Y pareciera que estamos de nuevo en el punto de partida. La inmensa mayoría de los ciudadanos apoya las demandas de los estudiantes.

¿Cómo podría ser de otra manera, si estos estudiantes vienen de las mismas familias chilenas que palpan la mala calidad de la educación o enfrentan severos problemas de endeudamiento por lo que debería ser un derecho?

Aún así, el gobierno se ha tomado estos dos meses para formular respuestas claramente insuficientes. Qué desperdicio.

Tenía, y quizá tiene aún, la oportunidad de lograr un cambio decisivo en un tema crucial para el futuro del país, para su proyecto democrático, para sus anhelos de mayor equidad.

Pero el gobierno insiste en desconocer las manifestaciones de la voluntad popular, ya sea mandando respuestas claramente insuficientes a las demandas estudiantiles o respondiendo con una brutal represión al intento de ejercer libertades constitucionales como el derecho a reunión y el derecho a expresar en la calle el malestar y el disenso.

No son maneras. El orden público es importante, pero es mucho más importante que el gobierno escuche a la gente y entienda de una vez por todas qué significa el mandato popular.

El gobierno está para servir a la gente. A todos. No sólo a sus electores ni menos sólo a los partidos políticos que lo apoyan.

Gobernar es escuchar, auscultar, entender las necesidades de las personas y darles un cauce institucional y legal.

Gobernar no es imponer, ni dictaminar, ni retar a la gente como si todos fuéramos niños desobedientes.

Gobernar no es imponer a todos una manera de pensar y de actuar. El gobierno, en cambio, ha sido sordo a la voz de la gente y refractario a la hora de resolver los conflictos con propuestas inclusivas.

Y para ser realmente inclusivos, desde el Congreso Nacional hicimos una propuesta transversal, con participación de ambas cámaras y de todos los sectores políticos; asimismo, hemos insistido en proponer que el Parlamento sea el escenario para un diálogo nacional amplio, con la participación de todos y con el compromiso de todos de llegar a acuerdos.

Queremos que el Congreso sea el garante de todas las posturas y que todas tengan la misma ponderación.

No se trata ya de pasar la aplanadora o de imponer la voluntad de unos por sobre la de otros.

Se trata de diálogo y de acuerdo entre los distintos actores, y en el Congreso Nacional sabemos de eso.

Este se hizo en base a una situación inicial de poder ilimitado del que dispuso un grupo social y político privilegiado, que además no cree en la democracia, o está dispuesto a adaptarse a ella solo en tanto sea fuertemente limitada la soberanía popular.

Para lograr ese propósito, levantó, al amparo de una prolongada dictadura y una vez que no logró mantenerla indefinidamente, un muro de instituciones que impiden el ejercicio democrático.

Fue el grupo minoritario que defendió a los senadores designados hasta que no pudo conservarlos por ser demasiado grotescos para los valores democráticos básicos. Es el grupo de poder que logra aún mantener sistemas electorales y quórum de leyes que impiden que funcione el principio de mayoría.

Todo esto simplemente no es democrático y ha resultado un muro muy difícil de derribar, especialmente cuando una parte de la fuerza del cambio de los años ochenta se adaptó a la situación, morigerando el propósito inicial de democracia y equidad y en algunos casos haciendo de necesidad virtud y sumándose al esquema conservador.

El hecho es que sigue ahí el poder de la derecha agraria tradicional y su cultura autoritaria de la hacienda, complementado por el que acumuló con éxito un grupo integrista-religioso que se ha sentido llamado a dominar la escena política con todas las artes disponibles, incluyendo las peores, desde que se conformó como “movimiento gremialista”.

Y que ha tenido éxito por muchos años en condicionar la dificultosa reinstalación en Chile de una democracia moderna y progresista, que parece ser en definitiva la que prefieren los ciudadanos, desgastando gravemente a los partidos democráticos en su empeño por avanzar a una normalización institucional, al punto de lograr desplazarlos del gobierno.

Salvo que una parte cada vez mayor de los chilenos, y en todo caso sus jóvenes, ya no está más dispuesta a tolerar un arreglo político arcaico, construido para mantener privilegios inaceptables, y se pronuncia en la calle con fuerza resonante en su contra, dándonos una lección a los que quisimos, pero no pudimos mantener la energía que el cambio democrático y social necesitaba.

El presidente Piñera en esta crisis política de 2011 tenía la oportunidad de demostrar las convicciones democráticas que dice tener, y de paso tal vez recuperar algo de la popularidad que le ha sido esquiva. Pero optó por desplegar el reflejo autoritario y violento de la derecha de siempre.

En efecto, se vulnera “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas” establecido por la constitución que nos rige, cuando el ministro Hinzpeter declara que “nuestro gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda, porque el tiempo las marchas se acabó”.

En las democracias, el tiempo de las marchas lo determinan los que quieren marchar, no el ministro del Interior, que se ha ganado el legítimo repudio de una generación completa de jóvenes que entienden que o se movilizan o nada cambiará en Chile. Y que deberá probablemente enfrentar una acusación constitucional en el parlamento por reprimir el derecho a manifestarse en vez de contener eficazmente al lumpen, como es su deber.

Dicho sea de la paso, la respuesta ignara e inaceptable del señor Gajardo (“los métodos que hoy se ha aplicado hacia el movimiento por la educación pública, nos recuerdan a los métodos sionistas del apartheid”), solo merece un rechazo tajante, primero por confundir torpemente las cosas y sobre todo porque con el antisemitismo, después de las tragedias del siglo XX, no se juega.

Y los mismos principios que nos llevan a condenarlo y a defender el derecho de Israel a existir, nos llevan a repudiar la violación de los derechos del pueblo palestino. En la izquierda, los tiempos del estalinismo y su paranoia contra los judíos no deben ser revividos por motivo alguno. La nuestra debe ser en toda circunstancia una sociedad tolerante hacia todos los cultos.

Pero los reflejos violentos de la derecha no quedaron ahí: su representante más arcaico, al punto que resulta con frecuencia risible, el señor Carlos Larraín, ha emitido una joya de declaración el sábado 6 de agosto: ” no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos, que están instalados muchos de ellos, desgraciadamente, en un Parlamento, que no supimos ganar”.

Y por si esto pudiera adjudicarse a la pasión política del tribuno, el intelectual oficial de la derecha, director del Instituto Libertad y Desarrollo, otro señor Larraín (Luis, en este caso) nos regala en una columna el mismo día con un “el gobierno no debe tirarle más carne a las fieras, porque estas serán insaciables” refiriéndose a los manifestantes.

Se expresa una vez más la intolerancia y la descalificación de una derecha chilena que no dudó en el pasado en promover la destrucción de la democracia y las peores violencias y aberraciones y hoy sigue sin hacerse merecedora del calificativo de civilizada.

Frente a esta declinación autoritaria de la nueva manera de gobernar, el presidente siempre puede optar por otro camino: el de las reglas democráticas y el principio de mayoría, que quiere un cambio profundo de la educación.

Nos encantaría que así fuera. Pero por el momento no queda más que la continuidad de la movilización de los que quieren que la sociedad chilena siga avanzando hacia un nuevo orden institucional que promueva los derechos propios de las sociedades democráticas modernas.

La pregunta que el escritor israelí David Grossman aplica hoy a su sociedad -”¿porqué nos acostumbramos a la rapiña de las privatizaciones, que provocó la pérdida de la solidaridad, la responsabilidad, la ayuda mutua, el sentimiento de pertenecer a una misma nación?”-parece estar encontrando una respuesta en el mejor Chile, en aquel que no se había acostumbrado.

En una entrevista en un diario matutino el Sr. Presidente de Azul Azul, concesionaria del club de fútbol de la U. de Chile, se atribuye méritos fundacionales que no tiene y éxitos históricos que no ha conseguido.

No es la primera vez que un dirigente de esa empresa se atribuye éxitos que no posee, hace unos días el Sr. Yuraszek también hablaba de la cantera azul como algo nuevo, ignorando la larga historia de la U en esa línea.

Ahora el Sr. Valdés nos quiere hacer creer que éste es el mejor momento de la U en 84 años. Lamentablemente no es así. Nos hubiera encantado que fuera pero no es. Nuevamente les han fallado sus conocimientos históricos. ¿Habrán estudiado en un colegio municipalizado? Me tinca que no, pura arrogancia no más.

No voy hablar de la década del sesenta donde la U fue campeón entre el 59 y el 69 seis veces de campeonatos largos (12 de los actuales) y llegó a una semifinal de Libertadores igual que ahora, obteniendo muchos otros logros…

Vamos a datos más actuales, en los primeros cuatro años de la Presidencia de René Orozco la U fue campeón dos veces (1994-1995) también de torneos largos (cuatro de los actuales) y llegó a una semifinal de Copa en que perdió con el campeón argentino y no con el mexicano, en condiciones similares en cuanto a haber recibido una institución quebrada y esa vez con empuje, ideas y poco dinero se obtuvieron los mejores resultados de los últimos 25 años.

Las Instituciones y los países no crecen, se desarrollan y progresan porque haya un grupo de iluminados que las refundan cada cierto tiempo, por el contrario la fuerza verdadera está en la mantención de sus valores originales, en el rescate orgulloso de su pasado, tanto de los momentos obscuros que todos tienen como de los exitosos.

Pero acá estamos asistiendo a la más estúpida y destructiva campaña de renegar del pasado para mostrar eficiencia y éxitos, sembrando antagonismo y cizaña inútil y belicosa.

No resulta conveniente que la Directiva de Azul Azul adopte la fracasada estrategia gubernamental de la UDI, el deporte es por definición pluricultural, transversal a ideas políticas, religiosas y al poder económico.

Me hubiera agradado mucho más que hoy estuviéramos hablando del temple de los azules que en 84 años hemos construido una institución seria, respetable y digna, que ha llevado satisfacciones diversas a un importante sector del país y que gracias a todo lo realizado en nuestra historia, estamos orgullosos de ella y hemos aprendido de nuestro pasado para proyectarnos hacia el futuro.

¿Qué publicista habrá dicho que la humildad no renta?

Cuando no hay humildad lo que se recibe es un humillante 25% de apoyo.

Quiero compartir con ustedes nuestro sentir.

1. Como hombres y mujeres creyentes en el evangelio de Jesús, condenamos con firmeza los asesinatos a periodistas y comunicadores sociales ocurridos en los últimos años en varios países de nuestra región.

Asimismo, condenamos las amenazas de muerte y el hostigamiento que están sufriendo actualmente muchos periodistas y comunicadores, entre los que se cuentan algunos que integran la nómina de varios de nuestros medios de comunicación.

2. Somos firmes promotores de la dignidad y de la igualdad entre las personas y por tanto elevamos nuestra voz de protesta puesto que muchos de los comunicadores sociales y periodistas de este lado del mundo, se están viendo forzados a abandonar su función como generadores de opinión pública para salvaguardar su integridad física, o están siendo llevados a ejercer la autocensura sobre ciertos temas políticos o sociales para evitar represalias, con frecuencia mortales, que están en contra del principio mismo de libre expresión.

3. Estamos convencidos que las democracias se construyen a partir de la participación y la libre expresión de las ideas.

Por tanto, rechazamos todo medio que sea usado para impedirlo o restringirlo directa e indirectamente, y que se atente en contra de la vida, honra, bienes, estabilidad laboral, derecho al buen nombre y seguridad personal de sus difusores como está sucediendo en varios países de la región, puesto que con dichos actos se socavan las bases mismas de la democracia y del Estado de Derecho.

Quienes actualmente promueven, avalan o encubren dichas violaciones están abonando el terreno político para la impunidad, los autoritarismos y las dictaduras, condenando así a la ciudadanía a vivir sometida al miedo continuo y la desconfianza.

4. Creemos en la institucionalidad del Estado y en la obligación que tiene de garantizar los derechos de sus ciudadanos.

Por tanto consideramos que no basta que en los textos constitucionales de nuestros países rece el precepto de la libertad de expresión como uno de los derechos ciudadanos fundamentales, si en los hechos priman las leyes secundarias que otorgan ventajas a quienes tienen mayor capacidad para comprar, promoviendo la concentración monopólica u oligopólica de medios de difusión masiva, dejando a las organizaciones locales, sociales y no gubernamentales sin opción para adquirir y administrar medios de difusión locales, comunitarios con alcance nacional.

5.  Abogamos por la independencia de los poderes públicos del Estado y la transparencia de la justicia de nuestros países.

En consecuencia, exigimos a los Estados en donde han ocurrido asesinatos de periodistas o comunicadores sociales a impulsar procesos de investigación imparciales que lleven a identificar, enjuiciar y a sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes, así como a implementar medidas y mecanismos de protección para todas aquellas personas actualmente amenazadas por ejercer su oficio como periodistas o comunicadores sociales.

6.  Exhortamos a la comunidad internacional, y particularmente a las instancias y organismos defensores de los derechos humanos, a defender con especial atención y esmero y exigir el respeto de la vida de los periodistas y comunicadores sociales, y proteger su oficio de ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libre emisión de pensamiento.

7.  Animados por nuestra misión de fe y justicia, nos unimos en solidaridad con todas las personas que arriesgan su vida por ejercer el oficio de difundir una información basada en la verdad, la objetividad y la ética.

Junto a ellas y a los diversos sectores de la sociedad comprometidos con el derecho a ejercer la libertad de expresión, ofrecemos nuestros trabajos y redes de comunicación al servicio de la vida plena y digna, la promoción de la democracia, la construcción de la paz y la educación en la justicia siempre con el firme propósito de generar sociedades incluyentes y con igualdad de oportunidades para todas las personas.

Comparto también con ustedes los nombres de los  firmantes de esta declaración, que no hace sino reflejar una realidad insostenible.

1.-José A. Victoriano Reyes, Antillas.
2.-Ignacio García Mata, Argentina
3.-Humberto González, Argentina
4.-Sergio Raczko, Argentina
5.-Orlando Rivero Guzmán, Bolivia
6.-Geraldo Américo Lacerdine, Brasil
7.-Attilio Hartmann, Brasil
8.-Ismael Moreno, Centroamérica
9.-Antonio Delfau, Chile
10.- César Casas, Colombia.
11.-Amador Hevia, Cuba
12.-Diego A. Jiménez B, Ecuador
13.-Luis García Orso, México
14.-Eugenio Gómez Díaz Barriga, México
15.-Felipe Espinosa Torres, México
16.-Juan Carlos Henríquez, México
17.-Salvador Ramírez Peña, México
18.-Arturo Estrada, México
19.-Homero Apodaca, México
20.-David Ortiz, México
21.-Luis Orlando Pérez Jiménez, México
22.-Eduardo Anaya Sanromán, México
23.-Ismael Bárcenas, México
24.-Adán Jacquet, Paraguay
25.-Solbella Pérez, Venezuela.
26.-Juan Miguel Zaldua, Venezuela
27.-Álvaro Quiroz, México
28.-José Martínez de Toda, Venezuela
29.-Guillermo Ortiz, Argentina

No deja de ser preocupante el rechazo a todas las fuerzas políticas, ello es el triunfo tardío de las ideologías neoliberales y del mensaje de la dictadura, que las fuerzas democráticas no pudimos ni hemos podido derrotar. Pero no es ese el punto de esta reflexión.

El punto es que los países pueden cambiar el apoyo a la oposición sin que ello signifique una crisis, salvo para los que pierden ese apoyo, pero no es lo mismo con los gobiernos.

Si un país no tiene gobierno, es decir el gobierno no gobierna, o tiene un gobierno que no gobierna para la mayoría, la que lo eligió o la que se genera producto de las nuevas situaciones que van acaeciendo, o tiene uno de esos comportamientos porque no entiende lo que sucede en la sociedad, en todos esos casos, el gobierno es parte del problema y no parte de la solución.

Obviamente no es lo mismo tener bajo apoyo siendo gobierno que siendo oposición, ya que –más aún en un régimen presidencialista- el que lleva la conducción es el gobierno.

Que la Concertación tenga bajo apoyo es un problema de la Concertación y afecta básicamente a sus dirigentes.

Podemos decir que no entienden lo que ocurre en el país,  o que no son capaces de conducir al conjunto de la oposición, pero ese problema lo tienen los que adhieren a esa coalición, y no lo tiene el país.

Sin embargo que el gobierno de tumbos, que no se sepa para dónde va, o que no sea capaz de articular una solución a problemas cuando un ochenta por ciento del país señala en una dirección sobre cuál es la solución a ese problema, esto si es un problema para todo el país.

Si dirigentes de la oposición replican el discurso de que el problema lo tenemos todos por igual, refleja que no saben leer las encuestas o no escuchan lo que ocurre en Chile. En ese caso bien mal valorados están.

Lo que importa, y preocupa es tener un gobierno que no es capaz de gobernar y que tiene un rechazo que lo duplica. Eso es lo que dice la última encuesta. Ojalá lo entiendan, para que cambien.

La verdad es que este proyecto es una reacción al trágico incendio que se registró en la Cárcel de San Miguel el 8 de diciembre pasado y que causó la muerte de 81 reclusos. Pero antes de ese horrible episodio no se había adoptado ninguna medida para enfrentar la crisis carcelaria que vive el país, en circunstancias que el problema del hacinamiento era una realidad públicamente denunciada.

Pero una vez producida la tragedia, se optó por una medida de parche que no soluciona el fondo del problema.

Si el gobierno tiene la loable intención de reducir el nivel de hacinamiento de nuestros recintos penitenciarios, en los que se registra cerca de un 60% de sobrepoblación penal, entonces el camino no es el indulto por muy restringido que sea.

Por el contrario, a mi juicio, la solución es contar con una política criminal que sistematice nuestro catálogo de delitos y penas, de manera de establecer una relación más lógica entre la gravedad de los ilícitos y las penas que se les asignan.

Lejos de lo que ha pregonado la misma derecha desde hace muchos años, debemos erradicar la idea de creer que la cárcel es la primera y única alternativa, sino racionalizar su uso y reservar las condenas privativas de libertad para los delitos más graves. Nada de eso hay en la normativa aprobada.

Por lo tanto, reitero que el sistema de indulto general propuesto es un mínimo alivio que no resuelve la deuda que tiene la sociedad chilena en esta materia.

Además, la Constitución faculta al Presidente para otorgar los indultos particulares que estime pertinentes. De esta manera, si se requieren decisiones específicas respecto de un número acotado de personas, el Jefe de Estado ya dispone de la herramienta necesaria para conceder tal beneficio, sin que se necesite acudir a una ley general como la que se está proponiendo.

En este sentido, hago un llamado al Presidente de la República a que ejerza sus atribuciones como corresponde y que no le endose al Parlamento la responsabilidad de indultar a personas privadas de libertad.

Si el Mandatario no se atreve o no le gusta usar esa potestad que la ley le confiere, entonces sugiero que envíe un proyecto de ley para derogarla o que busque otro mecanismo para reducir la sobrepoblación en las cárceles chilenas, pero que no le traspase esa competencia al Congreso Nacional.

Asimismo, quiero recordar que en la pasada campaña presidencial se me atacó duramente por los indultos que concedí en mi calidad de Jefe de Estado y me acusaron de haber abierto la puerta a la delincuencia al hacer uso de esa facultad.

Al menos, tuve el coraje de asumir las consecuencias de las decisiones que adopté y nunca esperé que otro poder del Estado se hiciera cargo de prerrogativas que en ese entonces me eran propias.

Del mismo modo, en aquella época el actual Presidente prometió terminar con la “puerta giratoria”, aseguró que los presos cumplirían toda su condena en la cárcel y que iba a barrer con los delincuentes.

Otra vez estamos ante flagrantes incumplimientos de las promesas de campaña.

Ahora se van a indultar condenados, la inseguridad ciudadana va en alza y más encima nos dicen que es imposible erradicar la delincuencia.

No por nada, y así lo reflejan las últimas encuestas, su credibilidad está por los suelos.

La Moneda acentúa así su aislamiento y el rechazo ciudadano hacia las políticas oficiales.

Este Movimiento social, impulsado principalmente por los jóvenes universitarios y secundarios, ha logrado sacudir la conciencia nacional.

Un 80 por ciento de los chilenos respalda hoy una impostergable reforma, con una mirada histórica hacia la consagración de la Educación como un derecho fundamental y no como un negocio lucrativo.

Como Vicepresidente del Senado, he participado activamente en crear las condiciones para que las instituciones del país canalicen las demandas sociales y las traduzcan en los cambios que el país demanda. Creo que en el Congreso Nacional se han dado muestras de esa disposición.

Pero la decisión gubernamental de reprimir con violencia excesiva las marchas de los estudiantes ha venido a dificultar y entorpecer el necesario clima de dialogo que propicie los acuerdos para la gran reforma educacional.

El error del Gobierno es evidente, al entorpecer el clima de diálogo que se había ido generando, La Moneda convirtió la jornada por la Educación en una protesta nacional por el derecho a la expresión de las demandas populares.

Lamento lo ocurrido, porque lo que está en el debate es demasiado importante como para empañarlo con este tipo de reacciones autoritarias.

Las autoridades que adoptaron la decisión de reprimir con violencia deberán asumir sus responsabilidades políticas por haber generado un clima que perjudica la construcción de los acuerdos y posterga la solución del conflicto de la educación.

Lo que ha pasado no es bueno para Chile.

Espero que el Gobierno rectifique y se retome el camino de la reforma profunda al sistema educacional que el país exige.

Así, en el caso de las interceptaciones telefónicas, es importante considerar que se trata de una técnica intrusiva de mucha utilidad en algunas investigaciones, pero que afecta entre otros el derecho a la privacidad de las comunicaciones del cual goza cualquier ciudadano por disposición constitucional.

Por esta razón, el legislador estableció una limitación previa para llevar a cabo dicha medida intrusiva, la autorización judicial. Así, existe un tercero ajeno a la investigación, imparcial y dotado de competencia para autorizar o denegar el uso de tal instrumento en virtud de una ponderación de los derechos afectados y la necesidad para el éxito de una investigación.

Si el legislador consideró la intermediación del órgano jurisdiccional para su uso como mecanismo de protección ex – ante de los derechos fundamentales ¿por qué entonces la actual legislación permite al persecutor adquirir y operar dicha tecnología intrusiva?

De toda lógica sería que dichas herramientas tecnológicas estuvieren en manos de un organismo de integración interinstitucional, donde exista presencia del poder judicial, de los persecutores y también de la defensoría penal pública.

A fin de que el uso de dicha tecnología se encuentre circunscrito de manera exclusiva para los fines y en los casos previamente autorizados por el órgano jurisdiccional.

La técnica de la interceptación telefónica ha resultado muy eficiente en las investigaciones relativas a narcotráfico y crimen organizado pero no por ello debemos abrir la puerta a que dicha medida sea de aplicación general o común, ya que estaremos haciendo letra muerta nuestro derecho a la privacidad de las comunicaciones.

Dado el éxito de dicha medida investigativa en el combate al crimen organizado, numerosos países han constituido una organización especializada encargada de llevar a cabo el sistema de interceptación.

Allí confluyen las diversas instituciones que intervienen –de conformidad a la ley- en dichos procedimientos. Su funcionamiento se encuentra normado por protocolos de autorización que impiden que un funcionario de alguna de las instituciones utilice dicha tecnología para fines diversos u omita su uso en una investigación determinada.

De igual forma se contemplan procesos rigurosos para la protección y destrucción de “información residual” obtenida en una investigación particular y que nada tiene que ver con el objeto de la indagación.

Este sistema debería poner fin a la existencia de tecnología intrusiva al interior de las instituciones policiales y, en particular en el Ministerio Público, ya que no debemos olvidar que estas instituciones por mandato de la ley no son imparciales en un proceso criminal.

Son justamente los encargados de perseguir los delitos y, por tanto su interés en el juicio e explícito, la condena de los hechores. Debemos ser capaces de compatibilizar el respaldo a la persecución delictual con la protección de los derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución política.

Co autor de la columna el diputado Felipe Harboe

Y si hace una pataleta, acogerlo pero no cambiar la decisión tomada. Aunque les cueste entender, somos los papás los que tomamos las decisiones finales.

Así se “gobiernan” las familias. En los países los ciudadanos elegimos a quienes tendrán ese rol, el Gobierno y el Congreso, quienes representan a lo que quiere la mayoría de los chilenos. Pero cuando veo cómo estas últimas semanas se ha dado el conflicto universitario, lo que me dan ganas es volver a poner a cada actor en su lugar.

Ni los movimientos estudiantiles ni el Colegio de Profesores son los llamados a diseñar la futura política educacional chilena. Después de los ingeniosos “Thriller educacional”, documentos varios, heridos y millonarios destrozos, el punto ya está hecho.

El Gobierno y el Congreso pueden tomar algunas de estas demandas y descartar otras.

Pero desgraciadamente no ha sido así. Se les hacen propuestas a estos movimientos desde La Moneda y hemos pasado toda la semana esperando a que los “actores sociales”, como se autodenominan, nos den su respuesta.

¿Respuesta a qué? No son ellos los llamados a decidir las políticas públicas. No tienen la formación para hacerlo ni tampoco el derecho porque los chilenos votamos para elegir a quienes nos representan al momento de discutir cómo se maneja el país.

Estamos, como padres sobrepasados con sus hijos, dejando que las peticiones se transformen en órdenes, confundiendo el escuchar con el aceptar.

Y el problema es que cuando se pone de interlocutor no a los parlamentarios, sino que a grupos dispersos, que no tienen que rendir cuentas políticas a nadie, se abre la puerta a que otros movimientos sientan que pueden imponer sus agendas.

No se trata de reprimir la libertad de expresión, ni el derecho a reunión ni ninguna de las banderas que han usado cuando se les insinúa que es el momento de volver a clases.

Si quieren seguir manifestándose, que lo hagan, pero no los transformemos en negociadores de una reforma educacional porque no les corresponde.

Otorrinos, traumatólogos, anestesistas faltan en regiones como la de Atacama y otras de la zona sur del país y ha entrado en debate, precisamente, este tema, acerca de médicos becados por el Estado que no retornan al ámbito público.

Si bien la medicina es una profesión, como cualquier otra, su labor va más allá de lo meramente profesional.

Como médico y con propiedad lo digo, ésta es una tarea que requiere de vocación y compromiso social.

Por sus características implica adquirir una actitud que no debiera estar cien por ciento supeditada a lo meramente remuneracional y cuya dedicación, más aún si es financiada por todos los chilenos, debiera apuntar a una actitud orientada al trabajo sanitario y ciudadano.

En Chile la mayor cantidad de la población se atiende a través de la red asistencial de salud pública, que corresponde al Estado. Y  si es, ese mismo Estado, el que a mí me da las herramientas y la oportunidad de perfeccionarme es, remitiéndonos sólo al ámbito ético, dejando de lado lo formal y legal que esto implica, un deber ético, devolver la mano a lo público.

Es en el sector público, donde se atienden hombres, mujeres, niños y adultos mayores de los sectores más vulnerables de nuestro país, quienes no poseen los recursos para pagar una clínica o centro privado.

Por lo tanto resulta incomprensible que facultativos a quienes el Ministerio de Salud o el Servicio de Salud les financian el 80% de su formación en el extranjero, adolezcan o, más bien, no tengan esa sensibilidad para reconocer un compromiso tácito y moral con lo público, con la gente.