo para que nuestros hijos e hijas se formen, exija que tanto la educación formal como aquella que forma seres humanos integradores, respetuosos de los derechos humanos y solidarios, sea de los niveles más altos, solo así construiremos una sociedad en donde no se eduque en la violencia y la competitividad, sino más bien en la colaboración y respeto mutuo.

A un año de la implementación de la conocida como “ley anti bullying”, las denuncias por violencia escolar ante el Mineduc han bajado en un 3% en comparación con 2011 y rompe, por primera vez, la tendencia al alza que venía desde 2009, llegando a 4.320.

Sin embargo, esta cifra aún se mantiene lejos de reflejar la real magnitud de la problemática que de acuerdo a investigaciones afecta al 10% de la población escolar.

Esto nos lleva a sostener que existen cientos de niños, niñas y adolescentes sufriendo en silencio y que es urgente promover estrategias más efectivas para prevenir, más que sancionar, cualquier tipo de violencia vinculada a un proceso educativo, previniendo con esto también que los adolescentes abandonen sus escuelas por no considerarlas un lugar seguro para su desarrollo, situación que expresa una contradicción vital con el concepto “educación de calidad”.

Sin duda la consagración y aprobación de la Ley Antidiscriminación fue un avance significativo en una sociedad como la nuestray que todos celebramos abiertamente, pese al cruento hecho que apresuró su aprobación. Sin embargo, ha pasado el tiempo y vemos los escasos efectos que ha podido producir una ley que se aprobó sin presupuesto para el desarrollo de acciones preventivas y que se fijó principalmente desde el ámbito sancionador de la conducta.

Si bien es cierto que existe consenso con respecto a que una ley, si no se acompaña de programas y políticas públicas específicas, es poco el impacto que se puede esperar a nivel de cambios estructurales, sobre toda en una sociedad como la nuestra en donde existen patrones discriminatorios tan arraigados culturalmente, muchos estábamos esperanzado que un marco jurídico que castigara la discriminación, invitaría a construir una sociedad más inclusiva, pero muy pocas cosas han cambiado.

La ley no ha permitido que las parejas de hecho (cualquiera sea su orientación sexual) puedan regular su patrimonio, la ley no ha impedido que se persista con la evidente discriminación que sufren las mujeres, que aun teniendo un sueldo un 30% inferior al de sus pares hombres, deben pagar casi el triple en planes de salud por si alguna vez, quizás, en una de esa se convierten en madres, la ley no ha ayudado a avanzar en la disminución de estereotipos en la publicidad, manteniéndose patrones sexistas y heteronormativos, la ley no ha terminado con la imposibilidad fáctica de las personas solteras de optar por la adopción de niños, la ley no ha obligado a los establecimientos educativos a diseñar estrategias para poner fin al bullying homofóbico ni ha terminado con la selección de los colegios para aceptar a estudiantes que son hijos de padres no católicos, y así un largo etcétera de situaciones cotidianas que nos recuerdan que muy pocas cosas han cambiado realmente y que la simple aprobación de la Ley no es suficiente y que la muerte de Daniel vale mucho más que los cambios que hasta ahora hemos sido testigos.

Sin embargo, y con todo esto, sigo creyendo que algún día construiremos, todos juntos, un Chile, que tal como hoy estudia con escepticismo antiguas prácticas que en otros siglos consideraban, a modo de ejemplo, que los indígenas eran seres salvajes sin alma, que hace 50 años las mujeres no podían votar porque estaban dominadas de sus sentimientos y no de racionalidad, que hace 30 años las mujeres casadas debían pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta corriente en un banco y hace tan solo un poco más de 10 años la legislación consideraba a los hijos nacidos fuera del matrimonio como hijos “ilegítimos” e impedía a las personas divorciarse.

Aún así tengo la seguridad de que algún día podremos decir “hace muchos, muchos años atrás en Chile solo los hombres podían casarse con las mujeres, hace muchos, muchos años a los niños se les hostigaba por ser homosexuales en sus colegios, hace muchos, muchos años atrás los hombres ganaban más que las mujeres y hace muchos, muchos años atrás en Chile una persona podía morir por tener una orientación sexual distinta”.

Hace algún tiempo UNICEF Argentina y el INADI (la institución gubernamental argentina contra la discriminación) lanzaron, en conjunto, una campaña para erradicar la discriminación en el fútbol, alentando a que tanto los jugadores como espectadores eliminen de sus cánticos comentarios como “Indio juega bien”, “los negros ganan porque están hechos para correr”, “juega como hombre”, etc. Campañas como éstas hacen el llamado a que los padres, cuando vean fútbol junto a sus hijos, no incurran en este tipo de epítetos que producen la transmisión transgeneracional de la discriminación.

Esta trasmisión transgeneracional, utilizada tradicionalmente para referirse a la violencia, es fácilmente aplicable al proceso de aprendizaje de la discriminación.

En este sentido, acciones caseras como tener personal de aseo extranjero o chileno sin contrato laboral o con jornadas excesivas de trabajo, excluir a los ancianos y niños/as de las decisiones importantes del hogar, realizar bromas xenófobas u homofóbicas, denigrar el trabajo de la dueña de casa frente al empleo remunerado del jefe de hogar y tantos otros actos de discriminación que se cometen al interior de nuestras familias, enseñan a la infancia con gran naturalidad que estas acciones son tan legítimas como todos los otros conocimientos que se adquieren en el seno familiar.

Porque la discriminación no está solo presente en la escuela, en el barrio o el trabajo, es muchas veces aprendida en un espacio mucho más íntimo y significativo para todos: nuestra propia familia. Es así como de la misma forma que en este espacio afectivo aprendemos a caminar, hablar y comer, también aprendemos a discriminar.

A diferencia de todos los mecanismos de adaptación social que adquieren los niños/as en sus familias, la discriminación es un delito que viola los derechos humanos fundamentales de las personas, sobre todo cuando ésta se funda en prejuicios de raza, identidad étnica, nacionalidad o cultura afecta además a sujetos colectivos (pueblos y comunidades) que tienen derechos en tanto colectividades, inherentes a su identidad y a su cultura, pero que no siempre cuentan con un estatus jurídico o político (una ciudadanía particular) que les permita defenderse y reclamar.

En este sentido enseñarle a un hijo a discriminar, excluir y ser intolerante es homólogo a enseñarle a robar, traficar o matar.

La familia es, sin duda, donde se empiezan a adquirir la cultura y diferentes criterios que en el futuro le ayudarán a tener una buena adaptación y relación con los demás; la discriminación, en cambio, afecta directamente la capacidad que ese sujeto social, que hoy es un niño/a, tendrá para adaptarse positivamente a una sociedad inclusiva.

Es entonces en ese mismo espacio donde pueden desaprenderse esas conductas, y por tanto convertirlo en un ambiente protector donde se promueva la diversidad, el respeto y la integración. Siendo así, solo será cosa de tiempo que otras esferas sociales se permeen y reproduzcan esta nueva forma de relacionarnos.

No cabe duda alguna de que si la educación que reciben los niños/as se da en un ambiente de respeto e igualdad, se disminuirá considerablemente la tendencia de discriminar a las demás personas.

Hoy, se nos presenta una importante oportunidad para reproducir otros modelos de crianza, revisar nuestras propias prácticas como adultos y reflexionar acerca del tipo de aprendizaje que transmitimos a nuestro hijos/as, debido a que la más efectiva forma de aprendizaje en la infancia es la sencilla imitación y reproducción de la conducta de nuestros padres.

Promover en nuestros hogares los principios éticos de una convivencia sana sin duda tendrá un efecto directo en el tipo de sociedad en la que queremos vivir, sobre todo si estamos frente a personas que se encuentran en una crucial etapa de construcción de identidad y reafirmación social, como son los niños(as) y adolescentes.

La primera tiene relación con la constante intromisión que han pretendido tener diferentes instituciones religiosas en los asuntos políticos y legislativos del país.

Hace un tiempo, asistimos a la acérrima oposición que sostuvo la Iglesia Evangélica en contra de la Ley Antidiscriminación y hoy, en un acto con múltiples precedentes, somos testigos de cómo la Iglesia Católica busca imponer sus criterios morales en un asunto que apunta a debatir, desde la doctrina jurídica, la igualdad de derechos de los ciudadanos chilenos.

Esto se da en el marco de un Estado que desde 1925 se ha definido como laico y que debe, por tanto, basar su actuación independiente de los valores religiosos particulares.

La segunda preocupación, más relevante a mi juicio, es el estrecho vínculo que tienen algunos representantes religiosos con actitudes discriminatorias, excluyendo e invalidando prácticas o personas que son diferentes a los principios que ellos profesan.

Recordemos que, no hace muchos años, el mismo cardenal se opuso fuertemente a la Ley de Divorcio, asegurando que era un atentado contra la familia. Por entonces, cientos de chilenos asistían a los tribunales de justicia y mentían deliberadamente frente a un juez para lograr la anulación de su matrimonio. La ley en sí no tenía en su espíritu promover la ruptura familiar, sino transparentar los procesos judiciales propios de una sociedad moderna en donde las personas escogen libremente si permanecer casados o no.

Poco tiempo después, asistimos a la condena que la misma autoridad eclesiástica hizo contra las mujeres que estaban a favor de la píldora del día después. Los embarazos no deseados son el reflejo de una sociedad que no educa en sexualidad ni afectividad, no entrega apoyo a madres jefas de hogares monoparentales ni crea políticas efectivas para la corresponsabilidad en la crianza entre hombres y mujeres. Son esos factores políticos y sociales los que generan el aborto, no la píldora.

En este contexto histórico, estar en contra del AVP basándose en el argumento de la destrucción de la familia vuelve a ser completamente erróneo y termina por afectar a los más desprotegidos, a los que la sociedad más debe defender.

Comentarios discriminatorios como los de Medina hacia una persona por su orientación sexual no aportan al debate ni a la sociedad. Ese tipo de rechazo por parte de una autoridad eclesiástica es el que en un efecto cascada lleva luego a padres, profesores y alumnos a discriminar a los adolescentes gays, lesbianas, bisexuales y trans, como reflejó el último estudio del Injuv.

Esa intolerancia es la que hace que hoy Chile tenga la mayor tasa de suicidio adolescente de América Latina, cuatro veces más que el resto de los países de la región.

Frente a posiciones como la de Medina, es reconfortante saber que hay muchos religiosos y millares de fieles que sí creen y trabajan por una sociedad más abierta y diversa.

El deber del Estado es despejar la legislación, la política pública y los programas sociales de concepciones basadas en la discriminación. Esta situación solo será posible cuando se delimite claramente el campo de acción de los organismos religiosos, o bien sus intervenciones sean para crear una sociedad más justa e inclusiva, y no el de segregarla aún más.

Esta vez no hablaremos del bullying que sufren los escolares chilenos por parte de sus pares, sino de aquel que se produce por parte de quienes tienen a su cargo la labor de educarlos, formarlos y brindarles protección frente a este tipo de situaciones: los profesores.

Un claro ejemplo de esto nos brindó el reciente discurso del joven egresado del Instituto Nacional Benjamín González, quien señaló en su ceremonia de licenciatura de este año que “todos hemos sido testigos de horrorosas frases estilo: ‘corran como hombres, no como maricones’, ‘asuman sus consecuencias como machitos’, ‘al colegio se viene solamente a estudiar’ o ‘dejen la población en la casa’…Asimismo, señaló ser testigo de tratos abiertamente homofóbicos por parte de profesores hacia compañeros homosexuales, escuchado frases de profesores hacia sus alumnos, tales como: “este colegio por gente como ustedes está como está, váyanse” y en la misma línea, ha sido testigo de profesores pegándole a compañeros.

La literatura especializada señala que los y las docentes son esenciales para obtener una respuesta eficaz frente al bullying homofóbico, debido a que son personas adultas con las cuales los estudiantes debaten los temas de su interés, pueden ser modelos de conducta y consejeros, y son promotores de la inclusión cuando enfrentan cualquier forma de discriminación.

Sin embargo, como seres sociales, se encuentran inmersos en la misma cultura discriminadora y pueden ser permeables a importantes prejuicios acerca de la diversidad sexual que los pueden llevar a actuar como testigos del bullying homofófico, ocultando estas situaciones o no interviniendo, o derechamente ser victimarios cuando utilizan insultos, agresiones o expresiones con contenido sexista para interactuar con el estudiantado.

Los insultos homofóbicos y transfóbicos tienen la particularidad de que no solo quedan en el ámbito educativo, sino que se van a nuestras casas, a nuestro barrio, nos acompañan a nuestras vacaciones, nos esperarán en nuestros hogares y siguen ahí cuando regresemos en marzo a otro año escolar. La homofobia, la discriminación y la intolerancia no salen de vacaciones, no descansan ni se agotan con el tiempo.

Es importante destacar que esto no implica que todos los maestros sean discriminadores.Sabemos que muchos de ellos se encargan día a día de educar a sus alumnos en la diversidad y el respeto por sus compañeros, y que son los más férreos defensores de los alumnos que sufren bullying en la escuela o en sus casas.Ellos, muchas veces anónimos o desconocidos para la sociedad son el ejemplo a seguir. Y esperamos que se multipliquen porque, al fin de cuentas, la creación de un buen ambiente escolar tiene que ver con la calidad en la educación.

El proceso de la adolescencia es una de las etapas de la vida más enriquecedoras para la formación de una persona, es la más intensa fase de relaciones humanas, es el período en el que nos formamos como seres sociales y poco a poco como ciudadanos. Por esa misma intensidad, es el período en el que se torna más relevante la aceptación social y el sentido de pertenencia.

Un estudio en varios países de América Latina indica que alrededor del 10% de las personas encuestadas señaló que el bullying convirtió sus vidas en “difíciles y tristes”, un 25% dijo que la experiencia los volvió personas “inseguras”; casi un 15% de los y las jóvenes chilenos encuestados consideró el suicidio (UPCH/PAHO, 2011)

Ser rechazados y ser constantemente denigrados por situaciones intrínsecas a nuestra persona (identidad de género, orientación sexual, condición de salud, etc.) es equivalente a sentir la más absoluta desesperanza y soledad. Es por esto necesario y fundamental que las políticas educativas atiendan este fenómeno en forma urgente, diseñando estrategias de escuela segura para todos los niños/as y adolescentes que ahí permanecen.

La no-intervención en situaciones de bullying homofóbico a menudo se relaciona con las dificultades que muchos docentes experimentan para hablar de sexualidad en general y de diversidad sexual en particular, especialmente en sociedades como la nuestra en donde el tema sigue produciendo grandes desencuentros. La formación docente, por ello, necesita abordar el tema de la diversidad sexual.

Esperemos que este 2013, cuando miles de adolescentes regresen a sus establecimientos educacionales,encuentren un entorno más amigable y solidario con la diversidad en donde la violencia y la discriminación no tan solo se hayan ido de vacaciones, sino se hayan ido para siempre.

Tanto es así que la “Encuesta solidaridad, capital social y equidad” (2012) recientemente publicada por la Universidad Diego Portales mostró que para la sociedad chilena la desigualdad social es un problema grave que requiere soluciones urgentes y que parece estar presente en diferentes esferas de la vida de un individuo.

En un año en que hemos sido testigos de un país que no dejó vivir a Daniel Zamudio o agredió brutalmente a Valeska Salazar, los cuestionamientos no parecen ser tan irracionales.

Porque sí, es cierto, es nuestro país el que le hizo eso a estas personas, es nuestro país en donde las familias expulsan a sus hijos por ser homosexuales, es Chile donde solo algunas personas tienen derechos civiles y otras no, son nuestras universidades las que permiten seminarios que incitan al odio contra la diversidad sexual, son nuestras empresas las que se niegan a contratar personas transgénero, son nuestras escuelas donde no se menciona el bullying homofóbico y son nuestros medios de comunicación los que promueven y fomentan la discriminación y la desigualdad.

Es nuestro Chile solidario y todos nosotros en el, los que le hicieron eso a Daniel y Valeska, y es el mismo que hoy se viste de fiesta para enaltecer que nada de eso importa si ese día voy al banco y escucho el clamor popular que me dice que no me puedo restar de tan noble misión nacional.

Con lo anterior no quiero decir que no debamos atender a la población con discapacidad que también debe lidiar a diario con una sociedad que excluye y que no integra a nadie que sea diferente a lo socialmente aceptable, solo quisiera recordarnos que ni por un momento, eso nos convierte en un país solidario.

El sufrimiento que experimentan a diario los y las jóvenes LGBT que deben vivir en silencio y sin el apoyo de sus familias, profesores ni amigos, puede llevarlos a abandonar la escuela, a vivir en la calle, a exponerse a situaciones de riesgo como el consumo de alcohol y/o drogas o puede llevarlos incluso a terminar con su vida.

En este sentido resulta urgente y prioritario comprender que el sentido ético que implica la solidaridad no permite exclusión alguna de ningún tipo, no se puede pretender la igualdad de derecho para un grupo, mientras a otro se les niegan éstos en forma sistemática, no se puede pretender construir una sociedad justa y democrática si alguno de sus ciudadanos son víctimas recurrente de la violencia homofóbica.

Los y las adolescentes LGBT que están creciendo en esta sociedad necesitan ver que tienen un lugar apropiado para existir, un familia protectora donde estar, una escuela segura a la que ir y una comunidad integradora en la que vivir, de lo contrario crecerán con miedos y desesperanza de un país que solo puede ofrecer a unos pocos, y solo un mes por año, comprensión, apoyo y solidaridad.

Este acontecimiento provocó que diversos medios de comunicación invitaran a debatir a importantes actores en sus noticieros y programas de conversación sobre la pertinencia, naturaleza e incluso legitimidad de este tipo de acciones “académicas”.

Los organizadores de este encuentro defendieron fuertemente el derecho que tienen a expresar su punto de vista sobre este tipo de cuestiones, y quienes asistieron a repudiar este acto se basaron en un criterio similar que exhibía su derecho a denunciar acciones que impulsaban el odio y la discriminación.

Lo cierto es que esta situación dejo entrever la falta de madurez social para comprender claramente cuál es el principio que debió predominar: si el de la libertad de expresión o el de no discriminación, ambos principios consagrados en instrumentos internacionales adoptados por el Estado Chileno pero vagamente comprendidos e incorporados en su quehacer social, político y educativo.

La pregunta que parece fácilmente desprendible es ¿qué hubiese sucedido si el seminario organizado en las dependencias de una universidad que recibe un importante financiamiento estatal hubiese versado sobre la promoción de la pedofilia o la prohibición de las personas con discapacidad de acceder al sistema educativo o la prohibición del voto de las mujeres?, ¿hubiese tenido sentido invocar el derecho a la libertad de expresión y reunión?, ¿ hubiese una institución de reconocido prestigio nacional y regional, facilitado sus instalaciones para su realización?

¿No será que lo que está en juego no es el derecho a la libertad de expresión sino más bien la falta de consenso social sobre la homosexualidad, su naturaleza y su alcance?, ¿no será que declaraciones de organismos internacionales como los de la OPS sobre la despatologización de la homosexualidad, no son suficiente argumento para que este tipo de acciones deje de existir en instituciones académicas?, ¿no será que aún como sociedad no nos parece tan repudiable que se promuevan instancias que inciten el odio contra las personas homosexuales?

El hecho certero en toda esta discusión debiese estar centrado en si este tipo de instancias deben ser promovidas e incluso amparadas por una institución que tiene como objeto educar a las personas y moldear a los futuros profesionales del país.

Si comprendemos que la discriminación está en la base de todas las violencias, comprenderemos también que cuando se legitiman e institucionalizan acciones como éstas, se corre el riesgo de educar sobre la base de la intolerancia.

El derecho a la educación no sólo se hace vigente cuando se otorgan, sin distingo de ninguna naturaleza, las facilidades de ingreso a todos los estudiantes, sino que, adicionalmente, se otorga cuando se promueven contenidos educativos que alientan la construcción de una cultura democrática.

Una política educativa debe fundarse en la transmisión de valores positivos capaces de remplazar los prejuicios que constituyen la discriminación. En tales valores son fundamentalmente la equidad y la tolerancia ante las diferencias, ya que una educación que promueve la equidad y la tolerancia incluye como eje clave de su educación los derechos humanos y la democrática de un país, y por ello todo lo demás no tiene ni tendrá cabida en una institución que tiene como misión educar.

A medida que vamos creciendo y comienza nuestro proceso de socialización, se nos orienta a través del juego los gustos, las costumbres y las determinantes sociales. Las niñas adquieren habilidades maternales que se expresan por medio de interminables juguetes que nos vinculan con la maternidad, y a los niños se les alienta a convertirse en buenos deportistas o expertos constructores, que promueven sus futuras habilidades de competidores exitosos y potenciales creativos.

Cuando entramos al sistema escolar, nos enfrentamos al primer medio social con el cual debemos lidiar, en el que debemos construirnos como sujetos relacionales y establecer vínculos sociales significantes.

A este contexto muchas veces ingresamos encasillados por un uniforme, que entrega más movilidad a los niños que lo que permiten las falditas y jumpers de las niñitas, lo que nos recuerda tempranamente que deberemos comportarnos de manera diferente y que tendremos diferencias en nuestro campo de acción, dejando la libertad de movimiento a los niños y el recato y decoro a las niñas. ¿Cuántas veces una menor durante su infancia escucha frases como: “siéntate como señorita” y los niños frases como “párate como hombre”’?

Hasta ahí, podríamos decir que sobreviven con mayor facilidad quienes logran adaptarse a esta forma predefinida de vivir el hecho de ser mujer y el ser hombre. Sin embargo ¿qué sucede cuando el niño/a no quiere jugar a la pelota y más bien prefiere quedarse en el salón de clases a piernas cruzadas, jugando o conversando “in door”, o cuando una niña deja el maquillaje y el pelambre de la adolescencia para jugar un partido de fútbol con los compañeros?

Lo que sucede en ese contexto es lo que se conoce como bullying homofóbico, y atiende a cuando este niño o niña que no obedeció a los cánones preestablecidos debe padecer burlas, ofensas e incluso agresiones por no representar “como se debe” a su género.

Esta situación no la padecen solo quienes presentan una orientación sexual diferente a la heterosexual: la padecen todos aquellos niños, niñas o adolescentes que no fueron lo suficientemente femeninos o lo suficientemente masculinos en su accionar, en sus gustos, en sus preferencias.

Los estudios efectuados por GLSEN en EEUU y analizados por Todo Mejora, muestran que el 80% de los niños/as que sufre este tipo de bullying termina definiéndose a sí mismo como heterosexual; sin embargo, prácticamente todos los niños/as en etapa escolar (97%) escuchan en forma reiterada (hasta 22 veces diarias) insultos homofóbicos.

Por lo tanto, atacar el bullying homofóbico es promover la igualdad de género, generar mejores condiciones tanto para niñas como para niños, permitir a todos y todas actuar, sentir y vivir con libertad y por sobre todo comprometernos con una real generación de igualdad de oportunidades para todos y todas sin distinción.

Si se me hubiera permitido escoger, yo hubiese preferido haber nacido hombre.Seguramente, en ese caso, hubiera sido gay.

Los resultados de la última Encuesta nacional “Prevención, agresión y acoso escolar”, realizada por MINEDUC a los 8° Básicos del país, indica que un 9% de niños y niñas sufren hostigamiento frecuente en su ámbito escolar, siendo el insulto el maltrato más recurrente.

Sin embargo, aún las mediciones abordan en forma indistinta el fenómeno del bullying, asumiendo erróneamente que basta con conocer el número de niños/as y adolescentes que la padecen, sin hacer frente a sus particularidades. Resulta impreciso suponer que el hostigamiento sistemático lo viven todos los niños por igual, y también es perjudicial a la hora de diseñar estrategias para prevenir y abordar el fenómeno.

Por investigaciones internacionales, sabemos que quienes más padecen de violencia y acoso durante la etapa escolar son los y las adolescentes LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales); es el bullying homofóbico el que más está presente en la vida de un adolescente, sea o no homosexual, ya que este tipo de bullying lo sufren todos quienes expresan patrones de comportamiento sexual distintos a los “esperados o considerados normalmente apropiados”.

Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (2006), la mayor parte de los reportes de bullying son por sexo o género, y se dirigen a personas percibidas como diferentes de las normas sexuales y de género vigentes. La burla, el abuso, la exclusión y la violencia son especialmente dirigidas a las niñas que no son suficientemente “femeninas” y los niños que no son suficientemente “masculinos”.

Si bien en Chile no contamos con estudios representativos que permitan determinar con precisión la prevalencia de bullying homofóbico en nuestras escuelas, diversas investigaciones realizadas en el país parecen al menos encaminarnos hacia la misma tendencia.

Recordemos que UNICEF Chile, en su estudio de discriminación del año 2011, señaló que los mayores prejuicios de los niños/as y adolescentes eran hacia los homosexuales, y la Corporación Opción reafirmó estos datos señalando que quienes mayormente son objeto de comentarios negativos, resultan ser los homosexuales y lesbianas (Opción, 2012)

Pese a la evidencia, los programas de bullying no mencionan la orientación sexual como un factor de riesgo preponderante a la hora de sufrir acoso y hostigamiento al interior del sistema educativo, ni hacen referencia explícita a la necesidad de crear programas preventivos orientados hacia la aceptación de la diversidad y el respeto por la diferencia sexual, sino más bien tienden a ser tan amplios que no permiten el diseño de estrategias realmente eficientes.

Desatender esta particularidad es no comprender que el bullying homofóbico posee características que lo diferencian de cualquier otro tipo de bullying, y que agravan las consecuencias en las personas que lo padecen. Muchos adolescentes LGBT llegan a creer que sus sentimientos son únicos y están solos.

En el caso de otros grupos marginados, por cuestiones religiosas o étnicas por ejemplo, el ámbito familiar supone un refugio donde reforzar la propia identidad y encontrar referentes cercanos.

Sin embargo, los adolescentes LGBT no suelen disponer de ningún referente en su familia ni reciben información veraz y positiva acerca de su orientación sexual. La mayoría de las personas LGBT crecen en el seno de una familia heterosexual que, a menudo, ha desarrollado y transmite los prejuicios homófobos propios de nuestra cultura.

La homofobia, la lesbofobia y la transfobia son formas de odio expresado hacia las personas porque son, o se cree que son, LGBT.

Son formas de violencia de género, porque se basan en la suposición de que todas las personas deben ajustarse a la representación de la mayoría de lo que son comportamientos “masculinos” o “femeninos”. Encuestas han demostrado que el 80% de las personas que estuvieron expuestas al bullying LGBT, se definen como heterosexuales.

¿Qué nos queda por hacer? Mucho. Nombrar a los grupos más vulnerables de sufrir acoso escolar, tanto en las estadísticas como en la Ley de Violencia escolar es prioritario, ya que la evidencia internacional es categórica en señalar que cuando se identifican y nombran a las personas LGBT como un grupo de especial atención, se desarrollan estrategias preventivas más atingentes y con mayores resultados. Una de las principales armas de la homofobia es el ocultamiento y la negación de la existencia de personas homosexuales, bisexuales y transgénero.

Es esencial comprender que en la base del bullying está el rechazo, el miedo y la ignorancia hacia la diferencia, por lo que atacar el bullying homofóbico es atacar todos los tipos de violencia que se generan basados en la intolerancia.