Creemos que la comunidad internacional debe buscar soluciones políticas y negociaciones inclusivas que faciliten la actuación del Consejo de Seguridad.

Por nuestra parte, estamos dispuestos a aumentar nuestros compromisos humanitarios y estudiaremos recibir a refugiados provenientes de esas zonas de conflicto”.

La magnitud de esta  tragedia humana nos exige moralmente  a todos.La foto de un niño de tres años arrojado muerto por el mar en una playa turca ha oprimido el corazón de miles de millones seres humanos.

Los chilenos podemos dar un paso, decir que acogeremos a 100 familias de origen sirio para que puedan iniciar una vida, sin horror, en paz, en nuestro suelo. Así lo hicimos  antes. Desde  el siglo xix,  tantas familias inmigrantes  llegaron de muchos rincones y contribuyeron a crear una patria mas amplia y generosa, entre ellos muchos provenientes de lo que hoy es Siria, Palestina y el Líbano.

Es posible y necesario actuar de inmediato. Ademas del principio  humanitario, también hay razones internacionales. Chile es miembro del consejo de Seguridad de las NU  y debe dar el ejemplo. Es una expresión de liderazgo latinoamericano,  que será seguido  por otros países hermanos. Además, es una forma de revelar  al mundo y a Europa que  esta nación distante  también hace una  contribución.

Hernán Felipe Errazuriz, con quien diferimos  en numerosas materias políticas,  ha escrito recién una columna en la misma linea, que valoro. Este es un tema  que nos une como chilenos.

Estoy cierto que la Cancilleria acogerá  favorablemente esta iniciativa y que el ministerio del Interior , responsable de inmigración y seguridad,  sabrá reconocer el carácter diferente y urgente de esta situación. Lo hicimos  hace pocos años con familias palestinas,  y  entonces se sumaron organismos internacionales, la iglesia Catolica,  organizaciones  que agrupan a chilenos  de similar  origen, todas colaboraron con las instituciones del gobierno. Tenemos la experiencia, podemos ejecutar esta operación con rapidez  y debemos asumirla  por razones humanitarias.

La Presidenta  ha  trazado el rumbo y  asumido la conducción de las nuevas reformas.  Ellas se agregan a las contempladas en el programa de gobierno,  articulando  así una nueva agenda  2015- 2017.

Cometeríamos un  error si creemos que implementar tales  cambios es un simple  trámite legislativo.La historia de Chile muestra periodos oscuros.  La venta de empresas  del Estado en dictadura generó la más grande transferencia de recursos publicos  a unos pocos privados.

Tropas a la calle para defender los cheques del hijo de Pinochet y las  cuentas en el extranjero del dictador fueron  síntomas alarmantes de degradación. El proceso de investigación impulsado por  la Cámara de Diputados en 1990 para aclarar las ventas de activos públicos se frustró en medio de amenazas en los primeros años de la transición. Tampoco tuvieron  éxito  en el Congreso los sucesivos intentos de los gobiernos democráticos para  financiar con recursos públicos  campañas y partidos. La derecha se opuso obstinadamente. Igualmente se opuso a detallar  las declaraciones de intereses.

La transparencia fue ganada paso a paso, tras grandes disputas. Se fueron eliminando los enormes recursos consignados como gastos reservados.En  1994 se formó una comisión por la transparencia que corrigiera la opacidad que se heredó de la dictadura. Se creó un conjunto de nuevas instituciones como el Consejo de Alta Dirección Pública, Chile Compras y normas legales que se fueron implementado a medida que se vencían las resistencias.

A comienzos del  2000  denuncias originadas por sobresueldos provocaron nuevas iniciativas de  reforma,  se  constituyó una comision por la transparencia y en 2003 se incorporaron nuevas normas de probidad y aprobaron los primeros  recursos  para financiar las campañas electorales.En 2006 nuevamente un caso ( Chiledeportes ) gatilló otra iniciativa que se tradujo en nuevas normas pro transparencia .

Pero la historia demuestra que el empuje inicial se desgasta. Pasados los escándalos la atención afloja, nuevas coyunturas copan los medios  y los opositores a los cambios ganan tiempo para desdibujarlos. Por ello creo  necesario  instalar un Consejo Nacional de Probidad que asesore a  la presidenta durante el periodo 2015-17,  haga el seguimiento de las iniciativas legales, sugiera cómo  reforzar  las normas  que resguardan la ética en la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones empresariales y  organizaciones locales, la educación en las escuelas y universidades.

Lo que acontece en los  países democráticos avanzados revela que la infiltración de la política por el dinero es un tema universal. El poder económico tiene una irresistible propensión a  acumular más poder,  y busca  influenciar la política y los medios de comunicación social  para diseñar las instituciones a su favor. La imbricación del poder económico y político es una vulnerabilidad  estructural de las sociedades democráticas, que debe ser combatida día a  día. Por tanto, en Chile esta materia no debe  ser entendida como  una crisis  pasajera,  que se corrige a la  pasada.

El problema de fondo es  cómo desconcentrar el poder para profundizar la  democracia. Para lograrlo, la   primera   prioridad es resguardar que la alta dirección  de los poderes del Estado democrático no sea  cooptada o condicionada por el dinero, distorsionando la voluntad ciudadana. Hay que instalar  cortafuegos y  también blindarlos del crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico.  Pero la cabeza del Estado  no puede ser una isla en medio de una sociedad de bajo estándar ético.

Por tanto, las medidas que resguardan la probidad publica deben ser complementadas  de otras  que  limiten y sancionen  las irregularidades e  ilegalidades en el sector privado, como la colusión de farmacias, compra de acciones con información privilegiada, ajustes unilaterales de contratos por el sistema financiero, abusos de las empresas que proveen los bienes y servicios públicos, cohecho entre privados.

El avance  hacia  la transparencia y la probidad es parte del proceso de  transferencia  de  poder, en consecuencia debe ir sincronizado  con otras transformaciones económico sociales que signifiquen mayor distribución del poder.

De allí la necesidad de vincular esta iniciativa por la probidad y la transparenciaa las demás reformas comprometidas en el programa de gobierno. La  reforma tributaria,  el nuevo sistema electoral,  la educación como bien público, una  reforma laboral que equilibre las relaciones, descentralizar el  poder a regiones, fortalecer la salud pública, perfeccionar el transporte público son todas reformas que distribuyen poder y  afirman la democracia. Por tanto, la inclusión de estas nuevas reformas torne más y no menos importantes las reformas comprometidas.

Igual ocurre con el tema constitucional. El anuncio  de  la Presidenta de abrir un proceso constituyente,  criticado por sectores de la  derecha política  y algunos empresarios  y también de ciertos  sectores de izquierda que anteponen el procedimiento,  es necesario y viable. La elaboración de una  nueva Constitución enmarcaría  una reflexión  mas profunda  sobre  una nueva institucionalidad y un nuevo pacto social para el siglo XXI. Y también es un  proceso  educativo  para explicar  qué es una constitución, qué reformas  se han realizado, cuáles son sus  insuficiencias  y  las opciones de cambio.

No será un proceso simple ni fácil.  Es  una meta ambiciosa que los chilenos podemos acometer para alcanzar mejores  estándares democráticos.

¿Es cierta tanta virtud?  Yo mismo me sentía  aliviado  en  una reciente reunión en la República Dominicana que congregó a  dirigentes políticos  y académicos a pensar el  futuro de América Latina.

La alarma se encendía en México  (crímenes masivos, sospechas por lujosa  propiedad  adquirida por la  esposa del Presidente a un empresario que contrata con el Estado) y en Centroamérica  ( el triángulo norte, Guatemala, Salvador, Honduras) por la existencia de  Estados frágiles, inseguridad  pública, altísimas tasas de homicidio (80 por 100.000 habitantes, mientras  nosotros menos de 3),  penetración del narcotráfico  (el libro Cero Cero Cero de Roberto Saviano, que recomiendo,  es un relato espeluznante del poder de los carteles  mexicano- colombianos) ,  altos niveles de pobreza y aguda  desigualdad.

Sin embargo, en América del Sur las cosas no  lucen tanto mejor. Los desvíos de fondos de Petrobras y acusaciones de corrupción en Brasil, la influencia del dinero de la droga en los dos principales productores de coca, Perú y Bolivia, la intrincada relación entre droga y FARC en Colombia, la persistente disputa judicial y política en Argentina, la polarización y  degradación  institucional de Venezuela nos advierten  que la democracia se puede socavar. No basta con elecciones, debemos cuidar a diario su funcionamiento, transparencia, probidad e inclusión.

¿Somos inmunes los chilenos? Para nada. Aunque los problemas descritos ocurran con menor frecuencia e intensidad, los síntomas de  corrupción asoman también como un  peligro a la gobernabilidad democrática.

El llamado caso PENTA  golpea en varios flancos a la democracia. Primero, por fraude sistemático al Fisco. Y  más inquietante es que se conoció por  denuncias de uno de los  directivos del grupo. Si no habla, las cosas seguirían igual.  Similar  es el caso del Sr. Bilbao, que realiza compra de acciones con información privilegiada y es descubierto por autoridades de EEUU y no por las chilenas. ¿Cuántos más casos hay? ¿Están funcionando  nuestros sistemas de fiscalización?

El segundo  golpe a la democracia es pagar a un subsecretario un sueldo paralelo. Además de los  posibles delitos de soborno y cohecho,  esa acción  corrompe a  funcionarios públicos y penetra al Estado. Y puede cooptar  por igual a funcionarios de cualquier gobierno e ideología.Es el país entero, sus instituciones y ciudadanos los que deben cautelar la probidad.

El tercer flanco donde  golpea el caso PENTA es la cuasi apropiación de un partido político,  una simbiosis ideológica político- empresarial  impropia en una democracia moderna. La plutocracia es enemiga de la democracia, y  debe combatirse prohibiendo el flujo de recursos privados sin regulación y  proveyendo recursos públicos a los partidos políticos,  junto con   una  fiscalización al uso que ellos le asignan.

El caso PENTA, que  con seguridad no es el único,  debe servir para alertar y promover cambios legales, elevar la fiscalización pública y proteger  la ética,  para prevenir repeticiones.

Mientras escribía esta nota estalló el caso CAVAL. Aunque es  completamente distinto  de PENTA (no se violó ley alguna y fue una operación que habitualmente realizan empresarios y especuladores inmobiliarios),  cierta  duda y desconcierto se instaló en muchos espíritus.

¿Cómo es posible ganar tanto con tan poco y en tan corto tiempo? ¿Se ejercieron influencias indebidas? ¿Con qué autoridad puede el gobierno y la NM actuar contra la desigualdad y el abuso si se duda de su autenticidad?

Debemos trascender las inevitables disputas y extraer lecciones. Primero, en política la percepción es parte de la realidad,  y el caso CAVAL  obviamente estaba fuera de los cánones éticamente aceptables de un gobierno que lucha por la igualdad. Segundo,  el procedimiento de  cambio de uso de suelos requiere revisión, para hacerlo más transparente y que el Estado retenga parte de la plusvalía generada por sus propias decisiones.

Para perfeccionar nuestra democracia debemos mirar más lejos y anticipar amenazas  que están horadando a otras naciones y que  los chilenos tradicionalmente  subestimamos. La penetración del narcotráfico, el lavado de dinero,  el crimen organizado y el terrorismo pueden estar  más presentes  de lo que suponemos.

Estas son  amenazas reales  a nuestra democracia y convivencia. Debemos advertirlas a diario, con una ciudadanía alerta, redes sociales activas y medios de comunicación libres y serios.  Y con partidos políticos capaces de concordar para corregir y avanzar.

La primera es que la reacción de los detractores a cualquier reforma crece con la incertidumbre.Cuando  se elaboran con  “secretismo” por temor a que se conozca parte de ella, antes de alcanzar la forma definitiva, la gente que está en contra se imagina lo peor.

Algunos empresarios y políticos de la oposición hacen declaraciones destempladas y también contratan  campañas comunicacionales para transmitir  ideas  anti gobierno que  penetren  en  la opinión pública. Así ocurrió con la reforma tributaria y el mensaje de que afectaba a la clase media.

También sucedió en la reforma educacional diciendo que los establecimientos particulares subvencionados  cerrarían. Errores de operación o comunicacionales entregaron innecesariamente municiones a la oposición. Después, aunque tarde,  estas falencias comenzaron a corregirse.

La segunda lección es que para la   reforma laboral se realizó un proceso de consultas amplio,  riguroso,  más de 100 reuniones,  con distintas organizaciones sindicales,  especialmente con la CUT, con distintas organizaciones empresariales,  de cada sector,  de cada tamaño. Y se contó con un  buen  equipo técnico. No hubo improvisación, ni titubeos, ni contradicciones. Se habló con los partidos de la oposición y con los de gobierno. Se escucharon propuestas y se tuvo conocimiento de las principales objeciones. Cuando uno las conoce está en mejores condiciones para encararlas.

Una tercera lección es que  abrir la discusión a  la opinión pública es favorable a esas reformas, la gente se puede   involucrar  y participar. La ciudadanía es más madura,  ha crecido el conocimiento sobre los temas nacionales, el debate le hace bien al país y  prepara mejor para la política y para la democracia.

La cuarta lección es que esta  reforma se ha  presentado como un trabajo de equipo,  de todo el gobierno. Si bien la ministra Blanco tiene la responsabilidad principal han participado  otros miembros del gabinete explicando, conversando, diversificando las vocerías.

En el caso de las otras dos reformas se concentraron en el ministro del ramo, con dos efectos inconvenientes, el riesgo de  concentrar en ellos el fuego adversario, debilitándolos  y segundo dejándoles un grado de autonomía en el diseño de los proyectos, las gestiones y declaraciones políticas sin suficiente revisión de sus consecuencias colaterales. No hubo  una adecuada revisión político técnica de parte del resto del gobierno.

Ahora se iniciará el trámite legislativo. Un manejo unitario y flexible de la NM y un debate serio y amplio en las comisiones facilitará la tramitación, aunque demore un poco más, pues está  claro el objetivo y el método.

El horizonte 2015 será más favorable si se aplican estas lecciones. Aprobadas la reforma tributaria, la electoral y la de inclusión educacional, el gobierno  habrá logrado en un año dar pasos sustantivos y podrá definir los próximos con más seguridad, reduciendo incertidumbre y mejorando la economía.

Deberá avanzar aún con reformas  importantes, en particular las de educación,  donde deberá reforzarse la capacidad técnica política para evitar costos innecesarios.

¿Cuántos años se ha alertado de  la necesidad de separar política y dinero de una manera que acabe con el privilegio,  empareje la cancha y evite el riesgo de corrupción?

¿Cuántos proyectos se  han presentado en el Congreso, que la derecha ha rechazado argumentando  que ese dinero debe ir a fines sociales, mientras recibe ingentes fondos por debajo de la mesa de manos de empresarios ideológicamente duros?  

Hoy  estamos observando las consecuencias: la política se financia de modo torcido, grupos  de  derecha  pueden mantener  ocultas  sus ventajas, mientras  se obliga  a todos a la complicidad de buscar recursos sin transparencia, con daño a la credibilidad del sistema institucional.

Los candidatos de centro izquierda carecen, generalmente, de recursos propios o redes de apoyo con dinero suficiente. Y si solo postularan los que se autofinancian, desembocaríamos a corto andar en una plutocracia. De allí la importancia de una acción pública que iguale condiciones para el ejercicio democrático.

Quienes actuamos en política  hemos debido buscar recursos privados para financiar  campañas.Y antes de 2006 era peor, pues no había ningún aporte del Estado, con la excepción de la franja televisiva. Los menguados  avances logrados en los últimos años son insuficientes, y la experiencia arroja  luz: falta de transparencia, escasa capacidad de fiscalización de  gastos y de aportes ilegales, y nula contribución al financiamiento de los partidos políticos.

Los partidos   no cuentan con recursos públicos para capacitar a sus miembros, formar dirigentes, estudiar los temas nacionales prioritarios, elaborar programas y estrategias y desarrollar mayor actividad en regiones. Esta situación es malsana y riesgosa para nuestro futuro.

Es  el momento de  dotarnos de un mejor sistema de financiamiento de  campañas  y de los partidos : transparente, parejo y bien fiscalizado.

Para tejer grandes acuerdos, Chile  necesita   una  derecha más abierta, atenta a los hechos contemporáneos, y con  líderes moderados, menos ideologizados.

Han emergido algunos síntomas positivos que ojalá se afiancen. La intransigencia y el predominio  de sectores de derecha extrema  sobre los moderados alienta  a su vez la intransigencia y radicalización  de grupos de izquierda. Y sabemos que  la polarización es receta para el fracaso.

Aprendamos la lección: estirar la cuerda hasta que se corte es  mala receta. Así lo ha hecho el partido UDI, oponiéndose a innumerables iniciativas. Esa postura acrecienta  la justa desconfianza  ciudadana y socava  el sistema político. Realizar a tiempo las transformaciones es crucial.

¿Cuántos años se ha alertado de  la necesidad de separar política y dinero de una manera que acabe con el privilegio,  empareje la cancha y evite el riesgo de corrupción?

¿Cuántos proyectos se  han presentado en el Congreso, que la derecha ha rechazado argumentando  que ese dinero debe ir a fines sociales, mientras recibe ingentes fondos por debajo de la mesa de manos de empresarios ideológicamente duros?  

Hoy  estamos observando las consecuencias:   la política se financia de modo torcido,    grupos  de  derecha  pueden mantener  ocultas  sus ventajas, mientras  se obliga  a todos a la complicidad de buscar recursos sin transparencia, con daño a la credibilidad del sistema institucional.

Los candidatos de centro izquierda carecen, generalmente, de recursos propios o redes de apoyo con dinero suficiente. Y si solo postularan los que se autofinancian,  desembocaríamos a corto andar en una plutocracia. De allí la importancia de una acción pública que iguale condiciones para el ejercicio democrático.

Quienes actuamos en política  hemos debido buscar recursos privados para financiar  campañas.Y antes de 2006 era peor, pues no había ningún aporte del Estado, con la excepción de la franja televisiva. Los menguados  avances logrados en los últimos años son insuficientes, y la experiencia arroja  luz: falta de transparencia, escasa capacidad de fiscalización de  gastos y de aportes ilegales,  y nula contribución al financiamiento de los partidos políticos.

Los partidos   no cuentan con recursos públicos para capacitar a sus miembros, formar dirigentes, estudiar los temas nacionales  prioritarios, elaborar programas y estrategias y desarrollar mayor actividad en regiones. Esta situación es malsana y riesgosa para nuestro futuro.

Es  el momento de  dotarnos de un mejor sistema de financiamiento de  campañas  y de los partidos: transparente, parejo y bien fiscalizado.

Para tejer grandes acuerdos, Chile  necesita   una  derecha más abierta, atenta a los hechos contemporáneos, y con  líderes de una derecha  moderada, menos ideologizados. Han emergido algunos síntomas positivos que ojalá se afiancen. La intransigencia y el predominio  de sectores de derecha extrema  sobre los moderados alienta a su vez la intransigencia y radicalización  de grupos de izquierda. Y sabemos que  la polarización es receta para el fracaso.

Aprendamos la lección, estirar la cuerda hasta que se corte es  mala receta. Así lo ha hecho el partido UDI, oponiéndose a innumerables iniciativas. Esa postura acrecienta  la justa desconfianza  ciudadana y socava  el sistema político. Realizar a tiempo las transformaciones es crucial.

Irak ha reabierto la llaga del enorme error histórico de la invasión, cuando la Administración de Bush propagó argumentos falsos (armas de destrucción masiva) para instalar la “democracia”, provocando la muerte de decenas de miles de personas y la destrucción de la convivencia y las ciudades.Y para colmo, pareciera terminar ahora con el riesgo de entregar ese tremendo país a extremistas islámicos.

El contraste con la situación chilena es enorme. Nuestra relación con EEUU es buena y puede fortalecerse. Fuimos los primeros de América del Sur en firmar un TLC y el primer país de América Latina en acordar la eliminación de visas. Tenemos un sustantivo programa de colaboración en educación superior e investigación, Chile California, y puede despegar el Chile Massachusetts.

¿Qué se puede lograr para el futuro, aprovechando la buena evaluación de Chile y el prestigio de la presidenta Bachelet? Son cinco los puntos importantes.

Primero, afianzar una relación madura, equilibrada y sólida con EEUU. Aunque China es clave e irá jugando un rol gravitante, EEUU es y seguirá siendo por un buen tiempo la principal economía mundial, con la mayor capacidad de innovación.Son muchos los ámbitos de beneficio mutuo.

Segundo, dar a conocer el programa del nuevo gobierno de Chile, subrayar los objetivos de perfeccionar la democracia, reducir la desigualdad y elevar la competitividad, y explicar las nuevas reformas (tributaria, educacional).Y, de paso, disipar criticas difundidas por alguna prensa conservadora norteamericana y personas vinculadas a centros de estudio de derecha, que sostienen que Chile se estaría alejando de las políticas que le dieron éxito, y adentrándose en un terreno populista.

Tercero, la Presidenta puede explicitar su nueva política internacional: compromiso con la Alianza del Pacifico, estrechamiento de relaciones con Brasil y Argentina, posición ante demanda boliviana, coordinación de América Latina en derechos humanos y democracia, en particular la apuesta fuerte al diálogo en Venezuela para desactivar una crisis que crece a diario.

El tema TPP (Trans Pacific Partnership), esencial para fortalecer nuestra relación con Asia a largo plazo, deberá negociarse evitando que acuerdos vigentes puedan modificarse y afectarnos (propiedad intelectual, farmacéuticos, otros).Es conveniente aclarar con EEUU el método de solución de las diferencias.

Cuarto, a Chile le interesa diversificar y elevar su aprovisionamiento de gas natural licuado.EEUU ha incrementado de manera asombrosa su producción de ” shale gas” y nos interesa adquirir ese combustible cuando comiencen a exportar. Nuestra estrategia energética necesita reemplazar petróleo por gas para reducir costos y carbón por gas para disminuir contaminación.

Quinto, nos conviene profundizar los vínculos científicos y académicos para continuar acrecentando nuestro capital humano y el potencial tecnológico, invirtiendo más en becas para posgrados de jóvenes chilenos y promoviendo acuerdos con centros tecnológicos de EEUU en áreas prioritarias para nuestro desarrollo ( biotecnología, minería, astronomía, energías renovables..)

Aun cuando las preocupaciones en Washington apuntan a otros temas, la Presidenta puede abrir una ventana de oportunidades, gracias a su buena relación con el Presidente Obama, y lograr resultados beneficiosos para Chile.

Debemos ser optimistas, pero no ingenuos. El camino democrático ha estado plagado de cortapisas. La lucha por regresar de los exiliados, que teníamos pasaporte marcado con L, hasta el derecho a votar y triunfar en el plebiscito de 1988 fue un avance lleno de obstáculos.

En 1991, se consiguió aprobar la reforma constitucional y se pudo elegir alcaldes. Solo en 2005 logramos eliminar varios enclaves antidemocráticos, la institución de senadores designados y la inamovilidad de los comandantes en Jefe de las FFAA. En esa misma reforma pudimos conseguir que los hijos y nietos de chilenos nacidos en el extranjero sean chilenos.

En 2011 se logró aprobar la inscripción automática, en 2012 la ley de primarias y en 2013 la elección directa de consejeros regionales, luego de muchos años de tramitación.Y todavía no conseguimos cambiar el sistema electoral impuesto en dictadura en 1980.

Es en esta perspectiva donde debemos situar la lucha por el voto de nuestros compatriotas en el exterior. Ella es parte del proceso continuo de profundización democrática, que debe culminar con la elaboración y aprobación de una nueva Constitución para el siglo XXI.

Esa lucha es también parte de nuestro objetivo de acelerar el desarrollo. Fuera de las fronteras físicas vivirá un número creciente de chilenos poseedores de conocimientos nuevos, idiomas, contactos, ideas innovadoras, proyectos, cultura, ciencia e influencia.

En un mundo que se globaliza a gran velocidad el vínculo con un millón de chilenos que viven en otras naciones suma talentos y acrecienta nuestra capacidad de acción internacional.

En un mundo interconectado necesitamos más ciudadanos globales, con educación diversa y cosmopolita.

He puesto el acento en estas dos dimensiones, la profundización democrática y el desarrollo en un mundo globalizado, para destacar el sentido profundo de la lucha por el voto de los chilenos en el exterior. Ella no es un aspecto marginal. Está en nuestro interés nacional.

Debemos ser optimistas, pero no conformarnos con este logro. Es posible que se apruebe pronto en el Congreso, pero la tarea continúa. Hemos de vincular a nuestros compatriotas de mejor manera al desarrollo de Chile. Será preciso establecer nuevos procedimientos, incentivos y articular las redes sociales externas con las internas.

Y hemos de seguir propugnado las otras fundamentales: cambiar el sistema electoral y reformar nuestra institucionalidad, para encauzar las aspiraciones por más igualdad, más participación.

La eficiencia de la economía se afectó con el entrabamiento de las inversiones energéticas. Los costos se han elevado y seguirán creciendo , se vislumbra la amenaza de una generación eléctrica insuficiente.

Las inversiones en infraestructura perdieron velocidad afectando los costos y la calidad de vida en las ciudades. No hubo medidas relevantes para mejorar la eficiencia del sector público, al que se llegó menospreciándolo.

Ninguna reforma importante se puso en marcha.Por el contrario, servicios como el INE, SII, Concesiones del MOP, JUNJI se han dañado, mientras la rotación de ministros ha impedido la materialización de políticas serias.

La innovación, motor de la economía moderna, siguió un curso similar, con algunas excepciones menores en CORFO.

La política de formar clusters en torno a las actividades más competitivas, para introducir nuevas tecnologías e impulsar nuevas PYMES fue abandonada.

El Consejo de Innovación se adormeció, soñando que el mercado lo haría solo. Poco o nada se avanzó en formación técnica o en entrenamiento de calidad a los trabajadores. La ciencia y la tecnología no han tenido la prioridad indispensable, y se amenazó incluso con trasladar su manejo al ministerio de Economía.

La concentración económica en grandes empresas y cadenas, que son un reconocido obstáculo a la supervivencia de muchas empresas pequeñas y medianas y un freno a la competencia, lejos de decrecer se ha acrecentado, comprometiendo la mejoría de la productividad.

¿Qué le pasó a éste gobierno? Las demandas de igualdad y participación lo pusieron a la defensiva. No estaba en su esquema enfrentar a una ciudadanía empoderada, y careció de flexibilidad para adaptarse y tomar la iniciativa.

No tenía proyecto y los pendrives que entregó a sus ministros pasaron a la historia.Su concepto de gobernar desde arriba, con criterio empresarial y poco dialogante, más tecnócrata que político, le impidió reaccionar a tiempo, y la visión rígida de la UDI terminó imponiéndose.

La ideología anti estatista de este último partido y la suposición inicial de que la movilización social era una jugada política de la oposición demoró la comprensión de los acontecimientos.

También los obnubiló el bienestar derivado del aumento del precio del cobre y de la expansión de la demanda interna impulsada por el gasto público y la reconstrucción.Algunos creyeron que era un éxito propio cuando en buena medida era una contribución involuntaria de los chinos.

El IPSA es un buen ejemplo, se disparó en 2010, para regresar en 2013 a un nivel incluso inferior al alcanzado a fines del gobierno anterior.

Estas falencias acrecientan los desafíos que deberá encarar el próximo gobierno.No sólo deberá acelerar reformas políticas bloqueadas,pues el Presidente Piñera ni siquiera ha conseguido aprobar el voto de los chilenos en el exterior, a pesar de sus reiteradas declaraciones; está pendiente el reglamento para la elección directa de consejeros regionales, y sin Carlos Larraín no habrían hecho nada por el cambio del sistema electoral, ni que hablar de la Constitución.

También deberá impulsar una reforma tributaria, un nuevo programa en Educación, y además hacerlo con una situación económica más estrecha y muy dependiente del cobre. Falló la derecha en un tema clave para el desarrollo futuro.

Pero tampoco la Nueva Mayoría y los partidos de la Concertación están bien preparados para impulsar con fuerza la innovación y la productividad y pasar a una estructura productiva más diversificada y tecnológicamente superior, sin la cual nuestra competitividad caerá en el mediano plazo. Este es por tanto un desafío nacional, donde un trabajo conjunto de empresarios y trabajadores, universidades y expertos , coordinados por el Estado , es indispensable.

El gobierno de derecha no dio los frutos esperados, ni siquiera en aquello donde aparentaba tener ventajas comparativas. El desafío que viene es aún mayor.

Ello constituye una gran pérdida de capital social, que urge revertir, pues sus efectos son negativos para la convivencia social y el crecimiento económico.

Son varias las causas que se arguyen para explicar la desconfianza: alta desigualdad o carencia de suficientes mecanismos de protección social y de solidaridad, sensación de abuso de empresas, falta de participación para ser tomado en cuenta, ausencia de la necesaria transparencia.Todas estas causas se han combatido en mayor o menor medida en los años de democracia.

Pero hay una que se ha venido deteriorando y tornado más aguda en este gobierno: la confusión de los intereses públicos con los negocios privados, y la consiguiente pérdida de la fe pública en las instituciones. Ejemplos sobran.

Un caso grave es la manipulación de información por el director del Instituto Nacional de Estadísticas, que se suma al lamentable manejo de las cifras de pobreza, para marcar ventajas publicitarias. ¿Cual es la real población de Chile, de la pobreza, de la inflación, del empleo?

La situación del director de Impuestos Internos es otro caso similar: un vínculo familiar de negocios, aunque sea distante, con una empresa a la cual se le concede una importante rebaja tributaria.

Lo fue el caso de un ex ministro de Educación de este gobierno, que había sido dueño de una universidad privada, o de un ministro de Vivienda que decidió declinar su designación por ser dueño de empresa constructora que poseía contratos con el Estado, o de responsables del ministerio de OOPP que antes de asumir sus cargos habían promovido demandas judiciales contra el propio ministerio que ahora conducen, para conseguir compensaciones.

Estas actitudes se remontan a la propia reticencia y atraso del actual presidente de la República para cumplir su compromiso de desprenderse de acciones de diversas empresas, lo cual fue incluso criticado desde sus propias filas. Y ahora culminan con la destellante y efímera aparición y desaparición de un empresario del retail transformado en 30 meses en candidato presidencial.

Entonces con razón se duda de aquellas personas que asumen roles de gobierno a sabiendas que luego regresarán a puestos en empresas que se pueden ver favorecidas por el propio gobierno al que sirven, o peor, de quienes no perciben esa diferencia entre lo privado y lo público, o que no entienden que servir al país debe ser una vocación, no un hobby. Ellos se van tan rápido como llegaron.

La confianza, dice un proverbio árabe, se gana lentamente, a la velocidad con que crece la palmera, y se puede perder rápidamente, a la velocidad con que cae el coco.

Las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y las personas con vocación de servicio público deben luchar por instalar un cortafuego entre negocios privados e intereses públicos. Ello es esencial, junto a otras medidas económicas, sociales y jurídicas, para mejorar la convivencia interna, afianzar un sentido de comunidad y elevar la confianza entre los chilenos.

El próximo gobierno deberá exigir un comportamiento más riguroso que nunca, para revertir este perjuicio y marcar una diferencia esencial para el país.

¿Cual es esa demanda? Concebir la educación como un bien público y no como bien de consumo (expresión del presidente Piñera) y avanzar hacia una sociedad menos individualista y sometida al mercado, y más cohesionada, igualitaria y participativa.

Las movilizaciones están apelando a una educación pública de mejor calidad, un rol mayor del Estado en la regulación y el financiamiento, el término del ” lucro” en las universidades privadas y la gratuidad. Estas demandas han trascendido hacia temas más globales: reformas tributaria, electoral y constitucional, temas centrales de la campaña presidencial que comienza.

Podría extrañar que ello ocurra en el país de América Latina con los más altos índices de desarrollo humano y crecimiento, de cobertura en educación superior y de calidad en la región.

Pero muchas veces las aspiraciones crecen en periodos de progreso, las expectativas se levantan cuando hay más seguridad, trabajo, apego a los derechos, democracia. Entonces la desigualdad, los abusos, la falta de participación se torna inaceptable.

La decisión de senadores y diputados a favor de la acusación, debe interpretarse en este contexto. La decisión no apuntó a las cualidades o el comportamiento de una persona. Se juzgó que el ministro y el gobierno no actuaron debidamente para aplicar sus atribuciones fiscalizadoras e impulsar las medidas reglamentarias para impedir el lucro en las universidades privadas.

Esa decisión tiene otras implicancias. Es una señal principal de sintonía política con las demandas emergentes de la sociedad, hecho relevante ante el creciente distanciamiento de la política con la sociedad civil, y la pérdida consiguiente de legitimidad de las instituciones.

El futuro dependerá de la capacidad política de articular la relación de los partidos con los movimientos sociales, para dar conducción y solidez a las reformas que vienen y fortalecer los caminos democráticos. Es un signo alentador que los principales líderes estudiantiles se dispongan a competir en las próximas elecciones parlamentarias de 2013.

En Chile está finalizando un ciclo y comenzando otro. Culminó el periodo inspirado en la reconstrucción democrática, el respeto a los derechos humanos, la reducción notable de la pobreza, con crecimiento y equidad, que condujo por dos décadas la Concertación, con éxito indudable, y continuado, en alguna medida, por el gobierno de derecha actual.

Se está iniciando otro, que apunta a reducir las desigualdades, la segmentación, la discriminación, a incrementar la participación, el poder de las regiones, de las minorías indígenas, generar un sistema electoral más abierto y una nueva constitución que supere su ilegitimidad de origen, impuesta en dictadura. Estamos en una etapa de transición.

Hay otras consecuencias políticas que deben ser anticipadas. La demanda por educación superior en Chile, como vehículo prioritario de movilidad social, seguirá y puede extenderse por toda América Latina. Los temas están para quedarse, en cuanto la educación, la igualdad y la participación sean una prioridad de verdad en nuestros países

Es deseable y viable que en las próximas semanas se restablezca un diálogo para aprobar proyectos indispensables que se encuentran en el Congreso. El gobierno puede y debe tomar la iniciativa.

Los cambios necesarios para corregir está distorsión son al menos cuatro.

Primero, modificar la ley orgánica constitucional en lo relativo a la educación superior. Dicha ley orgánica (LOCE) fue promulgada el 9 de marzo de 1990, dos días antes del término de la dictadura y de la asunción del presidente Aylwin. Y subsiste hasta hoy

¿Por qué no se ha modificado? En 1992 el presidente de la República envió una propuesta de reforma para reemplazar las disposiciones de la dictadura en materia de educación superior. Ellas no fueron aceptadas por la oposición de entonces, que no dio los quórum ni siquiera para votar la idea general de legislar. Las leyes orgánicas constitucionales requieren de 4/7 de los miembros de ambas cámaras del congreso. Hasta 2006 hubo senadores designados y, aún sin ellos, jamás la oposición actual dispuso de los cuatro séptimos.

Dicha ley orgánica constitucional fue recién modificada de modo relevante a partir de 2006, luego de la movilización de los estudiantes secundarios, pero abarcó sólo la educación escolar.

El gobierno de la Presidenta Bachelet impulsó reformas de importancia, la creación de una superintendencia, una agencia de calidad, regulaciones a los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados, normas para prohibir la selección de alumnos y también cambios en la organización escolar, pasando a dos períodos de seis años cada uno, para la educación primaria y secundaria.

Sin embargo, la normativa aplicable a la educación superior no fue tocada entonces. El artículo 53 de la LOCE aún persiste, estableciendo el modo de aprobación de las universidades nuevas, y un procedimiento de licenciamiento que puede durar seis o más años, al cabo del cual la universidad que cumple los requisitos dispone de una autonomía total para crear carreras y otorgar títulos, no disponiéndose atribuciones para que Estado fiscalice o sancione las faltas que surjan después del otorgamiento de esa autonomía. Hoy sólo cabe la revocación del licenciamiento por el Consejo Nacional de Educación (CNE).

Esa misma norma orgánica constitucional establece que las universidades son instituciones sin fines de lucro, pero no regula la forma de garantizar su efectividad. Además, mantiene el lucro a los centros de formación técnica e institutos profesionales.

Como ambos son parte del sistema universitario, y muchas universidades son dueñas o cuentan con tales institutos, se genera una diferencia injustificada, que además puede prestarse para la transferencia de utilidades de unas a otras, burlando la ley. Por tanto, en el proyecto que modifique la LOCE, el gobierno debería proponer al Congreso la misma norma, sin fines de lucro, para todas esas instituciones de educación superior.

La segunda modificación concierne a la ley de acreditación, aprobada en 2006. Su despacho fue extremadamente difícil. La oposición de derecha introdujo más de 600 indicaciones para impedir su aprobación. La argumentación de los detractores fue que el mercado regularía la calidad de las universidades y el Estado debía cumplir una función subsidiaria, sin intromisión ni fiscalización. Tras tres años de tramitación se logró aprobar la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Ello significó un gran paso con respecto de la situación previa, carente de toda norma legal de evaluación pública. Se lograron buenos resultados, pero quedó una institucionalidad débil, expuesta a los intereses de los acreditables.

Así por ejemplo, la composición de la comisión nacional fue modificada respecto del proyecto enviado por el presidente Lagos en 2003, y en lugar de la propuesta del ejecutivo de que sus miembros fueran designados por el presidente de la República se impuso una composición con representación designada por grupos de interés, adquiriendo un carácter corporativo. Simultáneamente se redujeron las facultades de la comisión nacional para regular a las agencias privadas.

Y en 2010, durante este gobierno, la CNA concedió la acreditación a la U del Mar. El presidente Pinera no designó durante un año al presidente de la CNA, como establecía la ley, dejándola en manos de los demás representantes.

El sistema de supervisión y evaluación actual posee entonces, dos instrumentos: la autonomía, otorgada por el CNE, y acreditación otorgada por la CNA. Son distintas. El propósito de la segunda no es fiscalizar, sino instalar normas y procedimientos que empujen a una mejor calidad de la educación superior. Este sistema debe ahora cambiarse e instalar un sistema de supervisión estatal luego de otorgada la autonomía.

También se debería vincular los antecedentes recogidos por el sistema de acreditación con la supervisión que debería ejercer la CNE. Así, si los antecedentes lo ameritan la CNE podría quitar la autonomía y devolver a la institución cuestionada a la fase de licenciamiento, o a otra intermedia.

La tercera modificación es aprobar la nueva Superintendencia de Educación Superior, cuyo proyecto de ley se halla en el Congreso. Esta institución regularía y verificaría la transparencia en el uso de los recursos, asegurando que se respete el carácter de instituciones sin fines de lucro, y acrecentando la capacidad fiscalizadora del Estado.

Una cuarta iniciativa necesaria es fortalecer a las universidades de Estado. Frente a la demanda por más matrículas de calidad, el Estado debe llevar a cabo un plan de expansión de la matrícula de sus universidades y otorgarles financiamiento para infraestructura, personal docente e investigación. En el sistema público de educación superior se debe reformar la forma de gobierno de las universidades del Estado, de modo que respondan mejor a la misión que les encomienda la sociedad y sean responsables ante ella. Además, ellas deben constituirse en red y evitar duplicaciones, estableciendo además una colaboración con reconocimiento cruzado de créditos por cursos realizados, que cumplan con estándares acordados.

Por último, las nuevas normas deben establecer criterios y modalidades para la protección de los jóvenes que resulten víctimas del colapso de una Universidad.

Aun cuando un buen sistema de fiscalización reduciría significativamente la posibilidad de tal ocurrencia, el Estado debe dar garantía a los estudiantes de no perder sus años de estudio y su dinero por irresponsabilidades que nos les son atribuibles. Las medidas de relocalización y compensación no pueden quedar sólo al arbitrio del gobierno en ejercicio.