Las motivaciones oficiales están imbuidas por dos objetivos: trasladar los estímulos a la demanda por educación a incentivos a la oferta, y privilegiar a las entidades estatales por sobre las privadas, a causa de la sospecha que buscan el lucro.

La finalidad es cambiar “el modelo neoliberal” que caracteriza a la Educación Superior (ES), diseñada e implementada en 1981 y que no ha experimentado cambios de fondo desde que se restableció la Democracia.

El principal objetivo es otorgarle a la ES la categoría de “derecho social”, aunque su implementación tenga que ser progresiva en el tiempo. Sin embargo, esta finalidad esencial choca de inmediato con trasladar los incentivos a la oferta, pues si se estableciera el derecho a la educación en esa categoría (de allí surge plantear la gratuidad universal), el agente de ese privilegio por definición es el estudiante y su familia y, por lo tanto, posee el privilegio de decidir la institución en la cual quiere recibir la enseñanza.

Por lo tanto, el Estado tiene que limitarse a asegurar que las entidades educadoras ofrezcan niveles mínimos de calidad en sus servicios, por ejemplo, mediante el sistema de acreditación.

En la intención de avanzar en la gratuidad universal planteó inicialmente otorgarla al menos al 60% de los estudiantes de menores ingresos familiares, pero estableciendo restricciones estrictas a quienes podían recibir los alumnos favorecidos.

El grado de improvisación y de discrecionalidad de esta intención original llevó al Ejecutivo a sucesivos cambios que lograron la rara unanimidad que ninguna institución la apoyara.

Se planteó la propuesta de avanzar mediante una glosa contenida en el proyecto de Ley de Presupuesto para 2016 que se tramita en el Parlamento; la resistencia encontrada, ha llevado a la autoridad a incorporar finalmente en su contenido tres componentes básicos.

a) Rebajar el porcentaje de beneficiados ante la insuficiencia de la caja fiscal.

b) Financiar la fondos necesarios mediante la supresión del 50% del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

c) Incrementar el monto de las becas Milenio que favorecen a algunos matriculados en los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

El AFI fue establecido en 1981 con el objetivo de favorecer a las entidades de ES que captaran a los mejores postulantes, medidos por los resultados obtenidos en la PSU. Los 27.500 mejores puntajes reciben la “marraqueta” de este subsidio, que lo transfieren a la institución donde se matriculan.

Por lo tanto, fue concebido como un estímulo a la competencia entre las instituciones, en la medida que ofrezcan un mejor nivel de enseñanza, lo cual no es bien visto por el Mineduc. Con el paso del tiempo, el mecanismo ha recibido fuertes críticas por ser considerado regresivo, ya que subsidia a alumnos de altos ingresos a causa de la correlación entre los altos puntajes en la PSU y el elevado nivel de ingreso familiar.

A lo anterior se agregaron observaciones sobre los contenidos de la PSU y las ponderaciones relativas de los segmentos beneficiados por el subsidio. Como consecuencia, en los últimos decenios los recursos asignados a este instrumento han estado relativamente constantes en términos reales, a diferencia de otras transferencia que ha realizado el Fisco a la ES, como es el caso de los créditos y becas; por ejemplo, mientras en el período 2005 a 2013 el Aporte Fiscal Directo a las universidades del Consejo de Rectores creció el 27,4% en términos reales, el AFI no tuvo aumento.

En el inicio, alrededor del 40% de los matriculados en el primer año tuvo acceso al AFI, para reducirse al 10% actual, como consecuencia de la masividad experimentada por el ingreso a la ES.

Sin embargo, se debe destacar que el AFI es el único instrumento que contiene el actual sistema que favorece y fomenta la calidad de los planteles. Es así como las universidades que reciben los mayores recursos están encabezadas por la Chile y la Católica, claramente las de mejor calidad en el país y seguidas a distancia por Concepción, Federico Santa María, Adolfo Ibáñez (no pertenece al Consejo de Rectores), Santiago y UC de Valparaíso.

Como es obvio, los centros de inferior calidad casi no reciben recursos de este instrumento.

Implementar la medida significará una reducción de los ingresos presupuestados por cada entidad para el 2016; más de 2.400 millones para cada una de las dos primeras, lo cual no lo tienen previsto en sus proyecciones. La fuerte resistencia encontrada obligó al Gobierno a dar marcha atrás y asegurar la mantención de los recursos para las universidades del CRUCH, en otra muestra del alto grado de improvisación y discrecionalidad que tiene la política.

La principal crítica que reciben las medidas en la ES de los últimos meses se han centrado en que no es procedente adoptar este tipo de propuestas en medio de la discusión presupuestaria, que por su naturaleza rige para un solo año y se formulan en un clima de urgencia y con poca reflexión, en circunstancias que afectan comportamientos de largo plazo de las entidades de ES, especialmente cuando el Gobierno ha anunciado que enviará al Parlamento a fin del presente año un proyecto de reforma integral del sistema universitario.

De allí la racional sugerencia que solamente se avanzara en gratuidad incrementando los actuales créditos y becas hoy en operación, esperando los cambios definitivos, lo cual no fue acogido por el Parlamento. Las circunstancias quedaron reflejadas en el anuncio de la ministra de Educación que propondrá próximamente un proyecto para la supresión del AFI.

La medida de incrementar las actuales becas Milenio desde $600.00  a $700.000 es positiva, en el sentido que su monto es muy inferior a la de otros subsidios que favorecen a los matriculados en universidades. Con esto se acortan las diferencias. Aquí nuevamente se establecen condiciones para el acceso, como que las instituciones que matriculan a los favorecidos deben sur entidades sin fines de lucro y mantener sus aranceles en términos reales, lo cual constituyó una mejoría en relación a la propuesta inicial, pero solo favorecería a una minoría de las entidades acreditadas, en términos arbitrarios.

La ausencia de una propuesta integral de Reforma  de la Educación Superior y de un amplio debate nacional sobre ella, es la que lleva al gobierno a esta secuela de improvisaciones y posturas contradictorias, cuya última consecuencia es el intento de supresión del único instrumento que incentiva la mejoría en la calidad de las entidades de la ES.

Tiene dos ventajas obvias: como la mayoría de los asalariados tiene un salario modesto, se asegura la aprobación en la asamblea en que debe aceptarse el término de la negociación y tiene la simpatía de asalariados endeudados, que cuentan con este beneficio contra el cual han girado por anticipado desde el término de la negociación previa o bien les permite adquirir algún bien durable sin créditos o pagar el pie en forma ventajosa.

En las grandes mineras los montos son altos. En CODELCO, los sindicatos de trabajadores obtuvieron en 2014 en El Teniente, $17,5 millones; en Ministro Hales, $14,6 millones; en Gabriela Mistral, $12,5 millones y en la Casa Matriz, $7,2 millones; los sindicatos de supervisores recibieron montos superiores.. En las otras grandes mineras los montos son similares o mayores.

El “tapabocas” del BancoEstado alcanzó a $6,3 millones y generó un escándalo generalizado, terminando con la renuncia de su Presidente, tomando en consideración que la cifra se considera alejada de los ingresos de la gran mayoría de los trabajadores chilenos y se alega que se financiará con parte de las utilidades de la entidad, que serían ingresos fiscales por la vía de impuestos o reaparto de los excedentes.

Sin embargo, el dilema que se enfrentaba era imposible, un bono escandaloso o una huelga que podía crear un caos en el sistema financiero.Recuerda el poema de Rubén Darío:

“A un cruzado caballero,

garrido y noble garzón,

en el palenque guerrero

le clavaron un acero”, y termina así,

“si me lo quitas, me muero; si me lo dejas, me mata”. Así ocurrió.

El problema que no se ha discutido es que la práctica del “tapabocas” se ha extendido por las grandes empresas y presenta serios inconvenientes para tener negociaciones colectivas sanas y convenientes para las partes, por lo cual debería ser considerado en la ley en actual debate en el Congreso, dictando normas que lo regulen.

Desde el punto de vista del empresario, el bono tiene ventajas claras. En primer lugar, evita que se incremente la planilla completa de remuneraciones, quedan estables hasta la próxima negociación colectiva y no distorsiona la estructura de los salarios, lo que ocurre cuando se centra la conversación en los incrementos por estamentos. Además, deja escasos asuntos pendientes para el futuro.

Sin embargo, si se quiere favorecer las relaciones entre las partes, se aleja de ese objetivo pues la atención se desvía de los asuntos de largo plazo, pasa a ser “pan para hoy y hambre para mañana”, es una suerte de narcótico, que no favorece el diálogo continuo que debe existir entre la parte empresarial y la laboral. Además, evita que se negocien otros beneficios más permanentes, que pasan a tener menos prioridad.

Por otra parte, contribuye a que se ofrezcan pocos estímulos a los trabajadores más especializados y de mayores remuneraciones. Por lo tanto, concentra la preocupación del personal en un beneficio que, por definición, es ocasional, por lo cual no favorece la constitución de sindicatos que puedan equilibrar el poder patronal, que es uno de los objetivos del proyecto de ley que regula la negociación colectiva.

El “tapabocas” del BancoEstado ha generado fuertes críticas de los gremios representativos de las grandes empresas y los partidos políticos de oposición, señalando que es un ejemplo de lo que acontecería si se aprueba el proyecto de ley sobre negociación colectiva, en circunstancias que se utilizó la legislación actual, no las normas futuras.

Se ha llegado al extremo de señalar que los sindicatos tendrían un poder monopólico que les permitirían imponer condiciones a los empresarios, con lo cual habría un desequilibrio entre las partes, afectando la rentabilidad, hasta el extremo que llevaría a muchas empresas a la quiebra.

Esto sólo podría ocurrir si los dirigentes sindicales tuvieran tan escaso conocimiento de la empresa en que trabajan que pudieran ponerla en riesgo, en circunstancias que uno de los objetivos del proyecto de ley es favorecer la información sobre los aspectos centrales de la empresa, de manera de hacerlos partícipes de asuntos de mutuo interés.

Suponer que los trabajadores podrían arriesgar la existencia de la firma por acciones irresponsables en una negociación colectiva, solo refleja irracionalidad, pues nadie desea perder su fuente laboral.

Las críticas efectuadas a este caso, en definitiva muestran que no aceptan la existencia de sindicatos fuertes, como el que ha existido históricamente en el BancoEstado, que representa a más del 98% del personal, sin aceptar que ha sido parte de los logros de la empresa que atiende exitosamente a los sectores populares, los lugares apartados, la mayoría de los microempresarios del país y una labor conjunta notable con los pequeños comerciantes en sus “cajas vecinas”.

Además, el banco no ha tenido pérdidas ni en las peores crisis financiaras de Chile y contribuye a la caja fiscal con el pago de impuestos y reparto de dividendos.

La creciente importancia que ha adquirido la práctica del “tapabocas” hace conveniente que en el proyecto de ley que se elabora en el Parlamento, se agregaran algunas normas que permitan regularlos, de manera que no sea el elemento principal de rige la negociación colectiva, sino la búsqueda asociativa de mejores condiciones de trabajo, que permitan elevar la productividad de la empresa en beneficio de ambas partes y no “juegos de suma cero”, como ocurre con frecuencia.

Esta falta de comprensión que se ha creado lleva a diferentes interpretaciones, sobre las razones que ha tenido la Presidenta para dejar que los hechos ocurran sin mayores precisiones.

En su intervención en el “Cónclave”, no se refirió ni adoptó posiciones en materias tal esperadas como las políticas económicas, el proyecto de ley laboral que se discute en el Parlamento, ni el camino y contenido de la Reforma Constitucional. Puede obedecer a que en el ambiente existente entre los partidos de la Nueva Mayoría, una definición en asuntos controvertidos agudizaría los conflictos y era preferible delegarlos en sus ministros, tal como ocurrió con Hacienda respecto a la Reforma Tributaria y el proyecto de negociación colectiva y fortalecimiento sindical, y con Educación en relación a la gratuidad de la Educación Superior. En ese sentido, la mandataria actuaría más como Jefe de Estado que como Presidenta, lo cual crea dificultades en un régimen presidencial como el chileno.

La debilidad de los partidos políticos de la Nueva Mayoría puede haberla llevado a la creencia que no podrían subsistir con éxito fuera del Gobierno, especialmente cuando están ya cercanas las elecciones municipales y parlamentarias. Tal como lo graficó acertadamente Ascanio Cavallo, “el que se mueve no aparece en la foto”, lo cual también fue expresado por la Senadora Allende al señalar que “estamos todos en el mismo bote, y el que quiera salirse, se hunde”. Esa creencia fortalecería su poder e independencia personal, pero tampoco puede extremar sus posturas formales y explícitas.

Su lejanía con los temas económicos le llevó en su anterior Gobierno a delegarlos en el Ministro Velasco y, en el actual, en el ministro Arenas, ambos determinantes en la confección de los respectivos programas. Una indicación ilustrativa es la pertinaz referencia a su Programa, pero olvidando que en esa carta de navegación también se considera explícitamente que, al término de su ejercicio, no habría déficit fiscal, lo cual la obligaría al ingrato papel de postergar varios programas sociales, dejando de cumplir los actuales valores ciudadanos que enfatizan los derechos pero no los deberes.

También se puede plantear la hipótesis que la Presidenta Bachelet no ha resuelto su contradicción entre su corazón “retroexcavador” (“sin renuncias”) y su racionalidad, que le lleva a admitir que es necesario fijar prioridades y alterar algunas urgencias.

En este sentido, su enérgico rechazo a que el cambio de gabinete implicó “un giro al centro” o un “cambio de rumbo” encontraría una explicación. Sin ir muy lejos, en el pasado se reflejó en su accionar como ministra de Salud en el Gobierno del Presidente Lagos y en el de sus sucesoras durante su anterior Administración y en el actual, al seguir políticas  caracterizadas por un profundo estatismo.

Otra interpretación obedece a la aspiración a cumplir su Programa, el símbolo de su  Gobierno, ya que es la instancia para asegurar lo prometido, sino también de implementar lo que no pudo realizar en su anterior Administración. Sin embargo, se podría argumentar que pocas personas en Chile pueden mostrar una trayectoria tan exitosa como la Presidenta Bachelet: ministra de Defensa respetada, que reivindicó con sus méritos la figura de su padre; fue elegida como mandataria y terminó su tarea con una asombrosa popularidad; tuvo una destacada tarea en las Naciones Unidad, siendo sindicada como posible Secretaria General de la entidad; ganó su reelección sin oponentes serios y con un aplastante respaldo, sólo le falta finalizar este gobierno con un respaldo claramente mayor  al actual.

La Presidenta ha sostenido que cree más en la cercanía y el contacto con los ciudadanos que en las encuestas de opinión; aquí puede estar la convicción que se puede repetir el proceso ocurrido en su anterior Gobierno, en que tuvo un respaldo minoritario después de las movilizaciones estudiantiles, para terminar el período con una masiva aprobación.

La Presidenta Bachelet ha señalado orientaciones que es necesario considerar para las tareas que realiza el Parlamento, a partir de su lema “realismo sin renunciar”, pero anunciando al mismo tiempo que “va a ser necesario jerarquizar y darles mayor gradualidad a algunos aspectos de nuestros compromisos”. Ese contexto es necesario adecuarlo a su afirmación “sin crecimiento no hay reformas sustentables”, a lo cual se agregó la necesidad de ser “fiscalmente responsable”.

En definitiva, se trata de mantener las líneas centrales del Programa comprometido con la ciudadanía, utilizando con eficiencia los recursos fiscales, de manera de lograr conjuntamente una contribución al crecimiento económico y reducir la desigualdad que existe en la sociedad chilena.

Para ello es necesario terminar con “la arritmia” y las “señales contradictorias” mencionadas por los diputados Auth y Tarud y, aunque le cueste, ratificar la delegación de poder  que significó la designación de los Ministros Burgos y Valdés.

1) Crecer con rapidez es un objetivo per se; aumentar en el tiempo el PIB implica que la masa de bienes y servicios disponibles contribuirá a satisfacer las necesidades de la población. Con este incremento, podrá aumentar el consumo de los bienes y servicios que se requieren. Ello va desde la alimentación, la salud,  la educación, la vivienda hasta la cultura. Este efecto ocurre incluso en casos donde los frutos de la expansión no se distribuyen equitativamente. La relevancia que posee el crecimiento en una sociedad como la chilena es obvia, pues, pese al enorme desarrollo material de las últimas tres décadas, cerca del 15% de la población permanece en el pobreza.

2) Otro de los efectos positivos está en la relación directa entre crecimiento y empleo, desde el momento que la expansión genera la ocupación de más factores productivos, entre ellos mano de obra. Incluso más, si le creemos a la llamada ley de Okun, veremos que la sola mantención del porcentaje del empleo existente en una economía, supone que el producto crezca anualmente al menos un par de puntos.  Además, al incrementarse la demanda por trabajo,  no solo se generan ingresos para los ayer desempleados, sino que también aumenta el poder de negociación del conjunto de los asalariados, con lo cual sus remuneraciones crecerán, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Lo propio ocurriría con los pagos a los otros factores productivos, entre ellos los empresarios y los dueños del capital y los propietarios de tecnología.

3) La contrapartida del incremento del PIB es el aumento del ingreso nacional y, por consiguiente, una mayor recaudación tributaria, a través de incrementos del IVA, posibilitado por aumentos en el consumo de bienes y servicios, de los impuestos a los ingresos y de algunos tributos específicos.

El fin primordial de la Reforma Tributaria fue la mayor recaudación que se obtendría con los mayores impuestos, los cuales permitirían financiar los programas sociales del Gobierno. El otro objetivo era mejorar la equidad, desde el momento que la carga impositiva se concentraría en los sectores de más altos ingresos. Si bien es claro que la Reforma tenía este objetivo redistributivo, la experiencia indica que el mejor elemento para reducir la desigualdad ocurre mediante el gasto fiscal ejecutado a través de programas sociales que favorecen a los segmentos de menores ingresos. Por lo tanto, sin crecimiento se limita fuertemente la posibilidad de reducir la desigualdad y de proveer bienes públicos sanamente financiados.

A lo anterior se suma la posibilidad  de que el Gobierno cuente con mayores recursos para financiar la inversión pública, que contribuye a un crecimiento permanente.

4) Si bien la Reforma Tributaria puede tener efectos negativos sobre la inversión privada, difíciles de cuantificar y, por lo tanto, que puede afectar el crecimiento, se debe considerar que en la medida que se reduzca la desigualdad y los abusos generados por la evasión y la elusión tributaria, la reducción de la tensión social generada por la injusticia social  tendría un efecto positivo sobre el crecimiento, especialmente de largo plazo.

Además, debe señalarse que la inversión privada depende de numerosos factores, entre los cuales las ventajas tributarias no es el más importante. Conviene indicar que el impulso de políticas redistributivas en marcos democráticos supone tratar de reducir el riesgo de que el proceso político y social caiga en juegos de suma cero. Obviamente, es mucho más fácil distribuir y redistribuir cuando la economía crece que cuando ella está estancada, pues la polarización política y social es menor y la pugna distributiva menos conflictual.

5) Agregamos que en cuadros de desconfianza en actores e instituciones, performances mediocres en lo económico coadyuvan a eventuales desencadenamientos de crisis sociales que generan círculos viciosos, pues ellos retroalimentan las desconfianzas y la amenaza de desestabilización institucional.

Resulta evidente que el desarrollo material ha sido una de las fuentes principales de la legitimación por resultado o rendimiento de las instituciones democráticas durante los últimos setenta años, pues en las sociedades contemporáneas el aumento de bienes y servicios es socialmente valorado y, viceversa, el estancamiento del consumo es motivo de frustración creciente, susceptible de derivar en crisis sociales y políticas. No parece casualidad que  en otros países de la región la tolerancia frente a cuadros de corrupción sistémica haya terminado junto con la ralentización del crecimiento de la economía.

6) El crecimiento económico tiene efectos positivos sobre la incorporación de tecnologías modernas y en general la innovación, elementos indispensables para un progreso sostenido, ya que es evidente que el crecimiento de largo plazo se sostiene en el cambio tecnológico.

Adicionalmente, en procesos de crecimiento permanente, se genera un clima general que estimula no solo el ánimo y el esfuerzo empresarial y la inversión, sino los incentivos por mejorar la capacitación laboral y los estudios especializados, sobre todo en el nivel superior.  Conviene destacar que el crecimiento económico y el avance tecnológico son variables que se van apoyando e interrelacionando en el tiempo, porque poseen efectos recíprocos que son más complejos que una mera acción de causa-efecto.

Es así porque el crecimiento productivo genera un ambiente propicio para que se desarrollen estímulos que fomentan la creación científica y la introducción de innovaciones. Al mismo tiempo, en la medida que los avances tecnológicos estén disponibles para impulsar nuevas inversiones, se reforzará un crecimiento sostenido en la producción.

7) Aunque la relación entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente no permite sacar conclusiones simples, se ha destacado que el aumento per cápita de la renta y el nivel de la educación conllevan la aparición y fortalecimiento de demandas políticas “posmaterialistas” crecientes –sobre todo en los grupos medios y medios altos-, entre las cuales la preocupación por el medio ambiente es significativa.

Ello parece como obvio, pues una vez que las necesidades básicas están satisfechas, viene la preocupación por la calidad de vida y el rechazo a estilos predatorios de desarrollo. Además, el crecimiento económico produce y/o expresa algunos cambios estructurales entre los cuales se encuentran la pérdida de peso de la industrialización y el avance de la economía de servicios.

El crecimiento también posibilita el desarrollo de la investigación y el financiamiento de tecnologías limpias -que permiten prevenir y reparar daños-,  además de dotar a la sociedad y al Estado de los recursos financieros para descontaminar, incluyendo el otorgamiento de subsidios “verdes”. De esta forma, la preservación del medio ambiente encontraría en el crecimiento un factor básico para tener éxito, aunque sería solo condición necesaria y no suficiente pues, evidentemente, sin voluntad política de atender a la sustentabilidad lo más probable es que el desarrollo material tenga efectos costosos para el medio ambiente.

Destacamos finalmente, que el crecimiento sostenido es un elemento clave para reforzar virtuosamente la imagen internacional de un país, con todos los elementos favorables que ello trae consigo en materias de inversión, de acceso al financiamiento externo y su costo -al reducir el riesgo país- y de los niveles de comercio, especialmente si se trata de un fenómeno persistente.

Co autor del artículo es nuestro columnista, abogado, Eduardo Saffirio.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/wp-content/uploads/2015/06/1199.pdf

Hace unos meses, entró en una polémica con diputados de la UDI a los que se sumaron de RN, que lo acusaron por el cobro de comisiones en el uso que sus clientes hacen de la cuenta RUT, el principal mecanismo utilizado por la mayoría de los chilenos para realizar sus transacciones financieras de bajo monto. Tal como ha sido popularizado, la que constituye la “chequera del pobre”, de la cual existen más de 7 millones de cuentas y crecen continuamente. La crítica se basaba en que el Banco así no cumplía con su rol social al cobrarle a los más desposeídos por el servicio que les presta.

La respuesta fue obvia y contiene varios componentes. Según la ley orgánica del BancoEstado, no puede realizar subsidios, a menos que el Gobierno le encargue cumplir una tarea específica; los costos de administración son significativos a causa de la masividad de la actividad, en especial los cobros de Transbank que realiza las funciones informáticas y, además, estamos en presencia de un servicio escaso, pues tiene costos de producción. En tal caso, la gratuidad muchas veces puede implicar usos inadecuados y desperdicios evitables mediante un cobro mínimo, como es este caso.

Labor social

En su rol social cumple varios papeles, pero el más importante es constituir la entidad financiera popular. Esta tarea histórica ha estado estrechamente asociada a la tradicional libreta de ahorro.

Con el establecimiento de la unidad de fomento para atenuar los perjuicios de la inflación, surgió también la cuenta en UF, que protege los saldos acumulados. Esta libreta llegó a superar los 10 millones de usuarios, hasta la gran innovación de la cuenta RUT, que reemplazó y acrecentó el número de clientes. En la actualidad, ambos instrumentos suman alrededor de 15 millones de cuentas.

La cercanía con la población se observa en la red de sucursales que tiene el BancoEstado, la más extensa de la actividad (370 oficinas) y caracterizada porque llega a los lugares más apartados de Chile. Pero, la innovación más notable de los últimos lustros fue la creación de las Cajas Vecinas, en que se asoció con comerciantes y pequeños empresarios para entregar servicios financieros, como depósitos y giros; ha sido una verdadera transformación en la vida cotidiana de muchos habitantes.

Esta red suma más de 13.500 puntos de atención, el 68% de ellas en regiones. Recientemente, el Banco presentó a las autoridades financieras un proyecto para abrir a los clientes del resto de la banca la utilización de la red para operar con sus tarjetas de débito. Este instrumento concentra el 44% de las habilitadas por los bancos.

A las transformaciones anteriores se han sumado recientemente las pequeñas oficinas (ServiEstado) establecidas en lugares de alta concentración urbana para facilitar los pagos de cuentas, depósitos y transferencias. Un buen ejemplo fue la temprana apertura en la Población La Legua.

Lo más reciente es la instalación de cajeros automáticos en recintos de Carabineros, ante la crisis de atención de estos elementos a causa de los continuos robos, lo cual ha sido recibido con satisfacción por los usuarios, pero con críticas por los “puristas” que no sufren de la carencia y reclaman que los problemas de seguridad pública no los cubre adecuadamente el Gobierno y se tiene que recurrir a estas soluciones “impropias”. Pero, “la necesidad tiene cara de hereje”. La red de cajeros del Banco alcanzó a 2.347 unidades y su programa busca elevarlos aún más.

La chequera electrónica es otro instrumento de uso masivo; en 2013 alcanzó a 863.000 sujetos, a lo cual se suman el uso de internet y la Banca Móvil.

El crédito popular

La otra tarea que distingue al BancoEstado es el otorgamiento de créditos a los sectores de bajos ingresos, en que ha cumplido una labor subsidiaria, ya que el resto de la banca ha tenido escasa presencia.

En materia de créditos hipotecarios, ha tenido una labor permanente, ya que una de sus instituciones “madres” en su fundación fue la Caja de Crédito Hipotecario.

Los microempresarios es otro objetivo al cual dirigir sus recursos financieros. Una de las metas que se planteó el Gobierno del Presidente Aylwin fue el desarrollo del crédito a los microempresarios que, al no tener acceso al financiamiento bancario, tenían que recurrir a sus proveedores o prestamistas que les cobraban tasas de interés de usura. Este programa ha resultado uno de los más exitosos de la institución, ya que atiende a más de 400.000 microempresarios, la gran mayoría del sector, principalmente mujeres.

En la actualidad la entidad está desarrollando un esfuerzo por acrecentar su presencia en el sector de pequeñas empresas, en que la competencia es más intensa y, además, ha estado incrementando su participación en las operaciones que se realizan mediante el Sistema de Garantías Recíprocas.

Otro segmento en que tiene una importante participación es en el crédito universitario, en especial el Crédito con Aval del Estado (CAE). Entre los beneficios a los estudiantes se encuentra el pago electrónico de las becas que los favorecen.

La crítica de la UDI

Los planteamientos de parlamentarios de la UDI, que señalan que el BancoEstado no debiera cobrar comisiones por el uso de la cuenta RUT, no solo carecen de fundamento sino que son contradictorias respecto a sus posturas tan cercanas al pensamiento neoliberal que los inspiran con tanta convicción. Es cierto que para esta ideología todo lo estatal es cuestionable y ahí tienen su fundamento, pero en este caso específico debiera primar que los bienes y servicios escasos deben tener un precio, de manera que los mercados puedan operar con eficiencia.

Por lo tanto, habría que buscar su fundamento político. La UDI tiene la obsesión de constituirse en un movimiento “popular”, sobre la base de los objetivos de Jaime Guzmán y su más cercano sucesor, Pablo Longueira. A pesar de algunos avances que experimentó en esa intención, progresivamente ha ido asumiendo la defensa de los sectores empresariales más poderosos del país, tal como ha quedado de manifiesto en la discusión parlamentaria del último año, con especial nitidez en el debate por la Reforma Tributaria y en la dura oposición al Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Es conocido que ese partido atraviesa por momentos poco favorables. Aparte de la derrota electoral, a la cual contribuyó la mediocridad del Gobierno del Presidente Piñera, se agregó el “asunto Penta”, que ha involucrado a algunos de sus principales líderes y que ha motivado intentos por traer a colación otros asuntos distractivos, disparando “de chincol a jote”.

El desconcierto de la UDI ha llegado al extremo de colocar avisos carreteros señalando que el BancoEstado no debe cobrar comisiones por el uso de la Cuenta RUT, pues deja de cumplir su rol social. En el aviso, el “patito” aparece con un gesto torvo y con un antifaz en el rostro, lo cual siembra la duda si representa al contratante.

Por otra parte, ¿las transferencias del grupo Penta fueron tan cuantiosas como para financiar avisos carreteros? ¿Cuál será el próximo destino de esos fondos?

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/wp-content/uploads/2015/02/1181.pdf

Aventura exitosa, pues no se trata de un ensayo político con un envoltorio literario, sino de un texto con una trama con suspenso, personajes bien delineados e incluso un sorprendente erotismo si uno se remite a la seria presencia pública del autor. Aquí, se expresa  más libremente con sus sabrosas descripciones del cuerpo femenino.

¿Qué relación hay entre los personajes del título? Un personaje pregunta “a ver, a ver, ¿cuál es el mensaje revolucionario que va entre la pera de Trotsky y las piernas de la Marilyn”? La mera visión de la tapa del libro es un acierto para echar a andar la imaginación. La Marilyn con su maravillosa sexualidad aparece gustosamente acosada por un posesivo Leon, inolvidable.

Trotsky, aparece ocasionalmente, aunque ha tenido una presencia más frecuente en varias expresiones, entre ellas, en “El hombre que amaba los perros”, la novela de Leonardo Padura, sobre su asesinato en México, hasta la invocación de algunos movimientos estudiantiles cercanos al anarquismo que, como tal, lo citan como su inspirador. Pero, la novela no trata solamente de la relación entre la bella y el revolucionario, es mucho más.

Un buen novelista elabora con su imaginación, su destreza narrativa y su experiencia vital. Aquí entra a jugar el elemento político, que aporta Genaro Arriagada. Si bien los personajes son ficticios, actúan en un mundo real.

En primer lugar, el escenario; en este caso la acción transcurre desde la noche previa al Golpe Militar de 1973 hasta el acto masivo en el Parque O’Higgins en que culmina la campaña del NO. Este trasfondo lo hace una valiosa lectura para todas las edades; los viejos para reexaminar las vivencias de este dramático período y quienes eran muy jóvenes o no habían nacido, para entender porqué se ha llegado al presente, valorizar lo ganado y entender mejor a los mayores.

Los personajes principales ilustran bien diferentes grupos sociales, en su diversidad. Octavio, intenso creyente en la revolución, a pesar que Allende fue elegido sin tener la mayoría ciudadana, confiaba que se lograría con “la batalla de la producción” y es víctima de ese enfrentamiento, en que desde los inicios del Golpe aparece la brutalidad del régimen militar.

Matías constituye un personaje particularmente dramático. A pesar de su origen “pequeño burgués” es un fiel militante comunista, que después de persecuciones termina exiliado en la Alemania Oriental.  El aparato partidario, autoritario y vertical, lo confina a una posición degradada, a la espera que triunfe la resistencia interna en Chile, a pesar que tal como lo señala la novela, “la masa del país había asumido la obediencia”, todo lo cual ocasiona la destrucción de su autoestima y su familia, para terminar trasladándose a Suecia, donde recupera sus destrezas laborales.

Estanislao, otro PC hasta el final, resulta desplazado cuando no es partidario de la vía violenta en una fase desafortunada de la trayectoria partidaria a comienzos de los 80.

Alfredo es el eterno opositor y, por lo tanto, sin resultados. Contrario a la Unidad Popular y después a Pinochet. El estar “ajeno” durante más de dos décadas le impide participar en las decisiones en las cuales le gustaría ser actor; pertenece a esa generación postergada durante tantos años.

Por lo tanto, es un espectador, que reconoce que desde el comienzo de la Dictadura expresa que “todos lo sabíamos”, en relación a los horrores que ocurrían, sin miradas hipócritas como muchos, y a diferencia de otros también participaron argumentando que lo hicieron “para evitar algo peor”.

Un personaje de interés es Juan Manuel Cooper, que reúne las características tan resaltantes en la actualidad, del especialista temprano en realizar “pasadas” ilegítimas. Es el intermediario en la compra de acciones que realizaba el gobierno de Pinochet a los empresarios vendedores, especialmente en el sector bancario, en operaciones que en muchos casos quedaron sin formalizar, en un “área rara”, de la cual se aprovechó y fue el origen de su fortuna, con la complicidad de Heraldo Palacios, una especie de “Mamo”, jefe de la Policía Secreta del Gobierno, y a partir de lo cual pasa a formar parte de los “niños vivos” que han proliferado en la actualidad. En la novela, Cooper se pasa de vivo y termina en la cárcel.

Bueno, no se trata de contar la novela y de dárselas de crítico literario. Las novelas se pueden comentar, pero para disfrutarlas hay que leerlas, lo que en este caso se recomienda.

A propósito, para conocer la relación entre Trotsky y la Marilyn, parta por comprar el libro, con lo cual también contribuirá a financiar los desayunos escolares pagando el IVA.

En los últimos decenios el énfasis en los derechos individuales ha tenido una expansión creciente, mientras los deberes de las personas tienden a olvidarse o menospreciarse, con ello el país ha ido perdiendo su vigor para enfrentar los obstáculos que le impone su propio desarrollo y se han acumulando una sucesión de problemas de desigualdad, abusos y concentración productiva; inequidades en todos los niveles educacionales, en los servicios de salud y en las pensiones; creciente inseguridad ciudadana y desaire a la mayoría de los inmigrantes; concentración del poder en la capital y postergación de las regiones. Para solucionarlos, se necesita hablar con crudeza y asumir obligaciones, algo muchas veces olvidado por el sistema político y la ciudadanía.

Los derechos constitucionales son una expresión de los valores básicos que busca otorgar un país a sus ciudadanos, son finalistas y, por lo tanto, por definición no establecen límites. Sin embargo, ellos aparecen en el momento de ejercerlos.

Yendo al campo educacional, se menciona el derecho a la educación. El artículo 19, N°10 establece el derecho a la educación, y dice que “para el Estado es obligatorio proveer la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito”. Agrega que “la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito”, repitiendo el compromiso anterior. Por otra parte, señala que “corresponde al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles…”, sin otra responsabilidad adicional.

De ahí nace el legítimo derecho a pedir que tenga un mínimo de calidad y en condiciones equitativas para todos. Ahora, si alguien no quiere ejercer su derecho en la entidad que el Estado provee tiene la libertad de buscar una alternativa, en este caso, sin una exigencia de gratuidad, debe pagar por ello.

En el caso de la ES el Estado no ha demandado la obligatoriedad de la enseñanza y, por lo tanto, no existe el derecho a exigir su gratuidad. El trato es diferente, su deber se limita al fomento de su desarrollo y a la regulación de una actividad que debe ejercerse en condiciones de equidad, sin discriminación, con plena información a quienes se educan, asegurando un buen nivel de lo que ofrecen los planteles e incluso garantizando la calidad de quienes se incorporan a una actividad laboral.

Pero, no hay derecho a la gratuidad desde el momento que es una decisión voluntaria de la persona. La lógica constitucional es implacable, no constituye un derecho social, para ello se requeriría una reforma constitucional.

Otro aspecto que se debe considerar está en el campo de los límites que tiene todo derecho. Al igual que todas las actividades productivas, el servicio educacional tiene costos, se deben usar recursos para entregarlo, básicamente humanos.

Esos recursos humanos y financieros tienen usos alternativos en otras tareas, ya sea en los diferentes niveles de la enseñanza o en otras responsabilidades del Estado como otorgar o financiar salud, previsión social, obras de infraestructura o seguridad pública.

Es decir, la ES compite con mejorar la cobertura y calidad de los parvularios, donde básicamente se define el porvenir de quienes se educan, o con la cantidad de ambulancias disponibles en los consultorios de salud. En estos casos, entregar gratuidad a los estudiantes de los sectores del 5% de más altos ingresos de la población, corre en seria desventaja.

¿No se realizó para ello una Reforma Tributaria? Efectivamente, se espera que la reforma Tributaria genere el equivalente a US$ 8.200 millones en régimen en 2.018, siempre que el PIB crezca en los próximos años al 4,5% anual, lo cual es improbable con el escenario de desaceleración que se observa.

Además, el principal objetivo que enfrenta el país es reducir la desigualdad, la cual tiene numerosas  y variadas expresiones. Si se examina la opinión ciudadana, aparecen  como primera prioridad la seguridad y la  salud, a la cual se deberán entregar cuantiosos recursos para mejorar la atención primaria y hospitalaria.

La comisión designada por la Presidenta Bachelet debe entregar su informe sobre la situación previsional, que significará destinar significativos fondos para las pensiones asistenciales a jubilados y montepiados, ya que están entre los más pobres del país. En el próximo semestre se iniciará la tramitación de la reforma laboral, que requerirá un presupuesto especial.

Pero, lo más importante está en el propio sector educacional, señalado en el programa como la prioridad del Gobierno. En esta materia, la preferencia está clara: con una visión de futuro, de largo plazo, los esfuerzos deberían concentrarse en los primeros niveles de la enseñanza, pues ellos definen la vida de los ciudadanos y dan comienzo a las posibilidades de mayor equidad en el largo plazo.

Son conocidas las serias limitaciones de cobertura, de recursos humanos y presupuestarios de la educación pre escolar, a pesar del compromiso del Estado cuando se hizo obligatoria y, por lo tanto, de entregar enseñanza de calidad a todos los niños. Algo similar ocurre con los problemas en los niveles básico y medio, que presentan deficiencias y desigualdades.

Por otra parte, la masificación de la ES, que quintuplicó en menos de una década el número de estudiantes, el logro más significativo del sector en el último cuarto de siglo, constituye un proceso que todavía no ha terminado y que requiere de ajustes y cambios significativos, tanto en la institucionalidad como en las etapas de la trayectoria educativa.

En un cuadro como el descrito, parece fuera de lugar estar proponiendo otorgar recursos estatales para financiar la educación de los sectores de mayores ingresos del país. ¿No resulta absurdo que a un contingente de estudiantes cuyos padres están desembolsando $ 3 millones anuales o más a un colegio particular pagado, el Estado le financie la educación superior?

¿No será una nueva muestra de la capacidad de los más ricos de acceder otra vez a los privilegios del Estado, como otro abuso adicional a los que han marcado la concentración en Chile?

Además,  en la ES hay numerosas  e importantes tareas pendientes,  entre ellas, si no alcanzan los recursos para la gratuidad, ¿cómo seleccionar entre los postulantes, si no se pueden otorgar becas para todos? La respuesta obvia es que hay que continuar con los créditos para parte de los de ingresos medios por un lapso difícil de prever, en esta materia hay mucho que revisar, modificar y regular.

Al tema de financiamiento para todos los estudiantes que cumplan los requisitos de ingreso a la ES, se suma el asunto de establecer esas condiciones mínimas, pues la ES está hecha para una parte de la población, no es obligatoria. Las experiencia en varios países latinoamericanos de la “universidad para todos” es lamentable. El mejor ejemplo está en Argentina que, después de encabezar tradicionalmente este nivel de enseñanza durante más de un siglo, perdió posiciones de tal forma que dio origen al creciente surgimiento de planteles privados.

La gratuidad de la educación superior debe ser una aspiración legítima, pero alcanzable  cuando Chile logre seguir creciendo con rapidez, reduzca la desigualdad y consiga satisfacer otras carencias más importantes y prioritarias. Lo otro es regresivo y desalentador para la mayoría del país.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2014/11/gratuidad-en-la-educacion-superior/

En el pasado, los que mandaban en Chile conformaban una clase social de origen básicamente rural-agraria, como los describen los historiadores; eran austeros, escasamente ostentosos, orgullosos de sus tradiciones, cerrados con respecto al ascenso social, clasistas y alejados del estudio de las profesiones liberales y, más aún, del mundo científico. Algunos grupos de altos ingresos podían diferenciarse emigrando por períodos hacia el viejo continente, pero los “europeos” recibían una mezcla de reproche y envidia.

Durante el siglo XX, la situación fue cambiando, mediante la formación de una clase media que se incorporó a la ciudadanía gracias a la educación y la industrialización (“el ascenso segmentado”), lo cual se incrementó con la Gran Crisis y el proteccionismo creciente, que hizo surgir a otros empresarios diferentes. El desplazamiento de “los que mandan” se agudizó definitivamente en el Gobierno de Frei con la Reforma Agraria y de Allende, con la pérdida del control de las principales industrias y bancos.

A pesar de varios intentos por recuperar algunos patrimonios al comienzo de la Dictadura, ya la sociedad había cambiado y la apertura del país al exterior terminó por aplastar a los que mandaron en la primera mitad del siglo XX.

El cambio político y social se agudizó durante el régimen dictatorial y los 25 años siguientes, de manera tal que el poder quedó radicado en segmentos con otros valores, en que la austeridad fue sustituida por el individualismo, la competitividad, el consumismo y el arribismo como sus características más notorias. Tal como lo ha descrito Eugenio Tironi, Chile ha ido reemplazando la influencia cultural francesa por la norteamericana.

Haciendo una simplificación, se puede señalar que después del golpe militar y la crisis económica de 1982-83, en Chile había muy pocos empresarios, lo cual ha dado origen a una gran variedad de personas de altos ingresos de naturaleza muy diferente, desde los empresarios “shumpeterianos”, innovadores, hasta una amplia gama de fortunas provenientes de la especulación financiera, que generan un escaso valor agregado, los modernos “pirañas”.

El cuarto de siglo desde el retorno a la Democracia ha sido acompañado por un rápido crecimiento del ingreso nacional, aunque muy mal distribuido. En consecuencia, aparecieron grupos empresariales con enormes riquezas personales que deben encontrar un destino, especialmente si se busca la necesaria diversificación, pero Chile es un lugar muy pequeño. Tal como lo señaló Jacobowsky, “compran y compran; no saben qué hacer con la plata y, por lo tanto,  buscan adquirir pertenencia y membresía”. Otros aspiran a formar parte de los “poderes fácticos”, bautizados por Allamand, y adquirir éxito y prestigio.

Por ello, buscan variadas formas para manifestar el poder empresarial, revelándose –especialmente- en el mundo político, económico y social.

Otra expresión menos agresiva es el mundo de los “hobbies”, es decir, las aficiones secundarias que tienen “los que mandan”, las distracciones que los motivan, que por su carácter también cumplen el papel de distinguirlos de los demás y, por lo tanto, son materia de la competencia por ser el mejor, “imitado pero jamás igualado”.

N de la E :Algunos de estos gustos distintivos son abordados en la versión extendida de esta columna: http://www.asuntospublicos.cl/wp-content/uploads/2014/11/1167.pdf

Llama la atención que el Arzobispo se una al Nuncio para el envío de estos antecedentes a Roma, en momentos que el Papa Francisco ha iniciado un notable pontificado que busca, entre otros objetivos, la puesta al día de la Iglesia Católica con los temas de la sociedad actual, más allá de la obsesión de las últimas décadas por la moral sexual.

Si bien la reacción oficial posterior ha señalado que lo que  “el Arzobispo sí ha hecho es responder a una solicitud de la Nunciatura Apostólica en Chile, de enviar las distintas declaraciones que han hecho estos tres sacerdotes y que han aparecido en distintos medios de comunicación”, no se justifica la acción, pues Ezzati habría sido el dueño de las tijeras o, a lo menos, tuvo conocimiento del contenido de la respuesta a la solicitud.

Esta acción  ha despertado una profunda desilusión en muchos católicos que conocemos directa o indirectamente a los involucrados.

El valioso testimonio de Benito Baranda en una columna,  sobre los tres sacerdotes cuestionados, motiva a manifestar el respaldo a sus opiniones.

Conozco personalmente a José Aldunate, figura señera en el acompañamiento a los más necesitados. Fue compañero de comunidad de Ignacio Vergara S.J., ya fallecido, uno de los primeros curas obreros, que laboraba como trabajador del fierro junto a sus colegas, hombre santo en su oficio y como pastor.

También conozco, aunque no presumo de ser su amigo, a Felipe Berríos que, entre otros logros, fue el creador e inspirador de la notable obra “Un techo para Chile”, que ha sido la fuente de atracción de cientos de jóvenes que han acudido con generosidad al servicio social que él inspiró y acogió a quienes no tenían atracción por la actividad política, pero sí por labores comunitarias, posibilitando la formación de líderes motivados por ideas altruistas y solidarias.

Sus denuncias a la “cota mil” han sido fuente de irritación de muchos, que se sienten acusados por sus dichos, pero en las sociedades siempre deben existir voces que hagan este tipo de denuncias, aunque puedan  resultar exageradas.

Escuché en Radio Cooperativa, en el Programa del café matinal del 14 de octubre, el vibrante testimonio de Camilo Escalona sobre la abnegada labor del sacerdote Mariano Puga en defensa de los más pobres en un mundo de delincuencia y droga, como ocurre en la población La Legua, actividad que ha seguido en todo lugar donde ha realizado su labor cristiana, más notable pues él nació “en cuna dorada”.

Esta actuación del Arzobispo de Santiago parece aún más sorprendente cuando se observa el objetivo del Papa Francisco por modificar profundamente la presencia de la Iglesia Católica en el mundo actual y su mensaje renovador ha encontrado  resistencia de “los que mandan” en Roma, representados por la Curia, cuyo representante en Chile es el Nuncio, con el cual Ezzati  aparece como si fueran “hermanos de  leche”. Los trascendidos del actual Sínodo reflejan esta disputa no declarada por el poder de la institución.

¿Qué sucede en Santiago que el  gobierno de la arquidiócesis recae en autoridades que en vez de unir separan? Después de la actuación de Arzobispo Errázuriz en el caso Karadima, en que sus cuestionamientos escritos  daban innumerables vueltas al mundo antes de llegar a Roma, su sucesor parece muy urgido en informar.

A pesar de todo lo anterior, seguiré pagando mi 1% a la diócesis, espero que en beneficio de los curas jubilados que sufren pobreza.

Sin embargo, y debido a- las permanentes críticas de la Derecha, los grandes gremios empresariales y los economistas neoliberales, han quedado una serie de aspectos pendientes que es necesario mejorar en el futuro.

Principales críticas

Aparte de la imputación que la Reforma gravaba principalmente a la clase media y las PYMES, se señaló que ella generaría un clima de incertidumbre en el sector económico que afectaría el crecimiento y que ese efecto ya se había empezado a reflejar con la elección de la Presidenta Bachelet. Pese a ser conocido por todos que este freno comenzó durante el 2013 fruto de la evolución normal del ciclo productivo.

Otro reparo apuntaba a que la Reforma reduciría seriamente la inversión y, por ende, el crecimiento y el empleo. Si esto fuese así, las afectadas serían  las  grandes empresas y ello tendría efecto básicamente sobre la acumulación de capital de largo plazo. Sin embargo, los cambios tendrían dos consecuencias positivas.

I) Los recursos de la mayor tributación se destinarán básicamente al gasto fiscal en educación, salud y obras públicas y no a consumo gubernamental.

II) Estos programas sociales implican un esfuerzo por reducir la gran desigualdad existente en  Chile, lo cual reduce el clima de tensión ciudadana, principal requisito para la inversión empresarial y el crecimiento.

Otro frente de objeciones provino de la propia Nueva Mayoría y se basó principalmente en la celeridad con que el Gobierno tramitó la Reforma. Ello se pudo deber al deseo de presentar el proyecto aprobado antes del Mensaje del 21 de mayo, como también a la necesidad de dejar atrás prontamente el clima de incertidumbre existente.

Logros importantes

a) Celeridad de su aprobación, lo que autorizó al Ejecutivo para presionar a la Derecha y al empresariado para lograr un acuerdo que, por las características del proyecto, implicó su aceptación a las líneas matrices, lo cual da estabilidad en el tiempo a lo pactado.

b) Obtención de recursos para financiar las políticas sociales (en régimen la Reforma recaudará alrededor del  3% del PIB).

c) Incremento del impuesto a la renta de 2ª categoría que grava a las utilidades de las empresas, que suben desde el 20% al 27%, en forma creciente durante los próximos años.

d) Eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que constituye una de las fuentes principales de elusión.

e) Aumento de atribuciones otorgadas al Servicio de Impuestos Internos para actuar con eficiencia, complementados por refuerzos en la misma dirección para la Tesorería General y el Servicio de Aduanas.

f) Supresión y reducción de algunas normas y ventajas injustificadas que son utilizadas para eludir impuestos o diferir su pago en el tiempo.

g) Aprobación o mejoría de los denominados “impuestos verdes”, que buscan desalentar el consumo de una serie de bienes que afectan básicamente la salud de las personas, incrementando también los gravámenes hacia quienes generan externalidades negativas, como es el caso de los vehículos motorizados y combustibles.

Lo que faltó

El aspecto más cuestionable de la Reforma se encuentra en la aprobación de dos sistemas tributarios alternativos que se admitieron en la fase del acuerdo con la oposición, lo cual introduce varios inconvenientes, partiendo por la falta de claridad sobre cuál de ellos tendrá mayor importancia y a quién perjudicará menos.

Otro tema complejo de superar fue la idea (generada por la acusación de la Derecha) que los principales perjudicados con la iniciativa serían la clase media y las PYMES. Tal como lo señalan las encuestas de opinión pública, en esta materia la estrategia comunicacional del Ejecutivo fue desacertada y no pudo establecer que, en su esencia, los principales perjudicados serían los segmentos de mayores ingresos del país.

A ello se suma el cuestionamiento a la reducción de la tasa marginal del Global Complementario desde el 40 al 35%, ya que es el gravamen personal que tiene carácter progresivo.

También se critica la aprobación inesperada de una franquicia para repatriar fondos invertidos en el exterior, con una tasa relativamente baja; cabe destacar que esta propuesta fue aprobada, pero con el voto contrario de numerosos parlamentarios, entre ellos la mayoría de los diputados de la DC.

Además, la negociación con la Oposición trajo consigo transar en algunos aspectos que eran importantes para mejorar la progresividad, como son: las rentas presuntas aplicables a la Agricultura, la Minería y el Transporte y que facilitaban el menor pago de impuestos; las ventajas impositivas que favorecen a la actividad de la Construcción y el no incremento del tributo de timbres y estampillas que grava las operaciones de crédito.

Todo ello, aún sin considerar una serie de aspectos pendientes que es necesario mejorar en el futuro: revisión de la normativa del “royalty” y algunas ventajas tributarias que favorecen a sectores de altos ingresos, como la exención del IVA a los gastos en educación y salud, una modificación “políticamente incorrecta”, porque los segmentos de menores ingresos no acuden a clínicas ni a colegios pagados. Algo similar ocurre con algunas franquicias regionales que persisten a pesar que sus beneficios son más aparentes que reales.

Haciendo un balance de los objetivos logrados y los temas pendientes, sin lugar a dudas que el nuevo sistema tributario es mejor que lo que teníamos antes de esta Reforma.

Sin embargo, quedan una serie de aspectos pendientes que deberán esperar bastante tiempo porque cambios de esta naturaleza no se hacen con frecuencia. Así, como lo señaló Claudio Agostini, “perdimos la oportunidad de avanzar en forma significativa a un sistema tributario más eficiente, más simple y más justo”.

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Un ejemplo ilustrativo en Chile es la palabra “huevón”, que en el pasado era un término eminentemente grosero y ofensivo, pero que en la actualidad pasó a ser de uso corriente. Este fenómeno se observa con otros vocablos del lenguaje común, como la palabra “lucro” un término muy utilizado.

Sin embargo, aparte de su connotación negativa, lucro se usa con contenidos muy imprecisos, pero todos ellos asociados a la malignidad.Por ejemplo, el diccionario de la RAE señala que lucro es “la ganancia o provecho que se saca de algo”, lo cual es bastante inocente desde el punto de vista ético. La clave puede estar en sacar provecho, beneficiarse de algo o alguien.

Aquí surge el fenómeno del abuso, característico de la sociedad chilena actual y que se ha manifestado en distintos ámbitos: la educación, la salud, la vivienda, los servicios financieros, las farmacias y, muy especialmente, el comercio o “el retail”, en términos modernos.

Las expresiones concretas son variadas, encabezadas por La Polar, el acuerdo entre las grandes cadenas de farmacias y los laboratorios; los créditos CORFO y con aval del Estado (el CAE), las AFP, en fin, el ciudadano abusado por aprovechadores poderosos. Cuando las situaciones se repiten y extreman surgen las legítimas resistencias y también las simplificaciones en el análisis.

Estas acciones han ido generando un difundido sentimiento de rechazo al abuso, que se expresa en el repudio a quienes “lucran” en la sociedad. Uno de los sectores en que se ha concentrado la reprobación es en la educación, cuestionándose la “mercantilización” de la sociedad, causada por el neoliberalismo como su fuente ideológica y expresándose en el repudio a considerarla como un “bien de consumo”, tal como lo calificó el ex Presidente Piñera y no como un derecho social. Ello, además, agudizó los conflictos.

Así, el rechazo al lucro se extendió a todos los niveles del sistema educacional y pasó al centro de la discusión, con ocasión del proyecto de ley enviado tempranamente por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que “regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”.

Entre los fundamentos del proyecto de ley se señala que “las movilizaciones sociales de los últimos años pusieron de manifiesto el problema del crecimiento descontrolado de los establecimientos con fines de lucro, impulsaron la necesidad de concebir la educación como un derecho social y no como un bien de consumo y cuestionaron que el extraer utilidades sea un incentivo de los sostenedores privados que quieren proveer educación, más aún en un contexto de recursos siempre escasos para el proceso educativo”.

El aspecto más cuestionable de esta afirmación es que se fundamenta en las “movilizaciones sociales” y no en las opiniones y estudios realizados por especialistas educacionales, en conclusiones del ministerio de Educación, de las Facultades de Pedagogía, en recomendaciones de misiones de la ONU o comisiones parlamentarias, sino la ahora sacrosanta “la calle”.

Cuando se considera que las manifestaciones estudiantiles (“la calle”) representan la voz de la ciudadanía, se pueden cometer serios errores políticos.

Es enteramente cierto que las marchas tuvieron el mérito de volcar la atención sobre una serie de temas, problemas y carencias que existen en la sociedad chilena; sumaron distintas expresiones de la desigualdad y los abusos existentes, pero también es claro que responden a diferentes intereses que se agrupan y dispersan con igual facilidad, dependiendo de la profundidad y permanencia de cada conflicto.

Los problemas del crédito universitario son muy diferentes a los del costo de la energía en Magallanes, las cuotas de pesca de Aysén, el multirut o los matrimonios homosexuales.

Es evidente que el mérito del movimiento estudiantil fue poner en relevancia serios problemas que ha arrastrado el país y reiterarlos desde 2001, hasta el extremo de cambiar la agenda política de Chile.

Sin embargo, eso no significa que represente a la ciudadanía, la cual se expresa fundamentalmente en los procesos eleccionarios, bajo el principio que cada persona tiene los mismos derechos, cada voto tiene el mismo poder, el cual es delegado tanto en la Presidencia de la República como en el Parlamento, por muchas imperfecciones que tenga el sistema binominal pero, en definitiva, ese es el fundamento de la democracia, no quien grita más fuerte, es la defensa popular fuente a los poderosos.

Volviendo a nuestro tema, hemos visto cómo la evolución del lenguaje hace que la palabra “lucro” deba asimilarse más bien a la voz “codicia”, que significa “afán excesivo de riqueza”, y que representa una motivación claramente presente en algunos segmentos de la sociedad chilena y en los incentivos que promueve el neoliberalismo para guiar la conducta humana.

En ese sentido debe diferenciarse del término y significado de “ganancia”, que es la retribución legítima de un factor productivo que interviene en los procesos de elaboración, tanto de un bien físico como de un servicio, sea la educación, como la salud o la actividad artística.

Tal como lo señaló el Cardenal de Ghana Peter Turkson, Presidente de la Comisión Pontificia Justicia y Paz, “las utilidades son un buen sirviente, pero un mal señor”.

En resumen, toda actividad debe ser realizada en forma eficiente, sea ésta un negocio tradicional u otro con fines altruistas, religiosos o laicos; o que persigan objetivos sociales. Eso se observa en numerosas acciones en que interviene el Estado con diferentes fundamentos, principalmente mediante subsidios: construcción de viviendas sociales; concesiones de obras públicas, cárceles y aeropuertos; actividades artísticas; hospitales y universidades.

Lo anterior no obsta para que el Estado cumpla también con eficiencia su labor reguladora, especialmente importante en el sector educacional, donde se presentan con mayor intensidad las carencias en tareas, donde además, dada su naturaleza, ocurren abusos, imperfecciones, desigualdades y asimetrías de información, las que se constituyen en terreno fértil para la codicia o el lucro en su nuevo significado criollo. De ahí, surge la necesidad y obligación de imponer normas y controles.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/wp-content/uploads/2014/09/1157.pdf

Mientras tanto, la Educación Superior (ES) tendrá que seguir esperando, aun cuando el Ministro aprovecha el tiempo escuchando a los diferentes actores que intervienen en esta actividad. (Objeciones porque escucha y no actúa, después que el ministro de Hacienda fue cuestionado por actuar sin escuchar).

La ES es una “papa caliente” difícil de enfriar porque ha acumulado demasiados problemas. Desde la reforma de 1981 han pasado ya más de 30 años y, a partir de entonces, los cambios legales que se han realizado son menores. Así, se han ido sumando una serie de asuntos que han generado ineficiencias e injusticias que necesitan ser enfrentados. La variedad de situaciones requieren de una política integral para ser enfrentadas y, más aún, establecer prioridades para implementarlas, podemos presentarlas en el siguiente recuento.

Los cambios institucionales en la ES

Las modificaciones necesarias son variadas y las alternativas complejas. Partiendo desde el nivel más alto en la pirámide organizacional, está pendiente una definición sobre el campo de acción del ministerio de Educación y, en términos más específicos, la responsabilidad de la promoción y el fomento de la Ciencia y la Tecnología (CyT); también la creación de la Subsecretaría de Educación Superior es un tema en espera, aunque hay algún avance en este aspecto, pues el Gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley al Parlamento en 2014. Se supone que el actual Gobierno presentará un nuevo proyecto, pues existe bastante consenso en la necesidad de crear esta instancia.

La Superintendencia de Educación Superior está en una situación similar a la anterior, con la diferencia que el Gobierno de Piñera presentó un proyecto al Senado en noviembre de 2011, pero es esencial el establecimiento de este organismo regulador y controlador, ante la situación de desorden que presenta la ES.

Sobre la Agencia de Calidad, la ley Nº 20529 creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar, pero en el caso de la ES los avances han sido escasos. La acreditación es otro tema que requiere revisarse a fondo, pues no ha funcionado de acuerdo a las expectativas.

Por otra parte, las nuevas normas debieran establecer diferencias entre las universidades, distinguiendo entre las complejas y las docentes, entre otras razones para el diseño de un adecuado sistema de aranceles. Además, las llamadas “universidades de excelencia”, no más de dos o tres en el país, debieran recibir un trato especial.

Sumemos a lo anterior, la apertura y cierre de instituciones, y el licenciamiento de sedes y carreras, que se han transformado en situaciones caóticas. Finalmente, la figura de Administrador Provisional de Establecimientos Educacionales fue aprobado en primer trámite el 4 de junio, pasando al Senado, otorgando atribuciones al Gobierno para intervenir en la gestión de aquellos casos en que haya entidades que atraviesan por problemas serios, buscando la protección de los alumnos y la reubicación de éstos.

A estos temas se suman otros aún irresueltos, como las nuevas universidades regionales y la creación de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales al alero de planteles tradicionales, con el propósito de crear entidades de calidad y “con una fuerte identificación y vinculación con el desarrollo productivo regional”.

Entre los temas a revisar también se encuentra la situación del Consejo de Rectores (CRUCH), entidad que nació en 1984 sobre la base de la reforma de 1981, con las 8 universidades originales, ampliadas con la creación de las “derivadas”, tanto a partir de las estatales (U. de Chile y Técnica del Estado) como de las tres Católicas, hasta conformar el club de las 25 actuales.

Estas instituciones son “públicas” en el sentido que no tienen fines de lucro, y gozan de algunos privilegios, simbolizados en la recepción del Aporte Fiscal Directo desde su origen.

Otros temas que es necesario revisar son el de las Universidades estatales y su relación con el Gobierno; la educación pos universitaria, las Escuelas de Pedagogía – especialmente porque una parte decisiva del mejoramiento de la Educación en todos sus niveles depende de los profesores-; la grave anomalía existente en algunas universidades con el lucro; el sujeto del derecho a la educación; las becas y/o gratuidad universal y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI); así como el sistema de aranceles, reales y de referencia, tema muy importante para el funcionamiento de la ES, pues no están regulados adecuadamente los costos de la enseñanza.

A todo lo anterior se suma la duración de las carreras y el inmovilismo, uno de los problemas que generan grandes ineficiencias en el sistema. Adicionalmente, se necesita una revisión del sistema de títulos y grados, de manera de hacerlos más funcionales al mundo actual.

Como vemos, la tarea para el Ministerio de Educación para enfrentar los problemas no resueltos en materia de Educación Superior, es larga y ardua.

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