Como si esto no fuera suficiente, después nos enteramos que no sólo hubo irregularidades (otro eufemismo) con el proceso de recolección, sino que además existirían algunas firmas falsas dentro del listado.

Enfoquémonos en las inconsistencias legales halladas. Primero que todo, relatemos lo ocurrido para que estemos en la misma página: la ley obliga que las personas que patrocinan la presentación de una candidatura independiente (ya sea a diputado, senador o presidente), deben cumplir con tres requisitos.

(1) Estar inscritos en los registros electorales (con la ley de inscripción automática, basta con ser mayor de edad).

(2) No militar en ningún partido.

(3) firmar ese patrocinio ante un notario.

Los primeros dos requisitos parecen lógicos, pero sobre el tercero es válido preguntarse, ¿por qué se exige que un notario certifique que esas personas están apoyando la candidatura? La respuesta es simple: el notario es la única institución, por tener el rol de ministro de fe, que puede certificar que las personas que apoyan la inscripción de la candidatura son efectivamente quienes dicen ser y realmente patrocinan al candidato al firmar por él.

El reportaje de El Polígrafo que reveló las irregularidades muestra la imposibilidad de que las firmas entregadas por los candidatos al Servel hayan sido realizadas en presencia de un notario.

Pero, ¿cuántos de nosotros efectuamos los trámites notariales realmente frente al notario que certifica “firmó ante mi”? Regularmente esas firmas se realizan frente a un colaborador del notario.

Sin ir más lejos, el Coordinador General de Revolución Democrática, Miguel Crispi, indicó el miércoles 27 de noviembre en Radio Cooperativa que en la recolección de las firmas exigidas para la inscripción de la candidatura de Giorgio Jackson, siempre hubo un colaborador del notario en el stand implementado en el bar The Clinic.

La pregunta entonces cae de cajón, si la única función, la única razón de ser de un notario es ser ministro de fe -esto es, asegurarle a la sociedad que los actos que él certifica son tales-, no la está ejecutando, ¿por qué han de existir?

Los hechos denunciados por El Polígrafo, y que ahora son materia de investigación judicial, lesionan aún más la credibilidad y confianza en las instituciones. Y en esto no me refiero exclusivamente a que los notarios no ejerzan el único rol que la sociedad les confiere (cosa suficientemente grave). Con la lamentable noticia de la posible falsificación de firmas presentadas, terminamos por confirmar la desconfianza que cualquier ciudadano podía tener sobre las instituciones.

Y entonces la discusión decanta en el fondo, ¿Hemos perdido por completo la confianza sobre nuestras instituciones? Los notarios hacen su aporte frecuente al descrédito institucional. Este último episodio es sólo uno más en la lista.

Basta recordar los reportajes televisivos sobre sus tarifas o el patético espectáculo que dieron al defender –como cartel- la burocracia que detentan en medio de la discusión de la ley que permite la creación de empresas en un día. Y, peor aún, el listado de diputados de la DC que defendió a los notarios en esa contingencia, incluso presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional.Suma y sigue en el calvario de la desconfianza institucional.

Si no hubiese existido una sociedad civil organizada y activa, rol que cumplió la Asociación de Emprendedores de Chile –Asech-, el lobby de los notarios sobre la bancada DC hubiese sido exitoso. Los involucrados argumentarán en su defensa que esto último es política ficción. Ante esto en los campos colchagüinos de los que provengo dirían “sóplame este ojo”.

En otras latitudes y para ciertos actos más sencillos, los testigos de fe de los actos de las personas son otros ciudadanos de a pie, comunes y corrientes.¿Se ha preguntado por qué debe ser un señor nombrado por autoridades del Estado quien certifique las acciones o actos?

¿Por qué no comenzar a confiar a otras personas la atestiguación de fe de algunos  actos simples, en vez de conferir un monopolio de la fe a los notarios? La propuesta, nada de genial, supone obviamente que las personas además deben hacerse responsables de lo que certifican como ministros de fe, cuestión que hace doblemente atractivo implementar tal cambio.

Flaco favor le hacen a la fe pública y a la confianza ciudadana estos episodios protagonizados por notarios, diputados, candidatos, etc. Todo esto se transfiere, sin demoras, a la desconfianza que sentimos entre todos nosotros, hijos de una misma Patria, vecinos de un mismo barrio.

Para vivir en una sociedad libre y responsable es fundamental rescatar el valor de la confianza, no solo en las instituciones, sino también entre las personas.

Rechazar con firmeza los abusos, las ilegalidades y las chanterías –parte de lo que se ha descrito en esta columna- y recuperar la confianza fortaleciendo el rol de la sociedad activa y organizada, capaz de enfrentar desde todos los ámbitos, en coordinación con un Estado moderno y eficaz, los desafíos para maximizar el bienestar social.

¿Cómo funciona? Muy sencillo.Los trabajadores activos pagan una imposición mensual obligatoria con lo cual se pagan los beneficios -comprometidos por el Estado- de los pensionados, todo bajo la promesa de que cuando ellos envejezcan y jubilen serán los trabajadores de ese momento los que aportarán al sistema para que el Estado cumpla con los beneficios prometidos.

Este sistema, en que los jóvenes pagan a un fondo común que financia la pensión de los adultos mayores, se enfrenta a una primera dificultad natural cuando la cantidad de trabajadores activos es menor que la de pensionados receptores de beneficios (fenómeno conocido como inversión de la pirámide poblacional).

Como las promesas deben cumplirse a todo evento, pues se trata de beneficios garantizados por el Estado, si no hay suficientes trabajadores jóvenes para armar un fondo suficiente que pague esos beneficios, el Estado tiene tres alternativas:

(1) obligar a los trabajadores a aportar más individualmente (aumentar tasa de cotización), lo que disminuye la renta líquida de estos trabajadores.

(2) cotizar por más años (aumentar la edad de jubilación).

(3) meterse la mano al bolsillo y financiar los beneficios con impuestos corrientes que el Fisco recauda, lo que –ceteris paribus- disminuye los recursos disponibles para financiar otros gastos sociales (vivienda, educación, salud, pobreza, etc.).

La adopción de cualquiera de esas medidas es altamente impopular y –muchas veces- termina en protestas y manifestaciones sociales violentas.

Las complejidades aumentan cuando se incorpora la variable de cómo se fijan los límites de los beneficios que el Estado compromete para los pensionados (actuales o futuros). Las promesas las hacen los que administran el Estado o los que postulan a la conducción de éste.

Por lo tanto, para todos los efectos prácticos, no existen límites para esas promesas, pues -con afanes electorales- los políticos prometen beneficios con cargo al sistema de reparto que siempre engrosan la lista y nunca la disminuyen.

Así nos enseña la historia que ha sido el comportamiento del sistema estatal de reparto de pensiones, y así también es que ha fracasado. Ahí están los ejemplos de España, Grecia y tantos otros que, con una pirámide poblacional invertida y con políticos que prometen beneficios con cargo al sistema para ganar elecciones (comportamiento que no tiene color político ni nacionalidad), han llevado a sus países a la crisis cuando no a la bancarrota.

En el caso español, el sistema estatal de reparto de pensiones ya representa más del 10% del PIB como gasto directo del Estado, y entre 2001 y 2010 las prestaciones o beneficios pagados aumentaron un 63%, mientras la cantidad de jubilados creció un 7% y la inflación acumulada fue de sólo 30%, en el mismo período.

Sin embargo, resulta relevante analizar el nivel de las pensiones y la sustentabilidad del sistema en España. ¿Qué pensión recibe un pensionado español, expresada como porcentaje del salario promedio de los últimos 10 años antes de la jubilación (conocida como tasa de reemplazo)?

Según datos de la OCDE, la tasa de reemplazo del sistema español supera el 80%.Para que los pensionados alcancen ese nivel de pensión, los trabajadores españoles activos cotizan obligatoriamente un 30% de su salario mensual en el fondo común que paga las pensiones.

El mismo estudio muestra que el país con la tasa de reemplazo más alta es Grecia: 110%, es decir, en ese país un pensionado recibe una pensión mayor que los últimos salarios como trabajador.

Como sabemos, el total de ese pago es de cargo del Estado y la pirámide poblacional está invertida (hay más jubilados recibiendo pensión, que trabajadores aportando al fondo), por lo tanto, la crisis financiera y social no debería sorprender.

En el caso de Chile, resulta relevante reconocer que, a diferencia de lo que muchos dicen, la tasa de reemplazo del sistema chileno (62%) es superior a la de países como Corea (49%), Estados Unidos (48%), Reino Unido (39%) e Irlanda (32%), aun cuando estos países tienen una tasa de cotización mensual obligatoria similar o superior a la chilena (10% del salario).

Además, la sustentabilidad del sistema depende de la solvencia de las arcas fiscales, pues se trata de sistemas de reparto como el griego y el español, a diferencia del sistema chileno en el que es el ahorro de cada trabajador el que financia su propia pensión.

¿Significa esto que el sistema chileno es perfecto? Por supuesto que no.

¿Qué provoca que, a pesar de mostrar indicadores superiores a otros países, el sistema chileno siga siendo visto como insatisfactorio?

Una primera explicación es que existe una percepción de bajo nivel de las pensiones recibidas, en parte debido a que las personas no relacionan el monto de las pensiones que reciben con lo que ellas ahorraron a lo largo de su vida, sino que con los últimos salarios recibidos en su vida laboral.

El hecho de que los trabajadores ahorren poco se debe principalmente a que la tasa de cotización obligatoria es baja (en comparación a otros países); que la edad de jubilación (especialmente la femenina) es muy temprana y –con expectativas de vida cada vez mayores- el mismo ahorro debe financiar más años de pensión y que existe un nivel de empleos informales que no cotizan (es decir, no ahorran) por largos períodos de tiempo.

¿Cómo mejorar el sistema? Debemos ser críticos del sistema de pensiones chileno, con el ánimo de mejorar permanentemente el nivel de las pensiones que produce para los trabajadores.

Entre los principales desafíos para conseguir ese objetivo está analizar aumentos en la tasa de cotización, en la edad de jubilación (especialmente femenina), o en ambas, con el fin de aumentar los fondos para financiar la pensión y hacer que ésta crezca.

¿Estamos los trabajadores de la patria dispuestos a aceptar un trato así?