La forma en la cual la anterior administración le hizo el quite al conflicto, por esta baja en las cuotas, fue traspasar la responsabilidad al actual Gobierno, señalando que cuando los comités de manejo (CM) estén constituidos, se podrían aumentar las cuotas según lo que ellos recomendaran, lo que es totalmente falso.

Según la ley (20.657), la decisión de cuánto se puede pescar está en las manos de los CCTs, quienes, sobre la base de la mejor información disponible, recomiendan al ministro de Economía un rango de capturas o cuota que permita llevar las diferentes pesquerías al rendimiento máximo sostenible (RMS).

Por su parte, los CM están encargados del “cuándo y cómo” en las decisiones de la pesquería pero no tienen forma de influir en “cuánto” se pesca, como les hicieron creer a los pescadores durante la administración anterior.

Aun cuando el comité de manejo dijera que quiere que las pesquerías se recuperen en cien años, tratando que las disminuciones de las cuotas no sean tan drásticas los años venideros, la ley es clara en su mandato de llevar las pesquerías al RMS en un plazo científicamente aceptable.

Aquí es necesario aclarar que la estimación científica de abundancia de recursos pesqueros contiene altos niveles de incertidumbre por lo que, teniendo el RMS como objetivo de manejo por ley, necesariamente obliga a una reducción drástica de las cuotas, minimizando así los riesgos de no cumplir con esta medida.

Basándonos en lo anterior, y debido al estado de sobreexplotación en que se encuentran la mayoría de los recursos pesqueros, cualquier otro escenario,donde se aumenten las cuotas,no permitiría llegar al RMS en un plazo científicamente aceptable y no se estaría cumpliendo la ley.

Más aun, las cuotas asignadas en las pesquerías sobrexplotadas y colapsadas – como merluzas, congrio dorado, bacalao de profundidad- se encuentran en el límite máximo de lo que se podría haber dado como cuota.

Ahora si el objetivo es realmente administrar los recursos como un “país pesquero”, es probable que las cuotas bajen aún más.En el primer año de funcionamiento de los CCTs la mayoría de las cuotas fueron determinadas utilizando un 50% de riesgo de no alcanzar el RMS en el mediano plazo, mientras que el estándar internacional usa sólo el 10% de riesgo, lo que es considerado realmente como conservacionista.

El actual Gobierno deberá enfrentar este escenario, donde las expectativas están muy altas respecto del posible aumento de las cuotas de pesca.

Sin duda sería fácil continuar presionando a los CCTs para que aumenten las cuotas pero el camino más sano es enfrentar la realidad y finalmente no mentirles más a los pescadores.

Primero por respaldar la llamada “Ley Longueira”, y segundo, por su fuerte defensa a la pesca de arrastre, la misma que la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a eliminar en forma progresiva en su programa de gobierno.

Estos son sólo los problemas de entrada de la nueva autoridad del sector. Además, tendrá que enfrentar todos los efectos de la ley que el mismo respaldó.

En el tema de la eficiencia del mercado, a un año de la aprobación de la ley, estará presente el cuestionamiento si la entrega de derechos de pesca, en forma gratuita a quienes estaban en la actividad, realmente genera la eficiencia prometida como excusa para entregar las cuotas de pesca como un título nobiliario, sin un acceso ni competencia abierta a terceros.

A la luz de los hechos, la ley muy por el contrario ha facilitado la mayor concentración de la industria pesquera, generando masivos despidos desde su aprobación.

Además, los artesanales se verán fuertemente afectados debido a que la industria es su principal poder comprador.Esta jibarización del sector industrial traerá las anomalías clásicas que producen en economías de cartel, lo que tendrá que ser enfrentado por el gobierno entrante.

Pero, no todo fue malo en la aprobación de la ley de pesca. Gracias a las nuevas modificaciones para el 2014 las cuotas de pesca se decidieron en los Comités Técnicos sobre la base de la mejor información científica disponible, llevando a que la mayoría de las cuotas fueran reducidas casi en un 50% para lograr la sustentabilidad de los recursos.

Es así como el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, pasó de ser un “anexo” de la subsecretaría de Pesca –la que mediante el “informe técnico” en la ley antigua filtraba todos los resultados de la investigación- a ser el referente en la determinación de las cuotas de pesca de los principales recursos de importancia económica.

Sin embargo, este proceso no ha estado exento de presiones para intervenir este nuevo sistema y subir las cuotas. Tanto así que el director del Ifop, José Luis Blanco, habría sido destituido de su cargo por respaldar los informes del Instituto y negarse a hacer cambios que no se basaran en la ciencia. Está claro que una de las principales tareas del gobierno de Michelle Bachelet será blindar al Ifop y los Comités Técnicos frente a los embates de los grupos de poder.

Con todo eso, es importante reconocer que estas bajas en las cuotas están afectado fuertemente al sector pesquero.

Con menos cuotas el Gobierno debe estar preparado para ayudar a los pescadores.

Ahora, si la pregunta es ¿por qué hay que ayudar a los pescadores si ellos sobreexplotaron los recursos? es necesario tener claro que por muchos años la decisión de la cuota pasó por la permisiva visión política del Gobierno de turno, que dieron cuotas muy por sobre lo establecido por el Ifop, dañando fuertemente los recursos pesqueros.

Aquí hay que ser claro, el Gobierno saliente hizo exactamente lo mismo mientras la ley se lo permitió.

Con la nueva ley, el subsecretario de Pesca no tiene la discrecionalidad que tenía antes para multiplicar los peces según la necesidad de la contingencia política.

Es decir, en pesca el Gobierno tendrá que administrar pobreza.

Es normal que luego de calcularse una cuota de pesca que apunta a la sustentabilidad de los recursos, sobre la base del conocimiento científico, tenga que existir un paso intermedio, llamado “Comité Científico”, que modifica la cuota finalmente que se asigna a los pesqueros.

Es normal que estos “Comités Científicos” sean nombrados por políticos y no reciban sueldo “alguno”, quedando expuestos a la amabilidad de quienes tengan interés en financiarlos.

Es normal que los planes de manejo, que deberían apuntar a recuperar las pesquerías y hacerlas sustentables, sean elaborados por los pesqueros y los políticos, sin participación de científicos u ONGs.

Es normal que un país pesquero como Chile no tenga un instituto de investigación pesquera autónomo y responsable del conocimiento de los recursos.

Es normal que 4 empresas amasen el 92% de las cuotas industriales de pesca de los recursos pesqueros de importancia económica.

Es normal que el 98% de la merluza austral sea asignada a una sola empresa de capitales japoneses sin que nadie más pueda participar de esta pesquería.

Es normal que, teniendo el 70% de los recursos pesqueros sobreexplotados, la ley no incluya mecanismos de recuperación de los mismos.

Es normal que bajo la ley que asignó los recursos pesqueros a privados hace 12 años, y que se supone apuntaba a la sustentabilidad –lo mismo que busca perpetuar ahora el proyecto de ley en el Congreso- se hayan sobreexplotado la mayoría de las pesquerías del país.

Es normal que la pesca artesanal esté cautiva por un oligopolio que les paga lo que ellos deciden a los pescadores artesanales por sus productos.

Es normal que los políticos digan buscar la sustentabilidad de los recursos del país mientras, en la misma ley, los asignan exclusivamente a quienes los sobreexplotaron.

Es normal que un ministro de Estado intervenga el poder legislativo, cambiando miembros de comisiones para favorecer la aprobación de medidas que, además, van en contra de los intereses del país.

Es normal que los mismos congresistas con conflicto de intereses sean quienes decidan si votan o no una ley que afecta esos intereses.

Tranquilos, como ven, el proyecto de ley de pesca es tan normal que el Gobierno no entiende por qué nos oponemos.

Pero no hablaré de la educación en esta columna, sino de las Pymes y siendo aun más específico de las pesqueras. Por largo tiempo las pequeñas y medianas empresas pesqueras esperaron por su superhéroe.Recordemos que las pymes pesqueras –al estar toda la cuota industrial asignada a un número reducido de empresas- compran su materia prima de algunos artesanales y el sobrante de las empresas que están verticalmente integradas (que tienen barcos y plantas de proceso), lo que, desde hace algunos años, es prácticamente nada.

Con la llegada del ministro Juan Andrés Fontaine a la cartera de Economía, justo en el período que se debía renovar la Ley de Pesca – que asignó el año 2001 cuotas individuales y por ende cerrando el sistema a nuevos entrantes- las expectativas de las pymes mejoraron sustancialmente.

El ministro no sólo había entendido que era necesario abrir el sistema a la competencia vía licitaciones transparentes de parte de las cuotas de pesca, sino que había enfrentado al poderoso Consejo Nacional de Pesca (CNP), enrostrándoles que sus decisiones habían terminado por sobreexplotar los recursos e informándoles que ya no participarían de la determinación de cuotas de pesca en la nueva ley.

Lamentablemente, esta decisión de Fontaine, lo llevó a enfrentarse con los poderes fácticos que quieren seguir manejando el sistema pesquero y no permitir la entrada de terceros al negocio vía licitaciones. Esto y el hambre política de la UDI, habría gatillado su salida del ministerio de Economía a mediados del año pasado, siendo reemplazado por Pablo Longueira, quien al llegar al ministerio se declaró como un fuerte defensor de los consumidores y de las pymes. Es decir, para las pymes pesqueras la situación no podía ser mejor, ¡había llegado… Superman!

A poco andar la verdad se hizo evidente. El ministro Longueira buscó una fórmula para poner las licitaciones en la ley pero hacerlas inoperantes, es decir, les cerró las puertas a las pymes para poder acceder a materia prima vía adquisición de cuotas.

Además, replicó el sistema del CNP: poner pasos intermedios entre la determinación científica de cuánto se puede pescar de un recurso pesquero y la “cuota final” que se entrega para ser repartida entre los actores. Estos son los llamados Comités Científicos, a lo que se suman las intervenciones de la subsecretaría de Pesca en el proceso, que no son otra cosa que oportunidad para que los beneficiados con las exclusividades de las cuotas manejen el sistema.

Lamentablemente, para la pymes pesqueras, el proyecto de Ley de Pesca que hoy se encuentra en el Senado conocido como “Ley Longueira”, le pone el último clavo en el ataúd de la libre competencia, la innovación, la transparencia y el de las propias pymes.

Después de esta ley no habrá superhéroe que pueda salvar las pesquerías del país y no habrá motivo alguno para seguir esperando por Superman.

Es por este motivo que siempre he postulado la necesidad de que Chile, como todas las naciones pesqueras, cuente con un Instituto Pesquero del Estado autónomo, lo más lejos posible de presiones políticas y económicas. Sin embargo, el Gobierno, en concomitancia con el empresariado, ha desarrollado una vía alternativa más“manejable”.

Para entender la necesidad de tener un solo responsable de establecer el estado de los recursos pesqueros y las cuotas de pesca que son posibles extraer, hay que partir señalando que en el fondo estamos hablando de administrar miles de millones de dólares que están en el agua nadando y cuántos de estos dólares con aletas se pueden sacar cada año.

Lo lógico sería que para esto, Chile contara con una especie de “Banco Central”, responsable de establecer cuánto se puede capturar cada año, con parámetros establecidos y sujetos a crítica y revisión por pares. Sin embargo, como lo señalé en mi anterior columna, el Gobierno ha desarrollado la idea de que lo mejor es crear ComitésTécnicos (CT) para las distintas pesquerías, formado por individuos que no tienen responsabilidad alguna, ni presupuesto para hacer nada.

Lo peor es que la industria tiene sus propios “científicos” que querrán ser parte de estos CTs- lo pongo en comillas porque hay algunos que incluso dicen tener doctorados, pero el único que han logrado es el de “yes-man”.

Es decir, la propuesta es seguir ocupando al Instituto de Fomento Pesquero, IFOP -instituto CORFO que hace malabarismo para financiarse- para que haga la investigación, pero luego darle la tarea de decidir cuanto se pesca a un CT. Por supuesto, a estos comités serán invitados los científicos de IFOP, a quienes les darán un chocman, plata pa’ la micro y los sentarán en la “mesa del pellejo” para que vayan a recibir los tomates y huevos a las sesiones. Luego, el CT, formado por los “elegidos” y en solemne acto, propondrá la cuota de pesca.

Algunos podrán decir que no hay que faltarle el respeto a los científicos que serán parte de los CTs, al señalar que podrían ser permeables a las influencias de los usuarios.

Pero yo me pregunto, ¿no es una falta total de respeto y de responsabilidad el que quienes hacen la verdadera investigación y saben del tema, como son los investigadores de IFOP, queden reducidos a un segundo plano? o ¿no es una falta de respeto para los chilenos que eliminen el Consejo Nacional de Pesca, que es un club que se asigna cuotas a ellos mismos, y se remplacen por losCTs que pueden terminar en lo mismo?

Desafortunadamente, son tantos los millones de dólares en el agua que las presiones por aumentar las cuotas seguirán siendo brutales, y por mucho que defendamos la honra de quienes podrían formar parte de esos CTs, sabemos que todo hombre tiene su precio y que la realidad es muy distinta a la que nos gustaría que fuera.Qué mejor ejemplo ex personeros de Gobierno, que en contra de sus principios y de los postulados de sus partidos, hoy abogan por entregar los recursos pesqueros en forma exclusiva y perpetua a un pequeño grupo de privilegiados que siempre criticaron.

Por último, me pregunto ¿cuál es el temor a tener un Instituto pesquero , responsable de velar por la sustentabilidad de los recursos pesqueros de la Nación?

¿Y todo para qué? para entregar a perpetuidad los recursos del país a un grupo de privilegiados.

Luego de escuchar los discursos de quienes justifican una aprobación acelerada de la ley en cuestión invocando la sustentabilidad de los recursos, creo importante hacer un rápido análisis de que es lo que realmente contiene el proyecto de ley respecto de este tema, más allá de las simples definiciones que tanto han tratado de poner en los medios.

A decir verdad, respecto de la sustentabilidad de los recursos pesqueros, este proyecto de ley contiene poco… o nada. Si bien es cierto que se podría considerar un avance la eliminación del Consejo Nacional de Pesca como entidad resolutiva, y por ende, la influencia de los regulados en la determinación de las cuotas de pesca, este proyecto de ley no fortalece la institucionalidad para hacerla menos permeable a los intereses políticos del gobierno de turno y a los intereses económicos, que siempre están de turno.

Muy lejos de crear un Instituto Pesquero de Chile encargado de la investigación pesquera del país, autónomo y con profesionales del mejor nivel -bien remunerados y sin temor a decir la verdad- se propone un diseño en el cual se crean múltiples comités técnicos, los que recomendarán una cuota, la que será finalmente establecida por el Ejecutivo.

Lamentablemente, estos comités al no tener financiamiento, no ser autónomos y siendo varios o muchos, están expuestos a diluir la responsabilidad de sus funciones, crear grandes confusiones y eventualmente ser totalmente inoperantes, amén de transformarse eventualmente en nuevas versiones del Consejo Nacional de Pesca, donde los intereses de los actores sean prioritarios por sobre la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

Es decir, el avance aparente en la decisión técnica de la cuota termina siendo eliminado por la realidad de un sector acostumbrado a cambiar las reglas vía influencias, compadrazgo o pataleta.

Entonces, si el proyecto de ley no contiene ningún avance real en términos de sustentabilidad, o de real cuidado de los recursos pesqueros del país, ¿qué contiene?

El proyecto lo único que realmente busca es la asignación a perpetuidad de los peces a un cartel, porque se les vence el plazo a fines de este año y mientras más pronto se haga, mejor.

La entrega de cuotas individuales de pesca, o privilegios de explotación, fue implementada en Chile el 2001 para el sector industrial en lo que se llamó Límites Máximos de Captura por Armador, produciendo una fuerte concentración del sector pesquero nacional.

Este sistema vence el presente año, lo que ha desatado una verdadera batalla campal entre quienes desean este privilegio exclusivo a perpetuidad (¡quién no!) y quienes exigen la posibilidad de acceder a la pesca vía licitación transparente de cuotas de pesca.

Sin embargo, la asignación de esas cuotas no es un problema sólo en Chile. La entrega perpetua de las cuotas a sólo un grupo de individuos ha generado serios problemas, como lo es por ejemplo la formación de Carteles pesqueros.

En la presente columna traigo a la realidad chilena el resultado de la entrega a perpetuidad de cuotas en el Reino Unido en el artículo publicado por David Sanderson en el periódico Times hace algunos meses, titulado “Mystery cartels who control Price of British’caught fish” (http://blog.through-the-gaps.co.uk/2012/02/slipper-skippers-mystery-cartels-who.html ).

En el Reino Unido, a mediados de la década del 90, se estableció un sistema que otorgó cuotas individuales perpetuas, similar al sistema que hoy propone para Chile el Ministro Longueira en el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados; es decir, cuotas de pesca asignadas sólo a quienes en ese momento estaban pescando, sin costo real, y además, con gran transferibilidad.

Sanderson señala que el sistema británico está lleno de vicios que no fueron previstos cuando se entregaron las cuotas, lo que terminó con la pérdida del control total del Estado sobre quién es el verdadero dueño de los recursos pesqueros, además de privar a los reales pescadores del derecho de acceder a las cuotas de pesca.

Luego de 20 años de aplicación de la norma, en el Parlamento Británico se están generando múltiples preguntas en vista de las enormes anomalías que se observan en el mercado de cuotas como lo son:

- Arriendos de cuotas a altísimo precio, 2.500 libras esterlinas (aproximadamente 2 millones de pesos) por una tonelada de cod o bacalao.

- Muy altos precios del pescado para consumidores y procesadores pequeños (versión europea de las pymes pesqueras).

- Imposibilidad de acceder a la actividad para los pequeños operadores (equivalentes a los artesanales en Chile) por falta de permiso de pesca.

- Y gran dificultad legal para el Gobierno al tratar de recuperar esas cuotas de pesca y administrarlas en distinta forma.

Los beneficiados con las cuotas, ahora rentistas de la pesca agrupados en organizaciones parecidas a lo que sería Sonapesca o Asipes en nuestro país, están felices y en muchos casos ni siquiera pescan, sino que se benefician del arriendo de las cuotas.

Mientras, los pequeños pescadores son denegados del derecho a pescar. Esto no termina ahí, la perpetuidad y transferibilidad de esas cuotas ha permitido que muchas veces estas lleguen a manos de fondos de inversión, equipos de fútbol, o bien dueños en el extranjero llamados “barones de las cuotas”, que la única vez que tienen contacto con el pescado es cuando lo consumen en algún restaurant a precios prohibitivos para el resto de los ciudadanos.

Volviendo al caso chileno, y basado en la evidencia empírica internacional de lo ocurrido tanto en el Reino Unido como también en Islandia (como lo he descrito en mis columnas anteriores), es por lo menos cuestionable la decisión del Tribunal de Libre Competencia que descartó como superfluo el argumento que precisamente ésta sería la consecuencia de otorgar cuotas permanentes, o de largo plazo por gracia, en lugar de subastarlas periódicamente manteniendo la propiedad de las cuotas en el Estado.

Contrario a lo que ocurre en el Parlamento Británico después de la mala experiencia que han vivido, en la discusión de la Ley de Pesca en Chile, los parlamentarios de derecha, principalmente de la UDI – quienes se dicen partidarios del Libre Mercado, del pequeño empresario, de la oportunidad para todo ciudadano de ser empresario y dejar atrás la condición de proletario -parece no importarles establecer barreras infranqueables para que sus propios principios se hagan inviables, mediante el monopolio o el oligopolio en el sector pesquero.

En esto, además, desconocen los mismos principios de la economía moderna enunciados por la Escuela de Viena y adoptados por su fundador, Jaime Guzmán, que se basan en el comportamiento del ser humano en libertad. Pareciera que en este caso hay algunas cosas más importantes que los principios.

Por su parte algunos parlamentarios en la llamada “centro izquierda”, que dicen proteger a la sociedad de la rapiña de los ricos, también propician hacer este regalo a unos cuantos ricohombres. Es decir, están renunciando para siempre a los derechos de pesca que nos pertenecen como comunidad. Aquí también pareciera que hay algunas cosas más importantes que los principios.

Incomprensible, salvo por la postura de ciertos dirigentes, es la actitud de algunas agrupaciones gremiales de pescadores artesanales quienes están firmando tranquilamente la sentencia de muerte de sus asociados en acuerdos miopes que sólo les generan beneficios personales en el corto plazo.

Lo anterior quedó documentado en la vergonzosa “mesa pesquera” del Ministro Longueira, entre dirigentes artesanales e industriales, la cual el ministro formó con el preciso objetivo de generar un “consenso” vía una transacción económica entre los actores.

Finalmente, debo destacar a algunos, pocos, seres correctos en su actuar, que viven y trabajan en las Islas Falkland del Reino Unido.

Ellos decidieron enmendar el error de la asignación de cuotas perpetuas, utilizando como método de asignación la licitación de cuotas de pesca por períodos de tiempo, lo que ha evitado los problemas de la asignación a dedo y, lo que además, ha permitido recaudar parte de la renta de los recursos pesqueros de las islas.

Dilatando la votación, ofreció cambios y mejoras sustanciales al proyecto. Luego de una semana el ministro presentó a la Comisión las ideas base detrás de estos cambios, algunas de las cuales parecen ir en la dirección correcta, al menos en el tema de la sustentabilidad de los recursos pesqueros.

Paralelamente, hace un par de meses, Ray Hilborn, uno de los nombres más respetados mundialmente en evaluación de stocks y manejo pesquero, luego de su visita a Nueva Zelandia, señaló que si bien ese país tiene un buen manejo pesquero, exhibe un defecto importante: la determinación de las cuotas pasa por un filtro político, y eso podría dañar los recursos pesqueros.

Esto fue acompañado por un artículo en www.seafood.com que hablaba sobre el motivo de la notable mejoría de las pesquerías en los Estados Unidos durante los últimos años, lo que se atribuye a la determinación estrictamente científica de las cuotas de pesca.

Concordando con lo anterior, los cambios al proyecto presentados por el ministro Longueira a la Comisión, buscarían la determinación de las cuotas de pesca de forma más científica y menos política.

Sin embargo, es necesario esperar el articulado para ver si las buenas intenciones expresadas en las declaraciones generales se transforman en medidas y métodos que así lo demuestren. Debemos recordar que el mensaje del proyecto de ley presentado en diciembre, también hablaba de sustentabilidad, aunque su articulado no lo reflejaba.

Pero analizando la propuesta completa del ministro, no todo apunta en la dirección correcta. Al parecer el ministro no desea pisarle los callos a quienes quieren seguir manteniendo las regalías de cuotas exclusivas y sin competencia, por lo que defiende una fórmula de licitación muy magra y que nunca se podrá poner en práctica, continuando la protección de ese grupo de privilegiados.

Según el ministro Longueira, él estaría siguiendo directrices de la OCDE, organismo que, señalaría que la incorporación de nuevos actores a la pesca se debe hacer cuando ésta logre el rendimiento máximo sostenible (MRS); afirmación que adolece de serios errores de interpretación.

Lo que dice la OCDE, y lo que diría cualquier individuo que sepa de manejo pesquero, es que no se debe aumentar el esfuerzo de pesca– en palabras simples, el número de barcos pescando por período de tiempo- si no se alcanza el MRS. Pero la OCDE nada dice de mantener los privilegios de un grupo particular, asignándoles a ellos y sólo ellos, todas las cuotas de pesca de la fracción industrial.

Muy por el contrario, la licitación o subasta de cuotas no es un aumento de esfuerzo, sino la vía que permite que el esfuerzo de pesca permisible y los peces que son posibles de capturar (cuotas), sean asignados vía competencia abierta y transparente a cualquier chileno. Debo destacar que tanto la competencia abierta como la transparencia, son recomendadas por la OCDE a sus países miembros.

Además, uno de los argumentos usados contra la idea de licitar o subastar las cuotas de pesca, esgrimido por quienes buscan la propiedad eterna de cuotas sin competir, ha sido que los extranjeros se apoderarán de la pesca en Chile.

De hecho es lo contrario, si no se licitan las cuotas por períodos de tiempo determinados y se asignan para siempre por cualquier concepto – título histórico, mayores influencias o “ser simpatizante de” – a los privilegiados, éstas pueden ser vendidas a extranjeros o nacionales, también para siempre, sin posibilidad de que el Estado las recupere jamás.

Ahora, si la xenofobia es el camino elegido, las cuotas –licitadas o regaladas a los privilegiados- deberían tener restricciones para que sólo puedan ser adquiridas por chilenos.

Lamentablemente, con la fórmula propuesta por el ministro en el proyecto de ley, no entrará nunca nadie nuevo, porque asigna todos los recursos pesqueros industriales a los mismos que los han sobreexplotado y lo seguirán haciendo, los que además no permitirán nunca lograr recursos sustentables y alcanzar el MRS.

Finalmente, en columnas anteriores he señalado que los países que asignaron cuotas sólo por historia están haciendo todo lo posible por recuperar la propiedad de los recursos pesqueros para el Estado.

Estos países han encontrado nuevos mecanismos de asignación, como la licitación o subasta de cuotas periódicamente, lo que he llamado “el siguiente paso en asignación de derechos de pesca”.

En otras palabras, revertir los problemas que trae la cartelización que se produce con la asignación directa, sin competencia. A los países que actualmente subastan las cuotas de pesca, como Nueva Zelanda, Estados Unidos e Inglaterra, ahora se ha sumado Rusia. La Agencia Federal de Pesquerías de ese país subastó cuotas de pesca la segunda semana de abril de este año, recaudando varios millones de dólares para el Estado gracias a recursos pesqueros como cangrejos y merluzas.

Es de esperar que en el Congreso prime una visión país y finalmente se logre una buena Ley que permita a todos los chilenos obtener un beneficio sustentable en el tiempo de nuestros recursos pesqueros y que no cedan ante la campaña de la gran industria pesquera en contra del establecimiento de un mecanismo transparente de asignación de cuotas de los recursos pesqueros del país.

Lamentablemente, en la publicación calificaron al presidente Sebastián Piñera como “un político inepto” lo que desvió la atención de los medios de prensa hacia este hecho y no hacia lo que contiene el resto del artículo.

Uno de los puntos que no me deja de sorprender es que la desigualdad continúe como hace 10 años, incluso por sobre países como México. Mucho se habla de que la pobreza ha bajado enormemente, así como el desempleo, pero la desigualdad es la que genera el descontento de los ciudadanos.

El libro The Spirit Level (R. Wilkinson y K. Pickett) muestra evidencia clara sobre la relación entre desigualdad de ingresos y la violencia, así como con la desconfianza que existe en la sociedad completa.

¿Qué esperan los políticos que ocurra cuando ellos suben sus asignaciones en 2 millones de pesos, mientras el sueldo real de gran parte de los chilenos no llega al 10% de esa suma?

¿O cuando los miles de pescadores del país ven que gran parte de las cuotas de pesca son asignadas a conglomerados industriales, y que más encima los mismos conglomerados son el único mercado para sus productos?

Sin embargo, lo que no han evaluado quienes quieren mantener el statu quo, y no tienen interés real en acortar la brecha entre ricos y ciudadanos comunes, es que la mayor desigualdad no sólo afecta a los que están “abajo”.

El mismo libro muestra cómo todos los indicadores de bienestar – tales como salud, duración de la vida y logros educacionales – son mucho más bajos en una población con mayor desigualdad, incluyendo a quienes tienen “la sartén por el mango”.

Otro punto que tocó The Economist, y que nadie acusó recibo, fue que en Chile tenemos una economía “cartelizada”, citando el ejemplo del “caso farmacias”.

Acá no puedo dejar de referirme al sector pesquero. A lo largo del país hay zonas pesqueras en las cuales los controladores del sector industrial varían entre 1 y 5, dependiendo de la pesquería. Ellos son quienes han manejado el sistema completo por años – donde incluyo a quienes debían regularlos- y que, además, son el principal poder comprador de los productos de la pesca artesanal.

¿Cómo se espera que los pescadores artesanales puedan tener un comercio justo de sus productos, cuando los compradores son carteles?

La situación pesquera se agrava aún más cuando, conociendo esta asimetría, el ministro de Economía, Pablo Longueira, sienta en una mesa a artesanales e industriales para que se pongan de acuerdo en como repartirse los recursos pesqueros, recursos que además son del Estado.

Lógicamente, en esa mesa, llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo que sólo involucra a los artesanales “dirigentes” que fueron invitados.

Aunque el ministro salga diciendo que se traspasaron más de 30 millones de dólares en cuotas de pesca del sector industrial al artesanal, los únicos que defienden el acuerdo son los que lo firmaron.

El pescador artesanal de verdad sabe que esos números los ha escuchado antes y que no se han traducido en bienestar para los suyos. El pescador tiene claro que si un cartel cede algo, necesariamente es porque les genera un beneficio. Recordemos que quien pone el precio de compra sigue siendo el cartel.

Pero el tema va más allá. La desigualdad percibida por el sector de la pesca artesanal no se soluciona con un aumento de cuota acordado entre cuatro paredes, o dinero directo o en forma de “proyectos” que reciben algunos dirigentes, como ha estado ocurriendo.

Es necesario romper los carteles pesqueros que se han formado en las distintas zonas del país.

Para esto se ha propuesto activar el artículo 27 de la Ley de Pesca que permitiría que por lo menos 50% de las cuotas industriales sean licitadas, además de poner limites a la concentración.

Esto permitiría la entrada de nuevos actores al sector industrial los que, como los actuales, necesitarán complementar sus capturas con las artesanales aumentando así la competencia por sus productos.

Al mismo tiempo, y paralelo a lo anterior, lo óptimo sería implementar un sistema en el cual los artesanales puedan vender sus capturas al mejor postor, como opera en Europa la llamada “subasta de primera venta”, de forma tal de romper los contratos leoninos con los cuales los carteles los mantienen cautivos.

Lógicamente, estas propuestas tienen el total rechazo de quienes se benefician del actual sistema “cartelizado” y que, en concomitancia con el Gobierno, han desarrollado un nuevo proyecto de Ley de Pesca para mantener el control de estos grupos sobre las cuotas de pesca y sobre los artesanales, proyecto que hoy se discute en el Congreso.

Si el Gobierno realmente quiere solucionar las desigualdades del sector pesquero y evitar conflictos, debería apuntar a mejorar las oportunidades del pescador artesanal y no llegar a acuerdos con los dirigentes que, posteriormente, salen de la mano con los dueños de los carteles gritando a los cuatro vientos que llegaron a un acuerdo, mientras los pescadores de verdad los miran desde “abajo”.

Como dice un amigo muy cercano “si uno tira barro a la pared (no dice exactamente barro) algo se quedara pegado” por lo que creo necesario limpiar o explicar que hay detrás de esos pseudo-mitos.

Es un hecho innegable que el Estado ha regalado las cuotas a siete familias. En efecto, dentro de poco, serán tres grupos y en algún momento será sólo uno, como ocurrió en el Norte de Chile.

En el caso de la merluza de tres aletas, la cuota total (sin participación artesanal) fue asignada a una sola empresa, de capitales japoneses, a la cual primero se le entregó una “pesca de investigación” para extraer exclusivamente este recurso y luego se le asignó en base a “su historia”.

Otro ejemplo es la cuota industrial de merluza austral, la que fue asignada a tres empresas, dos de ellas extranjeras y una de capital chileno. Claro está, que de aprobarse el proyecto de ley como está, estas asignaciones se perpetuarán dejando a estas empresas dueñas de los recursos pesqueros de la Nación.

Seguramente el lector se preguntará ¿Por qué hay un proyecto de ley que quiere entregar perpetuamente los recursos pesqueros a privados? Bueno, porque la influencia de la gran industria pesquera es tal que tiene al ministro de Economía, Pablo Longueira, empujando esta iniciativa. Ahora ¿por qué él lo hace…? lo dejo a la imaginación del lector.

También es necesario aclarar cuando hablan de que los recursos pesqueros no se los regalan porque pagan patentes. Es cierto que la industria paga una patente pesquera para poder operar sus buques, con o sin cuota, pero este pago no está relacionado con la cantidad de cuotas de pesca que les son asignadas, lo que claramente demuestra que no es un mito decir que efectivamente las cuotas de pesca son un regalo.

Tratando de desviar la atención, y mostrarse como el hermano pobre, la industria pesquera da una interpretación torcida a la gravitación de la pesca artesanal en la captura pesquera total.

Si hoy el sector artesanal ha llegado a capturar más pesca que la industria, es porque estos últimos han sobreexplotado los recursos donde tienen mayor participación en la asignación de cuotas, es decir jurel, merluza común y merluza de cola, entre otros.

Tampoco es un mito que la mejor manera de asignar los recursos es con una licitación; es la práctica normal de la economía moderna en la asignación de bienes naturales. Es más, las empresas de comunicación contratadas por la gran industria no dicen la verdad cuando señalan que ningún país ha licitado las cuotas pesqueras de recursos en explotación.

Nueva Zelanda implementó licitaciones en 2005 y no sólo a nuevas pesquerías; Estados Unidos partió con una pesquería el siglo pasado y hoy la está aplicando en varias otras, incluso teniendo que comprar cuotas que fueron asignadas a perpetuidad a privados en el pasado para poder licitarlas y permitir el ingreso de nuevos actores.

En el manejo pesquero moderno, la licitación periódica de las cuotas de pesca es considerada como el paso necesario -sobre todo cuando existen mercados oligopólicos como el chileno- las cuales, sin duda, deben tener límites a la concentración.

Además, según la FAO, las licitaciones de cuotas “son el mejor mecanismo para recaudar parte de las rentas para el Estado”, a lo que se debe sumar que, al tener duración definida, son la vía para que el Estado no pierda la propiedad de los recursos.

La asignación de las cuotas de pesca gratuitas a perpetuidad, ha demostrado ser un error y es por eso que países como Islandia e Inglaterra están buscando la forma de recuperar las pesquerías. En estos países, hoy en día, nadie sabe quién es el verdadero dueño de los recursos pesqueros, porque quienes las adquirieron en forma gratuita, las vendieron a quienes quisieron. (1).

Por otra parte, y ahora abordando el problema de acceso a los productos de la pesca para los consumidores, un importante componente en el aumento de precios y la escasez de los pescados es la sobreexplotación a la que han llevado los recursos quienes han tenido las cuotas gratuitas durante más de una década.

Ellos tienen un sistema de influencias bien “aceitado” que ha permitido que se entreguen cuotas muy por sobre lo recomendado por los científicos, lo que ha resultado en la crisis de las pesquerías en la cual nos encontramos. En resumen, lo que no cuesta no se valora.

De existir licitación, de al menos parte de las cuotas de pesca, permitiría que quienes pesquen paguen el valor de mercado por los recursos del país y, al valorar los recursos, buscarían la sustentabilidad de su inversión, lo que se traduce en sustentabilidad de los recursos.

Finalmente, ¿a quién beneficia la licitación de las cuotas de pesca? a todos menos a quienes quieren que les continúen regalando las cuotas en forma exclusiva. Lo de las empresas extranjeras que se van a llevar todo es un argumento añejo y que a estas alturas nadie cree.

Por una parte, la ley de navegación no permite barcos de bandera extranjera pescando en aguas nacionales, y por otra, ya hay varias pesquerías con capitales extranjeros y eso se perpetuará si no hay licitación.

Ahora, si lo que defiende la gran industria pesquera es que los recursos sean entregados en forma gratuita para que luego ellos, “los elegidos”, y no el Estado, reciban la parte de las rentas de los recursos pesqueros, se entiende la campaña que han desarrollado en contra de la licitación o subasta de cuotas de pesca.

(1)(http://dev.seafoodnews.com/Sub/NewsStory.aspx?StoryId=860816&TopicId=33307

Lamentablemente, debido a problemas de agenda, no pude hacerlo en la última reunión realizada en Chile, sin embargo, no creo haber perdido mucho y acá explico porqué.

Las organizaciones internacionales de manejo pesquero se crean con el objetivo de administrar los recursos pesqueros que están en aguas internacionales o en aguas compartidas entre países.

Existe una larga lista de estas organizaciones, pero el Océano Pacífico sur era el único que no contaba con una. Muchas de estas organizaciones operan en forma interina o simplemente, al alcanzar acuerdos sólo por consenso, se usa la llamada “ley del mínimo común denominador”.

Es decir, para poder conseguir el consenso, los acuerdos que se alcanzan contienen avances mínimos sin que estos tengan un real efecto en la sustentabilidad.

Es así como en el caso de algunas de estas organizaciones – por ejemplo algunas de las dedicadas al atún – nunca se han establecido medidas reales que apunten a la conservación, convirtiéndose en cuerpos descriptivos de lo que ocurre, más que ser realmente reguladores o administradores.

Entonces ¿para qué se crean estas organizaciones? La verdad es que son creadas para asignar cuotas de los recursos pesqueros a los países participantes, pero con la excusa de la sustentabilidad, y la ORP no es la excepción.

Creo necesario en este punto relatar cómo Chile fomentó la creación de esta organización.

A principios de la década del 2000, luego que un grupo de industriales lograra la asignación individual por ley de cuotas de pesca de los recursos pesqueros de mayor importancia económica por 12 años (Ley de Límites Máximos de Captura por Armador), el jurel terminó por ser sobreexplotado dentro de las 200 millas de zona económica exclusiva de nuestro país por los mismos beneficiados por las cuotas (ellos le llamaron “la migración del jurel”).

Lo anterior los empujó a desplazarse a aguas internacionales para encontrar este recurso.

Sin embargo, como en aguas internacionales cualquiera podía pescar y su asignación individual dentro de aguas chilenas no sería limite para que los propios nacionales compitieran por el recurso, empujaron a la autoridad de turno a emitir un decreto para imputar las capturas realizadas por fuera de las 200 millas a las cuotas asignadas dentro de esa área, para así no permitir la competencia y mantener los privilegios de las cuotas exclusivas.

Es decir, mantener el fundo cerrado. Se invocaron razones de sustentabilidad para todo este proceso, pero a la luz de los hechos, está claro que la única sustentabilidad que realmente les importaba fue la de su bolsillo.

Posteriormente, al darse cuenta que en aguas internacionales tendrían competencia de terceros países y que la flota chilena era muy pequeña para competir- porque habían cerrado el fundo para los nacionales-trataron de hacer un acuerdo de conservación internacional (el que realmente debería llamarse de explotación internacional) dentro de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS.

Esta iniciativa, llamada “Acuerdo Galápagos”, fue un fiasco y no tuvo más adherentes queChile, debido a que los otros participantes no querían ser restringidos en sus posibilidades futuras de pesca.

Luego de esto, en 2006, los industriales chilenos se aliaron con Australia y Nueva Zelanda y empujaron la ORP. Como lo dije antes, al dar a conocer al mundo que acá se repartirían cuotas de pesca, la ORP se convirtió en un llamado a todas las flotas de terceros países a que hicieran historia de pesca, uno de los parámetro usados para las asignaciones posteriores de cuotas a los países participantes en este tipo de organizaciones.

Luego de 6 años de negociaciones, los industriales chilenos se han dado cuenta que en la arena internacional no pueden manejar todo el sistema para su beneficio como lo hacen en Chile, donde, por ejemplo, tienen al ministro de Economía totalmente detrás de la idea de regalarles los recursos pesqueros a perpetuidad.

Es por eso que luego de terminada la reunión de la ORP en Santiago, hace una semana, varios actores del sector ligados a la industria salieron pidiendo al Gobierno que evalúe la ratificación de la ORP, ya que no les gustan sus resultados y no saben cómo salirse.

Lamentablemente, los “patrones del fundo” no evaluaron los efectos que tendrían sus actos en el largo plazo, ya que este tipo de organizaciones son como bolas de nieve, cada vez son más grandes y una vez que parten no hay forma de detenerlas.

La iniciativa 1183, que gatilló la idea de esta columna, propuso sacar de las manos del Estado el expendio de licores (alcohol destilado) y permitir que privados desarrollaran el negocio, cerveza y vino ya se venden libremente.

Lo que me llamó la atención no fue el tema central de esta iniciativa, sino la campaña de terror organizada por aquellos que profitaban del “status quo”, basándose en una serie de argumentos que no eran necesariamente causa-efecto de la medida en sí, pero que se podían vender como tal. Esto me recordó a los grandes industriales pesqueros en Chile y su campaña en contra de la licitación de cuotas de pesca.

Hasta hoy en Seattle, así como en todas las ciudades del estado de Washington y algunos otros estados de la Unión, se pueden adquirir licores sólo en tiendas especiales dedicadas a ello, con ciertas restricciones de horarios, las que son indudablemente un monopolio estatal.

El inevitable “arreglín” está en el hecho que el Estado compra los licores sólo a un par de distribuidores autorizados, lo que naturalmente es un negocio redondo: tiene un cliente cautivo y nadie puede competir con ellos.

La iniciativa 1183, recién votada, permitía que los supermercados, restaurantes y otros, pudieran entrar en el negocio de la venta de licores y acceder a una mayor oferta, la que genera competencia entre los distribuidores y por lo tanto mejores precios.

Además, todo aquel que produzca licores en destilerías boutique – el nuevo boom luego de las micro-cervecerías- puede vender directamente sus productos a los consumidores, sin tener que pasar necesariamente por el monopolio de distribución.

Como es de imaginar, los beneficiarios del monopolio desarrollaron una campaña en contra de este “cambio en las reglas del juego” y como su posición era tan impresentable se dedicaron a demonizar y aterrorizar la iniciativa, pero no ellos directamente, sino que argumentando lo importante que era para el Estado mantener el negocio del licor.

Primero, dijeron que se perderían muchos empleos -lo que no es real porque un aumento en una actividad económica traería aún más empleos- posiblemente quienes trabajan para el Estado tendrían que hacerlo ahora para los privados.

Luego que el aumento de disponibilidad de licor aumentaría la venta a menores de 21 años, la edad límite acá. Para esto contrataron, alcaldes retirados, bomberos, enfermeras, etc. Todos destacando el gran problema que se produciría para la juventud al tener más licor disponible.

En mi experiencia, hoy en día, cada vez que pido algo con alcohol en algún restaurant o compro cerveza en un supermercado me piden mi identificación (para los que me conocen estarán de acuerdo que dejé de parecer menor de 21 hace como 20 años) por lo que está claro que el acceso es restringido.

En el fondo el evitar el acceso de menores al alcohol tiene que ver con el control, el mismo que hoy se tiene para el expendio de vino o cerveza. En Estados Unidos en general funciona muy bien el sistema del “garrote y la zanahoria”, pero si el garrote te pega no te paras más.

La tercera etapa de su estrategia fue la que me convenció de que debía documentar el paralelo con la industria pesquera chilena. Cuando nada de lo anterior consiguió el respaldo ciudadano en las encuestas decidieron atacar a un supermercado en particular, Costco.

La iniciativa 1183 beneficia y permite desarrollar negocios a todas las cadenas de supermercados, como QFC, Trader Joe’s o Safeway, entre otros, pero crearon avisos señalando que Costco gastó 22 millones para pasar la iniciativa, claro que por un aviso a favor salían tres en contra por lo que los del monopolio no deben haber invertido menos.

Además decían que de aprobarse la apertura, Washington permitiría y mostraría al resto del país, que la democracia se puede comprar. Finalmente, y como guinda de la torta, hicieron que las personas contratadas para los avisos escribieran artículos en los diarios locales para después decir “en el diario “tanto” dice que Costco quiere comprar la elección”, cuando eran ellos mismos quienes generaban esa información.

En Chile, con la discusión de la próxima Ley de Pesca se ha desarrollado una campaña muy parecida.

El tema de fondo es que la ley del 2001 creó un grupo cerrado de empresas dueñas de las pesquerías más importantes del país y hoy, cuando sólo queda un año de esas regalías por ley, lo que está en discusión es que el sistema debe abrirse vía licitación de, por lo menos, parte de las cuotas de pesca para que otros ciudadanos tengan la posibilidad de participar del negocio.

La campaña de la gran industria pesquera en contra de la licitación se ha basado en contratar ex ministros, ex subsecretarios de pesca, ex parlamentarios, ex dirigentes sindicales, y otros personajes (no “ex”), quienes han salido argumentando en contra de la apertura por distintos motivos, todos asociados a demonizar y aterrorizar.

Que se reducirá el empleo, que los extranjeros se llevaran todo, que una empresa ha gastado millones y son los únicos que quieren la licitación. Incluso se han acordado de la sustentabilidad de los recursos, la que olvidaron por 20 años en los cuales los sobreexplotaron.

La idea es desviar la atención del tema central: los recursos pesqueros deben ser asignados en forma eficiente y competitiva, logrando que el Estado pueda recaudar parte de las rentas producidos por esto.

Para los que están curiosos sobre la iniciativa 1183, esta fue aprobada con un 60% de los votos pese a los esfuerzos del monopolio.

A partir de junio del 2012 en Washington el negocio del licor será abierto, competitivo y el que venda licor a menores tendrá las penas que hoy existen multiplicadas por tres.

Además, hace un par de días los supermercados anunciaron que comenzarán la contratación de personal para esta nueva área del negocio, donde han llamado a los trabajadores de las licorerías del Estado a postular, porque ellos son quienes conocen mejor el tema.

Como se puede ver, en todas partes se cuecen habas… y las mismas habas con distintos cocineros. Es de esperar que en el caso del sector pesquero chileno sea como el de Washington donde las malas artes no consiguieron el resultado esperado y primó el interés público por sobre el del monopolio.