Frente a esta realidad, es urgente entender que vivimos en un mundo globalizado, ya que hoy, gracias a la conectividad, conocemos casos de corrupción en el resto del mundo, situación que debiera servir de ejemplo para nuestra propia realidad.

Primeramente y para frenar las malas prácticas como la colusión en empresas, se torna urgente fomentar la entrada de nuevos actores al mercado, potenciar los nuevos negocios y generar así, más y mejor competencia, una tarea cuesta arriba si analizamos nuestra realidad. Es prácticamente imposible para un emprendedor entrar a un supermercado con un producto nuevo, o conseguir financiamiento para desarrollar, por ejemplo, otra marca de papel tisúe.

Asimismo, es primordial darnos cuenta que no podemos seguir produciendo todo lo que nos falta, y es necesario comenzar a abrir las barreras internacionales para fomentar la competencia extranjera.

Sin esto, es tremendamente fácil caer en problemas tan obvios como los sucedidos en Chile: las malas prácticas son evidentes en una industria donde solo hay dos competidores. ¡Abramos los ojos!

Con todo, es primordial tomar conciencia como país, desde el sector público y privado.Que las compañías tomen conciencia de que es probable caer en malas prácticas, y para evitarlo, es urgente la capacitación.

Para esto, además de incentivar la educación interna en una firma, es necesario enseñar el desincentivo de malas prácticas también en universidades y escuelas de negocios.

Hoy, los profesionales jóvenes recién egresados están un poco más a caballo de la realidad, son quienes tienen en sus manos las herramientas para trabajar y construir negocios en los que imperen las buenas prácticas. Esperemos que ellos y su conocimiento contagien de manera masiva a los empresarios chilenos.

Y como si fuera poco, ahora se ha agregado otro “caso” más a nuestro imaginario colectivo: CMPC-SCA, y lo más probable es que éste no sea el último y sigan descubriéndose más.

Pero, ¿quiénes son los que cometen los delitos? ¿Son las personas que trabajan en las empresas?

¿De quién es la responsabilidad? En este último “caso”, la también llamada “Colusión del Confort” o “Confortgate”, una de las compañías ya cambió de dueño y serán los nuevos administradores los que tendrán que asumir una multa, por algo que compraron, aparentemente, sin defectos.

Ante los sucesos, creo que la pregunta que todos debiéramos hacernos es ¿cómo una empresa puede prevenir que sus ejecutivos comentan delitos en nombre de ella?

Lo primero que hay que esclarecer es que, pese a que las infracciones son cometidas por personas, las que se ven beneficiadas o mermadas por estas prácticas son las firmas. Y en el “Caso CMPC-SCA” hemos sabido que hubo ejecutivos de primera línea que actuaron a plena consciencia en que lo que hacían estaba mal, llegando al inverosímil y ridículo límite de lanzar computadores al Canal San Carlos.

La respuesta entonces a la pregunta planteada  es establecer protocolos y controles claros, para evitar que esto ocurra, ya que no hacer nada termina haciendo responsables a los que no estuvieron involucrados.

La primera medida, es comenzar con un proceso de contratación y selección de personal exhaustivo, hasta dejar claro a los ejecutivos qué cosas no se pueden hacer y cuáles son las sanciones si es que llegan a ocurrir. No se trata de quitar la libertad al trabajador, pero si alinearlo con los valores de las empresas.

Los ejecutivos pasan, las empresas quedan…los empresarios deben estar conscientes, que son el factor más importante para promover las buenas prácticas internamente.

Además, según el informe, 22 de los 41 países que forman el grupo han fallado en investigar casos de corrupción en el extranjero durante los últimos cuatro años, no cumpliendo sus obligaciones de combatir el soborno internacional.

Con los resultados del organismo internacional a la vista, creo que es urgente mejorar los estándares de protección contra delitos económicos en las empresas chilenas, y para esto, es primordial tener conocimiento de los rubros de la industria más propensos a caer en delitos, al igual que las áreas más expuestas de las compañías.

¿La razón? La ley que dice que en Chile las empresas son responsables penalmente por delitos que cometan sus empleados, por lo tanto tienen que hacer modelos para prevenir estos delitos y certificarlos.

Con todo, las industrias más expuestas a cometer delitos económicos son el sector de construcción, financiero, seguros, minería, retail, industria y en general, empresas que tienen negocios en el extranjero.

Aquí, la mayoría de los peligros están asociados al área de los pagos y salidas de dinero de la firma, ya que si no se tiene un control exhaustivo de rendición de gastos por ejemplo, o el objeto con que salen las platas, es fácil caer en malas prácticas. De esa área, se desprenden riesgos en el sector de Adquisiciones y Compras de la compañía, Donaciones, Emisión de boletas, Contratación, Recursos Humanos y  Clientes, entre otros.

Todas las medidas que pueda implementar una firma tienen ver con que la empresa se proteja. Una primera medida que puede resultar bastante eficiente es implementar capacitaciones y tener un área de recursos humanos bien desarrollada.

Que los empleados tengan conocimiento de los delitos e inculcar la responsabilidad de informar cuando ven malas prácticas. Un punto importante para implementar esto, es incorporar el modelo de prevención en los contratos de trabajo, así se vincula al empleado y se le obliga a no cometer infracciones.

También es primordial tener una política de proveedores clara. Saber a qué proveedores elijo y un control eficiente de pagos. Otra recomendación para grandes compañías es tener una política de compensaciones robusta, para evitar que el riesgo que el dinero esté financiando ilegalidades, como el terrorismo, a través de la desinformación de qué hacen las comunidades a las que se ayuda: tener autorizaciones, montos máximos de compensación, due dilligence de quien es el beneficiario, etc.

Con la implementación de algunas de estas medidas, las compañías podrían evitar ser juzgadas bajo la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que establece sanciones como la prohibición de celebrar contratos con el Estado, la disolución de la personalidad jurídica de la firma, pérdida de los beneficios fiscales, multas cercanas a las 20.000 UTM, publicación del delito en medios nacionales, entre otros.

Con todo, y pese a la existencia de la ley, los desafíos de las compañías van mucho más allá: la verdadera meta es lograr compañías que tengan internalizadas prácticas correctas, y empleados conscientes que se sientan identificados con una misma línea ética.

Pero no es así, este tipo de delitos puede ocurrir en todo tipo de compañías, la diferencia es que en las grandes empresas nos enteramos por los medios y de lo que sucede en las Pymes nada se sabe.

Para una gran empresa tener controles pasa a ser prácticamente una obligación, porque es la única forma que tiene el directorio de demostrar que cumplen con su deber de supervisión y dirección,  predicando con el ejemplo, capacitando a sus colaboradores sobre “lo que no se puede hacer” y entregándoles herramientas, seguridad y confianza para que hablen en caso de que detecten anomalías en la gestión.

En las Pymes, en tanto, es mucho más fácil prevenir, ya que sus dueños o administradores tienen un contacto mucho más directo con sus colaboradores, cuentan con un menor número de empleados, lo que hace más fácil supervisar su buen comportamiento, además de transmitirles el compromiso de no caer en ese tipo de situaciones.

Hace unas semanas cuando dictaba una charla a pequeñas y medianas empresarias decían: “imposible que nosotras cometamos actos de corrupción”;  pero no se trata de eso, no se trata que el dueño lo haga,  sino de qué estamos haciendo nosotros para educar a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a todos nuestros stakeholders, de lo que se puede o no se puede hacer.

Una de las emprendedoras levantó la mano diciendo que a ella “le habían pedido plata de la municipalidad para poder obtener el permiso, y que si no pagaba le hacían la vida imposible”…y así nos podemos encontrar con miles de casos que no conocemos, que no salen a la luz porque son “chicos”, pero que dañan a la sociedad.

Hoy en día, la sociedad está mucho más informada, exigiendo sus derechos  y reconociendo el bien y el mal en las acciones de sus representantes y de las diferentes empresas de nuestro país.  Por lo mismo, hay que avanzar en este tema y conseguir que las pymes sean parte de una “nueva era”, en la que la transparencia será la base fundamental para ellas.

Para esto es necesario que implementen buenas prácticas corporativas, ya que cuando hablamos de delitos corporativos, cohecho, lavado de activos,  entre otros, se debe tener presente que es algo que pasa tanto a las grandes empresas, como en las Pymes.

Las pequeñas y medianas empresas deben comenzar a implementar sus modelos y/o adaptar sus políticas acorde a la realidad de cada una, preparándose para el crecimiento y para las exigencias que les impone el mercado.

Es necesario que los dueños o administradores de las pymes adquieran un compromiso real, ejecutando todas las medidas necesarias para prevenir y desempeñar sus funciones de manera proba, en forma inteligente y efectiva, para evitar situaciones que afecten su imagen corporativa.

Y como no ser así, si aun es común escuchar que el “financiamiento irregular de la política no es tan grave”,  “que siempre se ha hecho” y que “todos sabían que se hacía…”; si no ¿cómo se iban a financiar las campañas?” Muchos se escudan diciendo, “es que la ley actual es mala”, así que no queda otra forma que hacerlo ilegal.

Las empresas no deberían tener ninguna tendencia política. Es verdad que muchas compañías “tienen dueños o accionistas controladores”, sobre todo en Chile donde muchas nacieron como empresas familiares ligadas a algún partido político, pero la mayoría de las veces son sociedades anónimas, con lo cual entran otro tipo de accionistas minoritarios, en algunos casos, como Penta y en otros casos como SQM, accionistas extranjeros, las AFP, y cualquier persona que desee comprar una acción en la bolsa.

Con el financiamiento de la política se hace una especie de apuesta, se paga o ayuda antes de que la persona sea funcionario público, por lo tanto, no se está pidiendo un “favor” directamente. Pero, ¿qué tan independiente son los políticos que saben que recibieron este favor?

Para ejemplificar claramente lo que ocurre los invito a ver la serie Scandal, en la que el Presidente de Estados Unidos y el equipo que trabajó con él en su proceso de elección apoyado por un gran empresario, una vez que ocupan altos cargos dentro del sistema (jueza, jefe gabinete, Primera Dama, etc.) se ven supeditados a permitir que el “empresario” se pasee y haga lo que quiera en la Casa Blanca. Y no le pueden decir nada…obviamente es ficción, pero más cercana a la realidad local de lo que imaginamos.

El financiamiento de la política, indudablemente genera favores políticos, que son un agradecimiento al aporte económico de las personas, lo que crea una clase política ignorante y determinada por los intereses que representa, lo que termina generando  partidos ineficaces que responden a intereses económicos, por lo tanto se entra en un círculo vicioso del que es muy difícil salir.

Al estudiar la relación entre índices de corrupción y financiamiento de la política están tremendamente ligados; así es como ha empezado todo en nuestros países vecinos donde los empresarios han llegado a manejar diversas esferas de los Gobiernos locales.

En Chile todavía estamos a tiempo, pero hay que actuar ya. Sobre todo creando conciencia en lo grave que puede llegar a ser financiar la política, más allá de crear un marco legal impositivo.