Los terrenos, uno de 38 hectáreas y otro de 20 hectáreas, formaban parte de los predios del antiguo Fundo Casas Viejas de Chena, que el 26 de octubre de 1976 el entonces ministerio de Tierras y Colonización destinó para el ministerio de Defensa Nacional, en específico para la subsecretaría de Guerra.

El 29 de octubre de 2014 nos correspondió firmar el Decreto Exento 935 del ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual quedó oficializada la exclusión de dichos terrenos, que habían sido declarados prescindibles por el Comando de Ingenieros del Ejército.

Estas acciones tienen su origen en el año 2002, cuando la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, promovió la reasignación, administración y disposición de terrenos de propiedad del Fisco destinados al Ejército.

Con esta acción, queremos contribuir a elevar la calidad del espacio público contemplada en el Programa de Gobierno que la Presidenta Bachelet comprometió con la ciudadanía, a fin de que las personas, sobre todo las pertenecientes a grupos vulnerables y los sectores medios, puedan disfrutar de un espacio público de calidad.

El Programa de Gobierno deja en claro que nuestras ciudades son la expresión construida de las desigualdades y que viviendo en un lugar u otro de nuestras ciudades se abren muy diferentes oportunidades. Con el cambio de destinación de los terrenos de Cerro Chena, el ministerio de Bienes Nacionales ha procurado contribuir a cambiar esta realidad.

El Cordón de Cerros de Chena conservaba hasta hace unos 40 años su flora y fauna nativas. Con el correr de los años, por los incendios forestales y el consumo de sus árboles para la producción de ladrillos, llegó a ser uno de los cordones de cerros más áridos y erosionado de la Región Metropolitana.

Los terrenos destinados por Bienes Nacionales forman ahora parte de la nueva etapa del Parque Metropolitano Sur, el que recibirá una inversión de 10 mil millones de pesos por parte del Gobierno Regional, luego de ganar el concurso Cerros Isla que fue organizado por la Intendencia Metropolitana.

Así, se avanzará en la detención de la desertificación, en el resurgimiento de flora y fauna nativas, la protección del entorno natural, el incremento de la densidad de áreas verdes y de esparcimiento por habitante para comunas con índices muy bajos, lo que redundará en mejores condiciones de vida y salud, en primer lugar para los vecinos de 14 comunas del sector sur, pero además para la gente de toda la Región Metropolitana y sobre todo para las generaciones futuras.

Este Parque será entonces expresión del Chile mejor, sustentable e inclusivo, que todas y todos queremos construir.

Uno de los desafíos del Ministerio, en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es contribuir a resolver la deuda histórica que el Estado y la sociedad chilena mantienen con los pueblos originarios. Por ello, desde que asumimos la dirección de la cartera el 11 de marzo, definimos como prioridad básica enfrentar con sentido de urgencia esta situación y resolver los pasos que debíamos dar para asumir dicho desafío.

En materia de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, las competencias de la cartera de Bienes Nacionales se circunscriben solamente a tierras y bienes de naturaleza fiscal, junto con la facultad de resolver la irregularidad de la ocupación de la pequeña propiedad raíz. Desde estos lugares específicos colaboramos con los esfuerzos generales del Gobierno en lo referente a la restitución de tierras.

Una de las primeras operaciones que emprendimos fue reconstruir la Unidad de Pueblos Indígenas, que durante la administración anterior había sido desarticulada.A través de ella coordinamos el trabajo que desarrolla el Ministerio, en consonancia con el programa y las políticas indígenas del Gobierno.

El 9 de octubre último en Temuco, en el Aula Magna de la Universidad de la Frontera,  fuimos protagonistas y testigos de la más reciente entrega de Títulos de Dominio a más de 400 familias indígenas, que desde hace años procuraban hacer realidad ese sueño. Unas pocas semanas antes, en la comuna de Padre las Casas, participamos en la entrega de 500 Títulos, también a familias mapuche.

Hasta el recinto de la UFRO llegaron las familias con sus guaguas, niños y adolescentes, en muchos casos encabezadas por mujeres ataviadas con sus chamales y trapelacuchas, para recibir el ansiado documento. La ceremonia fue, sin duda, símbolo del Chile que todos queremos construir, con los pueblos indígenas incluidos plenamente.

Con un Yeyipún, una tradicional ceremonia mapuche en la cual se ofrendan semillas, los beneficiarios bendijeron a la madre tierra, y en especial el acto en el cual recibían sus Títulos de Dominio, símbolos del territorio doméstico añorado durante años.

A nombre de los beneficiarios, Francisco Melín, de la comuna de Galvarino, manifestó su agradecimiento al Gobierno de la Presidente Michelle Bachelet por la atención prestada a las familias que realizaron sus trámites y destacó la repercusión del hecho en la vida de sus coterráneos. “Para nosotros es complicado realizar los trámites, es difícil entender cómo funciona todo. Pero ha sido muy importante la buena voluntad de los funcionarios que nos ayudan a juntar nuestros papeles hasta llegar a la meta”.

Por otro lado, el compromiso expresado en el Programa de Gobierno señalaba que se estudiarán “mecanismos alternativos a la compra de tierras para poder satisfacer las demandas pendientes”, en el marco del proceso de restitución de tierras indígenas. En ese marco, “se estudiará especialmente la situación de las tierras fiscales que actualmente ocupan los Pueblos Indígenas y cuyo traspaso está aún pendiente”.

En este sentido, el ministerio de Bienes Nacionales también ha entregado y entregará Títulos de Dominio de tierras fiscales correspondientes a sitios de significación ceremonial y sociocultural para los pueblos indígenas, como patrimonio de las comunidades y como expresión del reconocimiento de sus derechos y de su cultura. Por ello, también se ha entregado territorio fiscal a través de concesiones de uso gratuito (de corto y largo plazo), actas de radicación y transferencias gratuitas a comunidades indígenas, para el desarrollo de proyectos de desarrollo social y autogestión productiva.

Esta dinámica de trabajo está en correspondencia con la nueva relación que el Estado se ha propuesto sostener con los pueblos originarios, relación que debe basarse no sólo en los derechos económicos y culturales sino también en el reconocimiento de sus derechos de soberanía política, respetando su autonomía y autodeterminación y extendiendo sus derechos políticos.