Chile vivió una brutal y cruel Dictadura, que se prolongó por 17 años, que asesinó e hizo desaparecer personas, detuvo, torturó, exilió y exoneró de sus trabajos a simpatizantes de la Unidad Popular y persiguió implacablemente a las organizaciones sociales y sus dirigentes. Muchos de los partidarios y funcionarios del actual Gobierno y sus familiares tuvieron parte directa en el régimen militar sin que hasta ahora hayan hecho jamás un reconocimiento de sus responsabilidades.

Tras el retorno a la democracia, recogiendo las exigencias de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y los requerimientos de las miles de víctimas, se aprobaron diversas leyes reparatorias, que contenían pensiones y otras compensaciones para quienes hubieran vivido estos crueles atropellos a sus derechos fundamentales.

El tiempo transcurrido y las características de la época vivida pos Golpe Militar, hizo que en muchos casos quedarán pocos registros para acreditar las circunstancias. En el caso de los exonerados, no siempre fue posible, más de 20 años después, encontrar contratos, planillas de sueldo, finiquitos u otros documentos. La calificación se basó, entonces, muchas veces, en testimonios indirectos, recogidos y analizados por una comisión especializada.

Para respaldar sus testimonios, muchos exonerados recurrieron a parlamentarios que apoyaran sus solicitudes mediante certificados. Éstos, emitidos de buena fe, no tuvieron jamás un carácter definitivo, sino que eran un elemento más a considerar.

El propio Contralor General de la República lo ha dicho, afirmando que “los certificados de exoneración política emitidos por los parlamentarios no tenían importancia mayor respecto del proceso de calificación.”

Si hubo irregularidades, si hay personas que inescrupulosamente se aprovecharon de las dificultades probatorias para obtener beneficios que no le corresponden deben perderlos y ser severamente sancionados, pero ello no puede utilizarse con fines políticos ni menos afectar la honra de miles de chilenos que sufrieron los horrores de la Dictadura y que son puestos masivamente en tela de juicio por los mismos que ayer los perseguían en forma implacable.

Se ha apuntado, también, a la obtención de beneficios previsionales por parte de algunos parlamentarios. Esa acusación resulta muy dolorosa.Ya no se refiere a casos de eventuales fraudes, sino que se cuestiona a quiénes legítimamente han recibido estas compensaciones.

Todas las pensiones y otros beneficios derivadas de violaciones a los derechos humanos, como exoneración, tortura, muerte o desaparición de personas no son una ayuda social. Son una reparación del Estado a quienes sufrieron graves vulneraciones en sus derechos más básicos. Nada tiene que ver la condición económica o cargo que ocupe quien lo recibe.

Es muy importante que ello quede muy claro. Si no se comprende cabalmente puede pensarse que se está compensando los efectos económicos de estos atropellos o ayudándose a personas que se encuentran en una situación desfavorecida. No es así, lo que se busca reparar es esencialmente el daño moral, el sufrimiento producido.

Esperamos que el Gobierno termine con esta oscura campaña y no siga reabriendo esta herida tan dolorosa.

No podemos aceptar que quienes apoyaron o callaron ante las brutales persecuciones y asesinatos de la dictadura, se ensañen sembrando ahora un manto de duda sobre miles de chilenos que han recibido, con justicia, una compensación a su dolor.

Con ello, ha quedado despejado el camino para que en noviembre próximo, junto con decidir quién será nuestra próxima Presidenta o Presidente de la República y quienes serán nuestros diputados y senadores, usted pueda definir, también, quiénes serán los Consejeros Regionales.

Nuestra región elegirá a 16 consejeros, que durarán cuatro años en sus cargos. La forma de elegirlos estará basada en las provincias. Cada una de las tres provincias de nuestra región, Elqui, Limarí y Choapa, elegirá 3 de ellos como base. Los restantes 7 se distribuirán según la proporción de cada provincia en el total de habitantes.

La relevancia de este hito radica en que muchas inversiones que se ejecutan en nuestras comunas y de las que depende la vida cotidiana de los vecinos, como el mejoramiento de establecimientos de salud, educación, pavimentaciones, iluminación, programas de agua potable y electrificación rural, habilitación de cuarteles policiales, construcción o reparación de espacios públicos y recintos deportivos, pasa por la decisión de los “CORES”.

Del mismo modo, hay grandes inversiones públicas, como aeropuertos, carreteras y hospitales, cuya inversión se materializa a través de convenios de planificación, entre los ministerios y el Gobierno Regional, lo que también involucra la decisión de estos Consejeros.

Su elección democrática permitirá que rindan cuenta de sus actos y decisiones y que la ciudadanía pueda, por la vía del voto, orientar las decisiones que se toman.Especialmente importante es la posibilidad de avanzar en la descentralización interna de cada Región, evitando que las decisiones se concentren en las ciudades más pobladas.

En los próximos años debemos profundizar este logro. Como ha propuesto la ex Presidenta y candidata, Michelle Bachelet, deberíamos elegir, también, los Intendentes Regionales. Ellos deben ser líderes locales y tener la fuerza de su elección popular para enfrentar al gobierno central, exigir soluciones o alertar sobre decisiones equivocadas.

Asimismo, hay que continuar con el traspaso de más recursos y atribuciones a los Gobiernos Regionales. Las decisiones deben tomarse cada vez más cerca de la gente. Para ello, debe descentralizarse el Estado y dotarse de capacidad técnica a las regiones.

Del mismo modo, tenemos que impulsar más decididamente la participación.Por ello es que luchamos por una nueva Constitución donde se pueda incorporar herramientas tan potentes como las consultas y plebiscitos, nacionales o locales; la iniciativa popular de ley y ampliar los órganos de gobierno municipal. Por sobre todo terminar con el binominal.

El centralismo y la falta de participación ha impedido que Chile crezca armónicamente y que la ciudadanía se sienta representada e incluida en las decisiones, tal como ha sucedido en nuestra región en el marco de la sequía, donde hemos quedado cautivos de las decisiones que vienen desde La Moneda.

La elección directa de consejeros regionales, es por cierto un paso importante para ir rompiendo el centralismo. Estamos dando pasos en el sentido correcto. De todos depende que sigamos avanzando.

Por su parte, el Gobierno, en cadena nacional, reiteró su ya conocida satisfacción por las cifras en materia de empleo y anunció una serie de proyectos vinculados al ámbito laboral, ninguno de ellos de gran significación ni que apunten hacia las demandas de los trabajadores.

Tratándose del último 1° de mayo del actual Gobierno, ello permite realizar un balance de lo efectuado, constatándose una gestión pobre, llena de autocomplacencia por unas cifras que resultan bastante cuestionables.

Veamos. Reiteradamente se señala que se han generado 800 mil nuevos empleos, pero no se detalla la manera en que se calculan, ni se hace mención a la calidad de éstos.

Digamos las cosas como son. Igual que en el caso de la medición de la pobreza o la seguridad ciudadana, en el caso de la cesantía, se alteró la metodología del cálculo.

Según la nueva forma de medir el desempleo, ahora basta con trabajar una hora a la semana para considerarse empleado.Evidentemente, ello mejora muchísimo las cifras.

Asimismo, se ha constatado que gran parte de los puestos creados son informales o tercerizados y, por tanto, de muy baja calidad, con desprotección y bajas remuneraciones.

Entre los aspectos deficitarios de la actual gestión está el incumplimiento de promesas claves, que han afectado el mejoramiento de las remuneraciones, como son la extensión de la negociación colectiva y el multirut.

El Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera decía textualmente: “Se revisará la legislación para eliminar las actuales restricciones que dificultan que un mayor número de trabajadores negocie colectivamente. Se propondrá una solución eficaz para evitar las malas prácticas que distorsionan el concepto de empresa.” Nada de eso ha ocurrido.

Más aún, en el curso de su gestión, el actual Gobierno adquirió un nuevo compromiso, avanzar en la prevención de accidentes y seguridad en el trabajo.Pese a los emotivos discursos pronunciados con motivo del rescate de los mineros en Copiapó, los proyectos de ley para fortalecer la fiscalización y sancionar a los empleadores que incumplen la normativa arriesgando a sus operarios, nunca llegaron. Sólo se enviaron las reformas institucionales.

Ha quedado claro que en este Gobierno no habrá nuevos avances. Las expectativas, entonces, están puestas en lo que ocurrirá en noviembre próximo. Esperamos contar con una nueva Presidenta y parlamentarios comprometidos decididamente con un nuevo Código del Trabajo.

Allí se deben incluir los temas más sentidos por los trabajadores y que apuntan, especialmente, a mejorar la distribución de los ingresos, como la sindicalización, la huelga, la negociación colectiva y reparto de gratificaciones, el fin del multirut y el fortalecimiento de la fiscalización.

Asimismo, debemos impulsar una profunda reforma previsional, que termine con este sistema de AFP que está condenando a los chilenos a la pobreza en su vejez y enriqueciendo cada vez más a los dueños de las AFP.

Este reinicio de las movilizaciones tiene la particularidad de ocurrir en el mismo momento en que el Senado analiza la acusación constitucional contra el Ministro Harald Beyer, aprobada en la Cámara de Diputados, a quien se acusa, principalmente, de dejar de cumplir la ley al evitar fiscalizar a las entidades de educación superior que con fines de lucro, desatendiendo las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara Baja.

Asimismo, este retorno de las marchas ocurre justo al comenzar la campaña electoral con miras a las elecciones de noviembre próximo, por lo que constituye una expresión clara y firme de las demandas que los estudiantes hacen a los candidatos, tanto al Parlamento, como a la Presidencia de la República.

Michelle Bachelet ha señalado como un eje de su campaña el combate a la desigualdad que afecta al país, donde la educación es prioridad.

Al respecto, la ex mandataria tiene autoridad moral y credibilidad. Durante su Gobierno se envió al Parlamento un proyecto de Ley General de Educación, LGE, que establecía, a nivel de la educación escolar, el término del lucro, que obligaría a todos los sostenedores a transformarse en Corporaciones o Fundaciones (sin fines de lucro) con un giro único educativo. De este modo, terminarían los desvíos de recursos.

La derecha se opuso a ello. No fue posible avanzar, pues Renovación Nacional y la UDI condicionaron cualquier cambio a la antigua LOCE, publicada el último día de la dictadura, a eliminar esta norma que evitaba el lucro en la educación escolar. La Concertación debió negociar para permitir cambios como una Superintendencia más eficaz y una Agencia para la Calidad.

Visto en perspectiva del tiempo, el error de nuestros Gobiernos fue no haber sido más enérgicos. No comunicar con más claridad a los estudiantes y a la sociedad este chantaje de la derecha y sus consecuencias para la educación en Chile. Y sobre todo faltó el vínculo con la ciudadanía y su expresión en las calles.

Afortunadamenten la sociedad chilena y especialmente los jóvenes están hoy activos y alertas en esta materia. Chile entero tomó conciencia sobre la importancia de una educación gratuita y de calidad para la igualdad de oportunidades y el efecto negativo que el lucro tiene para conseguir ese objetivo, desviando hacia los bolsillos de los sostenedores y propietarios de los planteles los recursos que deben ser invertidos en niños y jóvenes. El caso de la Universidad del Mar fue la gota que claramente rebasó el vaso.

Los jóvenes están de vuelta en las calles, con alegría y entusiasmo, para luchar por un Chile más justo. Construyendo una democracia viva y fuerte que garantice que los cambios que el país reclama sean una realidad. Es aquello por lo que muchos hemos luchado toda la vida.

La tarea de la política es terminar con el lucro, lograr la gratuidad en la educación en todos sus niveles y construir un país más justo y sin abusos.

Los movimientos sociales han comenzado a actuar allí donde los partidos políticos muchas veces nos hemos visto inmovilizados fruto de acuerdos de gobernabilidad que poco a poco fueron socavando los fundamentos de nuestra identidad política.

Hoy existe consenso entre las fuerzas políticas progresistas, que parte importante de los problemas que vive el país están determinados por la aplicación del denominado principio de subsidiariedad estatal, en virtud del cual cobra primacía sobre el orden económico los intereses del sector privado empresarial y por otra parte la equivocada forma en que el Estado distribuye los bienes públicos esenciales, entre ellos la seguridad social, la educación, la salud e incluso la seguridad pública.

Estos dos aspectos, Estado Subsidiario y Distribución de Bienes Públicos, están presentes en la grave crisis hídrica que vive el país. El agua en Chile es un bien escaso, que hoy está en manos de los privados. Su acceso ha dejado de ser un derecho, en la medida es que a partir del nuevo Código de Aguas de la dictadura militar, se transformó en un bien apropiable y transable en el mercado.

Los reiterados episodios de corte de suministro del agua potable en la Región Metropolitana, por primera vez hacen visible al gran público nacional, un fenómeno que en provincias, especialmente en la Tercera y Cuarta regiones vivimos en el cotidiano. La disponibilidad de agua de calidad no está asegurada y su provisión es precaria, en la medida que depende de unos caudales que están sometidos a la presión de la sobre explotación.

Necesitamos construir una nueva política integral del agua que al menos asegure una prelación de usos, en donde el consumo humano esté siempre asegurado; permitiendo además que la agricultura, especialmente de subsistencia también tenga acceso a este recurso que es indispensable para evitar el despoblamiento de muchísimos asentamientos humanos a lo largo de la franja del secano costero y de los valles interiores de casi la mitad del territorio nacional.

Otro principio esencial, dice relación con un efectivo modelo de administración de cuencas que permitan generar una política de intervención sistémica sobre los cursos de agua y sus afluentes subterráneos.

Hay que incorporar incluso la posibilidad del trasvase de agua entre cuencas, como se hace en la mayor parte de los países desarrollados del mundo. La propuesta de una carretera pública del agua que anunció pero de la cual nunca más habló el presidente Piñera, a través de un gran acueducto desde la zona sur del país hasta el norte, es una urgente medida de trasvase que no puede seguir esperando.

Finalmente es indispensable revisar a fondo el modelo de concesiones de las empresas de servicios sanitarios. No es posible que tras casi veinte años de haber recibido en sus manos la responsabilidad de producir y distribuir el agua potable, ahora sólo estén empeñados en recoger utilidades y no hagan las inversiones de conservación, a veces mínimas en sus redes, ni modernicen sus procesos productivos.

Sin embargo, nada de esto será posible si no conseguimos generar un gran acuerdo político transversal, que nos permita desarrollar una política hídrica nueva, a la altura de las necesidades y desafíos de Chile.

La Guerra del Agua, esa que vaticinaban los futurólogos hace 60 años, ya es una realidad, es una guerra de baja intensidad, a escala local y cotidiana, que sin embargo ya comienza a dejar un reguero de víctimas a su alrededor y esas víctimas están siendo los vecinos, los pequeños productores agrícolas y ya hoy en día los habitantes de las urbes más importantes del país.

Si no intervenimos para impedir su continuación, el conflicto seguirá escalando, trayendo, más malestar, sufrimiento y contribuyendo a desestabilizar aún con más fuerza un modelo que se cae a pedazos a vista y paciencia de todos.

La iniciativa fue gestada luego que fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema apuntaran hacia la enorme arbitrariedad del sistema privado de salud.

En particular, se ha cuestionado fundamentalmente la discriminación existente en los valores de los planes, afectando a grupos importantes, como mujeres y adultos mayores a quienes se cobra más y  la facultad de modificar unilateralmente esos precios sin que se demuestre la necesidad real de los reajustes en función de la situación personal de cada afiliado.

El proyecto del Gobierno tenía dos ejes centrales que pretendían originalmente resolver esas deficiencias. Por una parte, contenía la fijación de una tarifa única o plana, vale decir todos los usuarios pagarían lo mismo, evitándose discriminaciones. Por otro lado, se establecía un IPC de la salud que buscaba evitar alzas abusivas.

¿Qué ocurrió?

Las ISAPRES alegaron que la tarifa única podía generar una pérdida de afiliados, puesto que muchas familias numerosas verían aumentado el valor de su pago mensual y podrían cambiarse a FONASA. Ante ello el Gobierno decidió una corrección, estableciendo dos tarifas, una para menores y otra para mayores de 24 años. Ello le quita el carácter universal y sin distingos que se espera.

Asimismo, el IPC de la salud contenido en el texto no era de uso obligatorio sino referencial y fue rechazado porque el IPC es definido por un grupo de expertos todos pertenecientes a las ISAPRES, sin ningún representante de los usuarios.

Se define en base a la tasa de uso e inflación, vale decir con los mismos elementos rechazados por la Corte Suprema y se construye considerando los precios de las prestaciones en el sector privado, a través de las clínicas de propiedad de las ISAPRES, y no se consideran los precios del sector público.

Ello refleja claramente por qué la oposición rechazó el proyecto: está hecho a la medida de las ISAPRES. Más que buscar superar de una vez los abusos y reducir las millonarias utilidades del sistema privado de salud, se busca conciliar algunos tímidos avances con la mantención del negocio. Eso es impresentable.

Para que el proyecto hubiese tenido algún sentido, debió mantenerse la tarifa plana única y un IPC de la salud autónomo y elaborado por el INE.También es imprescindible regular los millones de seguros privados complementarios adicionales que hoy existen.

De aquí en adelante, lo más importante es avanzar hacia una reforma estructural del sistema que solidarice los costos y mejore, de una vez, la salud para todos.

Los chilenos merecen una salud digna, eficiente y oportuna que asegure que el resguardo de la vida y la integridad física y psíquica no dependan de los recursos económicos con que se cuente.

Respecto del Ejecutivo hay un hecho que revela nítidamente las causas de su baja popularidad, su baja sintonía con el Chile real. Veamos, un 44 por ciento cree que Chile está progresando, en cambio un 46 lo encuentra estancado y un 8 por ciento en decadencia. Un 28 por ciento cree que la situación económica es buena, en tanto un 46 la ve ni buena ni mala.

El Gobierno, en cambio, aprecia algo muy distinto. Comentando la encuesta el Ministro Chadwick ha dicho “las personas empiezan a valorar lo que estamos haciendo.” ¿Dónde vio eso? Sólo le falta resucitar el jingle “hoy vamos bien, mañana mejor…” de la Dictadura, mientras la gente observa un país estancado y una situación neutra.

Lo que pasa es que ellos ven las transformaciones que han hecho o están haciendo, pero que escasamente apuntan a ese Chile real, al ciudadano de la calle, al pequeño campesino o productor, sino que se dirigen directamente a los grandes empresarios, como la ley de pesca, la carretera eléctrica, el subsidio forestal, las rebajas y perdonazos tributarios, las licitaciones de terrenos públicos, o sea grandes obras para los mismos de siempre.

Frente a esto, emerge el liderazgo de Michelle Bachelet. Ahí está, pese a la campaña orquestada en su contra, el cariño y adhesión de los chilenos permanece inalterable. ¿Por qué? Porque representa un Chile distinto, más inclusivo, más tolerante, más justo, un país para todos.

Sin embargo, no se debe caer en la complacencia. La oposición no puede girar a cuenta de Bachelet antes de tiempo. Como se dice en el campo, no hay que tomarse la leche antes de comprar la vaca.

De lo que se trata es de generar las condiciones para que en caso de decidirse a competir y ser candidata, la ex Presidenta Bachelet gane y pueda hacer el gobierno de cambios profundos que todos esperamos. No necesitamos ni queremos un nuevo Gobierno como los de antes, sino algo muy distinto.

Para eso se requieren dos cosas indispensables. Por una parte, construir un programa de gobierno serio y concreto, con propuestas claras y precisas, que puedan realizarse en un período corto de tiempo, orientados a introducir profundos cambios a un sistema económico y social lleno de abusos e injusticia.

El propósito urgente es una educación gratuita y de calidad, mejorar la salud, una reforma tributaria de verdad, cambiar el injusto régimen previsional y modificar el Código del Trabajo, junto con un cambio en la Constitución que elimine el binominal y de este modo avanzar hacia una institucionalidad más democrática y participativa.

Por otro lado, es fundamental elegir a un parlamento que respalde este programa y sea impulsor de estos cambios. Debemos construir una mayoría amplia y sólida.Este es el gran desafío de la Oposición.

El hecho ha motivado distintas reacciones. Hay escepticismo en los vecinos que se oponían a la industria, que temen que sea un volador de luces, como otros ocurridos con anterioridad, del que luego se vuelva a dar un paso atrás.

Hay, por otra parte, molestia en quienes trabajaban en el recinto y que están siendo despedidos, lo que ha sido aprovechado por el Gobierno para criticar al alcalde socialista de la comuna y a los gobiernos anteriores.

Adicionalmente, la situación ha generado enorme preocupación en el ámbito empresarial.Se ve con inquietud que millonarias inversiones energéticas y productivas se pongan en riesgo – e incluso se detengan – por presiones ciudadanas. Sólo en este gobierno está el precedente de Barrancones, HidroAysén, Castilla y ahora Freirina.

Y es que en nuestro Chile hay cientos de iniciativas muy resistidas por los habitantes. Hay, también, comunas enteras que han sido sistemáticamente sacrificadas por desarrollos insalubres o contaminantes. Entre nosotros, el caso de Caimanes y El Mauro está muy fresco. A nivel nacional, Huasco, Ventanas y Coronel son paradigmas de saturación industrial y deterioro irreversible de la vida cotidiana de los vecinos.

Lo ocurrido en Freirina es claramente un cambio en la forma de percibir estos proyectos.La tesis del gobierno publicitada a través de algunos de sus ministros vive sus últimas horas. La gente se cansó de aceptar que se afecte gravemente su entorno y condiciones de vida por mega inversiones que se justifican sólo por el empleo que generan, muchas veces escaso y de mala calidad.

En adelante, los proyectos productivos deberán contar con mejores estándares y un proceso de instalación consensuado con las comunidades locales. No es posible seguir afectando impunemente a tantas comunidades y, menos aún, obtener enormes utilidades ahorrando costos por la vía de eludir las transformaciones y modernizaciones que eviten impactos ambientales.

Se requiere un nuevo trato de la industria con la ciudadanía. Nadie está contra la inversión y el empleo, pero las cosas deben hacerse bien, buscando emplazamientos donde los efectos sean mínimos, adoptándose todas las medidas de seguridad necesarias y minimización del impacto ambiental , evaluándose y fiscalizándose con rigor las iniciativas y compartiendo con las comunidades el éxito comercial de los proyectos.

Basta de obtener jugosas ganancias a costa del deterioro vida de nuestra gente y nuestras comunas. Esa es la lección de Freirina.

Por razones muy diversas millones de chilenos no fueron a expresar sus preferencias, restándose de este proceso cívico. Explicaciones respecto de las razones de esta baja participación hay muchas. Desencanto, escasa competencia, poca renovación de estilos, falta de soluciones reales, individualismo, poca educación cívica, carencia de programas atractivos, entre muchas otras.

Es una gran tarea para quienes somos representantes populares hacernos cargo de este fenómeno, procurar explicarlo y sacar conclusiones que permitan desentrañar el profundo y rotundo mensaje de apatía del electorado y buscar correcciones que recuperen la confianza e interés de la ciudadanía en algo tan relevante como elegir sus autoridades.

Pero esta mala noticia se ha visto opacada por el brillante desempeño electoral de las mujeres que postularon como candidatas a alcaldesas y concejalas a lo largo del país.

Sobre todo con el triunfo de mujeres elegidas alcaldesas en comunas emblemáticas, donde durante años gobernaron alcaldes que parecían inderrotables. El triunfo de Carolina Tohá en Santiago, el de Josefa Errázuriz en Providencia y Maya Fernández en Ñuñoa demostró la fuerza y credibilidad que los liderazgos de mujeres tienen en la sociedad chilena.

Todo esto pese a la resistencia de los partidos políticos a abrir espacios a más mujeres en elecciones de representación popular. Esto quedó reflejado en el retroceso en el numero de candidatas mujeres 14,4%, en comparación con el 17,5% del año 2008.

La elección de la Presidenta Michelle Bachelet significó un hito en nuestra democracia, al ser la primera vez que una mujer llegaba a La Moneda. Era el peldaño más alto de una larga lucha de las mujeres por incorporarse plenamente a la sociedad, primero en el ámbito educacional, luego en lo laboral y social, donde las dirigentes sociales mujeres son hoy una parte muy relevante del total. Más tarde comenzó su acceso al quehacer público, como autoridades locales, parlamentarias, magistradas, ministras hasta llegar a la primera Magistratura de la nación.

Chile marcha muy rezagado en esta materia. Desde luego muy lejos de los estados más avanzados, como algunos europeos y fundamentalmente los países nórdicos en que la representación de las mujeres supera el 40%, pero también por detrás de países latinoamericanos.

Mientras en Chile las mujeres en el Parlamento son el 12%, el promedio mundial es 16%. Y el del continente americano es aún más alto, un 20%, existiendo casos muy notables como Argentina, en que las mujeres en el Congreso Nacional llegan al 36%.

Si consideramos que los estudios muestran que en nuestro país en cada elección la proporción de mujeres mejora un 2%, recién el año 3000 llegaríamos al nivel del vecino país. Es mucho tiempo. Debemos mejorar estos indicadores.

Para ello es imprescindible impulsar un cambio cultural que ponga de manifiesto la importancia de postular y elegir mujeres como una muestra de igualdad en nuestra sociedad y como un factor de enriquecimiento de la actividad pública.

Ello requiere la voluntad de los partidos y pactos y debe ser apoyado con una ley de cuotas, que obligue a presentar más mujeres de candidatas.

No hay excusas, las mujeres han demostrado que son competitivas como quedó demostrado con la gran cantidad de alcaldesas y concejalas elegidas.

Es un tema que debe preocuparnos del mismo modo que la abstención. Los países que avanzan y se desarrollan han incorporado con fuerza a la mujer en todos los ámbitos.

Eso no sólo es, en lo simbólico, una muestra de igualdad de oportunidades, sino que significa para la sociedad contar con la mirada femenina en la construcción de la vida del país, complementando visiones y mejorando el debate y las decisiones.

Durante años hablaron de “la puerta giratoria” para referirse a la facilidad con que los detenidos recuperaban la libertad y prometieron trancarla. También dijeron que con ellos en La Moneda a los delincuentes se les acabaría la fiesta.

La experiencia ha sido muy distinta. El Gobierno ha fracasado completamente en este ámbito. Los indicadores en los delitos de mayor connotación social son peores o iguales que antes. En las calles, la sensación de temor permanece igual. Más que trancar la puerta, le pusieron aceite, liberando a 6.000 presos extranjeros de las cárceles.

El Gobierno fracasa una y otra vez en los tribunales en delitos de alto impacto, como el Caso Bombas y para colmo, se descubren irregularidades mayúsculas en el propio ministerio del Interior, en un tema tan sensible y relevante como el combate al tráfico de drogas.

En esta materia, en sólo dos semanas, tuvimos dos escándalos de proporciones.

Primero, se conoció que durante el año 2010, en las investigaciones por narcotráfico, en el proceso que va desde que se detiene a los delincuentes y se incauta droga hasta que ésta es destruida o quemada, se perdieron 1.100 kilos de cocaína.

Leyó bien. Más de una tonelada de droga se extravió desde que ésta es decomisada por las policías hasta que se incinera en los servicios de salud. Y los ministros del Interior y de Salud no dieron explicación alguna.

Luego, se supo de un escándalo en el proceso de compra de equipamiento para combatir la internación ilegal de drogas en el norte del país. El ministerio del Interior autorizó pagar sobreprecios por más de 400%, asunto que está siendo investigado por el Ministerio Público, que le ha costado el cargo a tres funcionarios, entre ellos el ex Fiscal Peña y por el cual el Gobierno tampoco asume su responsabilidad política.

¡Qué distinto a lo que ocurrió la semana anterior cuando fracasó la licitación del litio!En un par de horas se hizo renunciar al subsecretario de Minería. Ahora sólo caen subalternos. O sea, para este Gobierno se puede fracasar completamente en el combate a la delincuencia, pero no se puede echar a perder un buen negocio.

Después de todo esto, luego de más de dos años de Gobierno, cuando falta menos para que termine que lo que ha transcurrido, anuncian proyectos de ley para modificar las normas de procedimiento penal y mayor control respecto de los jueces. Una improvisación absoluta.

Si el tema era tan relevante como se dijo por años y se repitió majaderamente en la campaña electoral… ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no hay avances? ¿Por qué no sancionar a quienes han fracasado en esta tarea, como se hizo con el Subsecretario Wagner por el caso del litio?

Como reza el dicho popular “otra cosa es con guitarra”.

Masivamente, ello implica la posibilidad de manifestarnos, utilizando los espacios públicos y hacer llegar así esos planteamientos a los poderes del Estado para que sean atendidos.

Evidentemente, es necesario que el ejercicio de esos derechos se haga en forma pacífica, sin cometer delitos que afecten a otros. En caso que ello no ocurra y se vulneren derechos de terceros o se dañen bienes públicos o privados, los autores de estos hechos deben ser identificados, juzgados y sancionados, de acuerdo a la ley, por los tribunales.

Sin embargo, el actual Gobierno en lugar de aplicar la ley como corresponde y como ha ocurrido ya desde el retorno a la democracia en 1990, ha propuesto reemplazarla por una iniciativa que persigue fortalecer el resguardo del orden público, pero a costa de limitar gravemente los derechos fundamentales.

Tras fracasar en el diálogo y en la búsqueda de soluciones a la educación y a otras demandas sectoriales y locales, como los conflictos en la pesca o los generados en Freirina, Aysén y Magallanes, intenta sofocar el descontento con un proyecto claramente represivo, que atenta contra los fundamentos mismos de la democracia.

La llamada “Ley Hinzpeter” busca criminalizar la protesta social agravando las sanciones por desórdenes públicos, que ya no sólo se castigarían con multa, sino eventualmente con cárcel. Del mismo modo, se penalizarían las tomas y los hechos que entorpezcan el tránsito o el libre desplazamiento por las ciudades, como ocurre con cualquier marcha o manifestación no autorizada.

No nos equivoquemos ni nos dejemos engañar. No es que en Chile no haya leyes para sancionar los hechos de violencia. Las hay. Éstos están castigados en el Código Penal y en otras normas. Tampoco es que falten medios ni mecanismos para detener a los infractores. El Estado cuenta con servicios policiales, los que incluso muchas veces se exceden en sus atribuciones desatando golpizas inexcusables.

Desde esta perspectiva, el texto es sumamente cuestionable. Penalizar a los convocantes y asistentes a legítimas movilizaciones que demandan más derechos para evitar disturbios aislados resulta desproporcionado.

También es erróneo intentar crear una cortina de humo que hace parecer que en nuestro país no tenemos normas para castigar a los vándalos. Por último, no corresponde considerar los derechos de quienes se expresan como opuestos a los de quienes concurren a sus trabajos o simplemente transitan por las calles.

Quienes protestan, opinan, ejerciendo así el más elemental derecho en una democracia.

Quienes protestan están haciendo un uso del espacio público tan legítimo como el de las personas que transitan por sus calles. Si hay excesos, sus autores deben ser identificados, juzgados y sancionados de acuerdo a las leyes que ya tenemos, pero no podemos tratar de impedir estos actos eliminando la posibilidad de disentir y manifestarse.

Lo peor que puede ocurrir es que por enfatizar excesivamente en el orden se conculquen los derechos de petición, expresión y reunión.

¿Es el lucro negativo o criticable? No, todo emprendedor tiene derecho a crear actividades comerciales lícitas por las que obtenga utilidades. El problema es cuando se lucra en actividades cuyo propósito y carácter es de otra naturaleza, como la educación.

Más aún si ello se realiza recibiendo recursos públicos, como es el caso de las subvenciones y aportes del Estado. Ellos se crearon no para beneficio de los dueños, sino para apoyar el esfuerzo de los privados en educación y, por tanto, debieran invertirse íntegramente en esos fines.

Por esto, el lucro en la educación superior está expresamente prohibido por la ley, pero se utilizan triquiñuelas legales para esconderlo. La más conocida es crear, en forma paralela a la universidad, instituto profesional o centro de formación técnica una sociedad inmobiliaria “espejo”, que arrienda los edificios en que funciona el centro educativo.

El plantel paga los arriendos, generalmente a un precio excesivo. Así los propietarios reciben, como arrendadores, las ganancias que no pueden retirar como gestores del plantel de educación superior. Ello quedó al descubierto claramente cuando el ex rector de la Universidad del Mar, Raúl Urrutia, denunció que los dueños le presionaban para pagar los arriendos en detrimento de  los docentes.

Esto se ha venido denunciando desde los años ’90 y, la verdad, nunca se controló adecuadamente, tanto por la escasa capacidad del Estado para hacerlo, como también porque, en esos años, el objetivo estaba puesto en aumentar la cantidad de jóvenes que pudieran incorporarse a la educación superior.

Sin embargo, la situación reventó. Y lo hizo porque ha quedado en evidencia que tanto los recursos que aportan los alumnos – y que han venido creciendo con el alza de los aranceles – como lo que el Estado entrega se desvían a los dueños y no a mejorar la calidad que, en algunos casos es muy mala.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó esta materia. Dentro de sus conclusiones se sostiene que muchas entidades privadas de educación superior lucran retirando por diversas vías los recursos que obtienen. El asunto, incluso, originó una investigación por parte del Ministerio Público.

Se necesita una fiscalización rigurosa y eficaz. La Superintendencia que se creó es una solución a medias. No tiene facultades ni personal suficiente para una tarea tan relevante.

Además, se requiere cambiar la ley, prohibiendo claramente estas sociedades “espejo” y fortaleciendo las sanciones.

Los recursos que Chile invierte para educación deben utilizarse totalmente en beneficio de sus niños y jóvenes. Esto es un imperativo ético.