Esta iniciativa es un paso crucial en el camino para saldar la deuda que tenemos como país desde hace veinticinco años, cuando firmáramos la Convención de Derechos del niño y nos comprometimos a reconocer, respetar y asegurar en nuestra legislación e institucionalidad lo que dicha Convención exige.

Supeditar el reconocimiento de derechos y el ejercicio de los mismos a la disponibilidad presupuestaria, es en sí mismo un contrasentido y da cuenta del rol desmedido que tiene en nuestro diseño institucional de políticas públicas el criterio económico.

Intercalar 18 veces la frase en cuestión en un proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Infancia es un gesto técnico que contraviene en lo más profundo el espíritu de la Ley y también la voluntad de todos los actores que de una u otra forma han estado colaborando en sus definiciones.

Aun cuando en la propia Convención se reconoce que la realidad económica es un factor que debe tenerse siempre en consideración a la hora de comprometer al Estado, el mandato que se hace a los Estados es a esforzarse “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”, específicamente en lo relativo a los derechos sociales, económicos y culturales, pero en ningún caso se refiere a los derechos civiles y políticos, los cuales no pueden ver condicionado su ejercicio a la existencia de recursos económicos fiscales.

Claramente, esto es una muestra indiscutible de cómo en muchas políticas públicas la hegemonía del criterio económico hace que proyectos de ley o iniciativas públicas que nacen bien inspiradas, sufran modificaciones y mutilaciones que en el extremo pueden hacer perder la esenciade las mismas.

Que la situación de la infancia en nuestro país clama por una ley de protección integral de derechos es una verdad indiscutible, es una materia urgente de abordar, y ya no puede esperar más tiempo ni más proyectos de ley que se diseñen y finalmente se pierdan en algún departamento del Ejecutivo o en algún momento de la tramitación legislativa.

Esta Ley marco debe dar pie además a todos los otros cuerpos legales necesarios de modificar y/o crear, para que las declaraciones allí vertidas puedan efectivamente expresarse en instituciones, dispositivos, programas y estructura administrativa que hagan efectivo el ejercicio de los derechos que queremos reconocer y garantizar.

Lo anterior implicará necesariamente compromisos presupuestarios frente a los cuales no podemos actuar “de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria”. Esto último, como condición real de que nuestros discursos se alineen con nuestras prácticas, para que cuando hablemos de políticas sociales con enfoque de derecho efectivamente tengamos programas y ofertas que puedan cumplir con ese enfoque.

Ya el erario público en 2015 ha sido insuficiente para abordar las profundas brechas existentes en relación a las necesidades de esta población.Ejemplo de ello son los subsidios destinados a las Residencias de Adultos Mayores, los cuales ascienden mensualmente a alrededor de $90.000 por persona cuando el costo de cada adulto en uno de estos dispositivos es de aproximadamente $650.000. Brecha que se suma a la existente en términos de cobertura, pues estos montos cubren sólo a seis mil personas mayores, en momentos que las estimaciones indican que son más de 15 mil quienes lo requieren.

Se trata en su mayoría de adultos mayores postrados que necesitan de cuidados socio sanitarios permanentes.

No hay que olvidar que la situación de la vejez en Chile es verdaderamente dramática, pues a las fragilidades y daños propios de la edad (enfermedades físicas y mentales, pérdida de autonomía, alto consumo de medicamentos, pensiones solidarias de $85.000 mensuales), se suman las precarias condiciones de vida de ellos y sus cuidadores, principalmente mujeres, lo que hace realmente difícil sobrellevar la vida cotidiana.

Algo similar ocurre con los 21 mil niños, niñas y adolescentes pobres monetarios y multidimensionales que actualmente no asisten a un establecimiento educacional, y a quienes las discusiones reformistas han dejado totalmente afuera.

En este sentido, nuestro Sistema Educacional no contempla una modalidad de escuela de reinserción educativa que dé una respuesta pertinente a estos niños, considerando sólo opciones parciales como son los proyectos de re-escolarización.

Las escuelas de reinserción escolar existentes (sólo seis en el país), recibieron durante el 2015 una subvención aproximada de $90.000 mensual por niño cuando su costo es de $220.000 por estudiante; a lo cual también se añade otra de cobertura, pues sumando todas las ofertas disponibles, hoy sólo es posible brindar educación a 4.300 de los más de 21 mil que lo requieren.

A ellos claramente poco les importan las reformas y menos aún han salido a las calles a marchar contra un sistema que los excluye, pues su vida está marcada por la marginalidad, la calle, los abusos y ambientes poco protectores que requieren, precisamente, pensar como respuesta la escuela y no solo los exámenes libres, pues el problema no es puramente de alcance académico sino también socio cultural.

Ni hablar de las personas en situación de calle. Pese a que como país hemos ido avanzando en los apoyos dirigidos a este grupo de nuestra población, aún los recursos están mayoritariamente destinados a medidas transitorias durante el periodo invernal y no a soluciones que enfrenten este problema de manera permanente.

Es por ello que esperamos que las temidas restricciones presupuestarias que se anuncian para el 2016, no alcancen a poblaciones que se encuentran gravemente vulneradas de sus derechos, marginadas de los beneficios de un país en vías de desarrollo y muchas veces también excluidos de las políticas públicas.

Un estudio sobre políticas públicas e inclusión laboral en poblaciones con alta vulnerabilidad social realizado por el Hogar de Cristo en el segundo semestre de 2014, evidencia que las personas pertenecientes al primer quintil de ingresos presentan los valores más bajos de inclusión social a partir del empleo ya que acceden a trabajos de menor calidad, considerando como criterios de éste la estabilidad, formalización, seguridad social y la entrega de una remuneración suficiente.

En este sentido, el mencionado estudio revela además, que las personas con discapacidad mental pertenecientes al primer quintil tienen los valores más bajos de inclusión laboral (37% versus un 88% del quintil con mayores ingresos para 2011), diferencias que se replican en otros grupos de nuestra población y desde las cuales se desprende la importancia, por una parte, de sensibilizar al empresariado respecto a otorgar posibilidades de empleo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por la otra, de capacitar adecuadamente a personas que se encuentran en esta situación para que sean exitosas en su inclusión laboral.

En este sentido, las capacitaciones actuales no evidencian que quienes participaron en programas públicos de capacitación, como por ejemplo capacitaciones gratuitas en oficio, presenten mejores valores de inclusión laboral que aquellas personas que no recibieron capacitación, conclusión que se aplica tanto para la población en general como para aquellos pertenecientes al primer quintil de ingresos, lo cual además significa un uso ineficiente de los recursos públicos.

Nuestra experiencia nos muestra que si las capacitaciones se realizan con un adecuado acompañamiento, las posibilidades de inserción laboral son más exitosas, entendiendo el acompañamiento como la posibilidad de que las personas de escasos recursos tengan apoyo no sólo en formación técnica, sino también en habilidades blandas como la importancia de la responsabilidad, mejora de la autoestima, manejo de la frustración, mejoras en su sociabilización, compromiso con su fuente de trabajo, entre otras. Todo esto tiene mejores resultados si el proceso de capacitación está pensado desde sus inicios  con un programa de acompañamiento que sea efectivo en la inserción laboral de la población más vulnerable.

A través de la labor que realizamos diariamente desde la Fundación Emplea, entendemos la relevancia que cobra para los más pobres el poder contar con un trabajo de calidad, permitiéndoles en consecuencia obtener mayores opciones a futuro y mejor calidad de vida, como asimismo el beneficio que se produce para el empresario al sentirse partícipe de un cambio social relevante y positivo.

Como Hogar de Cristo, confiamos que este proyecto introduzca mejoras a la legislación que permitan abordar los puntos ciegos de esta reforma, de manera de construir relaciones laborales más armoniosas en nuestro país.

Pero en estos momentos en los que pareciera que no tenemos muchas razones para sonreír, en los cuales la confianza se ha tornado un bien escaso, y en que la desesperanza amenaza con instalarse en nuestros corazones, como Fundaciones Hogar de Cristo queremos invitar a todo el país a aprender de quienes careciendo de mucho, son ricos en resiliencia, en ganas de vivir, en empuje y garra para enfrentar las múltiples adversidades y fragilidades de su vida diaria.

Tal vez entre tantas noticias y acontecimientos, muchos se han olvidado de los millones de chilenos que, viviendo bajo alguna forma el flagelo de la pobreza, siguen allí plenos de talentos y capacidades, dándole diariamente la pelea a una vida difícil, sacando adelante a sus hijos y a sus viejos, yesperando las oportunidades que en derecho y en justicia se merecen.

Las cifras oficiales (CASEN 2013) señalan que en nuestro país casi 5 millones de personas experimentan la pobreza bajo alguna de sus formas, y que 950 mil de ellas viven todas sus expresiones de manera simultánea, es decir, aquella monetaria que se siente en el bolsillo y otra que da cuenta de carencias o vulnerabilidades en el acceso a salud, vivienda, trabajo y educación.

En este sentido, los adultos mayores con dependencia y abandono, las personas con discapacidad mental, los niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar y/o las personas en situación de calle son probablemente las expresiones más dramáticas de este olvido social; pero también son precisamente estos chilenos los que a diario nos inspiran a muchos a seguir trabajando en pos de hacer de nuestro país un lugar con mayor justicia, derechos y oportunidades… Fuente de inspiración que ojalá toda nuestra sociedad pudiese compartir.

Chile en estos momentos tiene muchos motivos para estar preocupado y desencantado, pero también posee cinco millones de poderosas razonespara encontrar la inspiración y esperanzarse: la calidad de vida y bienestar de todos aquellos chilenos muchas veces olvidados y que cotidianamente nos dan lecciones de superación.

Flojos, tontos o ladrones eran epítetos que según diversos estudios de opinión de la época se usaban para referirse con frecuencia a quienes viven en situación de pobreza. Es por ello que entender el rol clave que juegan los medios de comunicación, el cómo estos comprenden las problemáticas que giran en torno a quienes viven bajo estas circunstancias y cómo tratan este fenómeno,es fundamental para cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre este grupo de nuestra población.

Un trato paternalista o asistencialista seguro generará una imagen de dependencia y poca capacidad.

Entendiendo esto, fue como la Fundación Superación de la Pobreza, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y el Hogar de Cristo, dieron vida a la alianza Comunicación y Pobreza y dentro de este contexto al Premio Pobre el que no cambia de mirada. El objetivo principal es incentivar a los periodistas y medios de comunicación a que aborden las problemáticas de la pobreza con pleno respeto a la dignidad de las personas que viven en ella, reconociendo en estos a sujetos plenos de derechos y con potencialidades que van más allá de las carencias materiales en las cuales se desenvuelven diariamente.

A una década de iniciado el Premio Pobre el que no cambia de mirada, este 2015 el galardón recayó de forma unánime sobre el reportaje “Montupin, Morir Engrillado“, un reportaje de prensa escrita que con gran rigurosidad periodística fue capaz de mostrar la lacerante realidad que don Juan Montupin vive al interior de una cárcel en Valparaíso, permitiéndole al lector adentrarse en un mundo inhóspito, carente de condiciones mínimas de vida y en la que los derechos humanos -y por supuesto la rehabilitación- no son más que ideas alejadas de la realidad.

Trabajos periodísticos como estos le permiten a nuestra sociedad hacerse preguntas de fondo respecto a cómo estamos dando respuesta a una realidad de exclusión y marginalidad; a cuáles son las condiciones que estamos definiendo para aquellos que han cometido errores -o derechamente delitos- y si estas se enmarcan dentro del respeto a la dignidad humana y sus derechos; y por supuesto, la pregunta siempre vigente en relación a los desiguales escenarios de justicia que se observan en nuestra sociedad, dependiendo del nivel socio económico de quienes cometen un delito.

Pobre el que no cambia de mirada es una invitación a observar con otros ojos el mundo de la pobreza y también el de la riqueza, pero más que nada a que seamos capaces de mirar ambas realidades con los mismos ojos.

En este sentido, una de las deudas más grandes que tenemos como sociedad recae específicamente en los menores que por distintos motivos son separados de sus familias de origen y derivados a un ambiente alternativo.

Existen en nuestro país diferentes caminos para resolver esta problemática. Una posibilidad es que estos niños se inserten en un sistema familiar dentro de su familia extensa (abuelos, tíos, primos, etc.), o dentro de una familia externa a su núcleo. Otra alternativa son las Residencias, más conocidas como “hogares”.

Cualquiera sea el sistema alternativo a la familia de origen, éste debe cumplir con requisitos y características que aseguren la efectiva restitución y reparación de los derechos vulnerados. Debe ser un espacio protector, que en su dinámica cotidiana se asemeje lo más posible a un sano ambiente familiar.

En muchas ocasiones se da el caso de que no hay familias que dispongan de la posibilidad de acoger a niños que vienen de situaciones complejas, y para ellos las Residencias –las cuales siempre deben ser la última opción a considerar- se transforman en un lugar necesario, ojalá transitorio, que debe responder de la mejor manera posible ante las necesidades particulares de cada niño.

Las Residencias deben centrarse en reparar los daños, involucrando desde el primer momento a la familia de origen del niño, de manera que ambos actores (niño-familia) puedan contar con todo el apoyo que se requiera para mejorar la situación que originó su ingreso al programa. El sistema residencial debe partir de la base que la familia es una parte central en la vida de todo niño y desde ahí intervenir, idealmente debe ser una etapa dentro de su trayectoria y no el lugar en donde se desarrolle hasta la vida adulta.

Sabemos de todas maneras, que pese a todos los esfuerzos desplegados, lamentablemente hay un grupo de niños que no logrará una revinculación familiar positiva. Para ellos es fundamental que la residencia sume al rol de protección y reparación la tarea de prepararlos para la vida independiente.

Que un niño no pueda vivir con su familia ya es una situación extremadamente dolorosa, por lo cual es prioritario que cualquier sistema alternativo resguarde todas las variables de calidad, como son infraestructura, alimentación, educación, salud, etc. Especialmente importante es el valor de los profesionales y técnicos que entregan contención emocional, cariño y reconocen en cada uno de los niños y niñas, a personas con necesidades e intereses individuales.

Todo lo anterior requiere que prioricemos a estos niños y niñas; es urgente un marco legal, institucionalidad, recursos, programas y profesionales adecuados, suficientes y especializados.

Actualmente el grupo de mayores de 60 años supera los dos millones y medio de personas, pasando de representar un 11% de la población total en 2002, a un 15% en 2012, esperando que para este 2020 la cifra aumente al doble.

Este tránsito hacia el envejecimiento, sin duda nos abre nuevos y diversos desafíos a nivel país, donde las tareas relativas al cuidado de nuestra población no quedan sólo en el ámbito de lograr el bienestar de niños y niñas, sino que también abre un foco de atención en nuestros adultos mayores, que no siempre cuentan con los soportes familiares suficientes para sostener una vejez cada vez más larga.

Por ejemplo, actualmente Chile no cuenta con dispositivos que posibiliten a las familias un apoyo para el ejercicio del cuidado de sus adultos mayores.

Un estudio realizado por Comunidad Mujer y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevado a cabo con cuidadoras del Hogar de Cristo, además de constatar que las labores de cuidado son ejercidas mayormente por mujeres, deja en evidencia que los costos físicos y emocionales que implica asumir este rol, más la falta de recursos y oportunidades de trabajo (ya que dejan de tener posibilidad de acceder al mundo laboral) van generándoles cada vez más deterioro, pérdidas en su calidad de vida y empobrecimiento para ellas y sus familias.

Todo lo anterior se hace más crítico aún si consideramos la vejez más pobre, la que viven los casi 550 mil adultos mayores chilenos pertenecientes al primer quintil de ingresos, 200 mil de ellos bajo la línea de pobreza y 58.639 con algún grado de dependencia.

En este segmento vemos cómo las tareas del cuidado se multiplican cada vez más,haciéndose inabordables para sus familias y tornando indispensable ya no sólo la participación de sus grupos más cercanos, sino que también la del Estado y de otros actores de la sociedad, lo cual debe abordarse desde una perspectiva intersectorial capaz de promover la corresponsabilidad a nivel país.

De este modo, el “Cuidado” que podría pensarse como una tarea del ámbito privado, se convierte en un potente desafío a tratar en el ámbito de lo público.

Hace unos días tuve la posibilidad de visitar Arica y participar en el Seminario “Educar en Solidaridad”. En dicha instancia, al escuchar los relatos de jóvenes estudiantes, profesores y directores de colegios de la zona, llegamos a la conclusión que aun en nuestras comunidades educativas, la formación en Solidaridad y habilidades sociales para la vida en comunidad siguen siendo un discurso muy teórico.

Estos aspectos no han logrado penetrar suficientemente las distintas capas de la vida escolar y menos transformarse en una prioridad para los establecimientos educacionales.

La Escuela está todavía enfocada en los contenidos académicos que los niños deben aprender y mucho menos en las habilidades que ellos podrían desarrollar para la mejor inserción en la vida social.

Comprender que los establecimientos educacionales tienen un gran potencial para poder desarrollar estas habilidades es primordial, y puede hacer una diferencia importante en el tipo de sociedad que nuestros niños y niñas están aprendiendo a construir.

Testimonio como el de Carolina, estudiante y una de nuestras voluntarias en la Región, revela lo trascendental que ha sido para su vida poder vincularse con un “otro”, comprendiendo que las necesidades y sueños de personas que viven en pobreza y exclusión muchas veces no son tan distintos a los propios.

El reconocernos como iguales, en derechos, capacidades, potencialidades, sin duda es la base fundamental del aprendizaje de la solidaridad.

Chile necesita generar un cambio de conciencia que propicie el desarrollo de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva.

Entender el rol que juegan los diversos establecimientos educacionales junto a las familias para lograr esta meta es prioritario, ya que es precisamente aquí donde nuestros niños, niñas y jóvenes aprenden a vincularse con los otros, dando un primer paso en pos del reconocimiento y la defensa de los derechos de un tercero sin importar sus diferencias, comenzando a desarrollar una reflexión más profunda sobre las realidades, desigualdades y vulnerabilidades que existen en una sociedad como la nuestra.

Como Fundaciones Hogar de Cristo nuestro llamado es a no dejar que las desigualdades se sigan acrecentando, a que no nos quedemos impávidos ante la realidad que diariamente afecta a millones de compatriotas, vecinos y hermanos, más aún cuando éstos viven en situación de pobreza y exclusión.

Como sociedad debemos aprender que las personas más valiosas en nuestra sociedad son quienes incluyen y se dejan incluir por los demás. Solidaridad es inclusión.

La creación de un Consejo Nacional de la Infancia, sin duda, deja manifiestas nuestras ansias como país de poder encontrar y darle una solución concreta a los miles de problemas que diariamente afectan a este grupo etario, tales como la vulneración de su derecho de acceso a la salud y a la educación, el que constantemente no sean escuchados, el que sean víctimas de maltrato, o el que tengan que trabajar; permitiéndonos fundamentalmente construir un piso mínimo de desarrollo y bienestar para un grupo de nuestra población que históricamente ha sido invisiblizado.

Sin embargo, para lograr estos objetivos, como Hogar de Cristo consideramos importante dar cuenta que, junto con la creación de este Consejo es necesario que el mismo logre realizar cambios institucionales tan importantes como la materialización de una Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia, y el establecimiento de un Sistema de Protección Integral que junto con convocar a diversos actores incidentes en la implementación de políticas públicas para este grupo, aseguren los mecanismos de garantía pertinentes.

Realizar estos cambios es vital para todos los menores que viven en nuestro país, pero es aún más importante para el millón de ellos que hoy viven bajo la línea de la pobreza.

Como sociedad es imperativo que en un futuro cercano seamos capaces de mejorar las alternativas de reparación y restitución de derechos que existen actualmente, sobre todo cuando consideramos que estos programas no son suficientes para dar respuesta a las reales necesidades de este grupo.

Asimismo, y de manera prioritaria, es necesario que el trabajo en la prevención de las vulneraciones sea más eficaz y oportuno, de modo que cada día tengamos menos niños, niñas y adolescentes vulnerables en nuestro sistema. Para esto, se requiere además de una mejor coordinación de este mismo.

Sin duda, tras este anuncio Chile iniciará un largo camino en pos de la profundización de políticas públicas que aseguren la protección integral de los derechos de nuestros menores, pero por sobre todo, es necesario que sigamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de ese millón y medio de ellos que viven en situación de exclusión, desigualdad y pobreza.

Año tras año como Hogar de Cristo invitamos a todos los chilenos a hacerse parte de esta gran obra que, fundada bajo la convicción del Padre Hurtado de un país justo y de una comunidad solidaria, ha acompañado el desarrollo del país en los últimos 70 años buscando incansablemente ser un lugar donde las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, encuentren las herramientas que le permitan enfrentar la vida y también un lugar desde donde la sociedad en su conjunto es llamada a ser consciente de los dolores e injusticias que representa esta vida.

En estos 70 años de historia hemos trabajado constantemente con aquellos que más lo necesitan, también lo hemos hecho con el Estado.

Hemos sido testigos presenciales de cómo los rostros de la pobreza han ido cambiando durante todo este tiempo.

Los niños que el Padre Hurtado recogía de debajo de los puentes en su característica camioneta verde, o los miles de chilenos que en ese entonces necesitaban pan, techo y abrigo, se han convertido hoy en niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza que han sido expulsados del sistema escolar; en jóvenes y adultos con consumo problemático de alcohol; en adultos mayores que solos deben enfrentar la vejez sin soportes ni redes, o en personas con discapacidad mental que no sólo enfrentan a diario las dificultades propias de esa condición, sino además la pobreza y estigmatización.

Hemos sido testigos de cómo el país ha cambiado y de cómo ha avanzado en materias sociales, pero también aunque empinándose en los umbrales del desarrollo, aún tiene tareas pendientes con un segmento demasiado numeroso de la población.

El estar presentes en la vida de miles de compatriotas que tienen terremotos diarios que enfrentar, que viven en un permanente “estado de emergencia” tratando de mantener un precario equilibrio de vida, y que aún bajo estas circunstancias tienen esperanzas, fortalezas y el empuje para salir adelante, es el principal argumento que nos mueve hoy nuevamente a pedirte que te hagas parte de esta obra; ya sea como voluntario o como socio, puesto que sin ambos sería imposible lograr que los miles de chilenos con los que trabajamos superen la situación de pobreza y exclusión en la que se encuentran.

El Hogar de Cristo es una obra de todos los chilenos. Son miles los socios y voluntarios los que hacen posible la delicada tarea de restaurar los derechos y ampliar las oportunidades de un grupo grande de chilenos que muchas veces son invisibles para la sociedad y para el Estado.

El 2013 fue un año en el que se trabajó la resolución de un conjunto de demandas sociales que se vienen gestando hace más de una década, como gritos de auxilio para mejorar las condiciones de vida de millones dechilenos que viven situación de pobreza y exclusión.

Por primera vez en Chile ha comenzado a funcionar un sistema de subsidios con tres modalidades de atención para Adultos Mayores que pertenecen al 20% más pobre, positivando un mejor envejecimiento de nuestra población, sobre todo en aquellos casos de más vulnerabilidad.

Aunque este sistema aún es muy insuficiente en cobertura y montos, sin duda significa un importante avance por parte del Estado en esta materia.No hay que olvidar que son más de 220 mil los adultos mayores que viven bajo la línea de pobreza.

Junto con el anuncio de obligatoriedad de pre kínder y kínder se logró un importante incremento en las transferencias estatales para niños y niñas de jardines y salas cunas en el país, mejorando la educación de calidad de más de 270 mil preescolares pertenecientes al 20% más pobre de la población.

Asimismo, el Estado se ha involucrado fuertemente en la búsqueda de soluciones para quienes viven en calle a través de la creación de una serie de dispositivos de apoyo en beneficio de la inclusión de más de 12 mil personas que diariamente viven la más dura cara de la pobreza, por medio de diferentes y complejos escenarios, como el vivir en la calle, tener discapacidad mental o consumo problemático de alcohol y/o drogas.El anuncio de la 1ª Política Nacional de Calle es también una buena noticia.

Si bien los ejemplos son claros y los avances existen, nuestra experiencia como Hogar de Cristo -trabajando por la inclusión de los más pobres- nos indica que la tarea aún no es suficiente. Chile debe seguir trabajando en pos de asegurar los derechos de los miles de chilenos que aún viven en condiciones de injusticia.

Una muestra de ello, es que a pesar de lo mucho que se ha hablado de la Educación y sus deficiencias, no nos hemos detenido a discutir acerca del segmento de niños y adolescentes que están fuera del Sistema educacional o a punto de abandonarlo.

Hoy en Chile existen casi 30 mil niños, niñas y/o adolescentes pobres que han desertado de las escuelas (más bien las escuelas han desertado de ellos).La Reinserción Educativa debería ser un tema prioritario en nuestra agenda pública de educación.

Asimismo, es necesario avanzar más rápido en el reconocimiento de la infancia como un grupo de nuestra población que el Estado debe proteger con mayor convicción, sobre todo en aquellos casos donde la pobreza y la vulnerabilidad han provocado serios daños.

Una Ley de Protección Universal de Derechos de la Infancia ya no debería esperar más.

Otro de los grupos que no pueden seguir estando en la trastienda de nuestras políticas públicas son las personas con Discapacidad Mental. Día a día invisibilizamos sus problemáticas como sociedad obviando la dura realidad de exclusión a la que tanto ellos como sus familias se ven expuestos.

Si nos detenemos en algunos de los ejemplos anteriores, y a esto le sumamos que desde hace unas semanas se cuenta con una propuesta concreta respecto a cómo entender y medir la pobreza en el país de manera más comprensiva e integral, el 2014 es un año de grandes expectativas sobre lo que se viene y también de importantes desafíos en materia de políticas públicas.

Sin embargo, que como país seamos capaces de llevar a cabo estos desafíos, no sólo es tarea del Estado y de las políticas públicas, también es responsabilidad de cada uno de quienes formamos parte de esta sociedad.

La preocupación por el otro, por esa realidad que a veces no me toca, es un piso que también requerimos para ser una sociedad no sólo más desarrollada, sino también más humana. Todos tenemos entonces un 2014 lleno de desafíos.

Si bien desde 1994 las denuncias y campañas de los movimientos de mujeres y feministas llevaron a la promulgación de una Ley de Violencia Intrafamiliar que sanciona como delito la violencia en contra de las mujeres y reconoce esta situación como un problema social, actualmente en Chile la tasa de femicidios -una de las formas más crueles de violencia que se puede ejercer sobre nosotras- ha seguido en aumento costándole la vida sólo en 2013 a 36 mujeres: amigas, madres, abuelas.

Ahora, si bien la violencia intrafamiliar es un fenómeno social transversal que hoy nos atañe a todos quienes somos parte de esta sociedad, es importante tener en cuenta que esta problemática afecta con mayor crudeza a hogares de los sectores más pobres del país, pues las mujeres que viven en condiciones de exclusión social enfrentan más dificultades y cuentan con menos oportunidades y menos apoyo para salir de esta situación y para elaborar un nuevo proyecto de vida.

En Chile hay 1.180.554 mujeres que viven en situación de pobreza. Empeorando este contexto, allí la violencia intrafamiliar aparece como una problemática doblemente grave, porque representa una vulneración a sus derechos humanos (incluso del derecho a la vida) y también porque afecta a la familia en su totalidad, generando consecuencias psicológicas y sociales de gran magnitud en las víctimas y su entorno.

Ante la violencia en la pareja y/o la violencia intrafamiliar, las mujeres en general y en particular las de escasos recursos están en permanente riesgo de muerte, pues por razones de dependencia cultural, emocional y económica se ven obligadas a seguir cohabitando con el agresor.De igual modo, su situación de riesgo aumenta día a día por la carencia de redes de apoyo, espacios de seguridad y protección para su integridad física y psicológica.

Aun cuando sigue siendo evidente que como sociedad todavía somos testigos silenciosos de la vulneración de derechos que enfrenta este grupo, es vital que colectivamente hagamos un examen de conciencia que nos permita identificar cuáles son las falencias que actualmente tenemos como sistema y que nos impiden dar soluciones a las miles de mujeres que, debido a patrones culturales de violencia que se repiten, no pueden vivir en un país más justo, inclusivo y lleno de oportunidades.

La violencia intrafamiliar se puede prevenir, con el apoyo de las comunidades y actores claves de las localidades.

Siguiendo esta senda, el llamado que hacemos como Hogar de Cristo es a la prevención, punto que es fundamental para evitar nuevas víctimas y que debe ser inculcado desde líneas iniciales de educación, de modo tal que fomentemos desde las edades más tempranas que los niños y niñas de nuestro país aprendan a relacionarse entre sí con respeto, erradicando así todos los vestigios culturales de violencia intrafamiliar.

Asimismo, es importante que el Estado le brinde mayor soporte a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, permitiendo que su acceso a mecanismos de acogida, protección, apoyo y capacitación, sean más accesibles, permitiéndoles alcanzar mayores grados de autonomía personal.

La intervención con mujeres sobrevivientes de violencia no solo requiere el espacio de acogida y protección, sino de un proceso de intervención psicosocial integral que les permita comprender las causas de la violencia, el impacto que ha provocado en sus existencias y la necesidad de resignificar sus historias y proyectos de vida, hacia un camino de autonomía, respeto y dignidad junto a sus hijos e hijas.

Lograr estos objetivos, por lo tanto no solo es importante por la restauración de derechos que ello implica, sino también son necesarios para asegurar el futuro de miles de niñas que en algún momento de sus vidas serán madres y parejas.