Estas reacciones no sorprenden si se tiene en cuenta que las relaciones laborales son, en buena medida, relaciones de poder al interior de la empresa, algo que nadie está dispuesto a compartir o ceder fácilmente.Sobre la urgente necesidad de una reforma laboral en Chile hablan los más elementales datos duros.

Según un informe reciente de la Fundación Sol basado en la encuesta CASEN, el 50,5% de los ocupados gana menos de $260.000 líquidos y el 74% menos de 400.000. Ante este escenario social, la negociación colectiva es una llave para desmontar uno de los nudos más compactos de la desigualdad.

Entre los temas más álgidos discutidos durante 2015 se cuentan la titularidad sindical; la extensión de beneficios; el reemplazo en huelga; la determinación del quórum para crear sindicatos. En cada una de estas materias, a los senadores de la Nueva Mayoría integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social nos ha guiado la profunda convicción de restablecer equilibrios en el desbalance existente en nuestro país entre capital y trabajo.

Se trata de resituar la importancia del trabajo en el modelo de desarrollo, en la superación de la desigualdad, en el respeto de derechos y en el fortalecimiento de la organización social.A su vez, la mayoría de los cambios que apoyamos ya están vigentes en la mayoría de los países de la OCDE.

En el transcurso del debate, hemos recibido en audiencia a diversos actores sociales y políticos: organizaciones sindicales; organizaciones empresariales; representantes del mundo académico y de centros de pensamiento; abogados y abogadas laboralistas. Hemos intercambiado opiniones en seminarios y expuesto puntos de vista en numerosas entrevistas con medios de comunicación.

Llegado este punto del proceso legislativo, no obstante, resulta oportuno integrar la perspectiva de la ciudadanía en general, remitiéndonos a estudios de carácter nacional.  En este contexto, la encuesta que integra el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo revelaba ya en el año 2013 un apoyo mayoritario en cuanto a que la capacidad de negociación de los trabajadores frente a los empleadores requería cambios profundos (59%).

En julio de 2015, la encuesta realizada por la CUT junto con la empresa MORI reconocía sorpresa ante sus resultados: en un clima de controversia sobre la reforma laboral, la inmensa mayoría de chilenos manifestaba estar de acuerdo con que los sindicatos “fuertes” eran buenos para Chile.La misma encuesta pone en evidencia un amplio rechazo al reemplazo de los trabajadores en huelga, con un 70%  en contra.

En este sentido, incluso las tensas semanas del paro del Registro Civil, no alteraron la percepción de la ciudadanía en general sobre el valor de respetar el derecho a huelga. En la encuesta “Otra Mirada Ciudadana” desarrollada por Chile21/Criteria en diciembre de 2015, un 67% desaprueba que se permita a los empresarios el reemplazo de trabajadores en huelga.

En la misma línea que las otras encuestas mencionadas, este sondeo reciente indica que un 81% de los entrevistados considera que para resguardar los derechos de los trabajadores es necesario fortalecer a los sindicatos.Una mayoría más ajustada (51%) considera que los sindicatos debieran ser los únicos que puedan negociar colectivamente con los empresarios, sin posibilidad de que lo hagan grupos paralelos.

Un contundente 91% acuerda con que todos los trabajadores deberían tener derecho a formar sindicatos, sean de empresas grandes o pequeñas; en tanto que un 90% la ampliación de beneficios sindicales debe ser acordada entre trabajadores y empleadores. En todos los casos cabe destacar el bajo porcentaje de respuestas no sabe/no responde.

Estas cifras reflejan de algún modo el inmenso valor del debate público abierto en torno al Proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales, conversaciones que Chile se adeudaba desde hacía veinticinco. A su vez, los resultados de estos análisis cuantitativos sugieren que la opinión pública tiene claridad con respecto a los principios y valores que hemos sostenido a lo largo de meses de debate y en innumerables audiencias y entrevistas. La ciudadanía, nuevamente, nos da lecciones, sólo falta prestarle la debida atención.

Esta denuncia viene a sumarse a una ya larga cadena de actos del mismo tipo que han involucrado a productores de pollo, farmacias, distribuidores de asfalto, empresas navieras, comercializadoras de papel higiénico y hasta al gremio de ginecólogos en la Provincia de Ñuble.

Ellos se agregan, además, a otros escándalos comerciales de enorme connotación pública, como fueron las repactaciones ilegales realizadas por La Polar, que perjudicaron tanto a sus clientes como a inversionistas, producto del falseamiento de sus balances y estados financieros.

Las reacciones ante estos hechos son diversas. Los consumidores y usuarios se sienten, con justa razón, gravemente abusados. Cada episodio denunciado no viene sino a confirmar las sospechas por las habituales alzas masivas en muchos precios y la extraña uniformidad de éstos en diversos establecimientos. La seguidilla de casos produce un ambiente generalizado de desconfianza y molestia.

Algunos, en cambio, reaccionan acusando persecuciones o sobre reacción de las autoridades.Equivocan claramente el rumbo. Nada peor que una defensa corporativa o tratar de minimizar o negar hechos que al poco tiempo resultan confirmados por la justicia.

La empresa y el emprendimiento privado es un factor importante en el desarrollo del país.Alienta la inversión y genera empleo, al tiempo de otorgar a los ciudadanos la posibilidad de disponer de una mayor variedad de productos y servicios. Sin embargo, su desarrollo debe basarse en comportamientos éticos y legales que parecen haber caído en el olvido para sectores muy relevantes. Sólo así se explica que estos sucesos no sean aislados, sino que se abarcan un amplio abanico de sectores o actividades.

Quien afecta la competencia del modo que hemos conocido, coordinando precios o cuotas de mercado, perjudica desde luego a los usuarios y consumidores, pero, además, afecta gravemente el propio modelo económico que les ampara y al gremio y entorno al que pertenecen. A ellos debería dirigirse la indignación de empresarios, expertos y cúpulas gremiales, en lugar de apuntar a fiscalizadores y reguladores, al más puro estilo de Don Otto.

En lugar de ver un hostigamiento que no existe y de acusar populismo o estatismo cuando a consecuencia de éstos hechos se generan medidas como las farmacias populares, es tiempo reconocer que importantes sectores del empresariado nacional han venido generando una cultura de la máxima rentabilidad, a cualquier precio, sobrepasando muchas veces los márgenes y regulaciones y mermando así gravemente la confianza de la ciudadanía.      

Asimismo, es imprescindible agilizar las modificaciones legales para sancionar en forma drástica este tipo de conductas. El Senado está analizando el proyecto de ley que fortalecerá las investigaciones y repondrá las penas de cárcel para quienes las cometan.

Su consigna de educación gratuita, de calidad y el fin del lucro en algunas instituciones caló hondo y se transformó en un eje central de la campaña presidencial pasada. La Presidenta Bachelet y los parlamentarios que asumimos el 11 de marzo de 2014 tenemos como mandato principal de los ciudadanos concretar ese anhelo, expresado en el programa de gobierno y votado por la inmensa mayoría de los chilenos.

La aprobación ayer de la denominada ley corta de gratuidad, que perfecciona lo ya hecho en el presupuesto -y que fue eliminado por el Tribunal Constitucional, a instancia de diputados de derecha- es un primer paso sustantivo para el cumplimiento de ese compromiso en la educación superior. Más allá de todos los problemas e imperfecciones que pudo haber en la gestación hay acá un rotundo cambio de enfoque en lo que el país había venido haciendo por décadas.

El 2016 unos 220 mil alumnos de enseñanza básica y media ya no tendrán copago. A ello se suman otros casi 180.000 de la educación superior. Vale decir, serán 400.000 familias que ya no pagarán por la educación de sus hijos. Lo anterior, sin perjuicio de mantener las restantes ayudas estudiantiles existentes que favorecen a otros estudiantes.

Se acaba la visión de la educación como un bien de consumo que el Estado, a través de crédito y ocasionalmente de becas, ayuda a comprar.

Volvemos a la idea tradicional de la educación como un derecho social universal al que todos los niños y jóvenes chilenos tienen derecho, sin importar los ingresos de sus padres.Es, sin duda, una gran noticia para celebrar y terminar el año 2015.

Una vez más, una crisis resulta una excelente oportunidad para ampliar las perspectivas de análisis. Si hasta ahora se ha puesto énfasis en supuestos impactos negativos que tendría avanzar en la reforma laboral, la situación que vive el Registro Civil obliga a cambiar el foco y analizar las consecuencias de seguir demorando la mínima puesta al día en materia de derechos laborales.

El paro mencionado pone al descubierto qué es lo que sucede cuando no existe regulación para el ejercicio del derecho de huelga. Al no haber canales de expresión, el sistema se desborda. En las últimas décadas, no ha habido voluntad de ningún gobierno de ingresar al Parlamento un proyecto de ley que consagre los derechos colectivos de los funcionarios públicos, por ende, no existen mecanismos institucionales para administrar los conflictos en el sector.

Quienes a partir de lo que ocurre en el Registro Civil reivindican la opción del reemplazo en huelga, caen en un oportunismo que en nada ayuda, a la vez que incurren en el error de mezclar situaciones del sector privado con las del sector público.

Es evidente que el paro perjudica fuertemente a la ciudadanía. Sin embargo, para resguardarla de daños mayores existen los turnos éticos.

Vulnerar derechos laborales nunca será  buen camino para la resolución de conflictos de esta naturaleza que, por el contrario, requieren más y mejor diálogo, más y mejor gestión política, y una legislación laboral a la altura de un país democrático en el siglo XXI.

Pude apreciar personalmente los daños en muchas viviendas y pequeños comercios de Choapa y Limarí. En Illapel, Canela, Combarbalá, Salamanca, Punitaqui o Montepatria muchas construcciones antiguas sufrieron los efectos del sismo y cedieron, dejando a muchas familias damnificadas.

En la costa, en tanto, Coquimbo, Tongoy y Los Vilos fueron azotados por el mar, siendo el aumento del nivel de las aguas un elemento muy destructivo, que arrasó a su paso con las caletas, equipamiento e instalaciones, ferias, mercados, almacenes, restorantes, pequeños hostales y también viviendas.

Fueron minutos de enorme angustia. Muchos vivieron escenas de las que sólo tenían conocimiento por los relatos de abuelos y personas mayores. La desolación y destrucción que dejó el ingreso del mar fue significativa. 

Además de los daños en construcciones, se perdieron herramientas de trabajo, mercaderías y ciertamente los frutos de lo que iba a ser un fin de semana de gran afluencia de público y que terminaron siendo sólo días para tratar de ordenar y limpiar los efectos de esta lamentable tragedia.

Como país y como región una prueba más de esta naturaleza que parece haberse ensañado  con los nuestros. El Gobierno ha reaccionado con rapidez. La Presidenta Bachelet y los Ministros se han desplazado a la zona y adoptado las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia y preparar la reconstrucción de lo dañado.

Se ha decretado zona de catástrofe, lo que junto a los programas que se han ido probando y potenciando con los diversos eventos -ya ocho en este período de gobierno- establecen un marco de trabajo para detectar los daños, identificar a los afectados y procurar reconstruir tanto los hogares como la capacidad productiva perdida.

Me preocupa especialmente que seamos capaces de actuar rápidamente. Es muy importante que la respuesta sea ágil, especialmente para recuperar la capacidad de las personas para desarrollar sus labores. Son muchos nuestros hombres y mujeres que no piden más ayuda que devolverles la capacidad de salir adelante con su propio esfuerzo. Una muestra del temple y coraje de nuestra gente.

Por eso la recuperación de caletas, mercados, ferias, comercios, restoranes y almacenes debe ser rápida, sin demoras y tramitaciones excesivas. El verano está muy cerca y es una fecha donde muchas familias  obtienen ingresos. También es relevante lo que se haga en promoción turistica de tal modo que la llegada de visitantes no se vea afectada.

En materia de vivienda también es urgente contar con soluciones expeditas y variadas. Son muchos los tipos de daños, algunos requeriran reparaciones, otros una reconstrucción total.

Y aunque no parece urgente tiene que haber un especial cuidado  con inmuebles patrimoniales que debemos reparar y preservar. Es parte de  nuestra historia tangible, la misma que forjó el temple de estos hombres y mujeres, que hoy dan la pelea por volver a la normalidad. Con ustedes estamos.

A su vez, han tomado estado público supuestas diferencias entre la presidenta con sus ministros del Interior y de Hacienda, y no faltaron quienes sostuvieron que mientras éstos fueron convocados para enmendar el rumbo del Gobierno, ella insistió en seguir adelante con el programa. Personeros y directivas políticas mostraron solidaridad con los ministros, en un raro tironeo que, aunque desmentido, dejó una sensación extraña.

En todo caso, se trata de hechos que no pasan inadvertidos. Primero, porque se trata de fuego amigo que, lejos de enmarcarse dentro de la crítica constructiva, pone en duda la existencia del cuidado y lealtad indispensables para enfrentar momentos difíciles.

Segundo, porque proviene de líderes varones que subrayan la necesidad de enérgicos y contundentes procesos de toma de decisiones; sin embargo se alarman frente a la clara decisión de impulsar transformaciones importantes en materia tributaria, laboral, educacional, constitucional; frente al fin del binominal o la despenalización del aborto.

Paradojalmente suelen ser los mismos que hablan de ausencia de liderazgo y voluntad de gobernar.Estas voces se unen en curiosa armonía con las de sectores conservadores, conformando un coro anti-reformas que cada fin de semana hace presentaciones de gala en los medios tradicionales.

Aun no entienden que no será a fuerza de atacar a la Presidenta, ni de golpear la mesa, ni retrocediendo frente a los poderes fácticos que se recuperará la confianza de la ciudadanía, sino afinando las voces, ejercitando la escucha y, por sobre todo, el respeto.

En este sentido, Andy parece haber tenido claridad desde siempre. Dejar atrás un comprensible equívoco social  fue posible gracias a una familia que supo verla, y a profesionales que supieron acompañar. Sin embargo, el camino abierto no está libre de dificultades: por empezar, el colegio al que asistía Andy no aceptó el avance y la niña debió abandonarlo; a su vez, ella no tendrá, por ahora, el documento de identidad que le corresponde.

Éste es, precisamente, el espíritu que impulsa el proyecto que modifica la ley General de Educación, para promover el respeto por la orientación sexual y la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes en su comunidad educativa.  La aprobación de este proyecto, presentado recientemente por la diputada Denise Pascal Allende y respaldado por mi,  permitiría a los establecimientos educacionales afrontar de mejor manera estas situaciones, entregando a los responsables una herramienta que facilite la integración del niño, niña o adolescente transexual en la comunidad educativa, con todas las implicancias sociales, emocionales y prácticas que ello conlleva. En otras palabras, la materialización de este proyecto permitiría que Andy siga aprendiendo y jugando en su escuela, en lugar de verse obligada a abandonarla.

La necesidad  que los Estados consideren y regulen en sus legislaciones el derecho a respetar la identidad de género ha ganado terreno en la agenda internacional. Chile ha sido parte de un histórico adelanto en la materia, al liderar y aprobar en 2014 la presentación de la segunda resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, es imprescindible plasmar estos valiosos gestos en nuevas leyes y medidas que fortalezcan el cambio cultural de respeto a la diversidad.

En este contexto, existe también un proyecto de ley radicado en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, relativo al derecho a la identidad de género, que regula un procedimiento para rectificar la partida de nacimiento y el cambio de sexo y de nombre cuando éstos no coincidan con la identidad de género de quien lo solicita.

Su aprobación permitiría contar con un marco normativo para reconocer y respetar el derecho a la identidad de género; sin embargo, el proyecto no  contempla aún el derecho a la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes.Por lo mismo, y dado que gran parte de la vida de niños, niñas y adolescentes transcurre en la escuela, urge aportar al clima de respeto y no discriminación que debiese imperar en las comunidades educativas hacia alumnos y  alumnas transgénero.

Han pasado 24 años desde que junto a un grupo de diputados pusiéramos en discusión esta materia a través de una moción que reponía en nuestro país el aborto terapéutico, eliminado sólo en las postrimerías de la dictadura.

En efecto, frente a la argumentación de algunos de inconstitucionalidad, por cuanto la Carta Fundamental señala que la ley protege la vida del que está por nacer, cabe replicar que el aborto terapéutico fue perfectamente compatible con esta misma Constitución por casi una década.

Más aún, si se revisan las actas de la comisión conformada por el régimen militar para generar el actual texto, la discusión que se dio deja de manifiesto que la inclusión de ese párrafo no significa excluir la posibilidad del aborto, sino que es un mandato al legislador para regularlo.

Los comisionados hablaron claramente de que una opción era el aborto terapéutico, pero también podían ser otros. La incorporación de la frase – se señaló – solo buscaba establecer que esta regulación no podía llegar a la amplitud que el aborto tenía en los países nórdicos.

Por tanto, las tres causales son perfectamente compatibles con la Constitución actual. Son hipótesis muy precisas que tienen amplio apoyo en la opinión pública.

Situaciones éticas limites, en que está en riesgo la vida de la madre o su integridad psíquica, derivada de la experiencia de llevar adelante un embarazo inviable o surgido de una acción delictiva.

Valoro profundamente que la sociedad chilena, casi un cuarto de siglo después tenga la madurez para discutir abiertamente este tema. Asimismo, el coraje de la Presidenta de la República y de su Gobierno para impulsarlo.

Resta aún parte importante del debate. Hay visiones contrapuestas, como es obvio a un tema valórico. Lo importante es entender que las normas jurídicas constituyen un marco para todos los miembros de la comunidad. Un mínimo común compatible con las visiones de todos.

Sobre ello, siempre hay normas religiosas y morales que a nivel personal complementan las obligaciones legales. Quienes desde su particular visión están en desacuerdo no ejercerán este derecho, pero no pueden imponerla a toda la sociedad.

Esta idea se plasma nítidamente en una cita del ex Presidente francés Valéry Giscard d’Estaing pronunciadas cuando en el país galo se promovió esta materia. “Yo soy católico, pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (…) sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia católica pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social”.

Y concluye, “como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”.

La actual regulación entrega un 20% de la cuota global al sector industrial. Éstos la extraen en un corto espacio de tiempo lo que satura el mercado y hace disminuir drásticamente los precios, a la mitad o menos de lo que se obtiene habitualmente. Los pescadores artesanales, entonces, ven disminuida su rentabilidad, hasta casi no poder solventar los costos, producto de estas prácticas extractivas y comerciales abusivas.

La guinda de la torta -y generadora del problema- es el uso de artes de pesca depredadores, como el arrastre, que ya llevaron al colapso a otras especies y que se encaminan a hacer lo mismo con la jibia.

Vale decir, la tormenta perfecta. El colapso de otras pesquerías y la sobre explotación de uno de los escasos recursos que va quedando, con artes predatorios y estrategias comerciales que ocasionan el derrumbe de los precios, con claro perjuicio para el mundo artesanal, ya suficientemente golpeado.

Esto tiene que cambiar. En la jibia, por cierto, entregándola exclusivamente para el sector artesanal y estableciendo la línea de mano como arte de pesca, pero mucho más allá, esto nos demuestra la urgente necesidad de revisar y perfeccionar la ley de pesca, cuyos principales problemas se ven claramente reflejados acá.

Tenemos que ser capaces de tener una legislación que proteja de mejor forma la sustentabilidad, administrando mejor las pesquerías y castigando drásticamente la sobre explotación. Asimismo, debemos distribuir de mejor modo las cuotas globales, entre el sector artesanal – largamente postergado – con el industrial, fortaleciendo, además, la protección de las 5 millas.

En seguida, como país, tenemos que avanzar en un uso más racional de nuestros recursos naturales. Su mera explotación y exportación, no sólo en la pesca, sino también en la minería y los bosques, conduce a su colapso con escaso beneficio para el país y las comunidades locales.

Hace rato que este es un punto crítico de la cadena. En general los pescadores artesanales se ven obligados a vender a las procesadoras a precios muy insuficientes. Tampoco existe suficiente decisión para acometer procesos de industrialización y agregación de valor, que mejoren las condiciones de empleo y nivel de remuneraciones.

La crisis de la jibia requiere una solución urgente. La pesca artesanal merece más protección y oportunidades. El país necesita una ley que proteja recursos que nos pertenecen a todos.

Este texto, aprobado el 2012, con un fuerte impulso de la administración anterior y del entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira, incluyó, en lo sustantivo, la renovación de las cuotas, aprobadas el 2002 por un plazo de 10 años, las que se transformaron en licencias renovables de 20 años de duración.

Adicionalmente, se modificaron los procesos de definición de los límites de extracción, buscando la constitución de organismos asesores más especializados y cuyos informes rigurosos -y no los criterios políticos- fueran los que orientaran las decisiones de las autoridades.

Muchos parlamentarios nos opusimos decididamente a este proyecto, señalando la necesidad de que se expresara de un modo más categórico el carácter público de los recursos del mar, rechazando esta entrega por tanto tiempo y escasas exigencias a unas cuantas empresas y buscando una distribución que mejorara la participación de la pesca artesanal. Lamentablemente, nuestra visión no prosperó.

Como lo advertimos, la situación de los recursos marinos es hoy extraordinariamente preocupante, como también, consecuentemente, la de los miles de pescadores artesanales del país, principales afectados por el estado de colapso de las principales pesquerías.

Ello es lo que desde ya ameritaba una revisión de la normativa. Necesitamos normas que aseguren la sustentabilidad de los recursos y que resguarden que ellos se distribuyan adecuadamente. Investigaciones judiciales en curso la han hecho aún más necesaria al mostrar influencias indebidas en la discusión legislativa. Requerimos mejores normas y también más legitimidad.

Sin embargo, nos parece que esta revisión debe ser tan amplia como sea posible. La FAO es un organismo serio y riguroso, pero debemos incorporar también a la sociedad civil, a los pescadores artesanales, a organismos no gubernamentales y entidades académicas y científicas que puedan efectuar diagnósticos y proposiciones.

Es muy relevante generar condiciones que apunten a una explotación más racional y sustentable de estos recursos. También debemos avanzar paralelamente en aspectos que quedaron postergados como la investigación, la fiscalización y el fomento, para agregar valor agregado a estos productos.

El modelo de mera extracción de recursos naturales en beneficio de unas cuantas empresas  está agotado en muchos sectores de la economía nacional y también en la pesca, por lo que una revisión integral debe procurar su explotación sostenible y, además, que permita el mayor provecho para toda la comunidad y especialmente para la pesca artesanal.

Durante el año se había concluido también la tramitación de la reforma tributaria y se presentó a la Cámara de Diputados la reforma laboral. Pese a las fuertes críticas de sectores empresariales, Chile acometía estas urgentes modificaciones y las perspectivas económicas se encontraban en ascenso, lo que se ha seguido ratificando.

Sin embargo, se han suscitado hechos que han venido a ensombrecer el panorama. Por una parte, se han conocido los casos PENTA, SQM y CAVAL, que han generado una severa crítica de la opinión pública a las autoridades y al financiamiento de las campañas electorales. Por otro lado, diversas catástrofes nos han asolado, como incendios forestales en Valparaíso, la erupción del Volcán Villarrica y las lluvias e inundaciones que afectaron a Antofagasta, Atacama y a nuestra región.

No cabe duda que debemos hacernos cargo de ambas situaciones. Está en marcha una Comisión Asesora Presidencial, formada por destacadas personalidades, que elaborarán a la brevedad una propuesta de modificaciones institucionales y legales. El Parlamento ha comprometido un trabajo rápido y acucioso. Paralelamente, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y la Justicia hacen su labor.

Esperamos tener a la brevedad una normativa que regule claramente la relación entre la política y el dinero, asegure una absoluta transparencia en las campañas electorales y sancione drásticamente a quienes incurran en actos ilícitos.

Asimismo, el Gobierno está trabajando con decisión en enfrentar la catástrofe que se vive particularmente en la región de Atacama. Ya hay equipos trabajando en el catastro que permita reponer las viviendas; se han aportado los recursos para que los municipios avancen en la limpieza de las ciudades; se están poniendo en marcha planes de fomento al empleo y el Congreso Nacional ha despachado una modificación al seguro de cesantía que mejora las coberturas generales y también contiene medidas para las zonas afectadas por estos aluviones.

Sin embargo, junto con ello, es sustancial que el Gobierno siga adelante con las reformas comprometidas con la ciudadanía y que todos entendamos que ellos son desafíos imprescindibles para que nuestro país avance en una mayor igualdad y justicia.

Hay sectores interesados en aprovechar estas dificultades para frenar este proceso.No quieren que haya cambios profundos. No podemos caer en ese juego. Empujar la reforma laboral, seguir adelante con la reforma educacional, contar con una nueva constitución y otros mejoramientos, en salud y previsión, son fundamentales para Chile y no pueden detenerse.

Tenemos que ser capaces de reconstruir el norte, mejorar la institucionalidad y recuperar la confianza de los ciudadanos, sin perder de vista las transformaciones que el país necesita.

Según la última CASEN, el promedio nacional de ingreso derivado del trabajo mensual por hogar es de $629.000. Mientras para el primer quintil es de $63.697, una familia del décimo quintil recibe $2.299.780. Es decir, 36 veces más. Ello explica nuestro triste lugar de avanzada en los rankings de desigualdad global.

Ello se expresa, también, en el ámbito territorial. Mientras en la Región Metropolitana es $803.000, en Maule y la Araucanía llega a los $420.000, prácticamente la mitad. Sólo Antofagasta supera a la capital. Al interior de las regiones se da un problema similar. No puede olvidarse tampoco la brecha de género, que muestra que las mujeres son aún más discriminadas.

¿Por qué una ejecutiva de ventas en Coquimbo (ingreso promedio $551.000) gana menos que un ejecutivo de Santiago? Hay explicaciones fundadas en factores como la productividad, los costos y rentabilidad de las principales actividades productivas y en el mercado laboral, que debemos enfrentar.

Ello exige una acción eficaz del Estado para el fomento de sectores relevantes, colocando incentivos atractivos y potenciando polos productivos según las particularidades y ventajas de cada región. Se requiere complementar autonomía local real con un rol del nivel central para definir aspectos estratégicos, como energía, conectividad y obras públicas y apoyar a los territorios y actividades más rezagadas.

Debemos revalorizar especialmente el rubro agrícola, sumando tecnología y mano de obra capacitada, lo cual requiere de un rediseño de políticas públicas, repensando el rol del INDAP para enfrentar estos nuevos desafíos.

El objetivo es avanzar de una economía exportadora de materias primas, que utiliza intensivamente mano de obra poco calificada hacia una que agregue valor, mediante la preparación del capital humano – a lo que apunta la reforma educacional – y el énfasis en innovación, ciencia y tecnología. Experiencias como la producción de energías alternativas en la Región de Coquimbo son interesantes, pero para que se traduzcan en verdadero desarrollo deben lograrse encadenamientos a nivel local.

La regulación del mercado laboral es también fundamental. La negociación colectiva es imprescindible para equiparar las remuneraciones que se obtienen en diversas zonas del territorio.

Eliminar la desigualdad de nuestra sociedad es el sentido del “Chile de Todos”. Las regiones no pueden seguir esperando, adormecidas en la desesperanza. Las reformas deben también cambiar el rostro de cada una de ellas y llegar a los hogares.

Co autor Farid Seleme, Presidente nacional de la juventud del PPD